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Etiqueta: transporte público

Vecinos de Guápiles presentan recurso de amparo por irregularidades en paradas de autobuses en la Ruta 32

El 6 de junio de 2025, un vecino de la comunidad de la Unión de Guápiles, Víctor Villalta Martell, junto con otros residentes, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en contra del Ministro de Obras Públicas y Transporte, Efraín Zeledón Leiva, debido a lo que consideran un falso testimonio respecto a la situación de las paradas de autobuses en la Ruta 32, Cantón de Pococí, provincia de Limón.

En su solicitud, los recurrentes señalan que las respuestas del Ministro y los funcionarios del CONAVI y CTP no han sido claras ni completas, y acusan omisiones que ponen en riesgo la seguridad de los habitantes de la comunidad. La principal controversia radica en la ubicación de las bahías de autobuses, las cuales, según los vecinos, fueron situadas en puntos no autorizados, generando un posible riesgo para los usuarios y un mal uso de los fondos públicos.

El recurso también destaca que el CONAVI es el único responsable de la ubicación y diseño de las paradas, según la documentación interna del Consejo de Transporte Público (CTP), que ha indicado que las bahías fueron gestionadas por el CONAVI y no por el CTP. Sin embargo, las autoridades del CTP indicaron que la ubicación de las paradas debía ser modificada por el CONAVI, lo que ha generado confusión sobre las responsabilidades entre ambas instituciones.

Los recurrentes solicitan que se ordene al ministro de Obras Públicas y Transporte que dé instrucciones al CONAVI para el traslado de las paradas de autobuses, de acuerdo con las coordenadas señaladas en las comunicaciones oficiales entre las entidades responsables.

En su recurso, Villalta Martell también exige que se valore la falta de respuesta del ministro ante las solicitudes previas realizadas, considerando que la omisión ha puesto en peligro la seguridad de los habitantes.

Imagen con fines ilustrativos: Seminario Universidad

Defensoría pide protocolo para atención de incidentes en el transporte público cuyas víctimas sean personas con discapacidad

Una persona menor de edad se cayó de una rampa de un bus. La unidad de transporte era del 2016. Este incidente motivó a la Defensoría de los Habitantes abrir una investigación de oficio, con el propósito de analizar las acciones que realiza el Consejo de Transporte Público (CTP) en la atención de este tipo de incidentes donde hay involucrados personas con discapacidad en el transporte público.

Aunque el CTP realizó un proceso de investigación sobre el caso puntual, reconoció a esta Defensoría que no existe un protocolo estructurado o específico para la atención de los incidentes en el trasporte público que involucra a personas usuarias con discapacidad.

La ausencia de este protocolo que verifique las condiciones, no sólo mecánicas, sino de otra naturaleza como es la seguridad y adecuación, las necesidades de las personas con discapacidad y que reconozca que, dentro de este sector de la población, también existe una diversidad en cuando a sus necesidades y características, es una falencia que hoy en día tiene el CTP”, indica la Defensoría.

También llama la atención de esta Defensoría que el informe presentado por el CTP, refleja que la investigación sobre el caso, no respondió a un procedimiento homogéneo de investigación, establecido por dicho Consejo como instancia responsable de la supervisión de las empresas o personas prestatarias del servicio de transporte público; por el contrario, responde a un protocolo interno de la empresa autobusera. En este, se limita a dar parte a las autoridades públicas y a la verificación del funcionamiento mecánico de la empresa prestataria del servicio.

La Defensoría de los Habitantes recomendó al MOPT que además de elaborar un protocolo, emita una guía/lineamiento que permita homogenizar las acciones de las empresas concesionarias o permisionarias encargadas del transporte público, frente a sucesos/denuncias que afecten la integridad física o seguridad de las personas

usuarias con discapacidad. Todo ello se requiere, coordinar con el CONAPDIS para garantizar una participación efectiva de las personas con discapacidad en la elaboración de los instrumentos jurídicos.

