Skip to main content

Etiqueta: trabajo informal

¿Salvarán los cambios políticos a Liberación Nacional?

Vladimir de la Cruz

El Partido Liberación Nacional, de los actuales partidos activos, en la vida nacional, es el más viejo y el que más ha impactado el desarrollo institucional del país desde 1951, cuando se fundó, y desde 1953 cuando empezó a ejercer gobiernos. Si se retrotrae su historia a sus raíces desde la Junta de Gobierno, 1948-1949, cuando su fundador, José Figueres gobernó, a la fuerza, de facto, con los Decretos Ley que aprobaron, en ese período de Gobierno, que sentaron las bases de la Costa Rica de la segunda mitad del siglo XX, más importancia se le puede reconocer en el desarrollo institucional nacional al Partido Liberación Nacional, que dirigió el país en 9 ocasiones, 9 gobiernos, 1953, 1962, 1970, 1974, 1982, 1986, 1994, 2006 y 2010 de los 18 gobiernos que ha tenido el país desde entonces, incluido el actual.

El resto de los gobiernos se los han repartido 3 coaliciones en 1958, 1966 y 1978, de tradición opositora liberacionista con ribetes socialcristianos, 3 del Partido Unidad Social Cristiana, 1990, 1998, 2002, dos del Partido Acción Ciudadana, 2014 y 2018 y el actual Gobierno de Partido Progreso Social Democrático, 2022-2026.

De esa acción de gobiernos liberacionistas se desarrolló el Estado asistencialista, benefactor y el Estado Social de Derecho que se construyó especialmente hasta 1978, fortaleciendo un conjunto de instituciones públicas poderosas, claves y estratégicas para el desarrollo nacional, como han sido la Universidad de Costa Rica, las universidades públicas que se impulsan en los Gobiernos de Figueres y Daniel Oduber, 1970-1978, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico, la Universidad Estatal a Distancia, el Instituto de Vivienda y Urbanismo, el Consejo Nacional de la Producción para sirvió para asegurar precios justos a los productores nacionales, asegurar sus cosechas para el consumo y para regular precios para los consumidores, la Banca pública estatal que se puso al servicio de distintos sectores empresariales, comerciales y productivos y del público, la Caja Costarricense del Seguro Social, que fundada en el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, se desarrolla, amplía y universaliza sus servicios por el impulso que le da Liberación Nacional, el Instituto Costarricense de Electricidad, el motor del desarrollo y de la economía nacional, y el Instituto Nacional de Seguros, por citar algunas de las instituciones que durante los gobiernos liberacionistas se fortalecieron, al menos hasta 1978.

Fue la Liberación Nacional el que impulsó y fortaleció la clase media nacional, que a pesar de los embates económicos con que se ha venido golpeando a toda la población del país, sigue siendo fuerte, poderosa y sobreviviente, una parte de ella y la otra, sectores amplios de la clase media amenazados en su estatus de vida, con tendencia a ser excluidos y expulsados de esta clase media, reduciendo su tamaño, y a pasando, parte de ella, a formar parte de la composición social de los sectores pobres del país.

Con el Gobierno de Rodrigo Carazo, 1978-1982 se empezó a desmantelar el Estado, se empezaron a privatizar instituciones que eran empresas públicas. A partir del Gobierno de Luis Alberto Monge se impulsaron los Planes de Ajuste Estructural y al inicio de la década de 1990 se impuso la política de Tratados de Libre Comercio, que han atendido todos los gobiernos desde entonces, entre otros cambios importantes que afectaron estructuralmente el desarrollo institucional del país.

El proceso de desmantelamiento estatal no ha cesado. La apertura bancaria, o la desnacionalización que se impuso en el Gobierno de José María Figueres, 1994-1998, culmina no solo con el sector bancario financiero nacional gobernando el país, sino que conduce ahora a deshacerse de más instituciones bancarias públicas, como es el intento de vender el Banco de Costa Rica y el Banco Internacional de Costa Rica.

La descentralización por la privatización de servicios en las instituciones estatales ha debilitado su esencia, camino cada vez más seguro hacia su total privatización y desaparición de las mismas. Es la pinochetización fina, que se ha venido haciendo de la atención primaria de los servicios públicos esenciales, para imponer la privatización de todos los servicios públicos.

La educación pública la han debilitado, la han disminuido en su papel estratégico. La tendencia es hacia la privatización de toda la enseñanza.

La salud pública la han debilitado, fortaleciendo la atención de la salud en manos privadas, y sometiendo a la Caja Costarricense del Seguro Social a depender en diversos servicios de esa salud privada, con grave desatención a los asegurados. Las listas de espera son su mejor emblema.

Al ICE le llevan ganas desde hace muchos años. Del Consejo Nacional de Producción mantienen sus viejos edificios por avenida 10 como símbolo del abandono que se hizo de los productores y consumidores nacionales. Las Universidades son sujetas de ataques constantes en sus finanzas y en su autonomía institucional y funcional, como de reducirles su papel hasta donde puedan. El sector cultura, desarrollado institucionalmente desde el Gobierno de José Figueres, 1970-1974, lo tienen en capilla ardiente, casi artículo mortis en algunas de sus expresiones.

En este breve escenario se han fortalecido unos pequeños grupos nacionales, pero la inmensa población se ha empobrecido. Los índices de pobreza y pobreza extrema crecen. De la misma manera los índices de riqueza se concentran cada vez más en menos manos. A mayor riqueza nacional, concentrada en pocas manos, según los datos, se produce mayor pobreza y pobreza extrema, se reduce fácticamente el volumen de la clase media. Esto es más dramático en las regiones rurales y en las regiones de polos turísticos de desarrollo, donde esto se evidencia más.

