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Etiqueta: transparencia

AEL solicita informe técnico detallado sobre acciones municipales en la zona marítimo terrestre de Talamanca

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) presentó una nueva gestión ante la Municipalidad de Talamanca solicitando información pública detallada sobre las acciones ejecutadas en la zona marítimo terrestre, particularmente en relación con ocupaciones denunciadas en Cocles y Manzanillo.

La solicitud, contenida en el oficio AEL-0018-2026 del 27 de febrero de 2026, invoca la Ley Marco de Acceso a la Información Pública (Ley Nº 10554) y plantea la necesidad de contar con prueba “clara y veraz” sobre la ejecución efectiva de las disposiciones señaladas previamente por la propia Alcaldía.

Antecedente: respuesta general de la Alcaldía

El planteamiento surge a raíz del oficio OF-AMT-E-0016-2025, mediante el cual la Alcaldía indicó que la Municipalidad, por delegación de la Ley Nº 6043 (Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre), es responsable de la administración de las zonas costeras del cantón.

En ese documento se recordó que la zona marítimo terrestre forma parte del patrimonio nacional, es inalienable e imprescriptible, y que la franja de cincuenta metros a partir de la pleamar ordinaria constituye zona pública donde no puede autorizarse ningún tipo de ocupación.

Sin embargo, AEL señala que dicha respuesta fue de carácter general y no incluyó evidencia concreta sobre intervenciones específicas, cronologías, inspecciones o medidas adoptadas frente a denuncias ciudadanas.

Solicitud de prueba documentada y acciones concretas

En el nuevo oficio, AEL solicita un informe técnico-legal detallado que incluya:

  • Lista cronológica de sitios intervenidos desde Puerto Viejo hasta Manzanillo.

  • Fechas de intervención y medidas adoptadas (desalojos, demoliciones, sanciones).

  • Fundamentos fácticos y legales aplicados en cada caso.

La gestión pone especial énfasis en la zona frente al Hotel Le Camaleon en Cocles, donde —según se expone— persisten denuncias por piscinas, mesas, parqueos, baños, cercas de alambre y otras estructuras que podrían contravenir la prohibición de ocupación en la zona pública.

Asimismo, se solicita información sobre inspecciones recientes, evidencias recopiladas, aplicación específica de los artículos 1, 3 y 20 de la Ley Nº 6043, y acciones correctivas ejecutadas o planificadas para restaurar el dominio público.

Enfoque en rendición de cuentas y control ciudadano

La gestión de AEL se fundamenta en el derecho de acceso a la información pública y en el principio de rendición de cuentas en el ejercicio de la función administrativa. El documento señala que la información debe ser entregada en formato accesible y dentro del plazo legal de diez días hábiles, conforme a la normativa vigente.

La organización sostiene que la protección efectiva de la zona marítimo terrestre requiere no solo declaraciones generales sobre el marco legal aplicable, sino también evidencia verificable de intervenciones concretas frente a ocupaciones que restrinjan el acceso público o alteren el dominio inalienable del Estado.

El caso reabre el debate sobre la gestión municipal en la protección del patrimonio natural costero y la necesidad de fortalecer mecanismos de transparencia, fiscalización ciudadana y cumplimiento normativo en territorios de alta presión turística y comercial.

Carta abierta para firmar exige designación técnica, transparente y comprometida con los derechos de las mujeres en el INAMU

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Diversas personas y sectores han puesto en circulación una carta abierta dirigida a la presidenta electa Laura Fernández Delgado, mediante la cual solicitan que el próximo nombramiento de la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y ministra de la Condición de la Mujer responda a criterios técnicos, transparencia y compromiso con la igualdad y los derechos humanos de las mujeres.

La carta, que se encuentra abierta a firmas mediante un formulario digital, subraya que esta designación constituye una decisión estratégica para la democracia y para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de las mujeres, en coherencia con el mandato legal del INAMU y con los compromisos internacionales asumidos por el país, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará.

El documento enfatiza que la persona que asuma la presidencia ejecutiva del Instituto debe contar con idoneidad técnica incuestionable, experiencia comprobada en gestión pública, conocimiento en políticas públicas, liderazgo, solvencia ética y capacidad de articulación interinstitucional. Estos atributos son considerados indispensables para ejercer la rectoría en materia de igualdad de género y garantizar la continuidad y fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

La carta advierte que el nombramiento ocurre en un momento particularmente relevante, debido al proceso de reorganización institucional que atraviesa el INAMU. Esta etapa es considerada determinante para fortalecer la capacidad del Estado de responder a las demandas urgentes en materia de igualdad y protección de los derechos de las mujeres, o bien, en caso contrario, podría debilitar una institucionalidad construida a lo largo de años.

