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Etiqueta: territorios indígenas

Principios para una política a favor de los pueblos y territorios indígenas costarricenses

El miércoles 02 de diciembre, en el marco de la conferencia de prensa “Costa Rica, amenazas de muerte a Pablo Sibar y demás recuperadorxs de territorios indígenas”, el Secretario General del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu), Trino Barrantes Araya, compartió las siguientes palabras:

Principios para una política a favor de los pueblos y territorios indígenas costarricenses

Trino Barrantes Araya
tbarrantesa@gmail.com
San Pedro de Montes de Oca

Miércoles 2 de diciembre de 2020

Un pequeño preámbulo:

Debieron pasar 427 años, después de la conquista, para que el tema indígena se pusiera en el tapete de los organismos internacionales. Efectivamente, es a partir de 1919 que el tema indígena procura la atención de los Estados-nacionales.

De igual forma es importante tener presente el papel del Tribunal Russell, pues con todas sus variables, es una primera de las instancias que posicionó el tema del respeto a los Derechos Humanos a los pueblos ancestrales. Aunque ciertamente el tema había sido considerado desde 1943, será en el año 1966, con el filósofo y literato Jean Paul Sartre, que el tema logra dimensionarse de manera universal.

Señalemos que ya, a partir del Convenio 107, la Organización Internacional del Trabajo presta una atención permanente a incorporar a los pueblos indígenas como actores de una realidad socio histórica y cultural de la cual son parte.

En el caso de Costa Rica, existe un buen cúmulo de leyes en torno a este eje. Así, de manera sucinta indicamos lo siguiente:

1973 – Ley 5251 Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas-CONAI

1977 – Ley 6172 Se sanciona la Ley Indígena.

1992 – Ley 7316 El gobierno de Costa Rica, ratificó el Convenio 169 de la OIT.

No es, sin embargo, este el tema que nos ocupa en este momento. Nos interesa sobre todo llamar la atención a favor de la integridad física y psicológica de Pablo Sibar Sibar, las lideresas indígenas y otros miembros de los territorios indígenas que son permanentemente amenazados de muerte.

Algunas ideas para una política indigenista:

1.- En enero de 1971, en Barbados se da una declaración que adquiere hoy en día una validez universal. “El derecho de los indígenas es previo al Estado”. No significa lo anterior que dichos derechos sean superiores al Estado, ni que la protección de la ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas deba considerarse como una independencia absoluta del conjunto de normas, leyes y valores en que se sustenta el Estado. Pero la propuesta que estuvo en discusión hace unos años en la Asamblea Legislativa en el Proyecto Ley 14.352, precisaba que los derechos indígenas sobre sus tierras y territorios anteceden en mucho al cuerpo legal que dio la estructura jurídica al Estado costarricense.

2.- Aunque los derechos de los pueblos indígenas no hayan estado escritos en papel o en un cuerpo de leyes previamente articulado, estos existían previos a la conformación de los Estado-nación, que son construcciones sociohistóricas que se dan más tarde.

3.- Existe un principio que une y acerca a la lucha indígena con otro gran sector que es el campesinado. Hacemos referencia en este apartado al trabajo como fuente de derecho sobre la tierra. Sobre los grandes territorios indígenas los blancos no tenían ningún derecho. “La tierra es para quien la trabaja” y 2000 años antes de la conquista y el mal llamado descubrimiento, los pueblos ancestrales, nuestros pueblos originarios habían desarrollado una gran cultura productiva. El indígena exige, no por capricho, la tierra para sus pueblos, porque lo recurrente es ese largo derecho a lo que les pertenece.

4.- Convenio No.169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Sin lugar a dudas este apartado es clave: Parte I. Política General, Artículo 1, 1. Este convenio es sin duda un instrumento legal que valida lo que anteriormente hemos venido señalando, pues el mismo refiere a las condiciones sociales, culturales y económicas propias de los territorios indígenas que los distingue de la colectividad nacional, pero además este artículo refiere con gran convicción que en dichos pueblos se reconoce un principio ancestral de sus propias costumbres y tradiciones bajo una legislación propia y especial.

5.- En el Congreso referido anteriormente celebrado hace ya medio siglo, se reconoce al territorio y al grupo social indígena como verdaderas unidades políticamente viables e independientes del Estado. No obsta lo anterior, sin embargo, para eximir al Estado de sus obligaciones de apoyar y contribuir con el desarrollo de sus pueblos ancestrales, respetando, eso sí, su independencia y autonomía.

6.- El desarrollo nacional no puede entrar en contradicción con el desarrollo de los pueblos ancestrales, pero lo anterior exige por parte del Estado respetar la armonía de los pueblos con su naturaleza y el buen vivir.

Para finalizar, cuento con algunos recortes, tal vez del diario más reaccionario y mediático de este país, hago referencia al periódico la Nación. De la lectura del contenido de estos artículos, podemos arribar a importantes conclusiones. El abogado Carlos Tiffer, en su artículo: Crimen sin castigo, del domingo 6 de setiembre del 2020, página 28, es enfático en señalar que estamos en un “estado de impunidad”. Por eso, crímenes como el de Sergio Rojas Ortiz y el de Jehry Rivera, se deslegitiman y los actores materiales de dichos crímenes quedan impunes. Por su parte los periodistas Katherine Chaves y Carlos Arguedas, en su artículo: “Fiscalía pide desestimar causa contra sospechosos en crimen de indígena”, La Nación, sábado 26 de octubre de 2020, P.11. dejan claro a la opinión pública nacional e internacional, el juego sucio y el manipuleo en estos crímenes perpetrados contra las dirigencias históricas de los pueblos ancestrales.

