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Etiqueta: tarifas

ARESEP y CTP no bajaron tarifas de TRACOPA a pesar del alto número de personas que movilizó

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS recibió el siguiente comentario de Renier Canales Medina:

“Casi 400 mil migrantes, que movilizó en su mayoría la empresa TRACOPA LTDA, sin que ARESEP y CTP lo tomaran en cuenta para impactar hacia la baja las tarifas de buses más altas del país, pagadas por los usuarios de las comunidades más pobres, y eso, sin tomar en cuenta los años anteriores”.

Para respaldar su comentario, Renier Canales Medina compartió con SURCOS la siguiente infografía:

SINTRAJAP: “JAPDEVA se mantiene gracias a sus trabajadores… a pesar de 20 años sin ajustes tarifarios, pérdida de cargas y regla fiscal”

Escrito en . Publicado en Trabajo.

SINTRAJAP envió una carta dirigida al intendente de Transporte de ARESEP, al ministro del ramo, a la junta directiva de JAPDEVA y a diputadas y diputados en la cual expresa la grave situación que vive la empresa, que “se mantiene gracias a sus trabajadores”.

En la nota se puntualiza que “JAPDEVA tiene 20 años sin ajustes tarifarios por parte del ente que nos regula ARESEP. A 4 años de la Directriz del MOPT que quita las cargas a JAPDEVA, la regla fiscal que amarra de pies y manos a las empresas públicas porque no las deja crecer aun cuando se atente conta la economía del país. A pesar de una gestión de administración en JAPDEVA que no ejerce de la mejor forma, JAPDEVA se mantiene gracias a sus trabajadores”.

La nota expresa que “APM Terminals muchos años antes de entrar en operación, ya recibía ajustes a la tarifa, hoy cuenta con las tarifas más caras de la región y todos los agostos recibe ajustes tarifarios con base a la inflación de EEUU. Tigre suelto generando caos social y económico, mientras en el país se toman decisiones que amarran a las instituciones públicas”.

Además, SINTRAJAP señala que “JAPDEVA le ha servido a la economía del país en un 80%, atendiendo por más de 55 años el comercio nacional e internacional, con las tarifas más bajas del mundo, atendiendo socialmente la provincia”.

Ante esa situación la organización de las trabajadoras y trabajadores de JAPDEVA propone “que se hagan los ajustes tarifarios de oficio, considerando la inflación del año 2002 hasta el año 2022 según los indicadores económicos del Banco Central, esto con lo indicado en el artículo 30 de la ley de la ARESEP”. Asimismo, “que Japdeva haga lo que corresponde según su ley como autoridad portuaria para generar ingresos, cobrando por todos los servicios. Y que, además, solicite ajustes reales tomando en cuenta la variación del dólar versus la inflación de Costa Rica”.

SURCOS comparte la carta enviada por SINTRAJAP.

Limón, 03 de octubre del 2023

STJ-312-2023

Licenciado

Edward Araya Rodríguez

Intendente de Transporte

ARESEP

Junta Directiva

JAPDEVA

Ing. Luis Amador Jiménez

Ministro del MOPT

Diputados

Asamblea Legislativa

Estimados señores:

Después de un saludo cordial deseándole muchos éxitos en sus funciones pasamos a lo siguiente:

JAPDEVA a 20 años sin ajustes tarifarios por parte del ente que nos regula ARESEP. A 4 años de la Directriz del MOPT que quita las cargas a JAPDEVA, la regla fiscal que amarra de pies y manos a las empresas públicas porque no las deja crecer aun cuando se atente la economía del país. A pesar de una gestión de administración en JAPDEVA que no ejerce de la mejor forma, JAPDEVA se mantiene gracias a sus trabajadores.

Preámbulo.

APM Terminals muchos años antes de entrar en operación, ya recibía ajustes a la tarifa, hoy cuenta con las tarifas más caras de la región y todos los agostos recibe ajustes tarifarios con base a la inflación de EEUU. Tigre suelto generando caos social y económico, mientras en el país se toman decisiones que amarran a las instituciones públicas.

JAPDEVA le ha servido a la economía del país en un 80%, atendiendo por más de 55 años el comercio nacional e internacional, con las tarifas más bajas del mundo, atendiendo socialmente la provincia.

ARESEP con todas las potestades de imperio que el legislador le ha dado no pueden intervenir en los altos costos de exportación e importación que se da en la empresa de APM Terminals, parece que hay un estado dentro de un estado, nadie los regula. Lo bueno de que no los regule Aresep, garantizan que no pasen 20 años sin que se mueva la tarifa, porque APM sin estar en operación ya tenía ajustes a sus tarifas.

En ese sentido APM se ha garantizado que todos los agostos de cada año, los ajustes comprendan la inflación de los EEUU, una moneda importante en la economía mundial; previendo así que sus ingresos no se devalúen, y que no exista un ente como la ARESEP que quebrante sus ingresos al punto de atentar con el equilibrio financiero.

PRIMER ESCENARIO:

  1. ARESEP en el año 2002 fija modelo tarifario a JAPDEVA.
  2. En JAPDEVA han pasado más de 20 años sin ajustes a las tarifas, aun cuando todos los servicios básicos suben constantemente, aun así, los trabajadores a nombre del estado con mucho esfuerzo y compromiso han dado un excelente servicio.
  3. Del año 2002 al 2012 ARESEP hace un ajuste de 10% a algunas tarifas portuarias. Y del 2012 al 2023 no ha habido ningún ajuste.
  4. La inflación de Costa Rica del 2003 al 2012 según datos del Banco Central fue de más de un 92%, aun así, la Aresep solo ajusto de oficio en un 10 % a algunas tarifas, dejando claramente un hueco económico en JAPDEVA, donde ni siquiera la inflación a la fecha se toma como referente para esos ajustes tarifarios.
  5. JAPDEVA en estos momentos tiene más de 20 año sin ajustes de tarifas.
  6. Las tarifas de JAPDEVA son en dólares, el año pasado 2022 el dólar llego a 697 colones por un dólar, y hoy al 3 del 10 del año 2023 el dólar está en 534 colone por un dólar, cayendo ese valor en 163 colones, en estos momentos somos el puerto más barato del mundo y bajando las tarifas por la caída del dólar.
  7. Hace 20 años se pone en peligro el equilibrio financiero de una empresa estatal que le ha servido a la sociedad civil, a la economía del país y al comercio nacional e internacional.

