Una producción del Observatorio de Bienes Comunes UCR, indica que Philippe Vangoidsenhoven documentó un caso alarmante en Puerto Viejo: una loma cubierta de bosque fue arrasada en pocas horas por maquinaria pesada. La escena es clara: donde había árboles, sombra y vida, hoy solo queda un terreno pelado.
No es un caso aislado. Responde a un patrón de cambio de uso de suelo disfrazado de legalidad, impulsado por presión inmobiliaria y facilitado por el silencio institucional.
Desde la vigilancia ciudadana, Philippe denuncia cómo se urbaniza un bosque: tala súbita, abandono estratégico… y cuando llegan las autoridades, el daño ya está hecho.
Las lomas boscosas cumplen funciones vitales: protegen suelos, filtran agua, regulan el clima y sostienen biodiversidad. Su destrucción pone en riesgo a toda la región.
Se les invita a visitar la pagina de Observatorio de Bienes Comunes UCR para leer la nota completa mediante el siguiente enlace:
Como parte de los monitoreos realizados por Philippe Vangoidsenhoven, se documenta el caso de la tala “legal” de un humedal que terminó convertido en un parqueo, proceso que ha seguido desde 2020.
Frente al conocido bar de Puerto Viejo, en plena Zona Marítimo Terrestre (ZMT), se ha venido consolidando en los últimos años una transformación acelerada del territorio que pone en jaque los humedales costeros y los ecosistemas que sostienen la vida en esta región del Caribe sur.
Un conjunto de imágenes tomadas entre 2020 y 2025 dan cuenta de un proceso silencioso pero sistemático: primero la tala “legal” de árboles, luego el relleno progresivo del humedal, seguido del aplanamiento del terreno y finalmente, la consolidación de un parqueo para clientes de un local comercial ubicado directamente en la franja costera. Las imágenes muestran desde la presencia de maquinaria pesada (bajop y vagonetas), hasta árboles cortados en rebanadas y el suelo nivelado.
Aunque existía un permiso de tala, este estaba limitado al corte de seis árboles, autorizado mediante el oficio SINAC-ACLAC-SRLT-058-2020, emitido el 25 de febrero de 2020. El documento justifica la tala argumentando “eminente peligro para la infraestructura de viviendas vecinas” y señala que los árboles presentaban “estado senil” con “huecos en la base de sus fustes”.
Sin embargo, el permiso no autoriza relleno de humedal ni transformación del terreno para uso comercial o parqueo. Lo que ha ocurrido después muestra un uso desmedido de la legalidad para fines distintos a los justificados inicialmente. Lo que empezó como una medida preventiva se convirtió en una excusa para avanzar sobre un espacio que debería estar protegido.
El último acto visible de esta cadena de transformaciones ha sido la renovación total del bar, una estructura que no solo se encuentra en plena ZMT, sino que fue recientemente “clausurada”, aparentemente por autoridades competentes. A pesar del sello, testigos han reportado que el local continúa funcionando con normalidad, especialmente durante las noches y fines de semana.
En el frente del local, sacos con arena fueron colocados para contener el avance del mar, lo cual evidencia que el bar se encuentra tan cerca de la playa que el oleaje toca su infraestructura. La intervención ha sido ejecutada sin transparencia y sin consultas públicas visibles, y ha generado serias dudas entre personas de la comunidad sobre la legalidad de las obras.
¿Cómo comenzó todo? Permiso firmado, árboles sanos: lo que revela una inspección ciudadana
El caso de transformación del humedal en Puerto Viejo no es aislado ni reciente. Philippe Vangoidsenhoven, quien ha documentado con rigurosidad este proceso desde 2020, también ha vivido en carne propia cómo la legalidad ambiental se invoca como coartada, incluso cuando la realidad visible contradice el papel firmado. Su testimonio sobre un evento de tala en zona aledaña al humedal ilustra con claridad el problema estructural.
“Era una tabla de seis árboles. Las personas contratadas empezaron a talar, con un permiso debidamente firmado por un ingeniero forestal”, relata Philippe. Cuando vecinos alertaron y llamaron a la policía, esta llegó al sitio, pero se declaró sin capacidad de intervenir debido al permiso presentado. “Lo entiendo, porque la policía no es experta en este tema y todavía confían en lo que dicen los ingenieros forestales. Si ven un documento firmado que dice que los árboles tienen huecos o están enfermos, lo dan por válido. Pero resulta que, cuando grabamos, todos los árboles estaban completamente sanos”.
Ante la inacción policial, Philippe avisó a la Fiscalía Ambiental. Esta le indicó que ya habían enviado una patrulla, pero él permaneció en el lugar sin que nadie llegara. “Llamé de nuevo a la fiscalía y les dije: ‘Aquí estoy, esperando’. Se sorprendieron porque, según ellos, la policía ya había llegado. El fiscal colgó, y menos de diez minutos después llegó la patrulla”.
Uno de los oficiales bajó de la patrulla con la cabeza agachada, como avergonzado. “Dijo: ‘Pero si nosotros ya vinimos. Ellos tienen permiso. ¿Usted no es Felipe?’ Le respondí que sí, que yo había avisado que iba a estar ahí esperando”. Philippe ingresó entonces al terreno acompañado por un oficial. “Encontramos a los trabajadores en el último árbol”.
La intervención policial logró paralizar la tala justo a tiempo. “Incluso el encargado dijo: ‘Déjenos terminar, solo falta un árbol’. Para él era solo un trabajo más. Así lo ven todos los madereros: talar seis árboles es como hacer un caminito”.
Días después, funcionarios del SINAC constataron lo que Philippe había advertido desde el inicio: “Ninguno de los árboles tenía huecos ni enfermedades. Todos estaban al 100%. Y ahí empezó la bronca”.
Philippe ha señalado públicamente la responsabilidad ética de ciertos ingenieros forestales que —según su testimonio— firman permisos sin verificar adecuadamente las condiciones del sitio. Menciona que el profesional responsable de este permiso también aparece en otros casos similares, como en Gandoca-Manzanillo (caso conocido por la prensa). “Está dando permisos por todo lado. Y así es como están pagando por permisos cuestionables en todas partes”.
