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Etiqueta: soberanía

Un país sin memoria es un país sin futuro. Venezuela y Cuba ante la intervención estadounidense.

Vladimir de la Cruz

Intervención de Vladimir de la Cruz, Historiador y Miembro del Consejo Universitario de la UNED, en el acto convocado por Cátedra Abierta Manuel Mora, la Cátedra de Sociología de la UNED y el Centro de Estudios Políticos y Sociales Manuel Mora, en el Paraninfo Daniel Oduber, de la Universidad Estatal a Distancia, UNED, el día 18 de febrero del 2026, bajo el tema de “Venezuela la intervención: Soberanía, resistencia y proyectos en disputa. Al unilateralismo imperialista: resistencia, soberanía y autodeterminación. Los caminos de la autodeterminación en el contexto actual”. Participaron también Eric Valdés, Embajador de Cuba en Costa Rica, y Mag. Andrés Mora Ramírez, Coordinador del Instituto de Estudios Latinoamericanos, IDELA, de la Universidad Nacional.

Nos reúne esta noche la necesidad de iniciar una reflexión, que debe mantenerse con periodicidad este año, por los acontecimientos internacionales que se han venido produciendo en las últimas semanas, que se anuncian, se avecinan y que pueden desembocar en un escenario cercano al marco de una tercera guerra mundial, así como de un replanteamiento agudo de las relaciones internacionales, de una redefinición de las regiones geopolíticas mundiales, que afectan de manera directa al continente americano. En este caso por las amenazas directas que ha hecho el presidente Donald Trump respecto a Groenlandia, Canadá, México, Panamá. Por la intervención militar que hizo en Venezuela, el pasado 3 de enero, y las amenazas indirectas que hizo sobre Colombia y las similares que hace de manera destacada sobre Cuba.

Igualmente, porque ha trazado una nueva política de seguridad nacional de los Estados Unidos, que pone en peligro de intervención a todos los países del continente, que por esa política, los declaren que amenazan su seguridad nacional y procedan a actuar en ellos militarmente. Del mismo modo, por la intervención del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en la 62 Conferencia de Seguridad Internacional, en Munich el pasado 16 de febrero, que señaló claramente estas necesidades, incluso invocando la posibilidad de acudir a la guerra.

Desde hace muchos años a los Estados Unidos les interesaba y preocupaba más el contexto de las relaciones internacionales de los países de América, que su orden político interno, si dictadura, tiranía, régimen autoritario, sistema democrático. Patrocinaron dictaduras, tiranías y regímenes autoritarios en tanto garantizaran esas relaciones internacionales asegurando alianzas y colaboraciones políticas, económicas, militares y geoestratégicas con la política exterior de los Estados Unidos.

Durante el período de la Guerra Fría esto fue más que evidente. La expulsión de Cuba de la OEA, el 31 de enero de 1962, marcó desde entonces la política exterior de los países latinoamericanos en el continente aliada a los Estados Unidos. La razón de la expulsión fue su declaración de país socialista, imponiendo que esa condición no era compatible con el sistema interamericano. México en ese momento fue el único país que mantuvo sus relaciones diplomáticas con Cuba y reivindicó su derecho a la autodeterminación de su política interna y externa.

Hasta el 2008 poco a poco los países fueron restableciendo sus relaciones diplomáticas con Cuba, siendo Costa Rica de los últimos países en hacerlo ese año, cuando solo faltaban tres países en restablecer de nuevo esas relaciones, lo cual ya era vergonzoso y más vergonzoso hubiera sido que las restableciera después que Estados Unidos lo hiciera, como por tiempo después el presidente Barak Obama las restableció.

El gobierno de Obama limó las últimas asperezas restableciendo esas relaciones con Cuba, que el gobierno de Donald Trump ha congelado nuevamente, y de manera agresiva, en las nuevas condiciones internacionales que él impulsa, pretende intervenir en la política interna de Cuba, de cambiar su gobierno y su sistema político y de considerar, en esa intención, una acción militar como la que realizó en Venezuela, para validar su pretensión de imponerle a Cuba un nuevo régimen de gobierno.

Con Trump se han revivido, de forma actualizada, las diferentes doctrinas intervencionistas, de carácter imperialista, colonialista que los Estados Unidos impulsaron en el continente, desde 1811, cuando los Estados Unidos aprobó la Política del Principio de No Transferencia que pretendía detener que los territorios americanos pasaran a manos de las potencias europeas como lo pretendía Inglaterra en el Cono Sur, en esos años. Luego, en 1823, con la llamada Doctrina Monroe cuando, el 2 de diciembre de ese año, en su sétimo discurso al Congreso sobre el Estado de la Unión, el Presidente Monroe declaró que los Estados Unidos tenían el “carácter elegido”, la “idea americana” de la “defensa” de las Américas, considerando que los esfuerzos ingleses de controlar o influir, particularmente, en Suramérica debía considerarse una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Sostenía, también. que Europa y América debían considerarse como dos esferas de influencias separadas. Alexander Hamilton, en los días inmediatos a la Independencia de los Estados Unidos ya había señalado que Europa debía mantenerse lejos de América, valorando el papel que Estados Unidos podría jugar en esa época en el plano internacional. John Quincy Adamas, presidente de Estados Unidos, también se pronunció contra cualquier intento de presencia colonial europea luego que se fueron declarando las independencias de los países americanos.

En ese tiempo los Estados Unidos adueñaron de la Florida, en 1819, que pertenecía a España y, en 1821, proclamaron la “defensa” arrogándose el derecho de intervenir unilateralmente en los estados latinoamericanos, convirtiéndose de hecho en sus protectores. Así, enfrentaron a Europa que quería restaurar su dominio colonial en América.

En 1845 el presidente James K. Polk afirmó sobre la Doctrina Monroe que ninguna nación o Estado europeo podía interferir con la expansión estadounidense que se estaba realizando.

En 1846 Estados Unidos impuso a Colombia el Tratado Mallarino-Bidlack, con el cual se aseguró el derecho de tránsito por el istmo de Panamá a cambio de garantizar la soberanía colombiana sobre el territorio. En 1867 Rusia perdió sus posesiones americanas.

Hacia 1880 los estados latinoamericanos eran considerados protectorados de Estados Unidos.

A la par de la Doctrina Monroe se desarrolló en el siglo XIX la Doctrina del Destino Manifiesto, que justificó la expansión hacia el oeste de los Estados Unidos, arrasando con todas las culturas originarias de esa gran nación, y se volcaron sobre los territorios de México y de Centroamérica, lo que produjo la guerra de 1856-1857, cuando los filibusteros actuaron, intervencionistamente, en posibilidad de anexar estos países y de someter a la esclavitud a los pueblos centroamericanos.

El siglo XIX fue un siglo de regímenes y sistemas colonialistas.

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se desarrolló la fase imperialista de la sociedad capitalista, cuando surgieron los trust, los carteles, los monopolios y los oligopolios, como expresión de la fusión del capital financiero e industrial volcado en el control de áreas estratégicas, países y regiones, de materias primas necesarias de la Revolución Industrial, como petróleo, estaño, cobre, zinc, aluminio y otras, volcadas en el control de la mano de obra barata de esas regiones, convertidas a su vez en regiones compradoras de los bienes que con esa mano de obra barata y esa materia prima se les vendía caro, con las empresas que estaban surgiendo, como “dueñas”, de esas regiones. Algunas veces las empresas imperialistas les daban apellido, a los países o regiones, como fue el caso de la United Fruit Company que a Centromérica la hizo llamar las Repúblicas Bananeras o Bananas Republics, por el peso que esa empresa tenía para nombrar o quitar presidentes, tiranos, dictadores o militares en gobiernos, o controlar decisiones judiciales y legislativas.

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se produjo la Guerra Hispano Estadounidense que produjo que Puerto Rico, Guam y las filipinas pasara a control de los Estados Unidos.

Cuba en ese período fue igualmente intervenida, aprovechando ese conflicto. Cuba se independizó de España y Estados Unidos se aprovechó para ocuparla hasta 1902, estableciendo una cláusula constitucional, que dio origen a la llamada República Plattista, por la Enmienda Platt que se le agregó a la Constitución, apropiándose de igual manera del territorio de la Bahía de Guantánamo.

A finales del siglo XIX, los Estados Unidos impulsaron la Doctrina Monroe bajo el concepto del Gran Hermano, tratando de unir a los países del continente alrededor de su mercado y de sus políticas comerciales, y proyectándose como mediador de conflictos fronterizos, como lo fue el de Esequibo que enfrentó a Venezuela con Inglaterra, que se sigue manteniendo entre Venezuela y la Guyana, hoy disputando franjas petroleras y mineras, o el conflicto fronterizo de Nicaragua y Costa Rica.

De igual modo fue el caso de la explotación mundial del petróleo desde inicios del siglo XX. Desde las décadas de 1940 hasta la de 1970 siete empresas petroleras se impusieron globalmente, llamadas las siete hermanas, que fueron y siguen siendo algunas de ellas, la Oil of New Jersey, renombrada Exxon, la Standard Oil of New York, Mobil, la Standard Oil of California, Chevron, la Gulf Oil Corporation y Texaco, la angloneerlandesa Royal Dutch Shell, y la británica Compañía Petrolera Anglo-Iraní o British Petroleum.

La I Guerra Mundial, disputó entre las potencias de esa época, esas regiones por los intereses que tenían en sus materias primas. De allí surgió el imperialismo en su expresión política intervencionista en distintos países y regiones. América Latina no fue excepción.

A principios del siglo XX se impuso la Doctrina del Big Stick o el Gran Garrote, del presidente Theodore Roosevelt que usaba la fuerza militar para afirmar sus dominaciones políticas. Así actuaron con el bloqueo naval en 1902-1903 en la región de Maracaibo, en Venezuela. Para los Estados Unidos era también un concepto de relación entre pueblos bárbaros y pueblos civilizados. El presidente Trump a veces apela a este ideario político.

Con la Doctrina del Gran Garrote garantizaban que los países cumplieran con sus obligaciones con los acreedores internacionales y no violaran los derechos de Estados Unidos, ni invitaran a una «agresión extranjera en detrimento de todo el conjunto de las naciones americanas». Igualmente ejercía control de aduanas. Con ello también buscaba restablecer estabilidades internas en las regiones o países que intervenían. Los mismos argumentos que hoy emplea Trump.

Roosevelt, como lo hace Trump, declaró que Estados Unidos podría “ejercer poder policial internacional en “casos flagrantes de tal irregularidad o impotencia”. De esa manera intervino en Cuba, Nicaragua, Haití, República Dominicana.

Roosevelt afirmó: «No garantizamos a ningún estado contra el castigo si se comporta mal», nada alejado de las frases y expresiones que Trump acostumbra a manifestar como amenaza a quien no se le someta, asegurando de esa forma el derecho de Estados Unidos a intervenir en Latinoamérica en casos de «faltas flagrantes y crónicas por parte de una nación latinoamericana» para evitar la intervención de los acreedores europeos.

En el caso de Colombia intervino apoyando la separación de Panamá, “inventándose un país” para apropiarse de un canal interoceánico. En el caso de Cuba impuso un apéndice constitucional en 1901, conocido como la Enmienda Platt, en su inicial lucha por Independencia, en el contexto de la guerra Hispano Estadounidense, limitando su soberanía, permitiendo intervenciones militares y apropiándose de una región para establecer la Base Naval y Militar de Guantánamo que todavía hiere la Soberanía plena territorial y el corazón del pueblo de Cuba, territorio que sigue ocupado contra la voluntad de Cuba, de su gobierno y de su pueblo. La Enmienda Platt dio pie también para que esos dos primeros años se conociera a Cuba como la República Plattista.

Todas estas políticas se cubrieron bajo la forma también de la Política de las Cañoneras, que eran las acciones de fuerza, que ejercía Estados Unidos, en sus relaciones internacionales cuando así lo considera necesario o conveniente en la defensa de sus intereses, enviando barcos para bombardear puertos, facilitar desembarco de marines y obligarle a aceptar sus condiciones, así fue en Maracaibo en 1902-1903, y así volvió a producirse en Venezuela el 3 de enero del 2026. Y así se está pretendiendo actuar en Cuba con una fuerte campaña desinformativa y provocativa en esa dirección.

También se impuso la llamada Diplomacia del Dólar: lo que no podían hacer a la fuerza lo harían mediante las intervenciones e inversiones económicas, facilitando que las corporaciones beneficiándose colaboraran de esa manera con la seguridad nacional estadounidense, evitando la presencia financiera y económica de países europeos.

