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Etiqueta: soberanía económica

La Ilusión del dólar. Apuntes básicos de economía nuclear

Luis E Araya V.
Antropólogo (
sepulcravo1979@gmail.com)

: Al 27 de febrero del 2026 el Banco Nacional de Costa Rica (BN), se comunicaba con sus usuarios ya que el dólar alcanzaba ₡470,83 la compra y ₡475,68 la venta: “¿Qué significa realmente? Que hoy hay “aire” para algunas cuotas y compras, y es una oportunidad para revisar números y fortalecer el bolsillo.”

A las familias nos dicen: ¨use este “respiro” para amortizar (aunque sea poco) o para revisar un plan de conversión a colones que le dé estabilidad¨1. Invitan a considerar el riesgo de endeudarse en dólares. “El dólar bajo ayuda hoy, pero el riesgo está en comprometerse a largo plazo con una moneda que puede cambiar de dirección.” Me parece que una manera de salir de deudas futuras es nunca adquirir una. El 04 de mayo el dólar alcanzó ₡451,37 la compra y ₡457,782 la venta dejando vocablos como: “respiro” o “aire” como la tónica en la retórica oficial al minimizar el impacto.

No todo lo que brilla es oro: El 19 de mayo se mantiene una fuerte tendencia a la baja cotizando mínimos históricos entre ₡445 y ₡4593 en las ventanillas bancarias. A pesar de que Róger Madrigal, presidente del Banco Central (BCCR) apareciera una semana antes el 06 del mismo mes en los medios para decir que una subida ¨puede ocurrir en cualquier momento”4 recalcando el mensaje oficial cuando iba el dólar por ₡453,52 la compra y ₡458,97 la venta. ¿Por qué será que no les gusta prestar dolarines?

Hasta la IA puede decir que todo se debe a una sobreabundancia de divisas en el mercado nacional. Mencionemos nomás el impacto que el mercado informal de divisas que opera en la clandestinidad genera junto a sus negocios conexos parte del mercado negro. Intervienen delitos como: estafas, robo de tierras, lavado narco, contrabandos, etc. Contrapesando estos detalles podríamos estimar el verdadero impacto en la economía social.

La Tendencia: Además del mercado negro elementos como la abundancia de dólares por el ingreso masivo de divisas a razón de: exportaciones, las zonas francas junto a la inversión extranjera directa, aunados a temporadas turísticas que superan la demanda local también justifican su caída. El diferencial de tasas de interés hace que las tasas en moneda nacional sean más atractivas para los inversionistas motivando una mayor conversión a colones.

Además, las Reservas Internacionales Netas de Costa Rica alcanzaron los $20.907 millones5 la última semana del gobierno anterior lo que funciona como “escudo financiero” que permite enfrentar crisis globales y fluctuaciones de mercados internacionales con una economía estable.

Todas las proyecciones de analistas financieros que vaticinaban que el tipo de cambio estaría bajo, pero en un rango de entre ₡480 y ₡490 para lo que queda del 20266 se desmoronaron. Tomemos en cuenta las advertencias de los bancos estatales: “aunque la tendencia es a la baja el tipo de cambio podría revertirse”. Los expertos en mercados financieros indican que el impacto de la inflación global en Costa Rica es moderado ya que existen regulaciones sobre los combustibles y el traslado del costo para la población consumidora es “parcial y gradual”7 añadiendo una barrera extra para sostenernos.

Crisis Planetaria: A nivel global el dólar y el crudo tienen una correlación invertida8. Si el valor del crudo aumenta el dólar baja. Con un dólar fuerte el costo aumenta para compradores en otras monedas ralentizando la demanda global. Esto refleja la disputa de las potencias globales por el control del mercado mundial y la hegemonía de unos sobre otros. A nivel local el impacto del aumento del crudo debido a la guerra (Estados Unidos/Israel vs Irán, Yemen y las resistencias libanesa y palestina) no hace más que incrementar la caída del dólar a nivel nacional.

Mucha cautela familia, especialmente las personas que perciben ingresos en colones, pero mantienen deudas en dólares. Las proyecciones fallan mientras los bancos te piden prudencia, es comprensible el escepticismo, ya que la caída del dólar en Costa Rica ha sido tan abrupta que sigue rompiendo récords contradiciendo las proyecciones.

Al 6 de mayo, 2026 el dólar no detuvo su caída agresiva reflejada en los ₡50 por dólar que se han esfumado al pasar de ₡497 en enero a los niveles de mayo – junio. A la fecha el exceso de dólares es tal que hay saturación de divisas por exportaciones e inversión. El BCCR ha comprado más de $575 millones entre febrero y abril solo para intentar frenar la tendencia o para sostener al hegemón y financiar el genocidio.

El año pasado compraron $5 billones9. No ha funcionado. Mejor hubieran invertido ese dinero en inversión social, bienestar, planificación y prevención climática frente a la amenaza del Súper Niño10. El dólar nunca llegó a ₡500 en Mayo11 profetas. Así los oprimidos pagan el costo de guerras genocidas y los expertos cuales voceros del positivismo económico keynesiano fallan de nuevo mientras las medidas estatistas solo retrasan el desplome imperial.

Dólar vs Colón: La presión sobre quienes ganan en dólares solo aumenta mientras el colón se mantiene fuerte y se debilita el dólar. Del lado de los “expats”12 la situación refleja otro tipo de preocupaciones que no son atendidas por las autoridades nacionales.

…the debate is shifting from whether the exchange rate is falling to how much longer the slide will last and how much strain it will place on the parts of the economy that depend on dollar income”.13

La preocupación no es si el dólar cae o no sino más bien cuánto durará la caída debido a la fuerte presión que constriñe las partes de la economía que dependen de ingresos en dólares. ¿Se detendrá?

El dólar en la calle: Frente a proyecciones desconectadas que minimizan la caída diaria hay dos razones principales por las que los analistas siguen citando esos números. Primeramente, existe presión del sector productivo como las cámaras de exportadores y turismo ya que a la fecha 19 de mayo, 2026 se ha alcanzado el fondo por debajo de los ¢450 en que estos sectores advertían que dejarán de ser rentables. Las advertencias oficiales se interpretan como un intento de generar incertidumbre para que dejen de vender dólares masivamente, pero el mercado sigue empujando el precio hacia abajo14.

En el editorial gráfico del 20 de mayo Víctor presentador del canal independiente de YouTube “The Mexican Family” nos decía:

Luego hay otro factor muy muy delicado que es por supuesto el petróleo. Cada vez que Trump tensa las cuerdas del riesgo geopolítico, pues lo que hace es aumentar la tensión en Medio Oriente y los mercados energéticos reaccionan. ¿Los inversionistas empiezan a calcular escenarios de interrupción de suministro y saben que es lo que hacen? Queman sus bonos del tesoro porque no lo ven como algo estable y eso termina perjudicando al dólar estadounidense … En un momento donde muchas economías tienen una inflación elevada, incluyendo a Estados Unidos; una desaceleración económica incluyendo también a Estados Unidos; una nueva crisis energética que también la tiene Estados Unidos …15

Escenarios: Nadie tiene una bola de cristal, pero podemos inferir un poco de lo que puede pasar. Las proyecciones de entre ₡480 – ₡490 son «escenarios base» de consultoras asumiendo que el Banco Central intervendrá con más fuerza o que factores externos como el precio del petróleo eventualmente harán que salgan más dólares del país. Estuvo a ₡50016 a mediados de noviembre de 2025 justo antes de declinar aún más estrepitosamente.

En el mercado muchos sienten que el piso está lejos. Por ejemplo, un dólar a ₡350 representaría una apreciación del colón sin precedentes lo que sacudirá los cimientos de la economía. La gran duda para el cierre de año será qué tanto está dispuesto a dejar caer el Banco Central al dólar antes de que el sector turismo y los exportadores lleguen a un punto de quiebre total junto a quienes ganan en dólares.

Nadie hubiera creído que esto fuera posible hace apenas un par de años cuando rozaba los ¢700. Lo «increíble» es cómo Costa Rica pasó de preocuparse por las devaluaciones constantes a tener una de las monedas más apreciadas del mundo. Para el que gana en colones y compra dólares, es un alivio; pero para el que vive su día a día del turismo, la exportación o es asalariado de transnacional en una zona franca la situación es crítica.

Política Monetaria y Discurso: Existe un grado de manipulación mediática cuando los medios repiten constantemente un mensaje motivado por intereses meramente económicos y la política cambiaria. Desviar la atención del impacto al sector turístico y las exportaciones, e invisibilizar a las personas que trabajan en zonas francas y ganan en dólares al tiempo que se promueve el subempleo ha permitido sostener una idea de bonanza sin sacrificio social. La deshumanización política de la economía aún en tiempos de apreciación evidencia falencias organizativas y de gestión estatal generando inequidades reflejo de ineficiencia, corrupción, nepotismo, abuso y discursos de odio que se transforma en exclusión social.

La enorme brecha entre el discurso oficial de «estabilidad económica» y “bonanzas futuras” y la realidad del impacto en el bolsillo de miles de trabajadores no pasa desapercibida. El enfoque mediático suele centrarse en grandes cifras macroeconómicas, ignorando que detrás de esas estadísticas hay personas cuyo costo de vida ha subido mientras sus ingresos caen.

Lo que no quieren que sepas: Para validar mi punto me referiré a los efectos más obvios de la caída del dólar que no quieren que sepas. Estos son: el golpe en el bolsillo (pérdida de poder adquisitivo); el mito de las zonas francas y la deshumanización del análisis económico.

Para quienes trabajan en zonas francas, servicios compartidos o como freelancers y ganan en dólares, la realidad es brutal:

  • Pérdida del 30% al 32%: Se estima que, en los últimos dos años, quienes perciben su salario en dólares han perdido casi un tercio de su capacidad de compra.

  • Doble castigo: Mientras el valor del dólar cae (reciben menos colones), los precios de servicios básicos y alquileres en Costa Rica no han bajado en la misma proporción, creando un efecto tenaza sobre sus finanzas.

Mientras el gobierno destaca que las zonas francas aportan el 15% del PIB, los datos recientes muestran grietas importantes:

  • Desaceleración del empleo: El crecimiento del empleo en este régimen pasó de ser explosivo a desacelerarse significativamente entre 2024 y 2026.

  • Fuga de talento y despidos: Por primera vez en casi una década, el sector de servicios en multinacionales registró una caída en la cantidad total de empleados en 2025 (una contracción del -1,9%), en gran parte por la pérdida de competitividad que genera el tipo de cambio bajo.

Entonces el análisis económico trata a los trabajadores como «costos de producción» a pesar de ser estos quienes realizan las tareas que generan plusvalía ahora que el colón se aprecia tanto:

  • El trabajador es el «ajuste»: Las empresas multinacionales, al ver que sus costos de operación en colones suben (porque necesitan más dólares para pagar la misma planilla), frenan contrataciones o incluso cierran operaciones. Los procesos internos de capacitación desaparecen y no se trasmite valor al trabajo obrero se agota.

  • Invisibilidad: Se habla mucho del «beneficio para el país» al reducir el costo de la deuda pública, pero no se menciona que ese beneficio se está financiando, en parte, con el sacrificio del ingreso real de más de 200,000 familias que dependen directamente del régimen de zonas francas y muchas más del sector turismo y exportador.

La paradoja es dolorosa pues un país vendido al mundo como un éxito en atracción de inversión en la práctica está encareciendo tanto la vida que sus propios profesionales «exitosos» que están perdiendo calidad de vida.

