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Etiqueta: territorios indígenas

ALERTA de FRENAPI sobre amenazas y asedio a comunidad indígena Maleku, al Norte de Costa Rica

ALERTA TEMPRANA

Amenazas y asedio de finqueros en Conflicto por Tierras/Territorio en Comunidad Indígena Maleku, al Norte de Costa Rica

A los Organismos Regionales y Universales de Derechos Humanos
A las Organizaciones, Iglesias y Movimientos Sociales que trabajan por DDHH
A la opinión pública nacional e internacional

El día de ayer domingo 12 de julio del 2020, este Frente recibió la Acción Urgente, difundida por la Comisión Coordinadora y Facilitadora (COCOFA) del Congreso Indígena Nacional (COIN), en que informa de “amenazas de agresión por parte de finqueros No Indígenas, que se reclaman “dueños” de las al menos 5 Fincas recuperadas por familias Indígenas Malekus desde el pasado 09 de julio”. Al día de hoy, FRENAPI tiene información de que son 7 Fincas las recuperadas, lo que representa la mayor cantidad de fincas recuperadas simultáneamente en un Territorio Indígena, distribuidas en varios lugares del Territorio Maleku, entre los Palenques Margarita y Tonjibe, Camino Silencio, Curirre y Viento Fresco, lo que indica que la Comunidad entera se ve involucrada.

El Territorio Maleku es uno de los 24 Territorios, ocupados por los 8 Pueblos Indígenas en Costa Rica, una mayoría de sus habitantes (Malekus) conservan su lengua, espiritualidad y tradiciones ancestrales; sin embargo, es uno de los Territorios más afectados por la invasión, usurpación y explotación ilegal y devastadora de los recursos naturales, por parte de inescrupulosas/os, que han aprovechado las circunstancias de las barreras culturales, para hacer “negocios fraudulentos” y apropiarse de esas tierras indígenas en contra las Leyes costarricenses e instrumentos internacionales.

La Acción Urgente de la COCOFA-COIN, dio cuenta de la rápida presencia de personeros del Gobierno, los días 10 y 11 de julio del 2020 en la zona, buscando manejar el conflicto, dando como la propuesta a las familias recuperantes, “quedarse de cuidadores de las fincas y del ganado de las/os finqueras/os” (según se informa en la Acción Urgente del COCOFA-COIN), hasta que encuentren las soluciones, en el entendido de que el Plan Oficial de Recuperaciones de Territorios Indígenas (RTI), se encuentra desfinanciado y no ha logrado en 5 años resolver la violenta conflictividad por Tierra/Territorio en las Comunidades Indígenas al Sur del país, que tienen más de 12 años de haber iniciado las recuperaciones directas de Tierras/Territorio, ante la inoperancia y abandono del Estado/Gobierno y el fracaso de múltiples Mesas de Diálogo y Acuerdos de soluciones incumplidos, por los últimos 4 Gobiernos.

El Proceso de Afirmación Territorial Autónomo (PATA), impulsado por FRENAPI, provocó respuestas violentas por parte de las personas usurpadoras, con la complicidad directa e indirecta de funcionarios del Estado/Gobierno, incluyendo al Poder Judicial y otros actores locales y nacionales como la Municipalidad y algunos Medios de Comunicación; violencia que llegó a su máximo nivel con el asesinato del líder indígena bribri Uniwak Sergio Rojas Ortiz, del Territorio de Salitre, miembro Coordinador del FRENAPI el 18 de marzo del 2019, y más reciente el asesinato de Jery Rivera Rivera, Brôrán del Territorio de Térraba, ambos Territorios con Medidas Cautelares por la Comisión Interamericana (CIDH), desde el 30 de abril del 2015, en razón de la violencia sostenida, sistemática e impune que se desarrolla y se escala cada día contra estas Comunidades al Sur de Costa Rica.