Lo que Trump hace es reinterpretar en tiempo actual la Doctrina Monroe, actuando directamente. De igual modo procuran cercenar en América Latina la presencia de Rusia y de la República Popular China en la economía, las finanzas, la tecnología y el comercio latinoamericano.

Ante el ascenso del nazi fascismo y la lucha de los pueblos europeos, inicialmente, y luego del mundo entero, y ante el desarrollo de la II Guerra Mundial, los Estados Unidos impulsaron su política de Buena Vecindad, del presidente Franklin Delano Roosevelt, que suponía la no intervención ni injerencia en asuntos internos de Latinoamérica. Se procuraba con esta Doctrina la solidaridad hemisférica contra las amenazas nazifascitas y mejorar las relaciones con las naciones de Centroamérica y de Suramérica fortaleciendo su estabilidad, priorizando comercio y cooperación.

En las condiciones de la Primera Guerra Mundial se produjo la Gran Revolución Socialista de Octubre, en Rusia, en 1917, estableciendo por primera vez un régimen socialista político y de producción. En diciembre de 1922 se unieron bajo la bandera de la construcción socialista 13 naciones, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Lituania y Uzbekistán, dando origen a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a las que se sumaron, después de la II Guerra Mundial, Estonia y Letonia, que habían sido parte de la Rusia zarista, separadas por el Tratado de Brest-Litovsk, del 3 de marzo de 1918. Así se mantuvo la URSS hasta su desintegración en 1991.

Este gran período histórico dividió el siglo XX en dos grandes grupos de países, los de desarrollo capitalista y los de desarrollo socialista. En medio de ellos, desde la I Guerra Mundial, pero particularmente a partir de la II Guerra Mundial, entró en crisis el sistema mundial del colonialismo, que ejercían los países capitalistas como lo eran España, Portugal, Reino Unido, Francia, los Países Bajos, Alemania, Italia, Japón y Bélgica, que controlaban enormes territorios en América, África y Asia.

Al terminar la I Guerra Mundial se creó la Liga de las Naciones que llegó a tener casi 50 países, sin lograr sobrevivir frente al avance del nazifascismo en Europa y al impacto del inicio de la II Guerra Mundial.

Al terminar la II Guerra Mundial se constituyó la Organización de las Naciones Unidas, en 1945, con la participación de 51 países independientes y soberanos. Hoy tiene 193, como miembros reconocidos y dos como Estados observadores, que resultaron de las luchas nacional libertadoras, anticoloniales y antiimperialistas que se produjeron desde 1945 hasta el 2011 cuando se integró Sudán del Sur. Durante muchos años la ONU tuvo una Comisión de Colonias donde se atendían los problemas relacionados con su coloniaje y con sus luchas nacional libertadoras. Todavía 8 potencias o países, Australia, Dinamarca, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Francia, Estados Unidos y el Reino Unido, mantienen dominación colonial sobre 61 regiones o países existentes. Cambio importante se produjo en la ONU con el ingreso oficial de la República Popular China el 25 de octubre de 1971, como los únicos representantes legítimos del pueblo de China, con lo cual también empezó a tener una proyección internacional mayor, formando parte además de los llamados países permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, junto con Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia.

Al terminar la II Guerra Mundial surgieron como países socialistas, en Europa, Albania, Bulgaria, la República Democrática de Alemania, Checoslovaquia, Polonia, Rumania, Yugoslavia y Hungría. Además de ellos en Asia y el resto del mundo se declararon socialistas casi 20 países más, y nueve países socialistas no marxistas.

Los países europeos junto a la URSS constituyeron un Bloque de países socialistas en Europa, que fueron contemplados dentro de la llamada Cortina de Hierro, concepto usado por Churchil, que caracterizó el período de la Guerra Fría, a escala internacional, desde 1946 hasta 1991. En el Asia operó la llamada Cortina de Bambú frente a las revoluciones encabezadas por la República Popular China, la República Popular Democrática de Corea del Norte, República Popular Democrática de Vietnam del Norte.

En América Latina sobresale hoy como una estrella solitaria la República de Cuba. Junto a Cuba en la historia latinoamericana conocemos los esfuerzos socialistas de la República Socialista de Chile en 1932, cuando el Partido Socialista de Chile tuvo un breve período de gobierno, del cual formó parte el Dr. Salvador allende, luego presidente de Chile desde 1970 hasta 1973 cuando fue derrocado por el General Augusto Pinochet en confabulación con la CIA y el gobierno de los Estados Unidos, que no querían luego de Cuba, otra Revolución Socialista en el continente, menos surgida de un proceso electoral. Con el derrocamiento de Allende, y el establecimiento de las dictaduras militares en el continente se procuraba no permitir el ascenso de fuerzas revolucionarias, políticamente socialistas, por la vía electoral, ni por la vía armada, a los gobiernos.

En 1965 los Estados Unidos también invadió República Dominicana, resultado un gobierno militar 13 años.

El gobierno democrático del Estado Socialista de la isla Granada, en el Caribe, que dirigieron en sus dos gobiernos, Maurice Bishop y Bearnard Coard, fue derrocado por una intervención militar estadounidense en 1983.

Nicaragua no figura en el almanaque internacional como país socialista de ningún tipo. El gobierno revolucionario de Nicaragua, de 1979 a 1990, surgido de una heroica lucha guerrillera, no condujo a Nicaragua a proclamarse como Republica Socialista. No lo es mes, menos ahora. En el triunfo de 1979 y en esos primeros años tuvieron participación importante las columnas ide combatientes internacionalistas de la izquierda política costarricense, constituida por los partidos Vanguardia Popular, Socialista Costarricense y Movimiento Revolucionario del Pueblo, dirigidas por Manuel Mora Salas.

La Venezuela surgida por el movimiento reformista de la V República y de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tampoco aparece con el reconocimiento de ser un país socialista o comunista. Con el ascenso de Hugo Chávez Frías, en 1999 hasta el 2013 cuando falleció, se estableció un gobierno de profundas reformas sociales. A la muerte de Hugo Chavez continuó en el gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, y Nicolás Maduro electo presidente de manera continua desde el 2013, por tres veces consecutivas hasta el que 3 de enero del 2026, fue depuesto de su mandato presidencial por la operación militar del presidente Trump, que lo secuestró para llevarlo a juzgar a los Estados Unidos, acusado de ser uno de los líderes de un cartel de narcotraficantes, que Trump calificó de narcoterrorista. Los últimos dos gobiernos de Nicolás Maduro fueron cuestionados nacional e internacionalmente en el resultado de sus elecciones como fraudulentas. Muchos países por ello no le reconocieron como Presidente legítimo de Venezuela, sin romper relaciones diplomáticas oficialmente con él ni con ese país.

En el escenario de la Guerra Fría se impuso en Estados Unidos la década macartista, en la década 1950-1960 con sus repercusiones anticomunistas en todas partes del mundo y en América Latina, con el impulso a gobiernos militares, dictaduras y tiranías, represiones políticas, ilegalidad de partidos de izquierda de todo tipo, golpes de estado, gobiernos autoritarios.

La Doctrina Truman dominó este período con el fortalecimiento de las bases militares en Panamá y la preparación de contingentes contra insurreccionales y de contraguerrillas. De esa época, resultado de la guerra civil, de marzo y abril de 1948, en Costa Rica se impuso la proscripción legal del Partido Comunista de Costa Rica hasta 1975. Al calor de la Revolución Cubana cerraron en 1962 el periódico semanal Adelante, mediante el cual sectores de la izquierda y el progresismo social podían expresarse, así como proscribieron casi una decena de partidos políticos de izquierda que procuraban participar en los procesos electorales.

Frente al triunfo de la Revolución cubana impulsaron el proyecto de la Alianza para el Progreso y del Punto IV, del Plan Clayton, para América Latina de finales de la década de 1940-1950, junto con la aprobación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, resultando de la Doctrina Truman, que pretendía defender al continente de una agresión comunista de la URSS.

Durante el período de Hugo Chávez, en Venezuela, se enarboló un concepto político de Socialismo del Siglo XXI, que fue bandera de la Revolución Bolivariana que impulsó Chávez son sus reformas sociales, sin tocar las bases capitalistas de la sociedad política y económica de Venezuela. Como concepto fue tomado por presidentes de países suramericanos como Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia, que incluso lo asumieron en sustitución de sus conceptos de Revolución Ciudadana y de Revolución Plurinacional que respectivamente agitaban en sus países. De igual modo cuando murió el presidente Chávez, retomaron sus denominaciones originales.

El concepto de Socialismo del Siglo XXI Cuba no lo asumió ni como bandera, no como concepto revolucionario de nuevo tipo, para el siglo XXI, ni como parte de sus banderas revolucionarias. Respetó el esfuerzo que en esa dirección se hacía en Sur América, como esfuerzo teórico desarrollado por Heinz Dieterich Steffan, esposo de Marta Harnecker, que no tuvo éxito, Heinz Dieterich fue asesor de Hugo Chávez hasta el 2008.

Los gobiernos reformistas de Argentina, bajo los gobiernos de los esposos Néstor Kirshner y Cristina Fernández, Chile de la Michelle Bachelet, Brasil, de Luiz Inacio Lulada Silva, Paraguay, de Fernando Lugo no acogieron la consigna del Socialismo Siglo XXI. Tampoco lo hicieron Nicaragua, con Daniel Ortega y El Salvador, bajo los gobiernos del Frente Farabundo Martí.

Digo esto para entender que el Socialismo Siglo XXI no era una doctrina, ni una teoría revolucionaria, que provocara movimientos revolucionarios, o institucionalizara el socialismo por Decreto allí donde hubo gobiernos reformistas.

Durante la época del presidente Chávez, con Chávez a la cabeza de este grupo de mandatarios reformistas suramericanos constituyeron un bloque de países, reformistas sí, progresistas sí, anticolonialistas sí, antiimperialistas sí, anticonfrontativos del gobierno estadounidense sí, solidarios con la Cuba Revolucionar sí. Bajo Chavez se impulsó un ideal de unidad latinoamericanista, nacionalista y antiimperialista.

Venezuela la solidaridad con Cuba la hizo y la mantuvo, de manera especial. Bajo los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolas Maduro ese lazo fue indestructible. El suministro de combustible y de energía que Venezuela le facilitaba a Cuba ayudaba a enfrentar el criminal bloqueo de 65 años que ha mantenido Estados Unidos contra el pueblo cubano y su gobierno. Especialmente ayudó después de la caída de la URRS cuando Cuba superaba el llamado período especial que tuvo durante toda la década de los años 1990-2000.

El bloqueo ha tenido el objetivo de crear las peores condiciones de sobrevivencia del pueblo cubano, de ahogarlo, de llevarlo a los límites de la asfixia, con la intención de que el pueblo cubano es tire a las calles, en manifestaciones, con acciones de resistencia civil callejera, para eliminar el gobierno, echándole la culpa de la mala situación que ha provocado el bloqueo, de una mala administración de gobierno y a un mal sistema político de gobierno y de vida, como es el socialismo en Cuba.

El gobierno de Trump decidió acabar con el ejercicio gubernativo de Nicolás Maduro, interviniendo militarmente en Venezuela, en una operación militar finamente elaborada, de carácter aéreo que permitió su “extracción” física, como le llamaron, de su rapto, su captura, demandada por la Administración Trump y la Justicia de los Estados Unidos, acusado de ser un alto dirigente del Cartel de los Soles, que Washington había calificado de narcoterrorista, bajo un nuevo concepto de seguridad nacional estadounidense, bajo la Administración Trump, donde han establecido que ese tipo de actividades deben ser combatidas militarmente, por el Ejército de los Estados Unidos, donde se encuentren, si son calificadas como amenazas a la seguridad nacional de ese país.

Los objetivos de la acción militar Trump en Venezuela los podemos ver así:

Primero: control de las relaciones internacionales de Venezuela en el contexto mundial, considerando esa proyección dentro de esas relaciones de Estados Unidos. Debilitar y quebrar las relaciones con Rusia, con la República Popular China, con Irán, con Cuba principalmente.

Segundo: ejercer control de la producción petrolera venezolana, considerada una de las reservas mundiales más importantes. Las primeras acciones después de la intervención militar y de las relaciones que han establecido con las autoridades a cargo del gobierno venezolano así lo demuestran.

Tercero: informar al mundo que Estados Unidos no acepta países latinoamericanos disidentes de su esquema de política exterior, en el contexto mundial de países que surgen como rectores hegemónicos mundiales, como son Rusia y China particularmente. De manera especial China que se proyecta como la principal economía del mundo a partir del 2030.

