Llevaron “el jaguar” a la Asamblea Legislativa, como amenaza para los que Chaves considera sus enemigos, personales y políticos. “¡Si no me lo tratan bien, van a verlo actuar a lo largo y ancho del país!”, fue su sonoro mensaje, acompañado de una cimarrona.
Pero resulta, como dicen los jóvenes, que el animal “entró quedando”, pues inmediatamente se sintió desorientado, ya que “la fiera” no tenía por qué conocer, la legislación que se iría a encontrar, aunque sus domadores le habían pintado un panorama límpido y agradable.
Y es que, no podría ser de otra manera, ya que, en la Ley del Referéndum, sobre el trámite del convocado por el Poder Ejecutivo, en forma conjunta con la Asamblea Legislativa, NO hay determinación alguna que permita interpretar, que la «ley jaguar«, conformada por cuatro proyectos de ley, pudiese tramitarse en forma diferente a otros proyectos de ley similares.
En el caso del referéndum legislativo, dice dicha Ley, que su trámite se hará «por los procedimientos reglamentarios al efecto«. Por otro lado, para el referéndum del Poder Ejecutivo, que busca al Poder Legislativo como socio, luego de entregada la propuesta, la misma Ley, remite a lo señalado para el referéndum legislativo, al indicarse que «seguirá el trámite previsto en el artículo anterior«.
¿Y cuáles serán esos «procedimientos reglamentarios«?, preguntamos, y de una vez respondemos: pues los únicos que existen, los usuales, no cabe inventar nada, donde la legislación positiva, no otorga ese espacio.
Al revisar el Reglamento de la Asamblea Legislativa, vemos que el presidente tiene el mandato de «Asignar a las comisiones los proyectos presentados a la Asamblea Legislativa, con estricto apego a la especialidad de la materia y según las funciones y atribuciones señaladas para cada una de ellas«. Mandato que no hace diferenciación alguna, de si se trata de un proyecto de ley, llamémoslo como los que se tramitan cotidianamente, o uno que se espera sea convocado a referéndum, conjuntamente por los poderes Ejecutivo y Legislativo. Asimismo, como debe ser, no se habla de un plazo perentorio alguno.
Para los referéndums, recordemos que lo único que está normado, es lo referente a proyectos de ley que impliquen reformas a la Constitución. Para estos, el proyecto de que se trate ha de haber sido aprobado por mayoría calificada, en una legislatura, como requisito a ser luego sometido a referéndum. Es, aquí todavía más claro, que antes habría de haber sido sometido a «los procedimientos reglamentarios al efecto«. Jamás podría pensarse que, un proyecto de ley de reforma constitucional, con semejante trascendencia, no fuere antes tramitado en la respectiva comisión, analizado a profundidad, consultado, ampliamente divulgado, etcétera, para eventualmente ser dictaminado. Aun así, nuestra carta magna, ha sido reformada en 64 ocasiones, hasta la fecha, prueba de que no es cierto que no se pudiere modificar.
El hecho de que la llamada «ley jaguar», sea en realidad, la reunión de cuatro proyectos de ley (que modificarían igual número de leyes), complica, todavía más, el asunto. Y es así, porque, al estudiar la normativa que crea y regula el referéndum, es claro que el legislador pensó en un proyecto, y no en dos, cuatro o 14. Por ello, el trámite en comisión legislativa ha de ser tal, que, los señores diputados tendrían que tramitar, individualmente, cada uno de los proyectos, con su correspondiente número de expediente, pues sería imposible, conocerlos cual si fuere uno solo. Esto significa, que se deberán remitir al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, así como hacer las consultas de rigor (al Tribunal Supremo de Elecciones y la Sala Constitucional), para cada uno de ellos. Lo mismo, a la hora de solicitar los criterios correspondientes, también para cada uno. Imposible hacerlo de otra manera, aunque el pobre “jaguar”, se vaya a sentir más incómodo, que en el clausurado zoológico del Parque Bolívar.
Sin embargo, la que podríamos considerar una «ventaja», a favor del Congreso, para salir del problema que podría crearle la solicitud de referéndum nacida en Zapote, es el factor tiempo. ¡Veamos!
Como sendas solicitudes del referéndum por iniciativa ciudadana, también para la «ley jaguar«, fueron presentadas el pasado 5 de junio, el TSE, como un solo trámite, tomó un acuerdo preliminar, solicitando al Departamento de Servicios Técnicos, elaborar el informe correspondiente. Labor que los juristas del Congreso harán, luego de recibidas las respuestas a las consultas de rigor, donde, presumimos, estaría incluida la Sala Constitucional, fundamentalmente.
Podría ser, pues, que para cuando la Asamblea Legislativa inicie el trámite que le ha solicitado Chaves, para su extraño referéndum, para entonces quizá ya se habrá avanzado en el trámite para el referéndum de las más de 177.000 firmas, el de iniciativa ciudadana, solicitado por el ciudadano esposo de la diputada Cisneros, y, cosa extraña, por el ciudadano que estuvo asilado en Nicaragua, bajo “la protección” del dictador Ortega, por haber alegado que su vida corría peligro en nuestro país, al haberse puesto del lado de los nicas, en relación con la (fallida) construcción estratégica, de la ruta 1856, que habría corrido paralela a parte del río San Juan, cuando padecimos la invasión del ejército “sandinista” a isla Portillo.
Lo mejor que podría suceder, sería que, antes de que se abriera un debate inútil en la Asamblea Legislativa, se pudiesen tener a mano, algunos elementos objetivos, que, muy posiblemente, facilitarán lo que se vaya a resolver. Aunque muchos pensamos que al menos dos de los proyectos de ley, incluidos en la “ley jaguar”, serían inconstitucionales, solo la Sala IV podría determinarlo así.
Igualmente, en vista de que existe jurisprudencia en el TSE, en el sentido de que la forma empleada por los proponentes del referéndum, que incluye varios proyectos de reformas legales a igual número de leyes, no puede ser tramitado así, presumimos que su resolución, no será diferente al rechazo emitido en otra oportunidad, para una iniciativa que se tiene muy presente.
Finalmente, para los que piensan que la “ley jaguar” habrá de seguir el mismo trámite aplicado al del muy conocido TLC con los Estados Unidos, les recordamos que se trataba de un convenio internacional, suscrito por el Poder Ejecutivo, que, en su proceso de aprobación legislativa, no podría habérsele cambiado “ni una coma”. Después de que la Sala IV no encontró roces constitucionales, sencillamente se puso a votación del Plenario Legislativo, como respuesta a la solicitud del Poder Ejecutivo, de procesarlo como un proyecto de ley por vía de referéndum conjunto de ambos poderes. No son similares, evidentemente, las dos situaciones.
El Tribunal Supremo de Elecciones, el Foro de Mujeres Políticas, CIEP – Universidad de Costa Rica y la Benemérita Biblioteca Nacional le invitan al foro 75 años de los Derechos Políticos: logros y retos. Voto Femenino con la participación de Laura Chinchilla Miranda, Ex-Presidenta de la República de Costa Rica, Eugenia Zamora Chavarría, Presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones y Macarena Barahona Riera, Catedrática experta en análisis político.
La actividad se realizará el viernes 21 de junio alas 10:00 a.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional y se transmitirá por el facebook: Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/
La maniobra de Chaves es clara. Al percatarse, después de sus diatribas contra los señores diputados, que NO le funcionaría su estrategia de usar la figura del referéndum, como «campaña electoral», mediante un proceso de 9 o 10 meses, de recolección de las más de 177 mil firmas necesarias, para presentar la solicitud al TSE, ahora se encargará de «embarrar» a la Asamblea Legislativa. ¿Cómo? Muy sencillo. Primero buscará comprometer a los legisladores, para que, los siguientes tres proyectos de ley, puedan votarse en un referéndum:
Convertir a la Contraloría General de la República, en un órgano incapaz de ejercer la función contralora, según copia del modelo del todopoderoso Bukele, para hacer fiesta con los recursos económicos del Estado.
Adecuar, a sus aspiraciones dictatoriales, la legislación que regula la contratación pública, que tanto incomoda a sus negocios.
Permitir que empresas inmobiliarias privadas, puedan usar terrenos de Japdeva, para sus negocios particulares, usando el viejo cuento de «alianzas público-privadas».
Si se usare, como con el TLC, la modalidad de convocatoria mancomunada, sumando a 29 legisladores a su «jaguar», podría seguir adelante con su propósito de usar, cínicamente, el referéndum, sin necesidad de recoger firmas, como lo propuso inicialmente Otto Guevara, su socio en este asunto.