SEGUNDO ESCENARIO:

LES COMPARTO OTRA REALIDAD CON EL CANON QUE COBRA ARESEP QUE ES SU FUENTE DE INGRESOS, VEAN COMO TRANSGREDEN LA VARIABLE DE LA INFLACION EN 700%

  • El año 2002 cuando ARESEP fija modelo de tarifas a JAPDEVA, el cobro primero del canon fue de 31 millones aproximadamente.
  • Ya en el 2015 ARESEP estaba cobrando de canon 238 millones de colones a JAPDEVA, incrementándose la fuente de ingresos de la ARESEP por ese cobro en un 648%, aun cuando la inflación desde el 2002 al 2015 era de un 102% según datos del Banco Central. La pregunta que surge es ¿cuáles parámetros usan para ese cobro? ¿cómo llegan a ese cobro superando la inflación 7 veces, y Japdeva sin aumento por 20 años.
  • Nos cabe una pregunta que pasaría si ARESEP hoy todavía nos cobrara los 31 millones iniciales. Sencilla la respuesta, ya hubiera quebrado.

TERCER ESCENARIO ANTI PATRIOTA:

  • APM Terminals No son regulado por la ARESEP, son el puerto más caro de la región, no los toca la regla fiscal. Todos los agostos tienen ajustes de tarifas con base a la inflación de los EEUU. Son un estado dentro de un estado, lo que Costa Rica decida en su política económica y social no los toca.
  • Esto es importante que todos los ciudadanos costarricenses lo sepan para que vean como saquean al país. APM Terminals ha indicado que van a aportar para proyectos el 7.5% de sus ingresos y que eso equivale a $1000 millones en 33 años.
  • No nos detengamos allí, hagamos regla de tres si 7.5% es $1000 millones, cuanto es 92.5% que le queda APM, eso equivale a 13 billones de dólares en 33 años, riqueza que se va para Holanda. Seguimos esperando un gobierno que tome decisiones para que esa riqueza se quede en el pueblo de Costa Rica, y se beneficien los pobladores, las exportaciones e importadores, porque los altos costos en APM están fuera de orden atentando con el comercio nacional e internacional.

Por ultimo indicar que SINTRAJAP afiliado: a la en alianza con el Bloque Cívico de Limón, a la Confederación Rerum Novarum, a la FETRAL (Federación de Trabajadores de Limón); ITF (Federación Internacional del Trasporte) estamos muy preocupados por el tema de los ajustes de tarifas a JAPDEVA que en buena teoría se deben hacer año a año, tomando como mínimo la inflación del país, indicar que JAPDEVA lleva más de 20 años sin ajuste de tarifas, aun cuando la economía es dinámica porque JAPADEVA opera con los derivados del petróleo como lo son la gasolina y el Diesel, igualmente el agua, la electricidad, los salarios, póliza, costo de vida entre otras variables que suben constantemente, por ejemplo NO ES DE RECIBO que JAPDEVA no reciba el mismo trato, entendiendo que la ARESEP nace para regular la cosa pública, donde su artículo 30 de la ARESEP permite hacer ajustes de oficio, donde claramente pueden usar como parámetro la inflación de Costa Rica, la dinámica económica es variable no es estática no hacer esto por el ente regulador ARESEP, nos estarían condenando a los peores escenarios negativos, sociales, económicos y legales.

Solicitamos como organizaciones sociales lo siguiente:

  1. Que se hagan los ajustes tarifarios de oficio, considerando la inflación del año 2002 hasta el año 2022 según los indicadores económicos del banco central, esto con lo indicado en el artículo 30 de la ley de la ARESEP.
  2. Que Japdeva haga lo que corresponde según su ley como autoridad portuaria para generar ingresos, cobrando por todos los servicios. Y que, además, Solicite ajustes reales tomando en cuenta la variación del dólar versus la inflación de Costa Rica.

Sin más por el momento y esperando pronta respuesta se suscribe

Atentamente

Lic. Antonio Wells Medina

Secretario General SINTRAJAP

Copia: sociedad civil

Denuncian que personas usuarias de los cantones más pobres del país pagan las tarifas más caras de autobús y llaman a la solidaridad

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte el siguiente escrito:

La Gamba, Golfito, Zona Sur, 14 de Setiembre del 2023.

LLAMADO DE SOLIDARIDAD Y DENUNCIA PÚBLICA.

“Los usuarios de los cantones más pobres del país (Zona Sur), pagan las tarifas más caras de autobús.”

Para: Señoras (es), Diputados Asamblea Legislativa, Medios de Comunicación Social, Sindicatos, Concejos Municipales, Alcaldes, Organizaciones Sociales en general, Auditorías Internas ARESEP- CTP, Ministro de Hacienda y Dirección General de la Tributación Directa, Procuraduría de la Ética, Fiscal General y “a ver”, Defensoría de los Habitantes.

“BASTA DE HACERSE LA VISTA GORDA.”

Desde la administración pasada y la presente, los usuarios y la organización que represento, hemos solicitado, una investigación urgente, sobre el GRUPO DE INTERÉS ECONÓMICO TRACOPA – SEMAAN, cuyo dueño y/o representante, es el ciudadano de origen libanés, Raymond Semaan Kachab, reconocido contribuyente y financista de campañas políticas. (Esto último, desde la campaña de Abel Pacheco, donde investigaciones legislativas, mostraron cheques y contribuciones no reportadas al TSE).