Este relato también pone en evidencia una falla común en las instituciones: la aceptación automática de permisos sin verificación en campo. “Por ejemplo, en el caso de la bomba de la planta de tratamiento de aguas negras, que se encuentra a la par de este territorio, ni siquiera visitaron el sitio. Solo abrieron la computadora, vieron que estaba fuera de un humedal inscrito y ya. Pero en realidad, era un humedal”.
La negligencia institucional no es menor. “La misma persona del MINAE me llamó para decirme: ‘No, Felipe, tranquilo, esta gente tiene permiso’. Pero no era cierto”. Esta confianza ciega en documentos, combinada con la interpretación limitada de las leyes, permite que los daños avancen con aparente legitimidad. “Tienen esa idea errónea de que solo los humedales inscritos están protegidos. Y no es así. La ley dice que todos los humedales en Costa Rica están protegidos, inscritos o no. Costa Rica firmó el convenio Ramsar y está obligada a protegerlos”.
De árboles seniles a parqueos turísticos: la trampa del permiso de tala
Uno de los elementos más preocupantes de este caso es la forma en que un permiso técnico —otorgado con el argumento de prevenir una amenaza— termina habilitando una transformación profunda del ecosistema para fines totalmente distintos a los autorizados.
El oficio SINAC-ACLAC-SRLT-058-2020, emitido el 25 de febrero de 2020, autorizaba la tala de seis árboles debido a un presunto “eminente peligro para infraestructura vecina” y por el “estado senil” de los árboles. En ningún momento se autoriza la alteración del terreno, relleno del humedal ni la construcción o renovación de infraestructura comercial.
Y, sin embargo, lo que siguió fue:
Tala de los árboles, pero con maquinaria y logística que evidencian planificación para otras intervenciones.
Relleno con material de acarreo, nivelación del suelo y disposición para parqueo vehicular.
Evidencia de sacos con arena frente a una estructura del bar, en pleno dominio público.
Y, finalmente, la continua operación de un espacio comercial con infraestructura renovada, a pesar de aparentes sellos de clausura.
Esta secuencia muestra una clara disociación entre el acto autorizado y el uso final, una estrategia que ya ha sido señalada en otros casos donde los permisos de tala, desmonte o remodelación funcionan como puertas de entrada para proyectos turísticos o inmobiliarios encubiertos.
Más allá de la irregularidad puntual, esto evidencia una falla estructural en la vigilancia ambiental y en la coherencia entre la legalidad técnica y la defensa de los bienes comunes. Un árbol talado no es solo un riesgo eliminado, sino el punto de partida de una cadena de hechos que termina por desplazar la vida y la memoria del lugar.
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¿Qué está en juego aquí?
Lo que ocurre frente a este bar no es un caso aislado, sino una manifestación local de un patrón más amplio: la conversión paulatina de territorios ecológica y culturalmente valiosos en zonas comerciales para el turismo masivo, en detrimento de las personas que históricamente han habitado y cuidado estos lugares.
Cuando se tala un humedal, se rellena un manglar o se urbaniza una playa, no solo se destruye un ecosistema: se desplaza a comunidades locales, se encarecen los precios del suelo, se restringe el acceso a bienes comunes y se modifican las formas de vida. En el Caribe sur costarricense, esto se traduce en:
Incremento del valor de la tierra, lo que presiona a familias locales a vender o abandonar sus terrenos ante la imposibilidad de sostener los costos de vida.
Desplazamiento indirecto, donde las personas ya no pueden alquilar, acceder a servicios o mantener negocios locales frente al avance de un modelo turístico extractivo.
Privatización del espacio público, como lo muestran casos donde zonas de playa —que por ley deben ser de libre acceso— terminan ocupadas por bares, parqueos o estructuras “renovadas” que benefician a inversores externos.
Transformación cultural acelerada, que borra las prácticas comunitarias, el uso tradicional del territorio y el conocimiento ecológico local.
Debilitamiento del tejido social, cuando se rompe el sentido de pertenencia a un territorio por la imposición de lógicas de consumo y ganancia rápida.
Todo esto ocurre bajo un discurso de “desarrollo” que en realidad beneficia a unos pocos y deteriora el derecho colectivo a habitar y cuidar el territorio. La legalidad, si no se articula con una visión ecosistémica y social, se convierte en un instrumento ciego que normaliza el despojo a través de papeles, sellos y tecnicismos.
Humedales intervenidos, ecosistemas colapsados
La alteración de un humedal costero —como la tala de árboles, el relleno con materiales de acarreo y la posterior construcción de infraestructura— implica una ruptura profunda en el funcionamiento ecológico del territorio. Estos ecosistemas, que en apariencia pueden parecer terrenos “inútiles” o “encharcados”, son en realidad zonas clave para la salud del litoral y el equilibrio climático.
Entre las funciones ecológicas que cumplen los humedales están:
Filtración de contaminantes: actúan como esponjas naturales que limpian el agua antes de que llegue al mar.
Regulación hídrica: amortiguan inundaciones, absorben el exceso de agua durante lluvias fuertes y recargan acuíferos.
Hábitat de biodiversidad: son refugio para aves, anfibios, insectos, reptiles y muchas especies en peligro, algunas endémicas del Caribe costarricense.
Captura de carbono: su vegetación y suelos almacenan grandes cantidades de carbono, ayudando a mitigar el cambio climático.
Conectividad ecológica: forman corredores entre ecosistemas costeros, marinos y terrestres, facilitando el flujo de especies y nutrientes.
Cuando un humedal es rellenado con tierra o arena, estas funciones colapsan. El agua deja de circular, los suelos se compactan, la vegetación nativa muere, y con ello desaparecen los servicios ecosistémicos que el humedal ofrecía. En este caso específico, el uso del espacio como parqueo para un bar frente al mar, además de romper el ciclo natural del agua, aumenta la contaminación local, eleva las temperaturas del suelo y reduce la capacidad del ecosistema para adaptarse al cambio climático.
La instalación o renovación de infraestructura dentro o adyacente a humedales interrumpe también los ritmos naturales del mar, agrava la erosión costera y muchas veces exige intervenciones artificiales (como sacos de arena o muros de contención) que, lejos de resolver los problemas, los trasladan hacia otras áreas del litoral.
