La Red Ecuménica de Lectura Popular de la Biblia le invita al encuentro bimensual «Vivencias y esperanzas en las recuperaciones indígenas», el próximo sábado 10 de octubre de 9 a.m. a 11 a.m. por la plataforma Zoom.
La actividad estará a cargo de las/los recuperadores indígenas y coordinadora/coordinador de FRENAPI: Clarita Quiel Torres, Maritza Castro Álvarez, Luisa Bejarano Montezuma y Pablo Sibar Sibar.
La Universidad de Costa Rica le invita a «Diálogos sobre territorios indígenas en la pandemia», diagnóstico comunitario de territorios y poblaciones vulnerabilizadas en el marco de la pandemia, este próximo martes 13 de octubre a las 6 p.m.
La transmisión será llevada a cabo por Facebook Live del Programa Kioscos Socio-ambientales UCR.
Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines.
Rel-UITA
Señor Presidente de la República de Costa Rica
Carlos Alvarado Quesada
Casa Presidencial
San José
Ref.: Desestimación y archivo caso asesinato Sergio Rojas
Señor Presidente:
Nos hemos enterado que este 24 de septiembre, el Ministerio Público decidió ordenar la desestimación y archivo fiscal del caso del asesinato del líder indígena bribri Sergio Rojas Ortiz.
De acuerdo a informaciones que han circulado recientemente, la Fiscalía habría tomado esta tan discutible decisión debido a la imposibilidad de identificar a los autores del crimen tras juzgar que “el entorno, la forma de vida de la zona y la imposibilidad de localizar testigos” le imposibilitaban llevar a cabo la investigación.
Comprenderá usted que tales argumentaciones son inaceptables bajo cualquier punto de vista, máxime cuando el líder indígena asesinado gozaba de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015, que le ordenaba al Estado y a usted personalmente en tanto autoridad más relevante del país garantizar su integridad física y su vida.
Pese a esas disposiciones, Rojas fue ultimado a mansalva de 15 disparos el 18 de marzo del año pasado, y ello en medio de una escalada de violencia contra los pueblos Teribe (Brörán) y Bribri, empeñados en la recuperación de los territorios indígenas de Térraba y Salitre.
En ese contexto de agresiones permanentes, que su gobierno tampoco ha sabido frenar, era muy probable que Sergio Rojas fuera tomado como blanco y el Estado debía haber extremado las medidas necesarias para salvaguardar su vida.
Nos preocupa sobremanera que, 19 meses después del atroz asesinato, no sólo no ha habido ningún avance en la línea de investigación, sino que los órganos encargados de impartir justicia pretendan archivar el caso, cubriéndolo con un manto de impunidad.
Las organizaciones de las cuales Rojas era miembro denuncian la inacción del Estado ante la impunidad de la cual gozan los terratenientes que, a menudo, usurpan y se apoderan violentamente de los territorios indígenas.
Asimismo, exigen que se apliquen los convenios internacionales ratificados por Costa Rica y las leyes nacionales que regulan y garantizan los derechos territoriales de los pueblos originarios.
Continuar postergando el reordenamiento y saneamiento de los territorios indígenas y permitiendo que la represión y los crímenes contra los pueblos originarios queden impunes, deja a las poblaciones que están en procesos de recuperación, aún más expuestas a más violencia y ataques mortales.
El 25 de septiembre, un día después de la decisión de la Fiscalía de archivar el caso del asesinato de Sergio Rojas, Naciones Unidas instó a las autoridades de Costa Rica a continuar las investigaciones, “identificar a los autores materiales e intelectuales de este grave delito y llevarlos ante la justicia”.
Asimismo, exigimos que se lleven a cabo acciones para “erradicar toda forma de violencia y discriminación contra los pueblos indígenas”, garantizándoles también el derecho a la posesión de sus tierras.
Señor presidente, la Rel UITA, y sus 87 organizaciones afiliadas en 18 países, hace suyos esos reclamos de elemental justicia, tanto con Rojas y otros dirigentes sociales asesinados y agredidos en su país como con las poblaciones indígenas que ven constantemente pisoteados sus derechos ante la pasividad de quienes tienen el deben de protegerlas.