La pobreza, la pobreza extrema, el trabajo informal, el desempleo creciente, el desempleo de mujeres cabeza de familia, el ausentismo forzado del proceso educativo, en parte por la pandemia, la no recuperación de los empleos perdidos por la pandemia, las casi 1000 instituciones escolares y educativas paralizadas sanitariamente son apenas una ligera foto del país más feliz del mundo que tenemos…

El asunto es que el Partido Liberación Nacional es parte causal de todo esto. Las banderas sociales que Liberación Nacional tenía las arriaron hace mucho tiempo. Liberación Nacional perdió su memoria histórica, ya ni celebran sus fechas emblemáticas, en las campañas electorales carecían de historia y de conquistas institucionales impulsadas por ese partido. En las últimas campañas electorales se olvidaron de los sectores sociales, que fueron sus bases de apoyo histórico. La renovación de sus liderazgos partidarios se hizo cada vez más alejado de las bases y del pueblo. Se incrustó en Liberación Nacional una verdadera mafia administrativa, desde las instancias cantonales que impusieron cambios que controlaron la vida interna de ese Partido, descabezando a sus líderes históricos, y desmemorizando al Partido.

Las tres derrotas consecutivas electorales que arrastra Liberación Nacional, 2014, 2018 y 2022, a pesar de que en el 2014 y en el 2022, lograron inscribirse para la segunda vuelta electoral, no les alcanzó porque carecieron de mensaje, de identificación con sectores sociales, no pudieron levantar una sola propuesta social frente a un pueblo electoral necesitado de soluciones a los graves problemas que los aqueja, volcándose más fácilmente por nuevas opciones políticas, aunque les fallaran, porque los partidos tradicionales ya les habían y estaban fallando, y era preferible confiar, ensayo y error, en nueva opciones por peligrosas que pudieran ser. El canto de sirenas fue válido hasta el 2022.

Liberación Nacional fue cómplice del descrédito con el que se empezó a cuestionar a los políticos, a los dirigentes políticos, a los líderes tradicionales de los partidos, a los partidos políticos, a la Política como tal, al sistema político, al sistema democrático que lo han desacreditado facilitando las tendencias políticas autoritarias anti todo. En su propio seno se han comido a sus dirigentes históricos y las bases de su propio Partido.

Las medidas que han impulsado no son salvadoras. De no desmantelar la estructura mafiosa que controla el Partido para la escogencia de sus dirigentes y candidatos, desde las asambleas cantonales, no van a salir adelante.

El Partido dejó de ser un Partido Político hace mucho tiempo. Su Directorio Político era simbólico, de papel. En los últimos 20 años, me atrevo afirmar, que no se ha pronunciado públicamente de manera importante sobre ningún tema nacional.

La cabeza del Partido terminó siendo su cola, mientras las fracciones legislativas de Liberación Nacional se convertían de hecho en varias cabezas que trataban de gobernarlo.

No se sentía por ninguna parte que el Directorio Político fuera un baluarte de dirección política partidaria, hacia fuera del partido y hacia adentro.

En su Directorio llegó a mantenerse representantes de expresidentes que públicamente se habían retirado del Partido. Se aceptó a personas que se habían ido del partido, que se les habían enfrentado políticamente y electoralmente, de nuevo en el Directorio, como si nada hubiera pasado.

El Partido fue tomado por sectores bancario-financieros más que por políticos, respondiendo en ese sentido a esos otros intereses, más que la visión política que debe tener una organización que se precie de ser un partido político. Se ha impuesto una visión financiera de hacer negocios con el partido. 

El discurso manejado contra los líderes históricos, los poquillos que le quedan, es errado. Los nuevos que han sido nombrados no son menos tradicionales que los que se han convertido en blanco de los ataques, y quizá si el pensamiento político que los otros tienen.

A Liberación Nacional le faltan líderes políticos. Deberían tener espejos de los líderes socialdemócratas europeos y latinoamericanos que están en la lucha política, al lado de sectores populares.

A Liberación Nacional lo ha perjudicado mucho los vínculos con la corrupción y la narcomafia con que se ha vinculado a dirigentes suyos, de todo nivel, sin que el Partido haya podido hacer nada. No hay en este momento ninguna propuesta para modificar los Estatutos de manera que se permita actuar contra este tipo personas, y dirigentes de distinto rango, que se enquistan en el partido y sus estructuras internas, como públicas en las que participan, municipales, diputadiles o partidarias. Si eso no lo corrigen están manteniendo al paraguas que les filtra agua por todo lado.

Liberación Nacional dejó de ser un Partido pensante, ideológico, teórico doctrinario, visionario del país. En cierta forma dejó de ser un Partido político, como existían los partidos socialdemócratas. Carece de una perspectiva política, ideológica o teórica, y social para trazar el camino de la Costa Rica de los próximos años, carece de banderas sociales y políticas. Carece de identidad con sectores sociales.

Las renuncias de Laura Chinchilla, de Fernando Zamora y de Claudio Alpízar, parecieran ser las más importantes de los últimos meses en ese Partido. Por ahora son solo dirigentes y destacadas figuras del Partido.

Vienen las elecciones municipales dentro de un año. Este será el reto de Liberación Nacional, mantener las casi 50 alcaldías que tienen en su poder hoy.

El alcance de la última Asamblea Nacional solo ha trascendido en el nombramiento de dos de sus principales dirigentes del Directorio del Partido, apoyados por José María Figueres y Oscar Arias. Pareciera que esa Asamblea no dio para más.

Si es así, no ha habido más que un cambio cosmético, y en esa foto siguen siendo los más importantes dentro de ese Partido, guste o no, José María Figueres y Oscar Arias.

Que se mueran los pobres…

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

“Que se mueran los pobres…” podría ser la versión actualizada de una vieja canción que se popularizó con su estribillo pegajoso y repetitivo: “Que se mueran los feos…, que se mueran todititos, toditos, toditos los feos, que se mueran…”.

Según un análisis de la Universidad de Costa Rica, mientras 87 distritos reportan una morbilidad por causa del Covid 19 de 15 personas por cada 1.000 habitantes, 13 distritos reportan entre 70 y 166 casos; se trata principalmente de distritos del Gran Área Metropolitana con alta densidad poblacional (https://semanariouniversidad.com/pais/costa-rica-reporta-una-morbilidad-covid-19-de-392-casos-por-cada-1-000-habitantes/), y algunos con altos índices de pobreza. Otras fuentes destacan que Talamanca es el territorio indígena con más adultos fallecidos por Covid 19.

El Canciller mejicano, Marcelo Ebrad, ha denunciado ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas el acaparamiento de las primeras vacunas por parte especialmente de Estados Unidos y algunos países europeos. A estas alturas hay varios países pobres donde no se ha aplicado ni una vacuna (https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm#inbox?projector=1) O sea, los pobres que han sido las principales víctimas de la pandemia, debido a sus precarias condiciones socioeconómicas, ahora también serán víctimas de este inhumano acaparamiento por parte de los países ricos.

