El pasado viernes 11 de marzo en el programa Alternativas, se conversó sobre el tema: «Pueblos originarios realidad, luchas y esperanzas». Se contó con la participación de:
Se le invita a sintonizar el programa completo en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/AlternativasGrecia/videos/1091195818331140
Isabel Ducca D.
Esperanza Jurado de la Red de Mujeres Rurales:
Fallecida en agosto de 2014. Dejó un ejemplo de lucha por la dignidad como legado para las generaciones venideras. Sus palabras brillan todavía con la luz de la resistencia:
“Como mujeres hemos visto hace tiempo lo que tenemos que hacer, tenemos muchas necesidades, nuestro pueblo tiene muchas grandes necesidades, pero no hay quien hable, quien diga la verdad. Todos se callan, por pequeñas mentiras. Los políticos llegan a mentir a nuestros pueblos y nosotros nos dejamos a llevar, nosotros estamos acegados. Hoy por hoy es hora de despertarnos hermanas y hermanos campesinas e indígenas. Yo vengo luchando durante años, por nuestra Madre Tierra, a la defensa de Nuestra Madre Tierra, llevando el memoria el Convenio 169 de la OIT, como mujeres defensoras de nuestros derechos. Como mujeres luchadoras por el Nuestra Tierra y el buen vivir, defendemos nuestras semillas criollas y la soberanía alimentaria”.[1]
“Los indígenas no tienen que ser esclavos de los blancos y si son esclavos, nunca tendrá casa, nunca tendrá dónde vivir, solamente vive de los paguitos cada ocho días. Nosotros tenemos derecho ser libres, ser autónomos, nosotros no tenemos que ser esclavos de los blancos, más bien debemos arrebatar la tierra que es nuestra. He luchado en todos los territorios indígenas, ese es mi orgullo”. [2]
Elides Rivera Navas de la organización Mano de tigre:
“En el 2020, la Asociación de Desarrollo de Térraba iba a dar en posesión diecisiete fincas, decidimos hacer una acción acá varias familias y, dentro de eso, estuvimos nosotras como organización Mano de tigre que somos solo mujeres en una de las recuperaciones. Eso fue el 23 de febrero y fue algo sumamente violento, el grado de la violencia que ha desbordado esta gente campesina es increíble porque, de pronto, los ves que predican una religión, que están en la iglesia, comulgan, se arrodillan, pero, de pronto, cuando ven que no es lo que ellos desean imponer dentro de nuestros territorios es algo malévolo. Están decididos a quitarle la vida a quien sea y como sea y a cuantos sean y así lo demostraron el 24 de febrero cuando fue el asesinato de Jerhy. Lo podemos ver en la manera como a él lo asesinan. Muchos son los que están involucrados dentro de eso. Si bien es cierto que uno fue el que disparó el arma como arma, pero lo cierto es que había muchos que lo golpearon, que lo patearon, le quebraron incluso la cabeza antes de morir del balazo. A él le deshacen tres dedos, se los muelen, ¿a pedradas? Podés ver el ensañamiento, podés ver el odio. Todo lo que han dejado desbordar de malos sentimientos.
Sin embargo, la lucha que nosotros como pueblo hemos emprendido no es una lucha con armas, ha sido una lucha de no violencia. …
Pueden ver ustedes en los números que se dan de las agresiones, las agredidas son las personas indígenas, salen macheteadas, salen muertas, salen lesionadas, incluso mujeres mayores, abuelas adultas, niñas, niños. Sin embargo, nosotros a ellos no les vamos a hacer eso, ese no es el pensamiento, esa no es la idea. La idea es que nosotros estamos exigiéndole al Estado que nos devuelva lo que nos pertenece.
Pero los juzgados o los jueces o los fiscales no quieren ver el contexto de la situación. Y eso para mí es lo que más me preocupa, porque no podemos nosotros hablar de justicia, cuando a nosotros se nos quita más de la mitad del porqué son Jerhy y Sergio asesinados. No es cierto que es una cosa pasajera como lo quiso apuntar en su momento el comandante Miranda diciendo que fue una reacción en legítima defensa. Eso no es cierto. La legítima defensa no es esa. A Jerhy lo matan a las 8.45 de la noche del 24, pero a las 9.45 de la noche Juan Luis Varela y Eduardo Varela llegaron a cancha rellegada con una turba y Juan Luis Varela dice que él tasajea a Pablo[3] ahí. ¿Cómo me van a decir a mí que es legítima defensa?
Vemos todo un contexto, un clima de violencia de más de veinte y cuatro horas.
El Organismo de Investigación Judicial ha hecho muy bien su investigación, pero la Fiscalía no lo toma así. Eso es lo que a mí me preocupa. Nosotros esperamos que ya en agosto empiece el juicio, pero, para mí, no va a haber justicia, si solo van a castigar a Eduardo Varela no es justicia porque ese es uno, pero fueron muchos. Y muchas cabecillas están y son los que han armado todas estas acciones en contra de Sergio, en contra de Jerhy y en contra de cualquier líder que aparezca asesinado porque eso se gesta con días, con recursos, con acciones, con organización. Si no existe todo eso, no hay justicia”.[4]
Si usted piensa como el comandante Miranda que no hay una organización que sostiene y planifica la violencia contra las personas recuperadoras de tierras, puede leer el reportaje del Semanario Universidad: Más de 300 hectáreas quemadas en dos meses en China Kichá en escalada de violencia.[5]
Hay una organización muy bien protegida para que continúe trabajando con absoluta impunidad para resguardar los grandes intereses nacionales y extranjeros. Esas mujeres recuperadoras de tierras nos dan aliento y ejemplo para seguir.