Sepa que en esa lucha seguiremos estando.
Atentamente,
Gerardo Iglesias
Secretario Regional UITA
Montevideo, 6 de octubre de 2020.
Domingo 4 de octubre de 2020. Aproximadamente a las 6:45 de la noche, le prendieron fuego al Kötsíni o Rancho Cultural Comunal, construido por las y los recuperadores Cabécar de China Kichá.
El Kötsíni, se encontraba al costado sur de la plaza del Territorio, a 100 metros del «puesto de control» que mantiene la Fuerza Pública en China Kichá.
Antes del siniestro se observó cerca del Rancho a personas no indígenas y oficiales de la Fuerza Pública; a la par de ese rancho se encuentra un salón que el Pueblo Cabecar amablemente y de buena fe le presta a la Fuerza Pública para que sus oficiales realicen sus necesidades fisiológicas y puedan descansar.
Las organizaciones que suscribimos condenamos estos hechos, que son parte de una campaña sistemática de violencia, organizada por agresores totalmente identificados, que también participaron en los ataques masivos del 7 de marzo y que, hasta el momento, ninguno ha sido procesado judicialmente.
Le recordamos al Estado de Costa Rica, su obligación de garantizar la vida e integridad del Pueblo Cabecar de China Kichá.
Organizaciones firmantes:
Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö.
Recuperador@s Cabécares de Kono Jú de China Kichá.
Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska de China Kicha.
Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö.
Recuperadoras/es Cabécares de Kelpego.
Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá.
Coordinadora de Lucha Sur Sur.
SURCOS recibió el siguiente comunicado:
«Recuperadores y recuperadoras cabécares de China Kichá denunciamos agresión policial en la madrugada del domingo 04 de octubre del 2020.
Domingo 04 de octubre 2020. La Fuerza Pública presente en Yuwi Senaglö realizó un operativo en condiciones extrañas y que evidencian un ataque del ente policial contra los y las recuperadoras cabécares que se encontraban en el terreno recuperado desde el pasado 28 de septiembre.
Alrededor de la 1:40 a.m. la Fuerza Pública se dirigió a los y las recuperadoras que se encontraban resguardando el corral en ese momento, indicando que habían recibido amenazas por parte de los terratenientes y que debían trasladar a un lugar seguro a personas con alto riesgo. Así, la Fuerza Pública trasladó a una adulta mayor y a un menor de edad que se encontraban en Yuwi Senaglö.
Tras el traslado, los oficiales de la Fuerza Pública indican a las y los recuperadores que deben salir del terreno recuperado para evitar agresiones. Los últimos se niegan y es la Fuerza Pública la que sale de Yuwi Senaglö y deja a las personas cabécares a su suerte.
Minutos después de la supuesta salida de la Fuerza Pública, son arrojados gases lacrimógenos al corral; llenando de gas las inmediaciones en las que se encontraban las personas recuperadoras. Tras disiparse el gas, l@s recuperador@s constatan que no había presencia de personas no indígenas en el corral ni en otros lugares aledaños, ni antes ni después de ser lanzados los gases. Asimismo, en un patrullaje realizado por recuperadores, en vista de la amenaza, fue visto un policía, en un bananal aledaño, con gas pimienta y que también se preparaba para el ataque.
El accionar de la policía es extraño en el tanto no hay muestra alguna de un ataque por parte de las personas no indígenas, además de que el día anterior -sábado 03 de octubre- fue un día tranquilo en el que no fueron reportados incidentes en ninguna de las recuperaciones y tampoco en el centro del Territorio Cabécar de China Kichá. Además, es la Fuerza Pública la que informa de la supuesta amenaza y es la que se retira del lugar.