Más insultante aún son los argumentos que logra descubrir el comunicador Arguedas en su artículo: “Fallo de tribunal agrario frena plan de indígenas para rescatar sus tierras”, La Nación, domingo 11 de octubre de 2020, p. 10.

Termino diciéndoles, a todas y todos los que estamos hoy participando de esta conferencia de prensa, que tenemos que convertirnos en abanderados en la defensa de la integridad física y psicológica de Pablo Sibar Silbar y de todas y todos los recuperadores de sus tierras ancestrales.

En defensa de la vida e integridad física y psicológica del líder indígena Pablo Sivar Sivar

Organizaciones, instancias institucionales y 96 personas firmaron un comunicado dirigido al presidente de la República y otros funcionarios de los Poderes de la República para solicitar una acción urgente para proteger la vida del dirigente indígena Pablo Sivar Sivar y el respeto a los pueblos indígenas.

La mañana de este miércoles 02 de diciembre se llevó a cabo una conferencia de prensa al respecto, denominada “Costa Rica, amenazas de muerte a Pablo Sivar y demás recuperadorxs de territorios indígenas” con la participación de Ana C. Jiménez, presidenta de la Asociación de Derechos Humanos de Costa Rica (Acodehu); Julio Figueroa Calderón, dirigente territorio indígena de Salitre; Trino Barrantes Araya, Secretario General del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu); y compañeras indígenas.

“La policía no está preparada para ser guardaespaldas, sino que están para mantener el orden. Es un territorio extenso y hay un par de policías, pero no están 24 horas. Pablo está expuesto”, expuso Figueroa, dirigente del territorio indígena de Salitre, refiriéndose a las amenazas de muerte que ha recibido el líder indígena Pablo Sivar.

SURCOS comparte el comunicado:

En defensa de la vida e integridad física y psicológica del líder indígena Pablo Sivar Sivar

“Tengo miedo de mi vida”

Pablo Sivar Sivar
San José, Costa Rica
30 de noviembre, 2020

Señor Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República de Costa Rica
Señora Epsy Campbell Barr
Vicepresidenta de la República
Señor Fernando Cruz Castro
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
Señor Eduardo Newton Cruickshank Smith
Presidente Asamblea Legislativa
Señor Michael Soto Rojas
Ministro de Seguridad
Señora Fiorella María Salazar Rojas
Ministra de Justicia y Paz
Señora Emilia Navas
Fiscala General de la República de Costa Rica
Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI)

Reciban un cordial saludo. A la vez, hacemos de su conocimiento que las organizaciones y personas abajo firmantes solicitamos a ustedes una acción urgente para proteger la vida del dirigente indígena Pablo Sivar Sivar y el respeto a los pueblos indígenas.

Manifestamos nuestra profunda preocupación por la impunidad e inoperancia que se da desde el Estado Costarricense en la defensa plena de los Derechos Humanos y el reconocimiento y no invisibilización ni mediatización de la legítima lucha de los pueblos indígenas, siendo permisibles ante la estrategia de terror que se impulsa para acabar con el movimiento indígena.

Las organizaciones firmantes instamos a emprender, con carácter de urgencia, la siguiente acción, acatando las medidas dispuestas desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

  1. Implementación inmediata de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del señor Pablo Sivar Sivar y del conjunto de las comunidades indígenas de Bribri de Salitre, Bröran de Térraba y de otras regiones.
  2. Llevar a cabo una investigación minuciosa e imparcial en torno al conjunto de hechos denunciados a lo largo de esta lucha, a fin de identificar a los responsables y viabilizar las sanciones penales y/o administrativas previstas que corresponden a la ley.
  3. Garantizar de manera urgente medidas que generen seguridad jurídica en los territorios de los pueblos indígenas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales y en la Ley 6172 de Costa Rica.
  4. Impulsar una política pública integral de protección a las personas defensoras de derechos humanos que incorpore los componentes necesarios para la protección, prevención y lucha contra la impunidad.
  5. Demostrar, de manera práctica, la aplicación de lo dictado por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2. El Estado Costarricense no ha cumplido con su obligación de garantizar el derecho a la vida, a la tierra, a la cultura y a la autonomía de las comunidades indígenas del país, incumpliendo con las medidas cautelares promulgadas en el 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“Resolución 16/15. Medida cautelar N°321-12 Pueblo Indígena Teribe y Bribri de Salitre respecto de Costa Rica. Aprobada a los 30 días del mes de abril de 2015 por: Rose Marie Antonie, presidenta; José de Jesús Orozco Henríquez, Segundo Vicepresidente; Felipe González, Rosa María Ortiz, Tracy Robinson y Paulo Vannuchi, miembros de la CIDH”), violentando el derecho a la propiedad y a la integridad personal de dirigencia indígena y sus familias.

“Nos hace vulnerables en nuestras casas y territorios porque…el gobierno no ha garantizado nuestras vidas, nuestra seguridad.” Lideresa indígena Bribri

Por lo tanto, alertamos a la comunidad internacional ante el contexto que se vive en Costa Rica, donde, día a día, aumenta el estado de vulnerabilidad de las comunidades indígenas defensoras de Derechos Humanos y de sus territorios, víctimas de constantes amenazas y agresiones a pesar de contar con medidas cautelares desde el 2015, en el que en menos de un año son asesinados el dirigente Bribri Sergio Rojas Ortiz y el dirigente Börán Jerhy Rivera Rivera.

Por el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificados por Costa Rica.

Porque el Estado asuma todas las medidas necesarias para que se cumplan los protocolos correspondientes a la puesta en marcha de las medidas cautelares.

Por la vida de Pablo Sivar Sivar y cada lideresa y líder indígena quienes defienden sus territorios como Derecho Humano inalienable.

