Muy pocas figuras penales tienen el privilegio de ser mencionadas en la Constitución Política, sin duda por la relevancia y gravedad que tienen para la estabilidad de la República y la convivencia democrática. Es el caso del delito de Traición contemplado en el artículo 3 (Nadie puede arrogarse la soberanía; el que lo hiciere cometerá el delito de Traición a la Patria); de igual manera se menciona el delito de Sediciónen el artículo 4 siguiente (Ninguna persona o reunión de personas puede asumir la representación del pueblo, arrogarse sus derechos, o hacer peticiones a su nombre. La infracción a este artículo será sedición). Las prohibiciones se dirigen a no usurpar la soberanía, que reside en “la nación”, ni “al pueblo” como depositario natural y último de esa soberanía. En ninguno de estos dos supuestos se contempla una sanción a aplicar, razón por la cual hay que descender a la ley ordinaria (Código Penal) para completar su perfeccionamiento como conductas previstas en tipos penales específicos.
La Sedición se relaciona con una amplia gama de conductas particulares que están debidamente tipificadas en la ley. Conviene recapitular algunas para estar alerta. Tales son, por ejemplo, los casos de la Instigación Pública, art. 280 (para el que instigare a otro a cometer un delito que afecte la tranquilidad pública sin que el hecho necesariamente se produzca); la Apología del delito, art. 283 (el que hiciere públicamente la apología de un delito o de una persona condenada por un delito); la Traición, art. 284 (para el costarricense que tomare armas contra la nación o se uniere a sus enemigos…); la Conspiración para Traición del art. 288 (el que tomare parte en una conspiración de tres o más personas para cometer Traición). Asimismo la Sedición se relaciona con el delito de Rebelión, art. 301 (para quienes se alzaren en armas para cambiar la Constitución, deponer algunos de los órganos del Estado o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formación o renovación en los términos y formas legales); además está el delito de Propaganda contra el orden constitucional, art. 303 (para el que hiciere propaganda pública para sustituir, por medios inconstitucionales, los órganos creados por la Constitución o para derogar los principios fundamentales que ella consagra.); el Motín (para quien se alzare públicamente en número de diez o más, para impedir la ejecución de leyes o de las resoluciones de los funcionarios públicos o para obligarles a tomar alguna medida u otorgar alguna concesión.). También está el delito de Conspiración, art. 307 (para el que tomare parte en una conspiración de tres o más personas para cometer el delito de rebelión); la Seducción de fuerzas de seguridad, art. 308 (para el que seduzca fuerzas de seguridad o usurpare el mando de ellas… para cometer una rebelión o motín…); y la Infracción al deber de resistencia, art. 309 (para los funcionarios públicos que no hubieren resistido una rebelión o motín por todos los medios legales a su alcance).
Todos estos delitos están sancionados con penas de prisión que pueden ir hasta los diez años de privación de libertad. Buscan tutelar bienes jurídicos fundamentales como la tranquilidad pública, la seguridad de la Nación, los poderes públicos y el orden constitucional. Se trata, por otra parte, de figuras dolosas que exigen el conocimiento y la voluntad expresa de realizar la conducta prohibida, y admiten las formas de participación básicas: la autoría-coautoría, la instigación genérica y la complicidad.
En Costa Rica hemos asistido en los últimos años, en el contexto de decisiones constitucionalmente legítimas, -tomadas o a tomar-, por la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Corte Suprema, la Sala Constitucional, el Ministerio Público, la Contraloría General y otros órganos constitucionales, a ver que los chavistas, con el Presidente a la cabeza, en medios de comunicación, redes sociales y hasta desde despachos ministeriales y curules diputadiles, han insinuado venganzas, amenazado con expatriar costarricenses e instigado a la desobediencia, la rebelión y el motín; han hecho llamados explícitos al odio y la violencia contra instituciones y funcionarios públicos; y lo peor, se han apoyado en el delirio de que ellos son los únicos que representan al pueblo y encarnan su voluntad, evidente falacia ad populum que no resiste el más mínimo análisis lógico, puesto que, por muchos que fueran (lo que está por verse), no les autoriza, porque es delito, arrogarse la exclusiva propiedad de la soberanía nacional, ni el monopolio de la representación popular. Esas aspiraciones son ebrias ambiciones de tiranuelos.
Ante semejante despropósito sólo queda un camino: las autoridades públicas, de toda calidad y rango, tienen que cumplir sus competencias y obligaciones con diligencia y voluntad férreas. Durante el régimen surgido a partir de 1948, no se habían vivido semejantes desafíos. Los ciudadanos conscientes, comunes y corrientes, tenemos que denunciar, organizar y resistir. La indiferencia o el temor sólo envalentonarán a los acosadores de todo pelaje. Esta democracia sólo sobrevivirá llamando a cuentas a quienes se han creído intocables y por encima de la ley.
Rafael A. Ugalde Q. Periodista, abogado y notario por la U.C.R.
Las apariencias engañan míster Trump. Es imposible negar o demeritar el triunfo obtenido en Costa Rica por tu secretario de Estado, Marco Rubio, en cuanto a “luz verde” para que la campaña intervencionista contra la “dictadura” de Maduro se extienda a México o la nación latino-caribeña que creas merece tu “civilizatoria” mediante tu campaña contra el “narcotráfico y el terrorismo”.
Puedes sacar pecho orgullosamente y sentir admiración por Rubio y tu embajada en San José. Lograste en una tarde desaparecer de un plumazo la lucha a muerte entre los exportadores e importadores criollos por la apuesta de quien maximiza mejor la ganancia sobre la miseria de las mayorías. Todo en unas pocas horas.
No fue una sola moción aprobada recientemente en la Asamblea Legislativa. Fueron dos, por aquello que una fallara, o no se entendiera claro y contundente cómo, cuando los emperadores romanos Caracalla o Geta ordenaban democráticamente a sus súbditos, despojados ya de su dignidad, hacer las locuras más raras.
Costa Rica, por el contrario, cuando se disponía a celebrar 204 años de vida independiente con desfiles, tambores, cantos de no ciervos menguados, entre otros, nuestra neutralidad y presencia de más ya maestros que soldados debe, simplemente, decir sí de inmediato en el congreso, la casa presidencial o el Poder Judicial.
De esta manera, sí tu secretario encargado de buscar aliados para sus invasiones militares, llenar el Caribe de cañoneras, submarinos nucleares, aviones armados hasta los dientes y cientos de “marines” para “combatir el narcotráfico y el terrorismo” póngale la firma, míster Donald, es cierto lo que te diga Rubio, pues acá no son dos ni tres tus aplaudidores.
Pero permítame decirte para que no te equivoques, cuando Rubio te diga que hay unos cuatro gatos que no comprenden la magnitud de tu cruzada: Acá, desde 1856, cuando ustedes nos mandaron un asaltante disfrazado de abogado y periodista para enseñarnos a ser bilingües, no todos son siervos menguados, ni nacen con la cerviz fracturada, ni se les sube la presión arterial en solo pensar que la nueva Roma no les dará visa.
