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Etiqueta: transparencia

Consejo Universitario de la UCR se pronuncia ante denuncia contra miembro de la Asamblea Legislativa

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) emitió un acuerdo firme en el que expresa su posición frente a la denuncia presentada contra un miembro de la Asamblea Legislativa por presunto abuso sexual contra una mujer menor de edad al momento de los hechos.

En el acuerdo, tomado en la sesión ordinaria N.º 6942 del 9 de octubre de 2025, el órgano universitario recordó su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y la condena a toda forma de violencia de la que puedan ser objeto.

Principales consideraciones del acuerdo

El Consejo Universitario señaló que, ante denuncias de esta naturaleza, las personas funcionarias públicas, especialmente quienes ocupan cargos de elección popular, deben responder al principio de transparencia y rendición de cuentas, conforme al mandato constitucional.

El documento también hace referencia a los recientes cuestionamientos sobre la ética y probidad de algunos miembros de la Asamblea Legislativa, tras el rechazo a una solicitud de levantamiento de inmunidad presidencial.

Acuerdos adoptados

  1. Expresar solidaridad con las mujeres víctimas de violencia sexual.

  2. Instar a las personas funcionarias de elección popular a que, cuando existan denuncias en su contra por violencia sexual o actos de corrupción, se sometan al proceso judicial correspondiente.

  3. Reprochar el uso indebido de la inmunidad por parte de personas funcionarias públicas con fines distintos a los que motivaron su creación. El Consejo recordó que someterse a un proceso judicial no implica violar el principio de inocencia.

  4. Comunicar el acuerdo a las diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa, así como a los medios de comunicación.

El acuerdo fue firmado por la directora del Consejo Universitario, Patricia Fumero Vargas, Ph.D., y establece que la ética y la responsabilidad pública son condiciones indispensables en el ejercicio de cargos de representación popular.

Sala Constitucional condena al gerente de SENARA por ocultar información sobre el proyecto PAACUME

De acuerdo con documentación enviada a SURCOS por Confraternidad Guanacasteca, el gerente general del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), Osvaldo Quirós Arias, fue condenado nuevamente por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por ocultar información pública relacionada con el proyecto PAACUME (Sistema de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras).

Se trata del proyecto de inversión más grande de Costa Rica, con un costo estimado de ₡500.000 millones de colones, ampliamente cuestionado por destinar agua a grandes monocultivos como los de Ingenio Taboga, Hacienda El Pelón y Azucarera El Viejo. Según incluso la exministra de Planificación, Laura Fernández Delgado, PAACUME «no es financieramente rentable» y los costos de su ejecución no serían trasladados a los usuarios, sino asumidos por el Estado, es decir, por toda la ciudadanía.

Una condena reiterada

El gerente de SENARA ya había sido condenado por la Sala IV el 2 de mayo de 2025 (voto 2025-012988), cuando se le ordenó suministrar información solicitada en marzo de ese mismo año. Ahora, mediante sentencia Nº 2025-031104 del 26 de setiembre de 2025, se reitera la condena y se le exige entregar la documentación pedida por la Asociación Confraternidad Guanacasteca.

El fallo establece que Quirós Arias deberá entregar la información solicitada en un plazo de un mes, bajo advertencia de que su incumplimiento podría acarrear prisión de tres meses a dos años o una multa de 20 a 60 días, conforme al artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Además, se condena al SENARA al pago de costas, daños y perjuicios.

Fondos públicos, obligación de transparencia

La Sala Constitucional subrayó que los recursos provenientes del préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinados a PAACUME, son fondos públicos y, por lo tanto, están sometidos a los principios de transparencia y publicidad.

En su resolución, la Sala fue clara: el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental de control ciudadano sobre la gestión pública, y las autoridades no pueden retrasar ni ocultar datos que son de interés nacional.

PAACUME bajo la sombra de la opacidad

El caso revela el hermético manejo de la información sobre PAACUME, en medio de crecientes cuestionamientos sobre su sostenibilidad financiera, sus impactos socioambientales y la conveniencia de destinar recursos públicos a favorecer grandes monocultivos en Guanacaste, mientras amplios sectores del país enfrentan crisis hídricas.