El Abismo: Otra consecuencia de la caída del dólar es la fuga masiva de profesionales costarricenses al extranjero esperando en los próximos meses un incremento debido al estrangulamiento económico. Ya en el 2014 expertos de la UCR nos decían:

… el poco desarrollo que tiene el sistema productivo del país en términos de incorporación de valor agregado viene a ser una limitante para el desarrollo de la ciencia y la tecnología y especialmente para darle una proyección internacional a Costa Rica, al mismo tiempo que se proyecte lo que hace el país en investigación científica, tanto en las universidades como en otras instituciones.”17

La fuga de mentes en Costa Rica seguirá incrementándose ya que la política económica y social implementada en realidad no ha variado en su inmediatez. Quienes controlan la economía carecen de visión o no tienen motivación. Los costarricenses debemos blindarnos ante la violencia social, las desigualdades y la ineficiencia estatal pero sobre todo mirar al futuro con respuestas para vivir nuestra soberanía. El aumento en los combustibles aunado a la inestabilidad política en USA generan un impacto extra a la política nacional.

La crisis en los centros hegemónicos se irradia a los países dominados con efecto rebote por ejemplo cuando el hegemón implementa políticas antimigrantes en un ambiente violento profundizando la crisis capitalista y al mismo tiempo genera mayor pobreza en la periferia lo que incentiva el fenómeno migrante.

La premisa de la dominación presupone que estrujar a la población con medidas económicas les obliga a seguir una ruta que beneficia siempre al opresor. Se crea el problema para luego ofrecer la solución. Al fallar el modelo no hay paso atrás hasta el colapso total. Es posible que el abismo económico obligue a muchos a establecerse en el extranjero tal como sucede actualmente, sin embargo, el costarricense es creativo y así como durante el COVID19 muchos van a reinventarse con el apoyo de redes familiares, comunitarias y colaborativas.

Macroeconomía del éxito y Microeconomía de la supervivencia: Los analistas siguen sin darle al clavo. El 5 de Febrero, 2026 se publicaba en nota de prensa:

La experta sostuvo que los recortes de planilla realizados por empresas como el gigante tecnológico estadounidense Amazon Inc. y Viant, proveedor mundial de servicios de diseño y fabricación de dispositivos médicos, pueden verse como un problema coyuntural y no estructural.”18

Se preocupan por el flujo de inversión extranjera directa (IED) afectado por “factores” internacionales, nacionales y dinámicas empresariales. Este análisis economicista ignora el costo humano de la política monetaria. Moviendo el foco de atención de la política económica hacia las circunstancias del entorno empresarial. Existe un conflicto entre la «macroeconomía del éxito» y la «microeconomía de la supervivencia». La experta en su análisis olvida incluir elementos propios de un análisis macroeconómico en el que las tensiones geopolíticas y la economía social también intervienen.

Para el 26 de marzo las principales cámaras empresariales afectadas:19Canatur, Cadexco y Azofras pedían con urgencia la intervención del BCCR coincidiendo en que la apreciación del colón está afectando la competitividad, el empleo y la inversión. Solicitan mayor intervención en el mercado cambiario para contener la caída y reducir la tasa de política monetaria (TPM); hacer accesibles los créditos en colones, estimular la inversión productiva y mitigar los efectos de la deflación20.

Pero más allá de lo estructural refirámonos a la economía social y a lo nuclear, la del día a día. Aunque el costarricense históricamente ha preferido quedarse, los datos recientes muestran un cambio:

  • Intención de emigrar: Según estudios de opinión, el porcentaje de costarricenses que desean irse a trabajar al extranjero se ha duplicado en la última década21.

  • La Diáspora Científica: Un estudio de HIPATIA (2023) reveló que el 41% de los científicos e ingenieros ticos radicados en el exterior no tienen planes de regresar. El 93% de ellos ya ni siquiera mantiene vínculos laborales con el país22, lo que confirma un desprendimiento de esa «red de apoyo» nuclear por falta de oportunidades competitivas locales.

Mientras tanto para las familias que dependen de las zonas francas esa imagen «color de rosa» ya se desvaneció: Efecto en Zonas Francas: Para 2026, el FMI advierte que el cierre de varias empresas clave en zonas de libre comercio está frenando el crecimiento económico del país. No es solo que no contratan; es que la estructura de costos en colones las está volviendo inviables para competir globalmente. Por tanto, el caso de Amazon no es solo coyuntural. Al igual que en el sector turismo la realidad a la fecha muestra fisuras:

  • Contracción de empleo: El sector de hoteles y restaurantes (turismo) vio una caída del 9% en su población ocupada entre 2024 y 2025.

Crimen Económico: A través del velo de la desinformación la falta de profundidad en el análisis económico nos limita en nuestra comprensión del momento. Por esto no podemos obviar la violencia social que afecta nuestra sociedad y cómo ésta impacta distintas dimensiones de nuestras vidas. No necesitamos perder un inocente más para comprender la gravedad del asunto, sin embargo, su impacto no termina cuando se encarcela o cuando se judicializa. Las heridas sociales son más profundas y son difíciles de sanar.

En marzo, 10, 2026 un análisis reciente de la misión del IMF nos indica: “Domestically, worsening crime could weigh heavily on tourism, investment, and consumption demand. ”23 Es decir: “A nivel interno, el aumento de la delincuencia podría afectar gravemente al turismo, la inversión y la demanda de consumo.” Además, nos señala que la inflación se mantiene por debajo del objetivo del 3% del BCCR al caer a -2,7% (interanual) en febrero, 2026.

A la fecha 26/05/2026 llevamos 1 año dos meses en deflación y 38 meses por debajo del rango de tolerancia entre 2% y 4%. Esto se debe a la bajada de los precios de los alimentos, el combustible y la mayoría de los servicios, así como a la apreciación del colón, aunque existe un potencial aumento de precios en materias primas (petróleo) lo que impulsa la inflación al alza.

Es importante mencionar la importancia de blindarse ante la violencia ya que rompemos todos los récords en inseguridad. El 2025 cerró con 873 homicidios ganando la sombría mención de ser uno de los años más violentos de la historia reciente. Sin embargo, también existe la violencia económica que nos afecta a todos. Esto es reflejo de la desigualdad persistente ya que aunque la pobreza bajó ligeramente en 2024, el 60% de esa reducción no se debió a nuevos empleos, sino a transferencias familiares y ayudas temporales.

Con lo que se confirma la tesis de que la familia está actuando como el último colchón en la crisis. Mencionaré algunas desigualdades económicas que vienen a empeorar el panorama para la familia costarricense. Primeramente, la disparidad entre productividad y salarios, siendo que entre 2006 y 2022, los salarios reales apenas crecieron un 13% mientras la productividad laboral aumentó 20%. También el rubro alimentos sostiene aumentos superiores al promedio general de precios y justamente en él se concentra el 37% del gasto de las familias del estrato de ingreso bajo. En los estratos de ingreso medio y alto el gasto respectivamente es 28% y 18% reflejando cambios en sus hábitos de consumo. 24 Hoy día el oficialismo intenta sabotear la canasta básica excluyendo más productos básicos.

En estas circunstancias la creatividad del costarricense se convierte en estrategia de resistencia ante un sistema que prioriza indicadores de inflación y déficit sobre la estabilidad del ingreso real de su clase profesional. Una crisis diseñada para beneficiar a todos menos a las familias pues el opresor les intenta despojar de sus recursos.

Éxito a la Tica: Hemos observado superficialmente una estructura que bajo nombres modernos mantiene dinámicas de extracción casi coloniales. Nos encontramos en la trampa del ingreso medio combinada con un modelo de enclave tecnológico: la riqueza se genera aquí, pero no se queda aquí, y el trabajador especializado termina siendo un «obrero de cuello blanco» bilingüe que subsidia la rentabilidad de la transnacional con su pérdida de poder adquisitivo. El 27 de mayo observamos datos de la realidad sociopolítica sin encender alarmas.

Se está acabando el privilegio de Zona Franca ya que ser bilingüe o especializado no garantiza bienestar.

  • Salarios estancados: Mientras el costo de la vida en Costa Rica (medido en colones) sigue siendo uno de los más altos de la región, los salarios en dólares del sector servicios han perdido un 32% de valor real en los últimos 24 meses. Las transnacionales no sostienen el salario equivalente en dólares a colones y cada día sus empleados ganan menos. Las medidas para paliar el impacto en sus empleados suelen ser tardías o inexistentes.

  • Subempleo profesional: Profesionales con maestrías y certificaciones están aceptando puestos de nivel de entrada en centros de llamadas o soporte básico porque las empresas, ante el encarecimiento del colón, han congelado las bandas salariales superiores. (Subempleo)

Infraestructura para el Capital, no para la Familia: Existe una desconexión evidente:

  • Se priorizan inversiones en conectividad 5G y terminales de carga para el flujo de datos y mercancías de las corporaciones, mientras el bienestar y el sistema de salud pública (la CCSS) sufren recortes sistémicos.

  • El presupuesto público se utiliza para «formación a la medida» (programas cortos para necesidades específicas de una empresa) en lugar de fortalecer la educación técnica y universitaria integral que permitiría al tico innovar por su cuenta.

Erosión de la Seguridad Jurídica y Social: La estabilidad se está quebrando por dos frentes:

  • División Institucional: El conflicto constante entre el Ejecutivo y el Legislativo/Judicial genera una incertidumbre que, paradójicamente, también asusta a las multinacionales que antes veían en Costa Rica un «puerto seguro».

  • Violencia y deshumanización: Al no proteger el núcleo familiar y dejar que el narco-estado permee las zonas periféricas, la «paz social» —el activo más valioso para la inversión— se está evaporando. Las zonas francas se vuelven burbujas custodiadas en medio de barrios con cifras de criminalidad similares a las de países en conflicto.

Soberanía en Jaque: Esto nos lleva a preguntarnos ¿Qué hay más allá de las transnacionales? Las superpotencias ponen en jaque a la Humanidad con intervenciones militares y sanciones económicas que en geopolítica hacen manifiesto que Costa Rica, al alinearse estrictamente con la hegemonía occidental pierde margen de maniobra. La dependencia a las tarifas unilaterales y ciclos políticos de EE. UU. dejan al país sin un «Plan B» cuando el modelo de servicios terciarios entra en crisis.

El costo de aumentar las exportaciones ha sido la precarización de la clase media profesional. El país está exportando servicios de alto valor a precios de «maquila», mientras el trabajador tico absorbe el riesgo cambiario, la inflación y la inseguridad. ¿Soberanía económica? ¡Kapuff! No es fácil estimar si Costa Rica está a tiempo de pivotar hacia un modelo de desarrollo nacionalista y soberano, o si la dependencia al sistema de IED es ya tan profunda que el país no puede sobrevivir sin ese «oxígeno» transnacional.

Para sobrevivir esta debacle el Estado puede unir sus esfuerzos estabilizadores con otros países que sufren las mismas problemáticas de dependencia en la región y así evitar relaciones tóxicas aumentando sus posibilidades de navegar las crisis geopolítica, energética y climática agravadas por el vasallaje y la dependencia política y económica. La IED es un espejo hegemónico que difícilmente revierte su enfoque o la forma en que el hegemón instrumentaliza su dominación.

A nivel interno se instrumentalizan vocablos desde el ejecutivo que denigran el trabajo obrero y profesional especialmente de académicos e intelectuales en los campos del periodismo, ciencias sociales, cultura, educación y judicial; lo que llega a preocupar en círculos internacionales mientras la Nación involuciona hacia el totalitarismo.

Como antecedente tenemos la persecución política con la proscripción del partido comunista de 1949 a 1974 facilitando la intervención y el cipayismo; disminuyendo la capacidad organizativa de las comunidades.