Organizaciones e instancias institucionales firmantes
1. Alianza de Mujeres Costarricense

2. Asambleas Patrióticas Populares en San Ramón
3. Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)
4. Asociación de Desarrollo Sostenible LGTBI Costa Rica
5. Asociación de Iniciativas Populares DITSÖ
6. Asociación Proyectos Alternativos-PROAL
7. Bloque Autónomo 12s
8. Bloque de Vivienda
9. Buen Vivir
10.Casa El Emigrante (Human Rights)
11.CEAAL- Colectivo Costa Rica
12.Centro de Estudios y Publicaciones Alforja
13.Centro ETHOS
14.Círculo Bolivariano Yamileth López
15.Colectivo Autonomía, Tierra y Libertad
16.Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica (CPSCR)
17.Colectivo Político Semilla Ramonense
18.Comisión Interinstitucional para el seguimiento e Implementación de las
Obligaciones internacionales de Derechos Humanos (CIIDDHH)- Ente Permanente de
Consulta (EPC)
19.Comuna Socialista
20.Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT)
21.Coordinadora Campesina del Caribe
22.Coordinadora de Lucha Sur Sur
23.Debate Feminista Costa Rica
24.Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI)
25.Frente de Resistencia Animal y de la Tierra
26.Frente Ecologista Universitario
27.Fundación Pedagógica Nuestra América
28.Fundación Laberinto
29.Handmaids Costa Rica
30.Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense
31.Juventud Vanguardista Costarricense
32.Mesa de Trabajo por una Justicia Abierta (METJA)
33.Movimiento de los Trabajadores y Campesinos (MTC)
34.Movimiento Patriótico por Costa Rica
35.Mujeres Mano de Tigre
36.Organización Política Carmen Lyra
37.Partido Obrero Socialista (POS)
38.Partido Vanguardia Popular
39.Pri Laka (Nicaragua)
40.Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia – UNED
41.Programa “Hablemos de Derechos Humanos”
42.Programa Kioscos Socioambientales-Universidad de Costa Rica
43.Red de Solidaridad con Palestina
44.Ríos Vivos de Costa Rica
45.Sembrando Libertad
46.Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU)
47.Sindicato Patriótico de Educadores (SINPAE)
48.Sindicato UNPROBANPO
49.Unidad del Pueblo Mayangna en Defensa de su Territorio (Nicaragua)
50.Universidad Bíblica Latinoamericana
51.Yo NO voy al Zoo
Personas firmantes
1. María Hidalgo Quesada – Abogada Jubilada