En este contexto, se plantea la necesidad de que dicho proceso se desarrolle con transparencia, respeto al marco legal y comunicación clara con el personal y la ciudadanía, resguardando la memoria histórica, el conocimiento técnico acumulado y la estabilidad de los equipos de trabajo. Asimismo, se destaca la importancia de que cualquier transformación institucional se realice mediante procesos de diálogo interno que fortalezcan la legitimidad y la confianza pública.

El documento también resalta la importancia de establecer canales de diálogo genuino con los distintos actores del Estado y, de manera especial, con las organizaciones de mujeres, reconociendo que esta articulación es fundamental para la eficacia de las políticas públicas y la legitimidad democrática.

Finalmente, la carta reafirma que el INAMU constituye una conquista democrática y una herramienta esencial para garantizar la igualdad sustantiva, la prevención de la violencia y el respeto a la dignidad de las mujeres, por lo que el nombramiento de su nueva jerarca debe responder a criterios técnicos, transparencia y compromiso con los derechos humanos.

Las personas interesadas en respaldar esta solicitud pueden firmar la carta abierta mediante el siguiente enlace:
https://forms.gle/1FJPXduYjGD3EcvY7

Imagen: UCR

Defensoría pidió cuentas sobre acciones país para la prevención de la corrupción

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Defensoría de los Habitantes solicitó cuentas al Ministerio de Justicia y Paz, como ente rector del sector seguridad ciudadana y justicia, sobre los avances en el diseño de la Política de Integridad y Prevención de la Corrupción.

Recientemente, se dieron conocer los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción a nivel mundial y Costa Rica bajo dos puntos porcentuales respecto al año anterior, pasando de 58 a 56 puntos, con lo cual se aleja del promedio de “democracias plenas” en el mundo (73 puntos); también se distancia del país con mejor puntaje en la región como lo es Uruguay; del promedio de países de la OCDE (64) y de la mejor puntuación nacional desde que se mide este índice (59 puntos en el año 2017), ocupando un décimo legar a nivel de América Latina.

La Defensoría de los Habitantes consultó a la cartera de Justicia si ya se cuenta con el marco estratégico de la política, incluyendo metas e indicadores; si ya se dispone del modelo de gestión y gobernanza debidamente redactado y revisado por los actores competentes, tal y como estaba programado; y, si se cuenta con un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de la Política. Otros puntos de los cuales se requirió información son los niveles de avance tanto del plan de acción como del sistema de gestión de riesgo, y la fecha estimada para su conclusión. Igualmente, los resultados que se han obtenido en cuanto a compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo, entre ellos, los mecanismos que incentiven la denuncia de actos de corrupción, sanciones, entre otros aspectos.

Finalmente, la Defensoría requirió al rector del ramo informar sobre la atención de las líneas de trabajo establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2027 para prevenir y sancionar la corrupción, entre ellas el fortalecimiento de la Estrategia de Gobierno Abierto, promoción de la transparencia e integridad en gobiernos locales y oficinas descentralizadas del sector público, acciones para evitar el conflicto de interés en actividades del Estado, creación de registros de lobistas y promoción de auditorías ciudadanas, entre otras aspiraciones planteadas en la planificación cuatrienal.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Calificación país baja en el Índice de Percepción de la Corrupción

Escrito en . Publicado en Derechos.

Costa Rica se aleja de los mejores puntajes de América y de los países de la OCDE, tendencia que muestra en otros indicadores internacionales.

Este 2025, Costa Rica obtuvo 56 puntos de 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), lo que empeora el desempeño histórico, ya de por sí deficiente. Desde el 2012 que se calcula este índice de manera comparada, el país ha alcanzado como máximo un puntaje de 59 en la medición del 2017, pero se mantiene en la decena de los cincuenta, en la cual ha estado fluctuando desde el 2012, sin avances sostenidos.

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) clasifica 182 países según el nivel de percepción de la corrupción en el sector público, en una escala de cero (muy corruptos) a cien (muy limpios). Es la medida más utilizada para la comparación entre países y la calcula la organización no gubernamental Transparencia Internacional desde hace más de dos décadas.