Para el Ministro sin “cartera”, André Garnier, designado por el gobierno de don Carlos Alvarado como enlace con el sector empresarial (resulta evidente que para este gobierno no es prioridad el enlace con el sector trabajador), el salario mínimo en este país es muy alto. Es decir, “que se mueran lo pobres…”.

La política de desmantelamiento de la institucionalidad social, que congela salarios y plazas en el sector público, ya está afectando servicios básicos como la salud y la educación; traerá como consecuencias una nueva “generación perdida”, como sucedió en la década de 1980, por no tener acceso a educación pública de calidad y contar con menos recursos para la atención en salud.

El sector financiero público y privado no ha estado a la altura de las circunstancias para facilitar el acceso a crédito a tasas razonables y renegociar deudas de pequeñas y medianas empresas que han sido inducidas a la quiebra por la contracción de la demanda en tiempos de pandemia.

Las altas tasas de desempleo que tienden a crecer con la política de contención y reducción del empleo público, así como el creciente subempleo en el sector privado, está conduciendo a una ampliación sin precedentes del sector informal, con impactos especialmente entre las mujeres jefas de hogar, lo que significará un empobrecimiento mayor del que ya se están sufriendo. Es decir, “que se mueran las pobres…”.

“Que se salven los ricos” es la consigna bajo la cual han venido aprobando leyes, a diestra y siniestra, las señoras y señores diputados, particularmente del Partido Liberación Nacional (PLN), secundado por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Partido Acción Ciudadana (PAC) y los partidos religiosos fundamentalistas, Restauración Nacional (PRN) y Nueva República (PRN).

El azote “pandémico” neoliberal seguirá cobrando más víctimas en este país. Son las señales que emanan de la actual Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo. Los tiempos post-pandémicos serán dolorosamente sacrificiales. Es decir, “que se mueran los pobres…” y que “Dios los coja confesados”.

 

Foto: Semanario Universidad.

Los repartidores a domicilio

Marlin Oscar Ávila Henríquez

Los repartidores de encomiendas (rapitenderos) como UBER Eats, Glovo, Rappi y otros, han ido creciendo numéricamente durante la pandemia de Covid-19, lo cual contribuye a paliar el desempleo.

Esta no es una actividad nueva, al contrario, es de hace un siglo o más. Desde la primera mitad del siglo XX, en toda Costa Rica, la leche, se repartía en botellas de vidrio a todas y cada una de las familias. Se les dejaba en la entrada de sus casas. Igual ocurría con el pan para el desayuno. Cada panadería tenía una larga lista de pedidos que se definía semanalmente entre el panadero y los vecinos del barrio o el pueblo.

La diferencia principal con lo que hacemos ahora, son los medios de comunicación utilizados para solicitar el servicio y del medio para pagar el mismo. En aquellos tiempos se utilizaba la relación presencial o por un teléfono alámbrico con un disco de 10 dígitos, si no, una palanca giratoria que definía al destinatario por las vueltas que se le daban y a través de una central manipulada por una empleada de la telefónica que hacía la confección desde un tablero cundido de cables y huecos enumerados.

No hay que explicar las diferencias con nuestra forma de comunicación ahora. Los avances tecnológicos son años luz con aquellos tiempos.

Ahora, la pandemia está impulsando a gran velocidad este empleo de mensajería, al grado de hacerlo crecer exponencialmente.

Pero este crecimiento invita a revisar con más cuidado la relación entre empleado y empleador. ¿Cuánto se está respetando los derechos laborales de quienes trabajan en este campo? Siendo un trabajo con muchos riesgos a la seguridad del empleado, a su bioseguridad, seguridad a los riesgos elevados de accidentes en las vías por donde se movilizan, a los horarios de labor y a sus descansos intermedios, etc.

Entre otros riesgos que se han descubierto, al menos en otros países vecinos, es el que sean utilizados para acarrear estupefacientes escondidos o embutidos en los paquetes que llevan, sin saber lo que hay en su contenido.

En nuestro país se ha estigmatizado la organización de los y las trabajadoras para defender sus derechos laborales, en sindicatos. Esto ha sido un éxito retrógrado de la oligarquía y el empresariado nacional para evitar costos y el respeto a los derechos laborales, permitiendo una mayor extracción y concentración de capital de la fuerza laboral. Sin embargo, estamos ingresando a nuevas formas de vida e institucionalidad que merece ver a nuestros trabajadores como humanos y no seguir tratándoles como mercancías. Es una buena oportunidad de volver sustantiva nuestra democracia, superando las apariencias para la exportación pasando a una Costa Rica realmente participativa.

Evitemos que nuestros rapitenderos sean mal tratados por estas empresas repartidoras y de entregas a domicilio, y más aún, si los carteles del mercado ilícito les quieren utilizar (o ya lo hacen) para el narco menudeo.

Prevenir siempre es muy saludable e importante, no solamente en evitar contagios de coronavirus, pero contagios en otros ámbitos de la salud biológica y social.

 

A propósito de este artículo de Marlin Oscar Ávila Henríquez, SURCOS comparte esta reflexión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que fue enviada a nuestro medio por Maikol Hernández Arias, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (FENTRAG).

Los derechos laborales que se niega a quienes venden lotería

A la memoria de mi difunto padre que por 61 años tuvo como único oficio la venta de lotería y nunca vio la luz de una justicia laboral.

Lupita Chaves Cervantes

El Día Internacional de los Trabajadores, se celebra conmemorando la ejecución de los Mártires de Chicago por participar en la lucha por el logro de una jornada laboral de 8 horas.

Han pasado 134 años, y una fecha como hoy, nos obliga a alzar la voz contra la discriminación y maltrato laboral que aún sufren cantidad de trabajadores y trabajadoras en nuestro país,

Pero resulta aún más inverosímil, que, al día de hoy, una Institución del Estado, creada en el año 1845 vía decreto con el nombre de Junta de Caridad, conocida actualmente como Junta de Protección Social, permanezca despojando de la aplicación de una verdadera justicia social y laboral a las personas vendedoras de lotería.