Tu supuesta limpieza regional de los carteles de los Soles, Jalisco Nueva Generación o Sinaloa está condenada al más rotundo fracaso, cuando nuestros pueblos, por fin, se percaten que la llamada guerra contra el “narcotráfico y el terrorismo” no se sostiene en sí misma y es la carta de presentación para legitimar el robo y el saqueo de los recursos en Nuestra América.
Vimos desde la nefasta doctrina Monroe y sus variaciones, como el proyecto de la vieja Agencia para el Desarrollo (AID) y oenegés contra el comunismo y el socialismo, así como proyectos tan criminales como el Plan Colombia, que llenó de bases militares a ese país, o la Operación Condor, con el cual eliminaron a las y a los jóvenes y luchadores más nobles que entonces tenían Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, entre otros, que el fin último fue saquearnos.
Con la droga, el “Estado profundo”, aglutinado en un solo partido político estadounidense de dos cabezas de animales simbólicos, como es el burro y el elefante, hizo milagros en el pasado. Las protestas de millones de jóvenes norteamericanos en las grandes urbes, que llamaban a la paz y al amor en lugar de ir a matar vietnamitas y llenar sus poblados de Napalm, les repartían drogas masivamente para reducirlos a miseria humana y junto a sus géneros musicales, como el rock and rol, terminar por satanizarlos.
Como ayer, ahora no se conocieron los verdaderos dueños de los carteles norteamericanos encargados del negocio y la distribución masiva de marihuana, cocaína, fentanilo y pastillas alucinadoras. Y menos se conocerán los billones de dólares que ingresan diariamente a la corriente financiera procedentes de esta actividad ni los grandes bancos encargados de “blanquear” esos activos.
El canciller cubano Bruno Rodríguez, precisa las millonarias perdidas económicas a su país en los intentos de matar de hambre a un pueblo durante 65 años. (F. MINREX)
Sin embargo, si podemos asegurar, que el “negocio” de las drogas es lo bastante “sostenible” como para mantener una guerra por varios años. Gracias a los aviones cargados de cocaína procedente de Suramérica, la administración de Ronald Reagan, financió desde 1985 la llamada “contra” nicaragüense o “soldados” de la libertad, desde Honduras y Costa Rica.
Con los dólares producidos por la venta de narcóticos, a vista y paciencia de la Agencia Antidrogas Estadounidense, promovida como DEA, y las autoridades locales en esos países indicados, se compraban al Sha de Irán armas de guerra que llegaban masivamente a Centroamérica. Demostrándose, hasta la saciedad, que el tráfico de drogas en el mundo, mientras no se termine con la demanda interna en la nación primer lugar en el orbe en consumo, junto al negocio de las armas y el sicariato, es cara de una misma moneda.
Cualquier relato en torno a terminar con el tráfico y consumo de droga nacionales, sin inversión social en escuelas, salud pública de calidad, salarios dignos y vivienda decorosa, entre otros, sin exigir además a las naciones compradoras reducir su demanda interna de estupefacientes, los países víctimas de este mal serán obligados a subir la represión mediante el llamado Derecho Penal de prevención general, regalar sus soberanía con Tratados de Extradición, que vienen a ratificar la sumisión ante la potencia de moda y llenar sus territorios de cárceles de máxima seguridad.
La experiencia de usar el negocio de las drogas con fines militares y político quedó plasmada en el llamado “Irancontra” o “Irangate”, deparando tal cantidad de dinero, que alcanzó para contratar periodistas costarricenses para una emisora dedicada a promover la causa de la “libertad” en Nicaragua y acabar con la “dictadura” de Ortega.
Incluso, hubo dinero a caudales, hasta para minar los principales puertos nicaragüenses, como segundo ensayo de lo que ahora realizan a placer y perfección los estadounidenses y sionistas en Gaza, pues esperaban interrumpir la llegada de alimentos por vía marítima y matar así de hambre a los sandinistas, aunque se llevaran también en banda a sus amigos democráticos y no terroristas.
Estados Unidos fue condenado por el minado de puertos nicaragüenses el 27 de junio de 1986, cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló a favor de Nicaragua, dictaminando que estas acciones, junto con el apoyo a los «contras», constituían una violación del derecho internacional.
En contraste, Washington, desconoce esta sentencia y, recientemente, la administración Trump impuso a los nicaragüenses aranceles de 18 % a sus exportaciones. Managua reclama una indemnización por US $12 mil millones por sus fechorías cometidas en esa nación istmeña.
El primer intento de genocidio moderno, aplicando el hambre como herramienta de guerra y delito de lesa humanidad, inició desde 1960 contra Cuba, a pesar de su férrea política contra las drogas en la ínsula antillana.
Datos dados a conocer en las Naciones Unidas revelan que del 1º de marzo de 2024 hasta el 28 de febrero de 2025, el bloqueo comercial y financiero contra su población alcanza, por concepto de daños y perjuicios materiales, los 7 mil 556,1 millones de dólares.
El canciller Bruno Rodríguez Parrilla precisó que este aumento exponencial se debe fundamentalmente al incremento en las afectaciones por los ingresos dejados de percibir por exportaciones de bienes y servicios.
Para el presidente colombiano, Gustavo Petro, la cruzada contra el narcotráfico y el terrorismo enmascara otros fines concordantes con la tradicional política intervencionista de Estados Unidos en la región, así como su desprecio por el Derecho Internacional y la autodeterminación de los pueblos. “Y Colombia no prestará su territorio para que invadan ningún país hermano”.
Para Petro el narcotráfico internacional está más activo que nunca con una Junta Mundial que funciona desde una importante nación árabe, encargada de lavar billones de dólares y euros diariamente, a la cual se integraron la mafia albanesa, la estadounidense y carteles de la región.
Según el dignatario colombiano en su país no han cesado los intentos de golpe de Estado promovido por grupúsculos estadounidenses, con influencia en el congreso norteamericano, así como representante de la rancia oligarquía colombiana, aglutinada en el llamado Centro Democrático que eligió en el pasado como presidentes a Álvaro Uribe e Iván Duque.
Según Petro, durante las administraciones de Uribe y Duque el área de cultivo de hoja de coca superó las sesenta mil hectáreas, el paramilitarismo era una realidad y la violencia era incontenible, a pesar de siete bases militares estadounidense a lo largo y ancho de Colombia, fum8igaciones masivas y daños a la ecología.
Hoy solo quedan unas 34 mil hectáreas sembradas de hoja de coca, quienes antes sembraban esas plantas, ahora producen alimentos, cuentan con caminos, precios justos, y en lugar de apostar por la violencia y la muerte, nosotros defendemos la vida y la paz. Esto no les gusta, dijo recientemente durante un encuentro con el pueblo en el interior colombiano.
La cocaína se introduce dentro de las bananas que van a Europa y Estados Unidos. Los puertos del Pacífico ecuatorianos han alcanzado notoriedad por la captura de cientos de toneladas. (F. noticias DW)
Con este nuevo aire que toma el narcotráfico regional, mientras Estados Unidos tiene estacionado en el Caribe el destructor USNI News, unos 5.000 marines e infantes de marina, el grupo anfibio encabezado por el USS Iwo Jima (LHD-7), acompañado por el USS Fort Lauderdale (LPD-28) y el USS San Antonio (LPD-17), entre otros, ninguna nación queda al margen del negocio
Un reciente informe del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) y el Servicio Federal de Aduanas rusos confirmaron laincautación en el puerto de San Petersburgo de 1,5toneladas de cocaínaen un barco con bananasprocedente de Ecuador.