Además, al construir sobre un humedal se produce un encubrimiento simbólico: se borra su identidad ecológica y cultural, y se reemplaza por una lógica de uso “productivo” que invisibiliza el valor del ecosistema vivo. En el imaginario urbano-turístico, el humedal se transforma en “terreno disponible”, y lo que antes era un espacio biodiverso pasa a ser visto como un obstáculo al “desarrollo”.
Este tipo de intervención, cuando se repite a lo largo del litoral, fragmenta los ecosistemas costeros, genera islas ecológicas desconectadas y deja a muchas especies sin posibilidad de desplazamiento ni reproducción. A largo plazo, esto compromete la resiliencia de todo el paisaje costero, y agrava los efectos de fenómenos climáticos extremos.
En definitiva, cada metro de humedal rellenado no es solo una pérdida local, es una fractura en la relación entre las comunidades y la vida que sostiene sus territorios.
SINAC indujo al juez a tomar una decisión desproporcionada.
AyA obligado a eliminar árboles de un parche de bosque
Bloqueverde (25-04-2025). Puerto Viejo, Talamanca – Un grupo de vecinas, vecinos y organizaciones ambientales del Caribe Sur se moviliza para frenar la tala de un grupo importante de árboles pertenecientes a un bosque ubicado en las inmediaciones de la planta de tratamiento del AyA en Puerto Viejo, en la calle conocida como «del Gueto«. La orden de tala fue emitida por el Juzgado Agrario de Limón (Exp. 24-000326-0465-AG) como parte de un proceso judicial, pero la comunidad denuncia que se trata de una medida desproporcionada, sin estudios técnicos formales, que pone en riesgo un ecosistema boscoso valioso.
Entre las especies que se pretende talar se encuentran guácimos y sangrillos, árboles nativos de gran tamaño que cumplen funciones clave para la biodiversidad local. Estos árboles forman parte de un bosque secundario maduro que se ubica dentro de una zona de protección de una quebrada y que alberga una gran diversidad de flora y fauna, entre ellas: aves, mariposas morfo, monos aulladores, perezosos (símbolo nacional de Costa Rica), martillas y una variedad de insectos polinizadores.
El guácimo es conocido por su rápido crecimiento, su capacidad para prosperar en suelos pobres y su gran valor para la fauna silvestre, ya que sus frutos son alimento para múltiples especies. Además, contribuye a mejorar la fertilidad del suelo y a capturar carbono. El sangrillo, por su parte, es típico de humedales y zonas inundables, y resulta especialmente vulnerable a alteraciones del terreno. Aunque no esté enfermo, su debilitamiento ocurre por la desecación de humedales; sin embargo, el SINAC suele autorizar su corta casi automáticamente, sin considerar estos factores ecológicos ni los impactos acumulados y sinérgicos sobre el ecosistema
Según la comunidad, no existe un informe técnico riguroso que justifique esta corta desmedida e injustificada. Su ejecución generará daños significativos al bosque y a su fauna. La resolución judicial se sustenta únicamente en un reconocimiento visual y verbal por parte del SINAC y el AyA, sin contemplar el impacto ambiental de largo plazo ni considerar alternativas como la poda dirigida o el manejo arbóreo especializado.
Vecinas y vecinos advierten que, dada la altura y el diámetro de los árboles, así como la densidad del sotobosque, su tala implicaría abrir brechas que destruirán muchas especies de vegetación secundaria. La caída de los árboles también afectaría gravemente el hábitat de aves, monos y otras formas de vida silvestre.
“Este tipo de bosques urbanos no solo tienen un valor estético o simbólico, sino que actúan como corredores biológicos, reguladores del microclima, protectores del recurso hídrico y refugio de biodiversidad. En Puerto Viejo, donde el desarrollo urbano avanza aceleradamente, cada árbol cuenta”, señala un artículo del Observatorio de Bienes Comunes del Programa Kioscos Socioambientales de la UCR.
El Observatorio también advierte que “otro aspecto crítico es la celeridad con que se autorizan las talas en nombre de la seguridad, mientras que los procesos para proteger ecosistemas, frenar intervenciones ilegales o restaurar áreas degradadas suelen enfrentarse a lentitud, trabas burocráticas o desinterés institucional”.
Incluso la vecina que interpuso la denuncia original ante el tribunal ha expresado que su intención nunca fue la tala completa del bosque, sino que se atendiera un riesgo puntual. No obstante, el SINAC indujo al juez a autorizar la eliminación total del parche boscoso, lo cual ha generado unfuerte rechazo comunitario.
La comunidad convoca a una movilización este lunes 28 de abril desde tempranas horas de la mañana en el sitio afectado, para exigir la suspensión de la tala y una revisión de la resolución judicial. Solicitan además una evaluación ambiental rigurosa, con participación de especialistas y actores locales. También piden que el AyA asuma su responsabilidad por la falta de mantenimiento en la finca, lo que contribuyó al deterioro de algunos árboles.
Para Bloqueverde, este conflicto recuerda lo sucedido con la tala ocurrida en el sector de Tirol, en San Rafael de Heredia, pero en esta ocasión se trata de especies nativas ubicadas en una zona de protección hídrica. Además, resulta especialmente alarmante que mientras el SINAC actúa con rapidez para autorizar la tala en zonas sensibles, permanece pasivo frente a la deforestación, el drenaje de humedalesy la construcción, todas realizadas de manera ilegal en la finca conocida como “los Puckets”, dentro del Refugio Nacional Gandoca-Manzanillo.
Comunidad y ASADA de Rancho Redondo alertan sobre posible afectación a fuentes de agua potable
Un grupo de personas vecinas usuarias de la ASADA de Rancho Redondo denunciaron nuevas actividades de tala en la cuenca alta del Río Durazno, una zona vital para el abastecimiento de agua potable de varias comunidades.
Según la denuncia presentada el sábado 22 de marzo ante el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), varios camiones fueron vistos transportando madera extraída de una zona cercana a las nacientes de agua que alimentan el río, aparentemente sin respetar las zonas de protección establecidas por ley.