Las denuncias hechas desde la administración pasada y esta comprenden los siguientes asuntos:

1 – Para consolidar un monopolio a favor de TRACOPA LTDA, el CTP y ARESEP, le permitieron a esta empresa fusionar las distintas Rutas y sus códigos (obtenidas sin licitación pública), en un solo código y así burlar el artículo 11 de la Ley 3503, que prohíbe, tal concentración de rutas en un solo empresario y/o sus hijos, familiares o testaferros. De igual manera, le permitieron fusionar las rutas de Manuel Antonio – Quepos – San José por Costanera y por Puriscal (Ruta 613) y la Ruta San José Uvita de Osa (639), en el mismo código donde fusionaron de manera ilegal e inconstitucional, todas las rutas de Tracopa a la Zona Sur, CÓDIGO 601 y Ramales.

2- Que cómo quedó demostrado en investigación del TSE, cuando investigó la solvencia del señor Semaan, quien había invertido aproximadamente mil trescientos millones de colones , en una pasada campaña, este justificó y el TSE, lo dio por bueno , que sus fondos venían de varias empresas : entre ellas, TRACOPA LTDA, BIUSA, TRANSPORTES QUEPOS PUNTARENAS S. A., ya solo con esta comprobación del TSE , y la “ confesión pública del empresario y financista de campaña” , era para que el CTP y la ARESEP, rescataran el imperio de la ley y le iniciaran el debido proceso de caducidad, ante la concentración y monopolio de concesiones . Nada de esto ha ocurrido, por el contrario …

3- Recientemente como es de conocimiento público y se visualiza en propios documentos del CTP y ARESEP, el empresario Semaan y su Grupo de Interés Económico, acaban de adquirir o asumir, las rutas Orotina – San José y Orotina – Puntarenas.

4 – Que como consta en denuncias adjuntas, además de denunciar este monopolio contrario al bloque de legalidad, le pedimos a la ARESEP y al nuevo Regulador, que “ justificaran los altos salarios que le pagamos a él y sus funcionarios “ a través del canon que pagamos los usuarios,( los más altos de la Administración Pública), y realizaran , lo que nunca han hecho desde su creación : UN VERDADERO AUDITORAJE INTEGRAL A LA EMPRESA TRACOPA LTDA , de manera que se verifique, si la demanda reportada es la correcta, se aplique el modelo tarifario y se determine la tarifa justa que debemos pagar, los usuarios de los cantones más pobres del país; según el “ Estado de la Nación.”

5-CLAVOS DE ORO CON LA CRISIS DE MIGRANTES:

Además de pedir se investigara, como reporta la demanda que movilizada esta empresa en temporadas altas, mediante buses de ruta regular o rotulados como servicios especiales; debe saberse, que antes de que el CTP , le autorizara el traslado de frontera a frontera a esta y otra gran empresa ( dejando por fuera a transportistas de turismo y especiales a punto de quiebra por pandemia), los migrantes viajaban en el servicio regular , la empresa pidió refuerzo de flota al CTP , pero ni el CTP ni ARESEP, ha fiscalizado o controlado para que ese aumento en la demanda de pasajeros , sea debidamente contabilizado y sirva para correr el modelo tarifario e impactar la tarifa a favor del usuario.

6 – Que, no obstante, el negociazo del traslado de frontera a frontera que le dieron a estas empresas, muchos migrantes, por sus medios, se trasladan a Ciudad Neily, Río Claro y Palmar Norte, abordando los buses de servicio regular. Todo esto ocurre a vista y paciencia de autoridades de migración y seguridad pública.

7 – Que el día de hoy, hemos sido informados, que la empresa Tracopa Ltda., está sacando 15 buses de BIUSA, poniéndolos a transportar migrantes. (¿La oportuna rebaja del 30% de la flota del CTP a empresarios?)

De todas maneras, con buses pagados por usuarios de la Zona Sur y ahora de La Carpio; lo cierto es que este financista de campañas políticas está haciendo clavos de oro, a vista y paciencia de este gobierno, de la Tributación Directa, del CTP, ARESEP y de la falta de actuación drástica de la Defensoría de los Habitantes, a favor de los usuarios.

8- Que a pesar del histórico pleito por competencias entre los funcionarios del CTP y ARESEP, cuando se trata de denuncias contra grandes empresas, “se tiran la pelota “unos a otros, pero ahí sí están “hermaniticos” y unidos, PARA NO HACER NADA.

Señor Presidente de la República, Señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, ¿para cuándo fue que dijeron que iban a acabar con la corrupción y cerrar el CTP?

Señor Regulador, Junta Directiva de ARESEP, Intendente de Transportes, ¿no les da un poco de pena con semejantes salarios pagados por los que tenemos menos, NO CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES BÁSICAS A FAVOR DE LOS USUARIOS?

Señoras y señores diputados, ¿PARA CUÁNDO EL CONTROL POLÍTICO?

Señor Ministro de Hacienda, Director de Tributación Directa, ¿PARA CUÁNDO EL CRUCE DE INFORMACIÓN CON AUTORIDADES DE MIGRACIÓN – ARESEP Y CTP y la Intervención respectiva?

Señora Defensora, en ese despacho y esa Defensoría, hay procesos pendientes de estos temas, pero ustedes han sido pusilánimes en la defensa de los habitantes más desprotegidos.

¡BASTA YA!

Renier Canales Medina
Cédula: 601280726
Firma responsable

 

Imagen: https://www.tracopacr.com/

¡Al Rescate de JAPDEVA!