Según estas fuentes,el barco Cool Emerald había zarpado desde la República deEcuador, desde el pasado 29 de agosto rumbo al puerto de San Petersburgo, Al hacer las inspecciones del cargamento dentro un contenedorcargado conbananos, se descubrieron 1.500 paquetes que conteníancocaína, con un peso total de 1.750 kilogramos.
En contrate, un documento denominado “Informe europeo sobre drogas 2025” – de consulta obligatoria para aquellos diputados que aprobaron mociones contra el cartel de los “Soles” – señala que las redes de tráfico utilizan múltiples rutas para aumentar el suministro de cocaína en Europa y en ninguna parte se indica la participación de Venezuela. (https://www.instagram.com/reel/DOtt_8AgoK6/).
Por otra parte, está documentado, que el 87% de la droga sale por importantes puertos del Pacifico suramericanos, al otro lado donde mandaste tus cañoneras, míster Trump, por ejemplo, terminales portuarias en Guayaquil, Manta, Esmeralda o Puerto Bolívar, este último muy utilizado por las familias ecuatorianas, exportadoras de banano, en cuenta la del mandatario Daniel Noboa.
Perdone, presidente Trump, usted se equivoca con algunos ticos; tal vez somos poquitos, cierto, como posiblemente te contó entusiasmado tu secretario Rubio, ¡pero no todos somos tarados ni cipayos!
Los tiempos de las verdaderas revoluciones han quedado atrás. Hoy, cualquier levantamiento que pretenda vestirse con el nombre de “revolución” no es más que una fachada, un montaje cuidadosamente diseñado para engañar a los pueblos. Bajo el disfraz de un cambio de régimen o de una supuesta “liberación”, lo que se esconde es la mano invisible de las élites globales que, enemigas de las tradiciones y de la soberanía de las naciones, manipulan las aspiraciones colectivas para dirigirlas hacia su propio beneficio.
Estas revueltas no nacen del clamor popular ni de la conciencia de las masas: son operaciones calculadas, instrumentos de ingeniería política y social para desarticular Estados, fragmentar culturas y someter economías enteras a los designios del capital transnacional. Las llamadas “primaveras árabes” y las “revoluciones de colores” son ejemplos paradigmáticos: nunca fueron movimientos espontáneos ni genuinamente emancipadores, sino mecanismos de injerencia, financiados y conducidos desde fuera, que dejaron tras de sí caos, ruina y pueblos aún más sometidos que antes.
Lejos de inaugurar un nuevo amanecer, estas falsas revoluciones son la noche más oscura de la política contemporánea: una estrategia de desarraigo, desintegración y nihilismo colectivo, que usa las palabras del pueblo para destruir al propio pueblo.
Una prueba clara de esta realidad se encuentra en el lenguaje estratégico de líderes como Xi Jinping y Vladimir Putin. En sus discursos, ambos evitan deliberadamente el término “transformar” o “revolucionar” y optan por “reformar”. Esta elección no es casual. “Transformar”, derivado del latín transformare (cambiar de forma), implica una ruptura radical, un cambio estructural que destruye lo existente (aunque sea bueno) para construir algo completamente nuevo. Es un término asociado históricamente con revoluciones que buscan derrocar sistemas enteros, a menudo acompañadas de caos y desestabilización.
En contraste, “reformar”, del latín reformare (dar nueva forma), no significa destruir, sino reconfigurar para fortalecer. Es un enfoque pragmático, sin mucho dogmatismo, pensado para dar estabilidad en un mundo que vive en tensión constante.La historia nos muestra que incluso en Costa Rica, José Figueres Ferrer y Manuel Mora Valverde, después de las turbulencias de los años cuarenta en el país, entendieron que el verdadero camino revolucionario o auténtica vía costarricense era la reforma: modificar lo necesario sin dinamitar los cimientos, construir futuro sobre bases sólidas.La historia les dio la razón entonces; la geopolítica se las da ahora.
En un escenario global donde potencias como China y Rusia hablan de reformar el orden internacional para adaptarlo a nuevas realidades, queda claro que la verdadera fuerza creadora del siglo XXI no está en las utopías de ruptura modernas, sino en la capacidad de reformar con firmeza y visión estratégica.
Xi y Putin abogan por reformar las instituciones internacionales, reformar sus países y promover la estabilidad en un mundo convulso. Este lenguaje refleja una visión de cambio ordenado, que preserva la soberanía y el equilibrio global, en lugar de sucumbir a la narrativa de revoluciones que, bajo la promesa de “despertar”, a menudo sirven a agendas extranjeras o corporativas que se disfrazan con la máscara de la defensa de los derechos humanos y la democracia, cuando lo menos que les interesa es eso.
La preferencia por “reformar” sobre “transformar” no es solo semántica; es una declaración de intenciones: el cambio debe ser estratégico, no disruptivo, y debe priorizar la estabilidad sobre el caos promovido por falsas revoluciones en tiempos de caos.La verdadera batalla no está en revoluciones de papel, sino en la capacidad de reformar con firmeza lo que no sirve y defender con coraje lo que debe permanecer.
El mensaje es claro: la era de las revoluciones terminó. Lo que hoy está en juego es la capacidad de reformar con inteligencia y firmeza para adaptarnos y sobrevivir en un nuevo orden global marcado por tensiones y violencia. En este escenario, lo utópico dejó de ser el horizonte, y es el peso de la realidad el que obliga al sentido común a reaccionar y a asumir decisiones concretas.El verdadero acto revolucionario es reformar con valentía lo que no funciona, y defender con firmeza lo que sí garantiza libertad, justicia y estabilidad.
En el calendario nacional de celebraciones, conmemoraciones y efemérides patrias tenemos varias categorías, no todas de días feriados ni todas se celebran con igual pompa. Algunas de estas fechas pasan prácticamente inadvertidas.
Tenemos Símbolos Patrios Mayores y Símbolos Patrios Menores, hay Celebraciones Nacionales Mayores y Celebraciones Nacionales Menores, hay Efemérides y Celebraciones igualmente Mayores y Menores, Celebraciones Nacionales y Regionales, y se podría ampliar el catálogo de todos los sucesos y eventos históricos, que de una u otra manera se celebran o festejan en Costa Rica, de carácter feriado o no, de pago obligatorio o no.
Los Símbolos Patrios Mayores son La Bandera Nacional, El Escudo Nacional, El Pabellón Nacional y el Himno Nacional, con su Música y Letra.
Los Símbolos Patrios Mayores se reconocen como símbolos estatales y representan a la vez la unidad e integración de la nación y comunidad nacional, del Estado y el territorio costarricense. Son una expresión de los más altos valores e ideales. Son Símbolos Políticos, que tienen un ceremonial y protocolo propios, de uso y de respeto.