En la retórica recalcitrante se utiliza el término “comunista” como componente del discurso de odio que desprestigia la obra social y justifica el desvío de fondos. A nivel de organización política termina por erosionar las bases del modelo democrático constitucional del Estado de Derecho abandonando el trabajo colectivo y con las comunidades para pasar a un modelo intervencionista sumamente arbitrario y politizado.

En geopolítica es característica de la insuficiencia del Estado-Nación pequeño frente a bloques hegemónicos y crisis globales interconectadas. La salida a la integración debe superar el latinoamericanismo como mecanismo de defensa ante una estructura que ha priorizado el extractivismo sobre el bienestar social.

Al 28 de mayo de 2026, la situación en Costa Rica y la región refleja precisamente estas tensiones sostenidas por el status quo global. La idea de consolidar relaciones con México, Centroamérica y Sudamérica no es solo una aspiración ideológica, sino una necesidad de supervivencia ante la crisis climática y energética:

  • Seguridad Energética: Costa Rica, a pesar de su matriz renovable, sigue dependiendo del mercado internacional de hidrocarburos. Una red regional permitiría mayor resiliencia frente a los choques de precios impuestos desde los centros de poder. Esto aunado a la transformación del modelo energético por la soberanía energética en armonía.

  • Poder de Negociación: La dependencia de la IED es una forma de dominación. Un bloque regional podría imponer condiciones mínimas de transferencia tecnológica real y salarios dignos, evitando que las transnacionales jueguen a «subastar» países para ver cuál ofrece la mano de obra más barata y menos protegida.

El sistema político actual parece incapaz de reformarse desde dentro debido a:

  • Persecución Ideológica: La estigmatización de cualquier visión política de oposición que priorice lo social o lo obrero es etiquetada de «comunismo» por el discurso de odio y ha servido para desmantelar el Estado Social de Derecho. Esto ha dejado a la familia costarricense sin defensa frente a las fluctuaciones del mercado.

  • Dependencia Unilateral: Costa Rica ha apostado tanto a la alineación con un solo eje que ha perdido la capacidad de diálogo con el Sur Global, donde se están gestando nuevas dinámicas económicas que no dependen exclusivamente del dólar.

Un cambio profundo requiere evitar el ruido mediático que hoy solo sirve para dividir a la población. Sin embargo, el reconocimiento del trabajo obrero (incluyendo al «obrero tecnológico» de las zonas francas) es el gran ausente. Mientras se siga viendo al trabajador como un costo operativo y no como el motor de la soberanía, la calidad de vida seguirá en declive. La gran incógnita es si la sociedad civil logrará articular su resistencia creativa para forzar un cambio de rumbo, o si el peso de la hegemonía terminará por fracturar definitivamente el tejido social antes de que ocurra la integración.

El surgimiento de bloques económicos globales (como los BRICS+) podría ofrecerle a Costa Rica esa alternativa de diversificación que tanto se necesita para romper su dependencia unilateral heredada del paradigma económico colonial español; es decir que desde la colonia a Costa Rica se le imponen condiciones y limitaciones comerciales extremas al comerciar con el centro del imperio y no tanto con otras colonias o naciones del planeta.

También fortalecer nuestras relaciones de cooperación tecnológica e intercambio cultural con socios estratégicos como la República Popular China que representa alrededor del 30% de las exportaciones costarricenses debe ser prioridad.

Si Costa Rica es capaz de desarrollar sus propios programas de desarrollo tecnológico con la colaboración de otras naciones no solamente del bloque occidental entonces sin duda la calidad de vida de los núcleos familiares mejoraría para todos. La soberanía económica no existe sino como una ilusión cuando el margen de maniobra comercial está dictado por la geopolítica de bloques y el «Pacto Colonial» 2.0 del s. XXI.

Al 7 de junio, 2026, esta realidad se manifiesta en varios frentes críticos e intentar mirar hacia la «periferia» (China, Rusia o los BRICS+) conlleva costos que el Estado costarricense ha sido históricamente incapaz de asumir:

  • Veto Tecnológico: Ya lo hemos visto con la implementación de la red 5G. Las presiones para excluir a proveedores que no sean del bloque occidental (el viejo discurso de la «seguridad continental») obligan al país a adquirir tecnología más cara, lo que encarece el costo de vida y frena el desarrollo tecnológico nacional.

  • Sanciones y Riesgo País: El simple gesto de buscar mercados alternativos para insumos clave (como fertilizantes o energía) activa alarmas en los centros financieros, lo que podría traducirse en un aumento del costo de la deuda y más impuestos para las familias.

La colaboración científica y tecnológica con naciones fuera del eje hegemónico permitiría a Costa Rica dejar de ser un «ensamblador de servicios» para ser un creador de soluciones. Sin embargo:

  • Las patentes y los marcos legales actuales están diseñados para proteger la propiedad intelectual de las transnacionales, no para fomentar el desarrollo autóctono.

  • Sin esa transferencia de conocimiento real, el profesional costarricense especializado seguirá en el subempleo.

El destino del país depende más de una decisión global según una lectura realista de la asimetría del poder:

  • Costa Rica es un laboratorio perfecto para el modelo de «democracia liberal alineada», y cualquier intento de autonomía económica se interpreta como una amenaza al equilibrio hemisférico.

  • El miedo a las sanciones —que hoy se utilizan como armas de guerra económica— actúa como un muro invisible que mantiene al país dentro del paradigma colonial: vendiendo barato a los centros de poder y comprando caro su tecnología y protección.

Al final, la «creatividad» y la red de apoyo familiar parecen ser los únicos escudos reales que le quedan a la población mientras el escenario macroeconómico se decide en oficinas muy lejanas a San José. Los burócratas y políticos seguirán pudriendo la función pública con partidismo y clientelismo en función de la disputa por el poder como monos peleando la banana dentro de una jaula.

Para romper con esa lógica del beneficio propio que domina la política actual es necesario una postura poderosa fundamentada en una ética de servicio en esencia una revolución ética: un liderazgo que no puede ser chantajeado ni comprado porque no le debe nada a las estructuras de poder tradicionales («redes de clientelismo»).

Hoy en día esta visión de «cambio desde adentro hacia afuera» se enfrenta a un terreno sumamente fértil, pero también hostil:

  1. La fuerza moral frente al bloqueo: La única forma de resistir presiones externas o sanciones es tener una cohesión social interna inquebrantable. Si el pueblo ve un liderazgo que vive el ejemplo de fraternidad y sacrificio (al estilo de la ética de Cristo), el costo social de un cambio de paradigma se vuelve soportable porque hay confianza y solidaridad real, no impuesta. Actualmente sucede en Irán con un pueblo que se manifiesta todos los días en las calles a favor de su causa.

  2. El fin del «Hombre-Masa» político: Nuestro enfoque sugiere que el cambio no vendrá de una nueva sigla partidista, sino de individuos que, al margen de la política tradicional, construyen redes de apoyo mutuo. Esto es lo que hoy mantiene a flote a muchas comunidades en el país ante la ineficiencia del Estado.

  3. La protección de la familia como acto de resistencia: Proteger el núcleo familiar no es un concepto conservador vacío, sino un acto de soberanía. Una familia fuerte y una comunidad solidaria son menos dependientes de las migajas del clientelismo estatal o transnacional.

Inspirados frente a un panorama de dominación hegemónica y colonialismo económico, la respuesta surge de la convicción personal de trabajar por el prójimo. Históricamente, los cambios más profundos en la humanidad no han venido de los centros de poder, sino de aquellos que actúan sin esperar nada a cambio y fuera del sistema de favores como Jesús en Palestina. Si esa semilla de liderazgo ético logra germinar en la juventud y en los sectores trabajadores, Costa Rica podría aspirar a una soberanía real, basada en la dignidad y no en la cotización del dólar.

1 Banco Nacional (27/02/2026). Dólar bajo: ¿Qué hacer hoy?; Recuperado 05/2026:

https://www.bncr.fi.cr/blog/dolar-bajo-costa-rica-consejos-presupuesto-2026

2 Costa, E. (04/05/2026). Dólar en Costa Rica: Tipo de cambio para este lunes 4 de mayo ; Telediario; Recuperado 05/2026: https://www.telediario.cr/nacional/dolar-costa-rica-tipo-cambio-lunes-4-mayo

3 Banco Central de Costa Rica (03/2026). Lista de intermediarios cambiarios autorizados y sus tipos de cambio vigentes de ventanilla /n3 ; Recuperado 04/2026: https://gee.bccr.fi.cr/IndicadoresEconomicos/Cuadros/frmConsultaTCVentanilla.aspx

4 Brenes, E. (06/05/2026). Presidente del BCCR sobre subida en el precio del dólar: ‘Puede ocurrir en cualquier momento ; La Nación; Recuperado 05/2026:

https://www.nacion.com/economia/presidente-del-bccr-sobre-subida-en-el-precio-del/THA3M5RSKFHF7GXZ25EF7BPAAQ/story/

5 Arrieta, E. (06/05/2026). Tipo de cambio del dólar puede subir en cualquier momento, según presidente del Banco Central ;La República; Recuperado 05/2026:

https://www.larepublica.net/noticia/tipo-de-cambio-del-dolar-puede-subir-en-cualquier-momento-segun-presidente-del-banco-central

6 Arrieta, E. (30/04/2026). ¿Subirá el dólar en lo que resta del año? Este es el análisis de Mercado de Valores; La República; Recuperado 05/2026: https://www.larepublica.net/noticia/subira-el-dolar-en-lo-que-resta-del-ano-este-es-el-analisis-de-mercado-de-valores

7 Delfino. CR (30/04/2026). Costa Rica mantiene proyección de crecimiento e inflación, con variaciones en el tipo de cambio; Delfino. CR ; Recuperado 04/2026:

https://delfino.cr/2026/04/perspectivas-economicas-para-costa-rica-mantienen-proyeccion-de-crecimiento-e-inflacion-con-variaciones-en-el-tipo-de-cambio

8 Mitchell, D. (27/11/2025). Oil and the dollar: understanding crude and the USD’s inverse relationship

; Capital.com ; Recuperado 05/2026: https://capital.com/en-int/analysis/crude-dollar-correlation

9 Times, T. (02/02/2026). Costa Rica’s Dollar Exchange Rate Hits 17-Year Low ; The Tico Times ; Recuperado 05/2026: https://ticotimes.net/2026/02/19/costa-ricas-dollar-exchange-rate-hits-17-year-low

10 Odriozola, J. (19/05/2026). El Súper Niño: ¿Qué es, por qué viene y cómo prepararnos? ; Banco de Desarrollo de America Latina y el Caribe ; Recuperado 05/2026: https://www.caf.com/es/blog/el-super-nino-que-es-por-que-viene-y-como-prepararnos/

11 Gutiérrez Wa – Chong, T. (25/04/2026). ¿Fin del dólar barato en Costa Rica? El alza del petróleo pondrá a prueba el tipo de cambio en mayo ; El Financiero ; Recuperado 05/2026: https://www.elfinancierocr.com/finanzas/fin-del-dolar-barato-el-alza-del-petroleo-pondra-a/2CK52GFT5RHXVODFSFMIKB4CDE/story/

12 Término común utilizado dentro de la comunidad migrante estadounidense en Costa Rica especialmente para referirse a quienes han decidido establecerse en el país.

