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Etiqueta: trabajadores

Las huelgas están inscritas en la Historia Nacional

Vladimir de la Cruz

La historia de las huelgas laborales en Costa Rica se remonta al siglo XIX. Desde 1874 tenemos noticias de ellas, incluso en el sector público. En el último tercio de ese siglo grandes movimientos huelguísticos se dieron, entre ellos la huelga de los trabajadores italianos que laboraban en la construcción del ferrocarril. También la hubo de españoles. A finales del siglo XIX hubo un crecimiento del número de huelgas.

A principios del siglo XX fueron importantes las huelgas de los panaderos. En la primera mitad del siglo XX tuvimos períodos de auge en el movimiento huelguístico, 1907-1911, 1917-1921, 1927-1934. Entre 1938 y 1943 hubo importantes movilizaciones obreras y de trabajadores, como de campesinos. En 1946 hubo una huelga contra la CCSS y en 1947 la famosa Huelga de los Brazos Caídos. Durante el período de la Junta de Gobierno también hubo movimientos huelguísticos.

Posterior a la Junta de Gobierno, entre los años 1950-1962 hubo huelgas, las que disminuyeron en el período 1962-1969. A partir de 1970 hubo un incremento de las huelgas, y especialmente en el sector público, junto con grandes movilizaciones populares como fueron las luchas contra el Contrato Ley de la ALCOA, las luchas contra el llamado COMBO del ICE, las luchas contra el Proyecto de Ley del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y, finalmente, este movimiento huelguístico contra el Proyecto de Ley de la Reforma fiscal.

En esta historia de huelgas se han dado características particulares de ellas. En todas las huelgas se elabora una lista de reivindicaciones, de diverso tipo, a negociar con la parte patronal. Se elabora un plan de lucha para obtener el mejor resultado. Y ser parte, obviamente, de un proceso de negociación donde, de parte de los sindicatos y trabajadores, tienen objetivos principales y secundarios por lograr y, en esta perspectiva, capacidad para negociar y obtener el mejor de los resultados planteados y posibles.

Las huelgas deben tener objetivos posibles de lucha. Huelgas con objetivos imposibles son liquidadas y están dadas a fracasar. Solo dirigentes sindicales y políticos irresponsables pueden conducir un movimiento de lucha sindical o político a luchas imposibles de tener resultados favorables a los trabajadores, aunque sean pocos.

En la historia de las huelgas han pesado las llamadas huelgas laborales. Son las que se han dado, se dan y se seguirán dando en centros de trabajo, instituciones públicas y empresas del sector privado. En estas se pone en movimiento un grupo de trabajadores por lograr beneficios económicos sociales, reivindicaciones laborales o por defender derechos laborales que sienten amenazados.

Desde 1943, cuando se aprobó el Código de Trabajo, las huelgas están reguladas en su funcionamiento y ejecución. Para que la huelga laboral se dé se necesita cumplir con un trámite procesal, que agotado sin posibilidad de lograr nada los trabajadores, en discusión con sus patrones, pueden acudir a la huelga, al paro de sus labores, a la suspensión del trabajo, y sobre la acción de fuerza de la huelga, discutir lo pretendido.

Antes de 1943 las huelgas se dieron sin regulación laboral especial. En 1920, con motivo de las huelgas que se dieron durante todo ese año, en diciembre, cuando el gobierno reconoció y estableció la jornada de ocho horas de trabajo diarias, que era el motivo de las huelgas, en el Decreto, el Gobierno reconoció el derecho de los trabajadores a la organización sindical y a la huelga, sin que se hubiera hecho una legislación especial al respecto.

La huelga es una forma de protesta social, organizada de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Resultado de ella se produce una paralización de labores, de trabajos, en perjuicio de sus patronos, privados o públicos, ante quienes proponen reivindicaciones o reclamos.

Cuando se constituyó la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1919, los países que forman parte de esta organización, que suscriben y ratifican los Convenios que en esta organización se aprueban, pasan a integrar, como parte de su legislación interna, estos Convenios, con rango superior a las leyes nacionales.

Costa Rica forma parte de la OIT y ha aprobado una buena cantidad de Convenios, entre ellos los de derecho a la organización sindical y a la huelga. Por eso en las reivindicaciones de los movimientos huelguísticos se mencionan estos Convenios. Para la OIT la huelga es un medio legítimo fundamental de los ciudadanos y de los trabajadores, por medio de sus organizaciones sindicales, para defender sus intereses económicos y sociales.

Las huelgas las conocemos desde la antigüedad, desde Egipto, en la época de los faraones. Pero, las huelgas modernas, vienen, en su origen, desde la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial del siglo XIX, cuando empezó a organizarse el movimiento obrero contemporáneo.

Como parte de las protestas del movimiento obrero internacional, y particularmente europeo, en el siglo XIX, se dieron movimientos huelguísticos y luchas sociales que adquirieron la forma de cartismo y ludismo.

El cartismo fue el movimiento que se orientó en enviar cartas a los Congresos Legislativos denunciando las malas condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores, con la finalidad de que los legisladores aprobaran leyes que regularan estas situaciones.

El ludismo, que debe su nombre a Ned Ludd, dirigente obrero, quien llamaba a la destrucción de las máquinas considerando que eran las culpables de las malas condiciones de vida y de trabajo y de la situación económica y social de los trabajadores.

Estas luchas se reorientaron a partir de 1850 con la presencia, en los trabajadores, de las corrientes políticas socialistas, anarquistas y comunistas, particularmente, y a finales del siglo XIX de las corrientes socialdemócratas y socialcristianas.

En este contexto se llevaron a conceptuarlas como parte de la lucha social política, como parte de la lucha de clases, que adquiría un sesgo anticapitalista y más tarde de lucha por el socialismo, como resultado final de una Revolución social y política.

De este período, en la segunda mitad del siglo XIX, se articula también, a partir de 1864, una organización internacional sindical, la Asociación Internacional de Trabajadores, fundada por Carlos Marx, considerando que si el capitalismo y los capitalistas estaban organizados a nivel internacional de igual modo los trabajadores debían organizarse, a ese mismo nivel, para coordinar luchas en los distintos países.

Hoy hay muchas organizaciones sindicales en cada país, hay federaciones de ellas y confederaciones nacionales. Pero también hay niveles de organización regional sindical, centroamericanas, latinoamericanas, por ramas de producción internacional, y las hay de carácter internacional o mundial.

La huelga laboral se incorporó como parte de los derechos de segunda generación, dentro de la libertad sindical, y se reconoce en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Costa Rica.

Las formas y los tipos de huelgas que históricamente se han dado adquieren una gran variedad. Veamos algunas.

Las huelgas hoy son legales e ilegales. Las legales aquellas que se realizan de conformidad al ordenamiento legal y constitucional, donde se cumplen trámites para solicitar ante el Juzgado la legalidad del movimiento. La ilegales las que se realizan fácticamente sin cumplir ningún trámite legal para convocarlas y realizarlas. Las consecuencias de unas y otras son evidentes. En las legales se produce una situación de fuerza, y de espera tirante, entre la parte patronal y laboral por aguantar en estado de huelga para finalmente resolver lo que se discute, el motivo de esa huelga. En las ilegales, las consecuencias son directas contra los trabajadores, en perjuicio de sus salarios que no los reciben durante el período de la huelga, y con amenaza de despido laboral o pérdida del trabajo.

