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El mundo unilateral de la UCCAEP

Escrito en 13/06/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gilberto Lopes

La Unión de Cámaras del sector empresarial (UCCAEP) ha ofrecido al país “Un pacto por el empleo”.

Tema tan vasto, puede ser abordado de muchas maneras, desde diversos puntos de vista. Una posibilidad es que incluya garantías de empleos decentes, estímulo a la organización de los trabajadores, mejoras de las garantías sociales. En fin, ideas creativas para mejorar el nivel de vida de la inmensa mayoría de los costarricenses, simples trabajadores.

Pero no. La propuesta de la UCCAEP no se aparta un milímetro de los intereses estrictos del “sector empresarial privado”, sin pretensión alguna de reconocer que el país es diverso, o de pensar que el sector más rico difícilmente podrá vivir en paz con un sector más pobre cada vez más distante y con perspectivas empobrecedoras.

Los miembros de la UCCAEP se atribuyen el título de “sector productivo”. Y llaman a sus empleados “colaboradores”. Lo cierto es que el sector productivo costarricense es mucho más amplio que el conformado por las empresas de la UCCAEP. Sin trabajadores esas empresas no existirían y su capital ni siquiera sería capital. El mundo puede seguir viviendo sin ese capital. Lo han demostrado el Estado, o las cooperativas.

Ese capital ni siquiera ha sido capaz de dar una vida digna a sus trabajadores. Si en Costa Rica ha habido una paz relativa –si la comparamos con países de la región–, es por un nivel de servicios públicos que le garantizan a una parte importante de la población condiciones de vida muy superiores a las que ofrece el sector privado, incluyendo salarios, garantías sociales y servicios públicos, desde la banca hasta las telecomunicaciones, desde la educación hasta la salud.

Es el sector público el que los garantiza, no el sector privado.

Ya se que no lo hace de forma perfecta. Es como la vida misma, llena de problemas. Pero hay que arreglarlos, no destruirlos (o venderlos. Son tan buenos negocios que, en realidad, sueñan con comprarlos).

Servicios que, por cierto, se han venido deteriorando en la misma medida en que se van privatizando.

Citan las normas de la OCDE, a la que el gobierno ha hecho todos los esfuerzos por incorporarnos. Muestran con orgullo que nos sumamos a México, Chile y Colombia, los tres únicos países latinoamericanos que pertenecen a la organización. ¡México, Chile y Colombia!

Hay que pensar un poco. ¿De qué les ha servido a los mexicanos, a los chilenos, a los colombianos pertenecer a la OCDE? ¿Qué pretenden? ¿Qué nos parezcamos a México, a Chile o a Colombia? Estos dos últimos, países cuyo orden político ha sido construido sobre la base de la violencia más brutal, gracias a la que se ha construido también un brutal sistema de concentración de la riqueza. A los que tenemos mucho que enseñar y de los que tenemos poco que aprender.

Naturalmente, ¡no es ese el camino! ¡No debe ser ese nuestro camino!

Pero es a ese camino por el que nos empuja el gobierno.

Los resultados de estos proyectos son ya evidentes ¡Y desastrosos!

Es una tristeza que el gobierno pretenda llevarnos por ahí. Tristeza y falta de visión. Mezquindad.

¡Hay que resistir!

También las empresas de UCCAEP dependen del Estado. Mientras más grandes, más dependen de los recursos y de las garantías que les da el Estado. Desde las constructoras hasta la banca, desde las telecomunicaciones hasta los seguros, desde la salud hasta la educación. Todas dependen del Estado.

El documento de la UCCAEP no es más que un largo listado de demandas al Estado. Algunas, demandas de francos privilegios. Las podríamos agrupar en dos tipos de demandas:

Demandas de beneficios directos para el sector

lo que se refiere a créditos disponibles en el Sistema Financiero Nacional,
mayores beneficios en la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa,
amnistía para las cargas sociales y ambientales, una “actualización” de las jornadas laborales que “permita jornadas excepcionales”,
reforzar las medidas de seguridad,
readecuar la deuda de los productores (supongo que se refieren a las deudas con la banca pública),
un “plan para mejorar las posibilidades del sector productivo” (¿?),
reducir las tarifas eléctricas para la producción,
mayores garantías para el sector privado en los procesos de contratación del sector público,
permitir la exploración y explotación del gas natural,
avances en el proceso de ampliación de energía por el sector privado (ya particularmente leonino a favor de ese sector),
privatización del sector de generación de electricidad, incluyendo cerrar el departamento de grandes proyectos hidroeléctricos del ICE,
poner a disposición del sector privado mano de obra especializada y barata mediante el proceso de educación dual,
transformar el Conesup para adecuarlos a las demandas de las universidades privadas,
y avanzar en las alianzas público-privadas para la construcción de los planes reguladores.

Readecuación de lo público en función de los intereses del sector privado

la mejoría de le eficiencia operativa del ICE y de Recope,
“medidas que disminuyan el costo de la formalidad”,
la venta de activos del Estado (que sueñan con comprar),
aplicación “estricta” de la regla fiscal,
reducir el gasto público (para aumentar los recursos a la disposición privada),
mayores controles a las universidades públicas,
reforzar la inversión pública en centro de desarrollo turístico, tercerización de servicios,
erradicar lo que llaman “asedio ambiental”,
una ley de empleo público,
frenar la participación “ilegal y desleal” del ICE en obras,
atender la demanda empresarial en el reparto del uso del agua,
una nueva ley de aduanas “en consenso con los interese del sector privado”,
rechazar mayores regulaciones del sistema de etiquetado frontal de alimentos.

La visión de país de la UCCAEP se resume en eso: mientras mejor les vaya a ellos, ¡pues así le irá al país! La experiencia de décadas recientes, en las que se extendió por casi todo el mundo la idea neoliberal de que privatizando y enriqueciendo a los más ricos terminaría por rebalsar riqueza para los más pobres, finalmente terminó por mostrar que tenía patas muy cortas. Efectivamente aumentó de forma notable la riqueza y, al mismo tiempo, la concentración de la riqueza hasta niveles inimaginables, generando tensiones de todo tipo que han terminado por estallar.

La realidad del Covid 19 nos muestra claramente las contradicciones entre el interés privado y los intereses de la sociedad en su conjunto. Mientras empresarios de la piña, del banano o de la yuca se saltan medidas necesarias para controlar la expansión de la pandemia con el fin de incrementar sus ganancias mediante contrataciones de trabajadores en condiciones precarias, el Estado debe adoptar nuevas medidas e incrementar sus gastos para evitar la expansión de la pandemia al resto del país.