Es decir, que los mismos diputados, dócilmente, se conviertan en cómplices de la acción de Chaves, ¡contra ellos mismos!, contra el Primer Poder de la República. Y «¡ahí está el detalle!», dijo Cantinflas. Como se trata de un IMPOSIBLE, saldrá vociferando que, nuevamente, los diputados no lo dejan gobernar. Y se lo dirá a «su gente», al cardumen, a los que invitó a firmar por su referéndum, a los mismos que ahora NO quiere que firmen…, para, desde su mundo tan especial, contarles que, sin la ayuda de la mayoría de los diputados, será imposible convocar a ese acto de legislación en manos del pueblo. Que esa gente del Congreso, quieren que siga adelante la corrupción y el atropello al pueblo, al mismo al que le tienen miedo, etcétera. Así, se lavará las manos como Pilatos, con la intención de dejar a los diputados, como los malos de la película. Y todo, como consecuencia de que el globo del referéndum, se le desinfló, cuando apenas iba a levantarse.
En FLACSO Costa Rica, estamos realizando un proyecto de investigación junto con el Tribunal Supremo de Elecciones, con el objetivo de evaluar los servicios brindados por dicha entidad y queremos conocer la opinión de la ciudadanía. Para esto tendremos 3 talleres:
Con personas entre 18 a 35 años. Fecha: lunes 6 de mayo, 4 pm a 7pm.
Con personas de más de 35 años con grado universitario. Fecha: miércoles 8 de mayo, 5 pm a 8 pm.
Con personas de más de 35 años con grado de secundaria. Fecha: jueves 9 de mayo, 5 pm a 8 pm.
Los talleres se realizarán presencialmente en las instalaciones de FLACSO Costa Rica ubicadas en Curridabat.
Sumado a que no tememos para nada, la iniciativa de Chaves, Pilar y Otto, de convocar a un referéndum, para que vean que no somos tan malos como ellos nos pintan, con gusto les instruimos, como lo hacía nuestra queridísima maestra en la Escuela Juan Rudín. Tal vez así, lo logren comprender y consideren que una gestión de democracia popular, que pareciere innecesaria en estos momentos, y que podría estar condenada al fracaso, le costaría al Estado, más de ¢3.000 millones.
¡Veamos!
A. El referéndum es un mecanismo especialísimo de democracia popular, amparado en la Carta Magna.
B. NO podrán someterse a referéndum, proyectos de ley (porque eso tienen que ser) sobre materia presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos, ni actos de naturaleza administrativa, así como derechos fundamentales, tal y como está en la Constitución Política, que, por supuesto, está para cumplirla y no para interpretarse. Además, recordemos que los convenios internacionales sobre derechos humanos están un peldaño arriba de la Constitución Política, por lo que, con más razón, no pueden plantearse en un referéndum.
C. El, o los proyectos de ley que se quieren someter a decisión del soberano, por un camino diferente al que siguen las iniciativas de ley en la Asamblea Legislativa, han de cumplir, por razones comprensibles, con los requisitos estructurales y formales, que caracterizan a los proyectos usuales, que conocen nuestros representantes populares. Con ello, se evitarían, en lo posible, eventuales interpretaciones confusas de sus textos. Es importante que se valore, seriamente, este aspecto, pues los textos que eventualmente se someterían a la recolección de firmas y eventual votación popular, no podrían ser modificados ¡ni en una coma! Por ellos solo se presenta la alternativa de votar SI o NO.
D. Para iniciar el proceso, que podría desembocar en el referéndum, el o los proyectos (aunque complicado, puede promoverse un referéndum para varios proyectos de ley) han de ser presentados al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para su análisis y, seguramente consulta, ante el Departamento de Servicios Técnicos, de la Asamblea Legislativa, para su correspondiente criterio legal, que podría incluir un análisis de constitucionalidad de parte de la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia. Cumplido ese paso en la sede del Primer Poder de la República, el o los proyectos serían remitidos de regreso al TSE, para su valoración y acuerdo.
E. En caso de que la resolución sea favorable, para los intereses de los que han tramitado la iniciativa, el TSE solicitará, un resumen de la propuesta, para que el ciudadano que firmaría para que se convoque, se entere, al menos en lo fundamental, sobre cuáles son los contenidos de los proyectos de ley, que se le ofrecen. Resúmenes que, por supuesto, deberán ser parte de las hojas en que firmarán los ciudadanos, pues sería irrespetuoso, “firmar cheques en blanco”.
F. El proceso previo a lo señalado en los puntos anteriores, puede ser iniciado por el Poder Ejecutivo, mediante proyectos de ley que sometería a la Asamblea Legislativa, requiriendo para su aprobación (o sea, para que los textos sean sometidos a conocimiento del TSE), una mayoría favorable no menor a 29 votos. Una segunda opción, sería que la propuesta sea conocida directamente por el Poder Legislativo (sin participación del Presidente de la República) quien la hará de conocimiento del órgano superior electoral, quien, cumplidos los requerimientos, la devolvería al Primer Poder de la República, para una votación favorable, que no puede ser menor a 38 votos.
En ambos casos, de no lograrse las mayorías anotadas, se archivarán los proyectos. (Decimos los proyectos, porque si lo que se desea es armar un alboroto, un solo proyecto no cumpliría con ese medio oculto objetivo político).
G. La tercera opción, en caso de que se estime de que no son viables las opciones que involucran la voluntad de los señores diputados (que, por supuesto, provocarían debates complicados, que demandarían mucho tiempo, como sucede con otros proyectos de ley conflictivos, ayunos de consenso), es mediante la recolección de firmas entre la ciudadanía.
H. Empezamos por anotar que es un proceso regulado estrictamente, por mandato legal. ¡El asunto no es jugando! No se trata, como hemos escuchado, de simplemente recoger firmas en un puñado de hojas, en paradas de bus o la salida de un estadio, en el tren o de puerta en puerta. No, ¡jamás! Las hojas foliadas por el TSE deberán incluir resúmenes de los proyectos de ley que se proponen y que, como hemos indicado, han cumplido los pasos señalados antes. Si son varios los proyectos, lógicamente para cada uno habría de consignarse, esa información fundamental, pues, reiteramos, ha de quedar claro para el ciudadano, por qué estaría anotando su nombre completo, su número de cédula y su firma, tal y como aparecen en su cédula de identidad. Y ello, en instalaciones, como centros educativos públicos, por ejemplo, seguros, resguardados, previamente designados formalmente, y siempre con la presencia de personas que fungirán como delegados del TSE, debidamente juramentados, que habrán de velar por la legalidad de tan importante acto ciudadano, y custodiarán los documentos.
I. Para cumplir esta etapa formal, los ciudadanos proponentes del referéndum habrán de recoger el equivalente al 5% del padrón electoral vigente. Al día de hoy sería ~177.095 firmas válidas, para las cuales se tiene un plazo de 9 meses para su recolección y entrega en tiempo al TSE. Ello para su cuidadosa revisión (que no hayan repetidas, que los datos de la cédula de identidad, incluyendo las firmas, coincidan con el registro electoral, etc.). O sea, trabajando los 7 días de la semana, ininterrumpidamente, unos 655 ciudadanos tendrían que firmar cada día, pues, a menor ritmo, no alcanzaría el tiempo para superar las 177 mil. Se requiere pues, una gran organización, de parte de los proponentes, y muchos ciudadanos trabajando, voluntariamente, jornadas, aquí sí, de al menos 12 horas. Intentos anteriores han fracasado después de unas cuatro o cinco semanas.
J. Debidamente cumplido lo anterior, y si el TSE verifica y acuerda, que todo está conforme a la legalidad, éste procederá a realizar los trámites pertinentes, relativos, por ejemplo, a los espacios y demás regulaciones, de las campañas del SI y del NO, así como el diseño de las papeletas que se le presentarán al votante el día del referéndum (un domingo de 6 de la mañana a 6 de la tarde), en las mesas receptoras, con representantes de ambas tendencias, debidamente juramentados. Es, como habrán notado, un proceso similar al usado para una elección presidencial, por ejemplo.
K. Terminado el acto final de la votación, el TSE emitirá preliminarmente, en pocos minutos, un resultado de la votación, antes de una ulterior revisión de los votos, si se considerare necesario.
L. Pero hay otro detalle determinante. Aunque el resultado de la votación se determina por simple mayoría, no necesariamente el resultado obtenido tiene validez. Resulta que, si los proyectos de ley sometidos al proceso de referéndum habrían requerido una mayoría de 38 votos, si fueren tramitados en la Asamblea Legislativa, la legislación estipula un requisito incuestionable, y muy razonable. La norma dice que el quórum mínimo alcanzado durante la votación, ¡para que se pueda decir si ganó el SI o el NO!, ha de ser equivalente al 40% del total del padrón electoral. Hoy, la cifra sería igual a 1.416.763 votantes, por lo cual, un abstencionismo un poquito mayor al 60% (que tendría muchas posibilidades de presentarse), daría al traste con todo el esfuerzo anterior. ¡No habría ganador!, aunque una de las alternativas obtuviera, exagerando un poco o mucho, más del 90% de los votos (para mayor claridad).