Bajo el slogan de la Junta “ 175 años de hacer el Bien “ se esconden tristes historias de vendedores y vendedoras de lotería, que entregaron y hoy día entregan su fuerza de trabajo a esa Institución y que no tienen derecho al descanso, a gozar de vacaciones, incapacidad en caso de enfermedad, aguinaldo, salario escolar, beneficios que con toda justicia se les reconoce a los empleados de plantilla de la Junta y no existe ninguna razón para que se les niegue a los vendedores de lotería.

La Junta se ha amparado en una disposición normativa que por infame voluntad del legislador establece la Ley de Loterías N° 7395 del 3 de mayo de 1994, que crea la figura jurídica de concesión (hecha la ley, hecha la trampa) para la distribución de lotería a los vendedores de lotería, que conforma un sector social muy vulnerable al tratarse de personas adultas mayores y personas con discapacidad en su mayoría.

El perverso espíritu en que se refugia mediante Ley esta injusticia social es la condición de encontrarse en estado de necesidad, “estado que necesite de dicha actividad – venta de lotería – como medio de subsistencia” (art. 3) para obtener cuota de lotería en carácter de adjudicatario.

El estado de necesidad es la excusa que utiliza esta Institución del Estado para despojarlos de sus derechos, bajo el argumento de que, si no estuviesen vendiendo lotería, no tendrían con qué subsistir y el beneficio es darles un medio de trabajo mediante la figura de la concesión excluyente de una relación laboral, con fin de explotar su fuerza de trabajo sin derecho laboral alguno, aprovechándose de su condición.

Los encontramos a todas horas en las calles, restaurantes, centros comerciales, bajo la lluvia, el sol, expuestos a asaltos, muchos han fallecido habiendo tenido como único oficio la venta de lotería sin haber gozado nunca de derechos laborales, otros han muerto en las manos de asaltantes.

A partir del 8 de mayo próximo, la presidenta de la Junta ha anunciado con bombos y platillos que empiezan nuevamente los sorteos de chances y lotería, lo que los colocará en estado de riesgo por pandemia, con ausencia de protocolos institucionales que salvaguarden su salud, pues no se anunció por parte de esa Junta el suministro de implementos para garantizar la labor que minimice el contagio en las calles.

Se ha hecho caso omiso al Informe PE-118-97 con recomendaciones finales dadas por la Defensoría de los Habitantes desde el año 1997, que recomienda a los Diputados de la Asamblea Legislativa y a la Junta de Protección “ promover la redacción de un proyecto de Ley de Loterías que se ajuste a la justicia y a las disposiciones normativas – nacionales e internacionales – que regulan y protegen el trabajo humano desempeñado por los vendedores de lotería….Proceder de conformidad con dicho proyecto a fin de dictar una nueva Ley de Loterías que derogue la Ley 7395 del 3 de mayo de 1994 ”.

El citado Informe de la Defensoría, analizó la situación de los vendedores de lotería destacando la injusticia y explotación en que se encontraban, y solicitó una reforma legal o una nueva Ley de Loterías que tome en consideración los derechos y garantías sociales de los vendedores directos de lotería y su relación real con la Junta de Protección Social, recomendó revocar la figura de la concesión que es una mampara del Estado y de la Junta para evadir el pago de derechos laborales a ésta clase trabajadora.

Ha faltado voluntad política del legislador, así como del seno de esa Junta, y de los gobiernos para promover la redacción del proyecto de Ley de Loterías que se ajuste a la justicia, dignidad, disposiciones internacionales y nacionales, para proteger el trabajo humano que desempeñan los vendedores de lotería.

La injusticia y el silencio permanece y el dinero que genera la Junta al país en la venta de la lotería “para hacer el bien” sigue llevando el sello de la explotación y la sangre que ha corrido en la venta de lotería.

Revisando los estados financieros de la Junta, al 31 de diciembre de 2019, producto de la venta de Lotería (chances, lotería, lotto, tiempos entre otros) constituye la suma de ¢ 247.264.856.767,00 generada por el sudor de muchas personas físicas explotadas.

Ya es hora de que haya conciencia jurídica, institucional y nacional de reivindicar esta clase trabajadora, por la ruta exclusiva de la reforma legal o una nueva Ley de Loterías que revoque la actual, camino que recomienda la Defensoría de los Habitantes.

No puede ser que pasen los años y en pleno Siglo XXI permanezca esta Institución Estatal refugiándose en una Ley que excluye y deja sin amparo ni derechos laborales, a la clase trabajadora que le genera los fondos económicos que le permiten cumplir sus objetivos y “labor de beneficencia social”.

No se puede hacer el bien, con la sangre humana y la denegación de desarrollo humano de una clase trabajadora.

1 de mayo 2020

COVID-19 Emergencia: Prioridades y perspectivas de la ISP

Rosa Pavanelli, secretaria general Internacional de Servicios Públicos

La ISP constata que el momento que vivimos requiere que todo el movimiento sindical se centre en dos frentes: un conjunto de acciones de emergencia inmediatas y específicas y una respuesta económica (compuesta por 8 puntos cada una)

a ISP se enfrenta a la crisis más grave que sus miembros han confrontado. Lxs trabajadorxs de la salud representan alrededor del 12% de la población infectada en todo el mundo, y el número de muertes es intolerable.

La falta de preparación de los sistemas de salud, incluida la escasez de personal, las agotadoras jornadas de trabajo y la falta de equipo de protección personal (PPE) están exponiendo a lxs trabajadorxs de la salud a peligros mortales que también socavan la capacidad de los sistemas de salud para responder a la emergencia.

La escasez crónica de ventiladores, camas en la UCI, camas de reanimación, equipos de pruebas, laboratorios y biólogos está impidiendo las posibilidades de salvar vidas y empeorará las ya peligrosas condiciones de trabajo del personal sanitario.

Además, los años de privatización de los establecimientos de salud han ejercido una presión aún mayor sobre los sistemas de salud pública, hasta que (algunos) gobiernos decidieron obligar a los proveedores privados a unirse a los hospitales públicos en su respuesta a la emergencia.