Con esta nueva condena, queda en evidencia la necesidad de vigilancia ciudadana y de una rendición de cuentas efectiva sobre el megaproyecto hídrico más costoso de Costa Rica.

Reforma al Reglamento del Plan Regulador de Escazú: la comunidad exige más participación

La organización CODECE informa a la comunidad de Escazú que este martes 30 de septiembre los regidores municipales presentarán una reforma al Reglamento de la Comisión del Plan Regulador de Escazú.

Desde la organización se recalca que cualquier modificación a este reglamento debe fortalecer la participación ciudadana y no restringirla, pues las decisiones sobre el desarrollo y ordenamiento territorial del cantón impactan directamente en la vida de sus habitantes, el uso del suelo y la protección de los recursos naturales.

CODECE advierte que se mantendrá atenta y vigilante ante la propuesta de reforma, recordando que el futuro de Escazú no puede decidirse a espaldas de la ciudadanía. La consigna es clara:
“¡Reforma en camino! La comunidad espera más participación”.

La organización hace un llamado a vecinos y vecinas a involucrarse activamente en este proceso, para asegurar que las decisiones que se tomen realmente reflejen los intereses colectivos y promuevan un desarrollo local sostenible, inclusivo y democrático.

Contraloría desmiente obstrucción en instalación de escáneres

La Contraloría General de la República (CGR) desmintió categóricamente las declaraciones del ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal Porras, y del presidente de la República, quienes afirmaron que esta institución había obstaculizado la colocación de escáneres en puertos y puestos fronterizos.

En el oficio DFOE-DEC-5849(17029)-2025 / DFOE-FIP-0593(17027)-2025, enviado el 25 de setiembre al MAG, la CGR aclaró que:

  • El financiamiento estaba disponible desde 2020. El país contaba con un crédito externo de hasta $25 millones para adquirir e instalar escáneres. Sin embargo, en mayo de 2024 el propio Ministerio de Hacienda decidió no utilizar esos fondos, dejando sin financiamiento el proyecto.

  • Contratación irregular. En 2023 se pretendió adjudicar “a dedo” un contrato a Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA), para que actuara como intermediaria en la selección de empresas proveedoras. Este mecanismo habría impedido garantizar competencia, idoneidad y las mejores condiciones para el uso de recursos públicos.

  • Escáneres donados sin usar. Desde noviembre de 2024 el país cuenta con dos equipos donados, valorados en casi ₡1.900 millones, que permanecen guardados sin ser instalados ni utilizados.

  • Gestión deficiente. En marzo de 2025, la Contraloría concluyó que de los nueve puestos fronterizos del país, solo dos tenían equipos operativos, lo que provocó que el 73% de las mercancías que entraron o salieron del país en 2024 no fueran sometidas a control no intrusivo.

La CGR señaló que los retrasos y la inacción son consecuencia de decisiones de la propia Administración, no de la labor de fiscalización. “La falta de voluntad ha sido la verdadera causa de que los escáneres no se instalaran”, afirma el documento.

Finalmente, la institución llamó a las autoridades a asumir la responsabilidad que les corresponde, recordando que los funcionarios públicos están obligados a decir la verdad y rendir cuentas.

Fuente: Contraloría General de la República. Oficio DFOE-DEC-5849(17029)-2025 / DFOE-FIP-0593(17027)-2025.

¿Había que desaforar necesariamente al presidente?

Alberto Salom Echeverría

Costa Rica contempla en su artículo 148 Constitucional, el aforo o inmunidad en favor del presidente de la República. Esto significa que en caso de que, a juicio del fiscal general se le deba procesar ante la presunta comisión de un delito, solamente el Ministerio Público por medio de este fiscal general, que es bajo cuya responsabilidad se acopia la información, puede solicitar ante la Asamblea Legislativa el desafuero (o sea, quitarle la inmunidad al presidente), con el fin de que el primer poder de la República conozca del asunto. Cuando así ocurra, el Congreso integrará una comisión para recomendar al plenario lo que considere pertinente. Una vez que la comisión llegue a un veredicto concluyente, lo remitirá para ante el presidente legislativo, con el objeto de que éste, a su vez, lo someta a la consideración del pleno de los diputados, compuesto por los 57 legisladores.