Debido a la carencia de acciones más contundentes contra la corrupción, no sorprende que el país baje, y que se encuentre alejado de los mejores puntajes del continente (Canadá, 75 o Uruguay, 73) y también del promedio del IPC que tienen las democracias plenas (73), pues es el grupo en el cual Costa Rica debería compararse por su trayectoria institucional.

Para la Asociación Costa Íntegra, capítulo de Transparencia Internacional en el país, esta disminución en nuestra calificación refleja una oportunidad perdida en el cuatrienio de gobierno que finaliza.

La popularidad alta no fue aprovechada para enarbolar la bandera anticorrupción de la que se habló con frecuencia. Pese a ello, los avances son deficientes en iniciativas como la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC), el Estudio de Integridad de la OCDE, las recomendaciones de los informes de las convenciones internacionales anticorrupción y de otros informes similares. Asimismo, la ausencia de reglamentos a leyes como la 10437 (Ley de protección de las personas denunciantes y testigos de actos de corrupción contra represalias laborales) o la 10554 (Ley marco de acceso a la información pública), son también deudas importantes que al parecer se han trasladado a la nueva administración.

Por su parte, espacios cívicos como los grupos multiactor de Gobierno Abierto, Datos Abiertos, Parlamento Abierto y Estándares de Transparencia para la Construcción (CoST), requieren un relanzamiento con compromiso explícito para su implementación e impacto.

La baja del IPC forma parte de otros indicadores relacionados con la democracia que tienden a empeorar para Costa Rica, particularmente la libertad de prensa y la independencia entre poderes del Estado.

Para Juany Guzmán León, presidenta de la Asociación Costa Rica Íntegra, “estamos al frente de una nueva oportunidad, un nuevo gobierno, con una alta legitimidad, que reitera en la campaña electoral su compromiso en la lucha contra la corrupción. Pero para mejorar se requiere un plan claro, rendición de cuentas, respeto a las libertades fundamentales y priorizar acciones sustantivas”.

En esta perspectiva, en conjunto con otros actores de sociedad civil, la Asociación Costa Rica Integra, pondrá a la disposición de la nueva administración de gobierno, un conjunto de medidas que consideramos son clave en la ruta de una cultura de integridad, de prevención de la corrupción y de fortalecimiento de la participación ciudadana en el seguimiento y el cumplimiento de los compromisos nacionales en estas materias.

Deterioro global. La publicación global del IPC llama la atención sobre un declive generalizado, incluso en las democracias más sólidas, haciendo énfasis en el caso de Estados Unidos que alcanzó el puntaje más bajo de su historia en el IPC (64), luego de debilitar la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) —una norma clave que prohíbe el soborno corporativo a funcionarios extranjeros.

Al mismo tiempo, los recortes a la ayuda estadounidense destinada a financiar organizaciones de la sociedad civil en el exterior que fiscalizan a sus gobiernos han debilitado los esfuerzos anticorrupción a nivel global. Líderes políticos de distintos países han interpretado esto como una luz verde para perseguir y restringir aún más a voces independientes, como ONG y periodistas.

El informe global del IPC dedica este año a la problemática del crimen organizado, y menciona en concreto a Costa Rica: “Con elecciones este año en Bahamas (64), Colombia (37), Perú (30) y Costa Rica (56), se requiere mayor transparencia en el financiamiento político y una aplicación más eficaz de la ley para prevenir y detectar la influencia corruptora del crimen organizado en las campañas electorales.

Asimismo, es fundamental fortalecer la cooperación en casos de corrupción transnacional y la regulación de contadores, banqueros y abogados que facilitan que personas corruptas y otros criminales oculten dinero ilícito. Solo así la región podrá fortalecer su resiliencia frente al crimen organizado y superar la desigualdad y la violencia que están desgarrando a sus sociedades”.

La Asociación Costa Rica Íntegra es el capítulo nacional de Transparencia Internacional, una organización sin fines de lucro, independiente y eminentemente apartidista. Como parte de sus objetivos principales, la organización centra sus labores en promover e impulsar, desde el ámbito de la sociedad, un sistema nacional de integridad: Transparencia, Anticorrupción y Probidad. (TAP).

Costa Rica: la democracia no se entrega, se defiende

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Yamileth González García
Ex – Rectora UCR

Costa Rica, desde los primeros años de vida independiente, buscó como forma de gobierno la de una república independiente, con principios ligados a la libertad, la soberanía y la democracia; el país nace con la convicción de que el poder sin control es siempre una amenaza y que la democracia no es un regalo perpetuo, sino una tarea de permanente construcción.

