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Comunicado de FRENAPI:

A LAS AUTORIDADES, COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

Los Pueblos Indígenas de Costa Rica, conocedores de nuestros derechos, decidimos emprender las recuperaciones en nuestros Territorios. Vemos cómo avanza impunemente la usurpación por parte de No Indígenas, mientras que el Estado no acelera los procedimientos que llevan décadas de atraso. Esta es la causa por la cual desde hace años, vivimos en zozobra, bajo constantes amenazas y agresiones a nuestra integridad física, nuestras culturas y nuestras Tierras/Territorios.

El PROCESO DE AFIRMACIÓN TERRITORIAL AUTÓNOMA (PATA) es el resultado de una acción que hemos emprendido ante la omisión estatal, recordando que las recuperaciones de Tierra/Territorio, tomaron fuerza después del desalojo violento en la Asamblea Legislativa, el 10 de Agosto del 2010 -Día Internacional de los Pueblos Indígenas-, contra 27 líderes indígenas (mujeres y hombres) quienes en el Salón de Beneméritos de la Patria, esperamos respuesta de “Aprobación o Archivo” del Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas #14.352 El pasado lunes 24 de febrero del 2020, se visibilizó una vez más el alto nivel de violencia en nuestros Territorios, con el ASESINATO de JHERY RIVERA RIVERA, compañero indígena Brörán, recuperante y Defensor de Derechos Indígenas. El FRENAPI, tres días antes de este ASESINATO había emitido una ALERTA TEMPRANA sobre la movilización y organización de personas usurpadoras en Tierras Indígenas, quienes fueron alentadas por directivos de las Estatales ADIs (Asociaciones de Desarrollo Indígenas) y miembros de instituciones como Iglesias y la Municipalidad.

A pocos días del 18 de marzo, día en que se cumple un año del ASESINATO del compañero Sergio Rojas Ortiz, Bribri Uniwak de Salitre, miembro del Consejo de Autoridades Propias Cuidadores de la Madre Tierra (Ditsö Iriria AjKönuk Wapka de Salitre), además fundador y miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas – FRENAPI. Salitre, Defensor de Derechos Humanos; continuamos bajo el asedio, intimidación, amenazas y agresiones contra nuestra integridad y la de nuestras Tierras/Territorios.

En días pasados, a partir del martes 26 de febrero del 2020, en Crun Shurin -tierra indígena recuperada en Térraba-, se iniciaron quemas maliciosas que han ocasionado daños irreparables a la Madre Tierra, a nuestras plantaciones, casas, estructuras agrícolas, y nuestra espiritualidad, ya que los bosques son todo para nuestros Pueblos (medicina – alimento – lugares sagrados).

Desde que iniciamos nuestras luchas por Derechos y Recuperación de Tierras, hemos recibido amenazas de muerte. Algunas/os compañeras/os de lucha como Pablo Sibar Sibar, Vicky Lezcano Ortiz, Robert Morales Villafuerte –recuperantes Brörán en Crun Shurin (Térraba), Pablo y Vicky miembros de la Coordinación Nacional del FRENAPI- y Clarita Quiel Torres –recuperante Bribri en Nima Dikol (Cabagra), también parte de la Coordinación Nacional de este Frente-, han sido objeto directo de persecución racista y amenazas de muerte, incluso desde Páginas manejadas tras el cobarde anonimato en Facebook, como es el caso “Verdades de Salitre”, “Brunca T.V” y “Campesinos de Buenos Aires”, todas colmadas de calumnias, insultos, incitaciones no sólo al asesinato, sino a la tortura de los cuerpos de nuestras/os compañeras/os.

Ante la escalada de una violencia sistemática contra los Pueblos Indígenas en Costa Rica, somos testigos de los tumultos de centenares de usurpadores/as No Indígenas, que con sus matones, descaradamente y ante la presencia policial, nos han atacado, como fue el caso contra el compañero Pablo Sibar Sibar y otras/os compañeras/os recuperantes, cuando el pasado 23 de febrero del 2020, en Finca Recuperada “Cancha Rayada”, San Antonio de Térraba, con pedradas y agresiones al vehículo, con fajas y otros objetos, “arriaron a las/os compañeras/os indígenas”, en una escena colonial de “encomiendas y linchamientos esclavistas”.

