El Movimiento del Este convoca a plantón en la Casa Presidencial este próximo viernes 17 de marzo de 2023 a las 9:00 a.m., esto con motivo de reclamar por tarifas justas y por un transporte público solidario.
El Movimiento del Este, en referencia a una alza de precios en el transporte público y bajo la consigna de actuar y no más abusos, comunica lo siguiente:
“Desde el Movimiento del Este (agrupación que nace en el 2015, por iniciativa comunal en momento del alza abusiva de la tarifa del transporte público para la ruta #50); manifiesta que:
Por lo tanto:
Denunciamos esta arbitrariedad, en donde las instituciones toman decisiones en detrimento de las personas usuarias, y que esto es la segunda que le sucede, al menos a la ruta #50. Nos declaramos en estado de indefensión ante una injusticia constante contra nuestros derechos de parte de esta empresa concesionaria del servicio público.
Declaramos que CESMAG, es una empresa reincidente en el pésimo servicio que ofrece, no cumple con los estándares de calidad que merecemos la población usuaria del servicio público. Constantemente incumple horarios y ha dejado a múltiples comunidades sin el servicio, por decisión unilateral.
Nos queja realizar acciones no administrativas, para denunciar lo que está ocurriendo. Responsabilizamos al Estado (que debe ser garante de nuestros derechos y que su inacción nos obliga a acciones fuera de las instituciones) de toda consecuencia que esta situación conlleve.
Convocamos a la unidad, a todas las comunidades afectadas por el pésimo servicio que estamos recibiendo y que somos víctimas de semejantes injusticias y manejos fuera de la ley para favorecer a un empresario, que ha sido irresponsable en sus manejos de empresa, que no solo he sido en el tiempo de pandemia, sino, desde muchos años anteriores.
¡Un basta ya! Debe ser un grito colectivo que retumbe de tal manera, que haga mover la justicia en favor de nuestras comunidades, porque somos ciudadanas y ciudadanos de derecho”.
Compartido con SURCOS por Renier Canales.
El pasado 17 de enero de 2023, Renier Canales Medina, como representante legal de la Asociación por los Derechos de los Usuarios de los Servicios Públicos, interpuso una gestión para que se dé inicio a un proceso de caducidad en contra de las empresas de grupo de interés económico de Esteban José Ramirez Bioley, en el cargo de director de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público (CTP). Adicionalmente a esto, se interpuso una denuncia en contra de los actuales miembros de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público ante la Procuraduría de Ética Pública, la Procuraduría General de la República y ante el Presidente de la República.
En la gestión para que se inicie con un proceso de caducidad se solicita que se investigue los estudios de evaluación dadas por las empresas Autotransportes Zapote S.A., Autotransportes CESMAG S.A., MAGASOSO de las Lomas Sur S.A., Transportes El Carmen de Tres Ríos S.A. y Transportes Públicos La Unión S.A. y Autotransportes RARO S.A. a nombre de Esteban José Ramirez Bioley, para la renovación de las concesiones para el año 2021 respecto a la información aportada en la evaluación empresarial, y que se realicen averiguaciones sobre la realidad económica y financiera de las empresas mencionadas, esto con el fin que el servicio de transporte no se vea interrumpido y no afectar a los usuarios. Se solicita además que de encontrarse a partir de la investigación alguna anomalía a la hora de presentar la documentación e información para la renovación de las concesiones, se penalice como resultado, el decretar la caducidad de las concesiones y permisos a las empresas anteriormente mencionadas.
Respecto a la denuncia interpuesta, esta consiste en solicitar que se investiguen tanto a Esteban José, como al resto de miembros de la Junta Directiva del CTP por su actuación irregular y omisiva sobre hechos relacionadas a las empresas mencionadas, en temas como morosidad, incumplimiento de la legislación actual, entre otros. Finalmente, se solicita que, en caso de probarse actos incorrectos, se tomen las medidas correspondientes según la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública.
Información compartida con SURCOS por Renier Canales.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de costarica2050.cr
La Asociación por los Derechos de los Usuarios de los Servicios Públicos es presidida por Reiner Canales Medina y ostenta la condición de representante legal. Las gestiones de la Asociación son presentar denuncias ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) por un exceso de cobro en los montos tarifarios de las empresas que ofrecen servicios de transporte como el de autobús, solicitar al ARESEP auditorías integrales a las empresas que ofrecen servicios públicos de transporte, denunciar situaciones anómalas en las relaciones entre las empresas que ofrecen los servicios de transporte y entidades reguladoras o estatales, entre ellas, el tráfico de influencias.