«Siguen los camiones saliendo cargados de madera, no sabemos si es de una plantación de jaúl, pero según vecinas y vecinos se ha irrespetado la ribera del Río Durazno, una zona de protección acuífera», señala la denuncia dirigida al ministro Franz Tattenbach y al director de Aguas, Miguel Zeledón.
La comunidad solicita que se investigue si la extracción corresponde a una plantación legal y si se han respetado las disposiciones de la Ley Forestal 7575, la Ley de Aguas y otras normativas relacionadas con la protección ambiental.
Esta nueva denuncia se suma a otras dos presentadas anteriormente en la misma zona geográfica: una en Coronado y otra en la finca de los Bolaños en Guayabillos de Rancho Redondo.
Las personas denunciantes también expresaron preocupación por la lentitud en la atención de casos ambientales, señalando que funcionarios del ministerio les han informado que todavía están procesando denuncias del 2024.
«La escasez de agua y el calentamiento global ya llegaron», advierte la denuncia. Además, se expresa la preocupación de que estas actividades podrían comprometer aún más la disponibilidad del recurso hídrico en la región.
Hasta el cierre de esta edición, ni el Ministerio de Ambiente ni la Dirección de Aguas habían respondido a la denuncia presentada por la comunidad.
Comunicado de la Asociación de Desarrollo Integral de Brasilito, Comité Punta Pelencho, Bandera Azul Ecológica Brasilito Brasilito, Santa Cruz. 11 de marzo del 2025
En relación con la tala de árboles en Punta Pelencho, la cual responde a un acuerdo entre el desarrollador Cantomar y la Municipalidad de Santa Cruz, y en respuesta a un recurso de amparo, la Sala Constitucional ha emitido el día de hoy, martes 11 de marzo, una respuesta inicial mientras se analiza el fondo del asunto.
La Sala Constitucional ha ordenado, como medida cautelar, que no se realice ninguna tala y que se aclare si los árboles en cuestión se encuentran dentro de la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT) o un corredor biológico, así como confirmar si se trata de especies nativas o autóctonas del lugar.
La Sala ha notificado a la Municipalidad de Santa Cruz, SETENA, SINAC y el Área de Conservación Tempisque (ACT), otorgándoles un plazo de tres días para responder a los requerimientos y presentar la información solicitada.
La imposición de esta medida cautelar representa un avance significativo en la protección de estos árboles, los monos congo (especie en peligro de extinción que depende de ellos), así como de la biodiversidad de Punta Pelencho y el patrimonio cultural que representa este lugar para el disfrute de las generaciones presentes y futuras de acuerdo con el principio de igualdad y no discriminación y en defensa y disfrute de los bienes públicos.
Ahora corresponde a las instituciones públicas entregar la información solicitada por la Sala Constitucional, la cual procederá con el análisis de la situación para emitir una resolución. Esperamos que el proceso avance con transparencia y que se brinde claridad sobre los términos del convenio en cuestión.
Seguiremos atentos a los próximos pronunciamientos oficiales y reiteramos nuestro compromiso con la protección del medio ambiente, la participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales y el acceso a información pública.
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
SURCOS comparte el siguiente documento enviado a nuestra redacción:
La Junta Directiva de la Unión Cantonal de Asociaciones de San Rafael, en su sesión No. 356, celebrada el 14 de febrero de 2025, ante la situación que se ha venido presentando en la zona norte de nuestro cantón, con la corta indiscriminada de árboles de ciprés y otras especies, acordó por unanimidad declarar lo siguiente:
1.- Uno de los atractivos turísticos más importantes del norte de nuestro cantón ha sido la belleza escénica contemplada por nuestros visitantes desde las partes más altas de nuestro relieve geográfico.
2.- Con el transcurso de los años, esa belleza escénica se ha visto muy afectada con acciones de los dueños de propiedades, quienes han arrasado sin ningún control con centenares de árboles, sin que la legislación costarricense proteja nuestra zona de recarga acuífera por excelencia.
3.- A pesar de existir una disposición de la Sala IV desde el año 2007, o sea hace 17 años, en la cual se ordena a la Asamblea Legislativa a legislar para remediar este proceder indiscriminado contra la naturaleza de nuestros cantones heredianos, poco se ha avanzado por la oposición de los grupos económicos poderosos que una y otra vez se han opuesto a que se haga una legislación adecuada para un país que presume de ser defensor de la ecología y el medio ambiente.
4.- Con la corta de los cipreses en la zona del Tirol, queda evidenciada la poca o nula posibilidad para las autoridades municipales, actuando como gobierno local, de defender nuestra belleza escénica, nuestro medio ambiente y nuestra ecología y al contrario, pasan a ser los “malos” de la película.
5.- La venta de propiedades en la zona norte de nuestros cantones, a personas que no tienen ninguna conciencia de los valores de nuestro terruño, complica el pano- rama y enfrenta nuestras comunidades a una posibilidad de futuros deslaves y otras amenazas cuando los terrenos son expuesto a la lluvia y la erosión constante.
6.- Nuestra organización comunal, en representación de las 12 asociaciones de desarrollo del cantón de San Rafael de Heredia hace un llamado a la opinión pública nacional para que se pronuncie contra este atentado a la madre naturaleza y de manera conjunta produzcamos una reacción en las siguientes entidades:
A- En la Asamblea Legislativa, para que, de una vez por todas, propicie una ley forestal que defienda las especies no nativas o autóctonas de la zona.
B- En los concejos municipales de San Rafael. San Isidro, Barva y Santa Bárbara para que defendamos juntos la belleza escénica de nuestros territorios y se impulsen los acuerdos necesarios para que cesen estos atropellos a la naturaleza de nuestros cantones.
C.- A las organizaciones comunales, sociales, ambientalistas y representantes de la lucha por la naturaleza para que se manifiesten en todos los medios para que se detengan este tipo de disposiciones legales que atentan contra el medio ambiente y la sana convivencia de nuestras comunidades.
Finalmente se acuerda enviar este comunicado a todos los medios de comunicación escrita, televisiva y digital de nuestro país, a la Asamblea Legislativa, a los concejos municipales de la provincia de Heredia, a las asociaciones comunales, programas de bandera azul ecológica y otras organizaciones ambientalistas y ecologistas para que entre todos produzcamos un cambio real al status quo que nos dejará sin naturaleza que admirar en los próximos lustros.