Hoy, ese pacto histórico está en riesgo. No por un golpe militar, sino por algo más sutil y, por eso mismo, más peligroso: la normalización del autoritarismo y el desprecio sistemático por los contrapesos institucionales. Todo envuelto en un discurso que se presenta como “anticorrupción” y que, en el fondo, desprecia la democracia cuando le estorba a sus propósitos.

Costa Rica no es una finca privada, es una república. Y una república vive de la división de poderes, del respeto a la ley y de la rendición de cuentas. Cuando un Ejecutivo intenta concentrar el poder, desacreditar instituciones y gobernar desde la confrontación permanente, no está “ordenando el país”: lo está debilitando.

A esto se suma algo aún más grave: las sombras. Las denuncias públicas, las acusaciones, las alianzas opacas, la falta de explicaciones claras. No hablamos de rumores. Hablamos de señalamientos que exigen investigación, transparencia y respuestas. Un gobierno verdaderamente limpio no huye de la luz; la busca.

Cuando en un país atravesado por el narcotráfico regional se minimizan alertas, se atacan fiscales, se desacredita a quienes investigan y se relativiza el crimen organizado, no estamos ante un error político: estamos ante una irresponsabilidad histórica. El narcotráfico no se combate con discursos altisonantes ni con poses autoritarias; se combate con instituciones fuertes, independencia judicial y cooperación democrática. Todo lo contrario de lo que estamos viendo.

Este no es un debate ideológico. No es izquierda contra derecha. Es democracia contra autoritarismo. Es la transparencia contra lo opaco. Es ciudadanía contra abuso de poder.

A las mayorías se les dice que exigir cuentas es “defender privilegios”. Eso no es cierto. La verdadera ciudadanía es la que pregunta, la que vigila, la que no se arrodilla ante ningún gobernante.

Costa Rica abolió el ejército porque entendió que la fuerza no podía ser el centro de la política. Hoy debemos abolir otra tentación: la del líder autoritario que todo lo decide, que no rinde cuentas. Esa figura siempre termina igual, aquí y en cualquier lugar: empobreciendo la democracia y fracturando a la sociedad, si no veamos el ejemplo de Venezuela.

No se trata de nostalgias. Se trata de memoria histórica. De recordar que los derechos que hoy parecen obvios fueron conquistados, no concedidos. Que la institucionalidad que hoy se desprecia fue construida para protegernos, no para incomodar a unos pocos.

Por eso hoy hacemos un llamado a quienes trabajan, estudian, producen y sueñan en este país. A quienes no quieren una Costa Rica gobernada por el insulto y la agresión permanente. A quienes saben que el autoritarismo siempre empieza prometiendo orden y termina dejando ruinas.

En democracias la oposición no es un obstáculo ni un capricho electoral. Es un deber cívico. Es decir “basta” cuando el poder se cree dueño del país. Es recordar que ningún presidente está más allá que la Constitución, que ninguna ambición personal vale más que la democracia.

Costa Rica merece un gobierno que explique, no que ataque; que escuche, no que imponga; que rinda cuentas, no que se esconda. Merece un estado que enfrente al crimen organizado con seriedad, no con discursos vacíos. Merece líderes que entiendan que gobernar no es mandar, sino servir.

Este es un momento decisivo. No mañana. Hoy. Porque cada silencio, cada justificación tibia, cada “no voy a votar” abre la puerta, con complicidad, a algo peor: el debilitamiento de la democracia.

La historia nos está mirando. Y algún día, nuestros hijos preguntarán qué hicimos cuando la democracia fue puesta a prueba. Que podamos responder con dignidad: no nos callamos, no nos rendimos, no entregamos Costa Rica.

Acuerdo nacional contra la desinformación y los discursos de odio – para firmar

Escrito en . Publicado en Elecciones.

En el marco de las Elecciones Nacionales de 2026, y en coherencia con nuestro compromiso de promover una cultura democrática basada en la transparencia, el acceso a la información y el respeto a la libertad de expresión nos complace invitarles a suscribir el “Acuerdo nacional contra la desinformación y los discursos de odio en el marco de las elecciones nacionales del 2026 en Costa Rica”.