M. Si, por otro lado, los proyectos de ley hubieran requerido una mayoría simple de 29 votos en el Congreso, su aprobación en el referéndum solo sería viable, si 1.062.572 ciudadanos, acudiesen a votar, pues el requisito sería equivalente al 30% del padrón electoral. Algo igualmente muy difícil de alcanzar, aunque en caso de darse una campaña a nivel nacional, tan intensa y plena de debates, como la que se diera hace casi 17 años, con el TLC, podría ser posible, pero la campaña alrededor del TLC fue muy intensa a lo largo y ancho del país, con manifestaciones formidables, que no creemos que se pudiere repetir bajo las condiciones actuales. Esa posibilidad la vemos muy lejana.
N. Por si acaso, nos referimos a ciertas cosas que se comentan. Dicen, no nos consta, que andan por Zapote ideas sorprendentes (aunque ahora nada debería sorprendernos) como es la de incluir en el referéndum, en una ensalada de proyectos, un proyecto de reforma constitucional parcial, que le abriera a Chaves, la posibilidad de postularse para una reelección presidencial. Si fuere así, al presuntamente interesado y sus asesores, les tenemos malas noticias. Para tales casos, el proyecto de acuerdo para ser incluido en el referéndum deberá presentarse DESPUÉS de haber sido aprobada la reforma en una legislatura y antes de la siguiente. Claro que todavía lo pueden intentar, enviando el proyecto de reforma parcial a la Constitución, para ser conocido ahora que se inician los tres meses de sesiones extraordinarias, y la agenda es iniciativa del Poder ejecutivo. Lo que no parece posible, es que los señores diputados se lo aprueben, y mucho menos, con los 38 votos requeridos.
O. Si se alcanzara el quórum correspondiente, que, por los proyectos de ley que se han mencionado, seguramente requerirían del quórum superior al millón cuatrocientos mil votantes, ha de quedar muy claro, que el resultado del referéndum será vinculante para el Estado. Así, las leyes promulgadas serán obligatorias y surtirán efectos, desde el día que las normas lo designen o, diez días después de su publicación en el diario oficial La Gaceta. Así que, no es como escuchamos recientemente un exministro y expresidente legislativo, ahora dedicado al fútbol, decir lo contrario.
P. El asunto del quórum, es de tal relevancia, que ya hay amigos que estarían alistándose para decir NO, de una manera muy particular, pero muy válida y efectiva, a la venta del Banco de Costa Rica, a la explotación petrolera, a la concentración del poder en el ministro de Ambiente, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Ganadería, la ministra de Cultura, así como debilitar la Ley de Contratación Administrativa, para contratar a dedo, las empresas que construirían la llamada ciudad gobierno, en una cuadra perteneciente al Liceo de Costa Rica, principalmente, o un extraño proyecto de marina y condominios privados, en terrenos de Japdeva, la venta de Fanal, la venta del INS, el proyecto de las jornadas de 12 horas, etcétera. Pues frente a esas hipotéticas iniciativas de ley, la manera, planteada por los amigos como estrategia, sería la de ¡NO ACUDIR A VOTAR!, pues al quedarse en casita, jamás los seguidores de Chaves, Otto, Pilar…, alcanzarían a reunir, más de medio millón de votantes, por lo que quedarían muy lejos del quórum que le daría validez a la votación.
Q. Como este ABC seguramente es conocido por algunos en Zapote, pensamos que, por ello, hace dos años, desistieron de tomar ese arduo camino. Si ahora se vuelve a plantear, cabe pensar que lo hacen con el único objetivo, de, por un lado, recuperar un poco la imagen política que una vez tuvo (Otto), o, para el caso del presidente y la diputada, para tratar de desviar la atención de la ciudadanía frustrada, lejos de los conflictos que ha provocado el inestable gobierno, donde abunda la ignorancia, el desprecio a la ley y la patanería.
Síntesis: La utilización del votante costarricense cada cierto tiempo por nuestras élites para legitimar el poder desencantó a los sufragantes en las pasadas elecciones municipales. Las comunidades parecieran que reclaman nuevas formas de participación democrática, responsabilizando de paso a tres partidos por el ambiente de narcotráfico, sicariatos, lavado de dinero y la descomposición generalizada del país.
I-. La fiesta democrática: Él bajó del BMW doble tracción, los aros del vehículo lucían relucientes, las llantas eran nuevas y sus múltiples banderas a los lados del automotor estaban colocadas con delicadeza y estratégicamente. El candidato a la alcaldía josefina parecía más un actor de cine clásico y no un postulante a la comuna más numerosa del país y más polémica por presuntos actos de corrupción, tráfico de influencia, “puertas giratorias” etc. A su paso entre los presentes dejaba en el ambiente un aroma a madera fina, sugiriéndonos que estábamos frente a una figura conocedora de esencias francesas, propias para esparcir en una ocasión tan especial, presente solo cada cuatro años.
Lo innegable es que, bajar de un vehículo de alta gama siempre capta la atención, máxime sí quien baja del carro tiene consolidado el aire de “jefe” o “mando” conseguido solo con los años en un puesto y la experiencia alcanzada por los embates y polémicas superadas. Su camisa asedada a rayas verticales, sus anteojos oscuros – estilo francés -, zapatos negros de cuero de vaqueta; amén de la numerosa comitiva que le seguía dentro de cuatro “toyotonas” (yo conté veinte personas entre simpatizantes, agentes de seguridad, cimarrona y fotógrafo oficial bajando de esos carros, pero quien me acompañaba insiste que eran cuarenta), sin duda alguna nos refería hacia un postulante presidencial y no a una alcaldía.
Los votantes a esa hora de la tarde estaban animados por cumplir con su “sagrado” deber de sufragar en el llamado Colegio Nuevo (Liceo Edgar Cervantes) en Hatillo centro. Seguramente experimentaron en lo más profundo de su ser el “pedacito” de territorialidad con que nuestro Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) promocionó por radio, periódicos, tevé y redes sociales las elecciones municipales del cuatro de febrero reciente y la “fiesta de la democracia” costarricense.
La mujer candidata a la alcaldía, a quien de entrada daban como segura perdedora, ya había recorrido el sitio, eso sí, con un semblante de satisfacción por el deber cumplido, saludando gente con un vestido amarillo y acompañada de unas niñitas. Percibí que ella también disfrutaba como hacían quienes estaban fuera del colegio esta maravillosa “fiesta democrática” multicolores y llena de toldos de todos los tamaños, banderas, “guías”, pitoretazos, música parrandera etc.; todo encaminado a un mismo fin: ¡somos democracia carajo!
Sin embargo, el “otro” aspirante, encontró en la presunta corrupción dentro de la comuna josefina su caballo de batalla para “pelear” por la alcaldía y contra privilegios “recetados” con los dineros de todos los contribuyentes, según había denunciado. Como hijo pródigo echado de la casa por sus padres por “mal portado”, llegó a pie al colegio, no sin antes cargar una enorme bandera morada, que más parecía venía del estadio, aunque, a decir verdad, sacó bastantes aplausos entre los presentes; ignoro sí se debió a los saprissistas presentes allí identificados por los colores morados, o por leales a la agrupación surgida a pocas semanas antes de las elecciones municipales.
¡Nuestra democracia es bella!; me comentaba Marielos, la guanacasteca acompañante este día de elecciones, mientras nos dirigíamos de regreso a casa en su “raspa” Chevrolet de 800 c.c “made in Brazil”.
Retos enormes esperan a las autoridades municipales a partir del próximo 1 de mayo, si quieren combatir el abstencionismo (Foto: Semanario Universidad).
II-. Más dinero para la fiesta. Cuando el próximo primero de mayo los alcaldes, regidores y síndicos asuman por cuatro años sus puestos en sus respectivas jurisdicciones, posiblemente tratarán de encontrar el “frio debajo de las cobijas”, responsable de “resfriar” a casi siete de cada 10 votantes en dichos comicios municipales. “Indiferencia”,” desinterés”, “frialdad” –repita el nombre deseado acuñado por nuestros opinólogos – que se traduce en abstencionismo.
Obligados por los números y las mesas escrutadas, quienes desde la Constituyente de 1949 tuvieron carta blanca para convertir la democracia en auténticas “maquinarias electoreras”, no tienen ahora empacho alguno en reconocer como los partidos cantonales levantan su voz reclamando “sentido” de pertenencia. Unir las elecciones generales con las municipales, seguir “macheteando” el territorio inventando cantonatos, imponer multas a quien no vote, etc., son algunos de los paliativos desgranados contra el abstencionismo.
Sin embargo, la vieja práctica de listas de candidatos a munícipes, a diputaciones, a magistraturas, presidentes de la república etc., confeccionadas en las alturas de las élites, paradójicamente, pareciera que desde el inicio de la década de los ochenta golpeó con más dureza este “sentido de pertenencia” desprendido de los partidos políticos cuyos líderes se apropiaron del relato de “después de nosotros no hay democracia”.
