Vladimir de la Cruz

El golpe de Estado es al acto por el cual puede ser depuesto, destituido, por la fuerza el Presidente o el gobernante de un país, siendo sustituido en el ejercicio del gobierno por quien o quienes ejecutan el golpe de Estado.

La historia política en América Latina es en mucho la historia de golpes de Estado en casi todos los países. En el siglo XX y XXI costarricense se han dado dos golpes de Estado, de breve período. El de Federico Tinoco Granados contra el Presidente Alfredo González Flores, en 1917, que duró hasta 1919, resultado de una lucha popular que lo hizo caer. Y el de José Figueres Ferrer, el 1 de mayo de 1948, que impidió en ese momento, el ascenso de Otilio Ulate Blanco a la presidencia de la República, en cuyo nombre, y defensa de su presidencia, burlada en las elecciones, se había realizado la guerra civil.

En ambos casos se contó con fuerzas armadas en capacidad de ejecutar el golpe. En el caso de Figueres, que gobernó 18 meses, entregó voluntariamente el poder presidencial a Ulate, como lo había firmado el 1 de mayo de 1948, haciendo de su golpe de Estado un golpe muy particular, muy sui generis, que hizo fundar lo que llamó la Segunda República. Figueres mismo, luego de devolver el poder político, fundó un partido político, y por la vía electoral, en dos ocasiones, 1953 y 1970, volvió constitucionalmente a la Presidencia de la República, habiendo eliminado el ejército en 1948 como institución permanente del Estado costarricense.

Los golpes de Estado los han realizado los militares. También grupos empresariales o políticos, que cuentan con el apoyo de fuerzas militares, generalmente las del mismo Estado, sin las cuales es muy difícil ejecutar o realizar el golpe de Estado. De hecho, en el golpe de Estado las fuerzas militares del Estado, Ejército y cuerpos policiales, actúan directamente o se someten o pliegan a quienes realizan el golpe de Estado.

El golpe de Estado puede realizarse cuando uno de los Poderes públicos, por ejemplo, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial o el Tribunal Supremo de Elecciones, en nuestro caso, realizan el acto de destitución del Presidente del Poder Ejecutivo, asumen el control del Gobierno y del Estado. En el caso del Poder Legislativo, cuando acudiendo a recursos constitucionales puede producir la destitución del Presidente, lo que se ha llamado golpe de Estado blando, como los que se realizaron en el 2008 contra el Presidente Zelaya, en Honduras, o el que se realizó contra el Presidente Lugo en Bolivia, por citar estos dos casos.

En Guatemala, frente al triunfo electoral del Bernardo Arévalo, que ganó recientemente las elecciones, que debe asumir la presidencia de Guatemala el próximo 14 de enero, se han confabulado diversos sectores empresariales y políticos, para impedir su ascenso presidencial. Por ahora solo se sostiene por la declaratoria oficial del Tribunal Electoral guatemalteco y por un enorme apoyo popular social, campesino, rural indígena y popular.

El golpe de Estado blando, es cuando se acude a procedimientos no tradicionales, no violentos de carácter militar, generalmente constitucionales, legales o judiciales, que cuenta con el apoyo del aparato militar o policial y de sectores políticos importantes, del empresariado y de la economía nacional.

Los golpes de Estado blandos generalmente se arropan de legalidad y constitucionalidad en su ejecución.

Los golpes de Estado, a manos de grupos militares, después de las dictaduras en América Latina del período 1970-1990 han quedado muy desprestigiados y desacreditados como mecanismos alternativos para el ejercicio de gobiernos, especialmente por la violación de Derechos Humanos. El desarrollo de la democracia y de la democracia electoral ha colocado a los militares en posiciones, hasta ahora, de respetar los mecanismos electorales, de los procesos electorales, para cambiar gobiernos.

Internacionalmente se han activado mecanismos para consolidar estos procesos democrático-electorales, rechazar los golpes de Estado, y no aceptar o reconocer los gobiernos surgidos por la fuerza de las armas o de los golpes de Estado.