Desde el FRENAPI, lanzamos ALERTA TEMPRANA, ya que las amenazas recibidas por las familias Malekus recuperantes, dan cuenta de una posible agresión, al observar el modus operandi de los NO Indígenas, aprendido en las experiencias de la violencia organizada por las personas finqueras usurpadoras del sur, junto a otros actores locales: aprovechan la noche, fines de semana y feriados, las distancias geográficas, la negligencia policial y para el momento, hasta las medidas restrictivas por la pandemia, que pueden jugar a su favor, con graves y conocidos resultados.

Las Autoridades del Gobierno y Poder Judicial, deben actuar oportuna y preventivamente, evitando el incremento de esta violencia directa y sistemática, por los graves e irreparables daños en la vida, la salud y los bienes de las Comunidades indígenas; para nuestros Pueblos la Tierra tiene un valor productivo – económico, de subsistencia y un valor cultural – espiritual. El Estado/Gobierno debe aplicar las Leyes y los Tratados Internacionales para proteger los intereses y Derechos Humanos Indígenas, que es su primera responsabilidad, impidiendo el desalojo y más agresiones a quienes por derecho propio y ancestral, hemos recuperado Tierra/Territorio, como cuidadoras/es que somos de esta Madre Tierra.

El FRENAPI reitera que la Lucha por la Afirmación Territorial Autónoma continuará hasta sanear todos los Territorios Indígenas y estos pasen a manos de las Comunidades que los habitan (Art.3 de la Ley Indígena N° 6172).

La Comunidad Internacional, Organismos de DDHH y las Organizaciones Sociales, tienen conocimiento de las graves violaciones a los DDHH de nuestros Pueblos, por lo que les solicitamos interceder ante el Estado/Gobierno Costarricense para que se actúe con prontitud, impidiendo que las personas finqueras usurpadoras e invasoras, continúen su ocupación ilegal en el Territorio Maleku y en los demás Territorios Indígenas en Costa Rica, que es una de las causas de mayor enfrentamiento violento en nuestras Comunidades.

Al Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena –ODHAIN-, le solicitamos integrar una nueva Misión de Observación, por los medios posibles en las circunstancias actuales, a efecto de observar, constatar, documentar e informar sobre la situación de nuestros Pueblos, en especial lo que ocurre en las Comunidades que se encuentran amenazadas y acechadas por la violencia, en razón de las Recuperaciones de Tierra /Territorio.

No queremos más violencia, queremos Paz y respeto por nuestros Derechos, no pedimos nada a lo que no tengamos derecho; el Estado/Gobierno debe cumplir las Leyes y los Tratados suscritos y ratificados y por eso debe detener las agresiones, los despojos de nuestras Tierras Ancestrales, las invasiones de No Indígenas y ejecutar la orden para que estas personas se salgan de nuestras Tierras/Territorios; debe haber justicia pronta y cumplida ante las violaciones ocurridas en contra de nuestros Pueblos y que no queden en la impunidad. Ante la situación informada, bajo ALERTA TEMPRANA, responsabilizamos al Estado/Gobierno costarricense de cualquier agresión en contra de las familias recuperantes malekus y nuestra contra.

¡NO MÁS IMPUNIDAD!
SERGIO Y JERY VIVEN
¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!
#SergioRojasVIVE
#JeryRiveraVIVE

FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI)
Acompaña: COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA
13 DE JULIO, 2020

Correo: frenapicostarica@gmail.com Facebook: FRENAPI-Costa Rica

Finqueros amenazan con agresiones a indígenas malekus

Conflicto de tierras/territorio

La Comisión Coordinadora y Facilitadora del Congreso Indígena Nacional – COCOFA / COIN, emite la presente ACCION URGENTE ante la Comunidad Nacional e Internacional, sobre la situación de un nuevo y reciente conflicto por tierras en el Territorio Indígena Maleku, al norte del país, en el Cantón de Guatuso, fronterizo con Nicaragua.