También, luego de que los gases si disiparan, funcionarios de la Fuerza Pública se dirigieron al corral caminando tranquilamente, sin ninguna patrulla, supuestamente para saber qué había sucedido durante el supuesto ataque. Todos los hechos evidencian que el accionar policial pretendía amedrentar a los y las recuperadoras cabécares y procurar su abandono de Yuwi Senaglö. Asimismo, es importante señalar que la casa, donde se encuentra atrincherado Miguel Vargas, fue abandonada por la Fuerza Pública por unos minutos y también fue el primer lugar en el que se apersonaron policías.
Ante ello:
– Denunciamos como recuperador@s cabécares que fuimos atacad@s por la Fuerza Pública en un intento por asustarnos y sacarnos de Yuwi Senaglö. Insistimos que NO abandonaremos ninguno de los cinco terrenos que dignamente hemos recuperado.
– Denunciamos que desde el jueves 30 de septiembre el Gobierno, en voz de Eduardo Solano, Viceministro de Seguridad Pública, aceptó no poder garantizar la vida e integridad física de l@s recuperador@s e insistió en que se abandonara Yuwi Senaglö sin NINGUNA acción concreta respecto a las recuperaciones de tierras o a la situación de tensión que se vive en el Territorio Cabécar de China Kichá.
– Exigimos una investigación que como mínimo contenga: 1) los detalles de la amenaza que recibió la Fuerza Pública por parte de los terratenientes; 2) el nombre de los funcionarios de la Fuerza Pública que se encontraba en el lugar; 3) los detalles de los indicios visualizados del supuesto ataque por parte de no indígenas; 4) el nombre del oficial que dio la orden de arrojar gases lacrimógenos y; 5) una rendición de cuentas exhaustiva sobre el accionar de la Fuerza Pública. Que se lleven a cabo los procesos administrativos y judiciales contra quienes nos violentaron este 04 de octubre.
– Demandamos a la Fuerza Pública y al Ministerio de Seguridad Pública a que garantice la vida e integridad física de los y las recuperadoras cabécares de China Kichá, tal y como lo demanda la Constitución Política. Que se abstengan de atacar a quienes dignamente recuperamos terrenos en vista de la inacción y omisión del Estado costarricense.
– Demandamos al Ejecutivo a que realice acciones REALES en los procesos de recuperación de tierra-territorio en China Kichá y en los otros Territorios. No dejamos de insistir que la paz para los Pueblos Originarios no es posible si en nuestros Territorios hay presencia de personas no indígenas.
Organizaciones firmantes:
Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö.
Recuperador@s Cabécares de Kono Jú de China Kichá.
Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska de China Kicha.
Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö.
Recuperadoras/es Cabécares de Kelpego.
Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá.
Coordinadora de Lucha Sur Sur
*Adjuntamos fotografías de los cascos de los gases arrojados contra las y los recuperadores en horas de la madrugada».
El diagnóstico comunitario sobre territorios y poblaciones vulnerabilizadas en el marco de la pandemia, es una iniciativa del Decanato de Ciencias Sociales, la Escuela de Ciencias Políticas, el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, el Programa Kioscos Socioambientales y la Regional Chorotega del Instituto Nacional de Aprendizaje.
Comunidades cercadas por monocultivos señalan abandono y vulnerabilidad en contexto de pandemia
Costa Rica es reconocida internacionalmente por su imagen de país verde e iniciativas en temas de cambio climático y de protección del medio ambiente, incluso en 2019 obtuvo el galardón “Campeones de la Tierra” entregado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, muchos territorios y poblaciones viven diariamente fuertes afectaciones ambientales, sanitarias, laborales y comunitarias, vinculadas con los monocultivos, principalmente de piña, banano, caña de azúcar y palma africana.
Las empresas transnacionales del sector agroindustrial con una especie de empatía estatal, se han dedicado a contaminar mantos acuíferos, ríos, tierras, el aire, al tiempo que generan vínculos laborales violatorios de derechos, según han señalado durante años sectores ecologistas, comunitarios y académicos.