2. Alejandra Monge Arias – Abogada Notaria Jubilada del Poder Judicial
3. José María Villalta Flores-Estrada – Abogado, Diputado Fracción Frente Amplio
4. Cristina Rojas Rodríguez – Activista DDHH y Directora Ejecutiva Centro ETHO
5. Suy Wong Ugalde – Activista de Derechos Humanos
6. Eydis Ñurinda Guzmán – Agricultora
7. Roger Sánchez Alfaro – Agricultor
8. Liuba Ramírez Otto – Artista
9. Ana Cecilia Hernández Bolaños – Alianza de Mujeres Costarricense
10. Grace Valeria Bueso Ortega – Activista de DDHH, Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)
11. Ana Cecilia Jiménez Arce – Activista de DDHH, presidenta de ACODEHU
12. Denis Omar Calix – Activista de DDHH (ACODEHU), planificador económico-social
13. Tatiana Otto Golovina – Activista de DDHH (ACODEHU)
14. Temístocles Guerra Vargas – Asociación de Desarrollo Sostenible LGTBI Costa Rica y Comisión Interinstitucional para el Seguimiento e Implementación de las Obligaciones Internacionales de Derechos Humanos (CIIDDHH). Ente Permanente de Consulta (EPC) Vocería
15. Gustavo Oreamuno Vignet – Asociación de Iniciativas Populares DITSÖ
16. Mariano Sáenz – Asociación de Iniciativas Populares DITSÖ
17. Osvaldo Durán Campos – Asociación Proyectos Alternativos-PROAL
18. Orlando Barrantes Cartín – Bloque de Vivienda
19. Edison Valverde Araya – Buen Vivir
20. Abelardo Brenes Castro – Catedrático jubilado Universidad de Costa Rica
21. Ignacio Dobles Oropeza – Catedrático Universidad de Costa Rica
22. Elisa Trejos Montero Catedrática – Universidad de Costa Rica
23. Ana Franz – Casa El Emigrante (Human Rights)
24. María Trejos Montero – CEAAL- Colectivo Costa Rica
25. Oscar Jara Holliday – Centro de Estudios y Publicaciones Alforja
26. Amanda Méndez Ramírez – Colectivo Autonomía, Tierra y Libertad
27. Laura Valverde Cuevillas – Colectivo Autonomía, Tierra y Libertad
28. Mario Cabrera Burgos – Colectivo Político Semilla Ramonense
29. Juan José Soto Morales – Colectivo Político Semilla Ramonense
30. Luis Alberto Soto Ramírez – Colectivo Político Semilla Ramonense
31. Dayana Ureña Solís – Colectivo Político Semilla Ramonense
32. Ana María Vega Torres – Comuna Socialista
33. Antonio Aguilar Umaña – Comuna Socialista
34. Héctor Ferlini-Salazar – Comunicador y docente
35. Miguel Marín Calderón – Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT)
36. Róger Sánchez – Coordinadora Campesina del Caribe
37. Melissa Chinchilla Romero – Coordinadora Colectivo Handmaids Costa Rica
38. Reinier Canales Medino – Coordinadora de Lucha Sur Sur
39. Hugo D. Fernández González – Coordinador Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur
40. Carlos Antonio Zúñiga Zúñiga – Coordinador de la Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe
41. Juan Carlos Ocampo Zamora – Coordinador Ejecutivo de la organización Prilaki
42. Julieta Montoya Molteni – Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI)
43. Alberto Álvarez Toirac – Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI)
44. Allen Cordero Ulate – Director Escuela de Sociología, Universidad de Costa Rica
45. Laura Arias Cabrera – Docente
46. Karol Montero Rony – Docente Técnico en Gestión Local – UNED
47. Joliem Figueroa Siles Docente Programa de Atención a Estudiantes Indígenas-UNED
48. Arnoldo Mora Rodríguez – Ex Ministro de Cultura Juventud y Deportes, Catedrático Emérito UCR, filósofo
49. Rodrigo Hernández Jiménez – Fundación Laberinto
50. Ingrid Flores Salazar – Handmaids Costa Rica
51. José Amesty – Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense
52. Bayron Bucardo Miguel – Líder indígena Mayangna de Bosawas Nicaragua
53. Julia María Peña Salas – Luchadora social
54. Yumira Cortés – Movimiento de los Trabajadores y Campesinos (MTC)
55. Francisco Cordero Gené – Movimiento Patriótico por Costa Rica
56. Carmen María Carlucci – Patronato Nacional de lnfancia (PANI) Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia
57. Edgar Gutiérrez Cordero – Partido Pueblo Unido
58. Humberto Vargas Carbonel – Partido Vanguardia Popular
59. Pamela Campos Chavarría – Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia – UNED
60. Amilcar Castañeda Cortez – Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia – UNED
61. Rafael Eduardo López Alfaro – Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia – UNED
62. Carolina Somarribas Dormond – Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia – UNED
63. Adriana Villalobos Araya – Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia – UNED
64. Elisabeth Cook Steike – Rectora Universidad Bíblica Latinoamericana
65. Sary Rojas Leiva – Red de Mujeres Rurales de Costa Rica
66. Ann Marie Saidy – Red de Solidaridad con Palestina, pensionada
67. Elisabeth Cook Steike – Rectora Universidad Bíblica Latinoamericana
68. Raquel Bolaños – Ríos Vivos de Costa Rica
52. Trino Barrantes Araya – Secretario General Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU)
69. Rafael Contreras Cascante – Secretario General Sindicato Patriótico de la Educación (SINPAE)
70. Carlos Vega – Secretario General Sindicato UNPROBANPO
71. Ligia Isabel Castro Salas – Pastora OBF/OSC
72. David Solís Aguilar – Politólogo y geógrafo
73. Cinthia Crespo Campos – Profesora y artista, SINPAE
74. Ailhyn Bolaños Ulloa – Socióloga y Evaluadora
75. Daniel Camacho Monge – Sociólogo, Miembro Honorario del Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica (CPSCR)
76. Fresia Eugenia Camacho Rojas – Socióloga, agremiada al CPSCR
77. Gerardo Enrique Cerdas Vega – Sociólogo, agremiado al CPSCR
78. Róger Chaves Grijalba – Sociólogo
79. Allen Cordero Torres – Sociólogo, Director de la Escuela de Sociología
80. Amilcar Ernesto Luna Palmás – Sociólogo
81. Roberto Pineda Ibarra – Sociólogo
82. David Quesada García – Sociólogo, El Servicio Paz y Justicia (SEPAJ)
83. Pablo Ramírez Otto – Sociólogo
84. Rodolfo Ulloa Bonilla – Sociólogo, asesor parlamentario
85. Karla Vargas Solera – Socióloga docente universitaria
86. Francis Muñoz Calvo – Sociólogo, agremiado al CPSCR. Revista digital
87. Guillermo A. Bueso Ortega – Técnico en Informática
88. Alberto Álvarez Toirac – Teólogo
89. Luis Henry Ortiz Ortiz – Territorio Indígena de Alto Chirripó
90. Carmen Villanueva Vargas – Territorio Indígena de Ujarrás, Buenos Aires
91. Felipe Figueroa Morales – Territorio Indígena de Salitre, Buenos Aires
92. Jéssica Jeannette Ortiz Ortiz – Territorio Indígena de Salitre, Buenos Aires
93. Alejandra Bonilla Leiva
94. María Elena López
95. Daniella Sola Morales
96. Gabriela Rodríguez Pizarro
CEAAL-Costa Rica
CEP-ALFORJA
ACODEHU
SINDEU
Responsable
Ana Cecilia Jiménez Arce
Presidenta ACODEHU

Declaran como de vulnerabilidad social desalojo de Kono Jú en territorio Cabécar

SURCOS recibió el siguiente comunicado:

COMUNICADO PÚBLICO: MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DECLARÓ DE VULNERABILIDAD SOCIAL EL DESALOJO DE KONO JÚ, EN TERRITORIO CABÉCAR DE CHINA KICHÁ

Martes 24 de noviembre. Ante la amenaza de desalojo de Kono Jú, que fue ordenada en el voto N.288-F-2020 del Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, los y las recuperadoras cabécares junto a la Asociación de Desarrollo Integral de China Kichá solicitaron la declaración de vulnerabilidad social al Ministerio de Seguridad Pública. Medida que podría significar una postergación del desalojo que es planteado como medida cautelar.

El 20 de noviembre del presente año, según la Resolución 19-2020-DVUE, Seguridad Pública declaró al desalojo de Kono Jú de vulnerabilidad social. Ello, en medida que se consideró que: “ la finca a desalojar cumple con los parámetros establecidos en el decreto ejecutivo N° 39277, al tener un alto nivel de conflictividad social, una condición socio-económica precaria, además de contar con la presencia de familias compuestas por personas menores de edad y adultos mayores, entre otros factores importantes a valorar”. A partir de ahora el trámite le corresponde a la Procuraduría General de la República, según el artículo 15 del Decreto Ejecutivo N° 39277-MP-MSP-JP-MIVAH-MDHIS de la Comisión de Atención Integral a los Desalojos (CAID).