Del mismo modo, la organización de bloques de países, en el campo económico como el grupo BRICS, constituido originalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que hoy agrupa, después de la Cumbre del 2023, a Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, Indonesia. Recientemente México anunció su solicitud de ingreso a BRICS, dándole una bofetada a Trump, por las políticas aduaneras y económicas que ha impuesto a México y a Canadá y por la ruptura fáctica que ha hecho del Tratado de Libre Comercio del Norte.

Trump en este segundo gobierno ha marcado una nueva etapa imperialista de los Estados Unidos.

Empezó denominando el histórico Golfo de México como Golfo de América. Así lo impuso y así se ha reconocido en todos los sitios internacionales que accedan en búsqueda geográfica, cartográfica y en los medios electrónicos de localización informativa.

Siguió amenazando a Canadá con la tesis de que Canadá debe formar parte del territorio político y de la integridad político-administrativa de Estados Unidos.

Con Canadá además estableció políticas arancelarias muy fuertes. Canadá le ha respondido igual. Frente a las amenazas también Canadá ha amenazado con responder en el terreno que le afecte. Ha fortalecido en estos días sus vínculos con la República Popular China y con México, del cual son socios comerciales importantes.

Trump advirtió que quería tomar Groenlandia, la isla más grande del mundo, que tiene una población de 70.000 personas y es tan grande como Africa y Sur América, según se mire en el Mercator y, es comparable con una cuarta parte del territorio de Estados Unidos, y es 4.32 veces más grande que España.

Con Groenlandia se enfrentó a Dinamarca que es el Estado Europeo al cual pertenece administrativa y políticamente. Con esto ha logrado que se establezcan fisuras en la OTAN, de la cual Dinamarca es miembro, y ha provocado solidaridad militar de algunos países europeos, también miembros de OTAN, para defender militarmente cualquier acción militar de los Estados Unidos, o cualquier otro país en Groenlandia.

Con México Trump ha amenazado varias veces con intervenir con su Ejército, en la frontera, con el pretexto de atacar y combatir las organizaciones dedicadas al narco tráfico. México ha respondido que ni autoriza ni acepta acciones del ejército estadounidense en su territorio.

Frente a las políticas arancelarias impuestas, México ha respondido con buscar otros aliados comerciales, y ha solicitado ingreso a BRICS, ha terminado de construir la ruta ferrocarrilera y de transporte trans ístmica de Tehuantepec, de océano a océano, facilitando más el comercio mundial y provocando más cercanía con los mercados de Estados Unidos que hacerlo por Panamá.

Respecto al bloqueo criminal impuesto a Cuba, México ha empezado a enviar combustible y a garantizar que las líneas aéreas que necesiten volar a Cuba pueden abastecer combustible en México.

Frente a Nicaragua, Estados Unidos ha mantenido una relación particular. Incluso en maniobras militares organizadas conjuntamente de Nicaragua con otros países, participa Estados Unidos. Curiosamente, en la reunión continental que acaban de hacer en Estados Unidos, de los representantes de los Ejércitos de América Latina, no invitaron a Nicaragua, al mismo tiempo que Nicaragua ha fortalecido públicamente sus relaciones con la República Popular China.

Las relaciones Cuba Nicaragua parecen no ser un problema importante que preocupe a la administración Trump. Más le preocupa a Trump el tipo de gobierno de Nicaragua que descansa en dos copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ha cuestionado esta figura de gobierno diciendo que no es legítima. Además entiende que Rosario Murillo no goza de la simpatía de todos los jefes militares de Nicaragua, por las decisiones que han venido tomando especialmente con los Comandantes históricos sandinistas de tenerlos presos o privados de libertad desde sus casas, como han sido los casos de Henry Ruiz y de Bayardo Arce.

En el caso de Panamá el interés de Trump de ejercer control total, de nuevo, sobre la administración y el control del Canal de Panamá. Ya ha logrado algo, debilitar la influencia de las empresas chinas en el Canal. Trump ha sido claro que ese dominio en el Canal impide que la China conozca el movimiento de buques y barcos, y de lo que transporta, porque eso puede ser material sensible estratégico.

En Suramérica Trump puso sus ojos en Venezuela y en Colombia. En Venezuela su objetivo político fue llevarse a Nicolás Maduro, presidente, a Diosdado Cabello, Ministro del Interior y acusado como el principal líder del Cartel de los Soles y a Vladimir Padrino, el jefe superior del Ejército. A todos ellos le había puesto recompensa por su captura.

Su objetivo estratégico eran las relaciones internacionales de Venezuela, que para los efectos energéticos las controla ya, indicando que se suspendieron los negocios y envíos de petróleo a Rusia, China, Irán y especialmente a Cuba, controlando además toda la comercialización y venta, depósitos de esos dineros e imponiendo la llegada de empresas extranjeras petroleras. Ha logrado Trump las modificaciones legales para las operaciones de las empresas petroleras.

A Colombia, de manera particular acusó al presidente Gutavo Petro de vínculos con el narcotráfico. El presidente Petro respondió fuertemente que en Colombia existen siete bases militares de Estados Unidos que desee hace varias décadas actúan contra las guerrillas y contra las organizaciones narcotraficantes y narco productoras sin que esa presencia estadounidense hubiere acabado con ellas. Que el él, Petro, podría valorar cancelar el derecho de esas bases militares en el suelo colombiano.

Lo sucedido en Venezuela el pasado 3 de enero fue una operación rápida y contundente, desarticulando las defensas aéreas y las capacidades de mando y control en las primeras horas, reduciendo la capacidad de respuesta que no tuvieron las tropas venezolanas, ni quienes tenían a cargo la seguridad del presidente Maduro. Aplicaron un uso muy avanzado de tecnología que inutilizó las capacidades venezolanas de resistencia.

A Venezuela le ha sido impuesta la negociación petrolera, que ahora gestiona y autoriza Estados Unidos, que ha permitido que las empresas india Reliance Industries Ltd y las CHEVRON y Repsol puedan extender actividades de exploración y explotación en nuevos lotes de la faja petrolera del Orinoco para fomentar la producción. Venezuela, igualmente, otorgará más bloques de perforación petrolera, realizará un censo en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo para determinar cuántas empresas pueden reactivar operaciones en el sector petrolero. La empresa Valero Energy fue una de las primeras refinerías estadounidenses en reanudar las importaciones de crudo venezolano.

Venezuela ha sido visitada desde el día siguiente de la “extracción” del presidente Maduro, y recibido oficialmente por la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, el Jefe de la CIA, el Secretario de Energía de EE.UU, Christopher Wright, y otros altos funcionarios del gobierno de Trump, incluso altos militares del Comando Sur, de la CIA y del Consejo Nacional de Seguridad, que participaron en las operaciones militares del 3 de enero. Ya se estableció de nuevo la relación diplomática que había sido suspendida en el 2019.

La operación del 3 de enero no fue un jaque mate a Venezuela. Ha permanecido todo el aparato institucional de gobierno, las autoridades legal y constitucionalmente en capacidad de asumir el mando del país lo han hecho.

Se llevaron al presidente Maduro dos días antes de que se instalara la Asamblea Nacional, el 5 de enero, que era el día que oficialmente se instalaba la Asamblea Nacional, en capacidad de juramentar a Delcy Rodríguez como sucesora encargada.

En Venezuela no se ha producido una vacante absoluta del Presidente. Legalmente está sustituido, con lo cual se mantiene en Venezuela la idea de que Maduro sigue siendo el presidente, hasta que no falte del todo. Oficialmente reclaman la liberación del Presidente Maduro y de su esposa Cilia Flores.

Además del petróleo están los minerales de las llamadas tierras raras. Venezuela tiene COLTAN Y THORIO, la segunda reserva mundial de este metal precioso. La mayoría de los yacimientos de estos minerales se ubican al sureste del país. Además hay depósitos de carbón; mientras que los de cobre están esparcidos por el centro-norte y el nororiente venezolano. Tienen hierro y todos los minerales llamados críticos, yacimientos de bauxita, carbón, cobre y níquel, incorporados en noviembre de 2025 a la lista elaborada por el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS) como minerales críticos que son básicos para la economía estadounidense. El director de la USGS, Ned Mamula, apuntó que los minerales críticos «sustentan industrias por valor de billones de dólares, y la dependencia de las importaciones pone en riesgo sectores clave».

La operación contra Maduro descrita por el Embajador ruso señala:

-que no estuvo acompañado por personal de seguridad durante la captura

– que no había ningún guardia de seguridad con él.

-que puede decir sin rodeos que la situación es tal que, en el momento de su captura, prácticamente no había nadie cercano con él. Con ‘cercanía’ se refiero a las inmediaciones», dijo el Embajador Bagdasarov.

– que hubo interrupciones en las comunicaciones durante el ataque, lo que impidió que las defensas aéreas atacaran adecuadamente los objetivos

-que el huracán de fuego fue tan poderoso que, en esencia, disparaba contra todo lo que se movía. Fue una operación brutal; “nadie pretendía dejar a nadie con vida desde el principio», concluyó el embajador

-que Maduro fue traicionado desde su propio entorno de la élite venezolana, y agregó que las fuerzas de seguridad e inteligencia de Rusia conocían los nombres de los agentes involucrados en su arresto.

-que los servicios de inteligencia rusos y cubanos, de los que Caracas dependía para su seguridad, no identificaron vulnerabilidades ni proporcionaron información sobre la amenaza al líder venezolano, a pesar de las reiteradas declaraciones públicas del presidente Donald Trump sobre su intención de derrocar a Maduro.

-los sistemas de defensa aérea rusos S-300 y Buk-M2, no protegieron el espacio aéreo del país de las fuerzas estadounidenses.

-los ciberataques estadounidenses previos a la operación para capturar a Maduro provocaron cortes de electricidad en gran parte de Caracas.

Así, entre otros factores, se dieron las condiciones para la acción militar del 3 de enero pasado.

La experiencia de lo sucedido en Venezuela ha puesto a Cuba en alerta. Cuba ha hecho la evaluación política y militar de los sucedido. La experiencia del ataque estadounidense ha puesto en alerta a las autoridades y el gobierno de Cuba, sobre un posible ataque y una agresión militar similar, como lo viene anunciando Trump hacia Cuba.

Se intenta por parte de los Estados Unidos distraer la opinión internacional indicando que mantienen conversaciones directas con personeros del gobierno, con el propósito de buscar una salida política que evite la intervención militar directa que Trump piensa se puede realizar, empezando por un cerco naval similar al que provocó la Crisis del Caribe en octubre de 1960, que puso al mundo al borde de un conflicto mundial. Hoy una situación como ésa pondrá nuevamente al mundo en una situación al borde de una III Guerra Mundial.

El gobierno estadounidense, por su vocero Marco Rubio, y por el mismo Trump, consideran a Cuba “una nación fallida”, sin explicar que son la causa fundamental de la crisis económica y social que ha sufrido Cuba desde hace 65 años, por las casi mil medidas legales y políticas, y acciones de sabotaje que ha impuesto y desarrollado contra la República de Cuba, contra su Gobierno y especialmente contra su pueblo.

En la Conferencia de Munich, Rubio sostuvo que Cuba está atrapada por su propio modelo político, que Trump, en las condiciones de su visión hemisférica y global quiere cambiar, con intervención militar o sin ella, por medio del poder económico y métodos de coerción dirigidos, para Trump en una “operación que no sería muy difícil”. Trump considera, así lo ha dicho, que lo sucedido en Venezuela deja a Cuba necesariamente en la obligatoriedad “de hacer un trato” para sobrevivir.

El gobierno cubano ha señalado que en sus diferentes reuniones con el gobierno de Washington, siempre que las han tenido, no se ha puesto en discusión, ni se aceptan como temas, lo relacionado a cambio político o soberanía, lo “que no está sobre la mesa”.

La experiencia de Caracas no se repetirá en La Habana. Cuba no va a ser otra Venezuela. Cuba va tener capacidad de combate y de resistencia. El gobierno de Cuba ha tomado las medidas para responder con el pueblo armado cualquier agresión que pueda producirse.

Para Cuba y los cubanos posición en este sentido ha sido tomada:
¡Patria o Muerte, Venceremos!

Cuba, mi Cuba, ¿una nueva gaza en las Antillas?

Óscar Madrigal

Oscar Madrigal

El gobierno de Trump prohíbe a países soberanos la venta de petróleo a Cuba. En otras palabras: Cuba no puede comprar, aunque quisiera, petróleo a ningún país so pena de que el país vendedor sufra penas o sanciones en forma de aranceles. Es la vuelta a las guerras primitivas donde se condenaba al hambre cuando se rodeaba una ciudadela a la cual no ingresara ninguna mercancía; es el caso de Troya y de todas las batallas contra las ciudades amuralladas. Trump nos regresa a esos tiempos, a conductas internacionales sin ninguna regla.