[1] Anónimo. (2014, agosto 27). Esperanza Jurado sigue con nosotras. Surcos digital.
[2] Canal 15. (2015, mayo 13). Salir a volar – Palabra de Mujer.
[3] Se refiere a Pablo Sibar, líder indígena Bröran, coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas.
[4] No pasa nada. (2022, febrero 9). El conflicto indígena en Costa Rica: Usurpación, asesinatos y corrupción.
[5] Molina, L. (202, marzo 3). Más de 300 hectáreas quemadas en dos meses en China Kichá en escalada de violencia. Semanario Universidad.
SURCOS comparte el siguiente comunicado:
El día de ayer, domingo 27 de febrero alrededor de la 1 p.m. personas recuperadoras identificaron un nuevo incendio en la recuperación de Sa Ka Duwé Senaglö. Al ser las 7 pm, alrededor de 12 hectáreas han sido afectadas por el incendio.
Hasta el momento no hay ningún sospechoso (a) de iniciar el fuego. Sin embargo, éste sucede en medio de la escalada de violencia que ha enfrentado el Pueblo Cabécar de China Kichá en lo que va del mes de febrero. Sólo este mes alrededor 7 incendios han sido identificados en el Territorio de China Kichá, así como violencia física contra las personas recuperadoras; último conato reportado fue el día de hoy por la mañana.
Insistimos en que el Territorio Cabécar de China Kichá atraviesa una escalada de violencia en lo que va del año, especialmente en el mes de febrero. Esta escalada ha dejado personas recuperadoras seriamente heridas por ataques físicos en su contra, además de las afectaciones por la quema de un número importante de hectáreas de los terrenos recuperados. Desde el 2020 la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) identificó a los incendios como un forma de hostigamiento y agresión en contra.
Exigimos al Estado que retire a las personas no indígenas y que no pertenecen al Pueblo Cabécar de nuestro Territorio. Esta es la única medida que garantizaría el disfrute de nuestros derechos como Pueblos indígenas.
Palabras de la madre de Jerhy Rivera[1]
Transcribo literalmente el mensaje enviado por doña Digna Rivera al programa Voces y política de la Radio Universidad de Costa Rica. Aunque el Semanario Universidad publicó algunos fragmentos de esta intervención, considero fundamental conocer lo que esta madre angustiada tiene que decirle a toda la sociedad costarricense:
“Un saludo para todos aquellos luchadores hermanos y hermanas indígenas de los territorios indígenas. Para toda aquella persona solidaria que nos entiende y nos apoya, un gran saludo.
Con respecto a la conmemoración del segundo año de la muerte de mi hijo, ha sido para mí una situación que he enfrentado con humildad ante Dios y con esperanza en que las leyes se cumplan un día en Costa Rica. Hoy nos encontramos a dos años y espero que durante lo que dure el proceso de esta situación poder tener la oportunidad de pedirle a Dios justicia por lo que ha sucedido anteriormente y por lo que puede suceder, que nos dé la tranquilidad de no pasarnos, de entender las cosas porque el asesinato de mi hijo, en estos dos largos años que he tenido de análisis y comprensión, de buscar una respuesta por lo menos en mi corazón, me parece que les sirve a los grandes políticos. Son los grandes interesados de que nosotros no tengamos las tierras.
Porque mi hijo murió por defender el derecho legal de las tierras indígenas que como territorio indígena nos pertenecen en el territorio de Térraba y en todos los demás territorios. Consciente de que no todos los territorios viven lo que nosotros vivimos porque nuestro territorio ha sido pequeño siempre y en una gran extensidad, pues seguro no se echa de ver tanto el acoso, el asedio, el robo de las tierras como sí lo vivimos nosotros.
Felicito a todos aquellos hermanos y hermanas valientas que nos han acompañado, que han hecho lo posible de adquirir tierras en nombre de mi hijo. Eso para mí ha sido una gran ayuda, una gran satisfacción.
Hoy a ustedes como noticieros[1] que no desmayen, que no descansen, que siempre se pueda denunciar lo que sufrimos los pueblos indígenas. Creo que no ha sido bonito para nosotros y creo que no ha sido bonito para ningún pueblo indígena perder un compañero, un luchador, un entregado a la lucha y la defensa de los derechos, aparte de ser hijo, hermano, sobrino, nieto, padre que lo sufrimos en carne propia, también se nos va una pieza importante de los valientes que se atreven a salir a reclamar por nuestros derechos.
Si bien es cierto que tenemos unos territorios declarados, quizás no conocemos todo lo interno, lo que se habla y no se escribe, pero que llevan en las mentes muchas personas y que se valen hoy de hacer caso omiso a los sufrimientos, a las denuncias que hacemos, al reclamo territorial que hacemos, al sufrimiento que muchos no se atreven a decir porque temen por su vida, todo lo entendemos, pero de eso se está valiendo el sistema político que habla de derechos, que habla de respeto a los derechos humanos, que se habla de que somos un país de leyes, un país de democracia, pero yo creo, a mi poco entender, la democracia debe ser donde todos tengamos lo que nos corresponde y se nos respete donde estamos y lo que nos corresponde también en este caso del territorio indígena, porque eso es lo que nosotros necesitamos.