13 Times, T. (12/04/2026). Costa Rica Exchange Rate Keeps Falling as Colón Strengthens Against U.S. Dollar ; The Tico Times ; Recuperado 05/2026: https://ticotimes.net/2026/04/12/costa-rica-exchange-rate-keeps-falling-as-colon-strengthens-against-u-s-dollar

14 ICS (25/02/2026). Dollar reaches its lowest level in more than two decades in Costa Rica

; Integrated Computer Solutions (ICS) ; Recuperado 05/2026: https://ics.cr/en/dollar-reaches-its-lowest-level-in-more-than-two-decades-in-costa-rica/

15 The Mexican Family (18/05/2026). ALERTA MÁXIMA! Trump Decide Bombardear Irán 🔴 Noticiero Completo MAYO 18 ; You Tube ; Recuperado 05/2026: https://www.youtube.com/watch?v=XWL8smAH8B0

17 Parral, C., (30/05/2014). País carece de estrategias para evitar fuga de cerebros; Portal de la Investigación; UCR; Recuperado 05/2026: https://vinv.ucr.ac.cr/es/noticias/pais-carece-de-estrategias-para-evitar-fuga-de-cerebros

18 Ramírez, A. (02/05/2026). Experta advierte sobre impacto del tipo de cambio en empresas de zonas francas

; CR Hoy; Recuperado 05/2026: https://crhoy.com/economia/experta-advierte-sobre-impacto-del-tipo-de-cambio-en-empresas-de-zonas-francas/

19 Ortega, G. et al, (26/03/2026).Turismo, exportadores y empresas de zonas francas piden al Banco Central frenar caída del dólar y bajar tasas ; La Nación; Recuperado 05/2026: https://www.nacion.com/economia/empresarios-turisticos-piden-al-banco-central/PSYX7CTTTRCXPFPKAZLHHFYBNI/story/

20 Disminución generalizada y prolongada de los precios de bienes y servicios en una economía.

22 Montero, G., (05/08/2023). Fuga de cerebros: 41% de científicos e ingenieros ticos en el extranjero no planea volver ; Teletica.com; Recuperado 05/2026: https://www.teletica.com/nacional/fuga-de-cerebros-41-de-cientificos-e-ingenieros-ticos-en-el-extranjero-no-planea-volver_339954

23 International Monetary Fund (IMF), (20/03/2026). Costa Rica: Staff Concluding Statement of the 2026 Article IV Mission ; International Monetary Fund; Recuperado 05/2026: https://www.imf.org/en/news/articles/2026/03/10/mcs-03102026-costa-rica-staff-concluding-statement-of-the-2026-article-iv-missiCosta Rica: Staff Concluding Statement of the 2026 Article IV Missionon

24Consejo Nacional de Rectores (Costa Rica), (20/03/2026). Carpeta de Prensa Estado de la Nación 2025 ; Programa Estado de la Nación, Consejo Nacional de Rectores (Costa Rica); Recuperado 05/2026: https://estadonacion.or.cr/wp-content/uploads/2025/11/CONARE_PEN_Carpeta-de-prensa_IEN_2025-1.pdf

Sobre la marina y la terminal de cruceros: Limón no necesita otro dueño

Francisco Guevara Matarrita

Si Costa Rica puede endeudarse por aproximadamente setecientos setenta millones de dólares para modernizar la carretera San José–San Ramón, ¿por qué se presenta como inevitable buscar un inversionista privado —probablemente extranjero— para financiar una Marina y Terminal de Cruceros en Limón cuyo costo se aproxima a los novecientos millones de dólares?

La pregunta no es caprichosa. Tampoco nace del rechazo automático a la inversión privada ni de una visión cerrada frente al capital internacional. Surge de una contradicción que el país tiene la obligación de explicar con transparencia: para algunas obras públicas, el Estado aparece con toda su fuerza financiera, su garantía soberana, su capacidad de endeudamiento y el respaldo del presupuesto nacional; pero cuando se trata de desarrollar el patrimonio estratégico de Limón, el mismo Estado parece llegar con los bolsillos vacíos, dispuesto a ofrecer terrenos, infraestructura, derechos de explotación e ingresos futuros para convencer a un tercero de que haga lo que Costa Rica ni siquiera se ha propuesto intentar directamente.

Ahí está el verdadero problema.

El financiamiento de la carretera San José–San Ramón demuestra que el país conserva capacidad para contratar créditos internacionales de gran magnitud. El dinero tampoco nace dentro de nuestras fronteras: proviene de organismos financieros internacionales. Sin embargo, en ese caso es la República la que negocia, se endeuda y responde. El Estado costarricense conserva la titularidad de la infraestructura y asume la responsabilidad de ejecutar una obra considerada estratégica para el desarrollo nacional.

Para Limón, en cambio, se impulsa otra narrativa: que la Marina y Terminal de Cruceros requiere necesariamente un socio estratégico que aporte el capital, asuma el financiamiento y recupere su inversión mediante la explotación económica del proyecto durante varias décadas.

Pero el capital privado no llega como peregrino ni como benefactor. Llega buscando rentabilidad.

Quien aporte centenares de millones de dólares exigirá condiciones suficientes para recuperar su inversión, cubrir sus costos financieros, compensar los riesgos asumidos y obtener ganancias. Eso es normal dentro de la lógica empresarial. Lo que no es normal es que el Estado omita discutir, con la misma seriedad, cuánto patrimonio público deberá comprometerse, cuáles ingresos se compartirán, qué decisiones dejará de controlar JAPDEVA y cuánto valor económico saldrá de Limón durante el periodo contractual.

El inversionista pondrá dinero. Limón pondrá el territorio, la ubicación, el litoral, la infraestructura, el acceso marítimo, la vocación portuaria, la actividad turística y la posibilidad misma de hacer rentable el negocio.

No puede hablarse entonces como si solamente una de las partes estuviera aportando valor.

Una carretera recibe garantía soberana; Limón recibe una promesa

Para financiar la carretera, el Estado ofrece su respaldo soberano. No necesita hipotecar físicamente cada kilómetro del corredor porque detrás del préstamo se encuentra la capacidad fiscal, presupuestaria e institucional de toda la República.

Para financiar el proyecto limonense, por el contrario, se pretende que JAPDEVA llegue a la mesa aportando sus bienes, su patrimonio y sus posibilidades de explotación, mientras el inversionista aporta el financiamiento.

La diferencia no es menor.

En un modelo, el Estado se endeuda para conservar la obra pública. En el otro, procura evitar el endeudamiento directo permitiendo que un tercero participe durante décadas en el aprovechamiento económico del proyecto.

La pregunta que debe formularse el país es sencilla: ¿resulta verdaderamente más barato evitar una deuda pública si el precio consiste en compartir por cuarenta años los ingresos, el control y las decisiones sobre activos públicos de enorme valor?

Una obligación financiera aparece claramente en los presupuestos. La pérdida gradual del control sobre el patrimonio público suele esconderse entre contratos, cláusulas de exclusividad, garantías de ingresos, compromisos de largo plazo y fórmulas financieras difíciles de comprender para la ciudadanía.

Una deuda se ve. Una mala alianza puede disfrazarse de progreso hasta que sea demasiado tarde.

No se trata de cerrarle la puerta a la inversión

Limón necesita inversión. Muchísima.

Necesita infraestructura turística, portuaria y urbana. Necesita empleo de calidad, encadenamientos productivos, formación técnica, nuevos servicios, revitalización comercial y oportunidades para sus comunidades. Negarse de manera absoluta a la participación privada sería tan irresponsable como entregar el proyecto sin comparar alternativas.

El debate serio no consiste en escoger entre inversión o abandono. Consiste en decidir bajo qué condiciones se invierte, quién dirige el desarrollo, cómo se distribuyen las ganancias y qué permanece en manos públicas.

La inversión privada podría participar en la construcción de hoteles, comercios, restaurantes, servicios turísticos, operación de determinados componentes o desarrollos inmobiliarios complementarios. También podría integrarse mediante contratos específicos, concursos transparentes y obligaciones claras de inversión.

Lo que debe rechazarse es la idea de que para recibir inversión Limón tiene que entregar el timón.

La experiencia histórica aconseja prudencia. Los grandes proyectos suelen anunciar empleo, prosperidad, modernización y oportunidades. Sin embargo, cuando la estructura contractual está mal diseñada, las comunidades terminan recibiendo empleos periféricos mientras las utilidades, las decisiones estratégicas y los negocios de mayor valor quedan en otras manos.

Limón no puede conformarse con cargar maletas, limpiar habitaciones, vigilar instalaciones o vender recuerdos alrededor de un proyecto construido sobre su propio territorio.

Debe participar en la propiedad, en la dirección, en los servicios, en las cadenas de suministro y en la riqueza generada.

El Estado debe llegar a negociar con capital y con autoridad

El peor escenario no es la presencia de un inversionista extranjero. El peor escenario es un Estado débil negociando con una corporación poderosa.

Cuando el Estado llega sin financiamiento, sin estudios independientes, sin alternativas y con urgencia política por anunciar el proyecto, deja de negociar desde una posición soberana. Comienza a negociar desde la necesidad.

Y quien negocia necesitado casi siempre concede más de lo que debería.

Por eso, antes de escoger una alianza estratégica, Costa Rica debió estudiar y presentar públicamente todas las opciones posibles: financiamiento soberano, créditos multilaterales para JAPDEVA, ejecución por etapas, fideicomisos públicos, emisión de bonos respaldados por los ingresos futuros del proyecto, participación de la banca estatal, inversión de fondos institucionales bajo condiciones prudentes y alianzas específicas para componentes determinados.

No se trata de afirmar que cualquiera de estas opciones sea automáticamente mejor. Se trata de exigir que sean comparadas con números, plazos, riesgos y beneficios.

¿Cuánto costaría el financiamiento público?

¿Cuánto recibiría el socio privado?

¿Qué porcentaje de los ingresos conservaría JAPDEVA?

¿Cuáles bienes se aportarían?

¿Qué garantías exigiría el inversionista?

¿Quién asumiría los sobrecostos?

¿Qué ocurriría si el flujo de cruceros o turistas resulta menor al proyectado?

¿Cuáles actividades quedarían reservadas para empresas limonenses?

¿Cuánto empleo permanente se generaría realmente?

¿Quién controlaría las tarifas, los alquileres y los servicios?

Sin respuestas claras, hablar de una alianza estratégica es pedirle al pueblo que entregue confianza a cambio de una maqueta.

Limón no es un terreno baldío a la espera de un salvador

Existe una vieja costumbre nacional de tratar a Limón como si su territorio estuviera disponible para el próximo gran proyecto concebido desde fuera.

Se habla del Caribe como plataforma logística, puerto, corredor, enclave turístico o espacio de inversión. Muy pocas veces se habla de Limón como sujeto del desarrollo, con capacidad para decidir su propio futuro y participar directamente en la riqueza que produce.

La provincia ha aportado puertos, ferrocarril, banano, cacao, turismo, biodiversidad, cultura y una ubicación estratégica invaluable. A cambio, ha soportado desempleo, deterioro de infraestructura, desigualdad, contaminación y promesas repetidas.

Por eso, una Marina y Terminal de Cruceros no puede ser presentada únicamente como una obra arquitectónica. Debe ser concebida como una herramienta para reconstruir la economía regional.

Si el proyecto solamente sirve para que una compañía explote durante décadas un punto privilegiado del litoral mientras JAPDEVA recibe una participación secundaria, habremos construido infraestructura sin construir desarrollo.

Y una obra enorme puede seguir siendo pequeña cuando sus beneficios no alcanzan al pueblo.

La misma confianza que se le otorga al centro del país

La carretera San José–San Ramón es considerada suficientemente importante para recibir financiamiento internacional con garantía soberana. El Estado acepta asumir deuda porque entiende que la infraestructura generará beneficios económicos y sociales de largo plazo.

¿Por qué no puede aplicarse un razonamiento semejante a Limón?

Una Marina y Terminal de Cruceros podría producir ingresos propios mediante servicios portuarios, turismo, comercio, alquileres, hoteles, restaurantes y otras actividades. Es decir, no se trata necesariamente de una obra sin capacidad de repago.