El pleno solamente podrá resolver desaforar al presidente, cuando el informe de la comisión haya sido aprobado por la mayoría de sus miembros y luego sea remitido al plenario legislativo, donde deberá ser aprobado por dos terceras partes del total de los diputados de la Asamblea. El presidente de la República, si lo desea podrá comparecer ante los diputados en su defensa, mas no está obligado a ello. En el caso de que no se reúna la mayoría calificada de 38 votos, el asunto se tendrá por rechazado y el proceso se detendrá hasta que el titular de la presidencia de la República haya concluido el período para el cual fue electo.

¿Está obligado el fiscal general a someter la solicitud de desafuero a la Asamblea Legislativa, si posee indicios claros de que ha habido la comisión de un delito por parte del presidente de la República?

En general la jurisprudencia considera que hay tres planos para analizar la cuestión y resolver si merece o no que el Ministerio Público por medio de la fiscalía someta el desafuero a la consideración de la Asamblea Legislativa:

Lo legal. No existe ni en la Constitución de la República, ni en el Código Procesal Penal, una ley o consideración que exprese que el fiscal general posee la obligación de someter para ante la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero presidencial (para la formación de causa), tras haber detectado indicios de un delito. Por otra parte, el presidente no podrá ser procesado penalmente mientras esté en el ejercicio de sus funciones, excepto que, el pleno de la Asamblea mediante mayoría calificada declare que hay lugar a formación de causa, de acuerdo con el artículo 148 constitucional.

Lo jurídico-práctico. ¿Qué pasa si el fiscal decide no someter el desafuero al presidente de la República, a la consideración del Poder Legislativo, a pesar de haber acumulado indicios de que éste hubiere cometido algún delito?

Si no hay tal solicitud de parte del fiscal, significa que ningún tribunal penal podrá investigar, ni juzgar al presidente mientras esté en funciones. Pero debe quedar claro que, tanto cuando el fiscal se abstenga de someter el asunto a consideración de la Asamblea, como cuando este primer poder de la República, habiéndose sometido a su consideración el desafuero, no obtenga la mayoría calificada de 38 votos necesaria para iniciar la formación de la causa, en ninguno de estos dos casos implica que el presidente haya quedado absuelto del delito o los delitos que se le imputan. El proceso causal se detiene por un tiempo, y se reiniciará en los tribunales comunes, cuando legalmente el funcionario concluya su mandato. Por otra parte, el ciudadano común puede solicitar también el desafuero contra el presidente. Sin embargo, por la naturaleza o importancia de la persona que se intenta acusar, se requiere de un respaldo jurídico serio, de modo que, sin el aval del Ministerio Público, se considera muy difícil que la iniciativa ciudadana prospere.

El plano ético y funcional. Aquí la jurisprudencia considera que, dada la responsabilidad institucional que tiene ante sí y ante la ciudadanía el fiscal general, siempre que tenga indicios sólidos o fundados contra la figura del presidente, en el sentido de que ha incurrido en algún delito, tiene el deber de someter el caso ante la Asamblea Legislativa; esto implica al menos lo siguiente:

-Debe abrir el Ministerio público bajo la dirección del fiscal, una investigación preliminar, sin violar los límites del aforo.

-Lo anterior lo conduce necesariamente al imperativo de recabar toda la evidencia que le sea posible, como para justificar la solicitud de la formación de causa.

-Por lo general, las dos premisas anteriores son base firma para que el fiscal proceda a presentar la solicitud a la Asamblea Legislativa, o sea con base en la evidencia acumulada. Solo razones excepcionales inhibirían al fiscal de proceder conforme lo dicho, por cuanto el fiscal está sometido también a control, en primer término, por parte del Poder Judicial al que se debe. Si tiene evidencia seria y no procede a elevar el asunto a la Asamblea, podría considerarse que el fiscal ha incurrido en una falta grave por omisión de deberes o encubrimiento.