Estos últimos 15 días, las/os finqueras/os permanecen y circulan, en nuestros territorios, con sus vehículos de doble tracción, maquinaria pesada y armas, que utilizan para amedrentar, amenazar y agredir a las familias indígenas. Ejemplo de ese “control” territorial, es lo sucedido el 06 de marzo 2020, cuando atravesaron una “vagoneta” y vehículos pesados en la entrada al Territorio Cabécar de China Kichá, impidiendo el paso de la policía, con lo que “cercaron” a las/os compañeras/os de las Fincas Recuperadas ahí, al momento de emitir este Comunicado, la tensión en la zona permanece y la violencia se mantiene.

El sábado 07 de marzo del 2020, en medio de los asedios y amenazas en varios Territorios Indígenas, grupos de terratenientes, acompañados por líderes locales de iglesias, comerciantes y empresarios, así como miembros de la Municipalidad, organizaron una “Marcha por la Paz en Buenos Aires”, siendo que esos mismos grupos y dirigentes, son parte desde hace más de 15 días de reuniones que apoyan, sin disimulo, a personas usurpadoras NO Indígenas de mala fe en sus acciones delictivas violentas. Una Marcha organizada y patrocinada por sectores promotores y activadores del Conflicto violento, una Marcha plagada de mensajes racistas y en contra de los Derechos Indígenas; ¡Claman por la paz de los cementerios! Maliciosamente se ha pretendido responsabilizarnos de una lucha violenta, sin embargo, son nuestras/os compañeras/os las/os que han sido asesinados, agredidas/os, son nuestras compañeras las que son amenazadas con perder a sus hijas/os, es nuestra Madre Tierra la que ha sido quemada, talada, usurpada.

Somos nosotras/os quienes asumimos esta lucha con la claridad de que las alternativas armadas y violentas NUNCA serán la solución, sino el destino de los Pueblos sin creatividad, sin amor a la Vida y sin la identidad ancestral.

Desde hace 5 años se vienen implementando “Diálogos” con Comisiones de Trabajo, del Estado/Gobierno costarricense con los Pueblos Indígenas, con propuestas que van y vienen. En tres ocasiones se han hecho Acuerdos, sin embargo, el resultado es un aumento de la usurpación, el arrebato, el racismo, la humillación, las agresiones, el asesinato y la impunidad.

Nuestras Tierras/Territorio, según los Artículos 2, 3 y 4 de la Ley Indígena N°6172 de 1977, pertenecen “a las comunidades, siendo esa posesión exclusiva de las personas que las habitan, además son intransferibles, inalienables (no se comercian), imprescriptibles (no se puede alegar derecho por el paso del tiempo); y agrega la Ley, que los contratos o negocios con NO Indígenas son ABSOLUTAMENTE NULOS”. Los Tribunales de Costa Rica (Agrarios y Contencioso) han establecido que los NO Indígenas que posean de Buena fe, pueden ser indemnizados, estableciendo “REQUISITOS – CONDICIONES” para esa Buena Fe, que otorga el derecho único a ser indemnizados, siendo que la mayoría de las/os usurpadores NO LOS CUMPLEN, por eso su violencia y su arrebato. Somos las/os únicas/os cuidadoras/es originarias/os de esta Madre Tierra y no renunciaremos a luchar por ella, derecho ancestral y actual según las leyes de Costa Rica e Internacionales.

Exhortamos a este Estado/ Gobierno a darle vida al artículo 2 del Convenio 169 de la OIT para que asuma la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los Pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de los Pueblos Indígenas en Costa Rica. Ahora en especial, tener en cuenta el artículo 17 del mismo Convenio en cuanto a respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos.

Apelamos a una justa interpretación del marco legal correspondiente, para que las soluciones que ejecute el Estado /Gobierno costarricense, NO permitan la indemnización de las personas poseedoras de mala fe, que no cumplen con los requisitos legales establecidos. Lo contrario representaría un estímulo para nuevas usurpaciones bajo la promesa de que un hecho delictivo, que “además de quedar impune, queda indemnizado”.