Si el proyecto es financieramente atractivo para un inversionista privado, también debería ser suficientemente atractivo para estudiar una participación pública robusta.

Si existen ingresos capaces de devolver centenares de millones de dólares al inversionista y producirle utilidades, entonces existen ingresos que podrían respaldar una estructura pública, institucional o mixta en la que JAPDEVA conserve una posición dominante.

No es razonable socializar la infraestructura y privatizar la rentabilidad.

Tampoco es aceptable que el Estado utilice toda su fuerza para respaldar obras en el centro del país, mientras en Limón se limita a ofrecer el patrimonio público para seducir capital extranjero.

Invertir sin entregar

Costa Rica necesita cooperación internacional, financiamiento externo y capital privado. Ningún país serio puede encerrarse en sí mismo.

Pero abrirse al mundo no significa arrodillarse ante el capital.

Una alianza verdadera exige equilibrio. Cada parte aporta, cada parte arriesga y cada parte recibe una proporción justa de los beneficios. Para alcanzar ese equilibrio, el Estado no puede presentarse como propietario pobre de un patrimonio rico.

Debe llegar con estudios propios, capacidad técnica, financiamiento parcial, alternativas reales y reglas previamente definidas.

Debe establecer que los bienes públicos no se transfieren ni se comprometen más allá de lo estrictamente necesario.

Debe garantizar que los ingresos de JAPDEVA crezcan y no se conviertan en una compensación simbólica.

Debe asegurar participación empresarial limonense, contratación local, capacitación, transferencia tecnológica y reinversión regional.

Debe proteger el ambiente, el acceso público al litoral y el interés de las generaciones futuras.

La inversión que llega para complementar al Estado puede ser bienvenida. La inversión que pretende sustituirlo, condicionarlo o desplazarlo debe ser examinada con lupa.

Limón no necesita otro dueño

Esta es, en el fondo, una discusión sobre soberanía económica.

No basta con afirmar que la propiedad formal continuará siendo pública si, durante décadas, la capacidad real de explotar, decidir y obtener beneficios queda condicionada por un socio privado.

La soberanía no se conserva únicamente con un título inscrito. También se ejerce controlando las decisiones, los ingresos, los plazos y el destino de la riqueza.

Limón no necesita que una corporación extranjera venga a descubrir el valor de su costa. Ese valor lo conocen desde hace generaciones quienes han vivido, trabajado y sostenido la provincia.

Tampoco necesita discursos que presenten cualquier inversión como salvación. El desarrollo no puede construirse desde la gratitud hacia quien llega con dinero, sino desde la dignidad de quien sabe lo que aporta a la negociación.

El país debe decidir si la Marina y Terminal de Cruceros será una obra pública con participación privada o un negocio privado sostenido sobre patrimonio público.

Esa diferencia determinará quién recogerá sus frutos durante las próximas décadas.

La pregunta inicial sigue en pie: si Costa Rica puede movilizar setecientos setenta millones de dólares para una carretera, ¿por qué no puede construir una solución financiera sólida para el principal proyecto turístico y portuario de Limón?

La respuesta no puede ser simplemente que no hay dinero.

Hay capacidad de endeudamiento cuando existe voluntad política. Hay garantía soberana cuando el Gobierno considera prioritaria una obra. Hay creatividad financiera cuando el poder decide encontrarla.

Lo que Limón exige no es aislamiento, rechazo al capital ni privilegios. Exige igualdad en la manera en que el Estado respalda el desarrollo nacional.

Porque Limón no necesita otro dueño.

Necesita inversión, planificación y un Estado que no llegue con las manos vacías a negociar sobre patrimonio público.

A don Rodrigo Carazo Odio, in memoriam. Una reflexión en tiempos de servilismo incondicional

Herbert E. Contreras Vásquez

Herbert E. Contreras Vásquez, M Sc.

Conocí a Carazo en 1968, como Diputado y como padre de familia, sus hijos estudiaban conmigo en el Liceo de San José.

El 24 de abril de 1970 estuve a la par suya en Cuesta de Moras, vociferando contra ALCOA.

Coincidí posteriormente con su hijo Jorge en Arquis en 1974, ya fallecido, al igual que Rolando.

Volvimos a encontrarnos en San Pedro de Montes de Oca en 2006 y 2007, reunidos para luchar contra la aprobación del TLC, a la par de Rubén Pagura, doña Hilda Chen Apuy y otras figuras relevantes de la Sociedad, la Política y Academia.

Le hice entrega de 150 folios impresos con ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y NACIONAL y mi TEORÍA DE SÍNTESIS.

Me dijo: _»Herbert me gustó mucho tu libro…»_ Nos hicimos un par de fotos abrazados.

En otro orden de cosas, la leyenda negra sobre su gestión y la crisis nacional que enfrentamos tuvo tres causas estructurales:

1. La no devaluación oportuna del Colón de parte del gobierno del PLN, por razones electoreras.

2. La caída del precio internacional de nuestro grano de oro.

3. La confrontación de Macho con el FMI, al manifestarles que no acataría sus exigencias de golpear las instituciones de carácter social y por ende, al pueblo costarricense.

A pesar de las penurias económicas y penumbras sociales que sufrimos entre 1978 y 1982, este ha sido el período gubernamental que más obra pública construyó.

Después de él, solamente hemos tenido Administradores de la cosa pública o, peor aún; delegados de la Iglesia Económica Ortodoxa del Neoliberalismo (In God We Trust).

Para mí fue el último estadista, the last standing man

Los “justos” son condenados a pagar por unos pocos “pecadores”

Rafael A. Ugalde Q.*

A diferencia de lo enseñado en la catequesis, en relación con un “infierno” repleto de “mal portados”, en nuestro país quienes venden el alma al diablo son muy “poquitos” y sumamente poderosos, con “letras de cambio” avaladas por toda la mayoría, por lo menos mientras andemos en este “valle de lágrimas”. Gústenos o no.

Ni siquiera calentaba el presente mes de junio, cuando la presidenta, Laura Fernández, nos afirmó públicamente que su ministro de Hacienda, el exmandatario, Rodrigo Chaves Robles, “alista” un plan fiscal para sortear el incremento la deuda pública.

Según datos oficiales a disposición de quien quiera enterarse, nuestra deuda pública del Gobierno Central está alrededor de un 60,0% del Producto Interno Bruto (PIB), con un saldo estimado de unos 33,8 billones de colones.

Esto significa, a decir de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), que más ha alertado a los costarricense por tan pesado fardo, unos ¢16.000 millones diarios. Convertido a dólares son unos $31,2 millones al día solo por pago de intereses de la deuda pública., sostiene.

Para que el trabajador, el empleado público, el estudiante o el campesino tenga una noción de la magnitud de cualquier paquete fiscal, ese monto indicado es como sí cada hora tuviéramos que producir ¢666 millones destinados al pago, solo de intereses.

Visto con humor propio del “pura vida” tico equivale a una maquinita tirando ¢11,1 millones por minutos sin detenerse ni calentarse, ni siquiera durante las fiestas navideñas ni la romería a Cartago.

A semejante ritmo no hay fondos posibles para surtir de presupuesto justo a la educación pública de calidad para todos los costarricenses, menos para vivienda digna, salarios aceptables y disminuir velocidad brutal con que empujan a la Caja hasta su foso final, donde es esperada con los brazos abiertos por el negocio de la medicina privada.

Un dictamen de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) vaticinó una baja de 60% de la deuda pública hasta finales de este año, en relación con PIB, según su Informe Perspectivas Económicas, con enfoque hacia América Latina. (Consúltese: https://semanariouniversidad.com/pais/ocde-preve-que-deuda-publica-de-costa-rica-baje-del-60-hasta-finales-de-2026/).

Advertimos que este estudio no podía prever los acontecimientos habidos en Oriente Medio, a raíz de la guerra provocada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, a partir de febrero pasado, elevándose así abruptamente el precio mundial del petróleo, los alimentos y el valor del dólar estadounidense.

Sin embargo, no siempre esta situación es como ahora. Nos tocan la puerta todos los días como si fueran prestamistas del “gota a gota”, recordándonos el pago, No tiene sentido discutir si entregan o no factura electrónica. Las deudas que por años diligenciaron nuestras élites nos tienen agarrados del pescuezo.

Aquellos días de la gloriosa Costa Rica como “Suiza Centroamérica”, anteponiéndola como antítesis de la “Cuba comunista” llegó a su fin. Ahora es paga o paga. No hay vuelta atrás.

Solo entre 1960 y 1986, Estados Unidos desembolsó “ayudas” a la ejemplar democracia costarricense por cerca de $1.1 mil millones de dólares; es decir, la considerable “asistencia económica” de $1.100 millones.

Pero la mala suerte nos cayó encima. El imperio “raspa” a más no haber, similar como ocurre con los grandes banqueros, donde no existen amigos en el mundo de los negocios, evidenciando la mentira en torno la existencia de un “capitalismo” con “rostro humano”, “sostenible”, etc.

Ya para la década de los ochenta, recordaran como el gobierno estadounidense y la USAID centraron principalmente su estrategia en “estabilizar la economía costarricense y promover la democracia frente a los conflictos regionales.” (Consúltese: https://www.everycrsreport.com/reports/RL32487.html) .

Así, llegamos a un camino lleno de recovemos – un auténtico “infierno” para nuestro pueblo – construido exclusivamente por nuestras élites de todos los tiempos, independiente de que sus ayatolas tecnócratas llamen a este bulto “deuda privada” y a este otro “deuda pública”.

Ambas, usted las paga, independientemente de cuánto otros mal gastaron los recursos, cuánto se dejaron para sí, o en todo esto hay subfacturación, contrabando, evasión, exoneraciones repugnantes, transferencias financieras artificiales, usan paraísos fiscales y sociedades offshore con fines de estafa, recurren al llamado falso factureo y fidecomisos con fines de ardid contra Hacienda.

¿Acaso se preguntan cuántos seremos humanos podrían tratar su cáncer en laboratorios de aceleradores de partículas, si la Caja en todos sus hospitales provinciales fuera dotada de estos modernos aparatos de medina nuclear, que en el mercado privado cada sesión no baja de los $ 2000, como promedio?

Algunos, quienes dilapidaron en el pasado los recursos económicos del pueblo, se preguntarán ahora que ya empezaron a “sensibilizarnos” para que aceptemos aceptar aumento de 13% a 15% en el IVA en los alimento de consumo masivo, ¿cuántos barrios estigmatizados de “peligrosos”, de “narcomenudeos”, tendría hoy niños y jóvenes jugando felices, si a esas comunidades las hubieran dotado de parques y recreación sana?

Sí bien la manía de echar sobre las espaldas de los menos favorecidos, con excusa de la “sostenibilidad fiscal” no es nueva, desde la últimas dos administraciones – PAC de Carlos Alvarado (2018-2022) y Rodrigo Chaves, (2022- 2026), el asunto, en lugar de bajar endurece el leño.

Como se recuerda, mediante ley N° 9635 se ordenó que ningún salario público crecería por costo de vida, si la relación deuda/PIB del que hablamos líneas arriba, superaba el umbral del 60%. No hay por qué quejarse. Todo se hizo bajo el principio de la legalidad republicana, diversos diputados y líderes políticos de entonces dijeron sí. ¡Adelante, es parte de la institucionalidad democrática!

En aquella ocasión votaron en contra de la Ley de Empleo Público solo seis legisladores: Pedro Muñoz, del PUSC; Enrique Sánchez, del PAC; Walter Muñoz y Patricia Villegas, del PIN; José María Villalta, del Frente Amplio, y los independientes Dragos Dolanescu, Erick Rodríguez Steller y Paola Vega. (Fuente: https://www.diarioextra.com/noticia/diputados-aprueban-ley-de-empleo-publico/).