Cuba es sometida al estrangulamiento de su población. No puede comprar energía porque nadie se atreve a enfrentar al imperio.

El caso de Cuba es similar al de Costa Rica, países que no tienen petróleo y que dependen totalmente de la adquisición en el exterior.

Sin petróleo un país deja de funcionar: los hospitales se paralizan, las escuelas, el trasporte, las fábricas, los hoteles cierran y los hogares no pueden cocinar sus alimentos ni desarrollar sus necesidades, el agua deja de fluir. Esto podría pasar en Costa Rica sin petróleo y de seguro irá a ocurrir en Cuba.

Estamos en presencia de una crisis humanitaria de incalculables consecuencias para el pueblo cubano.

Independientemente de las simpatías políticas por un régimen político, nadie podrá aceptar o estar de acuerdo en condenar a todo un pueblo a semejante sacrificio.

El pueblo cubano resistirá, no se rendirá. Podrá superar esta nueva agresión, aunque a un precio incalculable.

No sé si tendremos otra Gaza en las Antillas.

Es de esperar que la solidaridad de algunos gobiernos y de los pueblos del mundo se levanten para detener la mano agresora y Cuba nuevamente salga airosa.

La AEDIDH condena la agresión militar de Estados Unidos en Venezuela

Luarca (Asturias), 8 de enero de 2026

El 3 de enero de 2026 Estados Unidos consumó una agresión militar contra la R.B. de Venezuela, meticulosamente ejecutada por las fuerzas armadas de EEUU. Fue precedida por un despliegue naval y aéreo sin precedentes frente a las costas de Venezuela, el bombardeo de buques civiles venezolanos, la ejecución sumaria de sus tripulantes y el secuestro de al menos dos petroleros que habían salido de puertos venezolanos.

En la noche del 2 al 3 de enero de 2026 un centenar de aviones militares de los EEUU bombardeó varios objetivos estratégicos y militares de Caracas, causando más de 50 fallecidos, un número indeterminado de heridos y sumiendo en la oscuridad a la capital. Simultáneamente, un comando de helicópteros transportando unos 200 militares estadounidenses, aterrizó en las proximidades del palacio presidencial y secuestró por la fuerza al presidente de la nación y su esposa. Ambos fueron conducidos por sus secuestradores hasta Nueva York y acusados ante un tribunal local de narcotráfico y terrorismo.

Estos hechos constituyen una agresión militar directamente ordenada por el presidente de los EEUU, igualmente culpable de un crimen contra la paz, pues suponen la violación flagrante de los propósitos y principios que se proclaman en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, particularmente los principios de prohibición de la amenaza y uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política (art. 2.4) de Venezuela; de no intervención en los asuntos de la jurisdicción interna (art. 2.7) de Venezuela; y de arreglo pacífico de las controversias, de conformidad con el derecho internacional (art. 2.3). También se han violado las inmunidades e inviolabilidades que el derecho internacional reconoce a los jefes de Estado y de Gobierno en activo.

El derecho internacional de los derechos humanos ha resultado igualmente violado, en particular el art. 1 (común) de los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos, que reconoce el derecho de todos los pueblos a su libre determinación y a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. El indisimulado propósito de los EEUU de adueñarse de los inmensos recursos petroleros y otras riquezas naturales del país, agravará aún más la penosa situación de los derechos humanos en la R.B. de Venezuela, tal y como ha sido descrita por la Misión internacional independiente de determinación de los hechos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Misión ha llamado a mantener la atención en las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, tales como ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, torturas, la detención arbitraria de más de 900 presos políticos o el exilio de más de siete millones de venezolanos. Las autoridades venezolanas deberán responder de tales violaciones a los derechos humanos, incluso ante la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos.

El derecho humano a la paz, que la AEDIDH defiende a través del proyecto de Declaración Universal sobre el Derecho Humano a la Paz, de 30 de enero de 2023, (https://aedidh.org/wp-content/uploads/2023/02/DHP-30.1.2023-final.pdf) ha sido también seriamente violado, pues las personas y pueblos que sufren agresión, colonialismo, neocolonialismo y otros crímenes internacionales, “merecen una atención especial como víctimas de violaciones del derecho humano a la paz” (art. 2.3). La Declaración llama también a los Estados a obedecer “la obligación legal de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en las relaciones internacionales» (art. 3.4); a abstenerse de “imponer sanciones unilaterales” (art. 3.5); y respetar “el derecho de todos los pueblos a la libre determinación” (art. 3.8). Por su parte, las víctimas de violaciones a los derechos humanos “tienen el derecho a la verdad, a una compensación, a la justicia, a la reparación y a garantías de no repetición” (art. 7.7).

Denunciamos la agresión militar del 3 de enero de 2026 porque precipita aún más a la comunidad internacional en un abismo de incertidumbre, conflicto y desestabilización regional y mundial, un desorden internacional sin reglas que responde a la ley del más fuerte y a las pretensiones imperiales de los EEUU, que ya ha amenazado a otros países de la región como Colombia, Panamá, Cuba, México, incluso Groenlandia. Es un precedente peligrosísimo que nos devuelve a la guerra fría y al pasado intervencionista de los EEUU, alejándonos aún más de la paz en el mundo. Nos interpela a reclamar a nuestros gobiernos una reacción coordinada en defensa del multilateralismo y del derecho internacional, del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de todos sin distinciones, incluido el derecho humano a la paz.

En cuanto a Venezuela, reiteramos junto a la Misión internacional independiente de determinación de los hechos que las autoridades deben liberar inmediatamente a todos los presos políticos, así como respetar los derechos humanos y libertades fundamentales internacionalmente reconocidos y aceptados por Venezuela. En particular, las autoridades venezolanas deben restablecer el Estado de derecho, asegurar la independencia del poder judicial y respetar las libertades públicas, incluida la libertad de prensa, que permitan la celebración de elecciones libres y democráticas bajo supervisión de las Naciones Unidas, de modo que el pueblo venezolano pueda ejercer su derecho de libre determinación, eligiendo en libertad a sus representantes políticos en el más breve plazo posible.

Cuba reitera su disposición a un diálogo soberano y respetuoso con Estados Unidos

El Gobierno de Cuba afirmó que no existen conversaciones políticas con el Gobierno de Estados Unidos, más allá de contactos técnicos limitados al ámbito migratorio, y reiteró que siempre ha mantenido disposición a sostener un diálogo serio y responsable con los distintos gobiernos estadounidenses, incluido el actual, sobre la base de la igualdad soberana, el respeto mutuo y los principios del Derecho Internacional.

Según se indicó, cualquier intercambio entre ambos países debe darse sin injerencia en los asuntos internos de Cuba, con pleno respeto a su independencia y con beneficio recíproco, rechazando prácticas de hostilidad, amenaza o coerción económica.

El pronunciamiento subraya que el origen y el extremo endurecimiento del bloqueo contra Cuba no guardan relación con los cubanos residentes en Estados Unidos, muchos de los cuales fueron empujados a emigrar como consecuencia directa de esa política y de los privilegios establecidos por la Ley de Ajuste Cubano. Actualmente, se señala, estas personas son víctimas tanto del cambio en las políticas migratorias estadounidenses como de lo que se califica como la traición de políticos radicados en Miami.

Cuba recordó además que existen Acuerdos Migratorios bilaterales vigentes, los cuales el país cumple de manera escrupulosa, reafirmando su compromiso con una gestión migratoria ordenada y basada en compromisos internacionales.

El mensaje enfatiza que, como demuestra la historia, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos solo pueden avanzar si se fundamentan en el respeto al Derecho Internacional, y no en la confrontación, la amenaza ni la coerción económica.

Estas declaraciones corresponden a un mensaje del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, emitido en respuesta a nuevas amenazas y ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Cuba y su soberanía.

Cinco puntos, desde el contexto costarricense, sobre el ataque de Trump a Venezuela

Por César López Dávila

1- Responsabilidad ante el privilegio de la paz: Costa Rica es reconocido a nivel global como un país de paz, destacando por su abolición del ejército hace décadas y su enfoque en la diplomacia. Quienes habitamos la República, somos privilegiados de tener setenta y ocho años de no sufrir las consecuencias de un conflicto bélico a lo interno nuestras fronteras.

Ese privilegio implica la responsabilidad de no tomar posturas ligeras (ni exaltar pasiones como si se tratara de un partido de fútbol), ante una acción bélica militar, en ningún lugar del mundo; pero muy especialmente en nuestra región latinoamericana.

Recordemos que los misiles no tienen bando, sacuden la tierra, dejan dolor y destrucción a su paso.

El privilegio que tenemos los costarricenses, implica la gran responsabilidad de no legitimar actos de guerra. Los habitantes de un país orgulloso de no tener ejército, no podemos alegrarnos que un país con ejército destroce a bombazos, en parte o entera, a otra nación soberana. Lo contrario implicaría una doble moral ante nuestra idiosincracia, como país de paz.

2- Pensamiento crítico para indagar más allá de las apariencias: Ya desde la antigua Grecia, el dramaturgo Esquilo (525 – 456 a.C.), con la frase “la verdad es la primera víctima de la guerra”, condensa la idea de que, en tiempos de guerra, la información se manipula y la realidad se oscurece, haciendo de la verdad una de las principales bajas.

La responsabilidad ante el privilegio de la paz requiere de ser crítico ante la propaganda de guerra, entendida como aquella difusión masiva de información (a menudo sesgada) para influir en la opinión pública, buscando justificar el conflicto, movilizar apoyo, mediante el uso de emociones, y narrativas que presentan una visión favorable de quien impulsa la agresión bélica. Este tipo de propaganda, nunca se presenta como tal, sino a través de noticias que resultan falsas, chotas, notas parciales; y demás iniciativas tanto en medios tradicionales, como en las nuevas y no tan nuevas redes sociales y sus distintos formatos.

El llamado “influjo mediático” aparece entonces en escena, en tanto empuje de los medios de comunicación, para moldear opiniones, sentimientos y comportamientos de la sociedad, influyendo en la construcción de percepciones, a través del posicionamiento de cierta narrativa. Con frecuencia a través del «condicionamiento operante», se busca que tengamos afinidad o simpatía, con mensajes convenientemente preparados para producir una respuesta que sea favorable a intereses particulares.

En tales contextos, el pensamiento crítico, esa capacidad del ser humano para analizar y evaluar la información existente respecto a un tema, intentando esclarecer la veracidad; debe ser puesta en práctica para leer entre líneas, y ver más allá de las apariencias de la narrativa que domina la escena.

Sobre este mismo punto, y volviendo a Latinoamérica, el destacado escritor y periodista Uruguayo Eduardo Galeano, ya igualmente apuntaba décadas atrás: “Las guerras mienten. Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar: ‘yo mato para robar’. Siempre alegan nobles causas, como progreso y democracia.”

Sin embargo, las guerras que, en nombre de la democracia, justifican la agresión armada bajo la bandera de expandir o defender la libertad, la justicia y los derechos humanos, a menudo; encubren complejidades políticas, intereses estratégicos por recursos naturales o posiciones geográficas.

En este caso particular, necesario es recordar, que Donald Trump (quien hoy escuda sus actos bélicos en el ideal democrático), ha sido acusado en tribunales de su propio país, de atentar contra la democracia de EEUU por la toma del Capitolio. La comisión bipartidista a cargo de la investigación de la toma del Capitolio describió un plan de siete pasos ejecutado por Donald Trump para anular una elección democrática, libre y justa, en Estados Unidos. De acuerdo con los testimonios recogidos durante la investigación -el hoy de nuevo presidente- sabía que no había ocurrido un fraude generalizado pues su propio entorno se lo dijo y, aun así, convocó a una turba para que detuviera la entrega del poder a Joe Biden y, cuando el ataque comenzó, se quedó cruzado de brazos (The new York Times, 12/06/2022).

No nos llamemos a engaños, a Trump no le interesa la democracia de su país, menos la democracia de América Latina, a la que considera sus colonias o patio trasero. Su pose de paladín de la democracia es solo una fugaz puesta en escena, un eslogan de su marca de guerra, para distraer el pensamiento crítico, e ir tras su interés.