Cuando, en realidad, la democracia como vivencia va más allá de la experiencia partidaria y, en el caso concreto de las comunidades, tiene que ver mucho con valores morales y éticos, identificación con los padecimientos comunitarios a raíz de las políticas neoliberales como la falta de agua, educación, habitación, desempleo, inseguridad; por encima de sí se es candidato a un puesto de elección popular por la condición de ser mujer o varón para llenar un requisito legal, tiene una cátedra, aspira en razón de edad, condición física o preferencia sexual.
Provincia
Total
Hombres
Mujeres
San José
1 170 818
569 124
601 694
Alajuela
700 531
352 544
347 987
Cartago
418 485
207 171
211 314
Heredia
365 583
179 076
186 507
Guanacaste
268 431
134 987
133 444
Puntarenas
342 368
174 257
168 111
Limón
304 591
155 488
149 103
Total
3 570 807
1 772 647
1 798 160
Fuente: TSE.
Las proyecciones del TSE siempre fueron que, en treinta seis de los ochenta y cuatro cantones, el partido político ganador de alcaldías en dos mil veinte, las perdió en los comicios de febrero de dos mil veinticuatro. Lo interesante, es que, de esas treinta y seis jurisdicciones, tres alcaldes llegan al puesto con un partido distinto del que se sirvieron en dos mil veinte.
Otro dato no menor es el de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC), con el mayor número de intercambio de alcaldes electos entre sí, respecto a dos mil veinte. Ambos partidos, responsables del desmantelamiento del llamado “estado social” desde 1982 – durante ocho años, de 2014 a 2022, el PAC se unió a los dos primeros – pareciera tratan de regresar a sus fueros en 2026 con un discurso anti Ejecutivo, pero que en el fondo no es ninguna “oposición” a un “gobierno corporativo” concentrado y gerencial, siendo los tres partidos corresponsables directos para que el presidente Rodrigo Chaves siga la ruta por ellos trazada. ¿Quiénes iniciaron el relato del “derrame”? ¿Quienes promovieron el negocio de las empresas de seguridad privada como alternativa a la seguridad ciudadana? ¿Y la privatización de muelles, carreteras, educación, etc.? ¿Cuántos garrotazos fiscales recetaron a los trabajadores durante sus gobiernos?
Sí hay que reconocer, empero, a esta gente aglutinada alrededor de los tres partidos citados, como dejan a veces la sensación muy “creíble”, junto a unos pocos “progres”, de que ahora hay “oposición seria” a un gobierno “autoritario”, “arbitrario”, “machista” etc., como sí todo es cuestión del gobierno de turno. Es decir: usted vota por nosotros en 2026 y se terminó la sumisión al Fondo Monetario Internacional, a la comandante Laura Richardson del comando sur de los Estados Unidos, los ajustes fiscales serán cosas del pasado, la educación gratuita y obligatoria aquí está, hay comida tres veces al día como derecho humano para todos quienes habitan en el país, sí vota por nosotros. No hay un solo gobierno desde la firma del Primer Ajuste Estructural de la Economía (PAE 1) que no haya “garroteado” el bolsillo de los trabajadores, del campesino, negado derecho a los jóvenes a educarse o tener un salario digno, etc.
De esta manera, la pérdida del “sentido” de pertenencia a los partidos neoliberales configuró que agrupaciones, en algún momento ideológicamente autodefinidas socialdemócratas, “independientes” (del pueblo) y socialcristianos (esa era su estrategia contra el comunismo y el socialismo), obtuvieron las mismas “censuras” electorales, respectos a otros países de América Latina. La dicotomía ética y moral a esos partidos se traduce en la mayoría de nuestros países – el nuestro no escapa- en la responsabilidad histórica con que bajo sus gobiernos los narcotraficantes, el crimen organizado, el lavado de dinero, el sicariato y, la corrupción en general, montaron verdaderos “estados paralelos” desde México hasta la Patagonia.
De momento, nuestras elites, empeñadas en impulsar lo que, en algún momento el papa Francisco llamó, “capitalismo salvaje”, desde ya ven diversos escenarios para los comicios generales de 2026. No se trata ya de la defensa de principios contra todo injerencismo en los asuntos de otros países, la defensa del “bien común” como norte de nuestra sociedad y aspiración de convivencia social, entre otros postulados totalmente válidos en la democracia que se vislumbra en el orbe para los próximos 30 o 50 años, sino es de, “salvase quien pueda”. Esta es la alternativa única para Costa Rica ofrecida por los alumnos de Milei, quienes empiezan a vender su relato en la Asamblea Legislativa, la academia, redes sociales etc.
En el contexto de “censura” dejado por las recientes elecciones municipales, el excandidato presidencial, Antonio Álvarez Desanti, acaba de ofrecernos una “radiografía” de cómo nuestras élites se agitan mirando la proximidad de 2026. El también empresario bananero analizó en amplias declaraciones a La Nación el “descalabro” del PLN en las municipalidades y dijo: “Estamos hablando de una coalición para la próxima campaña, no estamos hablando de una coalición para toda la vida”, (La Nación, 13/2/2024, pág. 5).
III. Democracia, partidos y “lavanderías”: El pasado 9 de febrero no hubo medio de comunicación en México desinteresado en el salto dado por Francisco Cienfuegos, líder del corrupto Partido Revolucionario Institucional (PRI), a la asesoría de campaña de la candidata presidencial ultraconservadora, Xóchitl Gálvez, con efecto rebote en Costa Rica.
Cienfuegos fue diputado por el PRI antes de llegar a las tiendas de Gálvez, conocida ficha del Partido Acción Nacional (PAN), cuyos dos partidos durante más de treinta años saquearon a México, vendieron instituciones estatales y empresas públicas e hicieron de la inmoralidad una manera de vivir, ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Precisamente, a Cienfuegos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) empezó a investigarlo por miles de millones de pesos mexicanos, dólares y euros, supuestamente desviados a bancos de 15 países, en que, ya se hizo común, aparece Costa Rica.
UIF informó que abrió una investigación en contra del exdiputado quien es señalado por supuesto manejo irregular de recursos.
Bancos de países “paraísos fiscales” entre los que está Costa Rica recibieron dinero mexicano. (Imagen: Notiver).
Sin embargo, siendo justo, con financiamiento de todos los costarricenses, adelantado o atrasado, las “ayuditas” económicas a los partidos políticos mediante “donaciones” y otros mecanismos privados ni es nuevo ni acabará con comisiones especiales de la Asamblea Legislativa. Basta que usted no sea designado oficialmente candidato presidencial para recibir el dinero que quieran donarle para cuando sea candidato oficializado.
No obstante, el fenómeno del financiamiento privado a los partidos políticos, así como la relación que hacen con el narcotráfico y el lavado de dinero viene de vieja data.
Un jueves santo de 1985 el narcotraficante mexicano, Rafael “Caro” Quintero, así como su comitiva financiera, guardaespaldas y hasta su novia, pasaron por el aeropuerto como “Pedro por su casa”. Casi de inmediato compraron inmuebles de lujoso, cuyo dinero procedente, obviamente, de las drogas, a nadie se le ocurrió calificar de blanqueo o “lavandería”.
“El Narco de narcos” vivió una vida de lujos durante tres semanas en suelo tico luego del vuelo directo durante siete horas de México –San José y un costo de cerca de $ 10.000.(La Nación 15/7/2022).
¿Por qué sí, ¿Quintero a esa fecha en su natal México no tenía la mejor reputación, no tuvo mayores problemas migratorios en San José? Es evidente que ello no ocurriría porque ya existía algún grado de coordinación en Costa Rica, en alguna alta esfera. ¿Qué relación había con antelación entre los propietarios de los bienes vendidos a Quintero, así como con los profesionales que aconsejaron al visitante invertir aquí en casas y tierra, junto a quienes tramitaron los traspasos de los inmuebles? ¿A qué banco transfirió dinero Quintero para cerrar sus negocios? ¿había hecho Quintero transferencias a ese o esos bancos, o fue la primera vez? Y la pregunta del millón: ¿Por qué su expulsión del pais se hizo en tiempo récord? Nadie protestó ni acudió a la vía judicial por tan extraña expulsión.
Una firma, denominada Ocean Hunter, según el periódico “Tiempo” de Colombia, con problemas por drogas, en 1985, había financiado con $ 20.000 la campaña electoral de quien aspiraba a la presidencia de la república de nuestro país. El donativo, reseñó el periódico en su edición electrónica del 2 de febrero del 1992, al ser las 12:00 horas, habría ocurrido durante un viaje del político costarricense a Miami, La Florida. (Fuente: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-26636.
Otra perla: ¿Qué autoridad o quiénes en Puntarenas, permitieron a alguien señalado como jefe de una poderosa banda de narcotraficantes que se adueñara de muelles en Puntarenas, a vista y paciencia de todo mundo, para mandar cocaína a USA, México y Guatemala?