Ante los hechos de tala de ciprés en San Rafael de Heredia, el Colectivo Ciudadano Conceverde manifiesta:
Reconocemos la importancia de suspensión de tala, así como debida investigación que la alcaldía está desarrollando con el fin de buscar la mejor forma de abordar la problemática de tala que se da en nuestro cantón.
Aunque la tradición paisajística de las partes altas de San Rafael históricamente se ha caracterizado por ser el ciprés, la reforestación con especies nativas debería ser la aspiración a largo plazo si queremos procurar un adecuado ecosistema acorde a las necesidades de hábitat y alimentación de la fauna en esta zona.
Estos eventos ponen en evidencia los vacíos legales y falta de voluntad de las autoridades nacionales y municipales, en términos de planificación urbana, criterios forestales y políticas cantonales en temas de ambiente, infraestructura vial y gestión inmobiliaria.
Por tanto, solicitamos:
A las autoridades del gobierno local no caer en la repetición de vicios administrativos que afecten la planificación urbana de nuestro cantón.
Desarrollar políticas cantonales alrededor de la reforestación, «desarrollo inmobiliario» e infraestructura que respete no solo el resguardo de la naturaleza y que promueva mecanismos de participación ciudadana en la construcción de dichas políticas.
Solicitar el apoyo legislativo para la revisión y mejoras en beneficio y protección de ambiente sobre marcos legales como la Ley Forestal.
La ciudadanía ha sido contundente en manifestar su descontento con el abordaje, falta de atención y desconocimiento de las autoridades sobre este proceso, ignorar las demandas ante estos hechos es ignorar una vez más las voces, ejercicio cívico y hasta la recaudación que financia la gestión municipal de quienes han dado su voto para posicionar liderazgos que sean capaces de atender respetuosa y diligente mente estas denuncias.
Del 22 al 23 de marzo se efectuará el I Congreso Latinoamericano de Salud Planetaria que pondrá sobre la mesa temas urgentes relacionados con el ambiente, epidemias, nutrición y salud
Fotografía de Mark Thiessen, National Geographic.
En el 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS) divulgó de forma oficial que cerca de siete millones de muertes ocurren cada año en el planeta por aire contaminado.
En febrero de 2021, la Universidad de Harvard también dio a conocer una cifra que aún no se ha oficializado, pero que evidencia un ascenso en el número de fallecimientos a ocho millones de personas (un millón más que el cálculo de la OMS).
Los motivos del porqué el aire que respiramos es cada vez más nocivo son varios, desde la contaminación generada a partir de los combustibles fósiles, hasta los desechos y la deforestación, por mencionar algunos.
Pero, si se ve de cerca, en su gran mayoría hay un común denominador: la acción humana. Tal vez uno de los ejemplos más mediáticos en los últimos dos años está en los incendios forestales y, junto con ellos, también se enciende una pregunta que hoy inquieta a las y los ambientalistas: ¿será la decadencia en la salud de las personas el verdadero precio a pagar por el daño ocasionado?
Incendio en el estado de California en el 2020. Fotografía de Picture-alliance/AP Photo/M. Sanchez.
Una tierra que arde
Cuando se habla sobre calidad del aire, muchos aspectos intervienen. No obstante, los que han ocupado los principales titulares en los medios internacionales de comunicación sin duda son los incendios forestales, y con justa razón.
Basta con mirar las cifras de algunos de los más devastadores durante los últimos años. Empecemos con el deAmazoniaenel 2019.
El Proyecto de Monitoreo del Amazonas Andino (MAAP) reveló que en ese año al menos 125 000 hectáreas de la Amazonia brasileña (el equivalente a 172 000 campos de fútbol) fueron talados y otros quemados, con su cúspide más alta en agosto del 2019.
El mundo conocería ese mes bajo dos frases muy fuertes: “el pulmón del mundo arde en llamas” y el hashtag #PrayForAmazon o, en su versión en español, #RecenPorElAmazonas, que predominó en varias redes sociales.
Después de la investigación, el MAAP halló que los bosques afectados en la Amazonia fueron talados y luego quemadosa propósito, muy probablemente, para enriquecer los suelos bajo un esquema de agricultura de «tala y quema».
Un año después, en el 2020, los incendios de California también hicieron su aparición. En esta ocasión aproximadamente 1.62 millones de hectáreas resultaron quemadas.
Lo anterior desencadenaría otro evento pocas veces visto para la población estadounidense. Los gases provocados por la quema hicieron que el cielo deCaliforniase tiñerade un color naranja.
A inicios de 2020 Australia fue otra víctima del fuego, el cualafectóacasi10.6 millones de hectáreas. Esta área es más grande que el estado de Virginia (Estados Unidos), comunicó la World Wild Life (WWF).
Si bien lo anterior puede verse como situaciones geográficas distantes, lo cierto es queCosta Rica no es la excepción. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) divulgó que en el 2020 se registró la mayor cantidad de incendios forestales en las últimas dos décadas.
Aunque esos incendios fueron catalogados como “pequeños”, lo que sorprendió al Sinac fue que estos se realizaron, incluso, en medio de la pandemia del COVID-19.
Quizá, ya en este momento usted se pregunta lo mismo que inquieta a las y los ambientalistas: ¿cuál es el precioapagar? Y no, no es solo en términos económicos.
Todo ese impacto ya está empezado a regresar al mismo ser humano y en uno de sus puntos más vulnerables: la salud.
Así lo hace ver el Dr. Carlos Faerron, director asociado de la Alianza de la Salud Planetaria (PHA) de la Universidad de Harvard y profesor de la Universidad de Maryland quien, junto con la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica (UCR), es el coordinador principal del ICongreso Latinoamericano de Salud Planetaria a desarrollarse del 22 al 23 de marzo mediante la modalidad virtual.
“En el 2015 hubo grandes incendios en Indonesia y en la isla de Sumatra. Seestimaque esos incendiosgeneraron (de manera indirecta)100000muertesdebidoaque la calidad del aire bajó. Las personas estaban muriendo en los hospitales con crisis de asma y neumonía por la pobre calidad de aire. En personas mayores, esas partículas les generó una muerte acelerada”, ahondó el Dr. Faerron.