Rosa Pavanelli, secretaria general Internacional de Servicios Públicos

En este momento, el movimiento sindical debe centrarse en la respuesta inmediata a la emergencia:

1. Utilizar todos los medios para proporcionar EPP a todxs lxs trabajadorxs expuestxs a un alto riesgo de contagio (atención sanitaria, cuidado de ancianos, atención domiciliaria, transporte, ambulancia, policía, bomberxs, prisiones y centros de detención, incluidos los campamentos de refugiadxs y de migrantes, dependientes y cajerxs, trabajadorxs de la producción esencial, etc.). Para lograr esto, los sindicatos deben pedir a los gobiernos que soliciten a las fábricas locales para que conviertan su actividad a la producción de estos bienes. La requisa también debe aplicarse a la producción de ventiladores, equipos de prueba y todos los equipos y dispositivos necesarios para que el sector de la salud pueda trabajar de manera eficiente.

2. Aumentar el número de camas en la UCI. Esto significa que debemos pedir a los gobiernos que requisen los hospitales y clínicas privadas para responder a las necesidades de la población.

3. Contratar, capacitar y equipar a enfermerxs y médicxs para aliviar la carga de trabajo del personal hospitalario actual y reducir el riesgo de contagio.

4. Suspender las patentes de los medicamentos que resulten necesarios para el tratamiento de COVID 19. Crear un consorcio/agencia a nivel mundial, bajo la OMS, para coordinar la investigación de una vacuna y evitar la explotación comercial.

5. Imponer el cierre de todas las actividades de fabricación y comerciales no esenciales.

6. Pedir a los gobiernos que apoyen a lxs trabajadorxs y los ingresos familiares, incluidos lxs trabajadorxs informales de todo tipo, y que garanticen licencias remuneradas. Del mismo modo, prestar apoyo para el cuidado de los niñxs a todxs lxs trabajadorxs que deban seguir trabajando. En la ISP creemos que debe haber una respuesta colectiva de los estados a una emergencia mundial con la inyección de recursos para apoyar los ingresos familiares y de las pequeñas empresas, y que el sector privado debe contribuir de acuerdo con las directrices del gobierno.

7. Comprometerse con los organismos gubernamentales de desarrollo y las IFI para garantizar la inyección de recursos adecuados, sin condicionalidades, para apoyar la emergencia en los países en desarrollo, incluido el suministro a todxs de agua limpia y jabón para el lavado de manos.

8. Instar a la comunidad internacional a que proporcione una solución urgente, inclusiva y basada en los derechos a lxs migrantes detenidxs, lxs que están atrapadxs en las fronteras y lxs refugiadxs, lxs solicitantes de asilo, lxs migrantes y las personas desplazadas que viven en campamentos. Además de la situación humanitaria y de derechos humanos, que nos preocupa como sindicatos, existe el alto riesgo de que la concentración de miles de personas en zonas restringidas sin acceso a servicios de atención de la salud y a agua potable y saneamiento se convierta en una catástrofe de salud pública de una magnitud inimaginable.

Es necesario tomar medidas para hacer frente a los problemas derivados de las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. La situación se ha visto agravada por la falta de preparación y por los cambios en el sistema económico mundial en los últimos 30 años. La profunda conmoción económica resultante puede crear muchas dificultades para lxs trabajadorxs y marcar el comienzo de otro ciclo de austeridad. Debemos prepararnos ahora para dar forma a la respuesta económica.

Este será el momento de decir que hay una emergencia mundial que necesita ser financiada, y que deben adoptarse medidas rápidas y radicales si queremos evitar la paralizante austeridad, la dislocación social y el extremismo político de derechas que siguió a la crisis financiera mundial. Lxs trabajadorxs ya están haciendo sacrificios y las pequeñas empresas también están sufriendo: es hora de que quienes se han beneficiado del sistema paguen ahora y contribuyan inmediatamente para reparar el daño que han hecho. Entre las cuestiones que deben abordarse podrían figurar las siguientes:

1. El alivio y la reestructuración de la deuda para las economías más vulnerables, de manera que no se vean obligadas a enfrentarse a crisis monetarias y de reembolso al mismo tiempo que tratan de hacer frente a la crisis sanitaria y económica.

2. Cambios en el sistema mundial de rescate de la deuda para garantizar que pueda producirse una reestructuración ordenada de la deuda, cuando sea necesario, que comparta la carga entre los acreedores y los deudores y no socave el crecimiento económico ni exacerbe las crisis sociales.

3. Eliminar los topes legislativos de deuda y gastos, como ocurre en Europa y el Brasil.

4. Exigir que los préstamos concedidos a los países (del Banco Mundial, el FMI, los bancos regionales de desarrollo o los acreedores privados) no contengan condicionalidades como la liberalización del mercado laboral, la privatización o las desgravaciones fiscales para los más ricos.

5. Implementar impuestos sobre la riqueza para asegurar que aquellos que han almacenado riqueza en el período previo a la crisis ahora contribuyan.

6. Aumentar los tipos de los impuestos de sociedades al 50% para los que obtengan beneficios excesivos, es decir, por encima del 5%. En un momento en el que las empresas están fracasando, los servicios públicos no tienen fondos suficientes y lxs trabajadorxs están haciendo sacrificios, las empresas que están obteniendo beneficios excesivos tienen la obligación moral y económica de contribuir a la recuperación. A diferencia de otros impuestos o gravámenes, un impuesto sobre el exceso de beneficios no puede hacer más vulnerables a las empresas en dificultades, ya que sólo se aplica sobre los beneficios ya generados, y a niveles excesivos. Las empresas en dificultades no pagarían más impuestos, pero se beneficiarían del estímulo fiscal proporcionado al garantizar que los beneficios excesivos se reorienten inmediatamente al estímulo fiscal.

7. Introducir inmediatamente un impuesto sobre los servicios digitales para que las empresas de tecnología que han obtenido beneficios masivos, que antes evitaban los impuestos y que almacenaban dinero en efectivo en paraísos fiscales (y que ahora obtienen aún más beneficios debido al confinamiento, es decir, Netflix, Amazon, etc.) paguen su parte justa de inmediato. Muchos países querían introducir esos impuestos, pero se les convenció de que esperaran a los resultados del proceso BEPS de la OCDE. El proceso BEPS no es ahora capaz de proporcionar una propuesta creíble, y ciertamente no en el plazo requerido para una reparación fiscal urgente. Se debería instar a todos los países a que los introduzcan inmediatamente como instrumento de recaudación de ingresos.