Para el golpe de Estado se requiere un grupo políticamente organizado interesado en darlo, que exista una situación de conflicto interior, que haya una situación de descontento popular con el gobierno o con las estructuras políticas del gobierno, que haya un rechazo de sectores populares hacia los grupos que han ejercido o están en el gobierno, que haya una situación de desabastecimiento, de inseguridad ciudadana o altos índices de criminalidad, que haya una situación económica que se perciba difícil y que altere el movimiento cambiario del dólar; que haya altos índices de corrupción pública y que así se perciba, que se deteriore y debilite institucionalmente la libertad de prensa, como hace el actual gobierno.

Para la ejecución y preparación del golpe se necesita también un apoyo logístico propagandístico, que se tenga por eje a los medios de comunicación, como pilar esencial para ganar la conciencia de la gente, las personas y los ciudadanos, en el apoyo que se requiere para la justificación del golpe.

Con motivo de las próximas elecciones municipales, que no alteran en nada, al gobierno de la República, que no pone en juego su existencia, que no genera gobiernos populares activos y participativos, en los 84 cantones del país, ni genera grupos políticos regionales poderosos, ni grupos de presión de ningún tipo nacionales, el Tribunal Supremo de Elecciones, quien constitucionalmente tiene la responsabilidad de organizar, administrar, ejecutar y hacer la declaratoria de los resultados, ha puesto fuera de la participación electoral a dos partidos políticos, que se han identificado con el Presidente de la República, por incumplir los requisitos legales obligatorios de inscripción de partidos políticos. Esto ha dado motivo para que la principal vocera del Presidente, la diputada Pilar Cisneros, haya tratado de hacer un alboroto diciendo que el Tribunal Supremo de Elecciones ha dado un golpe de Estado técnico, sustentada su afirmación en el voto salvado, o disidente, de dos de cinco magistrados electorales, que sostenían la tesis de que las irregularidades cometidas en la inscripción de esos partidos podían haberse permitido, por circunstancias de imposibilidad real de haberse completado. El Tribunal Supremo de Elecciones, públicamente por la misma vía, ha confrontado a la diputada Cisneros Gallo, ha aclarado la situación y ha defendido la legalidad electoral que se ha aplicado y existe en el país.

La pregunta correcta es: ¿quién realmente tiene interés del golpe de Estado en Costa Rica? ¿Algún partido político? ¿Algún sector empresarial? ¿Alguno de los poderes del Estado?

Ningún partido político nacional, provincial y mucho menos los cantonales, que en su inmensa mayoría, todos ellos, solo se organizan y existen para las elecciones, tiene interés de asumir el gobierno por un golpe de Estado; ni ninguno en este momento tiene posibilidades reales de hacerlo, ni están en capacidad de asumir el gobierno por ese camino.

Los sectores empresariales que podrían tener interés del golpe de Estado podrían ser los que se están beneficiando con el diferencial cambiario, de la baja del dólar, para aumentar sus réditos; o los que se están perjudicando por la misma razón, que no están en el gobierno representados.

Otro grupo empresarial, asociado al gobierno, por la tolerancia que tiene hacia ellos, es el grupo de los empresarios de la droga, del narcotráfico, de la narco política, del lavado de dólares que se aprecia en todo el escenario geográfico nacional, por las inversiones en diversos proyectos empresariales, por la negativa de los bancos de informar al Banco Central del movimiento de esos capitales, por la imposibilidad política y legal del Banco Central, de ejercer esos controles, que también afectan la Hacienda pública; por la forma de exhibición de esas riquezas; por los que sabotean constantemente los controles aduaneros de escáneres; por los comprometidos de la seguridad y policía nacional con estos grupos y redes narco delincuentes, los que exportan prácticamente sin controles públicos las drogas decomisadas a los Estados Unidos desde aeropuertos nacionales; los que mantienen las bodegas de 500 toneladas de droga en el país por año, según información de las autoridades estadounidenses que han hecho del país la más importante bodega de droga del continente.

De los poderes públicos solo el Poder Ejecutivo puede tener interés de un golpe de Estado que le beneficie. Ni la Corte, ni el Tribunal Electoral, ni la Asamblea Legislativa tienen capacidad legal o constitucional para realizar un golpe de Estado.

