Septiembre bajo la sombra del miedo. Seguridad, soberanía y normalización de la excepcionalidad en Costa Rica
Por MSc. Rodrigo Campos Hernández
Hay momentos en los que el miedo deja de ser solamente una reacción frente a determinados acontecimientos y comienza a convertirse en una manera de interpretar la realidad.
Quizá Costa Rica esté atravesando uno de esos momentos.
Durante los últimos meses hemos escuchado hablar insistentemente de narcotráfico, sicariato, organizaciones criminales, amenazas, balaceras, inseguridad, Fuerza Élite, secreto de Estado y debilitamiento de las capacidades institucionales para enfrentar el crimen organizado. Ahora se ha incorporado un elemento particularmente sensible: la presidenta de la República ha considerado públicamente que eventuales operaciones terrestres estadounidenses contra el crimen transnacional podrían resultar beneficiosas para la seguridad nacional.
La afirmación merece atención. También merece serenidad.
Hasta donde se conoce públicamente, no existe una operación terrestre estadounidense anunciada para Costa Rica. Tampoco disponemos de evidencia que permita afirmar que una intervención extranjera sea inminente. La propia presidenta ha señalado que no existe actualmente un plan concreto y que una eventual presencia de tropas tendría que transitar por los procedimientos constitucionales correspondientes.
Pero algo importante sí ocurrió: la posibilidad fue introducida en la conversación política nacional desde la propia Presidencia de la República.
Eso es suficientemente relevante como para discutirlo. No necesitamos convertirlo en algo que todavía no es.
El miedo tiene razones
Sería irresponsable negar la gravedad del problema de seguridad que enfrenta Costa Rica.
El narcotráfico existe. El sicariato existe. Las disputas territoriales entre organizaciones criminales existen. Hay comunidades en las cuales las personas han modificado sus rutinas por temor a la violencia.
La propia presidenta ha recurrido a su experiencia cotidiana para describir esa realidad. Ha contado que las balaceras la despiertan durante la noche y ha explicado que las amenazas recibidas le impiden realizar actividades tan sencillas como salir tranquilamente a comprar pan.
Son imágenes comunicativamente poderosas.
La inseguridad deja entonces de expresarse mediante estadísticas, tasas de homicidios o distribución territorial del delito y adquiere un rostro cotidiano: si hasta la presidenta, protegida por los cuerpos de seguridad del Estado, no puede comprar pan tranquilamente, ¿qué puede esperar el ciudadano común?
La pregunta parece inevitable.
Pero precisamente allí debemos detenernos.
Una cosa es la violencia realmente existente. Otra, la percepción social de inseguridad. Y otra distinta, la construcción política del significado de esa inseguridad.
Las tres pueden coexistir y retroalimentarse sin ser exactamente lo mismo.
Reconocer esa diferencia no significa minimizar las víctimas ni negar la criminalidad. Significa impedir que el miedo sustituya al análisis.
La paradoja institucional
Hay además una cuestión difícil de ignorar.
Mientras el crimen organizado es presentado como una amenaza de enorme magnitud, hemos asistido a discusiones y reducciones presupuestarias que afectan precisamente a instituciones nacionales encargadas de investigarlo, perseguirlo y juzgarlo.
El Poder Judicial ha advertido sobre los efectos que determinadas reducciones pueden producir sobre las capacidades del OIJ y del Ministerio Público para enfrentar el crimen organizado.
La paradoja merece explicación.
Si la amenaza es tan grave, ¿por qué no ocupa un lugar igualmente urgente el fortalecimiento presupuestario, técnico y humano de las instituciones nacionales encargadas de combatirla?
No tenemos elementos para afirmar que exista una estrategia deliberada consistente en debilitar esas instituciones para justificar posteriormente soluciones extraordinarias o extranjeras.
No debemos afirmarlo.
Pero tampoco necesitamos demostrar semejante intención para formular una pregunta legítima sobre la coherencia de las políticas públicas.
Y esa pregunta resulta todavía más importante cuando, simultáneamente, empieza a presentarse como beneficiosa la posibilidad de operaciones terrestres extranjeras.
Cooperación e intervención no son sinónimos
Costa Rica necesita cooperación internacional.
El narcotráfico es un fenómeno transnacional. Combatirlo requiere intercambio de información, inteligencia, tecnología, cooperación policial y judicial y coordinación con otros Estados.
Confundir toda cooperación con una intervención militar sería tan equivocado como presentar cualquier presencia operativa extranjera simplemente como una forma más de cooperación.
Las palabras importan porque las diferencias también importan.
Una cosa es cooperación internacional.
Otra, asistencia policial.
Otra, coordinación operativa.
Y otra cualitativamente distinta son operaciones terrestres desarrolladas por fuerzas extranjeras en territorio nacional.