A nosotros no nos interesa de que nos hablen de grandes riquezas, de grandes desarrollos del país que tampoco los vemos en ninguna parte, cuando en nuestro territorio no podemos desarrollarnos ni siquiera en competir entre nosotros mismos porque todos estamos viviendo una marginación, un despojo, un desprecio de la presencia de nosotros como humanos en el país.
Para mí, como pueblo indígena, y como una india que soy y como una madre luchadora que he sido y como una hija de una madre luchadora que también tuve, no puedo aceptar que simplemente nos vengan a decir una mentira los políticos y a irse. Esto que estoy diciendo es porque el 24 de febrero o el 26 de febrero del año 2020 que sucedió este caso, el gobierno se sentó aquí, sus representantes que enviaron, se sentaron aquí a decirnos que no estuviéramos metiéndonos en las tierras porque en dos meses nos las iban a entregar porque el gobierno tenía una deuda con los pueblos indígenas y que esa deuda estaba pendiente y por eso nos iban a entregar las tierras que estábamos tomando en esos días.
Eso fue, como dicen, una tomada de pelo, una burla y me lastima porque muchas veces esos representantes son algunos indígenas, otros que estaban en el gobierno, otros que representan el sistema legal en Costa Rica y otros que los enviaron como representantes o escuchadores del diálogo ciudadano. El diálogo ciudadano no simplemente es que hablemos, tampoco es que nos estén mintiendo porque no somos niños, somos personas luchadoras que entendemos muy bien, pero por la vida de nuestros nietos, de nuestros hijos, nuestros hermanos y sobrinos, a veces tenemos que ceder no porque creamos sino porque nuestra lucha no es enseñar a nuestros hijos o nuestros descendientes a ser criminales a la vista y a la paciencia de los estados, no ellos son seres humanos que necesitan vivir disfrutando de sus tierras y de sus territorios, de sus culturas.
Por eso he vivido dos años de angustia”.
Lo mínimo que podemos hacer es levantar nuestra voz contra el atropello cotidiano que viven los y las habitantes de los territorios indígenas.
Isabel Ducca D.
[1] Se refiere al programa Voces y Política de la Radio Universidad de Costa Rica.
El programa completo de Voces y política puede escucharse en: https://radios.ucr.ac.cr/programa/radio-universidad/voces-y-politica/
Por Mauricio Álvarez Mora. Coordinador del Proyecto ED-3526 “Geografía y Diálogo de Saberes», docente Escuela de Geografía, Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socio ambientales UCR, IDELA-UNA.
Hoy 24 de febrero se cumplen dos años del asesinato de Jerhy Rivera, defensor de los derechos humanos, ambientales y territoriales del pueblo Brörán.
Jehry nació el 1 de noviembre de 1974 en Térraba. Desde joven, fue un valiente y vehemente dirigente indígena, luchó contra el despojo de tierras y la discriminación hacia los pueblos indígenas, por la recuperación del territorio y otros bienes comunes naturales y culturales. Lo conocimos luchando por la protección del Río Grande de Térraba ante la amenaza de la construcción de la represa hidroeléctrica Diquís, decía “el río no se entrega a cambio de una carretera o una construcción”.
El activista fue acribillado a balazos por la espalda dentro del territorio Bröran de Térraba, a la edad de 46 años, como resultado de un linchamiento por parte de usurpadores que han invadido el territorio Brörán. Este devastador acontecimiento involucra de manera directa al Estado, que siendo testigo del hecho, no intervino.
Hoy hace dos años, en horas de la mañana varias familias del pueblo originario Brörán iniciaron una nueva recuperación de su territorio, una de esas familias fueron los Rivera. Antes de las recuperaciones, los indígenas Brörán solo tenían la propiedad efectiva del 10% de su territorio, mientras el 90% estaba en manos de no indígenas, fincas de ganado de hasta 1000ha están en manos de una sola persona no indígena, así muchas familias fueron expulsadas, viéndose forzadas a migrar fuera de sus tierras, asignadas legalmente.
La respuesta a la recuperación de dichas tierras hace dos años, fue una turba de personas no indígenas que en principio quería, como se dice que expresaban, “tajadear” a machetazos al líder Pablo Sibar Sibar, quien además es investigador indígena de la Universidad Estatal a Distancia. Por milagro no hubo más víctimas, como cuenta la misma familia de Jehry, quienes sobrevivieron a un ataque la noche antes del asesinato, perpetrado por un grupo armado de más de 100 personas no indígenas que ejercieron violencia, “a vista y paciencia” de la Fuerza Pública.
Por décadas, la inacción, la omisión y la impunidad, han marcado la relación del Estado con los territorios indígenas, lo que ha implicado que instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ordenen al Gobierno, tal y como sucedió en 2015 y nuevamente en 2016, tomar medidas especiales para proteger a los pueblos indígenas de la violencia y las amenazas que sufren por parte de los usurpadores no indígenas, ocupantes ilegales en los territorios de Térraba y Salitre.