Se proyecta que las personas que están por debajo de la línea de pobreza son las que se verían más perjudicadas. Foto: Anel Kenjekeeva.
Los más vulnerables
Aunque ya el precio por superar los límites ambientales está regresando a las personas,no a todas les afecta por igual. La población más vulnerable, o con las situaciones económicas y sociales de mayor desventaja, suele ser la más afectada.
“Las personas que viven por debajo de la línea de pobreza, escasez de agua y salud, la tienen más difícil y es probable que lleven un impacto mayor. Desde la salud planetaria, el tema de la equidad es clave”, indicó Faerron.
Lo anterior se refleja de mejor manera con el recurso marino. Cristiana Paşca Palmer, secretaria ejecutiva de la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, menciona en un artículo de las Naciones Unidas (ONU) que losecosistemas de los manglares son una importante fuente de alimento para más de 210 millones de personas, especialmente, para las familias de bajos ingresos.
¿No lo cree así? Analice la provincia de Puntarenas. Los datos del INEC(2017) señalan que esta provincia tiene uno de los mayores índices de pobreza en el país con un 29.9% y un 9.8% de pobreza extrema.
La investigación de la FAO indica que la mayoría de los trabajadores del sector pesquero artesanal en Costa Rica realizan su labor al margen de la ley. Muchos de ellos no cuentan con opciones que les permitan crecer tanto a nivel económico como social.
“Ya hay conflictos debido a sequías y a patrones irregulares de nuestro sistema climático global; entre ellas, la pérdida de poblaciones pesqueras. Imagínese lo que significaría para una población de Puntarenas perder el recurso marino. ¿Qué pasaría con esas personas? Veamos este fenómeno multiplicado por mil, pues eso mismo podría pasar con diversas zonas costeras del mundo”, amplió el Dr. Faerron.
El recurso marino se agota entre la sobrepesca y el desperdicio. De los peces recolectados, el 35 % nunca llega a un plato. Foto: Anel Kenjekeeva.
Consumo irracional
Si se necesitara una palabra para describir la principal raíz del problema ambiental, esta palabra esel consumo.
Pero no cualquier consumo, sino el excesivo e innecesario. ¿Un ejemplo? Vuelva a ver al recurso marino, la superficie forestal y los combustibles fósiles.
La Organización Internacional OneSea señala que el recurso marino mundial se agota entre la sobrepesca y el desperdicio. De los peces recolectados, el 35 % nunca llega a un plato.
Pero no solo eso. El incremento de las poblaciones costeras han llevado a que el consumo aumente tan exponencialmente que ya impacta la capacidad de las poblaciones marinas de reproducirse para tener una cantidad óptima de individuos.
Por otro lado, el Global Carbon Project publicó en el 2019 que, a partir de 1990, se estima que el consumo de combustibles fósiles ha aumentado sus emisiones hasta en un 60 %.
En cuanto a la superficie forestal mundial, este ronda en la actualidad el 68 % de los niveles preindustriales estimados. Es decir, el32 % los bosques de la era preindustrial han desaparecido y, con ellos, sus especies, acorde al Informe de la Plataforma Intergubernamental sobre la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos (IPBES).
A lo anterior no escapa el tema del acceso de recursos como el agua, quecada vezesmásrestringido en el mundo.
“La mayoría de los recursos no son reutilizables, mucha agua se pierde y no es renovable. Hay varios datos que caben en la sombrilla de la gran aceleración, que es esa tendencia al hiperconsumo de materiales como los combustibles fósiles, la madera, los elementos del suelo y el recurso marino. Hay un tema que no hemos logrado entender como sociedad y son los temas ambientales del hiperconsumo. De hecho, está ese pensamiento de que entre más cosas tengo, mejor me va.Eso nos está llevando a la decadencia”, amplió el Dr. Faerron.
Para el Dr. Faerron, ese consumo irracional, acompañado del crecimiento poblacional, exacerba las tendencias de consumo que no pagan, verdaderamente, las consecuencias ambientales.
“Si yo compro algo tan barato a 400 colones, probablemente ese costo esté enmascarando los costos ambientales del producto. Yo siempre digo que cuando algo es tan barato, alguien lo está pagando, ya sea en el ambiento o nuestra propia salud”, amplió el joven médico.
La Revista Cell muestra que aproximadamente un 25% menos de especies de abejas se encontraron entre el 2006 y el 2015. Foto: Karla Richmond.
¡No más!
El planeta ya revela las primeras señales de que el ser humano está tocandolos techos ecológicos; es decir, la normalidad en la cual el sistema natural puede funcionar a favor a la salud humana.
Las abejas lo ponen en evidencia. Estos animales de 1.4 centímetros son uno de los principales insectos polinizadores que permiten sostener el esquema de alimentación actual. No obstante, su población ha disminuido de manera importante.
Información de Greenpeace pone sobre la mesa que un tercio de toda la comida quese consume en el mundodepende de los polinizadores como las abejas. Si esta población disminuye, ¿de qué manera el planeta podría dar abasto?
“Cuando reducimos drásticamente la cantidad de especies que existen, ya sea por el uso de agroquímicos o que se ven afectadas por la deforestación o degradación de los suelos, se pueden perder esos servicios ecosistémicos y poner en peligro la salud humana. ¿Cómo? Con una mayor malnutrición. Las abejas es solo uno de los ejemplos de cómo la biodiversidad se liga a la salud humana”, mencionó Faerron.
Ya esa malnutrición está pasando. No solo por el descenso de la población de abejas, sino también por el aumento del dióxido de carbono en el ambiente que convierte a los granos básicos en elementos menos nutricionales y lo cual abre la puerta a enfermedades oportunistas. Este dato lo divulgó un estudio publicado por la Universidad de Harvard en el 2018.
“Cuando pasamos un límite, que aún no está del todo claro cuál es, las consecuencias en salud pueden ser muy alarmantes. Si usted le preguntaba a alguien si el dióxido de carbono (CO2) estaba relacionado con la calidad micronutricional de un grano básico, eso no lo sabía la gente. Es la ciencia de la salud planetaria que trae a la luz estos fenómenos, para hacer estrategias de mitigación al entender el fenómeno y darle solución”, enfatizó Faerron.