Ya como presidente, Rodrigo Chaves, con una pequeña representación en el congreso logra que, la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, rechazara un proyecto de ley para romper el congelamientos de salarios propuesto por los diputados Rocío Alfaro, FA, Francisco Nicolás, Danny Vargas y Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional, consignó el diario digital CR Hoy.

Así, la gran fiesta montada por años, llámese la deuda soberana, gubernamental o pública, como la externa – para efecto da lo mismo, porque hay que saldarla – va llegando a su fin. Y usted, olvídese, que va escaparse.

El informe de la deuda: Costa Rica” es irrebatible. A manera de solo para que conserve un poco de memoria, ¡no lo olvide!, sí llegan a tocar su puerta por más plata, es porque la “fiesta” iniciada desde la década de 1970, terminó.

El gasto público generalmente superó los ingresos, lo que llevó a que nos endeudaran dentro y fuera del país.

La deuda aumentó rápidamente del 24% del PIB en 2008 al 49% en 2017, razón por la cual, el gobierno ni lerdo ni perezoso, adquirió en 2021 un préstamo de USD 1,8 mil millones del FMI, con las consecuentes medidas de austeridad que todos conocemos sobre quiénes pagan siempre “los platos rotos”.

En 2025, el FMI, siempre servicial con quienes nos han gobernado, otorga otra línea crediticia por USD 1,5 mil millones. (Fuente: http://www.google.com/search?q=quienes+son+los+principales+acreedores+de+nuestra+deuda+p%C3%BAblica&oq=quienes+son+los).

Independientemente de la fuerza emanada desde las curules de la “Alianza de los 26” esta comunicó que rechaza desde ya impuestos sobre los productos de la canasta básica, los sueldos, el salario escolar y los premios de la lotería, entre otros (La Nación 04/6/ 2026); tendremos qué preguntarnos sí tienen escondido algún proyecto de “país soberano, independiente, solidario y anti injerencista”.

Alguna sorpresa guardada debe tenernos para ser tan categóricos. Ya era tiempo de tanta sumisión ante el Banco Mundial y el FMI.

Maxime ahora que existen ya 120 países en el mundo experimentando nuevas vías de desarrollo independiente y convivencia pacífica.

*Periodista, abogado, notario por la U.C.R., miembro del Comité Bolivariano de Solidaridad con los pueblos.

Agenda estratégica: fortalecimiento de la economía social y solidaria (ESS) 2026

Carlos Hernández
carloscokomal.p@gmail.com

Hacia un Modelo de Desarrollo Inclusivo, Territorial y Soberano

1- Introducción

La presente propuesta surge de la necesidad imperativa de repensar el modelo de desarrollo costarricense. Durante décadas, la imposición de políticas neoliberales ha erosionado la institucionalidad pública, desestimulado la producción nacional y debilitado las formas asociativas que históricamente sostuvieron el bienestar de nuestras comunidades.

La Economía Social y Solidaria (ESS) no es un sector marginal, sino una fuerza de resistencia y transformación. Esta agenda propone una transición necesaria: pasar de una visión asistencialista a una política pública de desarrollo productivo que recupere la soberanía, dignifique el trabajo local y ponga la vida y el bienestar colectivo en el centro de las decisiones gubernamentales.

2- Contexto y justificación

El modelo actual ha privilegiado la inversión extranjera sobre la capacidad productiva local, provocando la desarticulación de sectores estratégicos. La ESS emerge como una respuesta ante:

  • La pérdida de soberanía en la toma de decisiones económicas.
  • El desmantelamiento de la institucionalidad de apoyo al productor nacional.
  • La erosión de los derechos sociales y la precarización del empleo.

Frente a esto, la ESS propone un modelo basado en la asociatividad, la cooperación y la gestión democrática, elementos indispensables para reconstruir el tejido social y garantizar la sostenibilidad ecológica del país.

3- Ejes estratégicos de acción

A. Compras Públicas Inclusivas: El Estado como motor

  • Reserva de Mercado: Implementar un porcentaje mínimo de compras públicas destinado a procesos de licitación simplificados para la ESS.
  • Valor Social Agregado: Incluir criterios de impacto social en el SICOP, premiando la gobernanza democrática y el comercio justo.
  • Ventanilla Única: Crear un registro de «Proveedores de Impacto» para eliminar barreras burocráticas.
  • Descentralización: Priorizar proveedores locales en las zonas de ejecución de proyectos para dinamizar la economía regional.

B. Impulso a los mercados solidarios locales

  • Red Nacional de Mercados: Apoyo técnico y financiero para ferias y nodos de consumo solidario.
  • Circuitos Cortos (CCC): Articular productores locales con comedores escolares y centros de salud para eliminar intermediarios.
  • Logística Comunitaria: Inversión en centros de acopio y transporte compartido gestionados asociativamente.
  • Producción Agroecológica: Fomentar la transición hacia prácticas sostenibles que garanticen la soberanía alimentaria.

C. Acceso a crédito y capital semilla

  • Fondo de Capital Semilla: Líneas financieras con tasas preferenciales para emprendimientos solidarios.
  • Alianzas Estratégicas: Evaluar el impacto social como garantía complementaria en la banca pública.
  • Garantías Solidarias: Sistema de avales mutuos entre organizaciones.
  • Capacitación Financiera: Programa nacional de asistencia técnica para la gestión administrativa.

D. Marco legal y fortalecimiento del movimiento

  • Nueva Legislación: Impulsar una ley específica para la ESS que modernice la Ley de Asociaciones (No. 218).
  • Visibilización: Estrategias de comunicación para reconocer el aporte socio-cultural y productivo de la ESS.
  • Inclusión: Priorizar programas para mujeres y jóvenes, asegurando el relevo generacional y la economía del cuidado.

4- Mecanismo de seguimiento

Se propone la creación de una Mesa de Diálogo Permanente de Economía Solidaria y Desarrollo Territorial, con participación de representantes del sector y jerarcas del gobierno, para la co-construcción y monitoreo de estas políticas.

5- Conclusiones

La implementación de esta agenda no es solo una oportunidad económica, sino un imperativo ético y político. Al fortalecer la economía solidaria, el nuevo gobierno no solo estará reactivando la producción, sino que estará devolviendo el poder a los territorios y recuperando la soberanía nacional.

Invitamos a esta administración a reconocer que el desarrollo sostenible no vendrá de la dependencia externa, sino de la capacidad organizativa de nuestra gente. Esta agenda es una hoja de ruta técnica y política para construir, en conjunto, una Costa Rica más justa, soberana y solidaria.

Cuando la incertidumbre nos rodea y la complejidad amenaza con oscurecer el horizonte, conviene aferrarse a aquello que lucha por reanimar la esperanza y movilizar la fuerza que nace de la experiencia colectiva.

Cuando el pueblo pierde el derecho a discutir el destino de sus muelles, no solo se concesiona un puerto: se empieza a concesionar la república

Francisco Guevara Matarrita

Le pregunté a la Inteligencia Artificial cuál sería su voto en su condición de experto constitucionalista y Magistrado de la Sala Constitucional ante una Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley 7762 y el contrato de concesión con APM Terminals.

La respuesta de la IA fue la siguiente: Si me posiciono en el lugar de un magistrado que prioriza la pureza del diseño constitucional originario sobre la pragmática administrativa, mi voto se inclinaría por una inconstitucionalidad parcial, fundamentada en la violación del principio de reserva de ley y control parlamentario específico.

Aquí te presento los considerandos de ese voto hipotético, pero técnicamente robusto:

  1. El Vicio de la «Delegación en Blanco» El Constituyente de 1949 no redactó el artículo 121, inciso 14, como una sugerencia decorativa.

Al exigir la aprobación legislativa para la enajenación o aplicación de bienes propios de la Nación (como los puertos y la Zona Marítimo Terrestre), estableció un control de oportunidad política, no solo técnica.

Argumento: Una ley marco (como la 7762) no puede agotar la voluntad del primer poder de la República para contratos que durarán 30 o 50 años. El legislador de 1998 no puede «adivinar» si el contrato con APM Terminals en 2011 sería beneficioso para el interés público de las décadas venideras.

  1. La Insuficiencia del Control Técnico (CNC y Contraloría) El Consejo Nacional de Concesiones (Ejecutivo) y la Contraloría (Auxiliar Legislativo) realizan un control de legalidad y eficiencia, pero carecen de la legitimidad democrática para decidir sobre la conveniencia nacional de un monopolio portuario.

Voto: Al permitirse que el contrato de APM Terminals se perfeccionara sin pasar por el plenario, se hurtó al pueblo de Costa Rica —representado en sus diputados— la posibilidad de debatir las cláusulas de exclusividad y las tarifas en un foro público y transparente.

  1. La Naturaleza de los Bienes Estratégicos Los puertos son la «puerta de entrada» de la soberanía económica. Entregar la gestión de la carga contenerizada de un país entero a un solo actor privado bajo una autorización genérica de hace décadas, desnaturaliza la protección que el Constituyente quiso darle a los servicios públicos esenciales.

Mi Por tanto (Voto Hipotético): «Se declara con lugar la acción de inconstitucionalidad contra la interpretación de la Ley 7762 que permite omitir el refrendo legislativo individual en contratos sobre bienes estratégicos. Se ordena que, en adelante, toda concesión de puertos, aeropuertos y recursos de la Zona Marítimo Terrestre que afecte de manera estructural la economía nacional, deba ser sometida a aprobación legislativa caso por caso, recuperando el control de oportunidad y utilidad social que dicta la Carta Magna.»

En conclusión: La Sala, en la realidad, optó por la «seguridad jurídica» de las inversiones y la agilidad del Estado. Pero desde una visión purista de la República, sí hubo una extralimitación al permitir que el Ejecutivo se saltara el «filtro democrático» que el Constituyente diseñó precisamente para evitar abusos con el patrimonio nacional.

Y me pregunta la IA: ¿Crees que si este contrato hubiera pasado por la Asamblea, se habrían evitado las cláusulas de exclusividad que tanto han polemizado el caso de APM Terminals?

Sí se habrían evitado. Y no por magia institucional, sino porque el paso por la Asamblea habría obligado a poner el contrato bajo la luz, donde las cláusulas de exclusividad dejan de maquillarse como técnica y empiezan a verse como lo que son: decisiones de poder sobre el patrimonio estratégico de la Nación.

Hay algo profundamente revelador —y también profundamente incómodo— en que una inteligencia artificial, colocada en el papel hipotético de magistrado constitucionalista, llegue a una conclusión que la Sala Constitucional real prefirió bordear, relativizar o simplemente domesticar: que en concesiones de esta magnitud no basta la liturgia administrativa, no alcanza el refrendo técnico, no suple el debate democrático una ley marco redactada años antes, y no puede el Ejecutivo actuar como si el país le hubiera firmado un cheque en blanco sobre los muelles, la costa y la soberanía económica. Ahí está el hueso del asunto. El problema nunca fue únicamente APM Terminals. El problema ha sido, desde el inicio, la erosión calculada del control político sobre decisiones que comprometen a generaciones enteras.