El texto de la UCCAEP deja en evidencia la falta de visión de país. O nos ofrece la visión de un país pensado para tan pocos, que no podemos dejar de señalar el sin sentido de la propuesta y lo inconveniente que sería avanzar por ese camino, en la construcción del mediocre y mezquino mundo que nos propone la UCCAEP.

Con falsedades intentan apropiarse de la historia del país

Escrito en 13/06/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Trabajo.

Dr. Mario Hidalgo González*

La UCCAEP, asesorada por economistas, envía el 25 de enero 2020, una carta al presidente de la República denominada Un pacto por el empleo, fundamentada en varias falsedades con las cuales trata de apropiarse de la historia del país.

Afirman que “pequeños, medianos y grandes empresarios carecen de privilegios”. Falso. Los grandes empresarios han disfrutado de privilegios financieros, hacendarios y jurídicos. Recordemos la amnistía tributaria última, que pretende reducir deuda y morosidad, significó que empresas como Standard Fruit Company, Durman Esquivel, Veinsa, Florida, Café El rey y varias otras se ahorraron más de lo que pagaron. Son grandes empresas que durante un tiempo incumplieron con el Estado.

Declaran que llevan “200 años de producir libertad”. Falso. Los grados de libertad de la sociedad costarricense se han obtenido, en gran medida, por el esfuerzo y sacrificio de los trabajadores, en particular, los educadores. Basta recordar la jornada laboral de ocho horas. Y esto es válido aquí como en otros países. La Revolución Francesa estableció la libertad de tránsito y la igualdad ante la ley. Por supuesto, con fines de desplazar mano de obra del campo hacia las ciudades en donde se desarrolla el capitalismo industrial, pero aún así son grados mayores de libertad.

Consideran que debemos “dejar de presentar en la imaginación de los costarricenses un país dividido entre productores y ambientalistas, pequeños contra grandes, exitosos y fracasados, funcionarios enfrentados a trabajadores privados”. Falso, Han sido ellos quienes han promovido, financiado y diseñado una política de confrontación y divisionismo. Para la manifestación en contra de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas el ejecutivo, a través de un ministro, se refirió a los manifestantes como cuatro gatos. En verdad, los manifestantes fueron entre 800 mil y 1 millón de personas.

Denigraron a los participantes en la manifestación tratándolos de animales, dicho esto con el debido respeto a los gatos. El periódico que los avala declaró que eran unos irresponsables, y otros tantos descalificativos utilizados por los diputados, y las televisoras. El expresidente Miguel A. Rodríguez clamaba desde La República que se descontaran del salario los días no trabajados por la huelga.

Ellos inventan el estigma de pensionados de lujo, tratando de producir una división entre los educadores jubilados y la sociedad costarricense.

Continúan diciendo que debe existir responsabilidad en el sector público “especialmente en aquellas instituciones financiadas con nuestros impuestos”. Doble falsedad. Hay muchos trabajadores públicos altamente responsables, conscientes de la necesidad de hacer un trabajo de calidad. Y el financiamiento de estas instituciones también es de todos sean del sector público, privado o mixto. Un trabajador paga cualquier cantidad de impuestos. Falta espacio para enumerarlos. Si alguien desea conocer cómo se ejerce el dominio y explotación de los trabajadores basta con revisar la estructura impositiva.

Instan a los empleados públicos a cumplir “con las leyes y sus reglamentos”. ¿Quiénes son los evasores, elusores y los que se apropian indebidamente de miles de millones en las aduanas? ¿Yanber es de los trabajadores públicos? ¿Aldesa es de los trabajadores públicos? De nuevo falta espacio para enumerar.

Dicen que los empresarios han “sostenido al Estado costarricense desde las mismas bases desde el primer día de la independencia”. Falso. Ha sido la sociedad plena la que ha acordado un contrato social basado en la Constitución. De paso, y brincándome años de historia, Juan Santamaría ¿era empresario?

Agregan que gracias a ellos fue posible “dejar atrás el sistema colonial para ingresar al mundo moderno”. Debido al tamaño de esta falsedad prefiero remitir la respuesta al Estudio sobre economía costarricense de Rodrigo Facio, y a los cuatro volúmenes de Historia económica de Costa Rica, editado por la ECR. Los economistas asesores de la UCCAEP nunca leyeron sobre historia económica de Costa Rica y Centroamérica.

¡Costarricense: la UCCAEP y La Nación mienten!
* Economista y sociólogo
10-06-2020

Imagen ilustrativa.

El preocupante tono político y moral de las propuestas económicas de la UCCAEP

Escrito en 08/06/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Grupo Economía Pluralista[i]
(8 de junio de 2020)

En esta nota nos referimos a la carta que, con fecha 5 de junio de 2020, es dirigida al presidente Carlos Alvarado, por el señor Álvaro Sáenz Saborío, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), así como al documento que adjunta, titulado “Un pacto por el empleo.”

Nuestro propósito, al referirnos aquí a esa carta y ese documento, es ofrecer algunos criterios de discernimiento, que procuran contribuir a alimentar un análisis crítico en relación con las propuestas que tan importante organización formula.