Exigimos la real aplicación de las Medidas Cautelares, establecidas por la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) el 30 de abril del 2015 (MC 321–12–2015) a favor de los Territorios de Salitre y Térraba para garantizar la vida y protección integral para las personas miembros de ambos Pueblos.

Debe el Estado/Gobierno costarricense asumir con seriedad y prontitud la aplicación de estas Medidas, las cuales nos cubren a TODAS/OS las/os indígenas de Salitre y Térraba. Las autoridades estatales, han pretendido la “protección” individual de personas, impulsándoles a salir del territorio, indicando al resto de recuperantes que la ÚNICA manera de protegernos es abandonar las Tierras en recuperación. Estas intenciones están lejos de ser acciones efectivas para la aplicación de las Medidas Cautelares ordenadas.

Al Estado/Gobierno costarricense le decimos, que no nos traten como ingenuas/os. Tenemos claros nuestros derechos, y sabemos que, para la aplicación de estas Medidas, desplazarnos de nuestro Territorio NUNCA será una alterativa legitima; la intención de aparentar proteger solo a algunas/os compañeras/os, es un juego que respalda un discurso público, desprotegiendo al resto de las comunidades. Para proteger nuestra integridad territorial, cultural, espiritual y personal, no podemos abandonar, ni a la Tierra ni a nuestras/os hermanas/os de lucha. En nuestro movimiento no hay privilegiados/as, TODAS/OS por igual necesitamos y tenemos derecho a protección y respeto de nuestros derechos.

Llamamos la atención y DENUNCIAMOS de igual manera, las amenazas y campañas de odio, hacia compañeros/as, integrantes del Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena, al igual que otras organizaciones solidarias con la lucha indígena, lo que sumado a los recientes “reportajes – campañas racistas” de Medios de “Comunicación”, como Telenoticias de Teletica, Extra, Noticias Repretel, entre otros, promueven persecución y criminalización de Defensoras/es de Derechos Humamos, en un Conflicto que pasa de lo local en el Sur del país a un Conflicto de carácter nacional e incluso internacional, al ser un conflicto con patrones que se replican en la región latinoamericana.

Responsabilizamos al Estado/Gobierno de Costa Rica, por las situaciones nuevas que puedan sobrevenir, en especial en los Territorios afectados con la violencia directa como son Salitre (Bribri), Térraba (Brôrán), China Kichá (Cabécar), Cabagra (Bribri), en que las personas agresoras siguen acechando y amenazando; igualmente deben las instancias gubernamentales correspondientes, investigar las “Páginas/Perfiles” en Redes Sociales aquí mencionadas, por su contenido racista, con incitaciones directas al odio, y sentar las responsabilidades legales. Esperamos que el nuevo Viceministro de la Presidencia, Randall Otárola, pueda obtener el respaldo necesario, para que se cumplan los Acuerdos y Propuestas de Solución al Conflicto, que como él dice, es “deuda histórica con estos Pueblos, que debe repararse lo más pronto”, con respeto de los derechos que existan.

Llamamos a la Comunidad Internacional y a los Organismos de DDHH de la ONU y del Sistema Interamericano de DDHH, a estar pendientes de esta situación de violencia grave en que nos encontramos los Pueblos Indígenas en Costa Rica, y les solicitamos dirigirse a las Embajadas de nuestro país, a los representantes diplomáticos y a los miembros de los Poderes del Estado de Costa Rica a solicitar que se emprendan acciones concretas prontas e integrales, para impedir nuevas agresiones y nuevos asesinatos, y de igual manera se inste a desmontar los grupos violentos que impiden el ejercicio de Derechos Humanos, sin que queden en la impunidad, como hasta ahora lo están.

El FRENAPI, una vez más hace un llamado al Estado/Gobierno costarricense a realizar acciones concretas y oportunas, que atiendan este Comunicado, desde el marco de Derechos de los Pueblos Indígenas.

¡Nuestros Pueblos merecen vivir en Paz!
¡JUSTICIA YA!
¡NO MAS IMPUNIDAD!
SERGIO Y YERI VIVEN
¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!
#SergioRojasVIVE
#YeriRiveraVIVE

FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI)
Acompaña: Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena
9 DE MARZO, 2020

Doctor Marcos Guevara, antropólogo.