Las oleadas de desinformación deliberada, acompañadas con frecuencia por la proliferación de discursos de odio, están provocando un deterioro progresivo de la calidad del debate público. Este fenómeno resulta especialmente preocupante en contextos electorales, ya que amenaza la legitimidad de un proceso que constituye la base misma del sistema democrático.

Tal como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de pensamiento y de expresión es un pilar esencial del debate electoral, en tanto fortalece la deliberación pública y garantiza el derecho de la ciudadanía a formarse una opinión informada.

En este marco, el Acuerdo constituye una iniciativa de alcance multisectorial, impulsada por la academia, organizaciones sociales, medios de comunicación, sociedad civil y organismos internacionales, cuyo propósito es fortalecer la confianza pública y promover un entorno informativo transparente, responsable y libre de violencia.

En el sitio web https://ojoconladesinformacion.org/ podrán encontrar el texto completo del Acuerdo, así como el enlace para firmarlo de manera digital.

Les invitamos con especial aprecio a revisar el Acuerdo, suscribirlo y compartir esta iniciativa con colegas y redes de trabajo.

Programa de Libertad de Expresión y Acceso a la Información (PROLEDI)

Defensoría impulsa el desarrollo del Observatorio Nacional de DDHH

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Defensoría de los Habitantes, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentó el día de hoy un primer componente de la iniciativa “Observatorio Nacional de Derechos Humanos” (ONADH), un instrumento pionero que permitirá contar con información articulada, oportuna y basada en evidencia para identificar vulnerabilidades, monitorear riesgos y fortalecer la gobernanza en derechos humanos en Costa Rica.

Durante el evento se expusieron los principales avances del proceso, incluyendo el diseño conceptual, normativo y tecnológico del Observatorio; el fortalecimiento de capacidades institucionales en gestión de datos y evaluación de políticas públicas; y la creación colaborativa de un dashboard (tablero de datos) que constituye el primer componente tecnológico del proyecto.

La Defensora de los Habitantes Angie Cruickshank Lambert expresó “El ONADH es una iniciativa prioritaria de mi gestión como Defensora de los Habitantes. Es uno de mis compromisos fundamentales ante el Poder Legislativo y ante la sociedad costarricense y pretende ser una herramienta estratégica para fortalecer la capacidad institucional de registro, visualización y monitoreo de información así como el análisis integral de vulneraciones y amenazas a los Derechos Humanos de las y los habitantes”

Esta iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el PNUD. Además, ha sido apoyado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo y el Equipo de Estado de Derecho, Seguridad y Derechos Humanos del PNUD.

Sandra Sosa Cárcamo, representante residente del PNUD en Costa Rica, indicó que “El Observatorio Nacional de Derechos Humanos se consolida como un instrumento clave para identificar brechas, fortalecer el análisis basado en evidencia y orientar políticas públicas más inclusivas y efectivas, en línea con la Agenda 2030. Para el PNUD es un honor acompañar técnicamente esta iniciativa que impulsa la promoción y protección de los derechos humanos”

En la primera etapa del proyecto, las personas usuarias podrán acceder al sitio web de la Defensoría de los Habitantes www.dhr.go.cr donde encontrarán una sección que contiene información general y material audiovisual del ONADH así como un primer avance del tablero de datos con información relevante de 3 dimensiones prioritarias para el desarrollo humano: salud, educación y seguridad ciudadana. Esta plataforma es de acceso público y gratuito, lo que contribuye a la transparencia y a la participación ciudadana.

En etapas posteriores, el Observatorio incorporará nuevas dimensiones e indicadores que serán útiles para el monitoreo y análisis de datos estratégicos, pero también esta iniciativa pretende acompañar el diseño de políticas públicas para que tomen en cuenta el estado de situación de los Derechos Humanos de todas las personas del país, considerando sus diversidades. Asimismo, se abrirán espacios de colaboración con instituciones públicas, academia, organizaciones sociales y organismos internacionales para garantizar su sostenibilidad y ampliar su impacto.

El evento fue realizado en el Salón de Jefes de Estado, Presidentes y Presidentas de la República de la Asamblea Legislativa durante la mañana del miércoles 10 de diciembre del 2025 y contó con la participación de representantes de la sociedad civil, de instituciones públicas, del Sistema de Naciones Unidas, del Cuerpo Diplomático acreditado en Costa Rica, de Diputados y Diputadas de la República, así como funcionarios y funcionarias de la Defensoría de los Habitantes.

