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Etiqueta: Tribunal Ambiental Administrativo

Nueva matanza de peces en Batán de Limón

Comunicado de Bloque Verde

Ayer se registró un nuevo incidente de envenenamiento en la Laguna Santa Marta y la Laguna Madre de Dios, en el río Pacuare, en Batán, Limón. Este suceso ocurre apenas quince días después de la anterior muerte masiva de peces (Bloqueverde, 17-10-24).

Vecinos reportaron la muerte de cientos de peces y otras especies. Según los testimonios, las plantaciones bananeras aplicaron nematicidas durante las lluvias, ignorando el impacto que esto tiene en el ecosistema, ya que es más fácil que el veneno llegue al río cercano.

Autoridades del OIJ y del Guardacostas se presentaron para recoger la denuncia y tomar muestras de los peces muertos.

El Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA) ha estado monitoreando estas contaminaciones a través desde 2003 en distintos proyectos, investigaciones e inventarios. Según estudios realizados por el IRET en los cuerpos de agua que alimentan estas lagunas, los plaguicidas aplicados en las tierras de cultivo cercanas son arrastrados por escorrentía hasta los afluentes y, eventualmente, llegan a la laguna.

Por ejemplo, en enero de 2003, murieron miles de organismos acuáticos, incluidos peces juveniles y adultos de hasta un metro de largo, como anguilas, sábalos, róbalos, guapotes, mojarras y machacas. También fallecieron crustáceos, entre ellos jaibas, camarones y cangrejos. Entre los vertebrados muertos se observaron lagartos, tortugas y aves. La causa de este desastre ambiental fue probablemente el derrame de un plaguicida de un tanque en el aeropuerto de Batán (IRET, 2004).

En ese histórico evento, se encontraron peces muertos a lo largo de 15 kilómetros. A raíz de este caso, la multinacional bananera Standard Fruit Co. llegó a una conciliación con el Tribunal Ambiental Administrativo, donde fue «absuelta» de responsabilidad a cambio de comprometerse a pagar ocho mil dólares anuales durante cinco años. Este dinero, en teoría, se destinaría a repoblar el río Pacuare (lmtonline.com,18-7-2004). Una evaluación económica del daño ambiental, preparada para el tribunal, estimó que el tiempo para recuperar el estado de conservación inicial sería de cinco años para la actividad pesquera y de cuatro años para la actividad turística. ( ver estudio).

Otro estudio reciente titulado “Especies de algas del microfitobentos en la Laguna Madre de Dios” del IRET UNA identificó una gran cantidad de plaguicidas, insecticidas y herbicidas en junio y octubre de 2016. Entre las sustancias detectadas se encuentran epoxiconazol, tiabendazol, ametrina, hexazinona, azoxistrobina, diurón, diazinón y difeconazol.

Tras un monitoreo realizado entre 2016 y 2018, los investigadores encontraron la presencia de más de 20 plaguicidas en las aguas de la laguna, que recibe afluentes de los ríos Madre de Dios, Pacuare y del canal de Batán. La contaminación de estas aguas provoca efectos negativos en el ecosistema, como eventos de mortalidad masiva de peces.

Las comunidades más cercanas a la Laguna Madre de Dios albergan alrededor de 100 familias dedicadas a la actividad turística, la pesca y la producción de coco.

Fotos y videos de Julio Knight y Evelyn Casasola (Pacuare): https://drive.google.com/drive/folders/1BbSHQg0QN10NVRDfWpHsEK5qE2-H87e4?usp=sharing

Sala Constitucional fija plazo a ministra de la Presidencia para que reactive el Tribunal Ambiental Administrativo y la advierte

El 11 de octubre del 2024 la Asociación Confraternidad Guanacasteca interpuso un recurso de amparo contra el gobierno, por el incumplimiento de sus obligaciones de tener en funcionamiento el Tribunal Ambiental Administrativo, dependencia del MINAE. Este fue declarado con lugar, y se ordenó a Laura Fernández Delgado, en condición de Ministra de la Presidencia, que dentro del plazo de dos meses, se realicen todas las actuaciones a fin de designar a los miembros faltantes en el Tribunal Ambiental Administrativo. De lo contrario, podría incurrir en el delito de desobediencia de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Esto, debido a que la Constitución Política recoge implícitamente el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos. Esta obligación se acentúa al tratarse de casos en los que está de por medio la tutela de la protección ambiental, derivado del artículo 50 de la Constitución Política. La protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano.

Abajo anexamos la sentencia completa, y le invitamos a leerla e informarse acerca de este tema tan relevante para Costa Rica, siendo este un país baluarte del medio ambiente, cuya administración se le insta en este caso a actuar con celeridad para resolver situaciones de índole ambiental, para defender su patrimonio. Además, puede ver en anexo el PDF con el comunicado de la Asociación Confraternidad Guanacasteca.

Ministra de la Presidencia Laura Fernández contra justicia pronta y cumplida

Asociación Confraternidad Guanacasteca

La Constitución Política define el derecho de todos a una Justicia Pronta y Cumplida.

Laura Fernández, ministra de la Presidencia, no sabe nada de eso.

No conoce sus funciones. Entre ellas la de presidenta del Consejo Nacional Ambiental que desempeña.

Y no sabe que ese Consejo debe nombrar jueces del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA).

Este Tribunal no puede cumplir sus funciones cabalmente hace meses, por falta de esos nombramientos.

Al TAA le toca analizar y castigar delitos ambientales, corta de bosques, contaminación de aguas, daño de humedales, construcciones sin permisos, proyectos sin permisos de SETENA, todas las denuncias de este campo.

Hoy tiene más de 4.000 casos, esperando ser tratados y resueltos. Algunos llevan ya 13 o 14 años de trámite.