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

SURCOS comparte la siguiente información:

San José, 16 de junio del 2021

Señor
Carlos Alvarado Quesada.
Presidente de la República de Costa Rica.

Estimado Señor presidente:

Nosotros, expresidentes ejecutivos, de diferentes períodos, de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), preocupados por la situación del sector portuario del Caribe costarricense, y ante la crisis nacional y provincial de Limón, nos permitimos manifestar lo siguiente:

Durante sus primeros 57 años de vida, JAPDEVA fue una Institución robusta y autosuficiente, gracias a los ingresos que percibía de la actividad portuaria. Como suele suceder con todos los puertos del mundo, JAPDEVA tenía una amplia incidencia en todo el quehacer de la región en donde se encuentra y con la aparición de APM Terminal se denota un vacío de liderazgo en todos los asuntos comunales de la provincia. La Institución destinaba una parte importante de sus ingresos, para promover el desarrollo rápido y eficiente de la Vertiente Atlántica, generando bienestar y contribuyendo en la atención de emergencias climáticas en la región.

Señor presidente, como usted bien lo señaló en su Informe Presidencial de mayo del presente año; “El caso de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) es complejo y da para mucho debate. Lo cierto es que al firmarse el contrato en 2012 para el funcionamiento de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), lo que se concretó ahí fue el traslado del 84% de la carga y el 80% de los ingresos de JAPDEVA a la TCM, a cambio de un canon. Se cedió un negocio público a un privado sin una compensación portuaria adecuada, y sin garantías de mejores tarifas y mejor operación. Además, sin un plan claro de transición de JAPDEVA. Así, al iniciar operaciones la TCM en febrero 2019, JAPDEVA se topa de frente con la caída masiva de sus ingresos y manteniendo el mismo nivel de gasto.

Hoy la realidad es que las tarifas de la TCM son más caras que antes y la terminal, a dos años de su entrada en operación, está ya llegando a su saturación operativa. Como Gobierno, en representación del Estado que firmó este contrato, velaremos por su cumplimiento. Pero no podemos dejar de mencionar esta realidad. (…)” El destacado es nuestro.

A partir de lo anterior, el efecto en las condiciones financieras de la Institución, han sido desastrosas y en consecuencia, su capacidad para coadyuvar en la generación de empleo y apoyar en las condiciones socioeconómicas de sus habitantes, han sido nulas; tal y como ha ocurrido, con muchos empleadores de la zona, incluido el sector exportador y productor del país, debido al incremento en el costo de los servicios portuarios, por parte del concesionario de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) y a todo esto, hay que agregar la tardanza de la operación en la TCM que incide en los tiempos de espera, las pérdidas de las citas previas y la formación de largas filas de furgones en la ruta 32.

La Ley N° 7404, Ley de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos, (LCOP), en sus Artículos 1 y 7 se indica lo siguiente: Artículo 1: “La concesión de obra pública, es el instituto jurídico de derecho público, mediante el cual, el Estado encarga a una persona, la ejecución de una obra y le transmite, temporalmente, los poderes jurídicos necesarios para que la explote, por medio del pago de una contraprestación o tarifa, que abonarán los usuarios, con la autorización, control y vigilancia de la administración, pero por cuenta y riesgo del concesionario”. Artículo 7: “La explotación del bien objeto de la concesión, se entenderá siempre para beneficio del interés público. Este propósito se cumplirá, con la prestación del servicio público, según los siguientes principios: conveniencia nacional, legalidad, generalidad, continuidad, eficiencia, adaptabilidad y justa retribución “.

De conformidad con lo establecido en la Ley LCOP, un puerto dado en concesión se construye, para plantearse un beneficio económico para el concesionario y también para el país, tanto para los usuarios del nuevo servicio, así como en lo social; es decir, el país tiene que sacar un beneficio de menores costos y mayor eficiencia.

Como usted mismo Señor presidente, muy acertadamente reconoce que, con este contrato, se cedió contractualmente una actividad económica, a cambio de una prestación no equilibrada; un negocio público, a un privado, sin una compensación adecuada, sin garantías de mejores tarifas y mejor operación.

Nosotros, preocupados por la situación de JAPDEVA y del País, coincidimos con usted, en que la relación contractual de APM no es equilibrada ni justa, situación esta, que queda reflejada con las múltiples quejas del sector exportador e importador y, a las nefastas consecuencias que se visualizan sobre las finanzas de JAPDEVA, el desempleo y la falta de fuentes de trabajo en la Provincia de Limón.

La firma de este contrato, entre APM y el Gobierno de la República, ha generado gran incertidumbre por los puestos de trabajo que han tenido y tendrán que disminuirse en JAPDEVA.

De acuerdo con las bases de la Ley de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos (LCOP), los principios que inspiraron a la Administración Pública a suscribir ese contrato, no se está cumpliendo y, por lo tanto, al revisar los aspectos jurídicos contenidos en la Ley General de Administración Pública, relacionados con el interés público, se corrobora, que éste debe prevalecer sobre el interés privado. El propósito del contrato no es hacer que solo el concesionario obtenga un beneficio justo, sino satisfacer el interés público del país, de los exportadores, importadores y de la población en general, mediante la obtención de una mejora sustancial en el concepto de tarifas y servicio. Tiene que darse un equilibrio entre las partes, Concesionario y Estado.

Ante tal situación y conscientes del grave daño que se le está provocando al País y a JAPDEVA como Institución, creada por ley para promover el desarrollo rápido y eficiente en la Vertiente Atlántica, teniendo a la vista los resultados ya señalados de altas tarifas e ineficiencia en el manejo portuario, todo esto relacionado en su Informe Presidencial ante el Congreso de la República, presentado el pasado primero de mayo 2021 y, por las múltiples quejas de todos los sectores usuarios de los servicios de APM y el clamor de la comunidad limonense, le solicitamos de manera muy respetuosa las siguientes acciones:

Revisión del Contrato de Concesión para un mejor equilibrio de las partes.