El Diagnóstico comunitario del COVID-19 en territorios y poblaciones vulnerabilizadas, impulsado por proyectos de Acción social de la UCR y el INA Región Chorotega, profundiza en la forma en la que estos conflictos históricos se manifiestan durante el contexto de la pandemia, “los problemas con las piñeras se han dado desde siempre. Están destruyendo el paisaje”– enfatiza Marta Mejía vecina de Medio Queso de Los Chiles, en la Zona Norte, reforzando que la transformación de los territorios y de las formas de vida, vienen sucediendo hace más de tres décadas con el impulso de este modelo de producción.
La contratación de mano de obra barata y deficientes regulaciones ambientales así como el seguimiento de las instituciones pertinentes en torno al uso de la tierra y de agroquímicos, hacen de Costa Rica un escenario atractivo para los monocultivos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, estableció que el país es el número uno en el uso de estas sustancias por hectárea (FAO, 2020), es decir, Costa Rica es el país más fumigado con agrotóxicos en el mundo. Esta falta de regulaciones pero sobre todo la bondad gubernamental hacia el sector privado, no sólo pone en cuestionamiento el ideal de “país verde”, sino que además afecta a las personas trabajadoras, ya que los controles sobre el cumplimiento de derechos laborales y medidas sanitarias es ineficiente.
La pandemia no solo ha incrementado la vulnerabilidad en términos de salud para las personas trabajadoras de este sector, también ha tenido un importante impacto económico para estas comunidades empobrecidas cuya economía está supeditada a la agroindustria y sus cadenas de valor.
Mayor vulnerabilidad durante la pandemia
En tiempos de pandemia, las problemáticas se acrecientan, y el hecho de no tener condiciones laborales propicias, se suma al incumplimiento por parte de las empresas al acatamiento de las medidas sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud. Según Evelia Pineda vecina de Los Chiles, “a las personas trabajadoras no se les provee con tapabocas, y no hay utensilios de limpieza e higiene en las plantaciones”, señala con preocupación.
La pandemia no solo ha incrementado la vulnerabilidad en términos de salud para las personas trabajadoras de este sector, también ha tenido un importante impacto económico para las familias, “he escuchado de problemas de pago a las personas trabajadores bajo la excusa de la pandemia”- señala Vicenta, vecina de Upala. Estos dos factores unidos resultan en una fórmula que condensa la desigualdad territorial de las regiones que históricamente han presentado mayores índices de empobrecimiento.
Algunas organizaciones comunitarias, han intentado ser vigilantes de estas empresas, no obstante, como señala Erlinda Quesada de la comunidad de Guácimo, “las empresas dicen que cumplen con los protocolos pero cuando se ha llegado a verificar si eso es verdad, el acceso no es permitido”, mientras continúan otras irregularidades usuales por parte de esas transnacionales, “las empresas esconden a los trabajadores porque no cumplen con las medidas sanitarias”, cuenta René Álvarez recuperador de tierra en Medio Queso, Los Chiles, situación que se presenta de forma similar en Upala, según indica Francisca Wilson “en los cultivos de naranja lo que hicieron fue regresar a las personas enfermas y no reportar los casos. La empresa no la cerraron.”
Según los datos recopilados por el proceso diagnóstico, muchas comunidades identifican una desatención por parte de las instituciones frente a la garantía de condiciones dignas y salubres de trabajo y de vida en general. Sobre esto, se señala que no se han vuelto a ver funcionarios públicos haciendo inspecciones, lo cual agrava las situaciones de irregularidad. En lo cotidiano, la falta de controles provocan que muchas personas trabajen en condiciones deficientes y estén expuestas, por ejemplo, a problemas respiratorios, lo cual puede convertirse en un agravante si se contagian de Covid-19. Sin embargo, no son solo los controles sobre la aplicación de las medidas específicas frente a la pandemia, también se hace hincapié en las afectaciones a la salud que estaban presentes antes de este contexto, relacionadas principalmente con el uso de agrotóxicos y limitación del acceso al agua para muchas comunidades.