3- No perder de vista enseñanzas de la historia, ni los movimientos del tablero geopolítico: La historia y la geopolítica están intrínsecamente conectadas: la primera vislumbra el contexto y las causas profundas de los conflictos y alianzas; la segunda analiza cómo factores geográficos (ubicación, recursos, clima) influyen en las decisiones políticas y las relaciones de poder entre naciones.

El uso del pensamiento crítico implica indagar hechos históricos y nociones de geopolítica. Un vistazo a ambas disciplinas, evidencian la pérdida de hegemonía de los intereses del gobierno de Trump, y el resurgimiento de la doctrina Monroe y el Destino Manifiesto en su política exterior.

Los gobiernos de Estados Unidos han intentado durante mucho tiempo inclinar la balanza en América Latina. La historia no miente, revela como han apoyado golpes militares, llevado a cabo operaciones encubiertas, invadido naciones soberanas (y respaldando dictadores militares en América Latina durante la guerra fría).

El origen de este tipo de accionar que considera a Latinoamérica su patio trasero se encuentra en la Doctrina Monroe (1823) que como política exterior de EE.UU, buscó sentar las bases para lograr hegemonía regional en América Latina. También en el Destino Manifiesto (1845), ideología que creía que EE.UU. tenía un derecho divino y deber de expandirse por Norteamérica, Centroamérica y el continente entero, para gobernar la América a su antojo.

Esto justificó la anexión de territorios como Texas y Oregón, la incursión de William Walker a Centroamérica, y demás invasiones durante décadas, en busca de consolidar su poder a través de la expansión territorial. Ambas ideologías (Doctrina Monroe y Destino Manifiesto), aunque distintas, se entrelazaron para impulsar el expansionismo estadounidense en el continente, a menudo ignorando los derechos de otros pueblos.

Aunque esta etapa se creía superada ante el derecho internacional y sus instituciones, lo cierto es que nuevamente están siendo retomadas. Si posterior a la Segunda Guerra Mundial, y al finalizar la guerra fría, EEUU posicionó su influencia mundial, esa influencia va lentamente en declive. Pese a serias alarmas su economía aún es fuerte, pero tecnológicamente están siendo superados. En resumen, el ascenso de China y la expansión de los BRICS como bloque económico anuncian una nueva etapa multipolar en la geopolítica.

Ante esta situación, Trump impregna en su política exterior la prioridad del control del hemisferio occidental, controlar el continente americano como retaguardia estratégica (materias primas, vías de comunicación, energía). Así consta en texto oficial del documento titulado “Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos” (NSS2025; The White House, 2025), anunciado a inicios de diciembre anterior, en lo que autodenominan como “Corolario Trump a la Doctrina Monroe”, y mediante el cual, se reedita a su manera la Doctrina Monroe de intervencionismo en Latinoamérica. Para Trump la doctrina Monroe es: hacemos lo que queremos en el hemisferio, porque pertenece a EE.UU. Esto al mejor estilo de la visión del filibustero William Walker y su incursión a Centroamérica (1855), siendo ahora más bien, un nuevo Pirata del Caribe.

Quizá por ello, Donald Trump comenzó el año pasado con promesas de apoderarse del canal de Panamá, tomar el control de Groenlandia y renombrar el golfo de México como golfo de América. Con la diferencia que el presente 2026, pasó de la retórica a las primeras bombas en territorios de Estados soberanos.

Desde meses más atrás, su objetivo real lo evidencian altos funcionarios de su gobierno, que han sido explícitos declarando. “Este es el barrio en el que vivimos”, dijo Mauricio Claver-Carone, enviado especial de Trump para América Latina hasta junio, quien sigue asesorando a la Casa Blanca. “Y no puedes ser la potencia global preeminente si no eres la potencia regional preeminente” (The New York Times en español, 17/11/2025).

Volviendo al tema que nos ocupa, es bueno tenerlo claro (así se evidenció en la conferencia de prensa de Trump luego de su agresión militar a Venezuela), el interés, no es la democracia sino la reserva de petróleo más grande del mundo. Venezuela cuenta con 303 000 millones de barriles de petróleo y 5.5 billones de metros cúbicos de gas (Forbes, 2026), además de gran riqueza mineral necesaria para la tecnología. Tal es el interés real, adueñarse por la fuerza del control de la riqueza de una nación soberana.

Lo anterior debe resultar inaceptable para quienes creemos en democracia y soberanía. La soberanía de los Estados, no es principio negociable (nada importa su tamaño, recursos, o ubicación en el mapa), esta resulta un principio inviolable. Hacerse de la vista gorda en cuanto a su flagrante violación de hoy en otras latitudes, implica el riesgo de legitimar la cuerda que nos cerque la garganta mañana, cuando lo que esté en apropiación, sea nuevamente, la estrategia de la geografía (la diversidad, o el recurso hídrico) de la región centroamericana.

EEUU no tiene derecho, como Trump ha dicho, de dirigir Venezuela. Menos aún de gestionar sus riquezas naturales. Por el contrario, la agresión militar impulsada por Trump no es solo violatoria del derecho internacional, sino que carece de legalidad ante el ordenamiento jurídico estadounidense, siendo inconstitucional. Así lo han iniciado a denunciar senadores como Bernie Sanders, y figuras políticas como Zohran Mamdani, actual alcalde de Nueva York (entre otros). De esto último también es menester llevar pulso e informarnos, más allá de las omisiones editoriales, las tendencias en los algoritmos, o los cercos mediáticos.

4- Abogar por la vigencia del derecho internacional, como alternativa a la ley de la selva: La ley de la selva, donde el más fuerte impone su voluntad dejando muerte a su paso, no puede ser la norma entre el concierto de las naciones.

Para evitar lo anterior, se ha establecido el derecho internacional, que sirve para regular las relaciones entre Estados, soberanos, organizaciones e instituciones internacionales y, a veces, individuos; estableciendo normas, tratados, principios y reglas, para evitar conflictos, promover la estabilidad global y mantener la paz.

No hay norma en el derecho internacional público que faculte la agresión militar impulsada por Trump hacia un país soberano. A las acciones hay que llamarlas por lo que son, el ataque militar del pasado tres de enero de Estados Unidos a Venezuela, se trata de una agresión armada que viola abiertamente el derecho internacional; vulnerando tanto el principio de la soberanía de los Estados, y a su vez, la prohibición del uso unilateral de la fuerza, establecida en la Carta de las Naciones Unidas (artículo y su inciso 4), así como la Carta de la Organización de Estados Americanos (artículo 3, acápites a, b, e, g, i; e igualmente los artículos del 19 al 22), entre otras resoluciones de instancias internacionales.

Tal violación del Derecho Internacional no debe ser noticia que alegre, sino que preocupe; sobre todo para un país como Costa Rica, sin ejército, y cuya seguridad global y respeto a su soberanía, se resguarda por completo, en el derecho internacional, los instrumentos jurídicos multilaterales, y sus instituciones hemisféricas y globales.

Ante toda agresión militar que desvirtúe lo anterior, nuestra prioridad como costarricenses debe ser la condena enérgica a la agresión militar del más fuerte (asentando responsabilidades), el llamado a la vuelta de la razón, la diplomacia, la desescalada del conflicto, y el retorno de la paz, etc.

5- El anhelo que América Latina y el Caribe sean un corredor de paz: En un mundo agitado por conflictos bélicos, en el cual repetidas veces, las agresiones militares se disfrazan de acciones altruistas, escondiendo intereses económicos, o geopolíticos que las impulsan en realidad; debemos tener claro las lecciones de la historia, comprendiendo que el aumento de agresiones y tensiones, perfectamente pueden derivar en graves conflictos regionales, o incluso en enfrentamientos globales.

La agresión bélica ordenada por Donald Trump a Venezuela no hace del mundo un lugar más seguro. Por el contrario, sienta un precedente para futuras agresiones militares a otros países de América Latina y el Caribe (o en otras partes del mundo). Legitima una lógica para que cualquier otro país ataque a otra nación para apoderarse de sus riquezas o cambiar sus gobiernos. Deja el mundo a la deriva de la fuerza bruta para dirimir diferencias. Tensa más el ambiente geopolítico hacia un desastroso conflicto global, que algunos intereses de industrias militares parecen irresponsablemente desear. De las guerras se sabe cómo inician, no cómo terminan.

Abogar siempre por el derecho universal a vivir sin violencia, conflictos armados ni amenazas, se hace hoy, como siempre necesario. Mantener lejos el doloroso monstruo de la guerra, resulta un ideal esencial, para lo cual, mantener América Latina y el Caribe como corredor de paz resulta ser una prioridad de gran importancia para la humanidad entera. Como habitantes de un país de paz, inmerso en la región latinoamericana, ese debe ser nuestro más legitimo anhelo.

Iglesia Presbiteriana de Venezuela condena la violencia, llama a la paz y defiende la soberanía

Desde su identidad cristiana y su compromiso histórico con la dignidad humana, la vida, la justicia y la paz, la Iglesia Presbiteriana de Venezuela (IPV) emitió un comunicado oficial en el que rechaza de forma contundente la violencia y la intervención militar contra el territorio venezolano, y expresa su solidaridad con el pueblo ante los hechos ocurridos el 3 de enero de 2026.

En el documento, la Iglesia señala que toda acción que genere muerte es contraria al Evangelio y a la práctica cristiana, por lo que manifiesta su rechazo absoluto a cualquier forma de violencia y destrucción del territorio nacional.

Asimismo, declara inaceptable la intervención militar y el bombardeo por parte del Gobierno de los Estados Unidos, calificando estos hechos como una tragedia que ha vulnerado la dignidad del pueblo venezolano, su soberanía y su derecho a la autodeterminación.

La Iglesia Presbiteriana de Venezuela expresa su profundo dolor por las numerosas víctimas civiles y militares producto de esta acción, manifestando acompañamiento espiritual a sus familias y reconociendo el sufrimiento que hoy recae sobre el país.

El comunicado advierte que se trata de una situación grave que trasciende las fronteras nacionales, ya que afecta a la región y al mundo, al revertir principios fundamentales del derecho internacional y atentar contra la dignidad de los pueblos.

En un llamado amplio, la Iglesia dirige sus oraciones y su disposición de servicio al pueblo de Venezuela, al pueblo de los Estados Unidos y a los pueblos del mundo, así como a las iglesias y al gobierno venezolano, con el fin de contribuir al restablecimiento de la paz, la soberanía, la unidad y el amor cristiano.

De igual forma, invita a todas las comunidades de fe a mantener una práctica constante y consciente de oración, clamando con esperanza al Dios de la vida y de la historia, y a desarrollar acciones pastorales de apoyo a la salud emocional, física y a las necesidades básicas de la población, según las posibilidades de cada comunidad. También llama a participar activamente en todo esfuerzo que defienda la soberanía nacional dentro de un marco de diálogo, justicia y paz.

Como Iglesia cristiana, la IPV hace un llamado a mantener la calma y la confianza en Dios, recordando que la paz verdadera proviene de la justicia y del respeto a la vida.

Finalmente, expresa su agradecimiento a las personas, organizaciones religiosas, organizaciones civiles e instancias internacionales que han manifestado su solidaridad, ánimo y apoyo incondicional al pueblo venezolano y a la Iglesia Presbiteriana de Venezuela frente a los acontecimientos recientes.

El comunicado es suscrito por la Junta Coordinadora de la Iglesia Presbiteriana de Venezuela.

Venezuela convertida en teatro para una obra nueva, de un viejo libreto: geopolítica antes que democracia, Washington, Trump y la utilidad de Maduro

JoseSo (José Solano-Saborío)

Yo y muchos latinoamericanos de verdad (el burro por delante), pasamos por todas las etapas del duelo, por la nueva afrenta a la soberanía de una república latinoamericana. En la noche lo discutía con un buen amigo, que me terminó acomodando mis ideas y pensamientos, por eso ¡gracias Jiddu!

Lo que acaba de ocurrir en Venezuela no parece un episodio aislado ni un arrebato tropical. Huele a libreto, a ensayo general de una obra donde los actores principales ya saben cómo termina la función, mientras el público —nosotros— vuelve a salir del teatro con la sensación de que pasó “algo grande”, pero sin entender realmente qué.

Cuando uno junta las piezas, la pregunta deja de ser si fue un show, y pasa a ser: ¿para quién fue el show?

El “dictador narco” armado hasta los dientes y que no disparó un tiro. La narrativa oficial occidental sobre Maduro es ya un cliché: “dictador narco, violento, sostenido por el Tren de Aragua, con el ejército mejor armado de la región, respaldado por la inteligencia rusa y la tecnología china, protegido por las mejores baterías antiaéreas del mundo”.