Iniciar de manera urgente un proceso de revisión del contrato firmado con APM, en cuanto a sus elementos económicos, financieros y técnicos, que den equilibrio a todas las partes, teniendo como prioridad satisfacer a cabalidad los aspectos relacionados con el interés público del país, que dieron origen a la necesidad de suscribir este contrato de concesión. Dicho análisis permitirá definir a ciencia cierta lo relativo al rescate de la concesión por razones de interés público en la misma vía de conclusión de su informe presidencial y de acuerdo con lo establecido por el contrato de concesión en su cláusula 18.3.1

Aplicación de Sanciones por Incumplimientos.

Señor Presidente, respetuosamente le pedimos que como miembro de la Administración Concedente Compleja del Contrato de Concesión de la TCM, instruya al señor Ministro de Transportes para que en su carácter de Presidente de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) proceda con la urgencia del caso a verificar el estado actual de los procesos sancionatorios (denuncias) que debe tramitar el CNC de acuerdo a las disposiciones del régimen sancionados del contrato de concesión y el artículo 137 del Reglamento de Operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín.

Lo anterior considerando las denuncias realizadas por los empresarios y usuarios de los servicios públicos que fueron concesionados. ANEXO.

JAPDEVA debe asumir su rol en el Desarrollo de la Provincia de Limón.

Intervenir de manera urgente y tomar las acciones necesarias para estabilizar la situación económica en la Provincia de Limón y, devolver a JAPDEVA, su rol protagónico en el desarrollo de la Vertiente Atlántica, aspecto que ha venido a menos desde la entrada en operación de la APM. JAPDEVA por su parte, ha visto reducido su espacio para atender las necesidades del desarrollo en la región, debido a la pérdida de su capacidad financiera y de su impacto para generar empleo directo e indirecto. Revisar para que sea la Junta Directiva de JAPDEVA juntamente con MIDEPLAN quien en forma separada de lo portuario maneje los fondos provenientes del famoso Canon que por Ley tiene que girar APM Terminal al Gobierno de la República.

Instancia al Poder Ejecutivo.

Le solicitamos señor presidente, muy respetuosamente, que instruya a los funcionarios que corresponda, para que ante el incumplimiento en la aplicación de tarifas (elevadas) y el cronograma de construcción (no se han construido los puestos acordados) que se revise el contrato y en dicha apertura se logren los siguientes puntos:

  • Disminuya las tarifas de APM Terminals que actualmente ahogan a los exportadores.
  • Que los muelles de JAPDEVA puedan atender barcos de contenedores además de los ya pactados, esto con el fin de dar un respiro para incrementar los ingresos de JAPDEVA.
  • Que la Autoridad Portuaria se le devuelva a JAPDEVA en forma clara y definida de acuerdo con la ley.

Instancia a la Junta Directiva de JAPDEVA.

  • Para que JAPDEVA actualice el Máster Plan de sus puertos tanto de Limón como el de Moín.
  • Que con las nuevas proyecciones de atención a buques establezca los Programas de Ingresos y Egresos para que la Institución como tal, logre un punto de equilibrio propio y sea autosuficiente sin tener que apalancarse con el presupuesto del Poder Central.
  • Que JAPDEVA acelere los estudios, planes y programas de los muelles para atender cruceros y la marina.

Con todo respeto, atentamente,

JOSE MANUEL AGUERO ECHEVERRIA (siguen más firmas de otras personas que han ocupado la presidencia ejecutiva, pueden verse en el documento para descargar).

ANEXO

Los representantes de las cámaras de exportadores y navieras están de acuerdo con el reciente castigo que impuso el MOPT a APM Terminals; sin embargo, esperan que a futuro se impongan más, por los constantes problemas operativos de la megaterminal. https://semanariouniversidad.com/pais/empresarios-piden-mas-sanciones-por-ineficiencia-de-apm-terminals/

Exportadores critican tarifas y fragilidad en servicios de APM Terminals. https://semanariouniversidad.com/pais/exportadores-critican-tarifas-y-fragilidad-en-servicios-de-apm-terminals/

Carlos Alvarado pide evaluar gestión de APM Terminals https://www.larepublica.net/noticia/carlos-alvarado-pide-evaluar-gestion-de-apm-terminals

Exportadores y navieros piden sanciones contra APM Terminals. https://www.multimedios.cr/nacional/video-exportadores-y-navieros-piden-sanciones-contra-apm-terminals

Adjuntamos el documento oficial:

VERSION-FINAL-PRESIDENTE-CARLOS-ALVARADO-QUESADA_-003Descarga

Comunicado Movimiento del Este contra tarifas

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

1- Desde el Movimiento del Este contra tarifas, manifestamos nuestra solidaridad, para con el pueblo Bri Bri de Talamanca, que se encuentran en lucha contra del abusivo aumento de tarifa del transporte público modalidad autobús.

2- Sabemos de la lucha que están enfrentando, especialmente por el trato desigual de parte de la institucionalidad del Estado costarricense, lucha que también hemos vivido las comunidades que albergan en éste Movimiento, instituciones como el CTP y la ARESEP favoreciendo siempre al empresario y nunca a las personas usuarias del servicio como debería suceder.

3- En este caso vemos la clara inconveniencia de la conformación de la Junta directiva del CTP, cuando uno de sus directivos es el deudor del préstamo de la compra de los buses para la ruta 710.

4- Siendo una ilegalidad se presenta ante la población Bri Bri, como representante del CTP, sobrepasando sus facultades.

5- Este tipo de acciones entre empresarios y directivos se ha dado en diversas ocasiones en las distintas juntas directivas del CTP, ocasionando lesión a los derechos de las personas usuarias.