Múltiples dimensiones de la problemática
En las plantaciones de monocultivos la mayoría de las personas trabajadoras son migrantes, indocumentadas que dependen del trabajo día a día para solventar mínimamente las necesidades básicas de sus familias, aunque el pago recibido no alcanza para una vida digna, así se trabaje de sol a sol.
Por otro lado, para las mujeres, el contexto pandémico ha profundizado las desigualdades y las violencias, pues les han tocado asumir dobles y triples jornadas laborales dentro del hogar, “al principio fue difícil, porque la mujer está acostumbrada hacer todo en la casa, y ahora tiene que también ver a los niños y a su compañero en casa, el cual no hace nada, es terrible”, cuenta Yamileth vecina de Upala, ama de casa y agricultora. Aunque también, se reconoce que las mujeres han sido resilientes, generando nuevas formas de intercambio y producción, más solidaridad y menos lucro.
Sin lugar a dudas, el panorama que nos arroja el diagnóstico nos desafía como sociedad y como universidad, a seguir construyendo alternativas para la transformación.
No nos sorprende la intención de querer dejar impune el ASESINATO de Sergio Rojas Ortiz, nos sorprende que no lo hayan disimulado.
A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
FRENAPI. El 24 de setiembre del 2020, se dio a conocer que el Ministerio Público de Costa Rica solicitará desestimación/archivo del expediente del caso del ASESINATO de nuestro hermano de lucha Sergio Rojas Ortiz, Bribri de Salitre, fundador y Co-coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), miembro del Concejo de Semillas Cuidadoras de la Tierra (Ditsö Iriria Ajkönúk Wákpa- CODIAW).
RECHAZAMOS Y DENUNCIAMOS la incapacidad del Estado costarricense para hacer valer la normativa internacional en protección de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas a la que el Estado está comprometido.
REPUDIAMOS la complicidad del Poder Judicial de Costa Rica al no asumir la protección de nuestros derechos con el debido respeto, y más bien justificar la impunidad pretendiendo respaldarse en “El entorno, la forma de vida de la zona y la imposibilidad de localizar a los testigos”. DENUNCIAMOS este tipo de manifestaciones como una clara expresión de racismo, una línea estatal holgazana y cómplice.
¿Qué nos quiere decir el Ministerio Público? ¡Ya no es suficiente con el arrebato de la vida de nuestros hermanos! ¡Ya no es suficiente con el constante asedio, intimidación y amenazas que a diario enfrentamos! ¡Ya no es suficiente con el despojo de nuestras tierras, nuestra cultura, el daño a nuestra Madre Tierra! Ahora resulta que por elementos característicos de nuestros Pueblos y de los que nace el deber de protección, como tener un entorno y forma de vida especial, ¿tenemos que aceptar cualquier crimen en contra de nuestra humanidad?
La decisión de desestimación/archivo de la causa tramitada para el esclarecimiento del ASESINATO de Sergio, no es un hecho aislado. Por el contrario, es una nueva manifestación de la violencia sistemática que desde este FRENTE hemos venido denunciando.
Días antes de conocer la decisión de la Fiscalía, no terminábamos de asimilar la intención de desalojo contra nuestras hermanas/os cabécar en Territorio China Kichá, recuperantes de Kono Jú.
Es de conocimiento nacional e internacional que consecuencia del VOTO N°288-F-2020 del TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, se dictó Medida Cautelar a favor de un finquero/empresario No Indígena orientada a que las personas indígenas recuperantes de Kono Jú salgan de sus tierras para que el finquero continúe su actividad ganadera mientras el proceso judicial finaliza. En este Voto, el Tribunal afirmó tener por demostrado que la propiedad en disputa se encuentra localizada dentro del Territorio Indígena China Kichá, a pesar de esto y por encima de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, el Tribunal indicó que con la Medida Cautelar: “Se trata de proteger la actividad productiva del empresario agrario mientras se resuelve en sentencia sobre a quien corresponde la propiedad del terreno”.
Al igual que este FRENTE, muchas Organizaciones, Movimientos, Colectivas, e incluso altas instancias internacionales mostraron oposición a la decisión judicial por el notorio irrespeto a Derechos Humanos de nuestros Pueblos. Agradecemos toda esta solidaridad por la causa indígena. Hacemos un llamado para que no nos suelten.