El que está preparando las condiciones del golpe de Estado es el Poder Ejecutivo, el Presidente Rodrigo Chaves, con sus ataques constantes a la credibilidad y confianza de los restantes poderes públicos, con sus discursos contra todo lo que significa la clase política gobernante, como si él no fuera parte de ella, y el más importante representante actual de la misma.

Es Rodrigo Chaves el que mina la confianza de la información pública, y del control político, que sobre el ejercicio de gobierno se debe hacer desde los medios de comunicación y de los espacios de análisis políticos nacionales.

Es Rodrigo Chaves el que ha dicho públicamente que hay que dinamitar los puentes de las posibles alianzas y acuerdos políticos.

Sin esos acuerdos políticos nacionales y parlamentarios, solo con la fuerza se puede actuar. Para actuar con la fuerza no deben existir los poderes públicos libres, independientes, autónomos en su organización y administración, ni una prensa y medios de comunicación independientes.

Solo Rodrigo Chaves está interesado en ejercer el control absoluto de todas las instituciones del Estado, centralizadas y descentralizadas, para poder dictar e imponer sus políticas, de ejercicio de gobierno, con una masa de directores, que como maneja y exhibe a sus ministros, solo acaten lo que él disponga y se le ocurra de cómo debe dirigirse el Gobierno y el Estado nacional, sin respeto alguno al Estado de Derecho.

En su estrategia del posible golpe de Estado que desearía el Presidente dar está el de promover acciones, por ahora no violentas, como las que hacen ya algunos de sus partidarios dirigidos a la Sala Constitucional, al Poder Legislativo y al Tribunal Supremo de Elecciones, de crítica al Poder Judicial y al Ministerio Público y otras instituciones, acompañados del discurso presidencial, contra esos poderes y los medios de comunicación social y contra algunos periodistas en particular, contra los que el Presidente se ha ensañado.

Mantiene el Presidente su discurso contra la corrupción de gobiernos y políticos anteriores, ocultando los actos de corrupción que se mantienen y los que empiezan a florecer en este gobierno.

Su estrategia pasaba por la participación electoral con los partidos municipales que estaba impulsando, para valorar el alcance de su proyección por el control e influencia que ha desarrollado en medios de comunicación rurales.

Ha tratado el Presidente, sin éxito, por ahora, de impulsar su discurso de ingobernabilidad legislativa y constitucional, porque se ha evidenciado que la detención de proyectos de ley y otros actos ejecutivos es porque se viola Constitución o los trámites legales de aprobación de leyes, incluso de su propia gestión. También por ausencia de proyectos de ley propios que no le generan trabajo a los legisladores.

Si el Presidente decía que los presidentes anteriores acudían al expediente de la ingobernabilidad porque faltaban gobernantes y no había, presidentes; con Rodrigo Chaves se ha evidenciado más claramente, que no hay gobernante, que no hay presidente, que no hay hoja de ruta nacional, que no hay capitán, que no hay conductor nacional, que de continuar así podemos ir al despeñadero nacional.

Por eso, para el Presidente Chaves el mejor camino es el de la crisis política, el de preparar el ambiente para una situación de fuerza que él pudiera articular, y movilizar alrededor de ella, para ejercer “por la fuerza” el Poder Público en todas sus dimensiones y alcances; para generar un autogolpe de Estado. Sus métodos autoritarios de gobierno que está desarrollando y evidenciando son parte del proceso educativo que necesita exponer para el apoyo que busca en determinados grupos sociales de la población.

El discurso desgalillado de la diputada Cisneros Gallo contra el Tribunal Supremo de Elecciones, y contra el mismo proceso electoral, es tan solo una antesala de esta situación. Es el golpe de Estado del Poder Ejecutivo el que se trata de tapar y encubrir y no de anunciar un posible golpe de Estado del Tribunal Supremo de Elecciones. Esto es lo que debemos enfrentar y denunciar.

Apoyar el proceso electoral municipal y la participación consciente electoral de la ciudadanía es la tarea política inmediata.