Presión contra la impunidad estructural en Costa Rica violentando los territorios y la vida de los Pueblos indígenas y a la vez un abrazo solidario a doña Digna, de parte de más de 60 organizaciones y activistas de Derechos Humanos a nivel internacional. https://www.facebook.com/share/p/1GTmw9pAF8/
Vecinas y vecinos de la finca San Andrés alertaron el día de ayer al defensor indígena Brörán Pablo Sibar Sibar sobre un incendio provocado por sujetos no identificados dentro de su propiedad, la cual posee legítimamente desde hace más de 13 años.
Este nuevo hecho de violencia se suma a un patrón sostenido de hostigamiento contra Sibar. El pasado 10 de agosto de 2025, dos personas no indígenas invadieron su finca alegando contar con respaldo de la ADI de Térraba, pese a que Sibar es el legítimo poseedor del terreno. Ante estos hechos, el defensor indígena presentó una petición urgente ante la CIDH para reforzar su protección, dado que es beneficiario desde 2015 de la Medida Cautelar MC 321/12.
En dicha petición se advirtió sobre un riesgo extremo e inminente contra su vida e integridad física, sustentado en un historial de amenazas, agresiones físicas, intentos de homicidio, incendios provocados en su propiedad y campañas de difamación en su contra.
La máster en Derechos Humanos Dylana Rodríguez Muñoz, coordinadora del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, recordó que desde el programa se acompaña desde hace varios años a pueblos indígenas y procesos de conflictividad socioterritorial desde un enfoque de derechos humanos, y expresó su profunda preocupación ante la persistencia de hechos de violencia que continúan afectando a los territorios indígenas. El caso del compañero Pablo Sibar Sibar se suma a una serie de antecedentes dolorosos que marcan la historia reciente de estos pueblos.
Desde Kioscos se advierte que lo ocurrido no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte de un patrón reiterado de agresiones contra Pablo y otras personas defensoras. Estos hechos se inscriben en una realidad más amplia de riesgo estructural en los territorios indígenas, caracterizada por presiones externas, amenazas a la organización comunitaria, afectaciones a la autonomía y vulneraciones sistemáticas contra liderazgos sociales, culturales y comunitarios.
Sobre el incendio ocurrido, Pablo Sibar señaló:
“Hoy le prendieron fuego. Habíamos tenido el acompañamiento de muchos compañeros que vinieron desde la capital y desde diferentes lugares a ayudarnos a sembrar árboles, y lamentablemente hoy se quemaron.
Esta es una lucha que llevamos desde que iniciamos los procesos de recuperación. Esta tierra que la Asociación de Desarrollo me quiere quitar, generalmente todos los años la queman. A pesar de que este año sembramos árboles y les dimos mantenimiento, el verano está demasiado fuerte y los fuegos son terribles.
Dichosamente la ‘champita’ no se quemó. Se quemaron árboles y mangueras de compañeros indígenas que llevan agua a sus casas.
Me dio mucha alegría que un pájaro estaca, que tenía más de un mes anidando, lograra sobrevivir con su polluelo, pero duele profundamente ver los árboles que sembramos con tanto amor hoy completamente quemados. Aquí seguimos: la lucha continúa y los recuperadores seguimos vivos.
Seguimos sufriendo el vandalismo de quienes nos odian y buscan minimizarnos. Esperamos que los fuegos puedan controlarse y que la gente tome conciencia de que no se puede quemar una finca porque alguien le cae mal”.
Pablo Sibar agradeció la rápida acción del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y de las personas vecinas, quienes acudieron al lugar y lograron controlar el incendio.
Finalmente se reitera la urgencia de adoptar medidas efectivas de protección y de implementar acciones que atiendan las causas estructurales de la violencia en los territorios indígenas. La protección de quienes defienden la vida, la cultura y el territorio no puede recaer en esfuerzos individuales, sino que constituye una responsabilidad institucional y un deber ineludible del Estado.
Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica
Este domingo 15 de febrero de 2026 será el torneo relámpago en donde se presentará a los equipos Ngäbes que participarán de la II Copa de Fútbol Indígena Ngäbe, que iniciará formalmente en marzo próximo.
Estarán participando 16 equipos de los cuales 10 son masculinos y 6 femeninos.
El torneo relámpago de presentación de los equipos se realizará en la cancha de Caracol de Laurel, Corredores, Zona Sur de Costa Rica.
Esta II Copa de Fútbol Indígena de Territorios Ngäbe del Sur tiene como objetivo los siguientes propósitos:
✅ Empoderar a mujeres y jóvenes futbolistas de los territorios.
✅ Fortalecer la unión entre las comunidades Ngäbe del Sur.
✅ Visibilizar el talento deportivo como herramienta de transformación social.
✅ Compartir iniciativas culturales, productivas y organizativas de cada territorio.