Dos asesinatos, 16 líderes y lideresas amenazadas de muerte y más 86 actos de violencia dirigidos a pueblos indígenas, registrados solamente durante 2020, evidencian que el gobierno no sólo ha incumplido las medidas cautelares, sino también que es responsable de no intervenir para la detención de la violencia que sufren los pueblos indígenas, que además se ha incrementado y se ha extendido a la mayoría de territorios del Sur y hasta Bajo Chirripó en Matina, donde a finales de años pasado hubo un violento ataque contra el dirigente indígena cabécar Leonel García, catalogable como intento de homicidio.
En 2021, el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas (OCAC-IIS) registró 143 acciones como concentraciones, denuncias, marchas, bloqueos y otras relacionadas con la defensa de los territorios y los derechos de las personas indígenas, principalmente en las comunidades originarias al sur del país en donde son comunes las recuperaciones de tierras organizadas por las comunidades Salitre, Cabagra, Brörán de Térraba, Cabécar de China Kichá y el pueblo Brunca de Rey Curré.
En 2020 el Juzgado Penal de Buenos Aires de Puntarenas, rechazó la solicitud de la prisión preventiva y ordenó la libertad de los sospechosos por el asesinato de Jehry; quienes pasan libres y frecuentemente, frente a la casa de la familia Rivera y el jardín donde descansan los restos del activista. El ente judicial solamente impuso medida cautelar a uno de los implicados.
En octubre de 2021, tras una audiencia preliminar, ese mismo juzgado elevó a juicio la causa contra un sujeto de apellidos Varela Rojas, acusado de homicidio calificado, amenazas agravadas y portación ilegal de arma permitida.
La información del Ministerio Público apunta que al inicio de la investigación figuraron como imputados dos de los hermanos de apellido Varela, pero que “durante el proceso de recolección y análisis de pruebas por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, únicamente se logró vincular a un acusado” con el delito. En síntesis, en dos años no hay asomo de justicia pronta y cumplida.
Sigamos luchando por la justicia y el fin de la impunidad, sumando acciones para que la verdadera democracia llegue a estos territorios.
*edición de estilo Rebeca Arguedas Ramirez, académica UNED
Testimonios de la madre y el padre, familiares y otro líderes indígenas:
El 15 de febrero, alrededor de 200 hectáreas de las recuperaciones de Kono Jú, Yuwi Senaglö y Sa Ka Duwé Senaglö fueron incendiadas por integrantes de la familia Rivera. Familia ampliamente reconocida y denunciada por agresiones en contra de las personas recuperadoras cabécares de China Kichá.
El día 16 de febrero hubo un nuevo incendio en las inmediaciones del río Pejibaye, en la recuperación de Kono Jú. También, cuando los recuperadores Juan de Dios y Efraín Fernández se encontraban inspeccionando el lugar de los daños, fueron interceptados por miembros de la familia Rivera.
Después de este hecho Harold Rivera dijo a los dos recuperadores que él fue el responsable de iniciar el incendio y que lo volvería a hacer cuando le diera la gana. Posteriormente, Jeylin agredió con un palo a Juan de Dios en una de sus manos y Harold golpeó a Efraín.
En medio de la agresión el teléfono celular de Efraín fue robado, dejando a los recuperadores incomunicados durante varias horas. Esta familia es reconocida como uno de los actores más hostiles contra las personas recuperadoras, quedando como prueba el constante hostigamiento, acoso y agresión de parte de la familia Rivera.
El incendio se fue extendiendo a otras recuperaciones: Yuwi Senaglö y Sa Ka Duwé Senaglö, al menos 200 hectáreas fueron incendiadas. Específicamente en la recuperación de Sa Ka Duwé Senaglö, dirigida por mujeres cabécares, se reportó la quema de árboles frutales, palmas, bejucos y animales.
La Fuerza Pública al llegar a la zona, únicamente indicó a los recuperadores que no hicieran caso de la familia Rivera. Por otra parte, los bomberos no se han hecho cargo de su trabajo y han ignorado los llamados de las personas recuperadoras.
Desde el 2020, la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) ha denunciado a los incendios provocados como una de las múltiples formas de agresión contra los Pueblos Originarios que se encuentran inmersos en procesos de recuperación de tierras-territorios.
De parte de, las y los recuperadores del Territorio Cabécar de China Kichá se exige:
Esta última demanda es la única acción que garantiza que en los territorios indígenas disminuya la violencia.
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
En el siguiente vínculo está disponible el acceso a Coordinadora de Lucha Sur Sur-CLSS, https://www.facebook.com/CoordinadoraLuchaSurSur/posts/463589661923104.
Más de 100 personas miembros de más de 50 organizaciones indígenas, ecologistas, feministas, culturales, académicas, agroecológicas, campesinas, estudiantiles, laborales, artistas, ecuménicas, etc., se pronunciaron contra la impunidad y la violencia a indígenas, ecologistas y mujeres mediante un manifiesto denominado: ¡Sin Justicia no hay Democracia! y se concentrarán mañana miércoles 26 de enero al mediodía frente al Poder Judicial en San José.
El documento señala que “el sistema judicial de Costa Rica además de ser inoperante: es racista, es machista, y es una vergüenza viciada de burocracia que ha abandonado a los grupos más desprotegidas y a las mujeres del país. La pandemia no nos detendrá para exigir justicia: con tapabocas y buena distancia social nos vamos para la calle a exigir la justicia que nos han negado”.