En Costa Rica en toda la historia de las huelgas menos de 12 han sido declaradas legales. Todas, en la práctica ha sido declaradas ilegales. Así se han hecho, y así también han llegado a acuerdos finales, para ponerle fin al conflicto, donde las sanciones contra los trabajadores se minimizan, como se ha propuesto en el actual conflicto que ha vivido el país. Si no se llega a ese acuerdo las consecuencias son evidentes, reales y efectivas.

Entre las presiones laborales y políticas que históricamente se han planteado se han dado las llamadas Huelgas de Hambre. Es la protesta o acto al que se presenta un dirigente sindical o político, o varios, que dejarán de ingerir alimentos durante el plazo que sea necesario para obtener los resultados o reivindicaciones que se demandan. Estas huelgas no pueden ser improvisadas. Los huelguistas de hambre deben prepararse para ello, con supervisión y asistencia médica, y para que puedan durar en ese estado. Estas huelgas se hacen siempre con objetivos alcanzables porque se trata de que se puedan lograr y de que los huelguistas no se mueran. Pero, se trata también de que alrededor de quienes están en huelga se produzcan grandes movilizaciones sociales, de trabajadores, en su apoyo.

Existen las Huelgas de Solidaridad. Son las que se llevan a cabo a favor de un grupo de trabajadores que están en huelga por parte de otros trabajadores, de su propia rama de producción o de otras empresas. Pueden llegar a tener un gran carácter expansivo.

En Costa Rica se dieron movimientos de solidaridad con los huelguistas italianos que construían el ferrocarril, en el siglo XIX, en Turrialba, Cartago y San José, sin que llegaran a realizar huelgas. Las primeras, importantes, de solidaridad laboral, con paro de empresas, se dieron con los huelguistas panaderos de principios del Siglo XX. De esas huelgas hubo tres consecuencias importantes. La primera, fue la expulsión del país de los dirigentes de la huelga, panaderos de origen español, entre ellos Juan Vera, el más destacado. La segunda, se produjo un decreto del gobierno que impidió la circulación de materiales anarquistas, socialistas y comunistas por el correo, porque a los dirigentes sindicales se les imputaba de anarquistas. La tercera, impulsó la creación de la primera Federación de Trabajadores San José en 1905. A finales de la década 1900-1910 se produjo un movimiento de solidaridad de trabajadores traídos de Panamá para romper una huelga bananera, a la que se sumaron cuando llegaron a Limón y se dieron cuenta que los habían traído de rompehuelgas, debido a que eran militantes sindicales. Las otras huelgas de solidaridad se dieron en el sector bananero en la década de 1980.

Existen también las llamadas huelgas de Brazos Caídos. Son reivindicaciones o protestas que se llevan a cabo en la propia empresa, en el puesto de trabajo, donde los trabajadores permanecen inactivos durante la duración de esta huelga.

En Costa Rica, en 1947, se dio una Huelga de Brazos Caídos con pretensiones políticas contra el gobierno de Teodoro Picado con el propósito de obtener garantías electorales y políticas, por parte de la oposición política, frente al proceso electoral que se avecinaba en diciembre de 1947 y febrero de 1948.

En la huelga de brazos caídos los trabajadores no abandonan la empresa o institución, y se pueden establecer turnos para ocuparla permanentemente.

Como variantes de este tipo de huelgas se dan las llamadas huelgas de Bolígrafos Caídos, cuando en el caso de demandas de policías o agentes de tránsito cuando se niegan a elaborar partes de multas. En algunos países cuando periodistas entran en paros o huelgas usando este método de negarse a escribir en el periódico. Aquí, en Costa Rica, no hay registro de estas dos formas de huelgas.

Está también la llamada Huelga General. Históricamente fue concebida, desarrollada e impulsada por los anarquistas. Se trata de impulsar un movimiento general en el cual se paralice toda la actividad productiva y estatal, con apoyo de todos los grupos sociales, estudiantes, campesinos, pensionados, amas de casa y trabajadoras domésticas. Se trata de que toda la población trabajadora se integre a ella. Su objetivo fundamental es hacer caer a un gobierno.

Aquí, en Costa Rica, este concepto de Huelga General la Asociación Nacional de Empleados Públicos, y su principal dirigente, Albino Vargas, desde el 1 de setiembre, ya pensionado de su ejercicio de funcionario y dirigente sindical, lo han usado muchas veces para llamar a actos de suspensión de labores. Con esta consigna más que huelgas generales han realizado manifestaciones de trabajadores, y pequeñas huelgas en algunas instituciones estatales. Muchas de esas manifestaciones eran solo de dirigentes y unos cuantos trabajadores.

Por la mala forma que han llamado a la realización de la Huelga General me parece que han prostituido el término, lo han debilitado y lo han hecho ineficaz.

Grandes movimientos sociales, como ALCOA, COMBO del ICE, la lucha contra el TLC-CA-RD, o el actual, contra la Reforma Fiscal, no responden a esta concepción de lucha bajo el llamado a la Huelga General.

La huelga general se caracteriza por su extensión más que regional, ojalá de todo el país.

La Huelga General requiere un aparato político de apoyo, de partidos políticos o de fuerzas políticas reales, de lo contrario es llamar a la anarquía social, a la anomia fáctica institucional.

El Movimiento Solidaridad, de características sindicales, en Polonia, con base en la lucha organizada de los trabajadores y de los sindicatos de los astilleros de Gdansk, sí pudo conducir esa forma de lucha en Polonia contra el gobierno y el régimen comunista, porque había ausencia de partidos políticos de oposición y el movimiento sindical ocupó su lugar como fuerza política actuante.

En Costa Rica todavía hoy el movimiento sindical no puede sustituir a los partidos políticos como fuerza política opositora al sistema y al gobierno, ni como alternativa político electoral. Esta debilidad no la pueden subsanar en esta forma de lucha de convocatoria de Huelga General, ni siquiera tratando de sustituir la ausencia hoy de partidos de izquierda con cierta presencia nacional que carecen de fuerza social organizada, como tenían los partidos de izquierda antes de 1990 en el país.

La dirigencia sindical actual no admite conducción política partidaria como se hacía antes de 1990, pero tampoco por sí misma es un poder político. Han tenido ribetes de participación marginal en partidos políticos. Han tenido especial acercamiento a los gobiernos últimos del Partido Acción Ciudadana, no a su Partido.

A lo único que contribuye esta dirigencia sindical con sus acciones ácratas es a desdibujar el peso de las instituciones democráticas, a debilitar la imagen de las instituciones de Poder Político, a fortalecer las imágenes negativas y de desgaste que se han venido promocionando peligrosamente contra los políticos, la Política, los partidos políticos, los Poderes Públicos y los controles políticos establecidos, sin posibilidad real de sustituirlos.