✅ Activar la economía local mediante la organización deportiva comunitaria.
Este torneo está organizado por Wilfrido Montezuma Rodríguez,
Leidy Ríos y David Morales, quienes son 3 líderes comunitarios comprometidos con el Deporte y la cultura Ngäbe.
Estos coordinadores cuentan con el apoyo de todos los líderes y lideresas de los Territorios Ngäbes del Sur.
Una denuncia formal presentada ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y diversas instancias del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC-MINAE) advierte sobre la muerte de aproximadamente 20 árboles en Playa Chiquita, zona que colinda entre el Territorio Indígena KéköLdí y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA), en el Caribe Sur de Talamanca.
Según la información remitida por María Elena Fournier, de la Asociación Conservacionista YISKI, los árboles afectados se encuentran únicamente en esa área específica, lo que descarta, según la denunciante, un fenómeno natural generalizado y refuerza la sospecha de una intervención humana intencional. Las fotografías que respaldan la denuncia fueron tomadas en diciembre de 2025 y forman parte del expediente judicial N.° 25-033098-0042-PE.
En los correos enviados a la Subdelegación Regional del OIJ en Bribri, así como a autoridades del ACLAC-SINAC-MINAE y al despacho del Ministerio de Ambiente y Energía, se expresa la preocupación de que la muerte de los árboles esté relacionada con personas que habrían ocupado o tomado propiedades dentro del REGAMA y del Territorio Indígena KéköLdí, zonas que colindan entre sí y que cuentan con regímenes especiales de protección ambiental y territorial.
La denunciante señala además que, cerca del rótulo oficial del Estado, existe otro aviso que indica “propiedad privada, no pasar”, y que en el sitio se observan al menos dos viviendas construidas dentro de esas propiedades, lo que plantea serias interrogantes sobre la legalidad de dichas ocupaciones y sobre las acciones —o la falta de ellas— por parte de las autoridades competentes para garantizar la protección del área.
Desde la Asociación Conservacionista YISKI se solicita información sobre las diligencias que el ACLAC-SINAC-MINAE estaría realizando para desalojar a las personas que ocupan irregularmente tanto el REGAMA como el Territorio Indígena KéköLdí, así como sobre el avance de la investigación judicial relacionada con la muerte de los árboles.
El caso pone nuevamente en evidencia las tensiones persistentes entre intereses privados, conservación ambiental y derechos de los pueblos indígenas, así como la importancia de una actuación oportuna y transparente de las instituciones del Estado para resguardar los bienes naturales y territoriales protegidos por la legislación costarricense.
San José, 25 de enero de 2026.
El Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) emitió un pronunciamiento público en el que alerta sobre la usurpación de derechos, territorios e identidades indígenas y cuestiona el uso instrumental de la agenda de los pueblos originarios en el contexto del proceso electoral de 2026.
FRENAPI, que agrupa a ocho pueblos indígenas y al menos quince territorios de todo el país, recordó que desde hace más de 26 años ha impulsado esfuerzos sostenidos para posicionar las demandas indígenas ante los distintos poderes del Estado, independientemente de los gobiernos y administraciones de turno. En su comunicado, el colectivo reafirmó la vigencia y diversidad de los pueblos indígenas de Costa Rica, así como su compromiso con una agenda integral que abarca la espiritualidad, la tierra y el territorio, las estructuras propias de gobierno, la salud y educación propias, la protección del ambiente y la defensa de los idiomas originarios.
La organización denunció que, pese a la violencia estructural histórica ejercida por el Estado, ha mantenido una posición de respeto frente a las distintas corrientes y figuras políticas que aspiran a cargos de elección popular. Sin embargo, advirtió que los procesos electorales suelen estar estrechamente vinculados a grupos de poder que financian campañas y que, según FRENAPI, han usurpado tierras, conocimientos y espiritualidades indígenas, recurriendo a “discursos vacíos” y prácticas engañosas.
El pronunciamiento señala además que diversas figuras políticas han utilizado de forma incorrecta los idiomas indígenas o han hablado en nombre de los pueblos originarios sin conocimiento real de sus territorios ni de sus prioridades, reproduciendo la ignorancia y el desconocimiento sobre la realidad indígena. En ese sentido, FRENAPI repudió lo que calificó como prácticas reiteradas de “politiquería electoral”, en las que los derechos de los pueblos indígenas —reconocidos en leyes, decretos y convenios internacionales— son invocados de manera coyuntural, pero luego omitidos en los planes de inversión y acción estatal.
De manera explícita, el Frente cuestionó las acciones atribuidas a Laura Fernández y Fernando Zamora, a quienes acusa de utilizar las necesidades y derechos indígenas como parte de su estrategia de campaña, mediante la suplantación y la manipulación de la realidad que enfrentan las comunidades.