8. No se deberían tomar medidas de rescate financiero a ninguna empresa que no proporcione un CBCR público (informe país por país), ni a ninguna que opere a través de paraísos fiscales. La respuesta a la crisis financiera mundial y los recientes regalos fiscales en los EE.UU. muestran que sin estas medidas muchas empresas redirigirán estos beneficios a los accionistas, directores y gerentes y no los utilizarán para proteger el empleo y las condiciones de los empleados.

A largo plazo es necesario repensar profundamente el sistema económico mundial, incluyendo el sistema de producción y el papel de las cadenas de suministro mundiales, que fracasaron en esta crisis. También deberíamos reconsiderar el papel del gobierno en las políticas industriales, incluida la necesidad de producir internamente bienes que son esenciales para garantizar el interés y el bienestar públicos. Es fundamental reconsiderar el papel de los servicios públicos e invertir en los sistemas de salud pública, la educación pública, el agua potable, el saneamiento y la protección social. Esto significará defender el argumento de que el actual sistema de gobernanza financiera y el poder desmesurado de las empresas multinacionales deben terminar.

Por eso creemos que debemos cambiar el discurso ahora mismo.

No queremos que lxs trabajadorxs de la salud que salvan vidas sean llamadxs héroes. ¡No son héroes! Son profesionales que reclaman y merecen respeto, dignidad, el derecho a ser protegidxs y el reconocimiento de salarios y condiciones de trabajo decentes.

Queremos dejar claro de una vez por todas quiénes son los que se benefician y cómo deben cambiarse las reglas del juego si queremos evitar desastres en el futuro y si queremos trabajar realmente por un mundo mejor y más justo para todxs.

No entender esto bajo estas circunstancias no es sólo un error, es irresponsable. Ya perdimos la oportunidad en 2008. No podemos perderla esta vez.

Como dijo el Papa Francisco, «pensamos que podíamos estar seguros en un mundo enfermo». La crisis mundial generada por COVID-19 demuestra que no estamos ni podemos estar seguros en un planeta enfermo.

Debemos reflejar las numerosas políticas que los gobiernos se ven obligados a adoptar ahora para ayudarnos a hacer frente a la crisis climática. Un enfoque estrecho en el empleo y la transición impulsada por las empresas seguramente condenará a la humanidad a una crisis sistémica y al fracaso del sistema.

Nadie puede afirmar ahora que los cambios rápidos en las políticas son imposibles o que las crisis futuras pueden ser mejor tratadas por los mercados. Pero la gente puede ignorar las advertencias y volver a los negocios como de costumbre. Nuestro trabajo es asegurarnos de que esto no suceda. Es asegurarnos de que el sufrimiento actual no sea en vano y utilizar las advertencias que ahora tenemos para convencer a la gente de que debemos construir una nueva economía radical y desarrollar políticas que pongan a las personas y al planeta por encima del lucro.

Compartido con SURCOS por Óscar Rodríguez.
Fuente: https://publicservices.international/resources/news/covid-19-emergencia—prioridades-y-perspectivas-de-la-isp-?id=10694&lang=es

Al Sur de la cuarentena

Boaventura de Sousa Santos

Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez

Cualquier cuarentena es siempre discriminatoria, más difícil para unos grupos sociales que para otros. Es imposible para un amplio grupo de cuidadores cuya misión es hacer posible la cuarentena al conjunto de la población. En este texto, sin embargo, atiendo a otros grupos para los que la cuarentena es particularmente difícil. Son los grupos que tienen en común una vulnerabilidad especial que precede a la cuarentena y se agrava con ella. Esos grupos conforman lo que llamo el Sur. En mi concepción, el Sur no designa un espacio geográfico. Designa un espacio-tiempo político, social y cultural. Es la metáfora del sufrimiento humano injusto causado por la explotación capitalista, por la discriminación racial y por la discriminación sexual. Me propongo analizar la cuarentena desde la perspectiva de quienes más han sufrido debido a estas formas de dominación. En su conjunto, estos colectivos sociales constituyen la mayoría de la población mundial.

Selecciono unos pocos

Las mujeres. La cuarentena será particularmente difícil para las mujeres y, en algunos casos, incluso puede ser peligrosa. Las mujeres son consideradas “las cuidadoras del mundo”, predominan en el ámbito de la prestación de cuidados dentro y fuera de las familias. Predominan en profesiones como la enfermería o la asistencia social, en la primera línea de batalla de la prestación de cuidados a enfermos y ancianos dentro y fuera de las instituciones. No pueden defenderse en cuarentena para garantizar la cuarentena de los demás. También son ellas las que siguen estando a cargo, exclusiva o mayoritariamente, del cuidado de las familias. Puestas en cuarentena, uno podría imaginar que, con más brazos disponibles en casa, las tareas podrían estar más distribuidas. Sospecho que no será así frente al machismo que impera y tal vez se refuerce en momentos de crisis y de confinamiento familiar. Con los niños y otros miembros de la familia en casa durante las veinticuatro horas, el estrés será mayor y sin duda recaerá más sobre las mujeres. El aumento del número de divorcios en algunas ciudades chinas durante la cuarentena puede ser un indicador de lo que acabo de decir. Por otro lado, es bien sabido que la violencia contra las mujeres tiende a aumentar en tiempos de guerra y de crisis (y ha ido en aumento ahora). Una buena parte de esta violencia se produce en el espacio doméstico. El confinamiento de las familias en espacios pequeños y sin salida puede ofrecer más oportunidades para el ejercicio de la violencia contra las mujeres. Basándose en información del Ministerio del Interior, el periódico francés Le Figaro informaba el 26 de marzo de que la violencia conyugal había aumentado un 36% la semana anterior en París. El Ministro de Policía de Sudáfrica, Bheki Cele, informó el 2 de abril que en la primera semana de cuarentena se registraron 87.000 denuncias por violencia de género.