De igual forma dentro de sus funciones y gestiones, es querellar los métodos irregulares de reporte de los pasajeros movilizados ante el ARESEP, dado que esto afecta los datos reales y estadísticos utilizados para calcular la tarifa que se le cobra a los usuarios, denunciar que los servicios de transporte de autobús están siendo saturados por el transporte de personas en condición de migrantes, y ante ello plantea el cuestionamiento ante el ARESEP si se está realizando el reporte obligatorio de las personas migrantes transportadas, solicitar al Consejo de Transporte Público (CTP) que se diga la cantidad de buses de refuerzo se han autorizado, y además, que se revise la cantidad de buses con los rótulos de servicios especiales y solicitar que en caso de comprobarse diferentes anomalías en la oferta del servicio de transporte por parte de las empresas se tomen medidas por los daños ocasionados a los usuarios.
Un ejemplo de lo anterior fue la solicitud presentada por parte de Canales Medina al ARESEP al presentar una denuncia y solicitar una auditoría integral a la empresa TRACOPA Ltda. que ofrece servicios de transporte de autobús en rutas desde la zona sur del país hacia San José con elevadas tarifas en el servicio. Al igual que denunciar el reporte erróneo de pasajeros movilizados que realiza la empresa por categorizarlos como ingresos por servicios especiales, al implicar un impacto en el alza a las tarifas del resto de usuarios.
Finalmente, a rasgos generales la Asociación por los Derechos de los Usuarios de los Servicios Públicos busca velar por que el servicio que se ofrezca a los usuarios de los servicios autobuseros se den en la forma correcta, que no se den fraudes a los usuarios, que no se abuse en los cobros de las tarifas, que las relaciones entre las empresas autobuseras y las entidades correspondientes sean honestas y que estas se den bajo la normativa.
1. ANEP, rotundamente, se opone a la aprobación legislativa del Expediente Legislativa No. 22.530, de manera oficial denominado “Ley para la protección del sector autobusero nacional ante la crisis sanitaria, social y económica provocada por el covid 19”. Esta denominación es un verdadero y repudiable eufemismo, ideado para manipular y engañar a la opinión pública.
2. ANEP estima que este proyecto incrementará el riesgo de accidentes de las personas usuarias de estos buses, a los que, popularmente, el pueblo conoce como chatarra; del mismo modo que la vida del chofer corre idéntico riesgo.
3. ANEP cree que prácticamente, hay un proceso de concentración de las líneas de autobuses, a vista y paciencia de todas las autoridades correspondientes, en contra de la ley, razón por la cual estamos de cara a una doble manipulación con este proyecto de ley, argumentando, falsamente, que es para proteger a los “pequeños” empresarios de bus.
4. ANEP estima que el sector del empresariado autobusero goza de un escandaloso padrinazgo político, respaldando candidaturas presidenciales y diputadiles de diverso signo en función de la protección de sus propios intereses egoístas.
5. ANEP cree que el proyecto de ley en controversia, que tiene tanto respaldo legislativo, da mucho que pensar en tal sentido. El gran empresariado autobusero nacional tiene una deteriorada imagen pública y escasa credibilidad.
6. ANEP cree que el estado de indefensión de las personas usuarias del transporte público modalidad autobús, ya es total. Con este proyecto, tal situación de indefensión llegará a grados superlativos.
7. ANEP estima que, por buses viejos, el aseguramiento es más caro y las indemnizaciones por accidente tienen a disminuir. Además, el mayor costo de aseguramiento es motivo para utilizar encarecimiento de la tarifa.
8. ANEP estima que el Consejo de Transporte Publico (CTP) debe ser cerrado y diseñarse una nueva modalidad, con fuerte y transparente participación usuaria en materia de fiscalización del servicio de buses.
9. ANEP, como organización sindical que vela por los intereses laborales de los choferes de autobús, sabe de despidos abusivos alegando mal manejo de la rampa para las personas con discapacidad, pero es que la misma rampa no funciona.
10. ANEP, que no responde a intereses de ningún partido político, felicita a la fracción parlamentaria del Partido Frente Amplio por su lucha en defensa de los Derechos Humanos de las personas usuarias de los servicios de autobús y, particularmente, de las personas usuarias con discapacidad.
Comunicado oficial de ANEP.