La situación se ha tornado muy tensa, a raíz de las amenazas de agresión por parte de finqueros/as NO Indígenas, que se reclaman “dueños” de al menos 5 fincas recuperadas por familias Indígenas Malekus desde el pasado 09 de julio del 2020 a la fecha. Las fincas están ubicadas en diferentes zonas del Territorio entre Palenques Margarita y Tonjibe, Camino Silencio, Curirre y Viento Fresco.

Este conflicto es de muchos años, además de ser uno de los heredados por la Conquista hace más de 520 años. Algunas de estas Fincas fueron “adquiridas” hace pocos años, por NO Indígenas, a través de negocios que la misma Comunidad Maleku ignora.

El Gobierno envió desde ayer 11 de julio del 2020 un grupo de funcionarios, encabezados por el viceministro de la Presidencia para el Diálogo y Encargado de los Asuntos Indígenas, Randall Otárola, que según se informó, se reunieron ayer mismo con autoridades Municipales y los/as Finqueros/as, hoy han visitado las Recuperaciones.

Las propuestas del Gobierno son que las personas indígenas recuperantes malekus se queden en las fincas “sin tocar nada”, o sea “cuidando las fincas de los No Indígenas usurpadores” mientras se buscan soluciones, como el Plan de Recuperación Territorial Indígena (RTI), que el Gobierno ha impulsado en la Zona Sur desde hace 5 años sin resultados positivos, más bien en los últimos 18 meses han asesinado a dos indígenas, como parte del conflicto de Tierras en Salitre (Sergio Rojas Ortiz) y en Térraba (Jery Rivera Rivera).

En Maleku los/as finqueros/as están amenazando con acciones violentas, se encuentran cerca de las recuperaciones y con la experiencia de las otras agresiones a comunidades indígenas, es posible que esperen la noche y aprovechándose de las medidas de restricción vehicular a causa de la pandemia, pretendan atacar a las familias recuperantes.

La Ley Indígena establece que “los Territorios Indígenas son inalienables, intransferibles y exclusivos de las comunidades indígenas que las habitan (Art. 3º.), por lo que ningún NO Indígena puede alegar posesión o propiedad de tierras indígenas, con pocas y muy restringidas salvedades, de quienes adquirieron antes del Decreto de Reconocimiento del Territorio Indígena o antes de la Ley Indígena 6172 de 1977.

Las acciones violentas que se puedan generar, serán responsabilidad del Estado/Gobierno costarricense, que tiene la obligación de sanear los Territorios y garantizar los Derechos Indígenas, así como la paz y la tranquilidad de nuestras comunidades en todos los Pueblos Indígenas en Costa Rica.

Comisión Coordinadora y Facilitadora -COCOFA-
CONGRESO INDIGENA NACIONAL -COIN-
Costa Rica, 12 de julio del 2020

Experta de la ONU: “Impunidad impide protección efectiva de las personas defensoras indígenas”

GINEBRA (8 de junio de 2020) Una experta de la ONU expresó hoy su grave preocupación por las vidas de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, que están siendo atacadas en Costa Rica, añadiendo que la impunidad y la falta de rendición de cuentas están provocando una prolongación de la violencia en contra de los defensores en el país, a pesar de algunas medidas positivas adoptadas por el Gobierno.

Costa Rica ha experimentado un auge en ataques contra líderes indígenas desde el asesinato del líder indígena Bribri, Sergio Rojas, en marzo de 2019, el cual trabajó durante décadas para defender los derechos de los pueblos indígenas frente la ocupación ilegal de sus territorios.

“Hoy, más de 14 meses más tarde, todavía no está claro si las autoridades se encuentran más cerca de identificar a los responsables” dijo la experta de la ONU Mary Lawlor, la nueva Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

La experta dijo que otros ataques contra personas defensoras de los derechos humanos habían quedado parcialmente o totalmente impunes y “hasta que haya investigaciones adecuadas, y rendición de cuentas por estos crímenes, podemos ser testigos de más intimidación, agresiones y muerte”.