6- Es por estas razones que consideramos la necesidad de la reformulación de la Junta Directiva del CTP o su disolución definitiva.

7- Apelamos a la actuación de la representante de los usuarios en esa Junta Directiva, por su total ausencia en todos los casos que han afectado a las personas usuarias, su figura no ha representado ninguna defensa de los derechos de las personas usuarias.

8- Apelamos la actuación de la ARESEP, pues ésta institución se supone es constituida para fiscalizar el servicio que recibimos las personas usuarias y mantener un balance en el precio de éstos, acciones que no hemos visto en el caso del Transporte Público modalidad autobús; por el contrario, hemos vivido, todas las personas usuarias en todo el territorio nacional, un claro favorecimiento al empresariado autobusero por parte de ésta institución.

9- Apelamos que las llamadas audiencia públicas que hace ARESEP son un mero formalismo y una burla a las personas usuarias, éstas no constituyen un verdadero ejercicio de defensa de nuestros derechos, las múltiples comunidades hemos experimentado la no escucha de nuestra oposición en el tema de aumento de las tarifas, como lo está viviendo en éste momento el pueblo Bri Bri.

10- Que la población originaria Bri Bri merece igual defensa de sus derechos y merece la atención y escucha a sus reclamos, tan válidos como los de cualquier otra población de nuestro país.

11- Exigimos al Estado costarricense asuma el papel que le corresponde de defensa de los derechos de las personas usuarias de transporte público y haga los cambios que deban hacerse para subsanar tales atropellos a nuestros derechos.

12- Por último, instamos a todas las organizaciones que han sufrido iguales ver de sus derechos en este sentido, a manifestarse en solidaridad y unidad para con esta población.

Movimiento del Este contra tarifas

 

Compartido por Rocío Molina en redes digitales.

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UPINS: Invertir en prevención y no elevar seguros – Que no prevalezca el lucro

Escrito en . Publicado en Derechos.

País debe invertir en prevención de accidentes en lugar de elevar las tarifas de los seguros

La decisión del INS de retirar la medida cautelar y seguir con el juicio de fondo, implicará lamentablemente el aumento en las tarifas del SOA, impuesto por la Superintendencia General de Pensiones SUGESE, se entiende en el contexto de la crisis fiscal pero esconde la intención del ente regulador de favorecer el ingreso de las aseguradoras privadas al mercado de seguro de riesgos del trabajo y el seguro obligatorio automotor.

Ingrese en el siguiente enlace para leer el comunicado completo:

Aumento del SOADescargar

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Juan Carlos Cruz Barrientos.

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ANEP aplaude posición de la Defensoría de los Habitantes en cuanto a telefonía móvil

Escrito en . Publicado en Derechos.

Comunicado de prensa ANEP

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) celebra y aplaude la valiente posición que ha anunciado la Defensoría de los Habitantes de la República, de oponerse a una errada decisión de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), de dejar sin regulación de ningún tipo las tarifas de los servicios de telefonía celular y de internet móvil, especialmente.

Creemos que la pretensión de la SUTEL significa, simbólicamente, que ésta entidad se dispara en el pie toda vez que se supone que la esencia de su quehacer es la regulación, a fin de que la población consumidora de los servicios de telecomunicaciones, en todas sus modalidades, no quede indefensa; considerando que la tal competencia es una quimera ante el dominio del mercado, esencialmente, por parte de dos monstruosas transnacionales.

La SUTEL quiere lavarse las manos y dejar a los consumidores en total indefensión, toda vez que las tendencias monopólicas y duopólicas son las que se ven posicionarse con fuerza en tiempos futuros, si es que la sociedad no logra frenar la conjura plutocrática que pretende la exclusión definitiva de este mercado al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), negándosele

el acceso a nuevas fuentes de financiamiento que le permitan fortalecerse ante el poder duopólico de las transnacionales de telecomunicaciones implantadas en el país, luego de que fuera impuesto en Costa Rica el TLC con Estados Unidos, hace ya diez años.

¡Cierren la SUTEL! Ésta debería ser la consigna fundamental ante la quimera del “mercado en competencia” en materia de telecomunicaciones.

Si a la SUTEL le faltan agallas para defender a la población consumidora al respecto, si le tiene miedo a esos pulpos corporativos del capital transnacional; y, todavía peor, si ya no tiene fervor regulador, entonces es mejor que la cierren pues de por sí, resulta carísimo su mantenimiento dado que es uno de los privilegiados segmentos de la Administración Pública con salarios de lujo para su alta cúpula político-tecnocrática y gerencial.

San José, viernes 8 de setiembre de 2016.

 

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de ThingLink.

Enviado por ANEP.

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Organizaciones indígenas y campesinas son ignoradas por el Gobierno

Escrito en . Publicado en Derechos.

Comunicado de Prensa

 

Buenos Aires, Puntarenas. 29 de setiembre, 2016.- El Gobierno de la República ha ignorado las peticiones de integrantes de organizaciones y comunidades campesinas, de pueblos originarios y sociales de la Zona Sur. Estas personas dieron tiempo al Gobierno hasta el 29 de setiembre para que presente un plan con acciones, responsables, plazos y recursos necesarios, que atienda sus demandas y exigencias por una vida digna y justa. Sin embargo, hasta la fecha sólo han recibido silencio.

El pasado 15 de setiembre estas personas presentaron un documento de propuestas, demandas y exigencias al Gobierno, estableciendo un plazo de 15 días para recibir una respuesta por escrito. Hasta la fecha no han recibido respuesta de ninguna institución.

