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Comunicado

El Partido Acción Ciudadana, desde su fundación, hace 24 años, se manifestó como defensor del modelo solidario de nuestro Sistema de Electricidad Nacional. Un modelo con 75 años de experiencia exitosa, sustentado en los artículos 50 y 74 constitucionales para ofrecer el servicio eléctrico basado en los principios de solidaridad, universalidad y al costo. Sin este modelo, nuestro país no habría alcanzado en paz y en democracia un desarrollo social y económico con mayor equidad y ser un ejemplo mundialmente reconocido de sostenibilidad ambiental.

En abril del 2000 el pueblo costarricense se enfrentó con argumentos sólidos y en las calles al Combo del ICE, proyecto estrella del bipartidismo. Una larga lucha que se extiende luego al referéndum del TLC y sus leyes de implementación hasta el presente por mantener el control del Estado sobre la planificación, la generación y la distribución eléctrica sustentada en fuentes energéticas limpias. Proceso que ejecuta con el apoyo de un grupo de empresas públicas y cooperativas, al igual que con una participación del sector privado que colabora en ese objetivo público nacional. Este objetivo estratégico es hoy más importante que nunca. La tendencia mundial de electrificación del transporte y de los procesos industriales, incluida la producción de vectores energéticos alternativos, así lo pone en evidencia.

Aunque podemos reconocer que el Sistema Eléctrico Nacional necesita ajustes para enfrentar adecuadamente los retos que se presentan, estos cambios no deben surgir al calor de una campaña que antagonice los sectores, como ha sucedido hasta ahora soterradamente en la Asamblea Legislativa, durante el trámite del Proyecto Nº23.414, sino, como resultado de un ejercicio ciudadano de diálogo transparente y constructivo pensando en el bienestar del mayor número.

El actual proyecto de ley, mal llamado “Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, se queda exclusivamente en otro intento de mercantilizar el servicio de suministro eléctrico y acabar con el modelo que defiende los intereses nacionales. Propone una apertura total de la generación y la comercialización de la energía, manteniendo la Red de Transmisión en manos del ICE sin clara garantía de que sus costos de operación e inversión serán cubiertos. Además, creará una nueva burocracia gubernamental, el Órgano Costarricense del Sistema Eléctrico Nacional, ECOCEN, que nace como una estructura politizada de control al fungir el ministro de Energía de turno, como el presidente de su Junta Directiva. Acompañan los representantes de los actores económicos interesados del lado de la generación y, del lado de los usuarios, la representación se otorga únicamente a los grandes consumidores que, de paso, son los únicos ganadores asegurados en el último texto que fue aprobado por la comisión legislativa.

Por otra parte, siguiendo con la propuesta del proyecto, sería sumamente grave que la planificación del ECOCEN no sea luego vinculante para los actores del mercado poniendo en riesgo la universalización del servicio eléctrico al costo, a la vez que la generación con combustibles fósiles no queda expresamente reservada por ley para las empresas públicas, con el fin único y exclusivo de proveer generación de respaldo al SEN, como último recurso, lo que generaría una explosión descontrolada de generación térmica que atentaría contra los objetivos nacionales.

Ante el incremento de las tensiones geopolíticas y los efectos del cambio climático, el país necesita mantener la capacidad de diseñar e implementar políticas de Estado para enfrentar la crisis energética global con alternativas limpias y sostenibles, determinantes en el proceso de descarbonización de la economía, al que el país y el mundo le han apostado.

En síntesis, un proyecto de ley que va en contraposición a la propuesta constitucional de autonomía del ICE, que le ha permitido a la institución sortear las ocurrencias politiqueras y las presiones de grandes intereses privados por controlar el mercado eléctrico para servirse sólo a sí mismos de energía barata, aún en detrimento de las necesidades del resto del país para garantizar un desarrollo nacional con equidad y sostenibilidad.

Hacemos un fuerte llamado a la ciudadanía, a las universidades públicas y a los movimientos sociales, a reaccionar con firmeza ante esta nueva amenaza de acabar con el modelo eléctrico solidario de nuestro país y con el ICE.