Un cambio en la ley de Costa Rica en 1977 estableció un marco legal para la redistribución de la tierra indígena ancestral ocupada por personas no indígenas pero la implementación de la ley ha sido lenta, y los líderes indígenas han realizado requisiciones pacíficas de las tierras para devolverlas a los pueblos indígenas. Esto ha provocado una reacción considerablemente violenta por parte de los ocupantes no indígenas de la tierra.

Mientras que el Gobierno de Costa Rica ha incrementado la presencia de la policía en las comunidades afectadas, las investigaciones de la policía siguen inadecuadas o inconclusas. Como consecuencia, tanto las víctimas como sus familiares siguen amenazadas por los presuntos perpetradores.

Desde el asesinato del líder indígena Yehry Rivera el pasado febrero, por ejemplo, su familia ha sido amenazada e intimidada repetidamente por la familia del perpetrador, que a menudo pasa por su tierra, sosteniendo una machete en la mano.

Pablo Sibar, un defensor de los derechos humanos del mismo pueblo Broran que el Sr Rivera, también ha sido intimidado y sometido a ataques incendiarios que todavía no han sido investigados.

Minor Ortíz Delgado, un defensor indígena de la tierra, de la misma comunidad Bribri que el Sr. Rojas, recibió un balazo en la pierna en marzo. El perpetrador, que fue liberado y recibió medidas de restricción, ha vuelto amenazar de muerte al Sr. Ortíz y su familia.

“Parece que los perpetradores de las intimidaciones, amenazas, disparos y asesinatos frecuentemente andan sueltos cuando sus víctimas son personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, dijo la Relatora Especial.

La impunidad aumenta el impacto de violaciones de los derechos humanos, ya que se envía un mensaje de falta de reconocimiento de su función en la sociedad y ello implica una invitación para seguir violentando sus derechos.

El llamamiento de la Sra. Lawlor ha sido respaldado por el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Sr. Francisco Cali Tzay.

Los expertos están haciendo un seguimiento del tema con las autoridades costarricenses.

 

Compartido con SURCOS por Gustavo Cabrera y por Henry Picado.

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¿Qué pasa con la legalidad en los territorios indígenas?

Miguel Sobrado

El derecho de las comunidades indígenas

En la década de los 50 se empezaron a alzar las voces para acabar con la invasión violenta de las tierras de los indígenas. Se tomaron entonces las primeras medidas legales de protección, pero esto fue solo en el papel. El despojo de las tierras y el maltrato continuaron, cohonestadas por las autoridades que dieron prioridad a los colonos sobre la población originaria. Yo fui testigo de estos atropellos, e incluso tengo una copia, que me facilitó un funcionario indignado por la falta de acción, de los planos realizados por el ITCO en 1971 en la zona de Buenos Aires donde se detallaba los terrenos ocupados por grandes terratenientes incluyendo extranjeros. Finalmente en 1976 se aprobó una ley donde si bien se reducía el tamaño de las reservas se definían los límites y se garantizaba la posesión inalienable para las comunidades indígenas, aunque estas tierras fueron inscritas a nombre del ITCO como garante, que después se transformaría en IDA.

Lamentablemente, esto se quedó de nuevo en el papel. El IDA, sucesor del ITCO, interesado en satisfacer las demandas partidarias empezó a repartir estas tierras entre las clientelas políticas, creándose así un verdadero pandemónium de violencia con asesinatos cada vez más frecuentes. Por una parte los campesinos llevados a esas tierras, unos por el IDA, y otros aprovechando la pasividad y tolerancia institucional, sienten que sus intereses, están siendo vulnerados. Por otra parte, los indígenas o población originaria ya organizados, reclaman con justa razón la legalidad y el derecho a la propiedad que les dan las leyes costarricenses. Sus reclamos de justicia no se limitan a las instancias nacionales, de las cuales esperan poco, sino que recurren cada vez con más fuerza a las vías de hecho y a las instancias internacionales para hacer valer sus derechos.