Por otro lado, este mismo día los y las recuperadoras de Kono Jú y la Asociación de Desarrollo Integral de China Kichá solicitarán que a este terreno se le abra un proceso administrativo dentro del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) que logre determinar sí Ángel Marín es o no poseedor de buena fé y sí debe ser indemnizado o no. Los y las recuperadoras y la ADI dan un plazo máximo de 3 meses para que este proceso administrativo sea resuelto en el INDER.

¡JUSTICIA PARA SERGIO ROJAS, JERHY RIVERA Y LOS
PUEBLOS ORIGINARIOS!

Recuperador@s Cabécares de Kono Ju de China Kichá.
Recuperador@s Cabécares de Sa Sekeirö Kaska de China Kicha.
Recuperadoras Cábecares de Sá Ka Duwé Senaglö.
Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö.
Recuperadoras/es Cábecares de Kelpego.
Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá.
Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Publicación en Facebook:
https://www.facebook.com/111882987093775/posts/192240529058020/

NO a la impunidad del homicidio de Sergio Rojas Ortiz

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

Comunicado público
Concejo de Salitre Ditsö Iriria Ajkönúk Wakpa
Concejo de Mayores Brörán de Térraba
Consejo de Mayores Iriria Jtecho Wakpa de Cabagra
Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de China Kichá

– No a la impunidad del homicidio de Sergio Rojas Ortiz
– Demandamos que el Ministerio Público continué con las investigaciones

Lunes 23 de noviembre 2020. Desde el 24 de setiembre de este año, la Fiscalía de Delincuencia Organizada solicitó el archivo de la investigación del caso del asesinato de nuestro compañero y líder indígena bribri, Sergio Rojas Ortiz, lamentable hecho realizado el 19 de marzo de 2019 en su casa de habitación. Hasta el momento, no se ha identificado a ningún sospechoso.

Sergio era beneficiario directo de las Medidas Cautelares 321-12, emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 30 abril del 2015, donde se ordena al Estado proteger la vida e integridad física de los y las Bribri de Salitre y Brörán de Térraba, así como investigar y sancionar a los responsables de las amenazas y violencia.

El próximo 3 de diciembre a las 9:00 am se llevará a cabo una audiencia oral para que el Juzgado Penal de Buenos Aires decida si la investigación debe seguir activa y no archivarse, o por el contrario validar la impunidad y descontinuar el proceso. Por esto, las acciones de la Fiscalía y la eventual acogida de la solicitud de desestimación serían particularmente ofensivas y en total incumplimiento de las Medidas Cautelares 321-12.

Ante esto, como organizaciones que velamos por la permanencia y desarrollo de nuestras culturas indígenas y nuestra incansable labor de recuperación de tierras, exigimos:

  • Que las autoridades judiciales digan no a la impunidad, y se continúe con las investigaciones judiciales que corresponden.
  • Que las autoridades judiciales del Estado Costarricense destinen todos los recursos disponibles para dar con los responsables, y acabar con el clima de hostilidades en nuestros territorios, donde continuamente niños, niñas, mujeres y hombres indígenas viven en carne propia la inacción del Estado.
  • Que se encuentren a los homicidas de Sergio Rojas Ortiz y les caiga todo el peso de la ley penal.
  • Que se haga justicia a la familia de Sergio Rojas Ortiz encontrando a los autores de darle muerte, diciendo no a la impunidad.

El comunicado lo firman las siguientes personas:

Pablo Sibar Sibar – Concejo de Mayores Brörán de Térraba, Territorio Indígena de Térraba
Lesner Figueroa Lázaro – Concejo Ditsö Iriria Ajkönúk Wakpa, Territorio Bribri de Salitre
Maximiliano Torres Torres – Concejo Iriria Jtecho Wakpa, Territorio Indígena de Cabagra
Efraín Fernández Zúñiga – Asociación Desarrollo China Kichá, Territorio Indígena Kichá

 

Imagen: Coordinadora de Lucha Sur Sur-CLSS

Amenazas de Desalojo contra China Kichá / foro

Recuperadores Cabécares de China Kichá y la Coordinadora de Lucha Sur Sur con el apoyo de otras organizaciones invitan al foro virtual: «Amenazas de Desalojo contra China Kichá».

La transmisión será el jueves 19 de noviembre a las 4:30 p.m. vía Facebook Live de Onda UNED: https://www.facebook.com/ondauned/ y en la página web de Onda UNED: www.ondauned.com

¡NO a los desalojos en China Kichá!
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

Publicación en Facebook:
https://www.facebook.com/111882987093775/posts/187002386248501/

Carta Abierta al Estado de Costa Rica sobre desalojos y vulnerabilidad de los Pueblos Originarios: el caso del Territorio Cabécar de China Kichá

Viernes 13 de noviembre 2020

Las organizaciones, instituciones y personas que suscribimos esta Carta Abierta dirigida al Estado de Costa Rica nos referimos a las órdenes de desalojo judicial que existen contra el Pueblo Cabécar de China Kichá y el aumento de la vulnerabilidad que dichos desalojos suponen para este Pueblo.

A saber, existen dos amenazas de desalojo judicial en el Territorio Cabécar de China Kichá. El primero corresponde al de Kono Jú: en el voto N.288-F-2020 del Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José se ordenó el desalojo de las y los recuperadores Cabécar de la recuperación realizada en mayo del 2019 y nombrada como Kono Jú[1]. Tras una serie de acciones judiciales, políticas y mediáticas, el 25 de septiembre el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires suspendió temporalmente el desalojo de Kono Jú.