En el momento actual este tipo de convocatorias irresponsables solo puede contribuir a fortalecer tendencias populistas extremas que pueden resultar incontrolables para la sociedad democrática nacional, e incontrolables para los mismos dirigentes sindicales y su propia organización.

También se pueden dar huelgas o paros laborales por horas, o por períodos de tiempo no superiores a la jornada diaria de trabajo. Generalmente se llevan a cabo como experiencia organizativa y de preparación de movimientos mayores. De estas se pasa a la huelga de uno o dos días, o de varios, generalmente con períodos de finalización, pero en posibilidad de ir a huelgas más prolongadas.

No hay experiencia en el país de huelgas novatorias, que son las que se realizan para alterar o modificar lo pactado en los Convenios Colectivos de Trabajo, o que resulten de laudos arbitrales. En general lo pactado en convenios colectivos se negocia con otra Convención Colectiva al finalizar el término de la original. No hay ni siquiera práctica de negociar solo aquellas cláusulas en las cuales los sindicatos o los patrones están interesados en modificar. Para modificar unas cláusulas se debe negociar todo el Convenio. Con las nuevas disposiciones jurisprudenciales de la Sala IV el movimiento sindical debe revisar este aspecto de su lucha.

Huelgas rotatorias se producen en empresas o instituciones cuando se dispone que en una parte de la empresa o institución sus trabajadores paralizan sus labores, alternándose en la cesación de funciones o de trabajo con la finalidad de afectar la coordinación de los procesos productivos o de los servicios empresariales o institucionales. En Costa Rica no se han dado este tipo de huelgas o protestas.

Huelgas estratégicas se llaman en el movimiento obrero internacional aquellas que afectan de modo directo la actividad productiva básica de una empresa, que a su vez repercute en cadena a otros sectores estratégicos y sensibles del sistema económico productivo, paralizando otras empresas por este efecto. Es el caso de la parálisis en cierto tipo de empresas como muelles, ferrocarriles, transporte, comunicaciones en general, electricidad. Cuando en estos servicios en Costa Rica se han dado huelgas producen esos efectos pero no han sido convocadas de esa manera.

En el campo laboral estas son las huelgas más tradicionales.

Otras formas de huelgas, algunas de ellas no conocidas o realizadas en Costa Rica, son las huelgas de consumo, que son formas de protestas para no consumir determinados productos de ciertas empresas, por razones laborales, por maltrato, discriminación o explotación de trabajadores o por incumplimiento de leyes laborales, por incumplimiento de aspectos ambientales, o para apoyar a trabajadores en huelga en esas empresas.

Y, están las huelgas estudiantiles, también de larga data en la Historia nacional, tema de otra reflexión.

En resultado del movimiento de protesta realizado estos días contra el Proyecto de Ley de Reforma Fiscal, en mi opinión, a pesar de las grandes movilizaciones, el movimiento sindical y sus dirigentes salieron perdiendo en toda la línea. No hay que cantar victoria por los niveles de conciencia anti gobierno que pudieran agitarse en esta lucha en estas jornadas. No hay que cantar victoria por las movilizaciones que se dieron y las que se mantuvieron en el interior del país. El resultado de esta primera fase fue la derrota del movimiento sindical que ni siquiera pudo cumplir, por parte de los dirigentes que llegaron a la elaboración de un acuerdo, de poder convencer a sus asambleas sindicales de aprobarlo. Y la derrota de esos dirigentes fue la desautorización de esas asambleas hacia ellos por haber llegado a ese documento, y de no aceptar su cumplimiento. Los que originalmente, esa madrugada, no aceptaron el documento fueron arrastrados a la presión social de aprobarlos por quienes los habían aprobado, quedándose aislados ante la inmensa mayoría de la población y de los trabajadores. Por la fuerza de los acontecimientos algunos sindicatos fueron firmando lo acordado, pero mostrando la debilidad de ellos en el atraso de esa firma, y el repudio de sectores populares ante ciertos actos sindicales en centros de trabajo. Finalmente, ante la aprobación del Proyecto Fiscal en su primer debate parlamentario quedaron más debilitados.

El movimiento sindical, y su dirigencia, no tuvieron la capacidad de tener una agenda alterna en este conflicto. Su consigna de rechazo y de retiro del Proyecto de Reforma Fiscal era imposible en la forma que se dio. La lucha dirigida en esa línea era al fracaso como único objetivo de lucha.

El pliego de peticiones de los sindicatos mostrado al final de esas conversaciones no dejó de ser tan solo eso, un pliego de peticiones y de propuestas. No pudieron articular un solo Proyecto de Ley relacionado con cada una de sus pretensiones, muy válidas la mayoría de ellas, y bien justificadas.

El movimiento sindical y sus dirigentes en esta lucha quedaron atrás. Pudieron articular, como parte de su estrategia, un conjunto de Proyectos de Ley para que paralelamente complementaran al Proyecto de Reforma Fiscal, en lo que ellos señalaban que le faltaba y fueron incapaces de proponerlos.

Algunas de estas propuestas sindicales, tenían aval del sector empresarial, como la lucha contra el contrabando, la evasión y la elusión. Y perdieron oportunidad de aliarse a este sector para conjuntamente elaborar esos proyectos de ley.

Ahora se han presentado a la corriente del trámite parlamentario iniciativas, por parte de diputados, en postura multipartidista, prácticamente de todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, los que impulsaron la Reforma Fiscal y los que no la apoyaron, de proyectos de ley para regular a las cooperativas y cobrarles impuestos, para regular a la zonas francas para corregir la exoneración que las cubre en algunos aspectos, para regular las transferencias del gobierno a instituciones descentralizadas de modo que no puedan ser recortadas, para desregular el enganche del salario de médicos y el plan para evitar que se rebaje a los docentes el sobresueldo de recargo por labores especiales que reciben.

Al perder el movimiento sindical esta iniciativa perdió también estas banderas. Le queda al movimiento sindical y a su dirigencia actual, ir en el furgón de cola a apoyar estas iniciativas si así lo deciden.

El relevo de la dirigencia actual sindical quedó en evidencia en esta lucha. De hecho en las asambleas sindicales recientes algunos fueron fácticamente relevados…cuando no les aceptaron lo pactado por ellos…aunque aún permanezcan en sus asientos.

Un dirigente sindical, por citar uno de los actuales, como Albino Vargas, curtido en 35 años de lucha, y de dirigente sindical durante casi todos esos años, reconocido como el más emblemático dirigente sindical, de los mejor informados y conocimiento de los problemas nacionales desde su perspectiva sindical, y con más presencia pública, en estos años, aunque no represente el sindicato más grande, prácticamente cavó en esta lucha su propia sepultura… no casualmente tramitó su derecho a la jubilación, efectivo a partir del pasado 1 de setiembre.