Las personas manifestantes enlistan casos de impunidad en los asesinatos de los lideres indígenas Sergio Rojas, Jerhy Rivera, así como el reciente intento de asesinato a machetazos a Leonel García, indígena cabécar de Bajo Chirripó, además de una lista de al menos cinco lideres indígenas y catorce amenazados de muerte en los últimos años. Recuentan el caso emblemático de Alcides Parajeles, campesino ecologistas que lo han vuelto a amenazar, y su vida peligra por defender la naturaleza de Osa.
Les preocupa, además, la inseguridad para las mujeres y el repudiable aumento de los casos de violaciones y feminicidios, principalmente en el Caribe Sur y el Pacífico Norte, sin que la justicia resuelva de forma pronta y cumplida ninguno de los casos.
Exigen a la Corte Suprema de Justicia: “No más impunidad a los asesinos, agresores y violadores. Porque la impunidad propicia la repetición crónica de la violación a los Derechos Humanos. Solicitan que se esclarezcan los asesinatos de Jerhy Rivera y Sergio Rojas y se dicten sentencias que hagan justicia pronta y cumplida sobre los asesinos. Se considera necesario investigar estos asesinatos y el conjunto de agresiones sufridas por las comunidades indígenas como crimen organizado, pues hay elementos suficientes que muestran la relación entre distintos delitos en la forma y el fondo de la violencia”.
Además, piden cárcel para el agresor de Leonel García y que se resuelva de forma expedita el expediente número 21000036-0465-AG-4, ya que la demora en este caso ha permitido mantener la ocupación ilegal del agresor de Leonel García dentro del territorio indígena cabécar.
Solicitan que se “esclarezca las violaciones que han sucedido en Nosara y Puerto Viejo en el 2021-2022 y se facilite de parte del Estado el apoyo a las víctimas para que puedan obtener justicia pronta y cumplida. Se considera investigar el conjunto de agresiones en cada una de estas comunidades como crimen organizado, pues hay elementos suficientes que muestran la relación entre los distintos delitos en la forma y el fondo de la violencia”.
Finalmente, solicitan que se “brinde protección y apoyo para la interposición de denuncias a las víctimas de violaciones, amenazas de muerte y agresiones sin que la víctima tenga que desplazarse. Que sea la Justicia quien llegue a la víctima de manera pronta en seguimiento de protocolos claros y oficiales”.
Organizaciones y personas firmantes
Asociación para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP), Asociación Voces Nuestras, Bloque Verde, Buen Vivir Costa Rica, Buen Vivir, El Rodeo de Mora, Costa Rica, Coecoceiba-Amigos de la tierra CR, Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense, Colectiva hijes de la mar Zulay Mora, Colectivo Comunicacional La Voz, Colectivo Radio Machete, Colectivo Vamos a Sembrar Comida de Campo verde Conte Burica, Comunidad Hierba Buena, Concejo Ditsö Iriria Ajkonuk Wakpa, Confederación Unitaria de trabajadores CUT, Coordinadora de Lucha Sur Sur, Corredor Biológico COBRISURA, Corredores Biológicos de Cartago, CR Solidaria, Departamento ecuménico de investigaciones, El Garaje de Tiquicia, Frente Ecologista de Cipreses, Frente Ecologista del Tecnológico de Costa Rica, Grupo artístico Prisma ,Guanared Costa Rica, Handmaids Costa Rica, Huerta de Berta O Istmo Articulación Centroamericanista /GT CLACSO, Junta de Salud Tibás, Justicia Paz e Integridad de la Creación, Justicia Pronta y cumplida, Movimiento Ríos Vivos, Mujeres en Acción, Nuestra América Unida, AUNA, Programa de Gestión Local UNED, RALLT, Red Agroecología, Red de Coordinación en Biodiversidad, Representante de la ciudadanía civil, Garabito, Puntarenas,
Alexis Rodríguez Brenes, Allen Mora, Angélica Alvarado Barrantes, Antonio Arriaga Madrigal, Carlos Coto Rodríguez, Carmen Eugenia Quesada Vargas, Carmen Luisa Madrigal Jirón, Carolina Mora Chinchilla, Clara Gabriela Meyra Segura, Daniel Reyes Pérez, David Solís Aguilar, Denia Román Solano, Edison Valverde Araya, Efraín Sebastián Rojas Artavia, Elizabeth Bravo, Fabián Figueroa Sánchez, Fabián Pacheco Rodríguez, Fabián Soto Marín, Fanny Reyes Ortiz, Flor Morales Segura, Flora Fernández Amón, Francisco Rodríguez Bejarano, Gabriela Chacón Madrigal, Gina Morales Garro, Guadalupe Urbina Juárez, Guido Barrientos Matamoros, Gustavo Oreamuno Vignet, Héctor Ferlini-Salazar, Henry Picado Cerdas, Hugo Soto Tapia, Isabel Méndez Garita, Israel Azofeifa Retana, Ivo Cussianovich Echeverria, Jaime E. García González, Javiera Aravena Bergen, Jeffrey Peytrequín Gómez, Joaquín Tapia Arenas, Johanna Solano Segura, Jordan Andrés Vargas Serrano, Jorge Osvaldo Calvo Rodríguez, José Andrés Zúñiga Chavarría, Jose Antonio Ramirez Aguilar, Juan Antonio Gutiérrez Slon, Juan Diego Caamaño Bedoya, Julio Madriz Núñez, Karol Montero Rony, Lucia Jara Garreta, Luis Monge Arrieta, Macarena Barahona Riera, Mauricio Alvarez Mora, Manuel Zumbado Arrieta, Marcela Dumani Echandi, María Estela Aguilar Corella, María Eugenia Román Mora, María Hernández, María Isela Arroyo Fuentes, María Nieves Barahona Riera, Mariano Sáenz Vega, Marta Chacón Mora, Melissa Chinchilla, Melvin Andrade Velásquez, Miguel Céspedes Araya, Miguel Cespedes Araya, Mónica Alvarado Barzuna, Natalia Chaves Vargas, Natalia Sandi Peña, Natalia Serrano Álvarez, Osvaldo Durán castro, Pamela Campos Chavarría, Paolo José Nájera Rivera, Pedro Salguero Aguilar, Rafael Barrantes Bonilla, Rebeca Arguedas, Renier Canales Medina, Ronulfo Morera Vargas, Selene Jiménez Valverde, Silvia Rodríguez Cervantes, Verónica Sheehan, Virginia Acuña Montero, Wilson Arroyo, Wilson Méndez Mora, Ximena Paz Cedeño de la Cruz, Xiomara Esquivel Vargas, Yasy Morales Chacón, Yuliana Reyes, Zeidy Rodríguez Guerra