Según La Nación, este supuesto empresario de la pesca se conocía en la zona como Antorcha y se adueñó de dos muelles en Fray Casiano y El Roble de Puntarenas para trasegar cocaína entre suelo suramericano, Costa Rica, Guatemala, México y Estados Unidos. Simulaba intervenir en la actividad pesquera y, junto con otros sujetos, reclutaba a pescadores para el traslado de droga. (https://www.nacion.com/sucesos/narcotrafico/policia-detiene-a-siete-personas-ligadas-a-banda/FVD5RLBIIRCOPANL3QNMF7NDNA/story/).
Son informaciones públicas y notorias de cómo el narcotráfico no pierde el tiempo para intentar infiltrar alcaldías, municipalidades, gente y aprende rápido a “blanquear”, “lavar” y otros oficios sumamente dignos en otros tiempos.
¿O existe “generación espontánea” en materia de narcotráfico y sicariato?
IV. Desde la óptica de los trabajadores.
Miles de agricultores en el “jardín” de Borrel luchando en Francia, España, Bélgica, Alemania, Polonia etc., para sobrevivir ante la vorágine del mercado globalizado; en África un creciente número de países resistiendo el nuevo proceso de “recolonización” proveniente de sus antiguas naciones “protectoras”, mientras en América Latina millones de trabajadores y trabajadoras con tres y más décadas tienen sus salarios congelados, están sin vivienda, fueron despojados del derecho a la salud, a la educación y pende sobre ellos la amenaza de la cárcel si protestan. Es el decorado innegable del supuesto “desarrollo” del neoliberalismo, que no es “neutral” y pertenece a un nuevo modelo de producción esclavizante.
Como escribió la investigadora y economista, Zoe Medina Valdés, en un brillante ensayo en la revista “Red en defensa de la humanidad”: “las teorías del desarrollo han sido difundidas en un contexto globalizado, altamente ideologizado, con un elevadísimo grado de monopolización en casi todas las esferas de la vida humana. En este marco se ha promovido un pensamiento homogenizante que facilita la dominación imperialista, en la medida que convoca a todos los países a encauzarse hacia un mayor nivel de desarrollo, independientemente de las grandes brechas existentes a nivel internacional» (Fuente: “Globalización y problemas del desarrollo”).
Para los trabajadores, no importa el sitio donde hayan nacido, es el momento de aportar proyectos realistas de participación en todos los ámbitos de sus sociedades y comunidades, tendientes a recuperar la historia y la dignidad de sus pueblos, por eso son peligrosos y pasan de ser víctimas del modelo a victimarios de quienes, supuestamente, no esclavizan, sino quieren “desarrollarnos”.
Ya no se trata, pues, como décadas atrás, de “respuestas contestarías”, “resistencias”, en espera de la aparición de un “salvador”. Ahora, la necesidad urgente es, incorporar estudiantes, obreros, pensionados, amas de casas, profesionales, intelectuales y campesinos, entre otros, a un proyecto alternativo de verdadera participación democrática, defendiendo la paz, la ro injerencia en los asuntos de los demás y convivencia humana y creíble. En pocas palabras: convocar a desideologizar un proyecto económico-político unipolar, autoritario y esclavizante, al servicio del creciente nazi-fascismo en todos nuestros países, del que no escapa Costa Rica, aunque nos tapemos los ojos. Precisamente nazismo y fascismo actúan como brazo político del actual modelo de “desarrollo” en las peores causas, con tal de perpetuarse a sangre y fuego, sin importar el holocausto de niños, mujeres o ancianos.
Por tanto, en el contexto actual, resulta positivo, que ya no se trate, de sí hay crisis en la socialdemocracia, no interpretan bien las encíclicas cristianas, sí usted es socialista, comunista, pentecostal etc. No. El asunto es más profundo, y es si, se desencantó por el agonizante viejo orden unipolar y expresó su desinterés en las elecciones de su comunidad, acuda al llamado del mundo que se abre paso frente a nuestras narices y lo vemos todos los días en las bases del barrio. Es el pasado frente al futuro, la inmoralidad asustadiza huyendo de la moral que rescata la dignidad de la persona, a fin de levantar el puente, la escuela cayéndose, la gente del pueblo viviendo en la calle, porque descubres que al capitalismo rapaz le importa un bledo estos ciudadanos.
Lleva razón el analista del Centro Popular Costarricense de Estudios Sociales y el Círculo Bolivariano Yamileth López, Oscar Barrantes Rodríguez, cuando en un amplio artículo en enero de 2024, planteó: “Vivimos los momentos cruciales del cambio de época. La transición y abolición de un mundo lóbrego y sumido en el dolor de la expoliación colonial, neocolonial e imperial – globalista. Del unipolarismo y exclusivismo racial – clasista del poder, al multipolarismo universal y sostenible, apuntalado en relaciones entre los pueblos de respeto e igualdad soberana”.
En esta línea de trabajo, el exvicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, planteó que «Para derrotar a la ultraderecha, las izquierdas deben ser radicales».
Álvaro García Linera, Buenos Aires, 2020. (Ariel Feldman).
Está claro que esa inestable oscuridad es el momento para la entrada en escena de las ultraderechas más monstruosas que, en cierta medida, son consecuencia de los límites del progresismo. En la nueva etapa, Linera plantea que el progresismo debe apostar por una mayor audacia para, por un lado, responder con responsabilidad histórica a las demandas profundas que se encuentran en la base de la adhesión popular y, por otro, neutralizar los cantos de sirena de las nuevas derechas. Esto implica avanzar en reformas profundas sobre la propiedad, los impuestos, la justicia social, la distribución de la riqueza y la recuperación de los recursos comunes en favor de la sociedad. Sólo así, empezando por resolver las demandas económicas más básicas de la sociedad y avanzando en una democratización real, plantea Linera, se podrá volver a confinar a las ultraderechas a sus nichos. ( Fuente: https://surcosdigital.com/para-derrotar-a-la-ultraderecha-las-izquierdas-deben-ser-radicales/).
Queda patentizado, por otra parte, como en América Latina, la” aspiración democrática”, sintetizada en elecciones como las conocemos y practicamos (desde un aspirante a síndico, pasando por alcaldías, diputaciones o gobernantes) pasa por algo que nuestras oligarquías encargan y entrenan a sus altas y medias burguesías: el acceso directo de los dineros del pueblo como “poder” absoluto para su “administración”.
Las “rendiciones de cuentas” de estos clanes son escasas, “maquilladas” o simplemente basadas en el MIM latinoamericano del que forma parte el grueso de nuestras clases políticas: Miedo, ignorancia y mentiras. Sí no callas, no mantienes en la gente en el error y no mientes, olvídate de tu feudo, tu pensión de lujo, del salario sobre salario, las bonificaciones, los ascensos, becas al exterior, la diputación, el carro con chofer, gasolina pagada por otros… Serás escoria.
La crisis en nuestras sociedades, decía un día de estos el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “es de autoridad moral”. Cómo un conservador (refiriéndose a los neoliberales) que facilitó a otros o él participó en el saqueo del país y hacía creer que sí aumentábamos salarios no creceríamos económicamente, tiene ahora moral para luchar contra la corrupción, sí ellos eran los corruptos sostenidos con el dinero del pueblo.
Elecciones municipales todo un campanazo desde 1949.
*Estudios en geopolítica y petróleo por la U del Zulia, periodista, abogado y notario por la U.C.R.
El domingo 4 de febrero, obedeciendo normas constitucionales, se celebrarán elecciones a fin de elegir las autoridades que habrán de regir los gobiernos locales por los próximos cuatro años. El que las elecciones municipales se hayan separado de las elecciones generales y se lleven a cabo dos años después de las nacionales, debe ser considerado como un avance en el ejercicio de la democracia en nuestro país; las municipalidades se independizan de los partidos nacionales, especialmente de los tradicionales, con el consiguiente debilitamiento de los mismos, lo cual, en mi opinión, no es bueno para la democracia representativa tal como se practica tradicionalmente en nuestro país y que se nutre de los partidos políticos. Esto explica el crecimiento exponencial de los partidos locales en las elecciones municipales; el electorado no cree mucho en los partidos nacionales, si bien, hasta el presente, el partido tradicional por excelencia del país, porque lo ha hegemonizado desde que emergió como consecuencia de la Guerra Civil de 1948, el Partido Liberación Nacional, sigue manteniendo el control de la gran mayoría de las municipalidades del país… hasta ahora, veremos lo que pasará el 4 de febrero. El hecho de que pululen los partidos locales demuestra que el costarricense considera la democracia tan sólo desde el aspecto cuantitativo – el derecho que todo el mundo participe no importa quién sea – se ve facilitado por la legislación actual, pero va en detrimento del aspecto cualitativo; lo cual podría representar no un avance, sino un retroceso en la democracia. La democracia es el sistema político en el cual se prioriza lo cualitativo sobre lo cuantitativo, en virtud de lo cual deben gobernar los mejores gracias a sus probadas cualidades cívicas. Cuando lo cuantitativo priva en un régimen político, el peligro de que los peores ganen es real y muy grave; baste con ver lo que sucedió en la Alemania de los 30s del siglo pasado, en donde las hordas nazis fueron masivamente apoyadas por el pueblo alemán hasta el suicidio del Führer; y, para no ir muy lejos en el espacio y en el tiempo, eso fue lo que pasó en el Brasil de Bolsonaro y está pasando en la Argentina de Milei… En Costa Rica la amenaza actual a la democracia es la eventual influencia del dinero de origen oscuro en el surgimiento y propaganda de tantos y tantos partidos; el TSE llamó la atención al respecto; la opinión pública y la Asamblea Legislativa deben estar vigilantes; no olvidemos que en la Zona Sur hace algún tiempo hubo acusaciones en ese sentido.