Con el ONADH, Costa Rica avanza hacia una iniciativa más robusta de monitoreo, prevención y respuesta, reforzando la protección de los derechos humanos como pilar fundamental de la democracia.

Pese a la alta preocupación ciudadana, pocos partidos enfrentan la corrupción como prioridad en sus planes de gobierno

Escrito en . Publicado en Elecciones.

  • Solo 3 de 20 partidos incluyen un eje o capítulo dedicado específicamente a la corrupción.

  • En 13 programas se identificaron 187 medidas, centradas casi exclusivamente en la prevención y en acciones administrativas que no requieren cambios legales.

San José. 9 de diciembre, 2025. Por tercera vez en una campaña electoral, la Asociación Costa Rica Íntegra realizó un análisis de los programas de gobierno de los 20 partidos políticos que compiten por la presidencia de la República, con el objetivo de identificar qué tipo de propuestas presentan contra la corrupción. Un nuevo análisis de Costa Rica Íntegra revela que, aunque la corrupción sigue siendo una de las principales inquietudes de la ciudadanía, la mayoría de los partidos políticos no la abordan de forma seria o estratégica en sus planes de gobierno.

Solo tres partidos presentan propuestas exhaustivas y alineadas con estándares internacionales.

La organización destaca que contar con un compromiso anticorrupción claro, completo y creíble es esencial para recuperar la calidad de las políticas públicas y la legitimidad institucional. Sin embargo, esta prioridad ciudadana —que por más de una década figura entre los mayores problemas del país, hoy solo superada por la inseguridad— no se refleja en la mayoría de los planes analizados.

Es así como el propósito de este análisis es “informar a las personas votantes y crear conciencia en los partidos políticos sobre la pertinencia de combatir la corrupción en el país, para lo cual se requieren intervenciones más decisivas y sostenibles, que se esperaría encontrar claramente identificados en los planes de gobierno de quienes pretenden gobernar”, indicó Juany Guzmán, presidenta de Costa Rica Íntegra.

Principales resultados. El primer análisis realizado a los planes de gobierno fue de tipo cuantitativo, en los próximos dos meses se complementará con una valoración sobre la calidad de las propuestas. Los principales hallazgos se pueden resumir en cinco mensajes:

1. Transparencia domina el discurso

El conteo de menciones a doce palabras clave evidencia que los términos más frecuentes son transparencia (31%), corrupción (21%) y ética y rendición de cuentas (12% cada uno). Mientras que conceptos como probidad, integridad o gobierno abierto aparecen de forma marginal.

Gráfico 1. Menciones a palabras relacionadas con la lucha contra la corrupción en los planes de gobierno de los 20 partidos inscritos para las elecciones presidenciales.

2. 187 medidas identificadas, casi todas administrativas, en 17 programas de gobierno

De los 20 programas de gobierno revisados, 17 presentan propuestas tangibles, para un total de 187 medidas.

El análisis muestra que:

  • 65% son acciones administrativas, como herramientas tecnológicas, mejoras de portales web, códigos de ética o canales de denuncia.

  • Las medidas legales (reglamentos, códigos internos) son menos frecuentes (20%)y se concentran en reformas penales o normativas para trazabilidad financiera.

  • Las propuestas infra-legales son escasas (6%).

Nótese que una acción puede ser muy amplia, por ejemplo, “Implementar la Estrategia de Integridad y Prevención de la Corrupción ENIPC”, otra acción puede ser pequeña impulsar un Código de Ética en un ministerio, ambas cuentan como una.

2. Solo 4 de los 20 partidos otorga un espacio estructurado al tema

Únicamente 4 planes de gobierno incluyen un título, un subtítulo o un eje temático específico sobre corrupción, como indicador básico de relevancia programática.

Los otros 13 partidos apenas mencionan el tema como parte de otros ejes, en diagnósticos o preámbulos, sin traducirlo en un título separado. Y sólo 3 partidos no incluyen ninguna medida sobre el tema: Clase Trabajadora, Esperanza Nacional y Liberación Nacional.

4. Predominio del enfoque preventivo

Cada una de las medidas se clasificó según su objetivo: prevención, detección o sanción. El 63% de las medidas apunta a la prevención. Las acciones de detección y sanción son considerablemente menos comunes, lo que revela un abordaje parcial del ciclo anticorrupción.

Cuadro resumen de medidas según objetivo, por partido

*Solo incluye partidos que definieron acciones concretas.