El Pabellón Nacional es quizá el más simbólico de ellos porque, integra la Bandera y el Escudo, de uso exclusivo de los presidentes de los Supremos Poderes de la República, o cuando hay actos en que ellos están presentes que se debe izar o tener expuesto. Los Embajadores costarricenses en su sede diplomática lo exhiben.
Son emblemas, imágenes que nos representan como pueblo, como nación, como país o Estado político. Se asocian a las raíces y evolución de nuestra Historia, a las gestas que contribuyeron a forjar nuestra cultura costarricense, como Estado y Nación independiente y soberano, que nos identifican en el mundo.
Los Símbolos Mayores, la Música y la Letra del Himno Nacional se oficializaron con esta categoría en 1979.
En general, con relación a los Símbolos Patrios, Mayores o Menores, no hay día específico de su celebración, ni siquiera la fecha en que así se decretaron o establecieron. Sin embargo, en algunos países, sí se establece el día de su celebración como, en el Día de la Bandera, así, por ejemplo, en México se celebra el 24 de febrero, en Venezuela el 3 de agosto, en Honduras el 1 de septiembre y en Nicaragua el 4 de noviembre. En Costa Rica, en este sentido tenemos el Himno a la Bandera.
Las Efemérides y celebraciones nacionales solo tienen carácter de días feriados cuando por Ley así se establece. Las que se consideran de celebración nacional son a las que se les una mayor significación porque tienden a promover la unidad de todos los ciudadanos.
Se consideran días feriados aquellos que de acuerdo con la ley deben concederse a toda persona trabajadora para que participe de las celebraciones especiales, ya sean cívicas, religiosas, sociales o históricas.
Las Fechas Patrias por su parte, en general, son las que refieren a la fundación o Independencia de los países o Estados.
Entre los proyectos para crear más Símbolos Nacionales, de carácter mayor, se ha propuesto el del Acta de la Independencia, y el de la Campana de la Libertad. Ambos no tienen sentido.
El Acta de Independencia, la de Guatemala, del 15 de setiembre de 1821, fue el detonante de las actas que se aprobaron en los días siguientes en las provincias centroamericanas, que formaban parte de la Capitanía General, y el Acta de Independencia de Costa Rica, del 29 de octubre de 1821, por sí solas son Símbolos Nacionales. No procede darles esa categoría o estatus.
En el caso de la Campana de la Libertad se arguye que la Campana que había en Cartago, en 1818, repicó la noticia de la Independencia en 1821. Era usual en aquellos tiempos que se tocaran campanas para llamar la atención de las gentes en torno a alguna noticia que se les quisiera comunicar y convocar. Así se procedía por las autoridades políticas y también eclesiásticas. Al toque de campanas la gente se reunía, en la Iglesia o el Ayuntamiento, o Alcaldía, y se procedía a comunicarles o leerles el Bando del caso o la noticia que se quisiera hacer pública.
En el caso del proyecto para declarar el Acta de Independencia como Símbolo Nacional no se dice expresamente a cuál acta se refiere, si a la de Guatemala o a la de Cartago.
Paradójicamente, hay un Símbolo Nacional, de una Bandera, así establecido, que no tiene ningún tipo de celebración, ni de recuerdo en la memoria histórica nacional. Se trata de la Bandera Azul, Blanco, Azul, que fue la del Partido político “Unión Nacional”, que agrupó a la oposición política, en los sucesos de 1947 y 1948, cuya anulación de elecciones presidenciales provocó la guerra civil de 1948, cuyo resultado final impuso a la Junta Fundadora de la Segunda República, desde el 8 de mayo de 1948 hasta el 7 de noviembre de 1949, cuando la Junta le entregó la Presidencia que le habían anulado a Otilio Ulate Blanco.
Así, el 20 de agosto de 1948 la Junta Fundadora de la Segunda República, mediante el Decreto No. 168, firmado por José Figueres, Fernando Valverde Vega, Uladislao Gámez Solano, Bruce Masís Diviasi, Benjamín Núñez Vargas, Gonzalo Facio Segreda, Francisco José Orlich Bolmarcich, Raúl Blanco Cervantes y Edgar Cardona Quirós, acordó Declarar como “Símbolo Nacional el Pabellón azul y blanco usado por los partidos políticos de la Oposición en la última campaña electoral y por el Ejército de Liberación Nacional, pudiendo por lo tanto ser usado en las escuelas, por el Ejército Nacional, en actos de carácter cívico oficial y en otros actos oficiales semejantes, previa autorización del Ministerio de Gobernación. Queda en consecuencia prohibido el uso de la siguiente combinación de colores para efectos políticos o comerciales: tres franjas horizontales o verticales del mismo ancho dispuestas así: azul, blanco y azul.”
Las razones que justificaron este Decreto y este establecimiento, de este Símbolo Nacional, fue el reconocimiento de la Bandera, en sus colores, que usaron “los partidos que constituyeron la Oposición Nacional, que enarbolaron su lucha cívica contra los regímenes nefastos de Calderón y Picado, con el Pabellón azul y blanco, el cual compendió en sí todas las aspiraciones e ideales que sustentaron aquellos partidos, erigiéndolo, al lado del Pabellón Nacional, en un símbolo de libertad y de acatamiento a la voluntad popular. Por cuanto más tarde, el Ejército de Liberación Nacional, en su heroica lucha libertadora, enarboló también esa bandera, conduciéndola a la victoria y por tanto a la derrota de la tiranía y la opresión; y por cuanto esa bandera, ya histórica, ha pasado a ser parte integrante de la tradición patria”.
El Partido que usó esa Bandera, azul, blanco, azul, fue el Unión Nacional en las elecciones nacionales de 1947-1948, en la de la Asamblea Constituyente de 1948, y en la de Diputados en 1949.
Teniendo validez ese Decreto de la Junta de Gobierno, en el proceso electoral actual, el Tribunal Supremo de Elecciones debe estar atento a que ningún partido político, nacional o provincial, pueda usar esos colores o esa bandera, como símbolo electoral, porque los Símbolos Nacionales no pueden usarse como emblemas comerciales de ningún tipo, y tampoco los Símbolos Nacionales pueden usarse para fines electorales o electoreros, mucho menos como símbolos electorales de cualquier partido político.
Al contrario, la Asamblea Legislativa debería proceder a anular o derogar el símbolo nacional del decreto No. 168, del 20 de agosto de 1948, así establecido por la Junta Fundadora de la Segunda República.
Los Símbolos Nacionales, las distintas Banderas y Escudos, los Escudos de Armas y el Pabellón Nacional, las Letras y Música del Himno Nacional, que se acordaron y elaboraron durante el transcurso de los siglos XIX y XX, plasman la idiosincrasia de momentos históricos de la formación de la nación costarricense; identifican los valores más destacados de la sociedad costarricense y los hacen verdaderos y tangibles elementos sagrados.
La Bandera es el símbolo más distinguido y preciado de la dignidad y soberanía nacional, y expresa la esencia de la unidad del pueblo, del patriotismo y de la soberanía, lo que hace que en sí misma tenga dos elementos fundamentales: poder y fuerza. Ante la bandera y la Constitución Política se juramentan las autoridades públicas, funcionarios de gobierno y ciudadanos que deben rendir el Juramento Constitucional, así como el saludo que se lleva a cabo en ceremonias o actos cívicos.