Los gobiernos municipales son la manifestación de la primera y fresca expresión de la democracia, las municipalidades son el poder popular en su ejercicio cotidiano, están presentes en nuestra vida de todos los días, en todos y cada uno de los detalles que componen el tejido de nuestra vida cotidiana: recoger la basura frente a nuestra casa, mantener la vigilancia en cada calle, barrio por barrio, mantener las zonas verdes donde ancianos y niños se recrean, etc., etc. Las autoridades locales son democráticamente elegidas de entre los miembros de nuestras comunidades, allí donde todo el mundo conoce a todo el mundo y todo el mundo suele ser pariente y amigo o enemigo de todo el mundo, donde la vida privada no existe porque todo el mundo conoce las costumbres de todo el mundo y se entera de manera informal (chismes) de la vida de todo el mundo, lo cual se debe en buena medida a que no existe el anonimato ni la soledad. Todo lo cual trae aparejado el peligro de que se incurra en el delito tipificado como “tráfico de influencias” que, en el caso de las elecciones municipales, se traduce en que la gente vota no por un partido ni menos por un programa, sino influenciado por el parentesco, la amistad o enemistad personales o, simplemente, por la buena o mala fama proveniente de la información informal (chismes), olvidándose de que en la política no deben existir ni los parientes ni los amigos, sino que debemos regirnos tan sólo por la valoración de las aptitudes prácticas y virtudes cívicas mostradas por los candidatos; cualquier otra consideración debe ser considerada como corruptela personal y actitud contraria a los principios básicos de una democracia real. Otra amenaza a la democracia es el abultado abstencionismo; 30% o menos de participación en las elecciones hace que el poder popular desde sus inicios dé muestras de una gran debilidad, pues la inmensa mayoría no se ve representada en esas autoridades, aunque por general les profesan aprecio porque los conocen; lo dicho se ve reflejado en el hecho de que, según las encuestas, la inmensa mayoría de los ciudadanos se muestra satisfecha con los autoridades actuales.
No quisiera terminar estas reflexiones en torno al certamen electoral actualmente en marcha, sin aludir al gran ausente de las elecciones locales desde hace varias décadas; me refiero a la ausencia de gobernadores de provincias (estados, departamentos), cuando en casi todos los países del mundo esta elección es la más importante porque inclina la balanza del poder central; en los grandes países los gobernadores son príncipes. En Costa Rica nadie lo reciente, lo cual demuestra que la división del país en provincias es obsoleta e inoperante; sólo sirve para elegir diputados; en lo cultural, económico y geográfico, las regiones periféricas no se identifican con la ciudad capital de su provincia; tal es caso de las regiones del Norte respecto a Alajuela y Heredia, Pérez Zeledón respecto a San José y Puerto Jiménez respecto a Puntarenas. Todo lo cual se debe a que Costa Rica, desde la Guerra de la Liga (1835) liderada por Carrillo y que ganó San José, convirtió a la capital nacional en una especie de agujero negro que se englutió todo lo que le rodeaba. Si queremos desarrollar las regiones periféricas del país, debemos comenzar por suprimir las 7 provincias y crear en su lugar 5 grandes regiones con una ciudad grande como capital, por ejemplo, crear la región del Norte con Ciudad Quesada como capital y la región del Sur con San Isidro del General como capital. Sé que para lograr eso se requieren cambios profundos en la actual Constitución Política, que sólo la Asamblea Legislativa goza del poder constitucional para hacer. Pero ya es hora de que vayamos pensando en eso. Más aún, hay que acabar con el centralismo presidencialista vigente y sustituirlo por una república federal. Esa fue una de las causas del “milagro” alemán después del nefasto Tercer Reich; esto hace hoy Francia. Bien haría la Asamblea Legislativa en nombrar una comisión que, con el apoyo de sus gobiernos, vaya a esos países a estudiar in situ cómo funciona una democracia regionalizada. Una democracia con base popular amplia comienza con los gobiernos locales, se prolonga en los gobiernos regionales y culmina en las instituciones nacionales, como son los tres poderes constitucionales, el TSE y la CGR. Una campaña electoral local debe servir para repensar todo nuestro sistema democrático, con el fin de mejorarlo y ponerlo a la altura de nuestros tiempos.
Desde la enorme variedad de papeletas por imprimir hasta el convencimiento para que la población se acerque a las urnas, los desafíos de las elecciones municipales son mayúsculos
La Constitución de Cádiz estableció, en su artículo 309, un “gobierno interior” conformado por alcalde, regidores y procurador síndico; esos cargos fueron de elección popular. Esa estructura política se denominó “ayuntamiento” y nuestros ancestros eligieron a sus autoridades a finales de 1812 (Sibaja, 2013). El retorno de Fernando VII al trono español (al derrotarse el imperio napoleónico) hizo que, entre 1814 y 1820, se disolvieran los ayuntamientos, los cuales se reestablecieron a inicios de la década del veinte del siglo XIX (Rodríguez, 2020).
Independientes de la Corona Española, los constituyentes costarricenses de 1825 rebautizaron los gobiernos locales llamándolos municipalidades y estas mantuvieron su condición de “electas popularmente”. La Ley de Bases y Garantías (1841), elaborada bajo la lógica de Braulio Carrillo de fortalecer el espíritu nacional, eliminó las municipalidades, pero pocos años después fueron restituidas.
Las elecciones municipales anteceden a la fundación del Estado y la República, han estado presentes en la historia patria por más de doscientos años; sin embargo, es poca la identificación que tiene la ciudadanía con esos comicios.
A menos de un mes de que concurramos a las urnas para decidir quiénes ocuparán los puestos de autoridad de las municipalidades, importa reflexionar acerca de por qué estas elecciones son las más complejas que nos ha tocado vivir.
Número de circunscripciones. Con los cantonatos de Monteverde (ley n.° 10019) y Puerto Jiménez (ley n.° 10195), el país llega a 84 gobiernos locales. El número de cantones más alto de nuestra historia.
Recordemos que cuatro años atrás Río Cuarto debutó como cantón, modificándose la histórica cifra de 81 municipalidades que se había mantenido invariable desde 1980.
Cantidad de puestos a elegir. En 2022, el país eligió 60 cargos del gobierno nacional: la fórmula presidencial (presidencia y dos vicepresidencias) y 57 diputaciones. En los comicios de este año, los puestos en disputa son 6 212, distribuidos en dos grandes grupos: cargos uninominales y cargos plurinominales.
En la primera categoría se encuentran las 84 alcaldías con sus vicealcaldías primeras y segundas (igualmente 84 de cada tipo), 491 sindicaturas propietarias (con igual número de suplencias) y 7 intendencias (con su respectiva viceintendencia). En los puestos plurinominales están las regidurías, las concejalías y las concejalías municipales de distrito.
Nuevas reglas. En el proceso municipal 2024, se estrenará la ley que limita la reelección de las autoridades locales (ley n.° 10.183), disposición que impide, a más de la mitad de las alcaldías del país, optar por un nuevo mandato.
Como consecuencia de la sentencia de la Sala Constitucional n.° 2023-002951, el TSE estableció que, en todos los tipos de papeletas, se debería aplicar la paridad horizontal. Cada agrupación política debía garantizar que, en su oferta política, hubiera igual cantidad de hombres y de mujeres en los primeros lugares de las listas (salvo excepciones puntuales).
La definición de esos encabezamientos complicó el proceso de selección de candidaturas a lo interno de los partidos, los cuales, adicionalmente, debieron hacer una renovación de sus estructuras, como requisito de inscripción de sus nóminas. Esa intensa actividad partidaria implicó la supervisión de cerca de tres millares de asambleas por parte de la Dirección General del Registro Electoral.
Candidaturas. De las 161 agrupaciones políticas inscritas, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recibió nóminas de 73 partidos políticos y de 4 coaliciones, listas que, en su conjunto, representan 39 734 candidaturas.
Los plazos de presentación, revisión y resolución final sobre las candidaturas son los mismos desde el nacimiento de la Segunda República, momento en el que el país tenía una cantidad mucho menor de partidos y los puestos por elegir también eran menos. Esas particularidades hacen que los tiempos, en la práctica, se hayan acortado sustancialmente, aunque la letra de las normas que los regulan no varíen.