A continuación, las principales demandas:

  • Brazo de Oro: Demandan que el Gobierno haga lo que corresponda para poner en formal posesión a las familias originarias que recuperaron sus tierras en Brazo de Oro, en Territorio de Iriria Bribri Sä Kä (Cabagra). Exigen que el Gobierno haga cumplir los derechos de los pueblos originarios y garantice la seguridad e integridad física y territorial del pueblo bribri. El 22 de febrero de este año se realizó esta recuperación. El 8 de marzo las y los recuperadores se reunieron con funcionarios gubernamentales en Buenos Aires de Puntarenas y se acordó que el gobierno estudiaría la situación de la tierra a recuperar, en un plazo de 6 meses, para resolver el tema de la usurpación por parte del terrateniente Jesús Monge Bermúdez (quien posee ilegalmente 3 fincas en ese territorio). Dicho plazo venció el 8 de setiembre, ante lo cual, las y los recuperadores originarios de la Familia Torres Morales, acordaron que una vez que se venza el plazo indicado, darán 10 días hábiles para que se desaloje al invasor.
  • Protocolos de Salitre y Cabagra: Exigen que el Gobierno de respuesta concreta a las propuestas de Protocolo para el Saneamiento Territorial, la Seguridad e Integridad de los Pueblos Bribris de Salitre y de Irria Bribri Sä Kä (Cabagra), elaboradas por ambos pueblos y entregadas al gobierno el 24 de abril en el caso de Salitre y el 15 de julio en el caso de Iriria Bribri Sä Kä. Demandan que el Ejecutivo realice los desalojos administrativos contra terratenientes usurpadores, priorizados por los pueblos.
  • Finca San Andrés: Piden que se entregue formalmente Finca San Andrés (ubicada en el Territorio Originario Broran Térraba) a las familias originarias Térrabas que lo habitan y trabajan desde hace más de un año y que no se entregue esa finca a la Asociación de Desarrollo Integral de Térraba (ADIT), cuya personería jurídica no está vigente actualmente.
  • Finca Chánguena y Finca Térraba: Demandan al Gobierno agilizar todos los trámites administrativos y judiciales pendientes para entregar formalmente y de forma definitiva estas tierras a las familias que las habitan y trabajan.
  • Tarifas de autobuses: Rechazan todos los aumentos desproporcionados y abusivos de tarifas, que se han aprobado para diversas líneas de autobuses en la zona y exigen que no se apruebe ningún otro aumento hasta que no se dé una discusión entre las comunidades y las instancias respectivas. Además, exigen servicios de transporte público con calidad y dignidad y que se apruebe lo antes posible el nuevo modelo tarifario propuesto por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP).

Las organizaciones y comunidades que suscribieron el documento de demandas son: Consejo Ditsö Iriria Ajkonuk Wakpa del Territorio Bribri de Salitre, Recuperador@s Originarios de Finca San Andrés del Territorio Naso Broran Térraba, Consejo de Cultura de Boruca, Consejo Indígena Regional Pacífico Sur, Consejo de Mayores Iriria Jtéchö Wakpa e Instancia Originaria Békg TLra ÑLre del Territorio Bribri de Iriria Bribri Sä Kä, Recuperador@s originarios de Nima Dikol y Brazos de Oro del Territorio Bribri de Iriria Bribri Sä Kä, Grupo de Mujeres Ngäbe de Alto Abrojo, COOTRAOSA R.L, Comité de Lucha por la Tierra de Finca Changuena, Comité de Lucha por la Tierra de Palmar Sur, Organización de Lucha Campesina por Nuestras Tierras del Sur (OLCASUR), Asociación de Usuari@s de Autobuses de la Zona Sur, Asociación Voces Nuestras, Ditsö, y Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Adjunto encontrará el documento de demandas:

zona-sur-propuestas-demandas-y-exigencias-populares-2016

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por Fabiola Pomareda.

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El precio de los combustibles: un debate no ideológico

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Greivin Salazar Álvarez*

 

Semanas atrás se realizó el VII Congreso de Energía, organizado por la Cámara de Industrias de Costa Rica, siendo el tema de los precios de los hidrocarburos en el país uno de los que más interés despertó en su audiencia.

A nivel nacional, se ha generado un cierto debate sobre este particular, el que por momentos ha tendido a ser muy ideológico; considerando sólo las visiones extremas, por un lado se encuentran los “aperturistas”, cuya posición se resume en que los precios de los combustibles en el país son altos porque se está en presencia de un monopolio estatal en manos de RECOPE, con una estructura de costos y gastos ineficiente, que además se ve impactada por los privilegios con que cuentan sus empleados en el marco de la respectiva Convención Colectiva, en consecuencia, la solución es abrir este mercado a la “competencia”; por otra parte, están los “estatistas”, menos mediáticos que los primeros, quienes se muestran a favor de la “defensa” de la institucionalidad costarricense.

Sin embargo, antes de valorar ambas posiciones y de hecho, externar la contenida en este artículo, es necesario tener presente algunas consideraciones previas alrededor del tema:

  1. A nivel centroamericano, Costa Rica compra (importa) la mayoría de derivados del petróleo al más bajo costo (CEPAL) y además vende los combustibles de mayor calidad (RECOPE, con base en Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central).
  2. Según estimaciones de la Cámara de Industrias de Costa Rica, el margen con que trabajan las refinadoras de petróleo, relativamente eficientes, es de 7 dólares por barril.
  3. En el país, el impuesto sobre las gasolinas es el más alto de la región, ronda alrededor de los 43 centavos de dólar por litro, seguido por Honduras con 33 centavos, mientras que en Panamá apenas es de 0,16 centavos (RECOPE, con base en Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central).
  4. Las variaciones en el precio internacional de los combustibles, tardan aproximadamente entre 35 y 45 días para verse reflejadas en el monto que pagan los consumidores costarricenses, mientras que en el resto de países del Istmo no supera los 15 días (RECOPE).