Defensoría se opuso a incremento tarifario desproporcionado

En servicio de transporte público Orotina-Esparza-Puntarenas

La Defensoría de los Habitantes presentó formalmente su oposición a la solicitud de fijación tarifaria ordinaria planteada por la empresa JOALPA S.A. ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), expediente ET-007-2025, correspondiente a la denominada «Ruta Sin Número», que cubre distintos trayectos entre Orotina, Esparza y Puntarenas.

Según la solicitud presentada, algunos tramos tendrían aumentos tarifarios de hasta un 860%, afectando de forma significativa el bolsillo de las personas usuarias, especialmente de sectores con bajos ingresos. La Defensoría advirtió que estos aumentos no cuentan con una evaluación de impacto social y económico, lo que vulnera principios de racionalidad tarifaria y derechos fundamentales.

De acuerdo con datos del Índice de Desarrollo Cantonal y la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), las personas habitantes del cantón de Esparza tienen un ingreso promedio de ₡303.311, y actualmente destinan en promedio un 14,4% a transporte. Con el ajuste propuesto, este porcentaje podría duplicarse, comprometiendo seriamente su acceso a otros derechos esenciales como el trabajo, la salud y la educación. Además, la Defensoría expresó su preocupación por el hecho de que la ruta no cuenta con un número oficial asignado por el Consejo de Transporte Público, lo cual genera inseguridad jurídica, limita la trazabilidad administrativa y abre la puerta a solicitudes futuras de rutas informales.

En cumplimiento de la Ley N° 7593, la ARESEP debe procurar el equilibrio entre los intereses de los prestatarios del servicio y las necesidades de las personas usuarias. En este caso, la balanza parece inclinarse de forma desproporcionada hacia el operador privado, en detrimento de la ciudadanía. Por último, la Defensoría señala con preocupación que el actual rezago tarifario, de esta y otras rutas, se utilice como justificación para las solicitudes de tarifas, ante la falta de cumplimiento para una revisión anual, tal y como lo establece la normativa vigente.

Esta omisión, que no conlleva sanción alguna bajo el marco legal actual, termina trasladando una carga económica desproporcionada a las personas usuarias, quienes no tienen responsabilidad alguna en el retraso del procedimiento. La Defensoría, considera que es necesario revisar esta situación, pues la ausencia de consecuencias ante la inacción del prestador genera distorsiones que afectan el acceso equitativo y progresivo al transporte público como derecho humano.

Lucha comunitaria genera en la Municipalidad de Guácimo comisión especial sobre crisis de transporte público

Comunidad lucha por servicio de buses y arreglo de la Ruta 811

Una amplia movilización a reuniones se ha gestado en las comunidades afectadas por falta de servicio de buses, y desde hace meses, lucha también por la Ruta 811 que responda a los derechos y dignidad del pueblo.

Este 5 de febrero, en sesión extraordinaria del concejo de la Municipalidad de Guácimo se analizó el tema de transporte público en los distritos de Río Jiménez y Duacarí, pues las comunidades no cuentan con servicio de buses.

Representantes de este movimiento comunitario expresan cansancio ante la burocracia, pues “documentos van y vienen a las instituciones responsables, pero nada que resuelven la situación”. Ante ello, analizan la posibilidad de hacer uso del derecho ciudadano de “ir a la calle en manifestación pacífica”.

En la sesión extraordinaria del Concejo de la Municipalidad de Guácimo se formó una Comisión Especial de Transporte Público que hará nuevas gestiones, pero personas de estas comunicades compartieron con SURCOS audios en los cuales señalan que “no se confían” y avanzarán en otras acciones pues ya son muchos meses de no tener medios para ir a centros de salud, estudio y trabajo. El transporte privado implicar miles de colones ida y vuelta y resulta imposible para la mayoría de las personas de la zona.

La Comisión Especial de Transporte Público quedó conformada con tres representantes del Concejo Municipal, tres integrantes de las organizaciones comunales y dos de la administración municipal.

La presencia de las personas habitantes fue clave pues la sesión extraordinaria del concejo de la Municipalidad de Guácimo se realizó con un salón de sesiones totalmente abarrotado; fue necesario traer sillas adicionales.