Concluir con prontitud la revisión de las postulaciones es fundamental para el diseño y la producción de las papeletas. Además, la ciudadanía debe saber cuál es la oferta electoral definitiva para poder informarse.
Tipos e impresión de papeletas. Las elecciones municipales obligan a la confección de 666 diseños de papeletas, pues, para cada tipo de cargo y para cada circunscripción, hay que elaborar una boleta de votación distinta.
Deben diseñarse 84 diferentes papeletas tratándose de las alcaldías e igual número para las regidurías; se requieren 7 diseños para las intendencias y 491 para las sindicaturas y concejalías de distrito (estos dos tipos de cargo se eligen en la misma papeleta).
Esa documentación debe imprimirse en aproximadamente un mes, puesto que debe empacarse y su envío debe hacerse hacia finales de la segunda semana de enero: “por lo menos quince días antes de la fecha fijada para las elecciones, el Registro Electoral tendrá que haber enviado el material y la documentación electorales a las juntas cantonales…” (artículo 158 del Código Electoral).
Financiamiento de las agrupaciones políticas. Una de las constantes observaciones de los organismos de veeduría internacional es que Costa Rica tiene un modelo de financiamiento altamente inequitativo. La inexistencia de formas de financiamiento indirecto llevan a que los partidos políticos, durante el período de campaña, deban buscar el dinero en fuentes privadas.
Esa dependencia de capitales privados aumenta la tentación de buscar recursos en fuentes lícitas, contexto riesgoso que se acrecienta en los comicios municipales en los que no aplican los certificados de cesión (llamados bonos de deuda) y no hay posibilidad de acceder a la contribución adelantada.
Desafección de la ciudadanía. El Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), en su Informe de Resultados de la Encuesta de Opinión Pública de setiembre de 2023, reportaba que el 78.6% de las personas consultadas no simpatizaban con ningún partido político. En el informe de noviembre de ese año, se hacía ver cómo solo la mitad de quienes participaron en el ejercicio de medición tenían mucho o algún interés de participar en los comicios municipales.
Esa falta de identificación de los electores con las agrupaciones políticas incide en la organización de las votaciones, ya que, por ejemplo, las juntas receptoras de votos -para tenerse por integradas- requieren de, al menos, 3 miembros de partidos políticos; sin embargo, según lo conoció el TSE en la sesión n.° 2-2024, 5 072 mesas (de las casi 6 500 que funcionarán el 4 de febrero próximo) solo tienen dos o menos representantes partidarios. El quórum de esos organismos electorales deberá suplementarse con auxiliares electorales designados por el Tribunal.
En el título se afirma que nos enfrentamos a la elección más compleja “hasta ahora”, señalamiento que no es casual. Las nuevas formas de hacer campaña, los cambios en el sistema de partidos y la evolución misma del electorado irán complejizando las dinámicas socioculturales vinculadas con los actos relativos al sufragio.
Debemos estar a la altura de los tiempos, debemos seguir apostando por la institucionalidad, debemos concurrir a las urnas. Como lo señala la Carta Democrática Interamericana, “La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico” y los pueblos del hemisferio tenemos derecho a ella. La democracia es más que elecciones, es una forma de vida, pero las votaciones son parte de la savia que nutre esa manera de ser y de estar en el mundo.
Andrei Cambronero Torres
Coordinador de la Cátedra de Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho, UCR
En un mensaje dirigido a la ciudadanía costarricense, el Tribunal Supremo de Elecciones ha emitido una respuesta a la confusión y desinformación que ha circulado respecto a las decisiones tomadas durante el proceso de inscripción de candidaturas para las elecciones municipales.
«Queremos aclarar que nuestra responsabilidad no se limita a dirigir el proceso electoral de acuerdo con la ley, sino también a explicar las razones detrás de nuestras decisiones», expresó el vocero del Tribunal.
Durante las últimas semanas, se ha presentado un número habitual de rechazos de candidaturas por parte de la parte administrativa del Tribunal, seguido de apelaciones por parte de los partidos políticos, un proceso inherente en todas las elecciones. «Es normal que existan decisiones unánimes y por mayoría en un órgano colegiado como el nuestro», señaló el comunicado.
El Tribunal desmintió rotundamente las afirmaciones que califican las decisiones como un «golpe de estado» o que sugieren que Costa Rica vive bajo una dictadura. Destacaron las diferencias cruciales entre una democracia y una dictadura, haciendo hincapié en que en una democracia son las reglas del proceso electoral y el electorado quienes definen «quién participa y quién resulta electo».
Además, se aclaró que, contrario a algunas afirmaciones, no solo dos partidos se han visto afectados en el proceso de revisión de candidaturas, sino que se han resuelto 82 apelaciones presentadas por múltiples partidos políticos, demostrando que se ha aplicado un proceso equitativo a todas las agrupaciones.
El Tribunal recordó que desde febrero de este año se dispuso la obligatoriedad de la paridad en todas las nóminas de elección popular, decisión que fue acatada y respetada. A pesar de las dificultades para cumplir con esta regla, se estableció la posibilidad de participar siempre y cuando se demostrara el esfuerzo por alcanzarla.
Enfatizaron en la transparencia de las reglas, su comunicación previa a todos los partidos y la aplicación igualitaria de las mismas. «Esto es nuestro deber para con la democracia y la verdad en Costa Rica», concluyó el comunicado del Tribunal.
Esta declaración busca aclarar las dudas y proporcionar transparencia sobre el proceso electoral, subrayando el compromiso del Tribunal Supremo de Elecciones con la imparcialidad y la integridad en el ejercicio democrático.
Les invitamos a ver el video con el comunicado del TSE:
El golpe de Estado es al acto por el cual puede ser depuesto, destituido, por la fuerza el Presidente o el gobernante de un país, siendo sustituido en el ejercicio del gobierno por quien o quienes ejecutan el golpe de Estado.
La historia política en América Latina es en mucho la historia de golpes de Estado en casi todos los países. En el siglo XX y XXI costarricense se han dado dos golpes de Estado, de breve período. El de Federico Tinoco Granados contra el Presidente Alfredo González Flores, en 1917, que duró hasta 1919, resultado de una lucha popular que lo hizo caer. Y el de José Figueres Ferrer, el 1 de mayo de 1948, que impidió en ese momento, el ascenso de Otilio Ulate Blanco a la presidencia de la República, en cuyo nombre, y defensa de su presidencia, burlada en las elecciones, se había realizado la guerra civil.
En ambos casos se contó con fuerzas armadas en capacidad de ejecutar el golpe. En el caso de Figueres, que gobernó 18 meses, entregó voluntariamente el poder presidencial a Ulate, como lo había firmado el 1 de mayo de 1948, haciendo de su golpe de Estado un golpe muy particular, muy sui generis, que hizo fundar lo que llamó la Segunda República. Figueres mismo, luego de devolver el poder político, fundó un partido político, y por la vía electoral, en dos ocasiones, 1953 y 1970, volvió constitucionalmente a la Presidencia de la República, habiendo eliminado el ejército en 1948 como institución permanente del Estado costarricense.
Los golpes de Estado los han realizado los militares. También grupos empresariales o políticos, que cuentan con el apoyo de fuerzas militares, generalmente las del mismo Estado, sin las cuales es muy difícil ejecutar o realizar el golpe de Estado. De hecho, en el golpe de Estado las fuerzas militares del Estado, Ejército y cuerpos policiales, actúan directamente o se someten o pliegan a quienes realizan el golpe de Estado.
El golpe de Estado puede realizarse cuando uno de los Poderes públicos, por ejemplo, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial o el Tribunal Supremo de Elecciones, en nuestro caso, realizan el acto de destitución del Presidente del Poder Ejecutivo, asumen el control del Gobierno y del Estado. En el caso del Poder Legislativo, cuando acudiendo a recursos constitucionales puede producir la destitución del Presidente, lo que se ha llamado golpe de Estado blando, como los que se realizaron en el 2008 contra el Presidente Zelaya, en Honduras, o el que se realizó contra el Presidente Lugo en Bolivia, por citar estos dos casos.
En Guatemala, frente al triunfo electoral del Bernardo Arévalo, que ganó recientemente las elecciones, que debe asumir la presidencia de Guatemala el próximo 14 de enero, se han confabulado diversos sectores empresariales y políticos, para impedir su ascenso presidencial. Por ahora solo se sostiene por la declaratoria oficial del Tribunal Electoral guatemalteco y por un enorme apoyo popular social, campesino, rural indígena y popular.
El golpe de Estado blando, es cuando se acude a procedimientos no tradicionales, no violentos de carácter militar, generalmente constitucionales, legales o judiciales, que cuenta con el apoyo del aparato militar o policial y de sectores políticos importantes, del empresariado y de la economía nacional.