En mi criterio dada la deuda histórica con la población indígena y el desprecio y la connotación racista, de los abusos cometidos por las instituciones agrarias la Fiscal general debe proceder a enjuiciar, a los funcionarios que, a contrapelo del derecho de la propiedad y las leyes vigentes, distribuyeron tierras de las comunidades entre clientelas partidarias.

¿No es que estamos en un régimen de derecho que nos protege a todos? O es que la Ley se hizo solo para aplicarla a “los de poncho” como dicen en Ecuador.

ÚLTIMA HORA. CHINA KICHÁ – Territorio Cabécar

Comunicado

“Jueves 7 de mayo de 2020. En presencia del Viceministro de Seguridad Pública, Eduardo Solano, los peones del empresario Gilbert Fernández retiraron el ganado que habían introducido ilegalmente en horas de la mañana, en el terreno recuperado Salkeglo Kaskä dentro del Territorio Cabécar de China Kichá; es la cuarta invasión en 7 días.

La comitiva gubernamental encabezada por el Viceministro Solano se hizo presente alrededor de las 4:30 p.m. y pudo constatar que el ganado estaba dentro del Territorio Cabécar y los peones de Fernández procedieron a retirar el ganado, el operativo se extendió hasta las 5:30 p.m. aproximadamente.

El Viceministro de Seguridad le dijo a las y los recuperadores Cabécar, que se comprometía a que el ganado no sería introducido nuevamente por el empresario dueño de MUSOC – GAFESO.

Esta intervención se dio después de las reiteradas denuncias sobre las invasiones del Territorio que ha estado realizando Gilbert Fernández y sus peones y las amenazas expresadas el día de hoy por parte de funcionarios de la Fuerza Pública hacia las y los recuperadores Cabécar.

Recordamos al Estado de Costa Rica, su obligación de garantizar la vida e integridad física y territorial de los Pueblos Originarios.

Recuperadoras/es Cabecar de Sakeglo Kaskä (Tierra de Mayores) de China Kicha.
Recuperadoras/es Cabecar de China Kichá.
Coordinadora de Lucha Sur Sur”.

Recuperadoras/es Cabecar denuncian que empresario metió reses en territorio indígena

SURCOS recibió este comunicado:

Última hora:

“Empresario Gilberth Fernández retira ganado de terreno recuperado en China Kichá, pero amenaza con volver a invadir el terreno.

Aproximadamente al mediodía del sábado de mayo, el empresario Gilberth Fernández retiró el ganado, entre 60 y 70 reses, que había metido ilegalmente en la Finca Sakeglo Kaskä del Territorio Cabecar de China Kichá, Pérez Zeledón.

Fernández, dueño de MUSOC y GAFESO entre otras empresas, había ocupado ese terreno, hasta el mes de febrero anterior, cuando fue recuperado por miembras/os del Pueblo Cabecar de China Kichá, como legítimos dueños de ese Territorio.

El terreno recuperado fue invadido y el ganado fue introducido el 1 de mayo y en contra de la voluntad de las y los recuperadores, aprovechando que Fernández tiene otra finca, que si está fuera del Territorio, pero que colinda con el terreno recuperado.

Al ser la 1:30 de este sábado 2, el Capitán Vargas de la Fuerza Pública informó a las y los recuperadores de Sakeglo Kaskä, que Fernández había retirado el ganado, para arreglar la cerca, pero amenazó con meter las reses de nuevo.

Las y los recuperadores Cabecar de Sakeglo Kaskä exigimos al Estado de Costa Rica, hacer cumplir la ley y no permitir que Gilberth Fernández o sus peones invadan de nuevo el terreno y metan otra vez el ganado.

Además le recordamos al Gobierno de Costa Rica, su obligación de garantizar la vida e integridad física y territorial de los Pueblos Originarios.