A partir de la anterior información, se derivan las siguientes reflexiones, a manera de interrogantes:

  1. Por su carácter de monopolio, RECOPE también es el único comprador de combustibles en los mercados internacionales para el país ¿Será que esta condición le permite realizar compras por volumen de tal manera que consigue los mejores precios de importación a nivel centroamericano? En caso de ser así ¿Con una eventual apertura se perdería esta ventaja?
  2. Se sabe que la calidad siempre tiene un costo adicional y este caso no ha de ser la excepción, en ese sentido: ¿En qué medida el menor precio de los combustibles en el resto de Centroamérica se debe a que su calidad también es menor?
  3. Con su estructura actual de costos y gastos, así como con sus niveles de eficiencia ¿Podrá RECOPE retomar plenamente sus funciones de refinamiento sin sobrepasar el margen de los 7 dólares por barril, tomando en cuenta que en caso contrario, es mejor seguir importando el producto terminado?
  4. Es evidente que la ventaja del país en lo que respecta al precio de importación de los combustibles se desvanece luego de aplicarse los respectivos impuestos ¿Es excesivo el monto de impuestos que se le cargan a los combustibles en el país? De ser afirmativo: ¿Son realmente destinados estos recursos a los fines para los que fueron creados, sobre todo en el mantenimiento de las vías de comunicación? O bien ¿Qué tan eficiente se hace?
  5. 5.¿Es posible contar con una metodología para la fijación del precio de los combustibles, que también considera la “oportunidad ciudadana” como uno de sus criterios?

Bajo este contexto, es evidente que son varios los factores que intervienen a lo largo del proceso de fijación del precio de los hidrocarburos en el país, por lo que en este sentido, es preciso que la agenda que se vaya a articular alrededor del tema sea guiada por un debate menos ideológico y más pragmático, por cuanto no se trata de convertir la apertura en un fin en sí mismo pero tampoco, de defender a ultranza la situación actual. En este sentido, algunos de los temas que deberían considerarse son:

  1. Balance del rol de importador único de RECOPE y conveniencia nacional de la apertura en esta materia.
  2. Revisión y depuración de las actividades legalmente asignadas a la Institución, para que, desde una perspectiva de interés nacional, se determine cuáles funciones sí y que otras no debería realizar RECOPE.
  3. Valoración de la estructura impositiva actual sobre los combustibles, así como determinación de mecanismos de control para velar por el uso efectivo de los recursos que el Gobierno obtiene a partir de los mismos.
  4. Elaboración de una nueva metodología tarifaria que reduzca el desfase en el ajuste del precio interno de los combustibles con respecto al mercado internacional.

Por último, cabe indicar que este tema no debería esperar, por cuanto tiene un impacto directo en el bolsillo de todos los costarricenses, en la competitividad del país, es un elemento clave para lograr el objetivo nacional de carbono – neutralidad y resulta fundamental para participar con éxito de la revolución energética mundial que se encuentra en marcha.

*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por Oficina de Comunicación UNA.

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Los cánones que se le pagan a ARESEP y su rendición de cuentas

Escrito en . Publicado en Derechos.

Boletín # 23 del 18 de noviembre 2015

Comunicado a todas y todos nuestros afiliados y pueblo costarricense en general

 

En los últimos años hemos venido percibiendo como entes creados con la finalidad de establecer tarifas, ejercer mecanismos de control y tratar de eliminar los problemas de corrupción que se han estado carcomiendo nuestro país, se han convertido en una especie de gobierno paralelo que ninguno de nosotros los costarricenses elegimos en las urnas.

Es así como la ARESEP, SUTEL, Concesiones, COSEVI, CONAVI, la Contraloría, la autoridad presupuestaria y otros, están liderando la embestida contra las instituciones que están bajo su regulación e intentan incluso impedir al propio Poder Ejecutivo o Asamblea Legislativa (electos por voluntad popular para gobernar) cualquier posibilidad de gobernar y de tomar decisiones que le permitan fortalecer la democracia, buscar el equilibrio necesario entre el bien común y el los intereses de las empresas privadas el funcionamiento de la institucionalidad.

No estamos en contra de que existan mecanismos de regulación, por el contrario, aplaudimos esta posibilidad, pero lo que no podemos entender, ni aceptar, es que estas instituciones trasciendan sus potestades y amarren cualquier posibilidad de alcanzar acuerdos en un país donde siempre hemos puesto el diálogo, la negociación y el respeto a los derechos humanos como garantía de la paz social y la convivencia democrática de nuestro pueblo.

Estos entes le piden cuentas a todo el mundo, pero ¿quién se las pide a ellos?, solo como ejemplo resaltamos el caso de la ARESEP, que está recaudando solo en el 2015 casi 12 mil millones de colones. Donde JAPDEVA tuvo que pagar 238 millones, sin recibir absolutamente nada a cambio, RECOPE les pago 2.547 millones, el ICE 1.380 millones, el AYA 1.814 millones, los autobuseros 2.159 millones, taxis 1.267 millones y otro montón de millones de otros entes. Entendemos que tienen 200 empleados y solo realizan servicios como estudios tarifarios y regulaciones.

Consideramos que todas y todos los costarricenses merecemos conocer ¿en que se gastan esos millones?, ¿cómo se distribuyen los salarios de sus empleados?, ¿de qué beneficios disfrutan?, igual como lo han hecho con todos los demás. Pero más importante aún es conocer ¿a qué intereses obedecen? y ¿si tienen la potestad legal de emitir resoluciones que estén por encima de la Constitución Política, los Tribunales, de la existencia misma de las Instituciones y los derechos de los Trabajadores?, ¿Será acaso que estamos ante vacas sagradas que no puede tocar ni el poder político que el pueblo costarricense depositó en la figura del Presidente de la República?

Con el pueblo costarricense no se juega y merecemos explicaciones.

 

Lic. Ronaldo Blear Blear, secretario general

Liroy Pérez Pérez, Secretario de Prensa

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por Liroy Pérez Pérez.

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