El segundo corresponde a Yuwi Senaglö, tierra-territorio recuperada desde el 28 de septiembre del presente año. Hasta esa fecha estaba ocupada ilegalmente por Miguel Vargas Mata (quien todavía se encuentra atrincherado en la casa dentro de Yuwi). La Resolución N. 48-2020 del Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires (Materia Agraria) del 13 de octubre de 2020 ordenó el desalojo de las familias Cabécar recuperadoras.

Sobre ambos procesos, solicitamos al Estado de Costa Rica considerar cuatro cuestiones fundamentales:

  1. Se está aplicando el derecho Civil y Agrario, más no el Derecho y Legislación Indígena. Según los Principios Generales del Derecho, la norma especial prevalece sobre la general. En Costa Rica además existe suficiente normativa de carácter internacional como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado desde 1993 y la Ley Indígena (Ley 6172 de 1977) que expresamente regulan los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios. Se debe entender que estos Territorios y estos Pueblos se encuentran protegidos por una legislación y derechos especiales y como consta en ambos expedientes según información oficial del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), los terrenos recuperados se encuentran dentro del Territorio Cabécar de China Kichá.
  2. En el contexto de la Pandemia del Covid 19, una medida cautelar como el Desalojo Judicial o Administrativo aumenta la vulnerabilidad en la que se encuentran estos Pueblos. Sobre esta situación varias instancias nacionales e internacionales emitieron diversos informes y normativas que recomiendan que los desalojos contra Pueblos Originarios no se lleven a cabo.

Entre ellos, se rescata el Comunicado Público del Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Vivienda: Balakrishnan Rajagopal, del 18 de agosto de 2020, en el que expresa: “(…) El derecho a la vivienda es fundamental en cualquier respuesta a la pandemia (…) Perder el hogar durante esta pandemia podría significar perder la vida” (…) “los derechos a la vida y a una vivienda adecuada están intrínsecamente vinculados”.

Balakrishnan Rajagopal, en ese mismo comunicado, menciona: “Hago un llamado a todos los Estados para que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos y garanticen que nadie quede en una posición de mayor vulnerabilidad a la COVID-19”[2].

III. La CIRCULAR No. 227-2020 de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica que establece “El Consejo Superior del Poder Judicial en sesión N° 95-2020, celebrada el 6 de octubre de 2020, artículo XLIX, acordó comunicar a todos los despachos judiciales del país que tramitan procesos judiciales donde se disponen puestas en posesión y desalojos en los que intervengan personas en situación de vulnerabilidad, y con fundamento en la normativa nacional e internacional de derechos humanos -de carácter supraconstitucional conforme a la jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia…se insta a las personas servidoras judiciales vinculadas con la tramitación y ejecución de desalojos y puestas en posesión para que, a fin de garantizar el acceso a la justicia, en especial de las personas en situación de vulnerabilidad, cumplan con lo siguiente:

  1. Garantizar el acceso a la justicia a la población indígena tomando en consideración sus condiciones étnicas, socioeconómicas y culturales, aplicando el Derecho Indígena -siempre y cuando no transgreda los derechos humanos- así como sus costumbres y cosmovisión, conforme a la normativa nacional e internacional, en especial, el artículo 1 de la Constitución Política, que declara a Costa Rica como una República multiétnica y pluricultural. De ser necesario podrá requerirse un peritaje antropológico, para garantizar, proteger y tutelar los derechos humanos de los pueblos indígenas, conforme lo dispone la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas de Costa Rica.
  2. Respetar la importancia de que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, en resguardo del derecho colectivo y comunitario de esa relación. La utilización del término «tierras» debe incluir el concepto de territorios, que cubre “la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”. Además, tomar medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades”[3].
  3. La Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá y las familias Cabécar residentes de Kono Jú, presentaron desde el 22 de septiembre del 2020 la Solicitud de Declaración de Vulnerabilidad Social del Desalojo en Kono Jú de China Kichá ante Eduardo Solano, Viceministro de Seguridad Pública; solicitud que todavía no ha sido respondida por dicha instancia.

Esta solicitud se basa en el Decreto Ejecutivo N° 39277-MP-MSP-JP-MIVAH-MDHIS. Donde se determina la Creación de la Comisión de Atención Integral a los Desalojos (CAID) y el Procedimiento especial para la atención de desalojos considerados como de vulnerabilidad social. El artículo 15 de dicho Decreto establece:

“El Ministerio de Seguridad Pública o la CAID podrán considerar un desalojo, en trámite judicial, como de vulnerabilidad social. En ese caso, por medio de la Procuraduría General de la República, se impulsarán las gestiones necesarias para solicitar al despacho judicial que, en sentencia, se considere un tiempo prudencial para ejecutar el desalojo a partir de una atención integral y respetuosa de los Derechos Humanos”.

Ante ello, las organizaciones e instituciones que suscribimos, solicitamos vehementemente al Estado de Costa Rica que:

  1. Se garanticen y respeten los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios.
  2. Se priorice la aplicación del Derecho y Legislación Indígena sobre el derecho Civil o Agrario, según lo estipulan los Principios Generales del Derecho, en el sentido que la norma especial prevalece sobre la general.
  3. Se detengan los desalojos en el Territorio Cabécar de China Kichá, en el tanto un desalojo como medida cautelar anticipada genera indefensión a los Pueblos Originarios y violenta su derecho fundamental, colectivo y comunitario a la tierra y en el contexto de la pandemia del Covid-19 el desalojo aumentaría la vulnerabilidad de este Pueblo.
  4. El Ministerio de Seguridad Pública resuelva la Solicitud de Declaratoria de Vulnerabilidad Social del Desalojo de Kono Jú y se inicie el proceso de Declaratoria de Vulnerabilidad Social del Desalojo de Yuwi Senaglö, en consonancia con el Decreto Ejecutivo N° 39277-MP-MSP-JP-MIVAH-MDHIS.
  5. La suspensión de los desalojos ordenados hasta tanto el Ministerio de Seguridad resuelva la solicitud de Declaratoria de Vulnerabilidad de ambos desalojos.
  6. En el caso de Kono Jú, habiendo transcurrido un lapso de tiempo razonablemente largo desde la fecha de recuperación del terreno y considerando que no existe más prueba que conocer, se proceda ya con la resolución de fondo de ese litigio.