Los trabajadores precarios e informales, llamados autónomos. Después de cuarenta años de ataques a los derechos de los trabajadores en todo el mundo por parte de las políticas neoliberales, este grupo de trabajadores es globalmente predominante, aunque las diferencias de un país a otro son muy significativas. ¿Qué significa la cuarentena para estos trabajadores, que tienden a ser los más rápidamente despedidos cada vez que hay una crisis económica? El sector servicios, en el que abundan, será una de las áreas más perjudicadas por la cuarentena. El 23 de marzo, la India declaró la cuarentena durante tres semanas, afectando a 1.300 millones de habitantes. Teniendo en cuenta que en la India entre el 65% y el 70% de los trabajadores pertenecen a la economía informal, se estima que 300 millones de indios se quedarán sin ingresos. En América Latina, alrededor del 50% de los trabajadores se emplean en el sector informal. En África, por ejemplo, en Kenia o Mozambique, debido a los programas de ajuste estructural de los años 1980-90, la mayoría de los trabajadores son informales. La indicación de la OMS de trabajar en casa y en aislamiento es impracticable, pues obliga a los trabajadores a elegir entre ganarse el pan diario o quedarse en casa y pasar hambre. Las recomendaciones de la OMS parecen haber sido diseñadas pensando en una clase media que es una fracción muy pequeña de la población mundial. ¿Qué significa la cuarentena para los trabajadores que ganan día a día para vivir día a día? ¿Se arriesgarán a desobedecer la cuarentena para alimentar a su familia? ¿Cómo resolverán el conflicto entre el deber de alimentar a la familia y el deber de proteger su vida y la de ella? Morir de virus o morir de hambre, esa es la opción.

Trabajadores de la calle. Los trabajadores de la calle son un grupo específico de trabajadores precarios. Los vendedores ambulantes, para quienes el «negocio», es decir, la subsistencia, depende exclusivamente de la calle, de quienes transitan en ella y de la decisión, siempre impredecible para el vendedor, de detenerse y comprar algo. Hace mucho tiempo que los vendedores viven en cuarentena, en la calle, pero en la calle con gente. El impedimento de trabajar para quienes venden en los mercados informales de las grandes ciudades significa que potencialmente millones de personas ni siquiera tendrán dinero para acudir a las instalaciones de salud si se enferman o para comprar desinfectante y jabón para manos. Los que tienen hambre no pueden darse el lujo de comprar jabón y agua a precios que están comenzando a sufrir el peso de la especulación. En otros contextos, los uberizados de la economía informal que entregan alimentos y pedidos a domicilio garantizan la cuarentena de muchos, pero por eso no pueden protegerse con ella. Su «negocio» aumentará tanto como su riesgo.

Los sin techo o población de calle. ¿Cómo será la cuarentena para aquellos que no tienen hogar? Personas sin hogar, que pasan las noches en viaductos, estaciones abandonadas de metro o tren, túneles de aguas pluviales o túneles de alcantarillado en tantas ciudades del mundo. En los Estados Unidos los llaman tunnel people. ¿Cómo será la cuarentena en los túneles? ¿No han estado toda su vida en cuarentena? ¿Se sentirán más libres que aquellos que ahora son obligados a vivir en casa? ¿La cuarentena verá una forma de justicia social?

Moradores en las periferias pobres de las ciudades, favelas, barriadas, slums, caniço, etc. Según datos de ONU Hábitat, 1,6 mil millones de personas no tienen una vivienda adecuada y el 25% de la población mundial vive en barrios informales sin infraestructura ni saneamiento básico, sin acceso a servicios públicos, con escasez de agua y electricidad. Viven en espacios pequeños donde se aglomeran familias numerosas. En resumen, habitan en la ciudad sin derecho a la ciudad, ya que, viviendo en espacios desurbanizados, no tienen acceso a las condiciones urbanas presupuestas por el derecho a la ciudad. Dado que muchos habitantes son trabajadores informales, se enfrentan a la cuarentena con las mismas dificultades mencionadas anteriormente. Pero además, dadas las condiciones de vivienda, ¿podrán cumplir con las normas de prevención recomendadas por la OMS? ¿Serán capaces de mantener la distancia interpersonal en los pequeños espacios de vivienda donde la privacidad es casi imposible? ¿Podrán lavarse las manos con frecuencia cuando la poca agua disponible se debe guardar para beber y cocinar? ¿El confinamiento en una vivienda tan pequeña no tiene otros riesgos para la salud tan o más dramáticos que los causados por el virus? Muchos de estos barrios ahora están fuertemente vigilados y, a veces, sitiados por las fuerzas militares con el pretexto de combatir el crimen. ¿No es, después de todo, la cuarentena más dura para estas poblaciones? ¿Los jóvenes de las favelas de Río de Janeiro, a quienes la policía siempre les impidió ir a la playa de Copacabana el domingo para no molestar a los turistas, no sentirán que ya vivían en cuarentena? ¿Cuál es la diferencia entre la nueva cuarentena y la original que siempre ha sido su modo de vida? En Mathare, uno de los suburbios de Nairobi, Kenia, 68.941 personas viven en un kilómetro cuadrado. Como en muchos contextos similares en el mundo, las familias comparten una habitación que también es cocina, dormitorio y sala de estar. ¿Cómo se les puede pedir autoaislamiento? ¿Es posible el autoaislamiento en un contexto de heteroaislamiento permanente impuesto por el Estado?

Cabe señalar que para los habitantes de las periferias pobres del mundo, la actual emergencia sanitaria se une a muchas otras emergencias. Según nos informan los compañeros y compañeras de Garganta Poderosa, uno de los movimientos sociales más notables en los barrios populares de América Latina, además de la emergencia de salud causada por la pandemia, los moradores enfrentan varias otras emergencias. Es el caso de la emergencia sanitaria resultante de otras epidemias aún no resueltas y la falta de atención médica. Este año ya se registraron 1.833 casos de dengue en Buenos Aires. Solo en la Villa 21, uno de los barrios pobres de Buenos Aires, hubo 214 casos. “Por coincidencia”, el 70% de la población en la Villa 21 no tiene agua potable. Este es también el caso de la emergencia alimentaria, porque hay hambre en los vecindarios y los modos comunitarios de superarlo (comedores populares, refrigerios) colapsan ante el dramático aumento de la demanda. Si las escuelas cierran, la comida escolar que garantiza la supervivencia de los niños termina. Finalmente es el caso del surgimiento de la violencia doméstica, que es particularmente grave en los vecindarios, y el surgimiento permanente de la emergencia por la violencia policial y la estigmatización que conlleva.