Manifiesto completo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemkCaTVER17WZLGvMNuN3ZVzYkStAItxweDKPV1z41rmYt6w/viewform
Video convocatoria: https://www.facebook.com/
En los últimos años, el país ha venido avanzando como el cangrejo en muchos campos, incluido el de los derechos humanos. Lo que ha sido motivo de orgullo y prestigio internacional se ha venido erosionando con el concurso de distintas administraciones gubernamentales, del Poder Judicial y de la Asamblea Legislativa.
De ese progresivo deterioro pueden dar cuenta los pueblos indígenas de Costa Rica, que han sido y son presa fácil de un racismo cada vez menos disimulado. Lo que hubo de sufrir Leonel García Segura del Pueblo Cabécar de Bajo Chirripó, el 30 de diciembre anterior, es un reflejo tan notorio como indignante de una grave violación de sus derechos, que se busca cubrir con el manto racista de la impunidad.
Dos hombres no indígenas de apellido León, padre e hijo, ajenos e intrusos en el Territorio de los Cabécar, que ocupan en forma ilegal terrenos en ese territorio, agredieron con machetes en mano a García Segura, propinándole múltiples heridas en todo su cuerpo, que lo llevaron a Cuidados Intensivos del Hospital Tony Facio. Pero mientras el brutalmente agredido luchaba por su vida, los dos agresores que ya le habían amenazado de hacerlo picadillo, se encontraban libres con la venia de las autoridades judiciales. Este hecho atroz, motivado por el odio y la discriminación, debe ser causa de repudio y de reclamo inmediato de justicia.
Existe un expediente judicial que debe dar la razón a Leonel García en contra de los usurpadores, que han mantenido la ocupación ilegal del terreno, pero ante la demora, negligencia e inacción de los responsables judiciales de apurar la resolución, los León han querido imponer su aberrante ley con una acción de extrema violencia. Ya antes lo habían amenazado con hacerlo picadillo. Cuando deberían haberse dictado medidas cautelares para proteger la integridad física y la vida de Leonel García, el proceso avanza con una pasmosa lentitud.
Esta es otra pieza más del rosario de injusticias que han venido enfrentando los pueblos indígenas, sin que esta situación muestre cambio alguno.
Los antecedentes de este tipo de actos hay que situarlos en el año 1977, cuando fue aprobada la Ley Indígena de Costa Rica Nº 6172, a través de la cual se buscó regular temas como la identidad, organización y territorio de los pueblos indígenas. Mediante esta norma, el Estado costarricense reconoció el derecho exclusivo de los indígenas a sus territorios. En la ley que tiene ya 44 años, en su momento se delegó al Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) y a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), la resolución del problema de apropiamiento ilegal de tierras por parte de personas no-indígenas.
La devolución de los territorios indígenas a los pueblos originarios es un compromiso clave e ineludible contenido en esa ley. Sin embargo, los años han venido pasando y ese compromiso no se ha cumplido. Gobierno tras gobierno lo han venido posponiendo, fruto de las presiones políticas de terratenientes que usurpan ilegalmente esas tierras. La discriminación ancestral es la que ha marcado la pauta.
Pero el incumplimiento del Estado de una ley tan añeja en su promulgación, no se queda ahí. También se han venido incumpliendo un conjunto de disposiciones del Sistema de Naciones Unidas, contenidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este convenio indica que “los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación”. Igualmente, este instrumento jurídico internacional fija que los Estados “deberán adoptar medidas especiales para proteger a las personas, instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el medio ambiente de los pueblos originarios”.
La justa lucha por lograr que los territorios indígenas vuelvan a las manos de sus legítimos dueños ha generado dolor, luto y sangre de luchadoras y luchadores indígenas. Así lo testimonian los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz, de Jehry Rivera y de varias tentativas de homicidio contra otros líderes.
Múltiples hechos que forman parte de esa injusticia han sido debidamente documentados y denunciadas ante la Subcomisión de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas del Poder Judicial, actuando la Defensoría de los Habitantes como testigo; empero todas estas denuncias han sido archivadas por la Inspección Judicial. No ha habido justicia, y cuando se insinúa, no ha sido ni pronta ni cumplida.