¿Pero, serán mejores dirigentes sindicales, los que les sucedan, más sensatos, más inteligentes, más conocedores de la realidad social y política del país, en el momento histórico que vivimos, más políticamente formados? ¿Serán más enérgicos, o “extremistas”, en sus luchas? ¿Políticamente serán más antisistema, anti políticos, anti política, anti partidos políticos, anti institucionalidad democrática nacional, promoverán sus luchas más dentro del esquema de la lucha de clases clásica del periodo anterior a 1990?

La nueva generación de dirigentes sindicales que se asoma provoca estas interrogantes para nuevas reflexiones.

Huelgas seguiremos teniendo con esta dirigencia sindical o con otras dirigencias sindicales, con partidos políticos que las dirijan o sin ellos. Y, peligrosamente hasta dirigidos por líderes de características populistas o pentecostalistas, que estos últimos ya están tratando de ganar dirigencias sindicales.

Ante la situación de protestas que vive el país SINAE AFINES hace un llamado al presidente

Mensaje para el presidente de la República

El Sector sindical y los trabajadores de la Caja que cuidan la salud del pueblo de Costa Rica, tenemos la autoridad moral para señalar verdades:

1)Hace 2 años el movimiento sindical costarricense salió a la calle por los mismos motivos que hoy se movilizan miles de personas, para defender al país, ante tanta desigualdad social a través de más impuestos indirectos.

2)La pandemia desnudó el fracaso de la política país económica y social, gestada desde octubre del 2007, cuando en el refrendo al TLC, ganó el «Si», _ Aún estamos esperando el Mercedes que prometió Oscar Arias.

3)El Gobierno y la Asamblea Legislativa son los responsables de este conflicto social. La Asamblea porque tiene una Red de Cuido para proteger los intereses económicos de un grupo que representa un enorme poder financiero y político de este país, que no quiere pagar impuestos como debería y corresponde.

4) En esa misma línea de ideas, el presidente de la República es el principal responsable de este conflicto, porque ha gobernado para las minorías y de manera soberbia e indiferente hace oídos sordos al pueblo que pide a gritos no más impuestos indirectos y que pague el gran capital su responsabilidad tributaria que desde hace años no hace, por la evasión, elusión, fraude fiscal, exoneraciones o exenciones tributarias.

Ante esta situación es urgente:

  1. A) Es de imperiosa necesidad abrir los caminos del diálogo honesto, en busca de una concertación nacional sin exclusión alguna.

Este diálogo debe ser inspirado en la búsqueda del Bien Común y sustentado en principios y valores que marquen la sociedad justa, inclusiva y solidaria que aspiramos.

Por eso Sr. presidente, así como tuvo el valor y humildad para ser tomado en cuenta en los debates cuando fue candidato y hacerse escuchar, tenga el mismo valor y humildad para escuchar al pueblo de Costa Rica.

  1. B) Estos espacios de encuentros, deben ser sin condicionamientos. Así como el Poder Económico de manera directa incide financiera y políticamente sobre usted y la Asamblea Legislativa; el único recurso que tiene el pueblo, es la manifestación pacífica.
  2. C) Se debe hacer una Agenda Estructural País, que aborde lo inmediato, corto y mediano plazo y en esa inmediatez, debe desistir de una negociación con el Fondo Monetario internacional FMI.

Don Carlos Alvarado, escuche a las mayorías, escuche al pueblo, aún está a tiempo, de ser el reformador de una verdadera política de justicia tributaria y no de ser recordado como el peor presidente de la historia en nuestro país.

Atentamente;
Lenin Hernández Navas.
Secretario General
SINAE AFINES

Secretaria general de la ISP expresa su preocupación ante negociación del gobierno con el F

Compartimos la carta enviada por Rosa Pavanelli, secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) a sus afiliadas en Costa Rica, expresando su preocupación con respecto a la negociación del gobierno de nuestro país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para aplanar la crisis financiera y su deseo de que el gobierno de Carlos Alvarado replantee su estrategia para recuperar empleos destruidos por la actual pandemia basándose en los planteamientos que los sindicatos y otros actores sociales han propuesto para dar solución a los problemas de evasión y elusión fiscal.

OFICINA SUBREGIONAL PARA AMÉRICA CENTRAL
Apartado postal: Heredia
Santo Domingo 100-3100 COSTA RICA
T/: +506 22448522
psi.central.america@world-psi.org

Ref.: RP/ER/JD/ORL
Contacto: Edith Rojas
edith.rojas@world-psi.org
Oscar Rodríguez L.
oscar.rodriguez@world-psi.org

A: Afiliadas ISP de Costa Rica

ALBINO VARGAS
SECRETARIO GENERAL DE LA ANEP
RODRIGO LÓPEZ
PRESIDENTE DE ANPE
ALVARO MARIGAL
SECRETARIO GENERAL DEL SITUN
DENNISE BALLESTEROS
SECRETARIA GENERAL DEL SINDHAC
MARIO MENA AYALES
PRESIDENTE DE ANEJUD

23 de septiembre del 2020

Estimada y estimados compañeros,

Deseando que ustedes y sus familias estén protegidos y seguros ante la pandemia del COVID-19, reciban un afectuoso saludo.

Aprovecho la ocasión para hacerles saber nuestra preocupación y solidaridad ante los acontecimientos que en los últimos días han sido objeto de discusión y repudio por las organizaciones sindicales y sociales costarricenses; así como de una buena parte de la opinión pública nacional, a las negociaciones que el Gobierno de ese país está entablando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para aplanar la crisis financiera que desde hace aproximadamente una década se ha venido acrecentando en forma exponencial hasta llegar en estos tiempos como consecuencia de la pandemia a un déficit fiscal que se proyecta peligrosamente hasta un 10% del PIB o más al cierre de este año.

Quiero ser enfática -una vez más- al mencionar que una solución estructural a las finanzas públicas no pasa por una mayor carga impositiva-regresiva a los salarios de la clase trabajadora y de quienes aún no se sobreponen a la grave situación económica que atraviesa el país.

Si bien es cierto que el presidente Carlos Alvarado y su equipo económico, requieren de un urgente aumento de los ingresos y de un mayor “control del gasto público”, esto no significa necesariamente echar mano de los recursos financieros asignados a los servicios públicos esenciales y de otras entidades públicas estratégicas para el país y mucho menos erosionar más en la actual coyuntura, la estabilidad y paz social costarricense.

Desde la ISP, daremos respaldo a todas aquellas propuestas e iniciativas que desde un diálogo social real y efectivo sea establecido con los sindicatos, en cuyo caso esperaríamos que el Gobierno de Costa Rica dé marcha atrás a las propuestas encaminadas con el FMI y replantee su estrategia de reforma estructural de manera integral a fin de bajar gradualmente el déficit fiscal en un plazo deseable y ponga en marcha una estrategia de recuperación de los empleos destruidos por la pandemia y genere otros a partir de un mayor aseguramiento de la economía nacional con miras a favorecer a los sectores más afectados de la micro, pequeña y mediana empresa (Micropyme´s), así como el sector productivo nacional, las cooperativas y las municipalidades alicaídas por la crisis sanitaria.