Costa Rica, país sin ejército permanente desde hace décadas, debe discutir esa última posibilidad con particular cuidado. No desde un nacionalismo elemental ni desde un rechazo automático a Estados Unidos, sino desde nuestra historia institucional, nuestra Constitución, nuestra soberanía y nuestra concepción civil de la seguridad.
Cuando lo excepcional se vuelve imaginable
Quizá allí se encuentre uno de los cambios más importantes que estamos experimentando.
Las sociedades no cambian solamente cuando se aprueba una ley, se firma un decreto o ingresan tropas por una frontera.
También cambian cuando determinadas posibilidades dejan de parecernos extraordinarias.
Primero algo resulta impensable.
Después alguien lo menciona.
Luego provoca escándalo.
Más tarde se discute.
Finalmente puede incorporarse al repertorio normal de alternativas políticas.
No sabemos si Costa Rica recorrerá ese camino respecto de operaciones extranjeras. Precisamente porque no lo sabemos debemos evitar hablar como si ya hubiese ocurrido.
Pero sí podemos observar que algo anteriormente excepcional ha entrado en el campo de lo políticamente imaginable.
Y eso merece discusión democrática.
El problema del secreto
A este panorama se agrega la utilización del secreto de Estado respecto de determinadas materias vinculadas con seguridad e inteligencia.
También aquí necesitamos mesura.
Todo Estado requiere reservar determinada información. Ningún gobierno puede revelar anticipadamente tácticas policiales, fuentes de inteligencia, investigaciones en curso o detalles operativos cuya publicidad pueda beneficiar a organizaciones criminales.
El problema democrático no consiste, por tanto, en afirmar que todo secreto es ilegítimo.
La pregunta es otra:
¿cuánto secreto, sobre cuáles materias, durante cuánto tiempo y sometido a qué controles puede admitir una democracia?
Mientras mayor sea la excepcionalidad invocada para protegernos, mayor debería ser nuestra preocupación por conservar controles institucionales capaces de vigilar a quienes ejercen esas facultades.
Vigilancia democrática, sin embargo, no significa paranoia.
Preguntar no equivale a inventar una respuesta cuando todavía no la conocemos.
Denuncias que deben preocuparnos, pero también investigarse
En este clima han aparecido además denuncias de personas activistas y críticas del Gobierno que aseguran haber abandonado Costa Rica y solicitado protección internacional alegando amenazas o persecución política.
El asunto es suficientemente grave como para no trivializarlo.
Y precisamente por eso es suficientemente grave como para no convertir una denuncia en una conclusión antes de investigarla.
Hay que escuchar a quienes denuncian.
Documentar sus casos.
Conocer las amenazas.
Determinar su procedencia cuando sea posible.
Distinguir actuaciones de particulares de actuaciones estatales.
Exigir respuestas institucionales.
Y, si la evidencia permite establecer persecución política, denunciarla con toda contundencia.
Pero anticipar esa conclusión sin disponer todavía de pruebas suficientes puede terminar debilitando precisamente aquello que pretendemos denunciar.
La democracia necesita vigilancia. No necesita que sustituyamos los hechos que desconocemos por aquello que tememos que pueda estar ocurriendo.
Una pregunta incómoda para quienes criticamos
Y aquí quienes nos oponemos a determinadas decisiones gubernamentales deberíamos hacernos también una pregunta incómoda.
¿No estaremos contribuyendo nosotros mismos a propagar el miedo?
Las declaraciones presidenciales sobre eventuales operaciones estadounidenses han provocado preocupación comprensible. Muchas personas defensoras de los derechos humanos, de la soberanía y de nuestra tradición civilista han reaccionado denunciando los riesgos que podría representar una intervención extranjera.
La advertencia es necesaria.
Yo mismo me opongo firmemente a que la lucha contra el narcotráfico termine utilizándose para normalizar operaciones terrestres de fuerzas extranjeras en Costa Rica.
Pero advertir no es lo mismo que anunciar la catástrofe.
Cuando convertimos una posibilidad en certeza, un anuncio en un hecho consumado o una preocupación legítima en evidencia de que lo peor resulta inevitable, podemos terminar participando involuntariamente en la misma circulación social del miedo que cuestionamos.
Y entonces ocurre una paradoja.
Desde el Gobierno puede decirse:
la criminalidad es tan grave que necesitamos pensar en medidas extraordinarias.
Y desde la oposición podemos terminar respondiendo:
las medidas extraordinarias son tan graves que debemos vivir aterrados por lo que viene.
Los discursos son políticamente antagónicos.
Pero ambos pueden producir un mismo resultado emocional:
miedo, ansiedad e impotencia.
Cuando el miedo gana la discusión
El miedo posee una extraordinaria capacidad para reducir el espacio de las preguntas.