Don Salomón Ortiz, presidente de la Asociación de Desarrollo del Territorio Indígena de Salitre, en declaraciones al Diario Extra del 9 de marzo de 2020, achaca la conflictividad que se ha vivido en su comunidad a “grupos externos que vienen especialmente de la capital y nos hacen ver solo nuestros derechos, nos meten las ideas de reclamar a través de la violencia”. Dice luego que se trata de organizaciones no gubernamentales (ONG) y de universidades públicas.

Estas declaraciones, producto de una entrevista, me motivan a hacer algunos comentarios. Coordino un grupo de investigadores de la Universidad de Costa Rica de diferentes disciplinas y nuestro objeto de estudio es, casualmente, la conflictividad en territorios indígenas de Buenos Aires. Imposible no sentirse aludido.

Pero los académicos no inventamos el conflicto, lo constatamos, porque es palpable, existe sin necesidad de nosotros, sale en las noticias recurrentemente. Hasta la Wikipedia en internet tiene una entrada sobre “enfrentamiento étnico en Salitre”. Y es un tema complejo que hunde sus raíces en los tiempos de la Colonia, tiene manifestaciones históricas, geográficas, sociológicas, políticas, cuyo estudio nos ha parecido importante, no solo para entender su origen, sino para comprender los aspectos que cualquier propuesta para atenderlo debe considerar. Algunos de los hallazgos hasta los hemos compartido con la Asociación de Desarrollo de Salitre y hemos recibido manifestación de interés al respecto, como don Salomón bien sabe.

El conflicto no es nuevo, si bien desde hace unos años atrás se evidencia de manera violenta hasta llegar al lamentable asesinato de Sergio Rojas en marzo de 2019, replicado en Térraba hace unos días con el de Jehry Rivera. Dos crueles asesinatos en menos de un año.

El asunto de las llamadas “recuperaciones” no es resultado de una incitación de personas de universidades públicas o de ONG. Es la consecuencia, no la causa, de un problema que tiene más de 40 años y que tiene por nombres “desaplicación legal”, “conculcación sistemática de derechos humanos” y hasta “racismo”, que igualmente se manifiesta en desinterés del Estado por atender sus obligaciones, desinterés del primer poder de la República por actualizar leyes que implementen los instrumentos de Derechos Humanos que el país suscribe. Los universitarios no hacemos ver los derechos, están contenidos en normas que la Asamblea Legislativa promulgó y resultaron de exigencias sociales. El mismo don Salomón califica como “importante” que se firmara la Ley Indígena en 1977. Entonces ¿para qué decir que los universitarios “nos hacen ver nuestros derechos” si, como da a entender la entrevista, él mismo fue parte de la creación de esa norma?

El tema de la visita del Sr. Rector de la Universidad de Costa Rica y su comitiva, que refiere don Salomón diciendo que “gente violenta los emboscó por un rato”, amerita recordar quiénes son los que han ejercido actos violentos en esta región. Hasta donde hemos podido entender la situación, no son personas indígenas las que han ejercido la violencia y las llamadas “recuperaciones” se han hecho pacíficamente en tierras en las que no han tenido que sacar a la fuerza a ninguna familia pobre no indígena, sino en predios que responden a adquisiciones producto del engaño y la brutalidad, donde no habita nadie, han deforestado y han metido ganado. Quienes han despojado a indígenas de sus tierras de forma fraudulenta y hasta usando la fuerza son parte de esa “gente violenta” que refiere don Salomón, esa es la verdad.