Desde la experiencia de la ISP y en mi propia perspectiva, no son tiempos para provocar una crispación social y política más, toda vez que se pueden encontrar soluciones prácticas al problema central de la crisis económica que atraviesa el país. Estoy segura, que los sindicatos y otros actores sociales, políticos y empresariales progresistas y académicos desde hace algún tiempo atrás, habrán aportado propuestas interesantes, que entre otros aspectos, darían solución a los problemas de evasión y elusión fiscal, en cuya aplicación estricta disminuiría en significativos puntos porcentuales el insostenible déficit fiscal que mantiene al país en esta insondable situación.

Cómo expresado antes, estamos en desacuerdo que como soluciones inmediatas al crecimiento del déficit fiscal, se recorte el presupuesto de las universidades públicas, así como también se implemente una reforma al empleo público que mina los derechos laborales y restringe el derecho a la negociación colectiva en el sector público.

Por último, una imposición del 0,3% las transacciones bancarias con trazabilidad general como medida de regla fiscal, es regresiva e injusta para las y los trabajadores. Siendo, por el contrario que una medida como esta, debería estar centrada en la recaudación de un impuesto a las especulaciones bursátiles, así como también a las transacciones monetarias y de otros valores de gran cuantía provenientes del gran capital nacional y transnacional.

En estos difíciles momentos, la ISP no comparte el criterio del Gobierno que un acuerdo con el FMI es un hito necesario en el proceso de consolidación fiscal y de estabilidad macroeconómica para garantizar el bienestar social y económico del país, cuando se está empujando a lo imposible para que un sector dominante de las élites económicas, continúe descansando su riqueza en el sacrificio injusto e inequitativo del resto de la población. En consecuencia, alcemos nuestras voces para que el pueblo costarricense continúe en la senda del bienestar con una mayor calidad de vida de sus habitantes y en buena gobernanza social en respeto a las garantías sociales y en observancia a un contrato social perdurable en el tiempo.

En solidaridad,
Rosa Pavanelli
Secretaria General de la ISP

UNDECA – BUSSCO: Caravana patriótica regional vehicular

UNDECA – BUSSCO le invita a participar en la Caravana Regional vehicular de San José y en el acto conmemorativo este próximo 15 de setiembre.

Los objetivos de esta Caravana son:

  • No a la venta y privatización de instituciones públicas
  • No al proyecto de Ley de Empleo Público
  • No al congelamiento de anualidades e impuestos al salario
  • No a las reformas que afectan las pensiones
  • Devolución de los fondos de pensiones complementarias ROP
  • Pago de impuestos de los grandes empresarios evasores

 

Enviado a SURCOS por Luis Chavarría.

Las dimensiones del COVID-19, desempleo y pérdida de derechos laborales de las y los trabajadores de los servicios públicos

Oscar Rodríguez León*

Desde la declaración de la pandemia generada por el COVID 19, a mediados de marzo, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Dr. Tedros Adhanom, nos advertía que los colapsos en el sistema sanitario de los países por este coronavirus podrían aumentar drásticamente las muertes de pacientes con otras enfermedades, hasta llegar a más de un millón. Sin embargo, al 18 de mayo un reporte publicado por la Universidad Johns Hopkins, los casos totales confirmados en el mundo ascendían a 4,859,742 (millones) y a un total de 318,398 personas lamentablemente fallecidas. Siendo que los Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido y Brasil encabezan el mayor número de casos, superando a España, Italia, Francia y Alemania, quienes hasta hace unas pocas semanas atrás, repuntaban estas alarmantes estadísticas.

En el interés de coadyuvar a dimensionar las graves consecuencias generadas por esta crisis sanitaria, es preciso que centremos nuestra atención en las repercusiones económicas, sociales y políticas que sensiblemente han venido aflorando cada vez más en la región de América Latina y el Caribe (ALCA).

En un informe de la CEPAL1, se dice que antes del COVID-19, la tasa de crecimiento del PIB regional había disminuido del 6% al 0,2%. Esta será causa de la mayor crisis económica y social de la región en décadas, con efectos muy negativos en el empleo, el combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad. Otras entidades financieras como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el propio Fondo Monetarios Internacional (FMI), estiman que para este 2020 la región de ALCA proyecta una caída de la economía entre el 5-6% del PIB, lo que significa un crecimiento de 30 millones más de personas pobres; así como un ensanchamiento del endeudamiento de los países, 11 millones de personas desempleadas, un crecimiento de la informalidad laboral y una quiebra inminente de miles de pequeñas y medianas empresas (Pymes).

Dicho esto, es necesario enfatizar que el COVID-19 ha venido a confirmar, lo que, por muchos años, las organizaciones sociales globales, defensoras de derechos humanos, laborales y ambientales, han pregonado en distintos foros internacionales: “… que el modelo económico excluyente, exacerbado por una Clase Capitalista Transnacional (CCT), ha evidenciado su inevitable agotamiento, y que la élite dominante de la gobernanza global neoliberal, tenga necesariamente que mostrarse de acuerdo que el rumbo trazado hasta antes de esta pandemia, amenazaba con la destrucción absoluta de la democracia, las libertades individuales, la privacidad y de la supervivencia económica de miles de millones de personas en todo el mundo”.

Como nunca, reconocidas figuras políticas como el presidente de Francia, Emmanuel Macron y la Primera Ministra de Alemania, Angela Merkel entre muchas otras notorias personalidades y entidades influyentes en el mundo, han tenido que empezar a revalorizar el rol del Estado con el imprescindible financiamiento de los servicios públicos esenciales y de la salud ante las fracasadas políticas de austeridad de los años precedentes, bajo el liderazgo de la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE), el FMI y los gobiernos conservadores, tan solo por poner como ejemplo el continente europeo, en una situación similar con lo que pasa en nuestro propio continente americano.

El cierre de fronteras, el obligado confinamiento de las personas en sus casas, la pérdida de innumerables empleos, entre otras medidas restrictivas severas adoptadas por los gobiernos para contener al COVID-19, y el bajo crecimiento de las economías hasta el 2021, exaltó la preocupación de entidades financieras internacionales como el FMI. La Directora Gerente, Kristalina Georgieva, en una declaración hecha el pasado 23 de marzo en el marco de una teleconferencia con los ministros de hacienda y gobernadores de bancos centrales del G-20, manifestó lo siguiente2:

“Los costos humanos de la pandemia del coronavirus ya son inmensurables y es preciso que todos los países trabajen en colaboración para proteger a la gente y limitar el daño económico. Este es el momento de actuar con solidaridad, un tema central en la reunión que mantuvieron los ministros de hacienda y gobernadores de bancos centrales del G-20”.

Curiosamente, una las propuestas formuladas por la Sra. Kristalina Georgieva durante esta reunión al grupo del G 20, fue: “…respaldar firmemente las medidas fiscales extraordinarias que ya han tomado muchos países para dar apoyo a los sistemas sanitarios y a los trabajadores y empresas afectados, y nos parece positiva la decisión de los principales bancos centrales de flexibilizar la política monetaria”.