5. Mínima referencia a estándares internacionales y nacionales.

Solo un partido (Aquí Costa Rica Manda) hacen referencia explícita tanto al Estudio de Integridad de la OCDE (2022).

Cuatro partidos mencionan únicamente la ENIPC: Aquí Costa Rica Manda, Centro Democrático Social y Coalición Agenda Ciudadana.

“Los resultados evidencian la falta de estudio, de consulta técnica y de diálogo con especialistas. La mayoría de los partidos no incorporó insumos básicos ya disponibles”, agregó la Dra. Guzmán.

Además de comprobar si los programas hicieron mención explícita a estos dos informes, el análisis buscó puntos de alineación temática entre los programas y las recomendaciones de la OECD y de la ENIPC. De esa forma, se pudo confirmar que había pocas coincidencias temáticas entre las recomendaciones de estos estudios y las medidas concretas de los partidos.

En las próximas semanas, la Asociación Costa Rica Íntegra profundizará en el análisis de las medidas para clasificarlas según su pertinencia y viabilidad, es decir, se valorará la calidad de estas propuestas a la luz de los estándares mencionados.

Le invitamos a descargar el estudio completo desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/12/Estudio-Planes-Gobierno-Dia-anticorrupcion-2025.pdf

SINAE Afines denuncia ante la Fiscalía el debilitamiento de la red digital de imágenes médicas de la CCSS

Escrito en . Publicado en Salud.

El Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE Afines) presentó este miércoles una denuncia penal ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por presuntas irregularidades que, según señalan, están afectando gravemente la red digital de imágenes médicas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La organización sindical advierte que el apagado y la ralentización de este sistema comprometen directamente la salud pública, incrementan las listas de espera y exponen a miles de pacientes a riesgos clínicos evitables.

La conferencia de prensa, realizada desde el auditorio del sindicato, estuvo a cargo del secretario general Lenin Hernández Navas, el asistente de sala de cirugía y directivo Gerardo Vargas Ramos, y el coordinador del área legal Justin Sánchez Hernández.

Un sistema clave para diagnósticos oportunos

En SINAE Afines se explicó que REDIMED es un componente esencial del proceso de digitalización aprobado por la Junta Directiva de la CCSS en 2021, dentro del programa de establecimientos digitales de salud. Este sistema permite almacenar, coordinar y compartir todos los estudios radiológicos —radiografías, ultrasonidos, tomografías y resonancias magnéticas— entre los distintos centros de salud del país.

Su importancia es crítica: alrededor del 80 % de las enfermedades se diagnostican mediante un estudio radiológico, y su oportuna disponibilidad evita repeticiones innecesarias, reduce tiempos de atención, garantiza continuidad del tratamiento y protege la seguridad del paciente.

En la red pública se realizan, por ejemplo, más de 310 mil ultrasonidos anuales y cerca de 3 mil resonancias magnéticas mensuales, por lo que la calidad técnica del sistema digital es fundamental para atender la alta demanda.

Las acusaciones del sindicato

Según la denuncia expuesta públicamente, el debilitamiento del sistema inició tras la llegada de la expresidenta ejecutiva Marta Eugenia Esquivel Rodríguez. SINAE Afines sostiene que, a partir de ese momento, se paralizó la implementación de REDIMED, se desacataron acuerdos de la Junta Directiva anterior y se ignoraron advertencias técnicas de la Contraloría General de la República y de la Auditoría Interna.

Entre los señalamientos destacan:

  • Nombramientos “a dedo” en puestos técnicos clave.

  • Utilización de criterios desactualizados para justificar la no implementación del sistema.

  • Orden de apagado y migración sin sustento técnico.

  • Presunta complacencia del actual gerente médico Alexander Sánchez Cabo.

  • Falencias administrativas que recuerdan casos previos como el proyecto ERP o la adjudicación de cooperativas.

SINAE Afines advierte que este apagado podría generar un daño económico estimado en cerca de 30 millones de dólares, además de los graves efectos sobre la salud de la población asegurada.

Incremento de listas de espera

El sindicato presentó cifras oficiales de la CCSS que revelan un crecimiento sostenido en las listas de espera de imágenes médicas entre junio de 2024 y agosto de 2025. En este periodo:

  • La cantidad de personas en espera pasó de 527.031 a 586.968, un aumento de casi 60 mil pacientes.

  • Los ultrasonidos generales encabezan la lista, con 179.580 personas esperando.