Si uno se traga completo ese relato, debería esperar que cualquier amenaza externa termine en:

– cierre del espacio aéreo,

– cadenas nacionales histéricas,

– movilización militar real,

– y una escalada al borde de la guerra.

Pero lo que vimos fue otra cosa: cero disparos, cero confrontación real, Maduro apareciendo relajado, casi burlón, con frases en inglés para la audiencia internacional, como si acabara de salir de un late night show, no de un intento desestabilizador serio.

Esa disonancia es importante: o la amenaza nunca fue tan grave como se nos vendió, o la respuesta fue deliberadamente moderada porque ya había acuerdos previos. En ambos escenarios, la idea del “dictador impredecible” pierde fuerza. Lo que aparece, más bien, es un régimen que sabe exactamente hasta dónde puede llegar sin incomodar a los verdaderos poderes con los que negocia.

Otro dato que no encaja con la narrativa épica de la confrontación total: las figuras clave del régimen permanecen intactas. La vicepresidenta, ya es una pieza central en los puentes con Washington, no es tocada.

Pero, sobre todo, Diosdado Cabello, verdadero poder militar y operador interno, sigue donde mismo, sin ruido, sin sanciones nuevas de alto impacto, sin intentos serios por aislarlo.

Si la prioridad real fuera “derrocar la dictadura” o “desarticular un narcoestado”, uno esperaría acciones directas sobre quienes sostienen el aparato de poder. Pero no. Lo que vemos es una especie de respeto tácito por la estructura básica del régimen.

Esto se parece menos a una cruzada por la democracia y más a una administración de equilibrios: que el régimen se mantenga suficiente para garantizar control territorial, contención migratoria y flujo estable de petróleo; pero lo bastante presionado como para seguir sentado en la mesa de negociación.

Aquí entra Estados Unidos en escena. El detalle importante no es si aparece Trump, Biden o cualquier otro. Es que, para Washington, Venezuela no es ante todo un drama democrático: es una pieza geopolítica.

Venezuela sirve como: primero, una válvula de ajuste energético por el petróleo disponible cuando conviene, presionable con sanciones cuando es útil.

Además, es un muro migratorio indirecto: un régimen que controla su población, aunque sea a costa de represión, puede ser un aliado incómodo pero funcional.

Ficha en la mesa con Rusia, China e Irán: Caracas es un recordatorio permanente de que, si estos actores se acercan demasiado, Washington todavía tiene herramientas para subir o bajar la temperatura.

En ese contexto, un show de tensión controlada con Maduro es útil para todos los que juegan “arriba”:

A Trump le permite alimentar su ego y su discurso de fuerza, de “poner en su lugar” a los enemigos de Estados Unidos.

A los demócratas les permite mostrarse duros sin comprometerse con una intervención real ni un cambio que podría desestabilizar la región. Siguen pensando en las elecciones de medio período de noviembre.

A Maduro le permite reafirmar su rol de “enemigo funcional”: imprescindible para justificar sanciones, negociaciones y presencia geopolítica, pero nunca lo bastante peligroso como para obligar a Washington a ir hasta el final.

El silencio sobre Epstein y otros silencios útiles:

Mientras tanto, algo llama la atención: el tema Venezuela ocupa titulares, paneles, discursos inflamados… mientras otros asuntos se desvanecen del foco mediático. El caso Epstein es el ejemplo más obvio: una trama que toca a élites financieras, políticas y mediáticas de alto nivel, y que de pronto desaparece o queda encapsulada en piezas aisladas, sin consecuencias proporcionales.

No es conspiración barata decir que la agenda pública es limitada. Solo caben pocos grandes temas a la vez. Y cuando uno de esos espacios se llena con “crisis en Venezuela”, automáticamente se desplaza el resto. Lo importante no es afirmar que “Venezuela se inventa para tapar Epstein”, sino entender que el sistema mediático es perfecto para administrar prioridades: amplificar lo que conviene, silenciar lo que incomoda.

En ese sentido, la sobreactuación en torno a Maduro cumple una función clara: organiza la conversación mundial en torno a un conflicto manejable, con villanos identificables y relatos fáciles de digerir, lejos de escándalos que cuestionan estructuras enteras de poder en Occidente.

Los grandes ausentes: ¿Y la oposición?

Mientras se negocia entre bastidores, la oposición democrática venezolana queda fuera de cuadro. María Corina Machado y el supuesto presidente legítimo apenas aparecen como notas al pie. No son actores centrales del libreto; son utilería.

Esto es brutal, pero necesario de decir: Para buena parte de las potencias, la oposición democrática es un recurso retórico, no un socio estratégico.

Sirve para justificar sanciones, para llenarse la boca con la palabra “democracia” y para apuntalar discursos de campaña. Pero cuando llegan las decisiones duras —¿Quién controla el territorio? ¿Quién garantiza que el petróleo fluya? ¿Quién mantiene el orden interno? — las potencias no miran a los demócratas, miran al régimen.

Por eso la sensación de ninguneo: porque es real. La lucha democrática venezolana existe, resiste, sufre, pero no es quien define el tablero. El régimen, con todos sus crímenes, sigue siendo el interlocutor útil.

Al final, la escena se repite:

Se construye un relato de confrontación total… Se amplifica el miedo, el drama, la urgencia…. Se habla de dictaduras, narcos, terror, guerra inminente…

Y cuando se baja el volumen, lo que queda es exactamente lo mismo: el régimen en el poder, los verdaderos jefes intocados, las potencias jugando a dos bandas, y la ciudadanía —dentro y fuera de Venezuela— reducida a espectadora.

La pregunta ya no es si “esto fue solo un show”.

La pregunta es: ¿cuántas veces más vamos a aceptar la entrada al teatro sin exigir ver el contrato de los actores?

Porque mientras sigamos consumiendo el conflicto como espectáculo, seguirán escribiendo libretos donde el costo lo pagan los pueblos y la ganancia se la reparten los mismos de siempre. Y ahí sí, una vez más, nos habrán vuelto a tomar por pollos.

La crisis en Venezuela exige una salida democrática, civil y conforme al derecho internacional

IDDECO

Desde IDDECO Internacional y sus sedes regionales, observamos con profunda preocupación los acontecimientos recientes en Venezuela derivados del bombardeo de su territorio y la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas militares de los Estados Unidos. Este hecho, de carácter extraordinario, no solo impacta el escenario político venezolano, sino que plantea interrogantes de alto calado sobre el respeto a la soberanía de Estado, los límites del uso de la fuerza y la vigencia del orden jurídico internacional.

Si bien durante años se ha documentado el deterioro democrático, la ausencia de elecciones libres, la falta de respeto a los derechos humanos y la erosión institucional en Venezuela, reiteramos que la remoción de un gobierno por medios militares externos no constituye, por sí misma, una transición democrática ni garantiza la restitución del Estado de derecho. Por el contrario, configura un contexto de profunda inestabilidad política y de elevados riesgos para los derechos humanos, que debe ser abordado con responsabilidad, apego a la legalidad y una visión de largo plazo. Sienta un precedente que pone en peligro el sistema de relaciones internacionales instaurado por la Carta de Naciones Unidas, cada vez más cuestionada, y permite la justificación de acciones similares en otras partes del planeta.

Desde esta perspectiva, IDDECO Internacional considera indispensable reencauzar la discusión hacia una salida política, civil y constitucional, que permita evitar la normalización de la violencia como mecanismo de resolución de crisis. Entendemos que el sistema democrático es el más adecuado para el mejor funcionamiento de una sociedad. La separación de poderes, con un legislativo elegido en sufragio universal con control y garantía de la limpieza del proceso electoral, con un ejecutivo que actúa de acuerdo con el marco legal y un poder judicial independiente que supervisa la acción ejecutiva. Eso no ha sido posible en Venezuela y su recuperación debe depender únicamente de la voluntad del pueblo venezolano expresada libremente.

Paralelamente, advertimos que el uso de la fuerza militar extranjera en territorio venezolano tensiona principios esenciales del derecho internacional contemporáneo. La estabilidad regional y global no puede sostenerse sobre decisiones unilaterales que debilitan los marcos multilaterales construidos precisamente para contener el uso arbitrario de la fuerza.

La captura de un jefe de Estado, sin autorización del Consejo de Seguridad, no puede leerse como un hecho aislado. Introduce una lógica de excepcionalidad permanente que debilita las normas diseñadas precisamente para contener el uso arbitrario de la fuerza.

El respeto a la soberanía, a los tratados internacionales y a los mecanismos multilaterales no es un obstáculo para la defensa de la democracia y los derechos humanos; por el contrario, constituye su principal garantía de coherencia, legitimidad y sostenibilidad en el tiempo.

Cuando el derecho se subordina a la oportunidad política, lo que se resiente no es solo un país concreto, sino el sistema de garantías que protege a todos los Estados, especialmente a aquellos con menor capacidad de influencia.

Consideramos, que el impacto de esta operación debe analizarse en clave regional. América Latina, con una historia marcada por intervenciones externas, se enfrenta al riesgo de que se normalice el uso de la fuerza como instrumento de gestión de crisis políticas, con efectos previsibles sobre la confianza entre Estados, la estabilidad institucional y la calidad democrática. Por lo que hacemos un llamado a los Estados a que se exija el respeto a los Tratados, Acuerdos y marcos del Derecho Internacional que vigilan el cumplimiento de garantías y con ello el resguardo de la democracia de la Región.

Desde IDDECO subrayamos que la defensa de la democracia y de los derechos humanos no puede desligarse del respeto al derecho internacional, sin vaciar de contenido a ambos. La fortaleza de esos valores depende, en última instancia, de que se apliquen de forma coherente y no selectiva.

Concluimos señalando la necesidad de reafirmar el papel de las Naciones Unidas y del multilateralismo como espacios centrales para la gestión de conflictos y la rendición de cuentas, en un momento en el que el equilibrio entre poder y derecho vuelve a situarse en el centro del debate internacional.

IDDECO Internacional
Compromiso con la Integridad

Con la música por dentro

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Es una fresca tarde de julio en Caracas. Corre un viento calmo, una suave brisa que nos abraza y arrulla. Todo en el Barrio San Agustín es una aceitada maquinaria de color, olor y sabores.

Todo mezclado, diría Nicolás Guillén, quien también diría “Adivinanza de la esperanza, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, toda la sangre formando un río” …es inevitable leer estas letras del Son Número Seis y al mismo tiempo garabatear algunos pasos en el pavimento.

Es inevitable no hacerlo al entrar a uno de los lugares más icónicos del Barrio San Agustín del Sur, en Caracas: El Rincón del Pichón. En todas sus paredes se destila historia de la salsa latinoamericana más dura y clásica. Todo ese sitio es una poesía que lleva la música por dentro.

Pero es que todo San Agustín es eso: resistencia, pulsión, color. Un espacio urbano absolutamente coloreado con los más hermosos tatuajes en sus paredes. En uno de esos murales se lee “la pelea es bailando” y entonces entiendo el concepto de resistencia muy ligado a los sonidos y ritmos caribeños de esta Latinoamérica ancha y diversa que somos.

En tiempos en que hemos sido lastimados como región por este “ nuevo reacomodo” de las fuerzas hegemónicas que creen posible entrar a un país, violar su soberanía y ejecutar  «acciones exitosamente quirúrgicas” al precio de una lista que ya suma 50 personas fallecidas, vuelvo a recordar ese lugar de sonidos claros y resistentes; recuerdo el calor de ese barcito histórico en el que nació el grupo Madera, emblema del folclor afro venezolano, las voces de Leonardo Ruiz ( Venezuela), Carlos Aldazábal ( Argentina) y Giselle Lucía Navarro ( Cuba) que junto con la mía llenaron de palabras ese barrio y todas sus marcas de colores. Eran los tiempos del XIX Festival Mundial de Poesía de Venezuela “lugar de permanencia” …y vaya si permanece en el corazón.

Retengo esas memorias a esta hora.

Me devuelvo al mural “la pelea es bailando” y no puedo evitar pensar en toda esa región que somos y que debemos defender desde nuestras trincheras todas. Alguna vez Chavela Vargas dijo “que el fin del mundo nos pille bailando” …yo digo que la resistencia nos encuentre “con la música por dentro”.

El ataque de Estados Unidos a Venezuela del 3 de enero del 2026: a propósito de las reacciones oficiales de Estados de América Latina

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público
Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

Contacto: nboeglin@gmail.com

Ante la operación militar perpetrada por Estados Unidos contra Venezuela en la noche del 2 al 3 de enero del 2026, incluyendo fuerzas especiales, comandos lanzados desde helicópteros, 150 aviones en tareas de apoyo y embarcaciones frente a las costas venezolanas, son varios los Estados de América Latina que han considerado oportuno manifestarse con respecto a esta acción militar unilateral contra Venezuela y contra su máxima autoridad.