Conferencia de prensa: https://fb.watch/hyYxGoR0Gu/
Francisco Campos Campos, Secretario General de SINACOESA realizó una carta dirigiéndose a los diputados del Partido del Frente Amplio, en el que comunicaba que la lucha de poder y de clases ha comenzado, y que se posicionó directamente en contra de dicha fracción; varias empresas de transporte público en modalidad de buses estaban concentrando algunas de sus unidades en San José, con el fin de obstruir o bloquear el tránsito desde la Iglesia de La Merced hasta la Asamblea Legislativa, y de ahí dirigirse hacia Casa Presidencial. El propósito de dicho movimiento fue ejercer presión política para que se autorizara la ampliación de los años de vida útil de las unidades de 15 a 20 años.
En la carta se reconoce la ilegalidad del movimiento, al no contar con la autorización del Gobierno, sin embargo establecieron que su objetivo era “hacerse sentir” y así afectar a la mayor cantidad de usuarios de transporte público de San José.
Plantearon que era necesario comunicar a las autoridades pertinentes como a Casa Presidencial, al Aresep, a la policía de tránsito y al Consejo de Transporte Público que constataran que las unidades en carretera se encontraran inscritas en ruta regular, de igual forma, de contar con el permiso de circulación en San José, y que de no contar con dichos permiso de deberían de quitar las placas y proceder a realizar las correspondientes infracciones.
En su momento se confirmaron las siguientes cantidades de unidades por parte de algunas empresas autobuseras: Autotransportes Pavas: 10, Trausanic: 1, Cagua: 1, Cabo Velas: 1, Tapachula: 3, Coopepar: 3, Cooperoble: 1, Tuetal: 1, Tambor: 1, Grupo A.T D: 5, Fernando Zúñiga: 4, Ruta 326: 1, Urbanos Oreamuno: 1, Coopetransatenas: 1, Naranjo: 1, Lared: 5, Autotransportes Mopvalhe: 2, Transp Jacob y transporte González: 2, Aserri: 2, Transporte la 205: 1, Mauricio Bonilla: 5, La 400: 4, Sabana: 2, Ramírez Calderon: 1, Hígapi: 1, Mercedes Sur: 1, TEMSA: 2, Autotransportes San Antonio: 3, Coopepar: 2, Trausanic: 2, Cobano: 1 y Serrano: 1. Para un total de 72 buses.
Información compartida con SURCOS por Reiner Canales.
Ante la disconformidad de usuarios de autobús de la empresa TRACOPA LTDA de la zona del sur del país, se ha presentado una denuncia y una solicitud de auditoraje integral urgente.
Reiner Canales Medina, representante de la Asociación por los Derechos Humanos de los Usuarios de Servicios Públicos, presenta una denuncia y solicitud de auditoraje integral a TRACOPA LTDA, por las siguientes razones:
La comunidad más pobre del país de manera injusta tiene las tarifas más altas en el servicio de autobús. Se ha recibido información que esta empresa autobusera ha estado utilizando un método irregular para el reporte a ARESEP de los pasajeros movilizados, que estaría afectando la verdadera demanda de personas movilizadas, y su vez las tarifas que se cobran a los usuarios de la zona.
Clavos de oro con la tragedia humanitaria de los inmigrantes. La empresa TRACOPA ha estado prestando sus servicios desde hace más de un año para movilizar a los miles de migrantes que ingresan por Paso Canoas, lo cual ocasiona que los usuarios de la zona tengan problemas para acceder al servicio, por cuanto los mismo están saturados.
Cámaras autobuseras que responden a los intereses particulares de un empresario. Se tiene información, que algunos empresarios, como es el caso del dueño de este Grupo de interés económico- TRACOPA constituye cámaras de autobuseros, que utilizan para defender sus intereses y generar tráfico en el CTP y ARESEP.
Imagen: https://www.tracopacr.com/
¢843 millones requiere el INCOFER para poder continuar dando el servicio de transporte del Tren Interurbano de la GAM, que conecta las ciudades de Cartago, Alajuela, Heredia, Pavas, Belén, Curridabat y San José. Servicio público necesario para unos quince mil trabajadores, estudiantes, y otros, que viajan diariamente, en los 16 trenes que son su medio de transporte imprescindible, pese a las conocidas limitaciones. La preocupante situación financiera actual del INCOFER ha de ser un recordatorio hacia los que erróneamente creen (como el ministro del MOPT) que tales servicios no han de ser necesariamente subsidiados por el Estado, desdeñando que sus costos ¡jamás pueden ser cubiertos con el pago de los pasajes! para que éstos no sean prohibitivos. Así funcionan alrededor del mundo y sería imposible que Costa Rica fuese la extraña excepción.