Como parte de las gestiones acordadas se envió una carta al Consejo de Transporte Público en la cual se solicita la intervención dado el abandono del servicio de transporte público por las empresas asignadas.

En el documento se indica:

“Ante esta problemática, solicitamos al Consejo de Transporte Público (CTP) que:

• Determine la situación legal del concesionario y confirme si ha incurrido en un incumplimiento de contrato que amerite la revocación de la concesión.

• Active de inmediato un servicio provisional mediante un permiso especial a otro operador, garantizando la movilidad de los usuarios mientras se resuelve la concesión definitiva.

• Acelere el proceso de adjudicación de un nuevo concesionario, en caso de que la actual empresa no pueda continuar con el servicio.

• Brinde un informe detallado sobre las acciones a tomar y los plazos estimados para la normalización del servicio.

Adicionalmente, solicitamos una reunión con representantes del CTP para discutir soluciones concretas y dar seguimiento a este problema que afecta gravemente a nuestra comunidad.

Cuando gusten adjuntamos documentos y evidencia del impacto generado, así como una lista de firmas de los ciudadanos afectados he interesados.

Agradecemos su pronta atención y respuesta a esta solicitud. Quedamos atentos a su comunicación y a la convocatoria de la reunión para buscar una solución a esta crisis de transporte.

MTC apoya lucha de comunidades caribeñas por transporte público

Movimiento de Trabajadores y Campesinos junto a la defensa del derecho a transporte público: lucha inclaudicable de las comunidades organizadas de Río Jiménez, Duacarí y otras

El Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) manifiesta su preocupación ante la violación del Derecho Humano de las familias de Río Jiménez, Duacarí y otras, quienes desde el mes de diciembre 2024 se les niega el servicio de transporte público, al decidir la empresa TRACASA (Transportes del Atlántico Caribeño S.A) suspenderlo.

Manifestamos que esta problemática está impactando de manera grave en la vida y movilización de las familias, producto de un Estado costarricense que en forma sistemática atropella derechos humanos, exponiendo sus vidas y salud integral.

Reconocemos lo importante de la lucha de las comunidades, que se han organizado incansablemente, y una vez más, hacen frente de manera organizada ante la ya agudizada problemática social y sociocultural en un cantón con los más altos índices de pobreza a nivel de la provincia de Limón y a nivel nacional.

Denunciamos que la población en mayores condiciones de vulnerabilidad ya no puede salir adelante cubriendo transporte privado; sobre todo, al contar con una fuente de ingresos mínima que no les permite una vida digna.

Nos unimos al llamado que hacen a la comunidad local y de la zona atlántica, donde invitan a hacernos presentes este miércoles 5 de febrero, a las 3 pm en la Municipalidad de Guácimo, sumándonos solidariamente a esta justa lucha.

Exigimos respuestas concretas, efectivas y permanentes por parte de la Municipalidad, CTP, MOPT y otras instituciones responsables. Así mismo, hacemos un llamado a legisladoras y legisladores, al gobierno y Estado para que den una solución pronta y efectiva; donde en el contexto de inicio del presente curso lectivo, la niñez y juventud gocen del derecho de llegar a sus centros educativos siendo respetado su derecho humano al servicio de transporte público.

Maritza Meoño Hernández de la Asociación de Desarrollo Integral de Río Jiménez explica la situación en el siguiente video:

¡RESPETO AL DERECHO DE NUESTRO PUEBLO DE CONTAR CON SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO Y OTROS!

Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC)

Defensoría: Acceso al transporte público está vinculado con el ejercicio de otros derechos

La Defensoría de los Habitantes recordó nuevamente al Consejo de Transporte Público (CTP), su obligación de garantizar y respetar el derecho de las personas con discapacidad al acceso del transporte público modalidad autobús, esto a raíz de una denuncia por un acuerdo tomado por la Junta Directiva del CTP.

Los directivos del CTP, según el acta N°47-2022, acordaron pedir un criterio jurídico a la Dirección Jurídica del CTP sobre la posibilidad de que se hagan excepciones al requerimiento de que todas las unidades de buses cuenten con rampa y no continuar aplicando las obligaciones de la Ley 7600.