Después de esta declaración algunos podríamos pensar que este giro de tuerca viró hacia el keynesianismo3, pero suspicazmente debería concluirse que no y por el contrario observar con recelo, como el gran capital, nuevamente en momentos de crisis, acude al Estado para exigir más protección, a través de nuevos auxilios que van desde una mayor flexibilización fiscal y de la legislación laboral, en detrimento  de las contribuciones a la seguridad social, los empleos, la productividad y el medio ambiente.

Por otro lado, el crecimiento exponencial de la pandemia ha dejado al descubierto en la mayoría de los países, las falencias existentes en materia de seguridad sanitaria; así como las profundas brechas de desigualdad como resultado de tres décadas de imposición de políticas neoliberales que agudizaron los índices de pobreza y agrandaron aún más los problemas derivados de la exclusión social.

En este nuevo contexto, debido a los problemas de encadenamiento productivo y de distribución global, causado por la emergencia del coronavirus, hasta los países más ricos se vieron afectados por el desabastecimiento de medicamentos y equipos de protección personal (EPP), incluido desinfectantes, lo cual causó todo un caos, al verse los países imposibilitados en el corto plazo de producirlos localmente.

Esta situación provocó una verdadera emergencia médica, al verse las unidades y centros hospitalarios con insuficientes EPP; así como de respiradores artificiales y otros insumos necesarios para atender en las unidades de cuidados intensivos (UCI) a los enfermos más graves por el contagio.

La carrera científica de algunos países más desarrollados por alcanzar la cura del COVID-19 a través del descubrimiento de una vacuna, así como la producción de otros medicamentos más efectivos para palear la pandemia, apunta hacia una desglobalización al verse los países más obligados a proteger con una mayor prevalencia sus propios intereses, poniendo una mayor restricción a la investigación científica y a la industria farmacéutica a priorizar su mercado en el país donde está asentado y del cual goza de ciertos beneficios del Estado. Esto ocurrió recientemente, cuando el gobierno de Francia protestó tras el anuncio del gigante farmacéutico francés “Sanofi” de que daría prioridad a Estados Unidos en caso de hallar una vacuna contra la covid-19, una medida «inaceptable» en plena pandemia, dijo la secretaria de Estado francesa para Economía Agnès Pannier-Runacher en declaraciones a la radio4.

En otro contexto, más apegado al día a día de la pandemia, las y los trabajadores de la salud pública y de otros servicios esenciales que están en primera línea de combate al coronavirus, se encuentran laborando en condiciones precarias, al estar desprovistos de EPP y de insumos básicos necesarios frente al Covid.

A inicios de la pandemia, la Secretaria General de la ISP, la Sra. Rosa Pavanelli, ya advertía al Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para que esta organización multilateral se ocupara del faltante de equipos de protección personal (EPP) para las y los trabajadores que pasando largas horas en contacto directo con pacientes contagiados; no contaban con esas protecciones, ni tampoco los pacientes con suficientes ventiladores y/o respiradores artificiales.

Ante esta preocupante situación expuesta por los sindicatos de trabajadores de la salud, la ISP se vio forzada a desplegar una campaña global cuyo lema enfatiza que: “Trabajadores protegidos salvan vidas”.

El objetivo de esta campaña está enfocado en la necesidad de:

  • Asegurar que todas las y los trabajadores de los servicios públicos, en particular el personal de la salud, tengan las condiciones de trabajo de calidad y el equipo de protección personal (EPP) que necesitan para no correr riesgos indebidos en la lucha contra el Coronavirus.
  • Fomentar la solidaridad mundial compartiendo materiales y estrategias entre los sindicatos de todo el mundo para ayudar a mantener la seguridad de sus miembros.
  • Recopilar testimonios de las y los trabajadores de primera línea para ilustrar los retos a los que nos enfrentamos en el futuro.
  • Presionar a los gobiernos para que adopten medidas más rigurosas para proteger a las y los trabajadores, garantizando la dotación efectiva de personal para la prestación de servicios de salud y el respeto de los derechos y principios laborales fundamentales.

Por tanto, la ISP hace hincapié, que las y los trabajadores de este sector y otras actividades esenciales como por ejemplo de los gobiernos regionales, estaduales o locales que están en primera línea de atención de esta pandemia, sean dotados de suficientes equipos de protección personal (EPP), así como sean capacitados sobre las implicaciones y riesgos de este virus, con la finalidad de mantenerse saludables mientras salvan vidas y dan una continuidad ininterrumpida a la prestación de otros servicios básicos.

Con respecto a las extenuantes jornadas laborales que imposibilitan un adecuado cuidado de sus hijos y personas a su cargo, adoptar las medidas necesarias que solucionen tales dificultades. Así como establecer disposiciones para el trabajo a domicilio, licencias por enfermedad remuneradas, subsidios de desempleo de emergencia y, sobre todo, atención de la salud gratuita para TODAS/OS.

Producir materiales de investigación en los que se recojan tanto los testimonios de las y los trabajadores como los datos cualitativos sobre la respuesta al Coronavirus, a fin de argumentar a favor de un aumento de los recursos y de personal en la atención de la salud pública y de la necesidad de contar con sistemas de salud pública más resistentes.

He de destacar cómo la respuesta al Coronavirus muestra la necesidad de una fuerte intervención pública que ponga la salud de las personas en primer lugar para hacer frente a los retos futuros, incluida la crisis climática.

En complemento a esta estrategia de respuesta sindical ante esta difícil situación, se necesita adicionalmente también de más respuestas políticas justas e inclusivas de corto plazo para no perder de vista la protección de las familias cuyos ingresos han sido menguados o eliminados por la pérdida exponencial de empleos ante esta crisis. Por ejemplo, que nuestros gobiernos, al menos temporalmente, asignen suficientes fondos económicos como auxilio a los miles de salarios perdidos, así como extender un plan de seguridad social no contributivo con programas de ayudas económicas.

Con respecto a la modalidad del teletrabajo, como respuesta a la afectación económica de las empresas públicas y privadas, aprovechar el momento para exigir a los gobiernos y las entidades privadas, una adecuada regulación bajo los estándares establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Paralelamente, apoyar cualquier iniciativa nacional o global, con el objeto de exigir al FMI, Banco Mundial, BID y el G20, abrir líneas de financiación a los países sin la exigencia de nuevos ajustes estructurales ni un incremento en el endeudamiento, de por sí ya muy pesado. Así como revertir las reformas tributarias e imponer un impuesto solidario a las ganancias de las grandes empresas nacionales y multinacionales asentadas en nuestros territorios y de quienes reciben de nuestros sistemas previsionales, pensiones exorbitantes o de lujo.

El actual brote de Coronavirus está poniendo de manifiesto la necesidad vital de contar con servicios públicos de calidad, especialmente con sistemas de salud pública robustos y bien dotados con personal capacitado.

Defender la prevalencia de los servicios públicos por encima del lucro corporativo, haciendo que nuestros gobiernos mejoren su gestión financiera a través de la imposición de tributos al capital financiero y a un llamado al impago temporal o total de la deuda.