Los ancianos. Este grupo, que es particularmente numeroso en el Norte global, es generalmente uno de los grupos más vulnerables, pero la vulnerabilidad no es indiscriminada. De hecho, la pandemia requiere que seamos más precisos sobre los conceptos que usamos. Después de todo, ¿quién es anciano? Según Garganta Poderosa, la diferencia en la esperanza de vida entre dos barrios de Buenos Aires (el barrio pobre de Zavaleta y el barrio exclusivo de Recoleta) es de unos veinte años. No es casual que los líderes comunitarios sean considerados de “edad madura” por la comunidad y “jóvenes líderes” por la sociedad en general.

Las condiciones de vida prevalecientes en el Norte global han llevado a que una gran parte de los ancianos se depositen (la palabra es dura, pero es lo que es) en hogares, casas de reposo, asilos. Dependiendo de sus posesiones propias o familiares, estos alojamientos pueden ir desde cajas fuertes de joyería de lujo hasta vertederos de desechos humanos. En tiempos normales, los ancianos comenzaron a vivir en estos alojamientos como espacios que garantizaban su seguridad. En principio, la cuarentena causada por la pandemia no debería afectar en gran medida su vida, dado que ya están en cuarentena permanente. ¿Qué sucederá cuando, debido a la propagación del virus, esta zona de seguridad se convierta en una zona de alto riesgo, como está sucediendo en Portugal y España? ¿Estarían más seguros si pudieran regresar a las casas donde vivieron toda su vida, en el improbable caso de que aún existan? ¿Los familiares que, por su propia conveniencia, los dejaron en asilos, no sentirán remordimiento por someter a sus ancianos a un riesgo que puede ser fatal? ¿Y los ancianos que viven en aislamiento no estarán ahora en mayor riesgo de morir sin que nadie se dé cuenta? Al menos, los ancianos que viven en los barrios más pobres del mundo pueden morir por la pandemia, pero no morirán sin que nadie se dé cuenta. También se debe agregar que, especialmente en el Sur global, las epidemias anteriores han significado que los ancianos tengan que prolongar su vida laboral. Por ejemplo, la epidemia del SIDA ha matado y sigue matando a padres jóvenes, dejando a los abuelos con la responsabilidad del hogar. Si los abuelos mueren, los niños corren un riesgo muy alto de desnutrición, hambre y, en última instancia, de muerte.

Los internados en campos de refugiados, inmigrantes indocumentados o poblaciones desplazadas internamente. Según cifras de la ONU, hay 70 millones. Son poblaciones que, en su mayor parte, viven en cuarentena permanente, y para las cuales la nueva cuarentena significa poco como regla de confinamiento. Pero los peligros que enfrentan si el virus se propaga entre ellos serán fatales e incluso más dramáticos que los que enfrentan las poblaciones de las periferias pobres. Por ejemplo, en Sudán del Sur, donde más de 1,6 millones de personas están desplazadas internamente, lleva horas, si no días, llegar a los centros de salud, y la principal causa de muerte a menudo se puede prevenir, causada por enfermedades que ya tienen remedios: malaria y diarrea. En el caso de los campos de refugiados a las puertas de Europa y de Estados Unidos, la cuarentena causada por el virus impone el deber ético humanitario de abrir las puertas de estos campos de internamiento siempre que no sea posible crear en ellos las condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad exigidas por la pandemia.

Los discapacitados. Han sido víctimas de otra forma de dominación, además del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado: el capacitismo. Se trata de cómo la sociedad los discrimina, no reconoce sus necesidades especiales, no les facilita el acceso a la movilidad ni las condiciones que les permitirían disfrutar de la sociedad como cualquier otra persona. De alguna manera, las limitaciones que la sociedad les impone hacen que se sientan viviendo en cuarentena permanente. ¿Cómo vivirán la nueva cuarentena, especialmente cuando dependen de quien tiene que romper la cuarentena para darles alguna ayuda? Como se han acostumbrado desde hace mucho tiempo a vivir en condiciones de cierto encierro, ¿ahora se sentirán más libres que los «no discapacitados» o más iguales en relación con ellos? ¿Verán tristemente alguna justicia social en la nueva cuarentena?

La lista de los que están al Sur de la cuarentena está lejos de ser exhaustiva. Basta pensar en los prisioneros y en las personas con problemas de salud mental, es decir, depresión. Pero el elenco seleccionado muestra que, al contrario de lo que transmiten los medios y las organizaciones internacionales, la cuarentena no solo hace más visible, sino que refuerza, la injusticia, la discriminación, la exclusión social y el sufrimiento injusto que causan. Resulta que tales asimetrías se vuelven más invisibles frente al pánico que afecta a los que no están acostumbrados al mismo. A la luz de las experiencias de estos grupos sociales durante la cuarentena, se hace particularmente evidente la necesidad de imaginar y concretar alternativas a los modos de vivir, de producir, de consumir y de convivir en estos primeros años del siglo XXI. De hecho, la pandemia y la cuarentena revelan cruelmente que las alternativas son posibles y que las sociedades se adaptan a las nuevas formas de vida cuando esto es necesario y sentido como correspondiente al bien común.

Imagen: http://crisis-economica.blogspot.com/2014/10/trabajo-informal-trabajo-precario-y.html

Compartido con SURCOS por Óscar Jara Holliday, CEAAL.

Informalidad laboral en Costa Rica: taller

Dando seguimiento al trabajo conjunto que viene realizando la FES y la UNA, es que han acordado realizar un taller sobre “Informalidad laboral en Costa Rica: buscando soluciones para una sociedad más justa y solidaria”.

El mismo se llevará a cabo el próximo martes 25 de febrero de 9 a.m. a 3 p.m. El lugar será próximamente definido.

El objetivo es presentar, comentar y realimentar ese día la gran variedad de información estadística que se ha estado obteniendo de un análisis de los últimos 10 años de la encuesta continua de empleo.

El cupo es limitado.

Marco Vinicio Zamora

Henry Mora Jiménez

 

Foto: https://semanariouniversidad.com/pais/un-millon-de-costarricenses-se-anclan-en-el-trabajo-informal/

Información enviada por Henry Mora Jiménez.

Sea parte de SURCOS:

https://surcosdigital.com/suscribirse/