El procedimiento exige la participación de tres jueces para las audiencias y para la toma de resoluciones.

Entonces, eso no funciona. Se gasta dinero. Se pagan salarios, pero no se hace nada. Y es por culpa de Laura Fernández.

En su escrito a los señores magistrados, la ministra reconoce que no sabía que a ella le tocaba hacer esos nombramiento.

Parece que los temas del medio ambiente no son importantes para este gobierno.

¡Por sus hechos los conoceréis!

Anexamos escrito firmado por Laura Fernández, hace un mes.

Un gobierno que no gobierna, no protege el medio ambiente, no se come las broncas

Mapa de la zona en Guanacaste a la que se refiere la denuncia.

Gadi Amit

El señor presidente Chaves y su vocera Pilar Cisneros, se quejan un día sí y al siguiente también que los otros poderes de la República no funcionan.

Presentamos el caso de una instancia del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Ambiente, el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA).

Le toca analizar y castigar delitos ambientales, corta de bosques, contaminación de aguas, daño de humedales, construcciones sin permisos, proyectos sin permisos de SETENA, todas las denuncias antes citadas y más.

Hoy tiene más de 4.000 casos, esperando ser tratados y resueltos. Algunos llevan ya 14 o 15 años de trámite.

El procedimiento exige la participación de 3 jueces para las audiencias y para la toma de resoluciones. Y resulta que no hay 3 jueces nombrados. Hay dos titulares y no hay suplentes.

Entonces, eso no funciona. Se gasta dinero. Se pagan salarios, pero no se hace nada. Y es por culpa del Poder Ejecutivo.

Corresponde nombrar jueces del TAA al Consejo Nacional Ambiental encabezado por Laura Fernández, ministra de la Presidencia y cuyo secretario es Franz Tattenbach, ministro de Ambiente. Y no lo hacen.

Falta un juez titular y tres jueces suplentes, para permitir que haya justicia pronta y cumplida en temas del medio ambiente.

Mientras la presidenta del TAA confirma los hechos y enumera todas las gestiones realizadas por ellos ante el MINAE y hasta una carta al señor presidente (ver anexo).

Vencido el plazo legal otorgado, no hay respuesta de la ministra de la Presidencia. La Sala certifica la falta de respuesta (ver anexo)

Por sus actos y sus consecuencias los conoceréis.

Los problemas del país en la protección del medio ambiente no están en la agenda del Poder Ejecutivo. Ni siquiera respetan a la Sala Constitucional.

Nuestro caso – Hotel Riu guanacaste

Los hechos se remontan a 2009. Hace 15 años.

Cobran vigencia hoy, con los permisos de corta de bosque en Gandoca- Manzanillo.

En Hotel Riu se cortaron más de 3.000 árboles diciendo que no era bosque. Hay testimonios ya aceptados que los permisos de corta fueron ilegales y fraudulentos: Expediente 09-003649-0412-PE, en Voto 726-2022 se confirma el delito de falsedad ideológica en los permisos de corta y cambio de uso de suelo donde se construyó Hotel Riu.

Queda comprobado también en oficio DA- UHTPNOL-0204-2024 que Hotel Riu Guanacaste está construido encima de una quebrada, que fue desviada y rellenada.

En anteriores administraciones y en esta también, no quieren tomar las medidas legales, para castigar a los delincuentes ambientales.

15 años esperando nuestro derecho a una justicia pronta y cumplida.

Compartimos todos los documentos de referencia.

Dos personas atestiguarán este lunes en caso de hotel en Playa Matapalo

Comunicado de Confraternidad Guanacasteca

El próximo lunes 6 de noviembre tendremos una sesión importante en el caso Hoteles Grupo Riu ubicado en Playa Matapalo de Guanacaste, en la sede del Tribunal Ambiental Administrativo, en los Yoses.

Se recibirán dos testigos claves: uno confirmará el tamaño y conformación del relleno del manglar H-3 y el segundo del IGN confirmará que se destruyó una quebrada y su zona de protección.

Ambos daños al patrimonio natural del estado en zona marítimo terrestre, faltas que ameritan según la ley, la pérdida de las concesiones en ZMT de la playa, para las empresas de Grupo Hoteles Riu.

Este caso es trascendental para un modelo de desarrollo sustentable del sector turístico en Costa Rica.

Denuncia por afectación de zona de protección del Río Tibás

El pasado 13 de marzo del 2019, vecinos/as de la comunidad de San Isidro de Heredia interpusieron una denuncia ante las oficinas del SINAC Heredia y en los Tribunales Ambientales Administrativos (TAA), en la cual señalan el daño ambiental producido al cauce del rio Tibás.

Entre los hechos denunciados están talas de árboles,  movimientos de tierra en la zona de protección del Río Tibás, obras sin permiso dentro del cauce del Río Tibás como la construcción de gaviones para apresar el agua del río, construcción de muros a la orilla del río, relleno del cauce con tierra y piedra para que sirviera como camino que atravesaba de lado a lado el lecho, impidiendo el libre tránsito del agua.

A pesar de que las partes denunciantes presentan pruebas contundentes que dan fe de dicha situación, el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), acuerda desestimar la denuncia. Ante esto José Francisco Alfaro Carvajal, vecino de San Rafael de Heredia e integrante de CONCEVERDE, presentó ante el Ministerio de Ambiente y Energía, una denuncia debido a las inconsistencias presentadas en el informe del SINAC/MINAE HEREDIA, pues las aclaraciones presentadas en este se alejan de la realidad y no permiten que se esclarezca la situación.

En el enlace adjunto se detalla más sobre el proceso, y se exponen las razones de la denuncia

https://plik.root.gg/file/SvaIeKT8eM6Z4BKj/Mz3Bf9CSkdA1V3nN/nsmail-19.pdf