FRENAPI también criticó a los partidos políticos por profundizar desigualdades y violencias sistemáticas, usando a sectores históricamente excluidos como “botín electoral” u ornamento discursivo. Asimismo, denunció la imposición de proyectos extractivistas —como marinas, explotación petrolera, minería e hidroeléctricas— sin respetar la autonomía, la libre autodeterminación ni la consulta previa, libre e informada de buena fe.
El colectivo subrayó que los pueblos y naciones indígenas no son homogéneos y defendió la construcción democrática desde las diferencias, de manera pública y propositiva. Afirmó que su “proyecto de Vida” no responde a partidos políticos ni a coyunturas electorales, sino que trasciende el escenario político actual y se fundamenta en la defensa del territorio, la dignidad, el autogobierno y el bien común.
Finalmente, FRENAPI rechazó las narrativas coloniales e integracionistas que invisibilizan la diversidad indígena y llamó al pueblo costarricense a abrir el pensamiento y la acción para construir un país más democrático, inclusivo y respetuoso de su pluralidad. El comunicado concluye con un mensaje de memoria y lucha en honor a Jerhy Rivera y Sergio Rojas, reafirmando la continuidad de la resistencia de los pueblos indígenas en Costa Rica.
Por Uriel Rojas
Este sábado 20 de diciembre, el territorio indígena de Cabagra eligió a sus nuevos representantes del Consejo Local de Educación Indígena para el periodo 2025-2028.
Las autoridades de este importante órgano son:
El CLEI es el órgano encargado de trabajar por la calidad de la educación indígena en el territorio.
El territorio indígena de Zapatón invita a toda la población al Festival Cultural y Gastronómico Huetar, que se realizará los días 14, 15 y 16 de noviembre, un encuentro que celebra la riqueza cultural, culinaria y artística de los pueblos originarios de Costa Rica.
La actividad contará con la participación de territorios indígenas invitados, entre ellos Matambú, Maleku y Quitirrisí, quienes compartirán elementos de su identidad cultural y saberes comunitarios.
El festival ofrecerá una variada muestra gastronómica tradicional, incluyendo platos característicos de Zapatón y de los territorios visitantes. Entre las degustaciones estará la famosa tamuga, así como la oportunidad de participar en juegos tradicionales como la sacada de arroz en pilón, entre otras dinámicas culturales.
Además, el público podrá disfrutar de:
Danzas indígenas
Presentaciones artísticas de las gestoras de Zapatón
Participación de la escuela y el colegio de Zapatón
Presentaciones culturales de los territorios invitados
Esta actividad rescata y visibiliza la herencia viva de los pueblos indígenas, fortaleciendo el diálogo intercultural y el reconocimiento de su aporte histórico a la identidad costarricense.
Información compartida con SURCOS por Rafael López Alfaro, del Programa de Gestión Local de la UNED.
Este martes 28 de octubre 2025, la Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra en coordinación con las Comisiones de Implementación del Plan Ambiental, Forestal y Territorial del Territorio (PAFT), realizaron la entrega de insumos de frijoles a 111 productoras y productores de 16 comunidades del Territorio Indígena de Cabagra.
Este proyecto tiene como objetivos garantizar el acceso a semillas, aumentar las capacidades en la producción de granos básicos del territorio y generar procesos resilientes bajo el modelo de trabajo colaborativo con visión indígena.
Gran parte de estos beneficiarios del proyecto, sufrieron importantes afectaciones en sus cultivos por la Tormenta Tropical Rafael del año 2024.
Se trata de la ejecución del primer proyecto correspondiente a la segunda etapa del PAFT Cabagra, con una distribución de beneficios con impacto, en un 56% de mujeres y 44% de hombres.
La ADICABAGRA y las Comisiones PAFT contemplan el seguimiento y evaluación de las actividades de siembra, cultivo y cosecha y pretenden continuar impulsando el encadenamiento productivo en todas las áreas de la economía local de Cabagra.
Muchos éxitos a estos productores y productoras de frijoles en el Territorio Indígena Bribri de Cabagra.
Comunidades indígenas de Talamanca profundizan en el debate sobre los mecanismos de compensación de emisiones de carbono y sus impactos en la autonomía territorial. El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR) ha publicado un artículo que recoge el conversatorio realizado a petición de la comunidad de Alto Cohen.
En el conversatorio se analizaron en colectivo el Plan Ambiental Forestal Territorial (PAFT) y el Contrato de Reducción de Emisiones Forestales (CREF), destacando los cuestionamientos sobre consulta previa, soberanía y las condiciones impuestas por estos instrumentos.
La actividad reunió a personas líderes, mayores y vecinas de Alto Cohen, Barrio Escalante y del territorio bribri, con el fin de desmenuzar de manera colectiva los aspectos técnicos, legales y culturales de estos instrumentos, así como sus impactos en la autonomía comunitaria.