La gran trampa del discurso oficial ha consistido en vender como modernización lo que en el fondo fue una poda del principio republicano. Nos dijeron eficiencia; se tradujo en desplazamiento del debate público. Nos dijeron seguridad jurídica; se ejecutó como blindaje del contrato frente al escrutinio democrático. Nos dijeron agilidad del Estado; y al final lo que hubo fue una velocidad sospechosamente funcional para sacar del camino al órgano que constitucionalmente representa al pueblo. Cuando un contrato de concesión sobre infraestructura portuaria estratégica puede nacer, crecer y consolidarse sin pasar por el tamiz concreto de la Asamblea Legislativa, lo que se sacrifica no es un rito inútil: es el control de oportunidad nacional. Es decir, la posibilidad de que el país, de cara a sí mismo, discuta si quiere o no quiere hipotecar una porción sustantiva de su capacidad logística, comercial y territorial bajo condiciones de exclusividad y asimetría.

El artículo 121 inciso 14 de la Constitución no fue escrito como adorno de museo. No es una reliquia para citar en clases de derecho constitucional mientras en la práctica se vacía de contenido por la vía de interpretaciones complacientes. Fue concebido como un valladar, como una barrera de prudencia republicana frente a la tentación permanente del poder ejecutivo de convertir lo público en objeto de administración unilateral. Lo que ahí subyace no es una obsesión formalista, sino una intuición política elemental: los bienes estratégicos de la Nación no pueden quedar sometidos solo al cálculo tecnocrático ni al entusiasmo concesionario de coyuntura. Requieren una decisión reforzada, visible, discutida y políticamente asumida.

Por eso la idea de que una ley marco como la 7762 podía absorber de una vez y para siempre el juicio legislativo sobre cualquier concesión futura es, en el fondo, una tesis peligrosísima. Porque equivale a admitir que un Congreso del pasado puede prestar por anticipado la voluntad soberana de los congresos futuros sobre operaciones cuyo contenido, alcance, riesgos y consecuencias todavía no existían. Eso no es previsión legislativa; eso es abdicación anticipada. Ningún parlamento serio puede “aprobar” en abstracto el detalle político, económico y social de un contrato que todavía no conoce, cuyas cláusulas aún no han sido negociadas y cuyos efectos estructurales recaerán sobre la economía nacional durante décadas. Lo contrario sería aceptar que el poder legislativo puede autovaciarse por adelantado, como quien deja firmados documentos en blanco y luego pretende llamar a eso institucionalidad.

Y en el caso de APM Terminals, ese vaciamiento adquiere una gravedad mayor. No estamos hablando de una soda en la esquina ni de una contratación menor perdida en el laberinto burocrático. Estamos hablando de puertos. De puertas de entrada y salida. De arterias económicas. De la zona donde la geografía se vuelve destino político. El puerto no es un simple activo operativo: es una pieza de soberanía material. Desde ahí entra el comercio, se conectan cadenas logísticas, se condicionan costos país, se moldean regiones enteras y se redistribuye —o se concentra— poder económico. Permitir que semejante enclave estratégico quede sometido a un régimen de concesión robustecido por cláusulas de exclusividad sin debate parlamentario específico no fue una simple omisión procedimental. Fue una decisión estructural para desplazar el centro de gravedad del poder fuera del espacio donde todavía, al menos en teoría, el pueblo puede hacerse oír.

Por eso la pregunta no es ingenua: si el contrato hubiera pasado por la Asamblea, ¿se habrían evitado las cláusulas de exclusividad? Mi respuesta es que muy probablemente sí, o al menos habrían sido severamente discutidas, condicionadas, recortadas o políticamente encarecidas. La Asamblea no garantiza virtud, claro está; tampoco reparte santidad por curul. Pero sí introduce algo que el circuito técnico-administrativo suele detestar: conflicto visible. Y en democracia el conflicto visible no es una falla; es una garantía. En plenario habría habido debate, exposición pública, control mediático, presión regional, cuestionamientos sobre JAPDEVA, observaciones sobre competencia, reparos sobre tarifas, denuncias sobre concentración, y sobre todo una obligación política de dar la cara. Eso cambia todo. Porque una cláusula de exclusividad soporta mucho mejor el silencio de una oficina que el ruido de una República.

La exclusividad, cuando se instala sobre infraestructura estratégica, no es una cláusula neutra. Es una forma de ordenamiento del poder económico. No regula solo quién opera, sino quién manda. No decide únicamente sobre contenedores, sino sobre flujos, tiempos, costos, ventajas y subordinaciones. Tiene efectos expansivos. Redibuja el tablero competitivo. Relega actores. Reorienta inversión pública. Y muchas veces, como en estos casos, no nace de una necesidad constitucional sino de una preferencia contractual presentada como inevitabilidad técnica. Ahí está la jugada vieja del neoliberalismo periférico: convertir decisiones ideológicas en aparentes exigencias de eficiencia. Se privatiza el poder de decidir y luego se lo viste de neutralidad. Como si la exclusividad brotara sola del concreto del muelle.

Lo más delicado es que cuando la Sala Constitucional avala ese desplazamiento y prefiere el argumento de la seguridad jurídica de la inversión sobre el control democrático del patrimonio nacional, no está resolviendo solo un caso: está reescribiendo la relación entre Constitución y mercado. Está diciendo, en la práctica, que la República debe replegarse cuando el contrato ya está montado, que el debate político llega tarde, que la voluntad popular debe ceder ante el hecho consumado, y que la técnica administrativa basta para legitimar lo que la deliberación democrática nunca examinó de frente. Ese es el punto exacto donde el constitucionalismo deja de ser escudo del interés general y comienza a operar como gestor de la resignación institucional.

Y hay que decirlo sin maquillaje: cuando se normaliza que decisiones de esta magnitud puedan esquivar el control parlamentario concreto, lo que se abre no es una excepción, sino un método. Hoy es un puerto. Mañana será otra infraestructura estratégica, otro enclave, otra concesión, otra cesión prolongada de poder económico bajo el mismo cuento de la eficiencia. Así se desarma un Estado: no siempre con un martillo visible, sino con interpretaciones que van aflojando tornillos hasta que la estructura parece seguir en pie aunque ya haya perdido su alma. La demolición elegante también demuele.

Por eso el valor simbólico del razonamiento atribuido a la IA no está en que una máquina “tenga razón” por encima de los jueces. No va por ahí. Lo importante es que incluso una construcción hipotética, despojada de intereses, lealtades burocráticas y reflejos de autopreservación institucional, alcanza a ver lo que la Sala quiso no ver: que hubo una extralimitación al admitir que el Ejecutivo y el aparato técnico sustituyeran el filtro democrático en una materia donde la Constitución exigía otra densidad de control. Cuando hasta una inteligencia artificial, jugando a ser magistrado fiel al diseño constitucional originario, entiende la necesidad del control parlamentario específico, la pregunta incómoda no es qué tan audaz fue la IA. La pregunta es qué tan lejos estuvo la Sala de su propia razón de ser.

Porque en el fondo este caso nunca trató solo de un contrato. Trató del país que se quería fundar cada vez que se interpreta la Constitución. Un país donde el patrimonio estratégico sigue siendo asunto del pueblo, o un país donde las grandes decisiones se resuelven en corredores técnicos, refrendos administrativos y blindajes jurídicos diseñados para que la discusión democrática llegue tarde, cansada o amputada. Esa es la verdadera línea divisoria.

Si ese contrato hubiera pasado por la Asamblea, quizá no habríamos tenido un paraíso institucional. Pero habríamos tenido algo infinitamente más digno: una República obligada a mirarse al espejo antes de entregar las llaves del puerto. Y a veces eso basta para evitar que una cláusula de exclusividad se convierta en una cláusula de sometimiento.

Porque cuando el pueblo pierde el derecho a discutir el destino de sus muelles, no solo se concesiona un puerto: se empieza a concesionar la República.

¿Crédito o trampa disfrazada?

Martín Rodríguez Espinoza

Leí en un medio de comunicación nacional, la reciente aprobación de un crédito de hasta $500 millones por parte del CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) a Costa Rica, vendido como “una línea de respaldo ante eventos financieros o climáticos extremos”. Esto no es un simple gesto de solidaridad financiera, es otro paso en la creciente dependencia del país hacia los mecanismos del endeudamiento externo, que lejos de solucionar nuestros problemas estructurales, los perpetúan.

Pero, ¿“eventos financieros o climáticos extremos”? ¿A qué se refieren con “eventos”? ¿A quiénes van a “salvar”? Para mí es esto es muy extraño en tiempos de partidos y campañas electorales.

Además, al fin y al cabo, será el pueblo costarricense el que pague ese préstamo y toda la deuda externa del país.

No soy economista, pero investigando en internet, según datos del Banco Central de Costa Rica, la deuda externa del país supera los $26.000 millones, lo que representa más del 35% del PIB. Hasta se eriza la piel, es decir, más de un tercio de lo que producimos en un año está comprometido con acreedores externos. Esto implica pagos de intereses multimillonarios, año tras año, que se extraen del presupuesto público, ese que debería destinarse a salud, educación, infraestructura y bienestar, para con ese dinero alimentar a los bancos y fondos internacionales como el CAF.

¿Quién se beneficia con estos préstamos? No el pueblo, no las comunidades afectadas por inundaciones o sequías, lo vemos todos los años desde hace décadas. Los que se llevan la tajada más grande son los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales, que utilizan estos mecanismos para asegurar la estabilidad de sus inversiones, mantener privilegios fiscales y obtener jugosos contratos públicos financiados con deuda.

También se favorecen los gobiernos de turno, como este de Chaves y todos los anteriores, que evitan enfrentar las causas reales del desastre fiscal, con evasión, elusión, gasto en privilegios, contrabando y un sistema tributario profundamente regresivo. Si es que no se “pierde” en el camino.

Mientras tanto, nosotros, el pueblo costarricense, el que paga impuestos indirectos, el que no puede evadir ni esconder su ingreso y todo se le rebaja, termina cargando con los recortes, el congelamiento de salarios, la privatización de servicios públicos y las imposiciones del FMI y otros organismos multilaterales. Así, cada crédito aprobado bajo la promesa de prevenir “eventos” se convierte en un arma latente que puede activarse en cualquier momento, como ya ha sucedido muchas veces.

Decir que esta línea de crédito es un “paracaídas” es una metáfora peligrosa, seguimos cayendo en picada hacia un modelo económico cada vez más desigual, insostenible y sometido al capital financiero internacional, el capitalismo salvaje.

Costa Rica no necesita más deuda. Necesita justicia fiscal, soberanía económica y una política que ponga en el centro a las mayorías, no al capital, no a los estafadores, los saqueadores, o más directamente dicho, los ladrones.

“Coalición Nacional Por Nuestras Trincheras” presentará exigencias al Ejecutivo

Distintos sectores involucrados en la movilización hacia Casa Presidencial este 5 de febrero de 2025 difunden las exigencias que presentarán al Poder Ejecutivo.

En su comunicado se exponer: “Nos organizamos como una coalición de distintos sectores sociales, quienes nos haremos presentes en un plantón afuera de Casa Presidencial, durante la conferencia de presa” que es usual los miércoles de cada semana.

El siguiente documento incluye las exigencias por parte de la Coalición Nacional Por Nuestras Trincheras:

Exigencias al Ejecutivo

Ante la crisis que atraviesa el país y la falta de respuestas efectivas por parte del Ejecutivo, presentamos las siguientes exigencias organizadas por ejes temáticos y construidas entre la diversidad de colectivos, entidades y organizaciones que son parte de esta coalición. Estas demandas son puntuales, viables y fundamentales para la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo pleno de la promesa del futuro.

1. Seguridad y lucha contra el crimen organizado

  1. Exigimos una estrategia integral de seguridad que combata los vínculos del narcotráfico con estructuras del Estado y la crisis de homicidios que afecta al país. ¡No se matan entre ellos! Hay cientos de inocentes de por medio.
  2. Exigimos la inmediata reubicación y fortalecimiento de la Academia de Guardacostas para el control de rutas marítimas utilizadas por el crimen organizado.