Potencializar el uso de las nuevas tecnologías de información y de telecomunicaciones (TIC´s) para mantenernos interconectados y activados para ser mucho más eficaces en nuestra línea de lucha y mejorar nuestra gestión sindical por la defensa de nuestros derechos laborales y ciudadanos.

Hacer de esta situación de crisis una oportunidad de transformaciones que impliquen un nuevo orden mundial, es decir una nueva normalidad, inclusiva en igualdad de género.

Aprovecho esta ocasión para compartir las palabras del Director Regional de la OIT para América Latina y el Caribe (ALCA), Sr. Vinícius Pinheiro, en el marco de un artículo sobre las secuelas laborales de la pandemia, publicado a finales de marzo, en las que subrayó lo siguiente:

“Esta batalla será larga”. “La desaceleración económica provocará aumento del desempleo, mayor precariedad, disminución del ingreso y una gran presión sobre los sistemas de protección social”. Por lo cual sugiere que, en el marco del diálogo social, trazar una hoja de ruta para respuestas enmarcadas en tres pilares de acción que deberán considerarse como esenciales para enfrentar la crisis: (i) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, (ii) estimular la economía y la demanda de mano de obra por parte de las empresas, y (iii) apoyar el empleo y los ingresos de las personas, en particular los más vulnerables.

Por último, no quisiera cerrar estas notas sin poderles compartir mi lección hasta ahora aprendida de esta emergencia:

“… a pesar de la existencia de tantas transformaciones tecnológicas desde tiempos remotos, el ser humano como especie predominante en este planeta, sigue siendo vulnerable frente a lo desconocido e incapaz por sí sólo de ver la luz ante la incertidumbre. No obstante, como un aspecto positivo y con cierto grado de complicidad y de optimismo, confío como en el pasado, que nuestra resiliencia nos permita construir otro mundo mejor para nuestras futuras generaciones”.

* Secretario para la Sub-Región México, América Central y República Dominicana, de la Federación Internacional de Servicios Públicos (ISP), que como Federación Sindical Internacional aglutina 30 millones de trabajador@s en 154 países y representa a 700 organizaciones afiliadas.

1 Informe Especial N°2.: COVID-19. CEPAL, 21 de abril 2020

2 FMI:    https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/03/23/pr2098-imfmanaging-director-statement-followinga-g20-ministerial-call-on-the-coronavirusemergency

3 El keynesianismo es una teoría económica propuesta por John Maynard Keynes, plasmada en su obra Teoría general del empleo, el interés y el dinero, publicada en 1936 como respuesta hipotética a la Gran Depresión de 1929. Wikipedia.

4 https://www.dw.com/es/sanofi-da-prioridad-a-ee-uu-para-vacuna-contra-covid-19/a-53436248

Artículo publicado en la revista: Trabajo y Democracia Hoy https://we.tl/t-JGkwNbEExE

Compartido con SURCOS por el autor.

Marcha regionalizada vehicular

“Por la defensa de los derechos del pueblo costarricense”

Día: 23 de julio. Hora de salida: 9:00 a.m. Salida desde diferentes puntos del país

EXIGIMOS:

  • No se cesen los contratos laborales de las personas trabajadoras del sector público y privado.
  • Cero impuestos a la canasta básica.
  • El ROP se entregue de manera completa, a las personas que se pensionen.
  • Se elimine la pretensión del Gobierno de ponerle un impuesto al Salario Escolar.
  • No se castigue al pueblo con más impuestos.
  • Se cobre un impuesto al patrimonio de los bancos y grandes empresas.
  • La defensa y no privatización de la Caja Costarricense del Seguro Social.
  • Se desista de la aprobación de la Ley de Empleo Público, que constituye una amenaza para las personas trabajadoras.
  • No se congelen las anualidades.
  • La clase trabajadora no pague los platos rotos de la crisis.
  • La defensa del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
  • El retiro definitivo del Proyecto N° 21.738.

**Posteriormente se informarán los puntos de salida.

Esta caravana seguirá todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, de manera que no se exponga ninguna persona al contagio.

 

Enviado a SURCOS por distintos organismos del movimiento sindical y social.

Piden viraje al presidente y a ministra de Planificación

Juan Carlos Durán Castro, dirigente sindical del sector salud y secretario de Seguridad Social de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, llama al presidente Carlos Alvarado y a su ministra de Planificación a dar un viraje en su política para no seguir afectando al pueblo.

Por prudencia señor presidente no nos invite a la desobediencia civil

Dr. José Solano Alpízar

Ciudadano presidente Carlos Alvarado usted está haciéndonos una invitación pública al pueblo de Costa Rica para que nos lancemos a la calle en medio de la pandemia, lo suyo es una invitación a que realicemos una protesta como nunca antes la ha habido desde los tiempos de la lucha contra el Tratado de Libre Comercio (TLC), que no era ni tan tratado ni era tan libre. Usted, con su accionar a favor del gran empresariado reunido en la UCCAEP está invitando a la ciudadanía costarricense a la desobediencia civil al contribuir a que los dueños del poder económico sigan lucrando con el dolor de las personas y el hambre de todo un pueblo.

Usted, el rico empresariado y los líderes políticos del PLN, PUSC, PAC y Nueva República le han dicho a la ciudadanía que prefieren gobernar para la agenda económica oculta que dirige la estrategia de mercantilización y privatización total, que buscar alternativas que favorezcan realmente al país y a la sociedad como un todo.

Se equivoca usted señor presidente cuando anunció el 11 de julio en cadena nacional que concertará las medidas económicas de shock con los diputados y los líderes de las fracciones políticas de los partidos. Se le olvidó a usted un pequeño gran detalle, la democracia no está constituida por la Asamblea Legislativa o los desprestigiados partidos políticos corruptos que pululan en ella, la democracia costarricense la conforman cientos de agentes sociales y políticos como los sindicatos, los educadores, los obreros, los campesinos, los partidos políticos no tradicionales, etc. con quienes su gobierno debe dialogar, cuando hablamos de tomar medidas que afectan a las grandes mayorías y al propio corazón de la democracia costarricense.

La ciudadanía tiene claro que pareciera que usted trabaja para la UCCAEP, ya que desde su función como presidente ejecutivo en el IMAS, pareciera haber estado relacionado con André Garnier representante de los más fuertes intereses económicos del gran empresariado, pero ahora le tocará gobernar para el pueblo costarricense, por ello usted debe detener de inmediato las leyes y políticas que atentan contra la estabilidad democrática del país y contra los sectores trabajadores, y comenzar a dialogar de verdad con el gran movimiento social que se está alineando para contener el ataque mercantil neoliberal.

Como pueblo, como ciudadanía y como representantes legítimos en quien reside la soberanía, le exigimos cambiar su agenda con la UCCAEP, por una agenda social y económica inclusiva de todos los sectores sociales y políticos.

Diferentes profesionales le han aconsejado cambiar el rumbo y tomar decisiones oportunas y realistas que no ataquen a los sectores sociales que han venido sosteniendo la economía, aún, con la política salarial regresiva que su gobierno les ha impuesto a golpe y porrazo.