En resumen, podemos decir que el fiscal general no está obligado legalmente a pedir el levantamiento del aforo; prácticamente, es el único actor que posee legitimidad para hacerlo con eficacia, desde el punto de vista ético, si tiene indicios suficientes acumulados, contra el presidente, por el bien del estado de derecho y por transparencia, debe proceder, so pena de hacerse cómplice del delito de encubrimiento o complicidad.

UNDECA exige renuncia inmediata en pleno de la junta directiva de la CCSS

Comunicado

Todo menos aceptar lo obvio: el ERP fracasó.

La Unión Nacional de Empleados de la CCSS y la Seguridad Social (UNDECA) exige la renuncia en pleno, inmediata, de la presidenta ejecutiva y de las personas directoras de la Junta Directiva de la CCSS. La salida apresurada del sistema, contra criterios técnicos y advertencias internas, detonó una crisis operativa, financiera y sanitaria que lesiona el interés público y el derecho de la población a servicios de salud eficientes.

La Junta Directiva no quiere admitir

  • Puesta en producción atropellada con módulos inestables, generando interrupciones y datos inconsistentes, pese a alertas técnicas previas y posteriores.

  • Diferencias contables e inventarios (duplicaciones, inconsistencias y conciliaciones fallidas), con brechas superiores a ₡18 mil millones entre SIF/SAP (mayo–junio 2025).

  • Rezagos de hasta 4 meses en información de inventarios/consumos, controles manuales, desabastecimiento y sobrecarga operativa.

  • Riesgos legales y sanitarios en medicamentos controlados (p. ej., fentanilo), que obligan suspender, al menos temporalmente, el uso del ERP-SAP para restituir la trazabilidad.

  • Amenaza al presupuesto 2026, ambiente laxo de control interno, tensión laboral y daño reputacional a la institución.

La responsabilidad principal de este caos recae en la Junta Directiva, en la presidenta ejecutiva Mónica Taylor, a quien la propia Junta asignó la gobernanza del ERP (dirección estratégica, gestión de riesgos y decisiones de alcance, tiempo y costo). La rendición de cuentas y el deber de probidad son exigencias constitucionales y legales (arts. 9, 11 y 73 C.Pol., art. 3 de la Ley 8422).

UNDECA defenderá, con firmeza y sin concesiones, la salud pública, la transparencia y los recursos de la Seguridad Social.

Adjunto: Carta abierta SG-0920-202

Tribunal Contencioso Administrativo da curso a apelación de ANEP en el caso barrenador

El Tribunal Contencioso Administrativo admitió la apelación presentada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en el denominado “caso barrenador”. Esto significa que, pese a que desde la Presidencia de la República se afirmó que el proceso estaba concluido, la instancia judicial determinó que el caso continúa vigente y programó una audiencia para noviembre. Todo esto en un video grabado por Don Juan Carlos Durán Castro, asesor sindical de la ANEP.

Desde la ANEP se subraya que esta resolución desmiente las declaraciones recientes del presidente de la República, quien aseguró que el tema estaba cerrado. Por el contrario, el Tribunal notificó al sindicato que la denuncia fue admitida y que, en la próxima audiencia, se debatirá si el caso sigue adelante.

El sindicato sostiene que su tesis es clara: existen indicios de sobreprecios e irregularidades en el proceso de adjudicación de centros de salud a cooperativas y a un ente privado, en detrimento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). En este sentido, la organización reiteró su compromiso de continuar la lucha para garantizar la transparencia y la legalidad en cada etapa de este proceso.

La ANEP remarcó que la discusión final de noviembre será clave para definir el futuro de este expediente y reafirmó su llamado a la familia laboral de la Caja y a la ciudadanía a mantenerse atentos a la evolución del caso.

Puede ver el video completo en el siguiente enlace:

Auditoría Ciudadana cuestiona atención de Contraloría y Auditoría Interna de la CCSS sobre denuncias de presunta corrupción

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) envió el pasado 12 de agosto un oficio dirigido a Marta Acosta Zúñiga, contralora general de la República, y a Olger Sánchez Carrillo, auditor interno de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en el que amplía y reitera solicitudes sobre denuncias relacionadas con presuntos hechos de corrupción en la institución.