A nivel de Naciones Unidas, las reacciones no se hicieron esperar, sea desde la Secretaría General de Naciones Unidas, sea desde la Presidencia de la Asamblea General (véase comunicado oficial de Naciones Unidas).

Se puede prever que un primer ejercicio en el Consejo de Seguridad contará con el veto de Estados Unidos y que el asunto se examinará luego con una votación de los 193 Estados Miembros en la Asamblea General en próximos días, tal y como lo solicitó Sudáfrica en su comunicado oficial condenando a Estados Unidos (véase texto). Tuvimos la oportunidad de analizar un ejercicio muy similar (Consejo de Seguridad – veto ruso – Asamblea General – abrumadora mayoría) en febrero-marzo del 2022, luego de la agresión militar sufrida por Ucrania por parte de Rusia el 24 de febrero del mismo año (Nota 1). Es de notar que por América Latina fungen como Estados Miembros no Permanentes del Consejo de Seguridad, Colombia y Panamá a partir del 1ero de enero del 2026.

Los primeros días de enero no deberían sorprender a observadores internacionales: Estados Unidos ya había planificado en esos primeros días ataques militares sumamente cuestionables y cuestionados en años recientes, como por ejemplo el perpetrado en Irak el 2 de enero del 2020 contra un alto funcionario iraní, contando para ello con información de inteligencia proporcionada por Israel (Nota 2).

Las reglas internacionales vigentes en breve

El uso de la fuerza de un Estado contra otro Estado es expresamente prohibido en la Carta de Naciones Unidas desde 1945, así como en la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde 1948, y su prohibición ha sido invocada una y otra vez por un Estado víctima y reafirmada una y otra vez por instancias de Naciones Unidas; así como por jurisdicciones internacionales desde 1945 que han conocido de acciones militares de un Estado contra otro Estado.

Cuando un Estado ha infringido esta regla en el pasado reciente, se ha esmerado en invocar figuras legales inexistentes en derecho internacional público tales como la «legítima defensa preventiva» invocada por Estados Unidos en Irak en el 2003, o por Colombia en Ecuador en marzo del 2008 (operación Fénix) y … de manera pionera por Israel en 1981en Irak (Nota 3); o bien invocando la noción de «guerra contra el terrorismo» para justificar bombardeos en Pakistán y en Afganistán luego del 11 de septiembre del 2001 ideada por la administración norteamericana; o bien refiriendo a la noción de «combatientes ilegales» para enviar a la base norteamericana de Guantánamo en Cuba a personas oriundas de Oriente Medio capturadas de manera ilegal por Estados Unidos y enviadas en vuelos clandestinos a Guantánamo. Más recientemente, Rusia por su parte invocó una «intervención humanitaria» en Ucrania so pretexto de un genocidio cometido contra poblaciones rusas en Ucrania en el 2022. Esta creatividad sin límites obedece al hecho que todos los Estados buscan siempre la manera de maquillar de presunta legalidad la violación a la regla de prohibición del uso de la fuerza.

En efecto, esta regla constituye la piedra angular de todo el edificio normativo construido desde 1945, así como el principio de no intervención de un Estado en asuntos internos de otro Estado. La acción unilateral de Estados Unidos registrada este 3 de enero del 2026 viene a desestabilizar un poco más a la región, confirmándose de paso que para el actual mandatario de Estados Unidos y los integrantes de su gabinete, las reglas vigentes en el ordenamiento jurídico internacional sobre la prohibición del uso de la fuerza …son para otros Estados.

Cabe precisar que desde el 21 de enero del 2025, sea en materia de reglas comerciales, sea en materia migratoria, sea en materia de derechos humanos, sea en materia de respeto al principio de no intervención en los asuntos internos de otro Estado, o bien sea en materia de respeto al principio de prohibición del uso de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza, sea más recientemente en materia de normas internacionales relativas a la captura e incautamiento de cargamentos de droga en alta mar, el actual ocupante de la Casa Blanca se ha esmerado en violar de manera sistemática y desvergonzada algunas reglas internacionales existentes en estas y muchas otras materias.

En América Latina, la última intervención militar realizada por Estados Unidos en Panamá, iniciada el 20 de diciembre de 1989 y concluida con la captura del general Noriega el 3 de enero del 1990, viene a recordarnos la tentación que cada cierto tiempo tienen las máximas autoridades norteamericanas de «resolver» a su manera problemas políticos sin lograrlo mayormente (véase enlace a diversos informes realizados en Panamá sobre esta invasión de 1989). Esta nota de prensa del 2024 señala que aún continúan las investigaciones en Panamá sobre la identificación de las víctimas panameñas, cuya cifra exacta a la fecha se desconoce.

Una acción militar unilateral de Estados Unidos ante una situación interna ya explosiva: ¿hacia dónde se dirige Venezuela?

No está de más señalar que al precisar la máxima autoridad en Estados Unidos en conferencia de prensa este mismo 3 de enero del 2026 que Estados Unidos pretende asegurar una «transición pacífica» y «comercializar el petróleo de Venezuela» mientras esta transición se confirma, el irrespeto absoluto a diversos sectores en Venezuela se ve confirmado, incluyendo a sectores de la oposición política.

Un editorial del New York Times del mismo 3 de enero detalla los riesgos que implica para Estados Unidos y para su imagen en Venezuela, en América Latina (y en el mundo), esta acción unilateral en Venezuela (véase texto).

El documental «De Macedonia, con amor«, realizado por activistas en derechos humanos a raíz de las protestas multitudinarias observadas el 29 de julio del 2025 en Venezuela, retrata de manera bastante completa el descontento de muchos sectores populares con las autoridades venezolanas, luego de anunciarse los resultados oficiales de las elecciones en julio del 2025. Ahora bien, ¿será que todos estos sectores apoyan esta intervención ilegal de Estados Unidos que atenta contra la soberanía de Venezuela?

Ello sin mencionar el hecho que la experiencia ha demostrado que cambios de regímenes políticos mediante una intervención externa militar han agravado la crisis en vez de resolverla, como se ha podido constatar en Irak a partir del 2003, Afganistán a partir del 2002, o bien Libia y Siria a partir del 2011 así como en Yemen a partir del 2014.

Al respecto merece una pequeña mención el regocijo de algunos sectores políticos en Costa Rica y en otras partes de América Latina y del mundo anunciando el fin del régimen actual en Venezuela: en efecto, si bien la captura de la máxima autoridad en Venezuela y de su esposa por parte de Estados Unidos puede debilitar por unos días la cadena de mando dentro del Estado venezolano, es muy probable que el sistema político existente encuentre la manera de suplir esta ausencia y se mantenga, en particular si la oposición política venezolana no encuentra manera de articular un frente común, con lo cual el precitado regocijo resulta algo aventurado. Los ejemplos de regímenes políticos que se han mantenido por muchos años luego de la desaparición de su «líder» histórico, pese a la férrea oposición política de Estados Unidos, son numerosos.

Una primera advertencia hecha en… el 2017 y repudiada de forma casi generalizada en América Latina

Cabe señalar que el 11 de agosto del 2017, el mismo presidente de Estados Unidos había señalado en declaraciones ante la prensa, que:

«No voy a descartar la opción militar, es nuestro vecino y tenemos tropas por todo el mundo. Venezuela no está muy lejos, y la gente allí está sufriendo y está muriendo«

En aquel año del 2017, fueron varias las reacciones oficiales de Estados en América Latina repudiando mediante comunicados oficiales la «opción militar«, y que tuvimos la ocasión de analizar en su momento, haciendo ver que Costa Rica no consideró oportuno manifestarse al respecto como sí lo hicieron muchos otros Estados (Nota 4).

Reacciones oficiales registradas en América Latina de condena al accionar de Estados Unidos de este 2 de enero del 2026

Más allá de la gran incertidumbre que pesa sobre la crisis interna aguda que vive Venezuela desde varios años, y que posiblemente podría verse agravada significativamente con esta intervención militar norteamericana, entre las diversas reacciones oficiales ante lo ocurrido este 3 de enero del 2026, se puede mencionar la de Brasil, que señala de manera enfática (véase comunicado oficial) que:

«Os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional.

Atacar países, em flagrante violação do direito internacional, é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo.

A condenação ao uso da força é consistente com a posição que o Brasil sempre tem adotado em situações recentes em outros países e regiões.

A ação lembra os piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe e ameaça a preservação da região como zona de paz«.

Se puede también referir a la vehemente reacción del aparato diplomático de Chile (véase comunicado oficial) que señala entre varios puntos, en un extenso comunicado de lectura sugerida (Nota 5), que:

«Chile reafirma que el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los estados constituye una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia, y que constituye además un pilar esencial del derecho internacional. La soberanía no es una formalidad, es la garantía esencial que protege a los países de las voluntades externas de la arbitrariedad y de la ley del más fuerte. Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro. Asimismo, la amenaza de control externo unilateral de sus recursos naturales o recursos estratégicos constituye una grave violación al principio de integridad territorial, y pone en riesgo la seguridad, la soberanía y la estabilidad de todos los estados de la región».

Por su parte, en su comunicado oficial, Colombia indicó que:

«Colombia reafirma su compromiso permanente con la paz y la seguridad regional, la soberanía de los Estados y el respeto irrestricto de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular la prohibición del uso de la fuerza y la solución pacífica de las controversias. La experiencia histórica de la región, proclamada como Zona de Paz, demuestra que ninguna controversia puede resolverse legítimamente mediante acciones unilaterales».

En su comunicado oficial, el aparato diplomático de México por su parte precisó que:

«El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos.

América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza, por lo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional».

En el caso de Uruguay, su aparato diplomático difundió desde su sitio oficial (véase comunicado oficial) un texto en el que se lee que:

«Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, en particular el principio básico de que los Estados se deben abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o de cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.

Reafirmamos el carácter de América Latina y el Caribe como una zona de paz y libre de armas nucleares, como ha sido la posición de consenso de nuestra región«.

Reafirmar el principio contenido en el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas cuando es violado de manera tan flagrante constituye una obligación para un Estado que cree y defiende este y otros principios fundamentales contenidos en la Carta desde 1945.

Es de notar que mucho antes del 3 de enero del 2025, expertos en derechos humanos de Naciones Unidas habían condenado el bloqueo impuesto a Venezuela y la intercepción de naves sospechosas de dedicarse al narcotráfico con disparos para destruirlas con sus tripulantes a bordo realizados por el ejército de Estados Unidos (véase comunicado de prensa del 24 de diciembre del 2025 y comunicado del 4 de noviembre).

Reacciones oficiales mucho más reservadas e incluso de … apoyo a la acción militar de Estados Unidos

Estas reacciones oficiales del 3 de enero del 2026, y posiblemente otras que se den a conocer en América Latina, pueden ser comparadas al comunicado oficial de España, que se abstiene de referir al principio de prohibición del uso de la fuerza en sus respectivos textos. En el caso del comunicado oficial de Noruega, sí se hace ver que la acción militar de Estados Unidos violenta las reglas existentes en derecho internacional público, cosa que evita indicar la Representante de la Unión Europea (UE) en materia de política exterior en su «tweet» (véase enlace). En cuanto al Reino Unido (véase comunicado) y a Canadá (véase comunicado), las evasivas resultan notables y más que notorias. De igual forma se puede citar este comunicado oficial adoptado en el marco del CARICOM (véase declaración conjunta de su «Bureau«).

Volviendo a América Latina, el escueto comunicado oficial de Costa Rica de tres frases (véase enlace) es totalmente omiso (Nota 6) si se compara con los de Brasil, Chile, Colombia, México o de Uruguay. Al respecto, un error gramatical en la primera frase con un «ha» en vez de un «han» evidencia que fue redactado con cierta premura, pese a ser divulgado a una hora bastante avanzada de la tarde en Costa Rica (4:19 pm). Esta misma omisión de Costa Rica ante violaciones a principios y reglas básicas del ordenamiento jurídico internacional se ha observado en otro caso reciente: las reiteradas violaciones del derecho internacional humanitario por parte de Israel en Gaza (Nota 7).