A modo de introducción, hacemos ver dos detalles que, a estos efectos, son clave. Primero, debe entenderse que en economía no existe ni un único enfoque ni, en consecuencia, tampoco un único camino que pueda seguirse o una única propuesta de políticas que deba considerarse. Esto debe tenerse muy en cuenta, para evitar caer en la trampa de creer que los planteamientos de la UCCAEP agotan, ni mucho menos, las posibilidades disponibles. Segundo, subrayamos que Costa Rica es una sociedad pluralista y diversa, y que las voces, intereses y necesidades de los diversos sectores de la sociedad, tienen el mismo derecho a ser atendidas y están investidas de la misma legitimidad, que puedan tener las voces de las organizaciones empresariales como la UCCAEP. La arrogante y antidemocrática pretensión de esta organización, al insinuar, como claramente lo hace, que su voz es la única que deba ser escuchada, no es de recibo, y merece ser rechazada ad portas. Tener esto en cuenta refuerza lo que apuntamos más arriba: las perspectivas y opciones que se abren frente a la crisis son necesariamente diversas.
La carta que Sáenz remite al presidente, ofrece interpretaciones de la historia costarricense sumamente anacrónicas y arbitrarias, cuyo propósito es, claramente, afirmar que Costa Rica debe su existencia entera al empresariado. Es una idea absurda e insostenible, la cual, sin embargo, ha echado profundas raíces en el imaginario de la UCCAEP y otras organizaciones empresariales costarricenses, las cuales parece que, en efecto, se la toman en serio. El propósito ideológico detrás de esto, es obvio: se apela a tan disparatada hipótesis para exigir que todas las políticas públicas giren alrededor de los intereses empresariales. Y aunque en este documento se pretende hacer creer que, de forma equitativa, se habla a nombre de todas las empresas, desde las micro hasta las más grandes, ello tan solo agranda la falsificación ideológica en la que se incurre. En este coro hay voces del todo inaudibles, y voces que cuentan con amplificadores poderosísimos. Estas últimas son, al cabo, las que realmente pesan en la narrativa que se nos ofrece.
Compartimos el llamado que se formula, a la responsabilidad y el compromiso por parte de funcionarios, funcionarias e instituciones del sector público. Diferimos en la pretensión de que esa responsabilidad tiene como único destinatario el sector empresarial, cuando, en realidad, es el deber de la institucionalidad pública para con la ciudadanía en general, pero, muy en especial, los sectores más vulnerables y carenciados de nuestra sociedad. Es más que notorio que la UCCAEP exige responsabilidades pero no asume ninguna responsabilidad. El mensaje implícito que transmiten es el de que se consideran una clase social aparte y superior, una especie de estamento aristocrático al que Costa Rica entera ha de rendirle tributo y pleitesía.
En términos generales, la valoración de conjunto que hacemos de las medidas que formula la UCCAEP, es que éstas proponen recurrir al “dumping social”, como mecanismo para recuperar la maltrecha competitividad empresarial. Es lo que, en general, se desprende de las propuestas en materia de flexibilización laboral, debilitamiento financiero de las instituciones de seguridad social, debilitamiento de la normativa ambiental y de los esfuerzos de control de la evasión y elusión tributaria. Si bien algunos elementos en el documento difieren de ese énfasis, el tono general está claramente centrado en ese aspecto. Es decir, en vez de una propuesta progresiva destinada a elevar la productividad, se opta por un camino de tono predominantemente regresivo, que busca “aplanar” los costos para hacerlos compatibles con una economía ineficiente y de baja productividad. Lograr construir una economía de alta productividad, exige al sector público, asumir sus responsabilidades para el logro de mayor eficiencia y capacidad de respuesta. Pero ello también exige un compromiso paralelo y equivalente del sector privado. Sin embargo, y como ya hemos indicado, la UCCAEP elude cualquier posible compromiso o responsabilidad. Exige todo y no ofrece nada.
Hay razones teóricas, tanto como evidencia empírica, que permiten poner en duda que ese mecanismo del “dumping social”, pueda tener efectos positivos en términos de reactivación de la economía, particularmente en el contexto de la crisis económica, nacional y mundial, desatada a partir de la crisis sanitarias del Covid-19. Pero aún en la hipótesis, sumamente optimista, de que ello pudiese propiciar una reactivación económica en el corto plazo, sus implicaciones en el mediano y largo plazo serían muy negativas, tanto desde el punto de vista económico, como social, político y ambiental. Lamentamos la falta de visión estratégica que la UCCAEP pone así de manifiesto.
Nos resulta alarmante lo que se plantea en los puntos 1.1. a 1.6 (pp. 9-11), lo cual pareciera proclamar la renuncia explícita, por parte de esta organización, a cualquier compromiso, democráticamente formulado y acordado, en materia laboral, tributaria, ambiental, de protección a las personas consumidoras y a la salud de la población. Aducir que propuestas legislativas o disposiciones de política pública, destinadas a proteger el medio ambiente y la salud de la población, vigilar el cumplimiento de las obligaciones tributarias o el respeto a los derechos humanos, son “acoso” contra el empresariado, constituye una exigencia de impunidad, y un total despego a las más elementales normas de convivencia en democracia.
Es llamativo que en distintas partes del documento, se exija facilitar la participación privada en mercados (por ejemplo seguros, p. 29) donde hay una importante presencia estatal, pero que explícitamente se demande limitar la participación del ICE en construcción de obra pública (p. 28), un sector que, como es conocido, ha sido dominado ampliamente por un grupo muy pequeño de grandes empresas privadas, cuya eficiencia es por lo menos dudosa. Estas inconsistencias ideológicas, aportan mucho material para la reflexión.
Reconocemos que se plantean aspectos positivos. Si la UCCAEP fuese una organización respetuosa de los principios democráticos más básicos, reconocería –pero no lo hace– que inclusive esas ideas, aun siendo susceptibles de un acuerdo más amplio, deben necesariamente pasar por un proceso de estudio y discusión. Hay otros planteamientos –lamentablemente los que marcan la tonalidad dominante de la propuesta– de signo muy regresivo, y por ello mismo sumamente polémicos. Una democracia que se respete a sí misma, no podría decidir acerca de tales asuntos, si no es con base en un debate público amplio y equitativo. Para la UCCAEP eso está totalmente descartado: su tono, autoritario e imperativo, niega cualquier posibilidad de diálogo y de construcción democrática de acuerdos . Ello se hace evidente, con singular estridencia, en relación con la cuestión de la venta de activos públicos. No obstante ser una problemática que suscita grandes desacuerdos, para la UCCAEP es un “fait accompli”. Nada hay que discutir al respecto, tan solo corresponde “definir -en un plazo perentorio- un plan de venta de activos del Estado” (p. 16).
Deploramos el grado de descomposición moral que todo esto pone de manifiesto. Una poderosa organización empresarial que no asume compromisos ni responsabilidades, que exige todo pero no ofrece nada, y que abiertamente opta por desconocer los mecanismos propios de la democracia, no puede ser una buena representante del empresariado costarricense, ni mucho menos ejercer ninguna forma de liderazgo ante el país. Confiamos, sin embargo, que esto sea tan solo un fenómeno que afecta a un pequeño sector de ese empresariado, y que éste, en su mayor parte, sí asume un posicionamiento político, ético y moral, digno de respeto.
Exhortamos al presidente Carlos Alvarado para que mantenga un mínimo de distancia crítica e independencia de decisión, frente a las presiones que, de forma tan abierta y desembozada, ejerce sobre él esta organización, siendo repudiable que se quiera aprovechar la crisis generada por la emergencia del Covid-19, para imponer, a espaldas de la democracia y la ciudadanía, una agenda de estrecho interés gremial-corporativo. Confiamos asimismo que el presidente sabrá interpretar el desafío que esto plantea a la democracia, y, por lo tanto, la necesidad de promover un debate nacional, amplio y pluralista, en relación con asuntos tan polémicos como las privatizaciones o la flexibilidad laboral, entre otros. Reiteramos nuestra disposición de diálogo con el presidente, en el tanto éste mantenga el interés por escuchar otras voces y considerar otras perspectivas, y, sobre todo, lo que es más importante, tenerlas efectivamente en cuenta.