Comprendemos, y hasta hemos podido consignar, con nuestras investigaciones, que hay personas no indígenas que posiblemente usurpen tierras indígenas sin haber comprendido la ilegalidad de sus adquisiciones y sin haber intentado engañar a nadie. Comprendemos también que el Estado, al desaplicar la Ley Indígena que debía indemnizar a no indígenas que ya estaban en esas tierras cuando se promulgó, agravó la situación y es por eso, en una gran parte, responsable de la situación. De acuerdo al entendimiento que hemos logrado de la situación de Salitre y otros territorios indígenas de Buenos Aires, la solución propuesta ahora por el gobierno nos parece deficiente. El trabajo del INDER de censar fincas no indígenas para después definir a quiénes se aplica la indemnización tendrá efectos adversos, pues una gran cantidad de ocupantes no indígenas (para no decir mayoría) no está a derecho. Pero, además, la forma en que se están definiendo derechos de algunos de estos ocupantes, mediante “certificados” de ser indígenas o poseedores de buena fe por parte de organizaciones muy cuestionables, da a pensar que el plan del INDER tiene algunos vicios insalvables. Ojalá me equivoque.

Aunque este no sea un “derecho de respuesta”, pues el Diario Extra solo consigna declaraciones de don Salomón, apelo a su buena fe para publicar mi comentario haciendo notar que el titular de esas declaraciones, “Universidades públicas y ONG son los culpables”, incita a una lectura desafortunada de las palabras del dirigente de Salitre.

En medio de la confusión, la frustración, cólera quizás, es fácil acusar a terceros de problemas que tienen causas estructurales y no coyunturales. Resulta muy cómodo que las universidades públicas, en los enfrentamientos que se han producido en estos días en Buenos Aires y en las palabras que ha generado, se conviertan en “chivo expiatorio”, una forma de distraer a todo el mundo sobre la urgente reflexión que se debe hacer sobre la conflictividad en territorios indígenas, una forma de disimular la violencia de quienes atacan, asesinan, queman las fincas, amenazan y portan armas, como si fuera una demostración por sus derechos. Los victimarios siempre justifican sus crímenes haciéndolos parecer como justos.

Las universidades investigamos con seriedad. Tomamos criterio de todas las partes, analizamos, establecemos conclusiones ponderando muchas facetas de esa realidad. Nuestros hallazgos son refutables, prueba de un proceder acorde con la ciencia. Pero para refutar hay que aportar argumentos que demuestren lo contrario. Es lo que no veo. Hay información que puede molestar a algunas personas, eso no la hace menos urgente, todo lo contrario.  A don Salomón lo estimo y respeto, no lo increpo con mi comentario pues creo que lo que señaló el titular que recoge sus palabras no refleja su capacidad de producir un análisis más integral de la situación.

Conflictividad y violencia contra los pueblos indígenas en la Zona Sur de Costa Rica y en Latinoamérica, es el tema del programa Voces y Política de este miércoles 4 de marzo en Radio Universidad.

SURCOS recibió este “Posicionamiento de organizaciones y grupos de Derechos Humanos, Movimientos Sociales, colectivas feministas y autoconvocadxs”. Se invita a leer el comunicado, y si está de acuerdo, firmar y compartir. Para ello siga el enlace que se encuentra al final del texto que transcribimos.

El pasado 24 de febrero la violencia racista nos arrancó a otro líder indígena y defensor de derechos humanos, esta ocasión fue Jerhy Rivera Rivera en su territorio ancestral Brörán, sumando dos asesinatos políticos cubiertos en impunidad por un Estado racista y omiso a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT referente a los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales. El asesinato de Jerhy ocurrió al ser las 10:30 p.m. del lunes 24 de febrero del 2020, en China Kichá en Térraba y en el marco de una legítima recuperación del territorio originario.

El asesinato de Jerhy fue a escasos días del primer aniversario de completa impunidad de la muerte del líder Bribri Sergio Rojas Ortiz miembro fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y del Consejo Ditsö Iriria Ajkonük Wakpa (CDIAW/Defensores de la Madre Tierra). Ambas ausencias jamás podrán ser sanadas pero nos recuerda a las personas que luchamos por el respeto y vivencia de los derechos humanos, ¡no podemos permitir más impunidad ni tampoco más víctimas!