Una esperanza
Sí. El mundo se mueve hacia menos especies, incendios forestales más frecuentes, huracanes en categoría cinco cada vez más comunes por el aumento de la temperatura en los mares y granos básicos menos nutricionales.
Pero así como las acciones humanas llevarona esto, pueden cambiar el rumbo. En dicho contexto, la Salud Planetaria como ciencia tiene un papel vital para entender cómo el ser humano ha cambiado los sistemas naturales, el impacto en la salud de las personas y qué tipo de soluciones pueden proponerse.
“La salud planetaria busca entender las conexiones que existen entre los cambios antropogénicos (causados por los seres humanos) a los sistemas naturales y cómo esos cambios afectan la salud de las personas. Aquí podemos hablar sobre cómo la pérdida de la biodiversidad está afectando la salud humana, muchas de estas conexiones no las entendemos o apenas las estamos empezando a dilucidar. Los sistemas naturales nos tienen muchas sorpresas”, expuso el Dr. Faerron.
El congreso será efectuado en su totalidad de manera virtual. Si desea inscribirse puede acceder al siguiente sitio web: http://emedic.ucr.ac.cr/CLSA2021/.
Jenniffer Jiménez Córdoba Periodista, Oficina de Divulgación e Información
El plan de desarrollo posiciona al turismo rural como un complemento para quienes visitan el Parque Nacional Rincón de la Vieja
El Produs-UCR analizó el ordenamiento territorial en la zona y recomendó que en el Plan Regulador de Liberia se efectuara una zonificación acorde con el desarrollo turístico sostenible. En la foto, el río Blanco en Curubandé. Foto: cortesía del Produs-UCR.
Las familias que habitan en las comunidades del distrito de Curubandé, en el cantón de Liberia, Guanacaste, cuentan con un proyecto ideado con la intención de abrir múltiples oportunidades de emprendimiento en el sector turístico.
Se trata del Plan de Turismo Sostenible de Curubandé, elaborado en el 2016 por el Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (Produs), de la Universidad de Costa Rica (UCR). Esta iniciativa le fue adjudicada a la UCR, mediante un concurso público, por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica (Sinac) del Ministerio del Ambiente.
El trabajo se realizó con la cooperación de la Asociación de Desarrollo Integral de Curubandé, la Municipalidad de Liberia y el Sinac, además de la participación de vecinos del distrito, empresarios locales e instituciones públicas presentes en dicha zona.
Oportunidades de desarrollo
El distrito de Curubandé tiene una posición estratégica que se puede aprovechar para activar el desarrollo turístico rural, ya que colinda con una de las entradas principales del Parque Nacional Rincón de la Vieja.
“Con esta iniciativa se promueven los encadenamientos productivos, la creación de fuentes de empleo local y el desarrollo de poblaciones ubicadas en sectores estratégicos colindantes con áreas silvestres protegidas. Este es un nuevo aporte de la UCR para la generación de proyectos que brinden soluciones a problemas nacionales y apoyen el desarrollo sostenible en las comunidades rurales”, declaró el M. Sc. Félix Zumbado Morales, investigador del Produs-UCR y coordinador del Plan.
En este caso, la meta es que Curubandé se transforme en una comunidad modelo para el resto del país e, inclusive, en el ámbito internacional, para impulsar el desarrollo turístico en áreas que tengan características de ubicación similares.
“Durante tres períodos de gestión de la Asociación se dio continuidad a este tema y se le propuso al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) generar los fondos para ejecutar la primera fase del Plan. El proyecto debió pasar por los controles establecidos para asegurar que cumplía con los requisitos que establece la ley, además de aprobar los criterios técnicos que se generan internamente”, detalló Danubio Quirós, presidente de la Asociación de Desarrollo de Curubandé.
A inicios del presente año, el Inder anunció oficialmente que procederá a financiar tanto la compra del terreno, como la construcción de un centro cultural. Tal infraestructura está incluida dentro del Plan de Turismo Sostenible elaborado por el Produs-UCR.
Las obras propuestas por el Plan de Turismo Sostenible de Curubandé, en Liberia, Guanacaste. Imagen: cortesía del Produs-UCR.
Dicha obra comprende un museo comunitario, donde se protegerá y divulgará el legado que dejaron las antiguas culturas precolombinas en la zona. Además, va a funcionar como un espacio para promover la educación ambiental.
Se suma también la construcción de un taller artesanal que albergue exhibiciones y venta de objetos, así como un área para la oferta de comidas tradicionales locales y presentaciones artísticas.
“El objetivo del centro cultural es que los visitantes del Parque Nacional Rincón de la Vieja cuenten con un espacio complementario al ecoturismo. En el lugar, podrán recibir información sobre temas ambientales y culturales, comprar artesanías, degustar recetas locales, entre otras acciones”, agregó Zumbado.
La segunda etapa del Plan alberga la construcción de una ciclovía turística, puentes, miradores y una torre de observación dirigida hacia el proyecto geotérmico Las Pailas, que desarrolla el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en la zona, entre otras más.
“La idea es que quienes viven cerca de algún área protegida se involucren dentro de este tipo de propuestas, con el fin de generar actividades económicas seguras y disminuyan la cacería, la tala de árboles y la contaminación ambiental”, indicó José Aguilar Calvo, encargado del proyecto por parte del Sinac.
Componentes de la investigación
Esta propuesta es fruto del trabajo de un equipo interdisciplinario del Produs-UCR, que incluyó a especialistas en ecoturismo, ingeniería civil, arquitectura, antropología, sistemas de información geográfica y derecho, así como estudiantes.
Las variables de investigación en las que se basó el Plan de Turismo Sostenible de Curubandé abarcaron el desarrollo de un diagnóstico social, histórico y cultural de la comunidad. Por ejemplo, se tomaron en cuenta los petrograbados (grabados hechos en rocas) presentes en la zona, la gastronomía local y el fortalecimiento del patrimonio intangible oral.
Con los datos obtenidos se gestó una propuesta para implementar una marca regional. Esta labor dio como resultado la producción de logos para el mercadeo turístico, a cargo de la Asociación de Desarrollo.