[i] El grupo Economía Pluralista reúne a 25 economistas que provienen de diversos ámbitos de la academia y del ejercicio profesional de la economía, tanto en el sector público como en el privado.

Imagen con fines ilustrativos: https://www.elindependientedegranada.es/blog/democracia-participativa-aproximacion-radical-parte-i-teoria

Murió la oportunidad

Escrito en 10/05/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

Óscar Madrigal

Me atrevo a afirmar que las organizaciones sociales hicieron decenas, casi centenas, de propuestas al Presidente Alvarado. ¿Cuántas aceptó? Ninguna. Cero.

De las que hizo la UCCAEP, ¿cuántas aceptó? Todas.

Las cámaras patronales están muy satisfechas. Las organizaciones sociales una vez más muy decepcionadas.

El plan que el Gobierno presentó la semana pasada se resume en una sola cosa: salvar a las empresas. Darles 900.000 millones de colones en préstamos subsidiados para su rescate.

¿Y qué pasará en el futuro inmediato? Quedará a la suerte del empresariado. El Estado se ha negado rotundamente a señalar un nuevo derrotero económico al país. Para el Gobierno el futuro está solo en el cáñamo.

Mientras, los exportadores, los grandes comerciantes, los grandes bancos no aportarán nada más, ningún sacrificio ni esfuerzo. Tal vez unos salarios, pero con flexibilidad laboral, sin horas extras y con cotizaciones sociales bajas.

El movimiento popular una vez más sale en ascuas, sobresaltado, se da directamente contra una posición inquebrantable. Si esperaba algún cambio, por mínimo que fuera, tendrá que seguir esperando.

Si como dicen algunos, las crisis también son oportunidades, en este país ha muerto una de ellas, una vez más.

¿Hablamos en serio de pensiones?

Escrito en 10/05/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

Hernán Alvarado

El señor Presidente Carlos Alvarado volvió a su campaña contra las pensiones. Posteó en Facebook que «las pensiones son para proteger, no para enriquecerse», después de presentar personalmente una coadyuvancia que, como ha denunciado la AFUP, es intimidatoria.^[1] Por lo visto, la Ley 9796 no se sostiene sola y le espera el merecido viacrucis jurídico. Además, él ha repetido que renunciará a su pensión de ex Presidente en su deslucido «informe» del 4 de mayo pasado.^[2]

El caso es que, a través de la Ley 9796, el Estado costarricense pretende ejercer una violencia patrimonial arbitraria gravando reiteradamente los ahorros de las personas adultas mayores. Además, esa ley cohonesta la irresponsabilidad de un Estado que no formó el fondo de pensiones solidario que mandaba la Ley 2248, cuando menos para el Magisterio Nacional.

Así responde el mandatario a la acción jurídica de un primer grupo de pensionados que defienden, de manera legítima, sus derechos lesionados. De nuevo, redes sociales, medios de prensa y declaraciones de la clase política aparecen orquestados para intranquilidad de las personas adultas mayores. Ellas debieran demandar también a todos aquellos que usan el cliché o estigma difamatorio con que se les chuza sistemáticamente desde hace tiempo, por ser un comportamiento que atenta contra la dignidad de la persona, corazón del sistema jurídico. No se vale que siga impune y no hay que darle alas al animal ponzoñoso, según reza el refrán popular.

Ahora bien, ¿habla en serio el Presidente de un tema tan delicado? En primer lugar, nadie se enriquece con una pensión por más alta que sea, como tampoco se puede llamar enriquecimiento a un salario público de ₡ 9,500,000. Si así fuera, habría que decir que él mismo puso a doña Rocío Aguilar a enriquecerse. Pero la verdad es que no hay manera de hacerse realmente rico sin explotar al prójimo, sin contratar a muchos trabajadores que produzcan riqueza para uno. A estas alturas no hay misterio al respecto, ni otra forma legal o ilegal de lograrlo.

Por eso, ningún pensionado aparecerá jamás en la lista de ricos de la revista FORBES. El Presidente puede preguntar a quienes ahí aparecen: Rodolfo Jiménez Borbón, por ejemplo, recibe ₡ 875,185 millones al año, Carlos Cerdas Araya ₡ 389,600 millones y Steve Aronson ₡ 84,750 millones anuales. Un pensionado que recibiera, supongamos, ₡ 15 millones al mes, obtendría al año ₡ 180 millones, es decir, 0,02 % de lo que recibe don Rodolfo, o bien, 0,2 % de lo que recibe don Steve.

Por tanto, las categorías de riqueza, privilegio y lujo no aplican a pensionados ni a empleados públicos, a no ser que uno quiera hacerse el cínico, el ignorante o el charlatán. Y si le cabe duda, el Presidente puede preguntar qué es enriquecimiento a la UCAEP, que tal vez podría aconsejarle, de paso, sobre cómo combatir la evasión de impuestos, las deudas con la seguridad social y la exportación de ganancias a paraísos fiscales; o cuando menos podría recomendarle a los mejores asesores en un tema que fue el gran ausente de su «informe a la nación». ¿Por qué, señor Presidente, evade usted el tema de la evasión siendo tan importante para este Pueblo?

En segundo lugar, una pensión no es para proteger a nadie, salvo en una visión asistencialista o paternalista pasada de moda. El señor Presidente debiera saber que una pensión es un ahorro que una persona hace a lo largo de toda su vida laboral para tener una jubilación digna y puede ser tan alta como corresponda a sus cotizaciones. Hace años se promovió, por ejemplo, pasarse del Magisterio a la CCSS y era atractivo porque implicaba una reducción de las deducciones salariales, o sea, aumentaba los ingresos mensuales. Pero muchas personas no lo hicieron pensando en un futuro mejor, ¿quién les explica ahora que ahorraron en saco roto?