A las puertas del desalojo en Kono Jú, nos pegan una nueva bofetada con la noticia de querer archivar la investigación de Sergio. El mensaje que recibimos es que si continuamos en defensa de nuestros derechos, nos espera el máximo nivel de violencia bajo la complicidad del Estado. Denunciamos nuevamente que la respuesta del aparato estatal, envalentona a las personas No Indígenas usurpadoras.
El día de hoy 28 de septiembre del 2020, este FRENTE tiene conocimiento de una nueva recuperación en el Territorio China Kichá, en la finca Yuwi Senaglö. En un contexto cargado de racismo, de impunidad, de exterminio sistemático de nuestros Pueblos, esta acción en defensa de nuestros Derechos Humanos, es muestra del valor espiritual y corporal de nuestra lucha, confiamos en que son nuestras/os ancestras/os y nuestra Madre Tierra quienes guían nuestro empuje. Todo nuestro apoyo a las hermanas/os cabécar en esta nueva recuperación y desde ya responsabilizamos al Estado/Gobierno de cualquier agresión en su contra.
¡No nos silenciarán! ¡Nuestra voz será escuchada! ¡El Proceso de Afirmación Territorial Autónomo (PATA), acordado desde el 2010 resiste y se extiende! ¡Sergio VIVE en la resistencia de cada recuperación!
Que no quede duda que todos los hechos criminales en nuestra contra se han perpetrado bajo
complicidad de los aparatos del Estado, quedando impunes por: débiles, lentas e insuficientes prácticas de investigación de parte de las Oficinas encargadas del Poder Judicial.
Iremos hasta las últimas consecuencias en el esclarecimiento del ASESINATO de Sergio, así como de tantos otros crímenes y violaciones de Derechos Humanos a nuestros Pueblos.
Para ello ANUNCIAMOS la propuesta de crear el Centro de Derechos Humanos Uniwak, Sergio Rojas Ortiz, al que le buscaremos los recursos humanos, materiales y financieros suficientes para que pueda operar en nuestra representación y a favor de nuestros Derechos Humanos.
¡NO MAS IMPUNIDAD!
#SergioRojasVIVE
#JeryRiveraVIVE
¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!
FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI)
Acompaña: COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA
28 DE SEPTIEMBRE, 2020
Sábado 26 de septiembre 2020. Una vez más el Estado respalda la impunidad: el pasado jueves 24 de septiembre el Poder Judicial publica que desestima el caso del asesinato de nuestro compañero Bribri, del Clan Uniwak, Sergio Rojas Ortiz. Decisión que, supuestamente, se basa en la falta de pruebas y en la imposibilidad de realizar investigaciones judiciales.
Como Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa, autogobierno del Territorio Bribri de Salitre desde 1979, rechazamos la decisión del Poder Judicial. Decisión que más allá de imposibilidades técnicas, se debe a razones políticas: el racismo permanente en el Estado costarricense.
Es la voluntad política, la complicidad con terratenientes y usurpadores lo que arroja al Estado a esta decisión. Para este, las vidas de los Pueblos Originarios no son importantes y por ello, impulsan a la impunidad como la norma en nuestros Territorios.
Lastimosamente, el caso de Sergio no es el único. El Poder Judicial es diligente únicamente cuando se trata de violentar los derechos de los Pueblos Originarios. Por ello, es que en el Territorio Bribri de Salitre avanzan las medidas cautelares contra nuestros hermanos y hermanas recuperadoras que les imposibilitan habitar y trabajar las tierras que les pertenecen según las leyes nacionales e internacionales. Tal es el caso de Minor Ortiz Delgado, del Clan Túbolwak, quién no puede acercarse a su terreno recuperado y quién además debe lidiar con las amenazas de muerte en su contra por parte de Eliodoro Figueroa Uva, Rodrigo Figueroa Uva y Eliodoro Figueroa Díaz. Todos en libertad, a pesar de ser sujetos a investigaciones judiciales por las constantes amenazas y ataques contra Minor Ortiz Delgado y su familia. A pesar de que el 09 de febrero Eliodoro Figueroa Uva disparara a Minor en su pierna, en un intento de homicidio.