Las menores emisiones de gases contaminantes se han de colocar en una balanza frente a los costos financieros inherentes a enfermedades respiratorias y cardiacas, que habrán de ser atendidas por nuestro saturado sistema de salud. Sin olvidar, asimismo, que el funcionamiento de los trenes, ¡ojalá ampliados a más destinos que los actuales! (se propuso para 15 cantones) conlleva un ahorro significativo en la importación de combustibles fósiles, bajo el determinante de un mercado petrolero impredecible, cada vez más difícil de enfrentar.
Está claro, eso sí, que no sería prudente ni inteligente, un futuro tren que conectara solamente a Cartago con San José, cuando de lo que se trata es de impulsar con decisión, un transporte público de verdadero impacto, que pudiere movilizar diariamente unos 250 mil pasajeros, encadenado con las líneas de autobuses, para que más y más automovilistas puedan dejar sus autos en sus casas por varios días de la semana. Es el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) una institución estatal de especial importancia para los habitantes y el progreso de Costa Rica, y como tal habría de brindársele la importancia que merecen los habitantes. Un tren eléctrico rediseñado quizá, que pudiere aprovechar los préstamos muy convenientes, como el de US$250 millones a 0% de interés a 40 años con 10 años de gracia del Fondo Verde de la ONU, más una donación de US$21,3 millones, que pareciere están dejando perder. La necesidad crece día con día, y lo peor que podría hacerse es no reconocerlo así, en un país donde muchas vías cantonales y nacionales, están deteriorándose aceleradamente.
Oscar Madrigal
El ministro del MOPT anuncia que el Gobierno se propone subvencionar los pasajes de buses. La medida me parece bastante positiva ya que iría en beneficio del más de millón de personas que cotidianamente se movilizan en trasporte público. Además, si esa subvención va acompañada por la transformación de los buses de gasolina a eléctricos y a un cambio organizacional del trasporte (sectorización o centros modales), bien vale la pena. Es cierto, también, que el trasporte público en casi todo el mundo es subvencionado. Será un alivio para los consumidores.
La subvención es una forma de control de precios, porque se propone que los servicios y los bienes no aumenten de precios o lo hagan de forma controlada o racional.
Como la inflación es un aumento general de la gran mayoría de los precios de los artículos y servicios, el mecanismo de subvencionar es una excelente medida para controlar la inflación y con ello el aumento en el costo de la vida. Es lo que están haciendo en muchos países de Europa como Alemania o Suiza.
El control de precios mediante la subvención debería ser la medicina que utilice el gobierno para controlar el aumento de los precios y la especulación. Para eso es el Estado aunque a los neoliberales les pare los pelos.
El gobierno podría subvencionar los artículos de la canasta básica, los precios de la gasolina o los medicamentos más populares, lo cual frenaría la inflación y con ello defendería el valor adquisitivo de los salarios.
¿De dónde saldrían los recursos para ello? Puede haber dos caminos: un tributo solidario de los grandes capitales y grandes empresas como está proponiendo actualmente el gobierno de Chile o tomando los créditos aprobados para subvencionar a los productores nacionales. Estas medidas aumentarían la producción y aliviarían la situación acongojante de miles de familias costarricenses.
Solo falta voluntad política y decisión.
¿Es este un “impuesto al carbono”? ¿Quizá un “impuesto verde”? Es decir, ¿es un impuesto cuyo objetivo es desestimular el uso de combustibles fósiles y promover el cambio hacia formas de energía limpia? ¿Es entonces un impuesto animado por el objetivo de combatir los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global?
Remotamente podría tener ese aspecto. Pero hay al menos dos graves problemas que lo lastran significativamente: su mal diseño y su desconexión respecto de cualquier estrategia de políticas, más o menos integral y coherente.
En primer lugar, para darle viabilidad política y legitimidad social, un impuesto de esta naturaleza debía cumplir con al menos dos condiciones:
En segundo lugar, y si los objetivos fuesen realmente de combate al cambio climático, el impuesto no debería quedar como una medida aislada, sino como una pieza dentro de un engranaje mucho más amplio. Junto al impuesto, y mucho más allá de éste, se requieren al menos dos grandes políticas, ambas de amplia envergadura.
Primero, un programa de inversión a gran escala, que mejore radicalmente la calidad y eficiencia del servicio de transporte público. Se hace necesario todo un cambio cultural, que despoje al auto personal del aura de prestigio que recubre, y que lo convierte en una ambicionada meta dentro de los patrones de consumo de amplios sectores de la población. Pero es innegable que ello no se logrará si persisten las graves y evidentes deficiencias del transporte público, las cuales proporcionan un poderoso estímulo a favor del uso de ese tipo de vehículo.