Por otro lado, una pensión también puede verse como un incentivo para renovar trabajadores activos. La idea es que entren a trabajar fuerzas nuevas que adelanten las innovaciones que el sistema económico demanda constantemente. Por eso, en la medida que la jubilación es voluntaria, si las pensiones no son dignas dicho proceso se retrasa o se malogra. De hecho, varios colegas se han retractado últimamente de pensionarse, por la incertidumbre que pesa sobre el futuro de sus ahorros. Así que los más jóvenes tendrán que esperar. ¿Dónde están los estudios que permitan decidir sobre un asunto clave para la productividad promedio del país?

Nadie parece haber tenido eso en cuenta en este «debate» tan pobre en ideas. Tanto que ni siquiera ha partido de los correspondientes estudios actuariales de los diferentes fondos. Nadie menciona tampoco el interés de privatizar dichos fondos que le hacen la boca agua al sector financiero, el único y verdadero protegido del neoliberalismo; como se puede ver en el tema de usura, aludido anecdóticamente por el discurso presidencial.

La protección de los más pobres no se puede lograr confiscando ahorros a las pensiones más altas para pasárselas a las pensiones más bajas. Del todo, la pensión no es el instrumento idóneo para eso. Además, es ilegal e inconstitucional que el Estado pretenda trasladar su responsabilidad a un pequeño grupo de pensionados. Por cierto, ¿alguien puede creer en la sinceridad de unos diputados orgullosos de su «solidaridad» con el dinero de otros?

Si de protección se trata, hablemos en serio de un salario social o de un ingreso universal que garantice a cada ser humano un mínimo de subsistencia, desde la cuna a la tumba, por el simple hecho de serlo, tema de punta en esta materia. Así se acabaría, por fin, con la pobreza extrema. Aunque no del todo con la pobreza, que es un concepto relativo, como decir riqueza, porque mientras la política pública siga favoreciendo la desigualdad social siempre habrá algunos demasiado ricos que correspondan a muchos demasiado pobres. ¡Cuánta falta hace hoy en día la visión de estadista de Alfredo Gonzalez Flores, Rafael Ángel Calderón Guardia, José Figueres Ferrer, Daniel Oduber Quirós o Rodrigo Carazo Odio!

En una crisis sanitaria como la actual un ingreso vital universal hubiera mostrado su eficacia porque no habría dejado a nadie librado a su suerte. Luego, sería como un seguro si se toma en cuenta que nunca habrá una vacuna contra todas las pandemias.^[3] Como un solo ejército combatiríamos así cualquier virus, entrando y saliendo a las casas, en táctica de acordeón, a una sola orden del Presidente. Además, podría asociarse a determinados deberes cívicos y comunitarios con el fin de fortalecer, por ejemplo, educación y salud, incentivando la participación ciudadana en todos los niveles de la administración pública. Dede luego, mucha tela queda por cortar al respecto, pero eso sería comenzar a caminar en serio hacia los más vulnerados, implicando también al sector financiero con su añorada bancarización universal.

En cuanto a la renuncia a la pensión de ex Presidente, es casi increíble que el mandatario insista en cosechar un rédito publicitario con un derecho que todavía no goza. A penas comparable con repartir los ahorros confiscados a los pensionados cuando ni siquiera ha entrado en vigencia la Ley 9796, para tildar después de egoístas a quienes defenderían su patrimonio. Si esto no es populismo que alguien nos diga cómo se llama; tal vez algún garante nos pueda explicar qué tipo de ética es esta.

Además, mientras no se modifique la norma de pensiones para ex Presidentes (Ley 7302, capítulo III) el mandatario no podrá hacer lo que promete y no parece haber voluntad política para esto. Lo que podrá hacer eventualmente es donar lo que será entonces su dinero privado. A la mejor usanza neoliberal que trata la pobreza como un asunto de caridad o filantropía y no de justicia. Pero en ese caso, según recomienda el Evangelio, mejor que la derecha no se entere de lo que hace la mano izquierda.

Por otro lado, en rigor, la pensión de un ex Presidente es espuria, pues no corresponde a lo cotizado. En ese sentido, el dilema será siempre servir a la Patria o servirse de ella. Por eso, aunque legal, puede que no sea bien vista. Más aún, no debiera existir, ya que ser Presidente es un honor y un servicio a la patria que no tiene por qué ser retribuido de por vida. Tampoco la de un diputado o la de un Ministro en las mismas condiciones. Pero no se justifica hacer escarnio público de personas honorables por algo que es un defecto del diseño institucional.

En sentido estricto los ex Presidentes no hacen nada ilícito al aceptar ese dinero que, como muchos otros estímulos, hoy se tiene y mañana no. Ellos no fueron quienes aprobaron la ley y esta es una sociedad basada en incentivos monetarios y normas, aunque para algunos resultan ser válidos para el ganso pero no para la gansa. Satanizar los incentivos monetarios es a penas propio del terrorismo neofascista y ultra liberal que campea hace rato en el valle central y que representan mejor que nada la tentación suicida del capitalismo.

Se ve claro entonces que este no es el caso de una pensión digna o verdadera, como derecho adquirido y consolidado después de 30 o 40 años de cotizaciones. La poca seriedad con que se ha tratado el tema es obvia por la mezcolanza abigarrada que los diputados han hecho en esta materia, en contubernio con una prensa acrítica, superficial y complaciente con los poderosos. La ley 9796 exacerba el conflicto que divide a la sociedad costarricense desde hace más de 30 años y crea más problemas de los que resuelve. Señal de que no es justa, puesto que la justicia pacifica tanto como la injusticia enerva; si fuera justa se defendería sola.

Por lo demás, en una República participativa, como la que establece el artículo 9 de la Constitución, una reforma de pensiones debiera ser un proceso transparente, participativo y concertado, con rigor técnico y sensibilidad social, garantizando confianza como ingrediente indispensable. El Presidente dejó claro que eso no le interesa al nombrar a doña Rocío Aguilar en la Superintendencia de Pensiones, burlándose sin disimular de la Contraloría. Ella ha reforzado la desconfianza al nombrar a Nogui Acosta. Puede que sea parte del magnánimo espíritu protector del Presidente, pero el hecho es que participación y acción ciudadanas no tienen ningún peso en su discurso. Lo cual no solo es inconsecuente con el nombre de su partido, sino que implica una posición poco democrática que no honra la norma superior.