Ante ello, no queda más que la reafirmación de nuestra lucha: la recuperación de nuestras Tierras-Territorios, el fortalecimiento de nuestra identidad y cultura así como la profundización de nuestras formas autónomas de Autogobierno. Lejos de detenernos, de dispersamos, el Pueblo Bribri de Salitre continuará fortaleciendo el camino de la autonomía, la tierra y la libertad en memoria de nuestro hermano del Clan Uniwak, Sergio Rojas Ortiz.
Por tanto, el CODIAW EXIGE:
– Al Poder Judicial a que continúe las investigaciones para esclarecer el asesinato de nuestro hermano Uniwak, Sergio Rojas Ortiz. Esto como acción mínima ante el desacato de las medidas cautelares MC-321-12 dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en pro de los Pueblos Bribris de Salitre y Brörán de Térraba.
– La protección a los líderes y lideresas del Pueblo Bribri de Salitre y a los y las recuperadoras de Tierra-territorio; en acato REAL de las medidas cautelares MC-32I-12 que exige la protección de la integridad física y vida de los Pueblos Bribris de Salitre y Brörán de Térraba.
– Un compromiso REAL del Ejecutivo en el impulso de la paz en el Territorio Bribri de Salitre. Paz que solo es posible si las personas no indígenas son DESALOJADAS del Territorio Bribri; medida urgente para el saneamiento territorial. Medida que, reiteramos, es la PRIORIDAD para el Autogobierno de Salitre.
– Que el Ejecutivo tras la concreción de los desalojos, otorgue la posesión al Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wákpa, Autogobierno del Pueblo Bribri de Salitre. Acción que debe ser extensiva a todos los Territorios y Pueblos Originarios: el Ejecutivo debe RECONOCER a las Organizaciones Propias de los Pueblos.
Para más información:
Lesner Tuadiwak
codiawdavedi@gmail.com
Lunes 28 de septiembre 2020. Ejerciendo su derecho humano a la tierra territorio un grupo de 6 familias iniciaron hoy a las 11:26 am la recuperación del terreno «Yuwi Senaglö» que mide 120 hectáreas y está ubicado a un 1 km suroeste del salón comunal.
El terreno era ocupado ilegalmente por Miguel Vargas Mata y anteriormente lo ocupaba la familia cabecar Ramón Ríos Calderón.
Ante la inacción y omisión del Estado de Costa Rica por garantizar el derecho colectivo a la tierra estas familias del Pueblo cabécar decidieron ejercer de forma autónoma este derecho.
Delegadas y delegados de los Pueblos de Salitre, Cabagra, Térraba, Yimba Cajc y Abrojo Montezuma, acompañan esta recuperación.
Los y las recuperadoras de las 5 recuperaciones del territorio de China Kichá manifestamos nuestra oposición a la medida cautelar del tribunal agrario que ordena el desalojo de personas recuperadoras de Kono Jú y consideramos que dicha resolución es contraria a la ley y los derechos humanos de los Pueblos Originarios.
También expresamos nuestro total repudio y rechazo de la decisión del Ministerio Público de archivar el caso del asesinato por razones políticas del compañero Bribri Sergio Rojas Ortiz, del Clan Uniwak.
Recordamos al Estado de Costa Rica su obligación y responsabilidad de garantizar la vida e integridad de todos las y los recuperadores de China Kicha y sus acompañantes.
¡No Al Desalojo De Kono Jú!
Recuperador@s de Kerpego.
Recuperador@s de Kono Jú.
Recuperador@s de Sá Sekeirö Kaska.
Recuperador@s de Sá Ka Duwé Senagló.
Recuperador@s de Yuwi Senaglö.
Asociación de Desarrollo Integral de China Kichá