Recuperadoras/es Cabecar de “Sakeglo kaskä (Tierra de Mayores)” China Kichá”.

Centro de Orientación Indígena GTÄJUE NGÄBERE SIXAOLA denuncia discriminación

El pueblo Ngábe está en estas tierras desde hace 15000 años, los españoles llegaron hace 500.

Desde hace tiempos estamos en Sixaola. Muchos de nosotros nacimos del otro lado del río, por eso dicen que somos panameños, pero somos un pueblo originario.

El 12 de octubre del 2017 fuimos a San José y nos reunimos en Casa Presidencial con la vicepresidenta Ana Elena Chacón y con otros funcionarios, nos prometieron resolver nuestra situación.

También el 12 de octubre de 2017 fuimos a la Asamblea Legislativa y nos reunimos con los jefes de todas las fracciones y presentamos el proyecto de ley PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA NACIONALIDAD DE LA PERSONA INDÍGENA Y GARANTÍA DE INTEGRACIÓN DE LA PERSONA INDÍGENA TRANSFRONTERIZA.

Ese proyecto se convirtió en ley con el apoyo de todos los diputados el 3 de julio del 2019.

El 12 de agosto del 2019, fuimos invitados a casa presidencial el día en que el presidente Carlos Alvarado firmó la ley.

Parece que todo este camino de nada ha servido.

El día 28 de abril de 2020, a las 4:30 de la tarde, la patrulla de migración 61306 en la finca Margarita detuvo al compañero ngábe Higinio Pineda Palacios, lo esposaron y a las 5:30 de la tarde fue expulsado a Panamá.

De nada sirvió que el compañero les dijera a los policías de migración que vive en Costa Rica desde hace años y que trabaja en una finca platanera a 300 metros de la entrada de donde catracho. De nada sirvió que tengamos una ley que nos protege. De nada sirvió que el presidente nos haya abrazado cuando fuimos a la casa presidencial. De nada sirvió que los diputados hayan venido a Sixaola a conocer nuestra situación.

El compañero Higinio fue dejado en la frontera y no tiene adónde ir. Su salud corre peligro.

¿Es ese el trato que el gobierno de Carlos Alvarado nos da a los pueblos originarios?

No bra ña mendeni…nu bra kä bokäna aune nu nankä nete (No somos extranjeros, somos un pueblo originario)

Por el Centro de Orientación Indígena (C01)
Eusebio Julián José

 

Enviado a SURCOS por Amilcar Castañeda Cortez.

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Alerta de amenazas de nueva agresión contra recuperadoras (es) cábecares en el territorio de China Kichá

SURCOS comparte esta denuncia:

“Existen sospechas fundadas de que terratenientes que ocupan ilegalmente tierras del Territorio Cabecar de China Kichá, planean un nuevo ataque contra los y las recuperadoras cábecares del territorio.

Viernes 24 de abril 2020. Personas recuperadoras cábecares de China Kichá recibieron información de una reunión entre finqueros de China Kichá, de San Antonio (comunidad cercana a ese Territorio) y el usurpador del Territorio Bribri de Salitre, Victor Zúñiga. Esta reunión se llevó a cabo en Buenos Aires el domingo 12 de abril.

Según la fuente confiable -que no revela su identidad por temor a sufrir represalias- los finqueros conversaron sobre un nuevo ataque contra los y las recuperadoras cábecares. Incluso, Zúñiga dijo a los terratenientes de China Kichá que no debían preocuparse por armas pues, éstas son fáciles de conseguir. También Zúñiga aludió que podrían hacer lo que quisieran pues, tras “2 indios muertos”, no pasa nada más que el escándalo de varios días.

Víctor Zúñiga es un reconocido terrateniente en la comunidad de Olán en el Territorio Bribri de Salitre. Él y su hijo, Víctor Hugo, han participado en distintas agresiones contra el Pueblo Bribri de Salitre, por lo que tienen causas judiciales abiertas en su contra.