En conclusión, todavía no se ha hablado con el rigor que merece de un tema tan complejo, pero el debate ya fue cerrado antes de abrirse, por una campaña que concita prejuicios, envidias y odios. Los daños morales y políticos, directos y colaterales, son cuantiosos; aunque todavía a nadie se le pasa factura. Por su parte, los trabajadores activos no parecen haber considerado debidamente lo que todo esto implica para su futuro. Pero ya se darán cuenta. El pato de la fiesta o «chivo expiatorio» ha sido un grupo de personas mayores a quienes no solo se les quiere confiscar sus ahorros, nuevamente y de modo discriminatorio, sino que encima se les difama gratuitamente y se les insulta porque defienden su derecho.

Ahora, la justicia tendrá que dirimir de qué lado está la razón. Si rige o no el principio de no retroactividad de la ley. Si se vale o no que el Estado-patrón legisle a su favor para evadir su responsabilidad social y sus compromisos legales; si el derecho defiende al débil o complace al fuerte en un asunto eminentemente laboral. Si está del lado del ciudadano, protegido del Soberano, o valida las pretensiones de un Estado abusivo mal encaminado por intereses politiqueros. Si los derechos humanos están pintados en la pared y sirven para ganar votos e imagen, o deben respetarse seriamente por seguridad jurídica de todos y para la defensa de la paz social y la democracia costarricense.

^[1] Lamentablemente, los integrantes de otros Poderes se están habituando a puyar a los magistrados como si fueran diputados que ceden a presiones mediáticas.

^[2] Como «evaluación de resultados y rendición de cuentas» que debería dirigirse al Pueblo, más que a la Asamblea Legislativa o al Poder Judicial, ese discurso no es de recibo. El nuevo Presidente de la Asamblea Legislativa se dio el lujo de eximirlo del «control político». Ambos incumplieron flagrantemente el artículo 11 de la Constitución, pues «Los funcionarios son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la Ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella.» Ellos que juraron cumplir con la norma superior. Ahora ¿quién podrá defendernos?

^[3] Ahora el Gobierno español ha mostrado interés en el «salario social básico» que se ha puesto en práctica en Asturias, desde hace una década, y que cuenta con otras réplicas que pueden servir de referencia.

Foto: Actividad de la Asociación de Funcionarios Universitarios Pensionados (AFUP)

¿Cuál foto veremos en el anuncio presidencial?

Escrito en 08/05/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

Juan Carlos Durán Castro, Secretario de Seguridad Social CTRN

La fotografía de las pandemias que vendrán en el campo económico, social y político para los próximos 2 años, en sus distintas tonalidades y sabores, sin duda será dibujada por el equipo económico este viernes 07 de mayo 2020, cuando se den a conocer las medidas que Don Carlos Alvarado Quesada no cito en su alocución del 04 de mayo ante la Asamblea Legislativa.

Nuestra lectura nos permite pensar en tres escenarios:

Escenario 1:

El duro:

Hacia la derecha y tomándole la palabra a UCCAEP, es decir, profundizar la reforma de la institucionalidad y dentro de este enfoque afinar la sierra en relación a la tesis ortodoxa de golpear el empleo público.

Enfoque que los propios organismos internacionales (FMI, BM, OCDE y hasta el propio Papa Francisco), protectores del corporativismo global han desautorizado en el contexto del desarrollo y la atención de la crisis sanitaria del COVID-19.

O sea, vender instituciones, flexibilizar jornadas, recortar presupuestos públicos y hasta la aplicación de la pena capital en derecho laboral: el despido.

Así desde esta mirada, es que este escenario antihumano y antiecológico pretende que saquemos y salvemos el país, una total contradicción que además ha probado ser un fracaso mundial.

Así es entonces que dando un paso más en la eliminación de derechos y destrucción del Estado que los sectores ganadores desde el TLC pretenden de nuevo convencer a la opinión pública con la ayuda de » los medios» y el manejo de redes, posesionado además la idea de que » Sacrificar» aún más al empleado público todo mejorará, siendo lo real y ya demostrado que esa ruta a fracasado, es decir, es una medicina que procrea pobreza mundial.

Ese verbo entrecomillado fue el que posesionó el lunes en 7 días Don Juan Carlos Hidalgo, como uno más del equipo del empobrecimiento nacional, quien según argumenta este sacrificio urge para que quede mayormente demostrada la solidaridad, mientras el equipo de los ricos sigue llenándose los bolsillos y engordando las cuentas en paraísos fiscales a costa de un sistema tributario antisolidario y regresivo que mete la mano en la mesa de comida de las mayorías.

En concreto la UCCAEP y sus aliados visibles e invisibles desean que el Gobierno deje de andar por la periferia del tema y se decida a sacar una buena parte del sueño empresarial de dinamitar el Estado, ese Estado que les sirve cuando conviene y que ha demostrado ser el trapito de dominguear a nivel global en medio de esta pandemia.

Escenario 2: El intermedio

En este según nuestro balance, es el que ha venido jugando el Gobierno con directrices, decretos y otras normas ya que en medio del escándalo de la UPAD, surgió el Covid-19 y esto obligo un replanteamiento de ruta, lo cual ha sido aprovechado por los sectores poderosos para apuntalar algunos temas de su agenda, ya que el tema del empleo público en su segunda etapa estaba pendiente posterior a la aprobación de la ley 9635, que no nos cabe duda, no ha resuelto el problema estructural del déficit fiscal del país.

En resumen, este escenario podríamos catalogarlo como un verdadero popurrí, pues posibilita tomar un poco de la UCCAEP ( seguramente lo esencial de su lógica neoliberal contra el empleo público y sin variaciones profundas en el esquema sistémico de privilegios a los más adinerados), y un poco de las propuestas de los sectores sociales y productivos ( posiblemente escogiendo acciones hacia sectores más vulnerables ( agro, construcción y turismo), para patear la bola en la confrontación social y paliar la pobreza, el desempleo y la informalidad, pero trastocando aspectos del empleo público y otras medidas que dejen bien parado al Poder Ejecutivo con los sectores de la derecha), pero permita además oxigenar al PAC de cara al 2022.

Escenario 3:

Inclinarse más al enfoque social, lo cual vemos poco probable o con menos opciones, dadas las diversas y ya conocidas conformaciones dentro del Gobierno y los demás Poderes del Estado, teniendo claridad meridiana de que los actores y actrices de enfoque social relativo son minoría.