  • Las radiografías generales registran 144.813 pacientes en fila.

Para los voceros, esta situación genera sufrimiento, ansiedad y desesperanza en quienes requieren estudios diagnósticos esenciales, y constituye un trato inhumano producto de decisiones administrativas tomadas sin responsabilidad técnica.

Personas denunciadas ante la Fiscalía

SINAE Afines informó que la denuncia penal se interpuso contra las siguientes personas funcionarias de la CCSS:

  • Marta Eugenia Esquivel Rodríguez —expresidenta ejecutiva.

  • Mónica Taylor Hernández —actual presidenta ejecutiva.

  • Robert Picado —director de Tecnologías de Información y Comunicación.

  • Alexander Sánchez Cabo —gerente médico.

  • Alejandro Vallecillo Torres —excoordinador nacional de radiología.

Los presuntos delitos señalados son abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, administración fraudulenta, afectación a la salud pública y perjuicio económico a la institución.

Llamado a proteger la salud pública

El sindicato reiteró que la situación no es un asunto meramente administrativo, sino un golpe directo a la salud pública y a la vida de miles de personas que dependen de diagnósticos radiológicos oportunos.

“Redimed no es un lujo, es una necesidad”, afirmó la representación de SINAE Afines, y enfatizaron que continuarán impulsando acciones para exigir rendición de cuentas y la restauración plena de la red digital de imágenes médicas.

Defendamos la CCSS del saqueo y la corrupción institucional

Escrito en . Publicado en Salud.

9 de diciembre – Día Internacional contra la Corrupción

Al acercarnos al Día Internacional contra la Corrupción, desde UNDECA alzamos la voz en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, patrimonio del pueblo trabajador y columna vertebral del Estado Social de Derecho.

Mientras en Costa Rica se habla de austeridad, “eficiencia” y recortes, lo que realmente está destruyendo la CCSS es la corrupción impune, las decisiones políticas irresponsables del gobierno de Rodrigo Chaves y los negocios amarrados desde las más altas esferas de poder económico empresarial para quebrar la Caja.

En el marco del Día Internacional contra la corrupción denunciamos:

• El caos del ERP-SAP, un proyecto impuesto sin transparencia ni planificación, convertido en uno de los peores escándalos administrativos de la historia institucional con un costo inicial de más de ¢27.443 millones. Inversión adicional para extender el proyecto: variable según el escenario. Escenario 1 (con acompañamiento técnico de QINTES y soporte del Plan de Innovación): ¢867.338.375,24. Escenario 2 (continuidad con apoyo del Plan de Innovación y PwC): ¢609.838.376,24. Escenario 3 (Plan de Innovación asume tareas): ¢304.914.086,24.

• El desastre del “Barrenador” Tercerización de Ebais con sobreprecios por más de 12.400 mil millones de colones. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) abrieron el expediente por presunto tráfico de influencias y gestiones irregulares en dichas adjudicaciones, estando en la presidencia de la CCSS Marta Esquivel, la hoy candidata a diputada por una provincia que NO conoce, Heredia.

• Deuda multimillonaria del Gobierno a la CCSS, que con el actual gobierno de Chaves aumentó a casi ¢5 BILLONES (Cinco mil millones de millones de colones)

• El saqueo continuo contra la CCSS, mediante la intromisión política de Chaves en su autonomía, imponiendo miembros, debilitando de sus servicios y el desmantelamiento progresivo de sus capacidades.

• La utilización de “la crisis”, creada por ellos, es para justificar nuevos recortes, despidos encubiertos y privatizaciones disfrazadas de “modernización”.

La corrupción no solo es “recompensas”: es dejar a la Caja sin medicamentos, sin especialistas, sin infraestructura, sin recursos para atender al pueblo. Es poner en riesgo la vida de miles de personas para beneficiar a unos pocos.

Desde UNDECA ratificamos con firmeza:

La CCSS se defiende con transparencia, con inversión pública, con respeto a su autonomía, con control ciudadano y con el trabajo honesto de sus trabajadores y trabajadoras.

Camino al 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, llamamos a la vigilancia activa, a la denuncia y a la organización y movilización social para impedir que destruyan la Caja que ha sostenido la salud y la vida de Costa Rica durante más de ocho décadas.

¡No a la corrupción!
¡No al saqueo!
Sí a la defensa de la CCSS, los derechos laborales y sociales.
UNDECA