Segundo, un programa de inversión, igualmente ambicioso, que promueva la migración hacia energías limpias en el transporte y en otras actividades en las que los combustibles fósiles siguen desempeñando un importante papel. O sea, más allá del limitado estímulo que el precio pueda proporcionar, es necesario que existan las condiciones efectivas para que otras fuentes de energía, realmente limpias, estén disponibles a costos razonables.
Nada de eso es posible, sin un vigoroso liderazgo estatal. Y la verdad es que el viraje ideológico que se hizo dominante desde hace más de 35 años, ha despojado al Estado costarricense de ese liderazgo. En el proceso ha proliferado un picadillo institucional, con organizaciones inconexas y sumamente débiles. En ello ha incidido una ideología que combina el antiestatismo con la idea de que la institucionalidad pública, tan solo debe cumplir un rol como facilitadora de la inversión privada en obra pública, lo que implica la privatización de facto de esa infraestructura pública. Esto ha dado lugar a un coctel tóxico: una institucionalidad débil y troceada, incoherente y muy vulnerable a la corrupción.
En el caso del transporte público ello es clarísimo, lo que ha facilitado que algunos cuantos consorcios privados impongan sus intereses a capricho, mientras las inversiones necesarias se posponen de forma indefinida, y los servicios resultan cada vez más defectuosos.
En lo que a las nuevas energías se refiere, el prejuicio ideológico impide impulsar las reestructuraciones y reorientaciones necesarias, y bloquea los necesarios mecanismos de coordinación. El ICE y RECOPE son, naturalmente, las instituciones públicas que deberían asumir ese liderazgo, en colaboración con las universidades públicas y algunas otras entidades. Un detalle curioso es que el famoso astronauta Franklin Chang tiene esto muy claro, pero, en cambio, estas ideas, absolutamente elementales, no logran taladrar la coraza ideológica que anestesia la inteligencia de las élites políticas y empresariales de Costa Rica. Debe quedar claro que esto no lo puede resolver el libre mercado. Si el Estado no asume un rol de liderazgo, el mercado a lo sumo aportará soluciones inconexas y muy parciales. Lo que, a fin de cuentas, significa no resolver nada.
Pero hay todavía un detalle adicional que no podemos omitir: el diseño actual del impuesto a los combustibles tiende a ser injusto y regresivo. Su incidencia sobre las tarifas del transporte público implica trasladarlo al bolsillo de los hogares y personas pobres. Pero tratándose del transporte privado, su peso relativo es mayor conforme más bajo el ingreso de la persona u hogar. Para micros y pequeñas empresas que requieren del uso de un vehículo, resulta una carga onerosa.
Digámoslo claro: este impuesto existe para satisfacer objetivos recaudatorios, o sea, para llevarle dinero al Ministerio de Hacienda y reducir un poco el déficit fiscal. Sus objetivos son fiscalistas y nada más. Hasta 2019, antes del impacto de la pandemia que, en 2020, e incluso en 2021, redujo la circulación de vehículos, este impuesto aportaba arriba del 11% de todos los ingresos tributarios (más de ₡ 600 mil millones en 2019). Claramente no hay detrás de este tributo ni objetivos ambientales, ni mucho menos objetivos de promoción de la equidad social.
Pero, en realidad, la existencia de este impuesto, tan mal diseñado y, en muchos sentidos, tan dañino, se explica porque no existen los impuestos que SI deberían existir, aquellos que gravan los rentas y ganancias de capital más elevadas, los grandes patrimonios privados y las grandes herencias. La cuestión es que la ideología de moda ordena que a los muy ricos de Costa Rica no se les deben cobrar impuestos, como asimismo prescribe que las corporaciones transnacionales, que tan jugosas ganancias obtienen en Costa Rica, tampoco tienen obligación alguna con nuestro país, no obstante, las beneficiosas condiciones que les ofrecemos. Pero, además, recordemos que en los últimos años se ha afirmado la tendencia que convierte las zonas francas en paraísos fiscales insertos en el propio territorio nacional, un refugio legalizado para la evitación de impuestos, en favor de un número creciente de grandes empresas costarricenses.
Es por eso, a fin de cuentas, que existe el impuesto a los combustibles: para intentar llenar una parte del hueco que abren esos manirrotos privilegios tributarios a favor de los grupos más ricos y poderosos.
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