Mientras que el comunicado oficial de Bolivia y el comunicado oficial de Perú evitan mencionar a Estados Unidos, así como el de Nicaragua (véase texto), al igual que el de Panamá (véase texto), el comunicado oficial de Argentina (véase enlace) se congratula de la acción llevada por Estados Unidos, reproduciendo prácticamente el lenguaje y las valoraciones de Estados Unidos de una manera bastante notoria. De igual manera se pronuncia el aparato diplomático de Paraguay (véase comunicado oficial). Llama la atención que para estos últimos Estados, el objetivo de la lucha contra el narcotráfico pareciera justificar acciones como la observada este 3 de enero del 2026 en Venezuela. Se les sugiere revisar y evaluar en qué medida la captura del general Noriega en 1990 por parte de Estados Unidos en Panamá redujo sensiblemente los flujos de droga en dirección del mercado norteamericano. En cuanto a Panamá, objeto de la última intervención militar del mismo tipo realizada en diciembre de 1989 por parte de Estados Unidos, en violación a su integridad territorial y a su soberanía, al parecer sus actuales autoridades se conformaron con omitir toda condena y repudio a esta acción y consideraron oportuno evitar toda referencia a lo vivido en diciembre de 1989 por Panamá.

No está de más señalar que en abril del 2018, la demanda interpuesta por Guyana contra Venezuela ante la justicia internacional de La Haya dejó entrever apetitos norteamericanos por los hidrocarburos en Venezuela, con una diplomacia de Estados Unidos en aquel momento dirigida por una persona cuya única experiencia internacional era la de haber fungido como CEO de una compañía petrolera norteamericana como Exxon Mobile (Nota 8). Estos mismos intereses por el control de los hidrocarburos de Venezuela se dejaron entrever durante la conferencia de prensa ofrecida el mismo 3 de enero del 2026 por el actual ocupante de la Casa Blanca.


Intervenciones militares y formas de repudio oficiales omitiendo designar a sus responsables

Las intervenciones militares por parte de Estados Unidos en América Latina han convulsionado a la región a lo largo de toda su historia y volverán a hacerlo de volver a perpetrarse nuevamente: la última intervención militar norteamericana registrada antes de la del 3 de enero del 2026, fue la acaecida en Panamá en 1989, precedida por un histórico fallo de 1986 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con relación a las acciones militares y paramilitares de Estados Unidos contra Nicaragua: véase el texto de la sentencia, en particular los párrafos 188 y 190 en los que la CIJ califica expresamente la prohibición del uso de la fuerza como un principio general así como una regla consuetudinaria (Nota 9).

Pese a la importancia fundamental de la regla violada en caso de intervención militar de un Estado contra otro, en América Latina se ha a veces repudiado omitiendo referirse a Estados Unidos expresamente: es así como, en el 2016, una resolución de la Asamblea General de la OEA de «desagravio» a República Dominicana por la intervención de Estados Unidos en 1965 se refirió a los «acontecimientos de abril de 1965» (véase nota publicada en el OPALC con texto final de la resolución adoptada).

A modo de conclusión

La diversidad de tono y de vocabulario en las reacciones oficiales ante una violación grave a un regla básica del derecho internacional público como la es la prohibición absoluta del uso de la fuerza evidencian que para algunos (pocos) Estados de América Latina, la acción de Estados Unidos de este 3 de enero del 2026 no sienta ningún precedente peligroso … y que es válida desde el punto de vista jurídico (o que, por lo menos, no requiere condena o manifestación de repudio alguno expresada en un comunicado oficial). Este artículo publicado en el Reino Unido por un renombrado jurista, indica desde su mismo título que no existe ninguna base legal para justificar semejante acción en Venezuela.

Autoridades que son consideradas ilegítimas por otros Estados se observan cada vez que un proceso electoral se realiza en condiciones poco transparentes y en las que no puede participar la oposición política en condiciones de perfecta igualdad. No obstante, pensar que la solución consiste en intervenir militarmente desde el exterior resulta más que ilusorio y abundan los ejemplos recientes y menos recientes, tanto en América Latina como fuera de ella, de intervenciones militares extranjeras que no han hecho sin agravar la situación política interna que pretendían «resolver«. En cuanto al argumento de la lucha contra el narcotráfico (que al parecer tiene muy convencido a varios círculos políticos en América Latina), no está de más recordar que:

– hace justo un mes, el actual ocupante de la Casa Blanca indultó al ex presidente de Honduras condenado en Estados Unidos a 40 años de cárcel por narcotráfico (véase nota de la BBC del 3 de diciembre del 2025) y que;

– muchos expertos han cuestionado el hecho de considerar a Venezuela como un eje mayor en el narcotráfico en dirección de Estados Unidos.

En materia de violación a los derechos humanos, que califican como crímenes de lesa humanidad en el caso de varias de ellas en Venezuela, no está de más indicar que hay dos investigaciones abiertas pendientes ante la justicia penal internacional de La Haya desde el 2018 (véanse detalles en este enlace y en este otro); además de numerosos informes y reiterados llamados hechos desde diversos órganos de Naciones Unidas sobre la situación imperante en Venezuela en materia de derechos humanos. El informe A/HRC/51/43 del 2022 realizado por una comisión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, disponible en este enlace, merece una lectura integral, a complementar con el informe A/HRC/59/58 del mes de agosto del 2025, disponible en este enlace.

Más allá de los errores de apreciación de unos y de otros, y de un mandatario norteamericano tan imprevisible como errático desde que entró en funciones en enero del 2025 (con un nivel de descontento creciente dentro de Estados Unidos a muy pocas semanas de cumplir su primer año en función), resulta de sumo interés comparar la reacción de estos mismos Estados de América Latina ante la agresión militar de Rusia a Ucrania ocurrida el 24 de febrero del 2022 (Nota 10): claramente la consistencia de unos en la defensa de los principios de respeto a la integridad territorial de un Estado y de prohibición absoluta del uso de la fuerza no es tal, sino que se ha ido transformando para varios de ellos, en una incoherencia total entre el 24 de febrero del 2022 y el 3 de enero del 2026.

Desde el punto de vista jurídico, tanto lo observado el 24 de febrero del 2022 como el 3 de enero del 2026 (o el 20 de marzo del 2003 en Irak) constituyen violaciones flagrantes de una regla fundacional inscrita en la Carta de Naciones Unidas desde 1945. El hecho que en ambas acciones militares unilaterales tanto en el 2022 como en el 2026, sus autores sean Estados Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad, debería de interpelar a todos los demás Estados miembros de Naciones Unidas y llevarlos a condenar ambas acciones con la misma vehemencia: en efecto, sustituir progresivamente el derecho a la fuerza por la fuerza del derecho en las relaciones entre Estados ha sido una dura y larga batalla, que inició con la consagración desde 1945 de la prohibición del uso de la fuerza entre los Estados en la Carta de Naciones Unidas.

Notas:

Nota 1: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N., «Agresión de Rusia a Ucrania: abrumador voto en la Asamblea General de Naciones Unidas«, 2 de marzo del 2022. Texto integral disponible aqui.

Nota 2: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N., «El asesinato de Ghassem Soleimani por parte de Estados Unidos en Irak: breves apuntes desde la perspectiva jurídica«, 4 de enero del 2020. Texto integral disponible aqui.

Nota 3; Cabe recordar que Israel fue el primer Estado que se refirió oficialmente a la noción de «legítima defensa preventiva«, en 1981, cuando la aviación israelí decidió bombardear el reactor nuclear de Osirak, en Irak, construido mediante una convenio de cooperación entre Francia e Irak. Véase a este respecto FISCHER G., «Le bombardement par Israël d’un réacteur nucléaire irakien», Vol. 27 AFDI (1981), pp. 147-167, disponible en este enlace.

Nota 4: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N. «El rechazo del MERCOSUR y de otros Estados de América Latina al uso de la fuerza en Venezuela» 12 de agosto del 2017. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 5: El texto completo del comunicado oficial de Chile se lee de la siguiente manera:

«Como gobierno de Chile manifestamos nuestra máxima preocupación y enérgica condena frente a las acciones militares que Estados Unidos ha estado desarrollando en Venezuela. Y, en particular, ante el anuncio de que un Estado extranjero pretende ejercer un control directo sobre el territorio venezolano, administrar el país y, eventualmente, como señaló su presidente, continuar operaciones militares hasta imponer una transición política. Esto sienta un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad regional y global.

Chile reafirma que el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los estados constituye una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia, y que constituye además un pilar esencial del derecho internacional. La soberanía no es una formalidad, es la garantía esencial que protege a los países de las voluntades externas de la arbitrariedad y de la ley del más fuerte. Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro. Asimismo, la amenaza de control externo unilateral de sus recursos naturales o recursos estratégicos constituye una grave violación al principio de integridad territorial, y pone en riesgo la seguridad, la soberanía y la estabilidad de todos los estados de la región. Si pueden hacerlo allá, ¿por qué no podrían hacerlo en el futuro en otra parte?

Este hecho se inscribe en un contexto geopolítico alarmante, en el que la fuerza comienza a reemplazar crecientemente las reglas como mecanismo para resolver los conflictos internacionales. Normalizar esta lógica erosiona el sistema multilateral, debilita la democracia a escala global y expone a todos los países, especialmente a los de menos poder relativo, a decisiones unilaterales impuestas por la fuerza militar.

La democracia no se construye desde la fuerza ni desde la imposición. Chile hace un llamado urgente a las Naciones Unidas para que asuma un rol activo e inmediato, utilizando todos los mecanismos disponibles para evitar una escalada militar, proteger, por cierto, a la población civil y restablecer un marco de solución política y pacífica conforme a la carta de Naciones Unidas. Para ello, estamos en coordinación con distintos gobiernos. Ante este escenario y los posibles efectos regionales que este tenga, como gobierno hemos dispuesto un monitoreo permanente de nuestras fronteras ante posibles aumentos de flujo migratorio desde Venezuela hacia Chile, activando a las distintas instituciones del Estado, y fortaleceremos todos los protocolos de monitoreo y protección consular, prestando especial atención a la situación de las y los ciudadanos chilenos en Venezuela.

Chile va a actuar como siempre lo ha hecho, con responsabilidad, con coherencia y con firmeza, defendiendo principios que consideramos irrenunciables: la no violencia, la soberanía de los estados, la prohibición del uso de las fuerzas o amenaza, la solución pacífica de las controversias y la plena vigencia del derecho internacional».

Nota 6: El texto completo del comunicado oficial difundido por el aparato diplomático de Costa Rica se lee como sigue:

«POLÍTICA EXTERIOR

ENERO 03, 2026 04:19 PM

Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto del Gobierno de Costa Rica sobre la situación en Venezuela.

San José, 3 de enero de 2026. El Gobierno de la República de Costa Rica sigue con atención las acciones desplegadas por los Estados Unidos en territorio venezolano este 3 de enero de 2026, que ha resultado en la detención de Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, y su traslado hacia los Estados Unidos, donde serían enjuiciados.

El Gobierno costarricense hace un llamado hacia una transición democrática y pacífica en Venezuela, que restaure la institucionalidad, el Estado de Derecho, y la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio de 2024.

Costa Rica reafirma su disposición a contribuir a una solución pacífica, sostenible basada en el Derecho Internacional y los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y la Carta Democrática de la OEA, que promuevan la estabilidad regional, el respeto a los derechos humanos, un pleno compromiso regional en la lucha contra el narcotráfico, y el crimen organizado transnacional.

Comunicación Institucional 001-2026 Comunicado sobre situación en Venezuela Sábado 3 de enero de 2026″

Nota 7: Véase BOEGLIN N., «El tratado de libre comercio (TLC) con Israel firmado por Costa Rica el 8 de diciembre del 2025: reflexiones y preguntas, algunas incómodas», 22 de diciembre del 2025. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 8: Véase BOEGLIN N., «La demanda de Guyana contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ): breve puesta en contexto«, 6 de abril del 2018. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 9: Cabe señalar que en este caso, se obtuvo la condena por parte de la CIJ de las acciones norteamericanas; no obstante, el 12 de setiembre de 1991, Nicaragua optó por retirar la demanda presentada para la segunda etapa procesal (indemnizatoria) para obtener una compensación por los daños ocasionados, dando así por concluido este largo proceso (véase comunicado de prensa de la CIJ del 27 de setiembre de 1991). Una primera estimación de los daños ocasionados por Estados Unidos a Nicaragua se encuentra en este documento presentado por Nicaragua a la CIJ en 1988. En el párrafo 372. se lee que: «Therefore, the Court is requested to award Nicaragua a lump-sum of US$2,000 million as appropriate compensation for the enormous social losses it has suffered due to the wrongful acts of the United States«.

Nota 10: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N., «Agresión de Rusia a Ucrania: a propósito de las reacciones oficiales en América Latina«, 24 de febrero del 2022. Texto integral disponible en este enlace.