Frente a una amenaza presentada como extrema dejamos poco a poco de preguntarnos:
¿qué debemos hacer?
Y comenzamos a preguntarnos:
¿cuánto estamos dispuestos a permitir para que nos protejan?
Pero existe otro efecto menos visible.
Cuando desde posiciones críticas presentamos el deterioro democrático, la intervención extranjera o la excepcionalidad como acontecimientos prácticamente inevitables, también podemos producir otra pregunta:
¿para qué hacer algo si ya todo está perdido?
Ahí el miedo deja de movilizar.
Paraliza.
Satura.
Agota.
Produce la sensación de que las decisiones ya fueron tomadas en algún lugar inaccesible y que al ciudadano solamente le corresponde esperar sus consecuencias.
Ese quizá sea uno de los mayores peligros del momento.
No solamente que tengamos miedo.
Sino que el miedo termine convenciéndonos de nuestra propia impotencia.
No regalemos el miedo
Quienes cuestionamos al poder no necesitamos competir con él para determinar quién describe el futuro más aterrador.
Podemos hacer algo mucho más difícil.
Advertir sin aterrorizar.
Denunciar aquello que podemos demostrar.
Investigar aquello que sospechamos.
Preguntar aquello que desconocemos.
Y reconocer expresamente la diferencia entre las tres cosas.
La posibilidad de operaciones terrestres extranjeras debe discutirse.
Los recortes que puedan afectar la capacidad del OIJ, del Ministerio Público y del Poder Judicial deben cuestionarse.
El alcance del secreto de Estado debe vigilarse.
Las denuncias de persecución deben investigarse.
La violencia debe combatirse.
Pero ninguna de esas tareas exige convencernos anticipadamente de que la democracia costarricense está condenada.
La esperanza también puede ser política
Tal vez aquí necesitamos recuperar una palabra que parece haber desaparecido de nuestra conversación pública:
esperanza.
No la esperanza ingenua de quien piensa que nada malo puede ocurrir porque «Costa Rica siempre ha sido diferente».
La historia no concede semejantes garantías.
Tampoco la esperanza como simple optimismo.
Hablo de otra cosa: la esperanza crítica que nace precisamente de reconocer que el futuro todavía no está decidido.
Una posibilidad no es un destino.
Una amenaza no es un acontecimiento consumado.
Una democracia bajo tensión no es necesariamente una democracia derrotada.
Todavía existen instituciones.
Todavía existen tribunales.
Todavía existe prensa crítica.
Todavía existen universidades, organizaciones sociales, movimientos ciudadanos y personas dispuestas a cuestionar al poder.
Todavía podemos investigar.
Todavía podemos denunciar.
Todavía podemos recurrir.
Todavía podemos organizarnos.
Todavía podemos escribir.
Todavía podemos disentir.
Y precisamente porque todavía podemos hacerlo, debemos hacerlo.
La esperanza, entendida de esta manera, no es la antípoda ingenua del pensamiento crítico.
Es la antípoda política de la impotencia.
Septiembre bajo la sombra del miedo
Todo esto ocurre durante septiembre.
Banderas, faroles, himnos, independencia y soberanía forman parte durante estas semanas de nuestra liturgia cívica.
Quizá la coincidencia pueda servirnos para algo más que repetir ceremonias.
Soberanía no significa aislamiento.
Independencia no significa rechazo a la cooperación internacional.
Y defender nuestra tradición civilista no significa cerrar los ojos ante las nuevas dimensiones del crimen organizado.
Pero tampoco deberíamos celebrar la independencia mientras renunciamos a discutir serenamente qué significa ser soberanos frente al miedo.
Antes de preguntarnos si necesitamos fuerzas extranjeras operando en nuestro territorio, podemos preguntar qué necesitan nuestras propias instituciones.
Antes de aceptar que solamente medidas extraordinarias pueden protegernos, podemos exigir evidencia sobre la eficacia de las medidas existentes.
Antes de anunciar que la excepcionalidad es inevitable, podemos impedir que se vuelva normal.
Y antes de concluir que nada podemos hacer, podemos recordar que la democracia nunca consistió en tener garantías de que todo saldrá bien.
Consiste precisamente en conservar espacios colectivos para decidir qué hacemos cuando las cosas pueden salir mal.
Quizá esa sea una tarea apropiada para este mes patrio.
Mientras encendemos faroles para recordar una independencia conquistada hace más de dos siglos, convendría proteger otra forma menos visible de independencia:
la capacidad de una sociedad para pensar políticamente sin que el miedo piense por ella.
Y si el miedo pretende convencernos de que ya nada podemos hacer, quizá nuestra respuesta democrática más sencilla y más contundente sea:
todavía podemos.