Con ello la impunidad le ha venido ganando la batalla a la justicia. Y de esta manera se ha alentado a los usurpadores a que sigan agrediendo a mansalva a los pueblos originarios y atropellando sus derechos. Mientras tanto las autoridades del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo siguen mirando para otro lado, haciéndose cómplices de una injusticia que pone en entredicho a la democracia costarricense.
Algunos en el país (incluidos candidatos presidenciales y candidatos a diputados) siguen viviendo en una Costa Rica paralela, en la que algunos logros y avances en derechos humanos, eran reales. Pero lo que fue ya no es. Los derechos humanos contenidos en normas nacionales o internacionales, se alejan cada vez más de su cumplimiento efectivo. Mucho ruido normativo y pocas nueces en su implementación.
No emerge otro camino que no sea el de la lucha social para que el brillo de un Estado Social de Derecho, respetuoso de los derechos humanos de todas las personas, pero priorizando a las minorías perseguidas y discriminadas, vuelva a singularizar a este país que se nos está yendo de las manos.
(17 de enero, 2021)
Comunicado
Poder Judicial se muestra incapaz y sin voluntad para detener la reinante impunidad.
Jueves 13 de enero de 2022.
Al Estado y al pueblo de Costa Rica.
A las hermanas y hermanos de Pueblos Originarios y del mundo.
Es de conocimiento público las múltiples agresiones y violaciones a los derechos humanos que estamos viviendo los Pueblos Originarios de Costa Rica, resultado de un sistema capitalista neocolonial, racista y patriarcal que genera violencias sistemáticas y estructurales.
Con la reciente tentativa de homicidio contra Leonel García Segura del Pueblo Cabécar de Bajo Chirripó (Caribe) el pasado 30 de enero de 2021 y el hecho de que sus agresores, un hombre no indígena de apellido León y su hijo, quienes ocupan ilegalmente parte de dicho Territorio, se encuentran libres; se demuestra que la violencia y la impunidad se ha extendido por todo el país.
Debido a la demora en la resolución del Expediente N.21000036-0465-AG-4, se ha mantenido la ocupación ilegal del terreno por parte de León, también sus amenazas, incumpliendo medidas cautelares y ante la desidia e inoperancia de las instancias judiciales, Leonel García fue atacado brutalmente a machetazos por León y su hijo, recibiendo heridas en sus manos, piernas, cabeza, cara y cuello por las cuales estuvo varios días en cuidados intensivos.
Como hemos comunicado reiteradamente y desde hace muchos años, la ocupación ilegal de nuestros Territorios por parte de personas que no pertenecen a nuestros Pueblos es la causa principal de la violencia y violación sistemática de nuestros derechos humanos y es obligación del Estado, en este caso del Poder Ejecutivo, ejecutar los desalojos administrativos necesarios para devolvernos nuestras tierras.
Sin embargo, el Estado ha sido omiso, por lo que decidimos recuperar legítimamente nuestras tierras de acuerdo con nuestra cultura e historia y al amparo de las leyes internacionales y nacionales y el derecho indígena.
Ante el ejercicio de nuestro derecho humano colectivo a la tierra, la violencia y las violaciones a los derechos humanos en nuestra contra se han incrementado, ante lo cual, la respuesta del Poder Judicial ha sido una vergonzosa impunidad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos define la impunidad como: «falta en su conjunto de investigación, persecución captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familias».
Son varios los casos de tentativas de homicidio contra compañeras y compañeros defensores de derechos de los Pueblos Originarios que hasta hoy se mantienen en la impunidad, por ejemplo:
– Tentativa de homicidio por agresión de una turba de 40 personas contra Minor Ortiz y otros (del Pueblo Bribri de Salitre), quienes resultaron heridos por machetes, palos y arma de fuego el 4 de enero de 2013; el caso fue archivado y en el mismo figuraban como sospechosos varias personas que ocupan ilegalmente ese territorio.
– Tentativa de homicidio contra Jerhy Rivera Rivera el 1 de setiembre de 2013; Jerhy fue asesinado en el 2020 y el primer caso quedo impune. Así mismo, se mantienen impunes varias tentativas de homicidios contra Pablo Sibas; ambos del Pueblo Brörán de Térraba.
– Tentativa de homicidio contra los mayores Antonio Torres y Adilio Ortiz del Pueblo Bribri de Yamabï Dí (Cabagra), el ataque fue perpetrado por una turba de 30 personas, Torres nunca se recuperó del ataque y murió en el 2018, Ortiz fue herido con machetes y arma de fuego, su salud no volvió a ser la misma; la agresión fue el 7 de abril de 2016 en la que participaron personas que ocupaban ilegalmente parte de ese Territorio y continua impune.
– Segunda tentativa de homicidio contra Minor Ortiz el 9 de febrero de 2020, la misma familia Figueroa Uva, que no pertenecen al Pueblo Bribri de Salitre, está involucrada en ambas tentativas y andan libres, incumpliendo las medidas cautelares constantemente y en la total impunidad.
– Amenazas de muerte denunciadas contra mujeres y hombres líderes y defensores de sus Pueblos y Territorios en la zona sur de Costa Rica (14 personas en el 2020) permanecen impunes.