En la carta, la ACSS señala que la Contraloría General informó haber remitido al Ministerio Público un expediente por supuestas irregularidades en las proyecciones y resultados actuariales de la CCSS. Sin embargo, advierte que sus denuncias abarcan aspectos más amplios que el tema actuarial, como el presunto incumplimiento de leyes que regulan el financiamiento del Seguro Social y la utilización indebida de fondos destinados a salud y pensiones.

La organización solicita aclarar si en la denuncia presentada por la Contraloría ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) se incluyeron los señalamientos específicos planteados desde el 2022, entre ellos que la CCSS no estaría cobrando al Estado el 100% de los costos que le corresponden y que habría desvíos anuales de recursos del Seguro de Pensiones al Seguro de Salud.

Además, la ACSS pide acceso al expediente abierto en la FAPTA y copia del documento de la Contraloría remitido a ese órgano, en aras de garantizar el principio de transparencia. También solicita que se incorporen sus oficios como prueba en el proceso y ofrece a cinco de sus integrantes como testigos expertos.

El oficio ACSS-002-2025 está firmado por Alfredo Ramírez Montero, Juan Carlos Aguilar Zamora, Rodrigo Arias López, Jorge García Araya y Carlos Eduardo González Arroyo, miembros de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social.

Escazú: El Plan Regulador y los mensajes en redes sociales y otros espacios

En Escazú circulan mensajes que buscan desinformar sobre el Plan Regulador y el papel de la ciudadanía en su construcción. El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica, busca aclarar estas versiones y defender la importancia de una participación ciudadana informada y activa.

Algunos de estos mensajes intentan reducir la participación vecinal a un trámite sin relevancia y desestiman el papel de la Comisión de Plan Regulador. Sin embargo, el manual del INVU señala de forma expresa que esta comisión es un espacio esencial para articular las voces de comunidades, autoridades locales y profesionales técnicos en la toma de decisiones.

También se han difundido afirmaciones que califican la oposición vecinal como “manipulada políticamente”, lo cual busca restar legitimidad a la voz ciudadana. Esto desconoce que la participación es un derecho fundamental y que la democracia local se construye escuchando y tomando en cuenta a la población en los procesos de planificación urbana.

En este sentido, se reafirma que fortalecer la democracia en Escazú requiere promover procesos abiertos, transparentes y respetuosos, donde la comunidad pueda expresar preocupaciones, señalar riesgos y reconocer beneficios, siempre en un marco de voluntariedad y con garantía de confidencialidad.

Le invitamos a leer el análisis completo en el siguiente enlace: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/cuando-un-post-intenta-silenciar-a-la-ciudadania-el-debate-por-el-plan-regulador-de-escazu/

Para atrás como el cangrejo

René Mauricio Valdez

¿Sabías que el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) no tiene secretario general desde hace cuatro años? ¿Sabías que la Secretaría de Integración Económica (SIECA) tampoco lo tiene desde el 17 de julio de 2025 y que todo apunta a que no lo tendrá por mucho tiempo? Pienso que una gran parte del público lector no sólo responderá que no a ambas preguntas, sino que también opinará que el asunto no le parece importante, ni siquiera interesante. “¿Para qué sirven esas instituciones?” preguntarán algunos, “¿para qué sirve la integración centroamericana?”

Los gobiernos de los estados miembros del SICA (es decir, la Centroamérica histórica más Belice, República Dominicana y Panamá) no han logrado encontrar los consensos requeridos para nombrar a las dos máximas autoridades ejecutivas de la integración. Aunque existen procedimientos claros para el efecto, pareciera que algunos gobiernos han decidido pasárselos por el fondillo con el fin de colocar o premiar a gente de su total confianza con esos puestos, sin importar si llenan los requisitos técnicos ni la opinión de los demás gobiernos.

El SICA fue creado por el Protocolo de Tegucigalpa de diciembre de 1991 con el fin de promover coherencia en un “sistema” que funcionaba como un animal de cinco cabezas, cada una con sus propios objetivos a veces en conflicto con los de las otras. En su momento me dediqué a investigar esta situación y sus posibles soluciones, pues no solo era lamentable y hasta ridícula, sino que podía afectar seriamente el desarrollo de varias áreas de la integración, en especial el eje económico y comercial. (Valdés Valle 1991).