En el acta N°12-2023 se conoció dicho criterio jurídico el cuál fue negativo, ya que señalaron que no se pueden hacer excepciones a la aplicación de una determinada ley, si no es que la misma norma las contempla y por ello, debe aplicarse en la totalidad de los casos, garantizando un respeto y protección a las personas con discapacidad; señalando puntualmente que la ley 7600, por principio de legalidad, se debe aplicar tal y cual se encuentra vigente y, la única forma de modificar la aplicación de la norma es por medio de una modificación a dicha ley.

Al respecto la Sala Constitucional en varias resoluciones ha indicado que todas las personas deben tener accesibilidad a las unidades de transporte público, y no es viable hacer excepciones a la Ley de 7600, debe existir efectivo y pleno cumplimiento de los derechos de la población con discapacidad. De ahí la importancia de que, el pronunciamiento de la Dirección Jurídica del CTP sea de conocimiento generalizado para evitar que este tipo de “malentendidos” o “malas interpretaciones” vuelvan a reproducirse.

La Defensoría ha abordado en diversos informes finales este tema en los que ha indicado que el transporte público es un elemento de suma importancia para que todas las personas en general y en particular, las que presentan discapacidad, puedan alcanzar la plena participación dentro de la sociedad. Si los miembros de la población con discapacidad no pueden tener acceso al transporte público, tampoco tendrán acceso a los centros de enseñanza, laborales, sanitarios, recreativos, entre otros.

Es decir, el transporte público no es sólo indispensable para el ejercicio de la libertad de tránsito, sino que se encuentra vinculado con el ejercicio de otros derechos. Aquí se evidencia claramente una de las características más relevantes de los Derechos Humanos: la interdependencia. Los Derechos Humanos se encuentran estrechamente ligados entre sí. Casi siempre que se violenta uno, muchos otros también se lesionan.

La Defensoría recomendó al CTP efectuar las acciones necesarias para garantizar la difusión del criterio legal emitido por parte de la Dirección Jurídica de dicho Consejo, con la finalidad de que el CTP como ente rector en la materia de transporte público garantice y tutele los derechos de la población con discapacidad y se eviten lecturas erróneas a la legislación internacional e interna vigente sobre transporte de personas con discapacidad, como en el presente caso. Además, capacitar al personal del Consejo de Transporte Público en relación con la efectiva y oportuna aplicación de la Ley 7600 en el transporte público.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Defensoría realizó inspección sin previo aviso al CTP por caso de incendio en buses

Como parte de una investigación de oficio, la Defensoría de los Habitantes realizó hace unos días una inspección sin previo aviso a las oficinas centrales del Consejo de Transporte Público (CTP), con el propósito de revisar los expedientes administrativos relacionados con incendios en autobuses de transporte público y conocer el estado del trámite actual.

A partir de la información recabada del departamento de Inspección y Control, preliminarmente se puede indicar que, los datos relativos a incendios ocurridos en unidades de buses del periodo 2024 se ubica en un solo expediente, en el cual se identifica documentación relacionada con tres eventos que son diferenciados cada uno por un número de consecutivo interno. No obstante, se encontraron gestiones realizadas por el propio CTP en otros incendios ocurridos durante este año, los cuales no estaban identificados con un número específico.

Cabe destacar que, dicha información no se encuentra organizada en expedientes administrativos separados, por evento o por empresa prestadora del servicio. Además, parte de la información, como respuestas de las empresas o documentos enviados por el CTP, no estaba presente en forma física en el expediente, el cual tampoco está foliado. El procedimiento administrativo que lleva a cabo el CTP para la recopilación de información de cada uno de estos eventos no se encuentra regulado.