La Bandera es el símbolo de la Soberanía Nacional, de la Independencia Nacional, y que expresa la pertenencia a la Nación.
Se considera también a la Bandera símbolo de honor y de valor, de victoria y de representación de la Patria y la nacionalidad, lo cual se manifiesta en el alto sentimiento de llegar a “morir por la bandera”.
La fundación de la República de Costa Rica no fue un acto simbólico. Fue un acto de afirmación nacional, de visión política y de madurez institucional, de reconocimiento como nación, libre, soberana y responsable de su destino.
(Discurso pronunciado por la estudiante Adriana Shaleth Sánchez Moya, del Liceo Dr. José María Castro Madriz, en el acto cívico oficial, organizado por la Dirección Regional de Educación de San José Central, en el marco de los actos conmemorativos del 177 aniversario de la Fundación de la República de Costa Rica, celebrado el domingo 31 de agosto del 2025, frente al busto del Dr. José María Castro Madriz, ilustre fundador de nuestra República, ubicado en la Avenida Central, calle 4, ciudad de San José.)
Es un honor dirigirme a esta distinguida audiencia, conformada por representantes del Estado costarricense, por miembros de nuestra comunidad educativa y por ciudadanos que, con su presencia, reafirman el valor de la memoria histórica y el compromiso con nuestra nación.
Hoy conmemoramos un hecho trascendental en la historia de Costa Rica: el 177 aniversario de la Fundación de la República. Un 31 de agosto de 1848, el entonces Jefe de Estado, José María Castro Madriz, emitió el Decreto 134, mediante el cual se oficializó el cambio de nombre de “Estado de Costa Rica” a “República de Costa Rica”, marcando así un momento decisivo en nuestro camino hacia la plena soberanía y consolidación institucional.
Este acto no fue meramente simbólico ni un simple ajuste jurídico. Representó la culminación de un proceso que había iniciado décadas atrás cuando Costa Rica, como parte de las Provincias Unidas del Centro de América, comenzó su tránsito como Estado libre tras la Independencia de España en 1821. La disolución progresiva de la Federación Centroamericana entre 1838 y 1841 permitió que Costa Rica asumiera de facto su autonomía, pero fue en 1848 cuando esta independencia se consolidó jurídica y políticamente con la proclamación de la República.
La decisión de constituirse como República fue un acto de afirmación nacional, de visión política y de madurez institucional. Fue entonces que Costa Rica se reconoció como nación, libre, soberana y responsable de su destino.
Este hito fue liderado por uno de los estadistas más notables de nuestra historia, José María Castro Madriz. Su figura merece un reconocimiento especial no solo por haber fundado la República, sino por su incansable labor a favor de la educación, la libertad de prensa y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Bajo su liderazgo se sentaron las bases del sistema educativo costarricense moderno, se promovió la participación ciudadana y se consolidaron las instituciones democráticas que hoy nos definen.
Castro Madriz comprendió que la educación era la herramienta más poderosa para construir un República sólida. Por eso impulsó la creación de escuelas, el acceso a la educación para todos y la formación de ciudadanos críticos, informado y comprometidos.
Su legado sigue vivo hoy en cada aula, en cada maestro, en cada joven que estudia con la esperanza de forjar un mejor país.
La proclamación de la República no fue el final de una lucha, sino el inicio de un proyecto nacional que continúa hasta nuestros días. Ser una República implica mucho más que una forma de gobierno. Significa asumir un compromiso permanente con los valores de la libertad, la justicia, la equidad y la participación ciudadana.
Y es precisamente aquí, donde radica el verdadero valor de esta conmemoración. No celebramos solo un hecho del pasado. Celebramos una decisión valiente que nos permitió construir una identidad propia, una institucionalidad sólida y una democracia que, aunque perfectible, es ejemplo en la región.
La defensa de esa República, fundada hade 177 años nos convoca hoy. Nos recuerda que la democracia no se sostiene sola; necesita ciudadanos comprometidos, instituciones firmes y servidores públicos éticos. Nos exige recordar que las conquistas de la historia deben ser protegidas con educación, participación y respeto mutuo.
Por eso, en este día especial, renovemos nuestro compromiso con Costa Rica. Sigamos honrando la visión de aquellos líderes que nos dieron patria, y trabajemos cada día por una nación más libre, más justa y solidaria.
Que el aniversario de la República no sea solo una efeméride, sino una oportunidad para reafirmar los valores que nos definen como costarricenses.
Y en ese mismo espíritu de compromiso nacional, reconozcamos también que la República se construye desde la diversidad que nos conforma. Por ello, al conmemorar el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, establecido por la Ley No. 8938, y reforzado por la Ley No. 9526, destacamos el valor de todas las culturas que han contribuido a la historia costarricense.
Esta efeméride, también celebrada cada 31 de agosto, honra los aportes históricos, sociales y culturales de las personas afrodescendientes en nuestro país, y nos recuerda que la República que conmemoramos hoy debe ser inclusiva, respetuosa y consciente de su riqueza multicultural.
Que el aniversario de la fundación de la República nos inspire a seguir construyendo una Costa Rica donde todas las voces sean escuchadas y todos los ciudadanos tengan un lugar digno en la historia que compartimos.
(Discurso de Guiselle Alpízar Elizondo, viceministra Académica del Ministerio de Educación Pública, en el acto cívico oficial, organizado por la Dirección Regional de Educación de San José Central, en el marco de los actos conmemorativos del 177 aniversario de la Fundación de la República de Costa Rica, celebrado el domingo 31 de agosto del 2025, frente al busto del Dr. José María Castro Madriz, ilustre fundador de nuestra República, ubicado en la Avenida Central, calle 4, ciudad de San José.)
Me dirijo a ustedes en ocasión de saludarles y dar inicio al Mes de la Patria.
Hoy conmemoramos dos hitos que marcan un antes , un presente y un después para todas las personas habitantes de Costa Rica.
En primer lugar, el día de la Fundación de la República de Costa Rica. La Fundación ocurrió hace 177 años, en 1948. En ese día, bajo el liderazgo del Dr. José María Castro Madriz, nuestro país dejo de ser un Estado para convertirse en una República soberana, libre e independiente. Este cambio marcó el inicio de una nueva etapa para Costa Rica, una etapa en la que comenzamos a construir el país democrático que conocemos hoy.
En segundo lugar el día de la persona negra y la cultura afro costarricense. Es una fecha de gran importancia porque reconoce y valora el aporte fundamental de la población afrodescendiente a la identidad, la cultura, la historia y el desarrollo de nuestro país. Esta celebración promueve la visibilización de sus tradiciones, luchas, derechos y contribuciones en igualdad con otros grupos étnicos.
La declaración de la República no fue solo un cambio de nombre, sino un compromiso con la libertad, la justicia y el progreso.
Este acto significó que Costa Rica dejó de ser un Estado para convertirse en una Nación soberana, libre e independiente.
Marca la culminación de un proceso iniciado en 1821, cuando Costa Rica logró la independencia de España, representando la consolidación definitiva de la soberanía nacional.