El PAFT es un requisito para que los territorios indígenas accedan a fondos internacionales destinados a la conservación de bosques bajo la iniciativa REDD+. Una vez aprobado, abre la posibilidad de suscribir un CREF, que formaliza la venta de servicios ambientales como la captura de carbono a cambio de financiamiento.
En Costa Rica, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), adscrito al MINAE, administra estos contratos y canaliza los recursos. Sin embargo, las cláusulas del CREF establecen restricciones estrictas sobre los usos del bosque y obligan a las comunidades a vigilar y sancionar actividades contrarias a lo pactado.
Durante el conversatorio se cuestionó la validez de los procesos de consulta que dieron origen a estos instrumentos. Voces comunitarias señalaron que la participación fue limitada, sin acceso pleno a información clara ni condiciones de traducción y contextualización cultural.
Esto ha generado conflictos internos y tensiones con las asociaciones de desarrollo que firmaron los contratos, en detrimento del derecho a la consulta previa, libre e informada, establecido en el Convenio 169 de la OIT.
Las personas participantes coincidieron en que el financiamiento condicionado puede restringir usos tradicionales como la cacería, la agricultura y el aprovechamiento de madera, debilitando las formas históricas de gestión territorial de los pueblos bribríes y cabécares.
Para las comunidades, la conservación no puede desligarse de la soberanía sobre el territorio, ni reducir los bosques a meros “servicios ambientales” mercantilizados.
Otro punto de debate fue el rol de las asociaciones de desarrollo indígena, señaladas por tomar decisiones sin un mandato comunitario claro y por no garantizar transparencia en el manejo de los recursos. Se planteó la urgencia de democratizar la información y asegurar procesos amplios de socialización antes de suscribir cualquier acuerdo que afecte a los territorios.
Finalmente, se alertó sobre la incorporación de los PAFT y CREF en lo que se denomina falsas soluciones climáticas: mecanismos que permiten a empresas y países contaminantes comprar compensaciones, en lugar de reducir sus emisiones, mientras trasladan los costos y riesgos a las comunidades indígenas.
Para acceder a la información completa diríjase al siguiente enlace: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/conversatorio-en-talamanca-mecanismos-de-compensacion-de-emisiones-de-carbono-bajo-la-lupa-comunitaria/
La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, expresa su más profunda preocupación y rechazo ante el reciente aumento en la persecución y hostigamiento contra diversos liderazgos sociales en nuestro país.
En las últimas semanas hemos sido testigos del incremento en las acciones que atentan contra la libertad de expresión, el derecho a la participación ciudadana y el rol fundamental de las personas defensoras de los derechos humanos y ambientales, en especial, destacamos los siguientes casos:
La destitución de la señora Martha Rodríguez, representante de las personas trabajadoras en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), acción promovida desde el Poder Ejecutivo. Esta decisión constituye, una vez más, un grave precedente que vulnera la autonomía de la CCSS y un profundo debilitamiento de los espacios democráticos de representación social.
La persecución contra liderazgos ambientalistas, específicamente los casos de Juan Bautista y Javier Adelfang, activistas digitales que han denunciado la crisis ambiental que atraviesa nuestro país y en específico Playa Panamá, quienes actualmente atraviesan un embargo interpuesto por una empresa hotelera, la cual, ha emprendido acciones judiciales en su contra, en represalia por sus publicaciones en defensa del ecosistema de Playa Panamá
La violencia territorial sobre los territorios indígenas, en específico el caso de la Comunidad Térraba Bröran en el Pacífico Sur, contra el compañero Pablo Sibar y la persecución que vive a raíz de la defensa del derecho a tierra en su territorio indígena, el cual ha sido llevado a la CIDH.
Estas acciones no son aisladas, forman parte de una tendencia de criminalización y hostigamiento contra ambientalistas, líderes indígenas, sindicalistas, lideresas feministas y otros actores sociales que alzan la voz y fortalecen y promueven nuestra democracia participativa.
Históricamente, se ha reconocido a Costa Rica a nivel internacional por la protección de los derechos humanos, su democracia y su institucionalidad. Sin embargo, estas acciones reiteradas y cada vez más comunes en nuestra sociedad socava nuestro legado histórico y abre la puerta a un modelo de gobierno autoritario, contrario al diálogo social.
Por esto, desde la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo exigimos el cese inmediato de cualquier forma de persecución, intimidación y hostigamiento contra liderazgos sociales, además, realizamos un llamado a promover las vías del diálogo social y la democracia participativa, siempre en defensa del bienestar colectivo y la justicia social.
Reiteramos nuestro compromiso de continuar articulando esfuerzos entre sectores sociales y productivos para defender la democracia participativa, la justicia social y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.
¡Defender a quienes defienden es defender la democracia!