El Estado y el Gobierno de Costa Rica son responsables del irrespeto del uso de las tierras ancestrales, violentando el Convenio 169 de la OIT. La somnolencia del Poder Legislativo para la creación de una Ley de Autonomía Indígena se ha mantenido por décadas permitiendo solapadamente la usurpación y violación de derechos humanos de estos pueblos. Por eso, es que los grupos de recuperadorxs indígenas hacen valer su legítimo derecho no solo consuetudinario sino desde instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales. Asímismo, la violencia institucional se prolonga desde los gobiernos locales, Fuerza Pública y otras instancias que han amedrentado a las recuperadoras y recuperadores con acciones tan sensibles como no procesar denuncias de la misma violencia que viven o la dudosa imparcialidad del sistema judicial en la Zona Sur.

El Gobierno de Carlos Alvarado Quesada, y su antecesor Luis Guillermo Solís Rivera, son responsables directos de los asesinatos de ambos líderes indígenas por su inoperancia en la aplicación de las Medidas Cautelares (MC-321-12) establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 30 de abril del 2015 en los territorios de Salitre y Térraba, áreas geográficas donde acontecieron los crímenes. Ambos gobiernos, a sabiendas del peligro de corren lxs defensorxs indígenas, han hecho caso omiso de sus denuncias en las instituciones respectivas.

Tampoco debemos ignorar el papel de los medios de comunicación comerciales que han puesto en duda o deslegitimado el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales, promoviendo un discurso racista y falaz ante una población poco informada sobre la lucha y resistencia, en un contexto en que el cerco mediático está completamente controlado por los intereses económicos, sin hacer prevalecer el derecho humano a la comunicación e información en el uso del espectro radioeléctrico el cual falta hacerlo democrático en Costa Rica. Vale señalar los reportajes malintencionados y parcializados de Teletica que se transmitieron semanas antes y que, a pesar de que grupos organizados de recuperadorxs y de líderes y lideresas indígenas solicitaron derecho de respuesta, este fue negado. Ignacio Santos como director de Telenoticias y todo su equipo de producción son co-responsables de la muerte de Jerhy Rivera Rivera, líder indígena Bröran y defensor de la Tierra y el mundo entero debe saberlo.

También, denunciamos la violencia que viven las mujeres recuperadoras, quienes por amenazas de violencia sexual y contra sus vidas no pueden salir a trabajar sus tierras para comer, ni enviar a sus hijxs a la Escuela o al Colegio; como en el caso de Térraba, por el acoso que viven por parte de peones y terratenientes quienes se hacen presentes en el trayecto. Las recuperaciones han sido exitosas gracias a las mujeres indígenas, quienes son las que se mantienen defendiendo su cuerpo-territorio y su autonomía con valentía y compromiso. De ellas también se olvidan, y son ellas quienes ponen su existencia entera para defender cada una de las recuperaciones realizadas.

En Costa Rica se vive la vulnerabilidad del peligro ante la vida de las personas defensoras de derechos humanos. El año anterior, la Asamblea Legislativa no quiso continuar con el texto del proyecto de ley 19.610 “Ley para la Protección de los Activistas a favor de los Derechos Humanos”, despojando a la población de una pequeña protección y reconocimiento del trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos dentro del Estado de derecho.

Las organizaciones, grupos, movimientos y autoconvocadxs aquí firmantes, expresamos nuestra indignación, malestar y preocupación, ya que al cumplirse 3 años del gobierno de Carlos Alvarado Quesada la aplicación de las medidas cautelares establecidas por la CIDH y la exigencia de los grupos indígenas organizados que exigen el saneamiento territorial y su plena autonomía. La violencia continúa impune y se siguen sumando muertes de defensores de derechos humanos. Por eso, gritamos con rabia e indignación ¡Basta YA! Basta de racismo, olvido, clasismo y cualquier otra violencia que rodee el legítimo derecho a la autonomía de los pueblos indígenas. ¡Basta ya de medios de comunicación racistas y complacientes a los grandes terratenientes y amistades en el gobierno! ¡Basta ya de asesinatos políticos de defensores de derechos humanos!

¡Justicia para Sergio Rojas, Jerhy Rivera y los Pueblos Originarios! Protección a todas las personas recuperadoras de sus territorios ancestrales. ¡Autonomía Indígena YA!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffLnxgNTDPNO1Dj2Z_9Lwova2WxqK-gm8giz9AjB3PwiE7TQ/viewform

Enviado a SURCOS por Alberto Gutiérrez Arguedas.