El impase en la SIECA es el resultado de que el Estado al que corresponde proponer una terna para el cargo, no lo hizo y simplemente propuso a su secretario de economía, quien es miembro del órgano regional que debe recomendar a los presidentes de los países a quien nombrar. En esta forma, el señor secretario de economía se convirtió en juez y parte, algo que no había sucedido antes en la selección del secretario de la SIECA. Cuando se reclamó la falta de terna, enviaron una que incluyó al ministro y a personas con cero experiencia en integración económica regional o cosa parecida. Cuando esta terna fue rechazada por varios gobiernos, el país proponente vetó el proceso e impidió que se pusiera en práctica mecanismos previstos para subsanar temporalmente el no nombramiento del secretario general. La Secretaría, al parecer, está funcionando con relativa normalidad bajo la administración de un director ejecutivo, pero se le quitó la capacidad legal para tomar iniciativas sustantivas, adquirir compromisos y contratar, la que corresponde exclusivamente al secretario general.

La SIECA maneja un portafolio de cooperación internacional nada despreciable en estos días de graves escaseces en ese frente. Es razonable pensar que una acefalía prolongada haga repensar a los donantes. Lo más preocupante, sin embargo, es que se afecte las posibilidades de progreso de la integración justamente cuando más se le necesita.

Algo que me produce un cierto alivio y esperanza ante el desorden mundial y el proteccionismo que promueve el gobierno de Estados Unidos, es que el comercio inter centroamericano de bienes y servicios está creciendo sostenidamente. Guatemala, de hecho, ya exporta más a Centroamérica que a Estados Unidos. Sin embargo, la parálisis sustantiva y la acefalía en la SIECA y en el SICA son un riesgo y pueden ser un obstáculo para que se produzcan las inversiones que la región requiere para dinamizar su propia producción y su mercado, especialmente en materia de infraestructura de transporte, portuaria y de aduanas, áreas en las que se ha avanzado en los últimos años y en las que es imperioso dar nuevos y más ambiciosos pasos.

Los y las centroamericanas no podemos permanecer pasivos frente a esta situación. Debemos demandar pronta y total transparencia en la selección de estos dos cargos, constituirnos en un tribunal informal de la opinión pública regional. Las gremiales de exportadores e industriales están llamadas a jugar un papel proactivo. También los medios de comunicación, que quizás por cansancio parecen haber perdido interés en el asunto. En parte esto último es culpa de los gobiernos y los órganos de la integración que no difunden bien las cosas que hacen –muchas muy valiosas– o que no desean poner en evidencia actos reñidos con la institucionalidad.

La Corte Centroamericana de Justicia debiera resolver los impases tocados en este artículo. Sin embargo, este es un órgano “secreto” que ha permanecido escondido en algún barrio de Managua haciendo poco o nada, del cual Nicaragua se acaba de retirar arguyendo desorden en su marco jurídico, lo que termina de convertirla en un cero a la izquierda.

Justo cuando en todo el mundo se argumenta que el rejuvenecimiento y el fortalecimiento de los lazos de cooperación a nivel regional es una de las medidas más eficaces que los países pueden adoptar para defender sus intereses en el convulso panorama mundial presente y futuro, los centroamericanos vamos para atrás como el cangrejo.

Ojalá que la presión sostenida y responsable de la opinión pública produzca un cambio de actitud en los gobiernos centroamericanos, algunos de los cuales hacen alarde cotidianamente de su inspiración morazanista. Ojalá no incurran en los mismos malos pasos y errores que llevaron a que Centroamérica hiciera —para usar la triste y punzante frase de Domingo Faustino Sarmiento — “un estado soberano de cada aldea”.

Referencia: Valdés, Mauricio. 1991. Problemas de gestión en la integración centroamericana. Revista Relaciones Internacionales, Núm. 34, pp. 35-44. Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica. (Disponible en internet).

René Mauricio Valdez es salvadoreño, doctor en ciencias políticas. Trabajó en instituciones de la administración pública de su país, la integración centroamericana y las Naciones Unidas.