Ahora, la Defensoría procederá a analizar toda la información y documentación recabada, a fin de que preparar un informe dirigido a las autoridades competentes.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Recurso de amparo contra la ARESEP por violaciones al derecho de participación ciudadana

En un recurso de amparo presentado ante la Sala Constitucional, Renier Canales Medina, usuario del servicio público de transporte, demandó a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), a su regulador general, Eric Bogantes Cabezas, y al intendente de transportes, Edward Araya Rodríguez. Canales alega la violación de derechos constitucionales, incluyendo la participación ciudadana y el debido proceso, en relación con un controvertido aumento tarifario en la ruta de autobús San José-Bolsón.

Canales denuncia que las comunidades de Bolsón, Ortega, Santa Bárbara, San Antonio, Corralillo y Quebrada Honda, en Guanacaste, han sido gravemente afectadas por decisiones administrativas que alteraron la operación de la ruta 1501, previamente independiente. Según el recurso, el Consejo de Transporte Público (CTP) eliminó la ruta y la fusionó con la 1502, operada por la empresa Transporte Inteligente de Guanacaste (TIG), sin realizar consultas públicas.

Lo más preocupante, según el documento, es el incremento abrupto de la tarifa: de 1,000 colones a 6,860 colones, lo que supone un aumento superior al 580%. Canales destaca que la ARESEP aún reconoce en su página web la tarifa de 1,000 colones como vigente, mientras TIG cobra el nuevo monto, lo que constituye un acto ilegal y desproporcionado.

El recurso señala que la empresa TIG, con el aval del Intendente de Transportes, solicitó y aplicó la tarifa más alta sin someterse a un proceso formal de fijación tarifaria, el cual incluye la obligatoriedad de una audiencia pública. Canales adjunta pruebas documentales, entre ellas fotografías de tiquetes de autobús y comunicaciones oficiales, que evidencian el cobro irregular.

El recurso enfatiza que las comunidades afectadas se encuentran entre las más pobres del país, según el Informe del Estado de la Nación. Además, estas áreas han sufrido recientemente los estragos de fenómenos climáticos, agravando su situación económica. Canales advierte que el incremento tarifario prácticamente imposibilita a los habitantes utilizar el transporte público, afectando su acceso al trabajo, la educación y otros servicios básicos.

Primer Encuentro por el Derecho a la Ciudad

El Concejo de Distrito Carmen informa que, debido a la situación climática actual que atraviesa el país, el Primer Encuentro por el Derecho a la Ciudad ha sido reprogramado. Esta importante actividad, que busca fomentar el diálogo y la reflexión sobre temas clave para el desarrollo urbano sostenible, se realizará el próximo 8 de diciembre a las 10:00 a.m. en el Parque Polideportivo Aranjuez.

El Encuentro por el Derecho a la Ciudad es un espacio abierto a la comunidad, donde se discutirán temas fundamentales como la importancia de los parques y espacios verdes en las ciudades, la necesidad de un transporte público eficiente y accesible, así como la urgencia de contar con aceras caminables y calles seguras para todas las personas, sin discriminación. Asimismo, se abordarán temas relacionados con la regulación del desarrollo urbano, la vivienda digna para todos y todas; la democracia y participación ciudadana, como pilares esenciales para construir ciudades más inclusivas y equitativas.

El Concejo de Distrito Carmen invita a las personas interesadas a confirmar nuevamente su asistencia. Para hacerlo, pueden enviar un correo a sindicaturaelcarmen@gmail.com  o registrarse directamente en el enlace del evento: https://calendar.app.google/rUuRkDZcddPvwDNb8 

La participación activa de la comunidad es fundamental para construir un modelo de ciudad donde prevalezcan los derechos y las oportunidades para todas las personas.

Descubra la naturaleza con «Troleando por Tiquicia»

Este viernes 5 de abril de 2024, se llevará a cabo una emocionante caminata ecológica en el Parque del Este, Sabanilla. La actividad, organizada por «Troleando por Tiquicia», ofrecerá a los participantes un recorrido de 4 km por senderos boscosos.

La salida está programada para las 7:30 a.m. desde el punto de encuentro en UCR Girasol. 

El costo de participación es de 5000 colones e incluye un refrigerio, acceso al Parque y transporte público.

Para más información y reservas, comuníquese al 71894252.