La sinergia entre la investigación y la acción social permite que surjan iniciativas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas, en este caso de los habitantes de Curubandé. Foto: cortesía del Produs-UCR.
Zumbado explicó que la zona en donde se ubica Curubandé pertenece a la región conocida como Gran Nicoya, que se extiende sobre una parte del territorio costarricense y nicaragüense.
En Curubandé se reportan petroglifos o petrograbados correspondientes al período Tempisque (50 a. C. – 300 d. C.) y período Bagaces (300 d. C. – 800 d. C.), los cuales han sido investigados por estudiantes y expertos de la UCR, como la arqueóloga María Gabriela Zeledón Angulo, quien elaboró una tesis al respecto en el 2011.
“El patrimonio oral intangible se refiere a las leyendas, cuentos tradicionales e historias que se han transmitido de generación en generación en la comunidad. Algunas de ellas son de origen indígena”, detalló el investigador.
Asimismo, se llevó a cabo un estudio sobre la capacidad turística de la comunidad. Tal análisis sirvió para identificar el potencial del encadenamiento de la comunidad con otros actores, como la Municipalidad de Liberia y el Parque Nacional Rincón de la Vieja.
“La metodología incluyó entrevistas, observación participante, registro fotográfico, grupos focales, análisis FODA, árbol de problemas, uso del marco lógico, uso de sistemas de información geográfica, entre otros”, indicó Zumbado.
Esteban Maietta Alvarado, exvicepresidente de la Asociación de Desarrollo de Curubandé, dijo que, gracias a la variable de actividades comerciales incluida en el diagnóstico del Plan, se conoció que aproximadamente el 60 % de los puestos de trabajo en esta comunidad guanacasteca se dedicaban al turismo. Además, se descubrió que había nueve empresas de dicho sector registradas formalmente y que la mayoría de las construcciones entre el 2001 y el 2010 se destinaron al comercio.
“El Plan de Turismo Sostenible sentó las bases para la creación del mercado artesanal (centro cultural) y, gracias al financiamiento del Inder, ya se cumplió con la primera etapa que era comprar el terreno. Ahora, sigue la construcción de la infraestructura necesaria para desarrollar las actividades comerciales dirigidas al turismo, el cual funciona como dinamizador de la economía debido a los encadenamientos productivos que genera”, subrayó Maietta.
Otto Salas Murillo Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Crímenes ambientales de piñeras dentro de Área Silvestre Protegida quedaran impunes.
Proyecto de ley podría expandir piñeras en la Frontera Norte
FECON, 21/11/2018. Es posible la destrucción de buena parte un Área Silvestre Protegida que en este momento sufre la presión de la expansión Piñera. Se sabe que en 2016 el Refugio de Vida Silvestre Fronterizo Norte fue impactado por unas 300 hectáreas de monocultivo de piña dentro del área del refugio, en la actualidad se reportan nuevos cultivos de piña ilegales y un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa dejarían impune estos delitos ambientales.
Al mismo tiempo que se tala el bosque, esta semana se tramita de forma acelerada el proyecto “Ley Para Establecer Un Régimen Jurídico Especial Para El Refugio Nacional De Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte”, Expediente Nº 20.493. Texto que tienen como centro permitir actividades humanas dentro del refugio mediante un “plan de manejo” para administrar la Franja Fronteriza Norte. Pero esto tiene un trasfondo que huele feo.
El informe de Servicios Técnicos mantiene criterios jurídicos que indican que el proyecto de ley afecta los principios constitucionales ambientales. Claramente es existen numerosos portillos para que empresas que históricamente han talado el bosque, por ejemplo las empresas piñeras, sean las beneficiarias de esta ley.
Lo anterior se entiende cuando se lee el articulo 20 donde determina eliminar el tope del área máxima de trescientas hectáreas y en su lugar será determinado de acuerdo a la zonificación que se establece en el plan de manejo. Según el Departamento de Servicios Técnicos: “esto es aún más preocupante al liberar las concesiones del límite máximo de hectáreas, permitiendo que si los terrenos ya fueron talados y ahora se encuentran de charral o cultivos agrarios pueda concesionarse el número de hectáreas que el SINAC determine en base a la zonificación establecida en el plan de manejo, justificando los cambios de uso que se dieron contrario a lo indicado en normativa ambiental en terrenos de patrimonio natural del Estado.”
Ente otros de los señalamientos a este proyecto es que en su Artículo 22 autoriza la extracción de madera caída o cortada en patrimonio natural del Estado. Permitir esa labor sería abrir el espacio para futuras extracciones de madera e iría contra el principio de no regresión ambiental. En ese mismo orden permitir la apertura a remates de madera dentro del Patrimonio Natural del Estado. Por lo tanto, sería abrirle la brecha comercial a los recursos naturales y socavar su biodiversidad dentro de esas áreas protegidas. Esto es contrario a los principios para lo que fueron creadas las Áreas Silvestres Protegidas ya que en la práctica significa la reducción de esas áreas protegidas sin cumplir con lo indicado en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente.
Se conoce gracias al Sistema Nacional de Información Territorial (www.snitcr.go.cr/Visor) que existe en total unas 1.112 hectáreas dentro de Barra del Colorado, Franja Fronteriza y el Refugio de Vida Silvestre Mixto Maquenque invadidas de piña y que el cambio de uso de suelo de estas fincas posiblemente se realizara de forma irregular.
Entre otros de los señalamientos que tiene esta propuesta de ley es que abre portillos para la privatización del Patrimonio Natural del Estado ya que empresas con personería jurídica podrían ser parte de las concesionarias por años indeterminados en el proyecto de ley dentro del Refugio. Lo cual traería dinámicas económicas basadas en estas concesiones que incluso se podrían traspasar de manos por medio de la venta del total de las acciones de la empresa adjudicataria.
Nuevamente las Áreas Silvestres Protegidas están amenazadas en su conjunto. Esta proyecto de ley bajo el Expediente Nº 20.493 es un nuevo experimento por privatizar un bien demanial propiedad de todas las personas que construimos la sociedad costarricense y que en este momento se encuentra en la mira de las empresas destructoras y contaminantes.
Henry Picado Cerdas
Presidente de la Federación Para la Conservación de la Naturaleza