Con claridad meridiana el economista Luis Paulino Vargas le ha planteado que es más pertinente crear un adicional sobre el impuesto a la renta, graduado de forma progresiva, en lugar de un recorte del 15%, que unido al congelamiento de anualidades y aumentos no solo afecta la capacidad adquisitiva de los trabajadores y sus familias, sino que lesiona el consumo y por ende inhibe la reactivación económica.

El economista William Hayden, exgerente General del Banco Nacional le ha planteado que en lugar de realizar un préstamo por 508 millones de dólares con el FMI tome ese monto de los 8.600 millones de reservas que posee el Banco Central, reserva adquirida en gran parte con la compra de divisas, y los traslade al gobierno comprando un Bono Covid por esa suma.

Evidentemente usted no gobierna para todos los costarricenses, sino para esa élite empresarial que como una jauría hambrienta busca apropiarse de los activos del estado y acabar con las resistencias sociales y políticas de aquellos grupos que ponen en cuestión el modelo de gestión basado en el asalto de la hacienda pública y la expoliación de los sectores menos afortunados de la sociedad.

Al igual que la UCCAEP nosotros, el pueblo costarricense, tenemos una serie de puntos que queremos que cumpla decididamente como gobernante. Le hemos titulado Acuerdo por el Desarrollo Integral de Costa Rica.

  1. Detener la iniciativa conducente a la construcción del tren interurbano, pues la urgencia sanitaria y la crisis fiscal evidencian la impostergable urgencia de inyectar recursos a la salud, la educación, la obra pública establecida y sobre todo el apoyo a la producción nacional.
  2. Establecer durante un año un impuesto del 10% al gran capital que no se ha mostrado solidario con el pueblo costarricense en el contexto de la crisis fiscal y la pandemia provocada por el Covid 19.
  3. Detener cualquier intento de privatización de las instituciones públicas, tales como: ICE, RECOPE, INS, CCSS y FANAL y establecer un plan de reorganización y fortalecimiento de estas instituciones.
  4. Eliminar durante dos años la posibilidad de que las empresas que han venido declarando cero ganancias lo sigan haciendo.
  5. Establecer medidas inmediatas para reducir al mínimo la evasión fiscal que han realizado las grandes empresas, cuyos montos, de acuerdo con datos ofrecidos por el anterior ministro de Hacienda ronda el 8 % del P.I.B.
  6. Iniciar de inmediato el pago, en tractos, de los dineros que el gobierno le ha dejado de pagar a la CCSS.
  7. Exigir que las empresas privadas morosas paguen las deudas millonarias que han venido acumulando con la CCSS.
  8. Eliminar por un año las exoneraciones a las empresas piñeras que han demostrado su falta de solidaridad y patriotismo con el violentamiento de los derechos laborales de los trabajadores costarricenses y extranjeros.
  9. Tomar prestado de las reservas del Banco Central los 508 millones dólares que se requieren y no iniciar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional que lesiona de manera drástica el futuro inmediato de nuestros hijos e hijas.
  10. Retrasar el cobro del IVA a los productos de la canasta básica a fin de ayudar a las familias de menores recursos que han visto mermados sus ingresos debido a las medidas fiscales y la crisis sanitaria.
  11. Solicitar la renuncia de la Defensora de los Habitantes por acciones que lesionan la ética en la función pública.
  12. Mantener la legislación ambiental que impide la contaminación y la destrucción de la naturaleza por parte de las grandes empresas.
  13. Mantener la prohibición de la minería a cielo abierto, porque la misma no sólo riñe con la política ambiental de su gobierno, sino también con la estrategia de desarrollo adoptada hace más de tres décadas por el país.
  14. Impedir la explotación del gas natural o la explotación petrolera en el país porque contraviene la cultura ambiental del pueblo costarricense y su declaración de paz con la naturaleza.
  15. Permitir que el ICE pueda construir obra pública, ya que ha demostrado capacidad y conocimiento, y lo que es mejor, no cobrara sobreprecios como la venido haciendo la empresa privada por décadas.
  16. Apoyar la ley de control de precios de medicamentos, garantizando que nuestros ancianos y ancianas, así como las personas de menos recursos puedan adquirir medicamentos con precios justos y razonables.
  17. Establecer un impuesto de 5% durante dos años a las empresas del régimen de zonas francas para que solidariamente contribuyan con la situación económica del del país.
  18. Readecuar el pago del marchamo 2020, reduciéndolo significativamente, debido al impacto que la pandemia y la crisis fiscal han tenido sobre los ingresos de las familias costarricenses.
  19. Mantener la ley de Fortalecimiento de la Inspección General de Trabajo y más bien redoblar la vigilancia a las evidentes violaciones de los derechos de los trabajadores en las grandes empresas agrícolas.
  20. Establecer con claridad las áreas estratégicas para el desarrollo nacional en las que la alianza público-privada puede gestionar la construcción de obra pública.
  21. Mantener la Ley de Contratación Administrativa, garantizando que las instituciones estatales puedan realizar compras entre instituciones, para no dejar a los vaivenes del mercado la compra de bienes, muchas veces sobreprecios por las empresas privadas.
  22. Desarrollar un acuerdo nacional sobre la ley de actualización de jornadas laborales que no lesionen los derechos de los trabajadores, para ello se debe discutir ampliamente la Ley de Empleo Público.
  23. Crear una Comisión de alto nivel que incorpore economistas no tradicionales que puedan buscar una salida heterodoxa a la crisis fiscal y contribuyan con sus propuestas a las necesidades de reactivación económica del país.
  24. Revisar de manera integral, seria y rigurosa del CONESUP para que realmente responda a los intereses de desarrollo nacional y no a necesidades comerciales de las empresas educativas existentes en el país.
  25. Exigir el mismo marco para la acreditación de carreras en universidades públicas y privadas, a fin de que se responda efectivamente a estándares internacionales consolidados.
  26. Fortalecer los recursos del fondo FEES, pues la democracia costarricense se fortalece en la medida en que las universidades públicas contribuyen al desarrollo nacional y la movilidad social.
  27. Eliminar la deuda política que se le da a los partidos políticos y revisar el Código Electoral a fin de democratizar los procesos electivos en particular y el proceso electoral en general.
  28. Establecer una reducción del 40 % del salario de las y los ministros, presidentes ejecutivos y gerentes de instituciones del estado por un año.
  29. Reducir 40 % el salario de las y los diputados por un año y eliminación del presupuesto de la Asamblea los rubros de pagos de servicio celular y gasolina.
  30. Que el ejecutivo solicite a la Fiscalía General de la República el estado de las investigaciones sobre el Cementazo, el caso Hidro Tárcoles y el caso Yanber, entre otros.

Como bien puede observar usted señor presidente, no sólo la UCCAEP tiene su hoja de ruta, nosotros, el pueblo de Costa Rica también tenemos una hoja de ruta y la vamos a seguir al pie de la letra.

Con nuestras mejores muestras de aprecio;

Dr. José Solano Alpízar.

 

Compartido con SURCOS por Guillermo Fernández Arias.

 

Foto: Semanario Universidad.