– Asesinato por razones políticas de nuestro hermano Sergio Rojas Ortiz, Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre, cobardemente asesinado a tiros en su casa, el 18 de marzo de 2019 y cuyos autores materiales e intelectuales (estos últimos de conocimiento público) disfrutan de la impunidad.
– En el caso del compañero Jerhy Rivera Rivera del Pueblo Brörán de Térraba, quien fue asesinado a balazos en defensa de su Territorio y Pueblo, en octubre de 2021 la instancia judicial correspondiente decidió elevar el caso a juicio, esperamos que no termine en otro caso impune.
Todas estas y otras anomalías fueron denunciadas y documentadas en el 2018 por varias organizaciones de Pueblos Originarios de la zona sur, ante la Subcomisión de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas del Poder Judicial, con la Defensoría de los Habitantes como testigos; sin embargo, en el 2020 se nos informó que las denuncias habían sido archivadas por la Inspección Judicial.
De igual manera, desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur hemos seguido documentando, investigando, denunciando e informando al Estado de Costa Rica sobre estas agresiones y violaciones a los derechos humanos, sin encontrar respuestas satisfactorias.
Continuaremos en nuestras luchas por la justicia y la dignidad, recuperando y cultivando nuestras tierras, construyendo autonomías.
¡Alto a la impunidad!
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
– Concejo Ditsö Iriria Ajkönul Wakpa de Salitre.
– Consejo Iriria Sat Kök deYamabï Dí (Cabagra).
– Recuperadoras/es Cabécar de Kono Jú.
– Recuperadoras/es Cabécar de Yuwi Senaglo.
– Recuperadoras/es Cabécar de Sekero Kaska.
– Recuperadoras de Saka Duwë Senaglo.
– Recuperadoras/es Cabécar de Kelpego.
– Recuperadoras/es Naso Brörán de Crun Shurin.
– Recuperadoras/es Naso Brörán de San Andrés.
– Consejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cäjc.
– Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur.
– Cootraosa.
– Comité de Lucha por la Tierra Finca Chánguina.
– Voces Nuestras.
– Coordinadora de Lucha Sur Sur. https://www.facebook.com/111882987093775/posts/443951890553548/
COMUNICADO
¡Ay de los que decretan estatutos inicuos, y de los que constantemente escriben decisiones injustas, para privar de justicia a los necesitados, para robar de {sus} derechos a los pobres de mi pueblo, para hacer de las viudas su botín, y despojar a los huérfanos! Isaías. 10:1-2. BA.
La Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense IMWC, fiel a su compromiso con la no violencia y las injusticias contra los más vulnerables, se solidariza con el compañero Leonel García Segura, indígena cabécar del territorio de bajo Chirripó en Matina, Provincia de Limón, y quien es, además, actualmente secretario de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) del territorio ya mencionado.
El mencionado compañero fue agredido brutalmente el 30 de diciembre del pasado año, hace apenas 15 días, por personas usurpadoras de territorios indígenas. Según su esposa, Gennye Segura Pino cuenta que, “…ese hombre blanco siempre lo andaba amenazando y le decía: yo lo voy a hacer picadillo, y eso fue lo que hizo, lo picó por todo el cuerpo”.
Nos envuelve un sentimiento de tristeza, indignación y enfado, ya que los usurpadores de tierras siempre actúan salvajemente contra los compañeros indígenas, estando cómodos por décadas y décadas con la complacencia y ayuda de los gobiernos de turno, y sobre todo gracias a la impunidad que reina en tribunales de justicia costarricenses.
Se hace como normal matar a un indígena, marcarlo con hierro ganadero, quemarle sus ranchos o dispararles, rosearlos con agro venenos, amenazarlos de muerte, hacer y operar grupos paramilitares de linchamiento, o como ahora, picarlos a machetazos. Mientras las autoridades actúan sin diligencia en estos casos, ya que los agresores del compañero García Segura, están libres.
Lo que evidencia que la justicia en este país es racista.
Así mismo, según el periódico alternativo Informa.Tico, este hecho no es aislado pues en diciembre pasado, también se denunciaron las reiteradas amenazas de muerte contra el campesino ecologista Alcides Parajeles Semanario Universidad, 6-1-22) y se dieron hechos violentos en los territorios indígenas cabécar de China Kichá y bribri de Cabagra, denunciados por la Coordinadora de Lucha Sur Sur, quienes llevan un registro y proceso de denuncia sistémico con un total de 86 incidentes de violencia dirigida contra los pueblos indígenas que fueron registrados durante 2019 Sergio Rojas, 2020, el asesinato de Jehry Rivera, del pueblo Bröran, y el intento de homicidio contra Minor Ortiz, del territorio bribri de Salitre.
Hay otras 12 personas amenazadas de muerte de los Pueblos Indígenas del Sur, además de otras dos personas no indígenas y defensoras de los derechos humanos.
En este sentido, la Iglesia Metodista Wesleyana costarricense IMWC, deplora tales hechos, reiterando la solidaridad con los pueblos indígenas, así como haciendo un llamado vehemente a las autoridades competentes, para que se apresten a la zona y defiendan a los compañeros indígenas, quienes legalmente y amparados en las centurias de años en posesión de las tierras mencionadas y otras.
“Hacer justicia y juicio es al Señor, más agradable que cualquier sacrificio.” Proverbios. 21:3. BA.