Con la declaración de la República, se fortalecieron valores como la educación, la libertad de prensa, y el respeto al Estado de derecho, pilares esenciales para el desarrollo democrático y social del país.
Simboliza el compromiso con un gobierno representativo y con el bienestar de todos los ciudadanos, incluyendo avances sociales como el impulso a la educación para las mujeres. La fundación también implica la creación de símbolos nacionales, como la bandera y el escudo, que fortalecen la identidad y el orgullo nacional.
Además, este evento es un recordatorio para las nuevas generaciones de la importancia de defender la democracia, la soberanía y los derechos adquiridos frente a cualquier amenaza o desafío.
Esta fecha nos recuerda la importancia de valorar y cuidar nuestra democracia, trabajar unidos desde nuestros centros educativos por garantizar una educación de calidad para todos los habitantes de Costa Rica, a fin de dar continuidad en la construcción de un país donde todos tengamos oportunidad y respeto. Así, como nuestros antepasados lucharon por la independencia y la Fundación de la República, ahora nosotros somos los encargados de mantener vivo ese legado.
Bajo este Cielo que hoy nos cobija, los invito a que, como ciudadanos libres, demos con alegría la bienvenida a estas festividades patrias, y nos preparemos con entusiasmo a celebrar en próximos días, un año más de vida independiente.
Me despido de ustedes, no sin antes, instarlos a que, desde nuestros espacios, (centros educativos, barrios, nuestra comunidad en general), levantemos nuestra voz y le digamos al mundo, que, en esta tierra, estamos más que orgullosos de nuestra herencia histórica y el legado de libertad que nos fue dado. Así mismo, que estamos dispuestos a defender estos ideales, ante cualquier amenaza que quiera opacar tan sagrados regalos.
¡Viva Costa Rica!! ¡Viva la Fundación de nuestra República!!
Le invitamos a leer la intervención en este mismo acto del historiador Vladimir de la Cruz.
A 110 años de la infame invasión estadounidense en Haití, el profesor y activista político Jean Edmond Paul nos convoca a la memoria y a la dignidad. Su reflexión no es solo un recuento histórico, sino un grito por justicia que atraviesa generaciones de resistencia haitiana.
La ocupación militar iniciada en 1915, bajo el pretexto de “restablecer el orden”, fue en realidad un acto brutal de saqueo, violaciones y represión, que prolongó por casi dos décadas la humillación de la primera república negra libre del mundo. Como bien señala Paul, las primeras víctimas fueron las mujeres haitianas, y las cicatrices que dejaron los marines de Woodrow Wilson siguen abiertas, tanto en los cuerpos como en la memoria colectiva del pueblo haitiano.
Pero esta historia no comienza ahí. Paul nos recuerda que Haití nació de una revolución profundamente humana, la unión espiritual y política de los esclavizados en Bois Caimán en 1791, la Batalla de Vertières, (que finalizó el 18 de noviembre de 1803. Fue el último enfrentamiento entre los revolucionarios haitianos, liderados por Jean-Jacques Dessalines y Alexandre Pétion, y las fuerzas francesas de Napoleón, lideradas por el general Rochambeau), y la proclamación de la independencia en 1804.
Haití fue la primera nación del mundo en abolir la esclavitud como acto fundacional, y por eso, ha sido castigada por los imperios esclavistas de ayer y de hoy.
Francia, en 1825, le impuso una deuda odiosa que robó su futuro; Estados Unidos, en 1915, le impuso una ocupación que suplantó su soberanía; y hoy, en el siglo XXI, nuevas formas de intervención, a través de la ONU, la OEA y la CARICOM, continúan despojando al pueblo haitiano de su derecho a decidir su propio destino.
Jean Edmond Paul lanza un llamado poderoso, SOVE AYITI (Salvar Haití) no es solo una consigna nacional, es un imperativo moral para la humanidad. No hay democracia real mientras los pueblos como Haití sigan sometidos a la pobreza, la inestabilidad y la violencia impuesta por intereses extranjeros. Frente a los imperios criminales y los gobiernos apátridas, el pueblo haitiano sigue de pie, como lo hizo junto a Dessalines, luchando por una libertad auténtica, por una patria soberana y por un futuro digno para sus hijas e hijos.
Y por eso, nos alegra anunciar que Jean Edmond Paul estará como invitado en el programa “En Voz Propia” por nuestro canal de YouTube, en una fecha y hora que estaremos anunciando próximamente. Será una conversación imperdible, para profundizar en esta historia de lucha, dignidad y resistencia del pueblo haitiano. Cordialmente invitados.
En una segunda parte, conversaremos de cómo nace la invasión de 1915 y como los bancos exigían invadir Haití y por qué.
En un mundo interconectado, las relaciones internacionales no son solo un juego abstracto entre Estados, sino una red de relaciones concretas que penetran los tejidos más íntimos de la vida política y social de los países. Lejos de actuar como garantes del respeto mutuo o de los valores democráticos que dicen defender, muchos actores siguen empleando mecanismos de dominación neocolonial para disciplinar a los gobiernos y actores políticos que no se alinean con sus intereses estratégicos. Uno de estos mecanismos, cada vez más evidente, es el uso del retiro de visas como arma geopolítica.
Estados Unidos ha perfeccionado un repertorio de instrumentos que van desde la ayuda financiera condicionada hasta las sanciones individuales, pasando por mecanismos diplomáticos como el retiro o la negación de visas a funcionarios públicos de otros países. Esto último, que en apariencia es una prerrogativa soberana, adquiere otra dimensión cuando se convierte en un mecanismo sistemático para castigar disidencias políticas.
En varios países de América Latina —Costa Rica entre ellos— funcionarios públicos y diputados han visto revocadas sus visas por parte de Estados Unidos bajo pretextos ambiguos como “corrupción”, “acercamientos con el Partido Comunista Chino” o “conductas antidemocráticas”. Estas acusaciones, notoriamente vagas y sin debido proceso, tienden a coincidir sospechosamente con momentos en que dichos funcionarios comienzan a criticar al gobierno de Rodrigo Chaves, denuncian su falta de transparencia o alertan sobre el deterioro institucional y el irrespeto a la democracia.
En otros casos, basta con que promuevan una postura de neutralidad tecnológica o reconozcan las oportunidades reales que países como China pueden ofrecer al desarrollo nacional. Esa sola apertura basta para que Estados Unidos, en un gesto abiertamente coercitivo, les retire la visa, dejando en evidencia cómo se instrumentaliza la política migratoria para imponer lealtades geopolíticas y castigar cualquier desviación del alineamiento hegemónico.¿Puede haber una práctica más antidemocrática que esta? ¿Qué dirían los medios, las ONG internacionales y los gobiernos occidentales si estas mismas medidas fueran tomadas por China o Rusia? ¿Cuántas portadas y condenas acumularían entonces?
Este tipo de intervenciones encubiertas no responde a la defensa de principios universales como dicen, sino a la lógica imperial de amigos y enemigos en una época de competencia comercial y tecnológica. Si el gobierno en cuestión es aliado de Washington, entonces toda disidencia interna se convierte en sospechosa; si el gobierno es hostil o independiente, cualquier alianza con otros polos geopolíticos es inmediatamente criminalizada y sancionada moralmente.