Descritas estas opiniones iniciales sobre lo que pensamos podrían ser las medidas que serán anunciadas por el equipo económico del Gobierno, nos permitimos vaticinar que sectores como Turismo, agro y construcción serán prioridad de conformidad con el mapeo de impacto del Covid-19, que hemos percibido y que posiblemente los datos ratifiquen posteriormente.

Por otro lado creemos además que el tema de empleo público podría reaparecer en mesa del equipo económico y aunque sabemos y es normal y natural que haya mucha presión de la UCCAEP y otros actores en este eje prioritario de la derecha política y mediática, es real y concreto que la respuesta institucional a la pandemia sanitaria donde es el sector público en su conjunto ( sin hacer ningún tipo de separaciones tendenciosas y malintencionadas), el que ha puesto el pecho a las balas en todas las líneas de batalla y sin excepciónes como citamos es un plus incuestionable.

No cabe duda entonces que eso pesa bastante en la opinión pública (la encuesta de 7 días demostró parte de esa percepción social actual).

El hecho concreto de la actividad institucional del Estado como un todo forma parte de la nueva mirada del pueblo hacia sus instituciones, entonces no es casual entender el discurso de los sectores y actores que lo adversan o lo elogian según les sea más conveniente.

Este proceso en sí ha generado de igual forma un respetable nivel de empoderamiento en los que están en el campo de batalla contra el Covid-19, pero además este fenómeno lo percibimos en ciertos actores y actrices dentro de Gobierno en relación al tema del traído y llevado empleo público.

Pero más allá de estas valoraciones, debemos ver ya en la práctica hacia dónde se decanta lo de empleo publico

Las opciones son diversas, pasarlo a una mesa con OIT permitiría incorporar en principio aspectos más técnicos y menos políticos o bien el Poder Ejecutivo puede apostar a retomar o presentar proyectos de ley a la Asamblea Legislativa, lo cual igualmente re-configura diversos aspectos del tema ya que las prioridades o los cálculos electorales juegan para el tema, aunque también juegan para otros temas que se terminarán contaminando del virus electoral.

Por último, más allá de estas hipótesis, sólo queda la irreductible e histórica necesidad y urgencia de apostar por la re-articulación de un movimiento social que apueste a consolidar una mayoría legislativa que trace una ruta de navegación que permita transformaciones estructurales teniendo como puerto de llegada UN NUEVO CONTRATO SOCIAL PARA Costa Rica.

Virus de la corona-virus de la avaricia

Escrito en 05/05/2020. Publicado en Análisis.

Tragicomedia en cinco actos, con un preludio

Walter Antillón

Preludio

Cuando en los Siglos XVIII y XIX la burguesía europea pugnaba por derrocar las Monarquías del Antiguo Régimen, proclamaba la instauración del Estado Constitucional de Derecho, con un gobierno democrático que estaría al servicio de la mayoría del Pueblo, tal como lo sintetizara Lincoln en la forma: “Gobierno del Pueblo, por el Pueblo y para el Pueblo” La lógica del Capitalismo que desde entonces constituyó el modo de producción dominante en el Planeta, ha impedido sistemáticamente la consecución de aquella meta, y hoy, en el año 2020, la burguesía neoliberal ha logrado los siguientes records: que algo más de dos mil modestos millonarios posean más riqueza que el 60% de la población mundial (que son cerca de cinco mil millones de personas); y que, de ellos, mil trescientos millones sean multidimensionalmente pobres ¿Es esto gobernar para el Pueblo?

(La acción transcurre en tierras de Costa Rica, entre los años 1948 y 2020)

Acto Primero

La persecución sindical e ideológico-política desatada en el sector privado a partir de 1948, con su secuela de despidos y represalias laborales, impidió (salvo en las zonas bananeras) que los obreros, los empleados y los campesinos de dicho sector, dispersos, atemorizados y desprovistos de sus sindicatos, dialogarán paritariamente con sus patronos y consiguieran participar gradual y equitativamente en la distribución de la riqueza nacional. La desunión, la vulnerabilidad y el consiguiente estancamiento económico-social de aquel conglomerado humano (la mayoría de la fuerza laboral del País), prolongados durante más de cuarenta años, se revelan dramáticamente en la oprobiosa concentración de la riqueza y en el progresivo ensanchamiento de la brecha económica que ponen a Costa Rica entre los países más desiguales del Mundo. ¿Cuántos miles de millones de colones (para mencionar solamente el aspecto dinerario) dejó de percibir la clase trabajadora del sector privado costarricense durante ese lapso de tiempo de casi medio siglo?

Emulando al Papa, todos los gobernantes en Costa Rica deberían iniciar su gestión pidiendo públicamente perdón a las víctimas de semejante atropello: a las cinco generaciones de trabajadores costarricenses del sector privado que desde 1949 han sufrido ese crónico despojo patrimonial; y desde sus gobiernos deberían propiciar la formación de sindicatos que velen por los intereses de esas personas en el inicuo presente y en el futuro ominoso.

Acto Segundo

La persecución sindical e ideológico-política desatada a partir de 1948 retardó, mas no impidió el crecimiento del sindicalismo en el sector público, al no contar allí con el arma del despido fulminante. De modo que durante aquellos más de cuarenta años los trabajadores agrupados en sus sindicatos públicos, haciendo uso de la huelga y de la convención colectiva, consiguieron una mejora sostenida de sus salarios, mayores vacaciones y licencias, mejoras en los regímenes de preaviso, cesantía y pensiones de retiro y muchos otros beneficios laborales; así como brillantes hazañas en jornadas cívicas memorables, para la conservación de los institutos y las empresas del Estado Costarricense y el orden constitucional: el Combo, la expulsión de Millicom, el TLC.

Acto Tercero

La simbiosis entre los intereses de la oligarquía y las políticas elaboradas por sus propios miembros y los serviles que estuvieron al mando de los sucesivos gobiernos, dieron como resultado el acoso sistemático a las instituciones del Estado de Bienestar, e impidieron desde hace varios decenios el establecimiento y desarrollo de un robusto sistema impositivo de impronta progresiva, que garantizara la justicia tributaria en beneficio de los más pobres y a la vez proveyera sostenidamente al Estado de fondos limpios para sufragar el gasto público. En su defecto, los gobiernos echaron mano del recurso –a la larga ruinoso- del endeudamiento y del pordioserismo internacional, y propiciaron irresponsablemente un déficit creciente de las finanzas al estilo de ¡Après moi, le Deluge!