Los golpes de Estado blandos generalmente se arropan de legalidad y constitucionalidad en su ejecución.
Los golpes de Estado, a manos de grupos militares, después de las dictaduras en América Latina del período 1970-1990 han quedado muy desprestigiados y desacreditados como mecanismos alternativos para el ejercicio de gobiernos, especialmente por la violación de Derechos Humanos. El desarrollo de la democracia y de la democracia electoral ha colocado a los militares en posiciones, hasta ahora, de respetar los mecanismos electorales, de los procesos electorales, para cambiar gobiernos.
Internacionalmente se han activado mecanismos para consolidar estos procesos democrático-electorales, rechazar los golpes de Estado, y no aceptar o reconocer los gobiernos surgidos por la fuerza de las armas o de los golpes de Estado.
Para el golpe de Estado se requiere un grupo políticamente organizado interesado en darlo, que exista una situación de conflicto interior, que haya una situación de descontento popular con el gobierno o con las estructuras políticas del gobierno, que haya un rechazo de sectores populares hacia los grupos que han ejercido o están en el gobierno, que haya una situación de desabastecimiento, de inseguridad ciudadana o altos índices de criminalidad, que haya una situación económica que se perciba difícil y que altere el movimiento cambiario del dólar; que haya altos índices de corrupción pública y que así se perciba, que se deteriore y debilite institucionalmente la libertad de prensa, como hace el actual gobierno.
Para la ejecución y preparación del golpe se necesita también un apoyo logístico propagandístico, que se tenga por eje a los medios de comunicación, como pilar esencial para ganar la conciencia de la gente, las personas y los ciudadanos, en el apoyo que se requiere para la justificación del golpe.
Con motivo de las próximas elecciones municipales, que no alteran en nada, al gobierno de la República, que no pone en juego su existencia, que no genera gobiernos populares activos y participativos, en los 84 cantones del país, ni genera grupos políticos regionales poderosos, ni grupos de presión de ningún tipo nacionales, el Tribunal Supremo de Elecciones, quien constitucionalmente tiene la responsabilidad de organizar, administrar, ejecutar y hacer la declaratoria de los resultados, ha puesto fuera de la participación electoral a dos partidos políticos, que se han identificado con el Presidente de la República, por incumplir los requisitos legales obligatorios de inscripción de partidos políticos. Esto ha dado motivo para que la principal vocera del Presidente, la diputada Pilar Cisneros, haya tratado de hacer un alboroto diciendo que el Tribunal Supremo de Elecciones ha dado un golpe de Estado técnico, sustentada su afirmación en el voto salvado, o disidente, de dos de cinco magistrados electorales, que sostenían la tesis de que las irregularidades cometidas en la inscripción de esos partidos podían haberse permitido, por circunstancias de imposibilidad real de haberse completado. El Tribunal Supremo de Elecciones, públicamente por la misma vía, ha confrontado a la diputada Cisneros Gallo, ha aclarado la situación y ha defendido la legalidad electoral que se ha aplicado y existe en el país.
La pregunta correcta es: ¿quién realmente tiene interés del golpe de Estado en Costa Rica? ¿Algún partido político? ¿Algún sector empresarial? ¿Alguno de los poderes del Estado?
Ningún partido político nacional, provincial y mucho menos los cantonales, que en su inmensa mayoría, todos ellos, solo se organizan y existen para las elecciones, tiene interés de asumir el gobierno por un golpe de Estado; ni ninguno en este momento tiene posibilidades reales de hacerlo, ni están en capacidad de asumir el gobierno por ese camino.
Los sectores empresariales que podrían tener interés del golpe de Estado podrían ser los que se están beneficiando con el diferencial cambiario, de la baja del dólar, para aumentar sus réditos; o los que se están perjudicando por la misma razón, que no están en el gobierno representados.
Otro grupo empresarial, asociado al gobierno, por la tolerancia que tiene hacia ellos, es el grupo de los empresarios de la droga, del narcotráfico, de la narco política, del lavado de dólares que se aprecia en todo el escenario geográfico nacional, por las inversiones en diversos proyectos empresariales, por la negativa de los bancos de informar al Banco Central del movimiento de esos capitales, por la imposibilidad política y legal del Banco Central, de ejercer esos controles, que también afectan la Hacienda pública; por la forma de exhibición de esas riquezas; por los que sabotean constantemente los controles aduaneros de escáneres; por los comprometidos de la seguridad y policía nacional con estos grupos y redes narco delincuentes, los que exportan prácticamente sin controles públicos las drogas decomisadas a los Estados Unidos desde aeropuertos nacionales; los que mantienen las bodegas de 500 toneladas de droga en el país por año, según información de las autoridades estadounidenses que han hecho del país la más importante bodega de droga del continente.
De los poderes públicos solo el Poder Ejecutivo puede tener interés de un golpe de Estado que le beneficie. Ni la Corte, ni el Tribunal Electoral, ni la Asamblea Legislativa tienen capacidad legal o constitucional para realizar un golpe de Estado.
El que está preparando las condiciones del golpe de Estado es el Poder Ejecutivo, el Presidente Rodrigo Chaves, con sus ataques constantes a la credibilidad y confianza de los restantes poderes públicos, con sus discursos contra todo lo que significa la clase política gobernante, como si él no fuera parte de ella, y el más importante representante actual de la misma.
Es Rodrigo Chaves el que mina la confianza de la información pública, y del control político, que sobre el ejercicio de gobierno se debe hacer desde los medios de comunicación y de los espacios de análisis políticos nacionales.
Es Rodrigo Chaves el que ha dicho públicamente que hay que dinamitar los puentes de las posibles alianzas y acuerdos políticos.
Sin esos acuerdos políticos nacionales y parlamentarios, solo con la fuerza se puede actuar. Para actuar con la fuerza no deben existir los poderes públicos libres, independientes, autónomos en su organización y administración, ni una prensa y medios de comunicación independientes.
Solo Rodrigo Chaves está interesado en ejercer el control absoluto de todas las instituciones del Estado, centralizadas y descentralizadas, para poder dictar e imponer sus políticas, de ejercicio de gobierno, con una masa de directores, que como maneja y exhibe a sus ministros, solo acaten lo que él disponga y se le ocurra de cómo debe dirigirse el Gobierno y el Estado nacional, sin respeto alguno al Estado de Derecho.
En su estrategia del posible golpe de Estado que desearía el Presidente dar está el de promover acciones, por ahora no violentas, como las que hacen ya algunos de sus partidarios dirigidos a la Sala Constitucional, al Poder Legislativo y al Tribunal Supremo de Elecciones, de crítica al Poder Judicial y al Ministerio Público y otras instituciones, acompañados del discurso presidencial, contra esos poderes y los medios de comunicación social y contra algunos periodistas en particular, contra los que el Presidente se ha ensañado.
Mantiene el Presidente su discurso contra la corrupción de gobiernos y políticos anteriores, ocultando los actos de corrupción que se mantienen y los que empiezan a florecer en este gobierno.
Su estrategia pasaba por la participación electoral con los partidos municipales que estaba impulsando, para valorar el alcance de su proyección por el control e influencia que ha desarrollado en medios de comunicación rurales.
Ha tratado el Presidente, sin éxito, por ahora, de impulsar su discurso de ingobernabilidad legislativa y constitucional, porque se ha evidenciado que la detención de proyectos de ley y otros actos ejecutivos es porque se viola Constitución o los trámites legales de aprobación de leyes, incluso de su propia gestión. También por ausencia de proyectos de ley propios que no le generan trabajo a los legisladores.
Si el Presidente decía que los presidentes anteriores acudían al expediente de la ingobernabilidad porque faltaban gobernantes y no había, presidentes; con Rodrigo Chaves se ha evidenciado más claramente, que no hay gobernante, que no hay presidente, que no hay hoja de ruta nacional, que no hay capitán, que no hay conductor nacional, que de continuar así podemos ir al despeñadero nacional.
Por eso, para el Presidente Chaves el mejor camino es el de la crisis política, el de preparar el ambiente para una situación de fuerza que él pudiera articular, y movilizar alrededor de ella, para ejercer “por la fuerza” el Poder Público en todas sus dimensiones y alcances; para generar un autogolpe de Estado. Sus métodos autoritarios de gobierno que está desarrollando y evidenciando son parte del proceso educativo que necesita exponer para el apoyo que busca en determinados grupos sociales de la población.
El discurso desgalillado de la diputada Cisneros Gallo contra el Tribunal Supremo de Elecciones, y contra el mismo proceso electoral, es tan solo una antesala de esta situación. Es el golpe de Estado del Poder Ejecutivo el que se trata de tapar y encubrir y no de anunciar un posible golpe de Estado del Tribunal Supremo de Elecciones. Esto es lo que debemos enfrentar y denunciar.
Apoyar el proceso electoral municipal y la participación consciente electoral de la ciudadanía es la tarea política inmediata.