Organizaciones, instituciones y personas firmantes:

Brigada para Leer en Libertad AC, México
Cultural Survival
Mujeres y la Sexta, México
Centro de Intercambio y Referencia Iniciativa Comunitaria CIERIC, Cuba
Servicios para una Educación Alternativa AC EDUCA, México
Comité Cerezo; México
Festivales Solidarios, Guatemala
Red Latinoamericana Somos Un Abya Yala
Recuperadoras/es Cabecar de Kono Ju de China Kichá
Recuperadoras/es Cabecar de Yuwi Senaglö de China Kichá
Recuperadoras/es Cabecar de Sekeirö Kaska de China Kichá
Recuperadoras Cabecar de Sá Ka Duwé Senaglö. De China Kichá
Recuperadoras/es Cabecar de Kerpego. De China Kichá
Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá
Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa de Salitre
Concejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cajc
Concejo de Mayores Iríria Jtechö Wakpa de Cabagra
Recuperadoras/es Brörán de Crun Shurin
Recuperadoras/es Brörán de Finca San Andrés
Organización Autónoma Gwrvechi Kare del Territorio Ngäbe de Conte Burica
Asociación de Productores de Finca 10
Comité de lucha por la Tierra de Finca Changuina
Cootraosa
Comité de Lucha por la tierra de kilómetro 37 de Golfito y Corredores
Asociación para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP)
Comité de Lucha por la Tierra de Finca Venecia
SOJUPANO de Palmar de Osa
Tierra para el Campesino de Finca Puntarenas (TIPAELCA)
SERBUSUR de Finca Puntarenas
Asociación Voces Nuestras
Ditsö.
Coordinadora de Lucha Sur Sur
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CiCDE) Universidad Estatal a Distancia (UNED)
Estudios Avanzados UCR (UCREA)
Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur
Alaklä sulú täkili wömi, La fortaleza de la mujer maíz por siempre, Alto Chirripó
Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe
Centro de Orientación Indígena de Sixaola
Asociación de Trabajadores Ngöbes de Sixaola, ATIGUSI
Consejo de Mayores Broran Térraba
Mujeres Mano de Tigre Orcuo Dbön de Térraba
Mujeres en Acción, Costa Rica
Lunayena Títeres
Colectiva por el Derecho a Decidir, Costa Rica
Comité Ejecutivo, Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT), Costa Rica
Humanismo Secular de Costa Rica
Colectivo de Geografía Crítica 24 de abril
Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria, UCR
Movimiento Ríos Vivos, Costa Rica
Movimiento Cultura Viva Comunitaria Costa Rica
Hablemos de Derechos Humanos
Colectiva Caminando
Colectiva Radio Andante
CEFEMINA
Radio Machete
La Cadejos, Comunicación Feminista
Frente de Resistencia Animal y de Tierra, FRAT
Asociación de Estudiantes de Antropología Social y Arqueología, UCR
TardeArte Revista Cultural
Red del Buen Vivir Región Brunca
Asambleas Patrióticas Populares
Movimiento Alternativas de Izquierda (MAIZ)
Gustavo Oreamuno Vignet, cédula 1 835 921
Ana Elena Obando, cédula 1 651 024
Mariel Rojas Gómez, cédula 1 1051 0809
Guadalupe Urbina Juárez, cédula 5 0183 0490
Natalia Silva Maffio, cédula 4 0192 0714
Carol Moreira Campos, cédula 1 1178 0654
María Elena Moreira Campos, cédula 1 0525 0022
Adriana Sánchez Sánchez, cédula 1 1040 0980
Marisela Navarro Brenes, cédula 1 1163 0622
Geoffrey González Jiménez, cédula 401660158
Judith Navarro Brenes, cédula 3 0200 1324
Evelia Navarro Brenes, cédula 3 0144 701
Karol Montero Rony, cédula 1 1108 0959
Nery Chaves García, cédula 1 1482 062
Paula Pinto, 1 2490000-0327 Francia
Jaime Arturo Rojas Brenes, cédula 4 0162 0345
Jackeline Corrales Mora, cédula 1 1096 0142
Osvaldo Muñoz Fores, cédula 1 1698 0742
Soledad Díaz Pasten, cédula 1 15200 006105
Juan Carlos Gutiérrez Camacho, cédula 1 724001 39828
Reiner Retana Solano, cédula 1 1086 0040,
Roxana Gómez Zúñiga, cédula 1 06460922
Larraitz Lexartza Arza, cédula 8 0124 0792
Olman Bolaños Vargas, cédula 2 0420 0917
Lorna Mariana Li Gutiérrez, cédula 1 1594 0566
Jorge Segura Ramirez, cédula 1 0464 0390
Pamela Campos Chavarría, cedula 1 1345 0315
Ricardo Araya Rojas, cédula 1 0529 0917
Luis A Monge Arrieta, cédula 1 0618 0825
María Pérez Porras, cedula 1 0457 0132
Juan Francisco Valerio Delgado, cédula 4 0184 0769
Vianey Mora Vega, Cédula 1 1 448 0728
Dayana Ureña Solís, cédula 2 0590 0549
Ana Lorena Camacho De la O, cédula 4 0137 0280
Ronny Valverde Chinchilla, cédula 1 0914 0538

Notas:

[1]De esta forma, el Tribunal acogió una medida cautelar solicitada por Hacienda La China R y L S.A -propiedad de Ángel Marín Espinoza- en un proceso ordinario agrario que se conoce en el Juzgado Civil, de Trabajo y de Familia de Buenos Aires (Materia Agraria).