Tras ese encuentro en Buenos Aires, los y las recuperadoras cábecares de China Kicha han visto como se han desarrollado distintas reuniones entre los terratenientes del Territorio Cabecar y del pueblo aledaño, San Antonio. Las reuniones han sido prácticamente todos los días y en distintas localidades: la plaza del territorio cabecar, en San Antonio y en la casa de Wilberth Tabash a 2,5 km del terreno recuperado de Kono Jú.

El pasado 22 de abril a las 7 p.m. se identificó una reunión de los terratenientes en la casa de Wilberth Tabash. Fuentes de confianza, que tampoco revelan su identidad por cuestiones de seguridad, confirman que el terrateniente Miguelin Vargas es uno de los líderes del grupo. Él insistió en llevar a cabo una actividad pronto para sacar a los y las recuperadores del terreno, aseguró contar con gente y un supuesto recurso legal que le respalde.

Además, el martes 21 de abril uno de los recuperadores de Kono Jú encontró a una persona extraña y desconocida dentro del terreno recuperado. El hombre no se identificó, dijo ser de Concepción y encontrarse pescando en ese momento. Ese mismo hombre fue visto en la reunión del 22 de abril de los terratenientes, por lo que se sospecha que éste estuviese realizando alguna acción preparativa a la agresión.

A la tensión se le suma el incumplimiento del Ejecutivo en sus compromisos con el Pueblo Cabecar de China Kichá. Desde hace un mes la Fuerza Pública se retiró de las recuperaciones y ahora se encuentran en la plaza del Territorio. Los terrenos recuperados se encuentran alrededor de 4 Km desde ese punto, por lo que la vulnerabilidad de los y las recuperadoras cábecares aumenta. Este retiro ha provocado que los terratenientes Badilla y Naranjo entren constantemente a sus terrenos usurpados sin ser escoltados por la policía. Todas estas acciones contradicen los compromisos del Ejecutivo con los y las recuperadoras cábecares tras los ataques del 7 marzo.

El 7 de marzo los y las recuperadoras cábecares sufrieron un ataque muy fuerte. Ese día los terrenos recuperados, sus casas y otras pertenencias fueron reducidas a cenizas, además las personas recuperadoras fueron agredidas física y psicológicamente. Desde el 7 de marzo la tensión no ha disminuido en el Territorio Cabecar de China Kichá e incluso el 13 de marzo los y las recuperadoras fueron atendidos por personal de la Cruz Roja debido a que fueron intoxicados con un químico que permaneció en el aire alrededor de 30 minutos.

La amenaza de una nueva agresión es real y contundente, ante ello exigimos:

1) Se inicien de inmediato las investigaciones judiciales respectivas y se establezcan las responsabilidades y sanciones correspondientes.

2) Presencia y monitoreo policial permanente en las 4 recuperaciones del Territorio de China Kichá y un retén de control de entrada y salida de personas y armas.

3) Se ejecuten los desalojos de las personas que no pertenecen al Pueblo Cabecar de China Kichá y que ocupan ilegalmente tierras en ese territorio.

Recuperador@s cábecares de China Kichá.

Coordinadora de Lucha Sur Sur”.

Salitre: denuncian que usurpador y agresor es puesto nuevamente en libertad

SURCOS recibió un comunicado en el cual se informa:

-«Eliodoro Figueroa Uva, usurpador en la comunidad de Río Azul en el Territorio Bribri de Salitre, fue puesto en libertad nuevamente
-El pasado 9 de febrero del 2020 Eliodoro Figueroa Uva disparó en su pierna al recuperador Bribri, del clan Tubolwak, Minor Ortiz Delgado

24 de abril 2020. En la causa penal interpuesta por, el Bribri, Minor Ortiz Delgado contra Figueroa Uva por el delito de agresión con armas y amenazas se siguen presentando inconsistencias y errores jurídicos por parte de la Defensa Pública y el órgano juzgador. Este caso se perfila como un ejemplo más de la negación al acceso a la justicia para los Pueblos Originarios, así como una muestra de la impunidad en los casos de agresiones contra los Pueblos Originarios de la Zona Sur.