2. Educación pública y acceso equitativo al conocimiento

  1. Exigimos la restitución de los programas de educación sexual y protocolos contra el bullying en secundaria para la población LGBTIQ+.
  2. Demandamos la garantía de una educación laica sin intervención religiosa y la no injerencia de grupos de interés ajenos a los principios democráticos en el sistema educativo.
  3. Exigimos la reversión del congelamiento del aumento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y la certeza del respectivo aumento solicitado y estudiado.
  4. Exigimos una solución urgente a las 849 órdenes sanitarias en centros educativos y la presentación de una ruta clara para el fortalecimiento del sistema educativo. ¿Dónde quedó la ruta de la educación?

3. Transparencia, institucionalidad y financiamiento electoral

  1. Exigimos una investigación inmediata sobre el financiamiento ilícito en campaña electoral utilizados por el gobierno actual.
  2. Exigimos el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia en la gestión gubernamental y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
  3. Exigimos el respeto a la institucionalidad democrática, el cese del debilitamiento de las instituciones públicas y un alto a la violenta polarización del Ejecutivo.

4. Derechos de las mujeres y poblaciones vulnerables

  1. Exigimos una política efectiva para la prevención y sanción de los feminicidios, así como la erradicación de la impunidad en delitos sexuales. ¡No más impunidad!
  2. Demandamos el acceso real a servicios de atención y acompañamiento en situaciones de violencia de género.
  3. Exigimos la restitución del decreto #38999 para erradicar discriminación en instituciones contra población sexualmente diversa.
  4. Exigimos la apertura de un debate serio y fundamentado sobre la despenalización del aborto en casos urgentes y en sus respectivas demandas.

  5. ● Exigimos la declaratoria de un estado de emergencia por la ola de femicidios.

5. Protección del ambiente y recursos naturales

  1. Exigimos una moratoria inmediata a proyectos de gentrificación y hotelería que afectan comunidades costeras y vulnerables.
  2. Demandamos la regulación estricta del uso de agroquímicos y la implementación de estrategias reales para la protección de fuentes de agua y bosques.
  3. Exigimos la revisión de las irregularidades en proyectos de explotación ambiental y la aplicación rigurosa de sanciones a quienes violen la normativa ambiental. ¿Qué pasa en Manzanillo, Limón?

6. Trabajo y justicia económica

  1. Exigimos una estrategia clara para abordar la pobreza y el desempleo, con políticas que promuevan el empleo formal y digno.
  2. Demandamos la eliminación de cualquier intento de ejecución de la jornada laboral 4×3 que precariza los derechos laborales y afecta la calidad de vida.

7. Comercio internacional y soberanía económica

  1. Exigimos la revisión inmediata del Tratado de Libre Comercio con Israel para garantizar que no comprometa la soberanía económica ni los derechos humanos.

8. Cultura y derecho a la libre expresión

  1. Exigimos el descongelamiento de los 67 300 millones retenidos en los presupuestos de educación, cultura y seguridad.
  2. Demandamos el respeto a la institucionalidad y al diálogo democrático, garantizando la libertad de prensa y expresión sin represalias.

9. Crisis de gobernabilidad y responsabilidad política

  1. Exigimos la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo ante la crisis de gobernabilidad que atraviesa el país.
  2. Demandamos explicaciones claras sobre las múltiples renuncias en el gabinete y medidas para restaurar la estabilidad institucional. ¡No más proselitismo!
  3. Exigimos la eliminación de prácticas de discriminación sistemática en todas las instancias del gobierno.

El cumplimiento de estas exigencias es fundamental para la reconstrucción del pacto social y democrático del país. Exigimos respuestas inmediatas y acciones concretas que garanticen el bienestar de toda la población. ¡Seguiremos en la lucha!

La respuesta de África a la pandemia exige reivindicar la soberanía económica y monetaria. Carta abierta*

Mientras África ha sorteado lo peor de los efectos en la salud pública de la pandemia del COVID19, el subsiguiente cierre económico ha puesto al descubierto las deficiencias y vulnerabilidades estructurales económicas de África. Como continente rico en recursos, África tiene la capacidad de proveer de una calidad de vida decente a todos sus habitantes. África es capaz de ofrecer servicios públicos universales como sanidad y educación, garantizar un empleo para la gente que quiera trabajar y asegurar un sistema complementario de garantía de rentas decente para aquellos que no puedan trabajar. Sin embargo, décadas de injerencias socioeconómicas coloniales y postcoloniales exacerbadas por la liberalización de mercados, han forzado a los países africanos a un círculo vicioso de deficiencias estructurales, entre las que se incluyen:

Carencia de soberanía alimentaria
Carencia de soberanía energética
Industrias extractivas y de bajo valor añadido

Esta trinidad perversa produce una dolorosa presión a la baja en los tipos de cambio africanos, lo cual se traduce en precios más altos para la importación de bienes básicos vitales como son alimentos, combustibles y productos médicos que salvan vidas. Para proteger a la gente de este tipo de inflación importada, los gobiernos africanos toman préstamos en moneda extranjera para así artificialmente mantener fuertes sus monedas en relación con el dólar estadounidense y al euro. Esta artificiosa solución paliativa, fuerza a las economías africanas a un frenético modo de actividad económica enfocada exclusivamente a la obtención de ingresos en dólares y euros para poder servir su deuda externa. Como resultado de ello, las economías africanas han sido atrapadas en un modelo de austeridad, a menudo reforzado vía las condicionalidades de los préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y por la presión constante por otros acreedores para proteger sus intereses políticos y económicos que cercenan todavía más la soberanía política, económica y monetaria de los países africanos.

Las condicionalidades del FMI y los acreedores internacionales se centran normalmente en cinco estrategias políticas infructuosas y problemáticas:

 Crecimiento orientado a la exportación
 Liberalización de la inversión extranjera directa (IED)
 Promoción desmesurada del turismo
 Privatización de las empresas estatales
 Liberalización de los mercados financieros

Cada una de estas estrategias es una trampa disfrazada de solución económica. El crecimiento orientado a la exportación incrementa las importaciones de energía, bienes de capital y componentes industriales de alto valor añadido, y la apropiación de tierras y recursos, que solo incrementan las exportaciones de producción de bajo valor añadido. Y por supuesto, no todos los países en vías de desarrollo pueden seguir ese modelo simultáneamente. Si algunos países quieren conseguir superávits comerciales, tienen que haber otros que tengan déficits comerciales. La estrategia de crecimiento vía inversión extranjera directa, también incrementa las importaciones de energía, y fuerza a los países africanos a seguir una carrera sin fin hacia el abismo para atraer inversores mediante la reducción de impuestos, el suministro de subsidios, y una débil protección laboral y medioambiental. También, les conducen hacia la volatilidad financiera y hacia una significativa transferencia neta de recursos hacia los países ricos, algunas de ellas tomando la forma de flujos financieros ilícitos. El turismo incrementa tanto las importaciones de energía como de alimentos, sumados al sustancial coste medioambiental de esa industria en términos de huella de carbono y uso de agua. La mayoría de las empresas de propiedad estatal han sido privatizadas desde 1990 (por ejemplo, las de telecomunicaciones, compañías eléctricas, aerolíneas, aeropuertos, etc.) Cualquier privatización adicional destruirá la pequeña red de seguridad social que aún permanece bajo control público. La liberalización de los mercados financieros requiere normalmente desregular las finanzas, reducir los impuestos sobre los beneficios, eliminar controles de capital, y artificialmente subir los tipos de interés y tipos de cambio- todos los cuales garantizan un medio atractivo para los especuladores de todo el mundo.

Esto se añadirá a una fiebre del “dinero fácil” para “comprar barato y vender caro”, para luego huir dejando detrás una economía deprimida. Finalmente, todos los acuerdos de libre comercio e inversiones apuntan a acelerar y profundizar esas cinco estrategias, lo que empuja a las economías africanas a hundirse más profundo en ese lodazal. Este fallido modelo de desarrollo económico exacerba aún más la fuga de cerebros de África, la cual, en algunos casos, toma la forma de carreteras y barcos de la muerte para los emigrantes por causas económicas, sanitarias y climáticas. Estas cinco soluciones políticas paliativas tienden a ser atractivas porque proporcionan un alivio temporal en la forma de creación de puestos de trabajo y dan la ilusión de modernización e industrialización. Sin embargo, en realidad, esos puestos de trabajo son cada vez más precarios y siempre están sometidos al riesgo de choques externos de la cadena de suministro global, de la demanda global y de los precios globales de las materias primas. Dicho de otra manera, el destino económico de África continúa dirigido desde el exterior.

La pandemia del COVID-19 ha expuesto las raíces de los problemas económicos de África. Por consiguiente, la recuperación post-pandemia no será sostenible a menos que solucione las deficiencias estructurales preexistentes. Para ese fin, dadas la inminente crisis climática y la necesidad de adaptación socio-ecológica, la política económica debe basarse en principios y propuestas alternativas.

Hacemos un llamamiento a todos los estados de África para desarrollar un plan estratégico enfocado en la reivindicación de su soberanía monetaria y económica, las cuales deben incluir la soberanía alimentaria, la soberanía energética (renovable), y una política industrial centrada en un mayor contenido de valor añadido en la producción fabril. África debe poner fin al enfoque de desarrollo económico de carrera hacia el abismo en nombre de la competición y la eficiencia. Las alianzas regionales de comercio dentro del continente deben basarse en la inversión coordinada apuntando a formar enlaces industriales horizontales en áreas estratégicas como la salud pública, el transporte, las telecomunicaciones, la investigación, el desarrollo y la educación.

También, hacemos un llamamiento a los socios comerciales de África para que reconozcan el fracaso del modelo económico extractivo y que se sumen a un nuevo modelo de cooperación que incluya transferencias de tecnología, una verdadera asociación de desarrollo e investigación, y estructuras de insolvencia soberana – incluida una cancelación de la deuda soberana- que protejan el empleo y la producción.

Los estados africanos deben desarrollar un proyecto claro e independiente a largo plazo para fortalecer su resistencia ante los choques externos. La soberanía económica y monetaria, no requieren de aislamiento, pero si requieren un compromiso con las prioridades sociales, ecológicas y económicas, lo cual significa movilizar los recursos domésticos y regionales para mejorar la calidad de la vida en el continente. Esto significa ser más selectivo en cuanto a la inversión extranjera directa, la orientación a la exportación y las industrias extractivas. Esto implica también priorizar el eco-turismo, la herencia cultural y las industrias nativas.

Movilizar los recursos de África empieza con el compromiso por políticas de pleno empleo (un programa de Trabajo Garantizado), con las infraestructuras de salud pública, con la educación pública, con una agricultura sostenible, con las energías renovables, con la administración sustentable de los recursos naturales, y con una inflexible dedicación a empoderar a las mujeres y a la juventud mediante una democracia participante, transparente y fiscalizable. Es momento en África para seguir adelante y aspirar a un futuro mejor en el cual todas sus gentes puedan progresar y realizar su completo potencial. Este futuro está al alcance, y comienza con África reclamando su soberanía económica y monetaria.

* Firman [1]:

Fadhel Kaboub, Denison University, Ohio, USA
Ndongo Samba Sylla, RLS West Africa, Dakar, Senegal
Kai Koddenbrock, Goethe University, Frankfurt, Germany
Ines Mahmoud, RLS North Africa, Tunis, Tunisia
Maha Ben Gadha, RLS North Africa, Tunis, Tunisia

Fuente: https://mes-africa.org/

Imagen ilustrativa tomada de: https://www.embajadaabierta.org/

Información compartida con SURCOS por Mauricio Gutiérrez Arguedas.