La narrativa se sostiene en la vieja estructura binaria del excepcionalismo moral: EE.UU. como juez supremo de lo que está bien y mal, del quién es “democrático” y quién no. Esto reproduce un pensamiento profundamente supremacista, donde las decisiones soberanas de terceros países se subordinan a los intereses estratégicos de una potencia que sigue creyendo que su rol es “guiar al mundo libre”.
El retiro de visas no busca solo sancionar conductas: busca exigir lealtades. Es un mensaje claro a los actores políticos: “Si quieres mantener tu acceso, tus vínculos, tu legitimidad internacional, adopta la línea de nuestros intereses”. Esto revela una forma de colonialismo diplomático: quien no se subordina, es castigado; quien se opone, es marcado; quien mantiene autonomía, es excluido del círculo “respetable” de las naciones.
Así, el retiro de visas se convierte en mecanismos de coacción, diseñados para alinear la política interna de los países con las coordenadas geopolíticas de Washington. No se trata de combatir el autoritarismo o defender la democracia, sino de sostener regímenes afines, incluso si ellos mismos violan derechos, persiguen opositores o concentran el poder. Lo que importa no es la ética política, sino la obediencia política.
Este tipo de prácticas se parecen demasiado a aquello que el propio discurso hegemónico dice combatir: son rasgos típicos de regímenes totalitarios. Señalar, castigar, censurar y excluir a quienes piensan distinto, sin debido proceso ni transparencia, bajo criterios ideológicos y de conveniencia, es exactamente la lógica del totalitarismo que históricamente ha oprimido pueblos y silenciado disidencias.
La paradoja es escandalosa: se sanciona a otros en nombre de la democracia, mientras se emplean métodos que niegan sus fundamentos más elementales. Lo que se impone no es un modelo de justicia, sino un régimen de castigo selectivo, al servicio de una lógica geoestratégica que responde más al siglo XIX que al XXI. Es momento de nombrar las cosas por su nombre. Este tipo de prácticas no son “medidas diplomáticas” ni instrumentos legítimos de política exterior: son actos de intimidación que perpetúan una arquitectura mundial de asimetría, dependencia y miedo político.
Esta crítica no debe confundirse con antiamericanismo. Se trata de una defensa de la soberanía, de la pluralidad política, y sobre todo, de la coherencia democrática. Porque cuando una potencia actúa castigando disidencias, alineando actores internos a conveniencia, y utilizando su poder para callar al otro, no está defendiendo la libertad. Está replicando el manual de los regímenes que dice condenar.
Comienzo aclarando que tuve dos opciones frente a la lectura de la moción apoyada por la mayoría de los diputados del Frente Amplio (FA) en la Asamblea Legislativa, contra el pueblo cubano, pues para nadie es un secreto la está pasando mal por un feroz bloqueo financiero y comercial, recrudecido por la nazifascista administración Trump. Guardaba silencio cómplice y cobarde, me dije, esta madrugada, como lo están haciendo hasta ahora partidos políticos, centrales sindicales, movimientos populares, intelectuales y profesionales, en otra hora incondicionales defensores de los pueblos y sus causas justas, inspirados por el ejemplo de grandes hombres y mujeres como Juan Rafael Mora, el General Cañas, Joaquín García Monge, nuestra Carmen Lyra, Joaquín Gutiérrez, Manuel y Eduardo Mora, José Merino y un gran etcétera, o levanto la voz, aunque hoy sea la única, contra los cómplices y cobardes, que con su significativo silencio atacan a Cuba y los pueblos del mundo, junto a quienes luchan por su libertad e independencia.
Comprendo plenamente que esta Asamblea Legislativa es el punto de coincidencia de sionistas, defensores de los mata niños en Gaza, de grandes exponentes del chauvinismo, al mejor estilo nazi, así como del moderno fascismo repartido estratégicamente a lo largo de Nuestra América.
Si, fascismo puro y simple con F y A mayúsculas. Sin embargo, no obsta lo anterior, para descubrir cómo se asumen posiciones oportunistas contra la Cuba de Martí y Fidel, al mejor estilo de cantina barata y burdel propios, representados por nuestra politiquería, con miras a las elecciones de 2026. El imperialismo yanki – no vengan a decirme quienes guardan silencio cómplice que eso ya cambió – cobra a la Revolución y a su pueblo su rebeldía, no ponerse de rodillas ni implorar clemencia. Ese pueblo no conoce ese idioma. Lo conozco y se los garantizo. Por eso, acude al trillado negocio de los Derechos Humanos, los presos políticos, el terrorismo, la democracia, bla bla que, la izquierda caviar, «progre» etc., tiene años de memorizar el mantra.
Si, son los derechos humanos revestidos de cinismo puro, que les permite cazar negros, blancos, chinos, mujeres, niños, etc., como en la época de la esclavitud, encadenar sus manos y pies de estos seres humanos y luego registrarlos como criminales, cuando sus supuestos criminales lo único que hicieron fue llegar a Estados Unidos por un «sueño americano» que, sin duda alguna, la gente del FA, al apoyar la moción contra la Revolución, lo invita a usted a que se coma el cuento del «sueño americano» y ayude a poner grilletes a la gente más humilde. No es, por tanto, humillante ni violatorio a los Derechos Humanos.
La aberrante moción diputadil, entre otras cosas, habla de presos políticos en Cuba, pero por un asunto de decencia y ética mínima, ya sabemos que en algunos casos es difícil pedir sapiencia, debieron de exigir al menos a quien o quienes enviaron redactada la iniciativa legislativa para su firma, un par de nombres de esos pobres presos políticos, a fin de evitar una «pelada» y ridículo mayor. No llevan razón política ni jurídicamente hablando, cuando plantean el tema electoral para Cuba dentro del llamado marco de «elecciones democráticas» y carencia de partidos, al mejor estilo de la democracia que hizo diputados a gente del FA. ¡Dios o el diablo saben por qué eligieron tan poquitos legisladores y por qué no da alas a animal ponzoñoso! Acaso esta gente desconoce que en Cuba hay elecciones periódicas y que los candidatos a los distintos puestos son escogidos en representación de los distintos sectores sociales, pueden ser revocados de sus puestos si salen inútiles, corruptos o con algún grado de invencibilidad política. Esta democracia es popular y directa por la participación y empoderamiento que adquieren todo tipo de trabajadores y trabajadoras. Esta democracia -como hay muchos otros tipos en el mundo- no tiene que ser exclusiva ni tampoco única del sistema cubano o suizo, entre otros, excepto que se renuncie al derecho de organización política que cada país tiene y escojamos el injerencismo en los asuntos internos de otras naciones como forma vulgar, chambona, descarada y sin reservas de hacer politiquería de borracho.