[2] Ver: https://hic-al.org/2020/09/04/experto-de-la-onu-insta-a-prohibir-los-desalojos-durante-la-pandemia-de-covid-19 y https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26170&LangID=E

[3] Esto de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Alerta: no indígenas agreden a recuperadores cabécares de Yuwi Senaglö

  • Recuperadores y recuperadoras cabécares de Yuwi Senaglö son agredidos físicamente por turba de 20 personas no indígenas

Jueves 08 de octubre 2020. Al ser las 5 a.m. los y las recuperadoras que se encontraban resguardando el corral en Yuwi Senaglö -terreno recuperado desde el 28 de septiembre- fueron atacados por una turba de 20 personas no indígenas. En ese momento, la presencia policial era de apenas 3 efectivos.

Entre las personas identificadas en la turba se encuentran: Beto Hidalgo, Yeudy Garro Vargas -menor edad-, “Gato” Vargas -hermano mayor de Miguel Vargas-, Antonio López y Alejandro Badilla Salazar. Este último -Badilla Salazar- es el peón de Miguel Vargas que se encontraba en la lechería cuando fue recuperado el terreno y al que la Fuerza Pública decomisa 2 armas de fuego.

Efraín Fernández, recuperador cabécar y Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de China Kichá, es uno de los principales afectados. Beto Hidalgo le provocó una herida en su cabeza. Al ser las 6:30 a.m. Efraín aún no ha recibido atención médica. También se reportan otros golpes a recuperadores con piedras y otros objetos.

Tras el ataque, la turba ingresó a la casa de Miguel Vargas y ahí se mantiene atrincherada. Situación que genera tensión y una alerta temprana ante la posible escalada del conflicto.

Demandamos al Estado costarricense y a la Fuerza Pública a que garantice la integridad física y vida de los y las recuperadoras cabécares. Cualquier agresión en nuestra contra es responsabilidad del Estado, en el tanto omite llevar a cabo acciones REALES en los desalojos de personas no indígenas en nuestros Territorios.

Organizaciones firmantes:
Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö.
Recuperador@s Cabécares de Kono Jú de China Kichá.
Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska de China Kicha.
Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö.
Recuperadoras/es Cabécares de Kerpego.
Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá.
Coordinadora de Lucha Sur Sur

 

Información tomada de la página de Facebook de Coordinadora de Lucha Sur Sur. Compartida con SURCOS por Uriel Roja.

Comunicado: «El Gobierno debe sacar a agresores de Yuwi Senaglö según compromisos con las/os recuperadores cabécar»

SURCOS recibió el siguiente comunicado:

Jueves 8 de octubre de 2020. Después de que a las 5:00 de la mañana, una turba de 20 personas no indígenas, agrediera físicamente a las y los recuperadores cabécar de Yuwi Senaglö en China Kichá y que los agresores se mantienen campantes en la casa del usurpador Miguel Vargas; las organizaciones firmantes le recordamos al Estado de Costa Rica que:

  1. Desde el 29 de setiembre y durante varios días y en repetidas ocasiones, en conversaciones entre el Gobierno, representado por el viceministro de Seguridad Eduardo Solano y las/os recuperadores de Yuwi Senaglö se convino en los siguientes puntos:

– Miguel Vargas y las personas que se encontraban en la casa, no podían salir de la finca y que, si salían del inmueble, no podían volver a entrar.

– Que el Gobierno se comprometía a no permitir la entrada y permanencia de nuevas personas no indígenas al terreno recuperado, ni a la casa.

  1. Demandamos al Estado de Costa Rica:

– Según los acuerdos citados, RETIRE INMEDIATAMENTE A TODOS LOS AGRESORES que ingresaron el día de hoy al terreno recuperado cometiendo varios delitos. Entre estos agresores se encuentra Alejandro Badilla Salazar, a quien el 28 de setiembre se le decomisó un arma de fuego en este lugar. Además, estos agresores no son parte en esta recuperación, ni tienen ninguna relación con la propiedad.

– El Ministerio de Seguridad Pública brinde un informe detallado del ataque del día de hoy contra las/os recuperadores de Yuwi Senaglö y del actuar de la Fuerza Pública.

-Ya que la Fiscalía de Asuntos Indígenas y la Fiscalía Adjunta de Pérez Zeledón se encuentran en el Territorio Cabécar de China Kichá, tomen las declaraciones pertinentes y realicen las gestiones necesarias para establecer las denuncias y responsabilidades penales respectivas ante las diversas agresiones sufridas por el Pueblo Cabécar de China Kichá, incluyendo el ataque del día de hoy.

-Demandamos al Estado costarricense y a la Fuerza Pública a que garantice la integridad física y vida de los y las recuperadoras cabécares. Cualquier agresión en nuestra contra es responsabilidad del Estado, en el tanto omite llevar a cabo acciones REALES en los desalojos de personas no indígenas en nuestros Territorios.

Organizaciones firmantes:
Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö.
Recuperador@s Cabécares de Kono Jú de China Kichá.
Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska de China Kicha.
Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö.
Recuperadoras/es Cabécares de Kerpego.
Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá.
Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Información tomada del Facebook Coordinadora de Lucha Sur Sur.