Las faltas en el caso son múltiples. Primero, Figueroa Uva fue puesto en libertad al día siguiente de que le disparó en una pierna a Minor Ortiz el pasado 9 de febrero. Libre con medidas cautelares que no garantizan la integridad física y la vida de Minor: días después del disparo, Figueroa Uva se ha apersonado en el terreno de Minor y él y su padre (Eliodoro Figueroa Díaz) han amenazado de muerte a Minor a través de terceros.

Segundo, Minor Ortiz Delgado no fue notificado de esta primera resolución. El expediente llegó a manos de Minor hasta que su compañera sentimental lo solicitara directamente. Ese expediente no contenía información sobre la audiencia inicial, tampoco una copia de la primera resolución de las medidas, Minor desconoce el nombre del Fiscal encargado de su caso, tampoco hay información sobre la apelación del Ministerio Público a la resolución del Juez ni la fecha de la misma.

Además, la Fiscalía no notificó a Minor sobre la fecha de audiencia de apelación y tampoco se le solicitó información relevante para defender la apelación a la libertad de Figueroa Uva. Con ello, se le negó a Minor Ortiz Delgado participar en la audiencia o enviar a su propio abogado. Tampoco le fueron notificados los resultados de dicha audiencia. Esta información llega a Minor cuando él, por sus propios medios, se dirige al ente judicial.

Paralelo a este proceso judicial, Minor recibió nuevas amenazas de los agresores por medio de terceros y su terreno recuperado fue incendiado el 30 de marzo del presente año. Por ello, se dirigió una carta a la Fiscalía sobre las faltantes en el caso judicial, así como la denuncia de faltas al debido proceso por parte de la supuesta defensora Rebeca Moya Valverde. Moya Valverde es la misma Fiscal que se negó a tomar la denuncia del líder Brörán, Pablo Sibas Sibas, sobre las amenazas de muerte diciendo que la Fiscalía no podía aceptar ese tipo de reclamos y alegando que solo una oficina especial en San José tiene esa competencia. En ese sentido, en esa misma comunicación se solicita el apego al debido proceso en el caso, así como a la investigación a las faltas en las que incurren Rebeca Moya Valverde y personeros del Poder Judicial.

En respuesta a esa carta, Minor Ortiz Delgado fue trasladado al recinto judicial el día 22 de abril alrededor de las 7 a.m. En horas de la tarde, distintas personas Bribris observaron que Eliodoro Figueroa Uva fue detenido por parte de la Fuerza Pública; horas después Figueroa Uva fue puesto en libertad nuevamente.

Tras ello, Rebeca Moya Valverde se comunicó con Minor Ortiz para decirle que el Juez Ricardo Espinoza Campos dejó en libertad a Figueroa Uva. Decisión fundamentada en que el Juez considera que Eliodoro no representa un peligro que justifique su encarcelamiento o la prohibición de su entrada al Territorio Bribri de Salitre. Ello a pesar de conocer que Figueroa Uva vive cerca de Minor y que éste ha incurrido en nuevas agresiones contra él y su familia.

La integridad física y vida de Minor sigue en peligro. Riesgo que se extiende a su familia. Todo parece indicar que a Minor nuevamente se le niega el acceso a la justicia, a pesar de ser Beneficiario de las Medidas Cautelares (MC 321-12) otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); así nuevamente el Estado de Costa Rica es responsable de esta violación a los derechos humanos por omisión.

Exigimos la privación de libertad de Figueroa Uva y la protección inmediata de la vida e integridad física de Minor Ortiz Delgado y su familia.

Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa de Salitre.

Coordinadora de Lucha Sur Sur”.

 

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