Este sistema de escogencia, al menos para Cuba, no permite que los candidatos a puestos populares tengan que correr hacia banqueros de cuestionadísima reputación, como en el pasado, para dejar empeñada su conciencia y dignidad por unos dólares más cuando alcance, por ejemplo, una diputación. Antes de 1960 eso sí ocurría: dueños de puteros, banqueros cuestionados por lavar dinero de la mafia, del contrabando o la drogas (muchos entraban al parlamento cubano como Pedro por su casa), pues no necesitaban presentarse como candidatos a la presidencia de la República, a diputado o a un puesto en el municipio, porque ya tenían comprada su peonada vía financiamiento a sus partidos políticos y a quienes resultaban electos. Iban por el paquete completo y si usted quería estatus y riqueza era cuestión de fundar una de estas organizaciones electorales para traficar influencia, lavar dinero. esconder activos etc.
Por eso, no puedo guardar silencio frente a la injusticia, máxime cuando recuerdo que miles de cubanos y cubanas han quedado ciegos porque hay una prohibición de vender unas gotas para bajar la presión ocular a quienes padecen de glaucoma. Otros han sido amputados de sus piernas por falta de medicamentos contra la diabetes. Que son miles los niños que salen de su escuela con hambre y no saben si encontrarán su almuerzo caliente porque a Cuba se le prohíbe vender piezas de repuestos para sus centrales de electricidad. Aun así, la tienen como violadora de derechos humanos y en una lista de países promotores de terrorismo, porque al imperio supremo, al que parece desde hace rato se alineó la gente del FA, ordena enlistarla, aunque nunca ha puesto una bomba en un avión cargado de deportistas en Barbados, ni lanzado virus contra plantaciones agrícolas en ningún país del mundo, ni ha invadido este o aquel país, para cambiar de gobierno, llámese Guatemala, El Salvador, Granada, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Haití, ni ha robado a nadie territorio alguno.
No obstante, la ofensiva yanki, tendiente a estrangular a Cuba, no solo se seguirá reflejando en nuestra Asamblea Legislativa, sino se verá en universidades y foros, en la medida que lo permitamos, obligándonos a guardar silencio cómplice. Pero esta ofensiva nazi fascista-sionista, también nos enseña que quienes plantean unidad, refundación, alianzas etc., con grupos veletas sin que, abordemos a fondo y discutamos sin tapujos, cuestiones de urgente actualidad, si realmente vale la pena y acaso es posible un proyecto país de democracia popular, antimperialista, de justicia social y soberano, sin que el asunto no esté resuelto por el fondo y transparente totalmente.
O por el contrario, en aras de esa unidad pegada con saliva, o como quieran llamarla, sacrificamos principio, frente a unas próximas elecciones 2026, sin ningún contrapeso serio y decoroso frente a la oligarquía. En el plano exterior, este silencio hiriente y cruel por lo que han hecho al pueblo cubano, está diciendo a todos los hermanos y hermanas de Nuestra América: ¡Conózcanos! No queda nada de la Gran faena antimperialista de 1856.
Y el suscrito está lleno de defectos, diría que cargo con miles de ellos, nací en esta tierra, pero un momentito, ¡por favor! ¡Oportunista no soy!
El pasado 15 de mayo, en el Día Nacional del Agricultor, pasó inadvertido para los medios, para el gobierno y, por supuesto, para el pueblo en general.
Es un día, supuestamente, para rendir homenaje a quienes cultivan la tierra, a los campesinos y campesinas que producen los alimentos, pero la realidad del sector agrícola costarricense es muy alarmante. La combinación de políticas neoliberales, crisis económica, abandono institucional, favorecimiento a los delincuentes importadores que financian campañas electorales, y la creciente dependencia de esas importaciones ha dejado a muchos agricultores en la ruina absoluta.
Costa Rica, que anteriormente fue autosuficiente en productos como arroz, frijoles, papa, ajo y carne, ha visto cómo la producción nacional disminuye brutalmente y las importaciones aumentan. Esto no es casualidad, responde a décadas de políticas neoliberales que priorizaron la apertura comercial, la reducción del Estado y la liberalización de los mercados, mediante TLC por ejemplo, relegando el agro nacional a un segundo o tercer plano. Esta tendencia ha debilitado la economía rural, destruido miles de empleos y puesto en riesgo la seguridad alimentaria del país.
Lo más preocupante es que esta situación no solo es una crisis económica o social, es también una amenaza directa a la soberanía nacional. La creciente dependencia de alimentos importados expone al país a la volatilidad de los mercados internacionales, la usura de los importadores y reduce su capacidad de decisión sobre un aspecto tan básico como la alimentación de la población.
Ahora vemos cómo por la falta de acceso a financiamiento formal, venta de sus cosechas y falta de asesoría e insumos, muchos agricultores recurren a préstamos informales conocidos como «gota a gota», ofrecidos por redes criminales vinculadas al narcotráfico. Estos créditos imponen tasas de interés abusivas y métodos de cobro violentos. Según datos del CINPE-UNA, unas 225.000 personas en Costa Rica han caído en esta trampa por la ausencia de alternativas financieras viables.
Es tal la situación del avance de estas bandas criminales, que no encuentran oposición por parte del gobierno costarricense, que el propio ministro de Seguridad, Mario Zamora, ha denunciado que “hay comunidades enteras sometidas al terror de estos prestamistas, quienes utilizan amenazas y agresiones para cobrar.” Pero no dice cómo su ministerio va a atacar, de verdad, a esas bandas criminales que incluso tienen ventanas de préstamos por todo el país. Ese es el reflejo más brutal del abandono estatal en el campo.
Aunque el gobierno ha dicho penalizar el «gota a gota» con hasta 15 años de cárcel, también dice que será “cuando haya vínculos con el crimen organizado”, lo que nunca se demuestra.
Algunos bancos han lanzado iniciativas para dar opciones seguras de crédito, estas medidas aún son muy limitadas frente al tamaño del problema.
La crisis del agro costarricense no es un accidente, es consecuencia de un modelo económico que ha favorecido la importación sobre la producción nacional, ha desmontado instituciones y políticas de apoyo agrícola, y ha dejado al pequeño productor expuesto al mercado global sin protección. Miles de familias campesinas no solo no cuentan con apoyo para producir, sino que son reprimidas policialmente por hacerlo, despojados de la tierra, perseguidos, golpeados y encarcelados.
Rescatar el campo es un asunto de soberanía, dignidad y justicia social. Es momento de cuestionar el rumbo actual y plantear una reforma estructural que recupere el rol estratégico del agro en la economía nacional, garantice la autosuficiencia alimentaria y ofrezca condiciones dignas para quienes alimentan al país.
Nicaragua viene superando a Costa Rica en todos aquellos aspectos en los cuales antes teníamos una buena posición, ha construido más de 70 hospitales públicos, carreteras y desarrollo de infraestructura vial, vivienda popular, electrificación con energías renovables en más del 98%, una agricultura fuerte y autosuficiente, desarrollo de puertos públicos, sistema educativo universitario público absolutamente gratuito, y todo eso generando amplias fuentes de empleo.
Hoy Costa Rica es costa pobre, saqueada, robada, estafada, asaltada, ultrajada. Por décadas de gobiernos corruptos y por el actual de Rodrigo Chaves, al fin de cuentas, son lo mismo y gobiernan para los mismos corruptos.