Acto Cuarto

Escena Primera: La acometida neoliberal desatada a partir del colapso de la Unión Soviética y sus satélites, a la recherche du temps perdu (cuya traducción infiel pero exacta es: ‘en busca del tiempo y las ganancias perdidas’), se ceba en los restos del Estado de Bienestar y le pone el ojo a los fondos de la seguridad social y a las conquistas laborales de los trabajadores del sector público.

Escena Segunda: Pretextando una grave crisis fiscal –que no era nueva, y que había sido provocada por la inercia cómplice de los regímenes anteriores en materia hacendaria y tributaria- el Gobierno actual, con el apoyo delirante de la prensa burguesa, convoca a los restantes Poderes jurídicos y fácticos a una Santa Cruzada contra los únicos culpables: los empleados públicos de Costa Rica, para despojarlos de los beneficios económicos y sociales conquistados durante muchos años; y también, como de pasada, de sus armas de lucha: el sindicato, la huelga.

Escena Tercera: Durante el tiempo en el que los tres Poderes del Estado sirvieron de correa de transmisión de los más bastardos intereses neoliberales para neutralizar y finalmente desembarazarse del sindicalismo público, último bastión en la defensa de los derechos del Pueblo Costarricense, el sector laboral privado, gran perdedor en el escenario costarricense del último medio siglo transcurrido, consumaba su suicidio político-laboral haciendo de comparsa a favor de la cruzada oligárquica que condujo a la promulgación de la Ley que ostenta el sarcástico nombre de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y a las leyes complementarias. En vez de tomar conciencia del robo del que ha sido víctima por medio siglo, y de la exacta identidad de sus victimarios, el trabajador del sector privado se deleita con el espectáculo del acoso al que se está sometiendo al empleado público por parte de la camarilla tripartita de los Poderes del Estado: su sueño no es elevarse a la altura y dignidad alcanzadas por el empleado público mediante años de organización y lucha, sino que éste sea derribado y reducido al nivel de subsistencia y de libertades mínimas en el que yace su propio sector laboral, en razón de su prolongado estado de inconsciencia político-laboral, de su impotencia y su aislamiento.

Acto Quinto

El horrendo flagelo del Coronavirus, como el gran nivelador, nos ha permitido, entre otras cosas, apreciar la mezquindad y la miopía de las estrategias que venían decretadas para el Mundo por los mandarines de la política neoliberal. En palabras de Reagan, tristemente célebres, el Estado, es decir, la Res-Pública, el Sector Público “ES EL PROBLEMA”; mayormente si se trata del Estado Benefactor que toma la iniciativa de garantizar universalmente la salud, la educación, el empleo, las mínimas condiciones para que todas las personas vivan con dignidad. Y entonces la solución era imponer a los Estados deudores, vulnerables a las presiones del BM y el FMI, un ajuste en sus estructuras (PAE) que consistía en devastar la fronda de las instituciones y las empresas públicas, rama por rama, hasta no dejar prácticamente nada: incluso el orden y la seguridad públicas, incluso la justicia (los minima minimorum del ‘Estado Gendarme’) podían ser sustituidos por la seguridad privada y por los arbitrajes nacionales e internacionales. De modo que la fiesta neoliberal había llegado lejos: la privatización de la seguridad social, la salud, la educación, las relaciones laborales, los servicios bancarios, los seguros, para que todo fuera asumido por la empresa privada, ha sido el espectáculo más común en las últimas décadas y en muchas partes del Planeta.

Y en eso se aparece el Coronavirus con su rasante virulencia: no respeta persona ni país, y en pocos meses se ha extendido por todas partes en grado de Pandemia, poniendo en riesgo la vida de millones, y con resultados económicos más ruinosos que los de las peores catástrofes financieras. Cierre general de los negocios; desempleo y desabastecimiento masivos; ruptura de encadenamientos económicos esenciales: ipso facto, el hambre hace acto de presencia en los sectores más carenciados: los que ganan en la mañana apenas para medio almorzar; y no cenan si la tarde no produjo. Los gobiernos se encuentran con que hay que resolver cada día todos estos problemas a la vez: la capacidad de los hospitales, el acceso inmediato a los medicamentos y equipos apropiados; el auxilio financiero a las empresas; la asistencia alimentaria masiva y la distribución de un subsidio mínimo general en los sectores más vulnerables, etc.

Entonces fue cuando los gobiernos comprobaron asombrados el tamaño de su impotencia frente a la crisis: cero capacidad instalada, porque por años habían desfinanciado sus programas de salud y habían desmantelado sus hospitales públicos: carecían, en general, de capacidad de servicio social masivo, porque habían abandonado alegremente todo programa social; pero además no tenían dinero, porque el dinero no había sido tributado; se había desvanecido en incentivos o en amnistías fiscales; y se había ido acumulando en uno de los lados de la brecha económica, y ahora estaba en los Paraísos Fiscales, o en Suiza, en cuentas cifradas, etc. ¿Tendremos que llenar diariamente millones de bocas hambrientas, o bien aplicar masivamente el cínico lema: “Contribuya a aliviar la crisis económica: cómase un pobre”?

Y entonces ¡Eureka! Aparece, entre otras, la gran solución: un impuesto sobre los salarios de los empleados públicos. Toda una Ideota que las Cámaras retoman gallardamente, ofreciendo además organizar Teletones para estimular la natural generosidad del Pueblo. Y aparece también la iniciativa de gravar las Pensiones de Lujo, la cual merece el apoyo –con y sin Pandemia- de toda persona consecuente, siempre y cuando el gravamen pueda ser graduado según sea que el monto se origine en un abusivo compadrazgo, o en el exacto resultado actuarial de una cotización legal sostenida durante treinta años.

Si me equivoco, me van a perdonar. Pero hasta donde sé, no existe de parte del Poder Ejecutivo, ni de la Asamblea Legislativa (excepto el Proyecto presentado por el Frente Amplio), ninguna iniciativa para que los ricos contribuyan sustancialmente, sacrificando parte de su riqueza en el sostenimiento del País durante la Pandemia.

Los ricos son avaros porque su gran amor es su dinero: el que ya tienen y el que sueñan con seguir atesorando. ¡Y claro! cuando las oligarquías dominan a los gobiernos, como ha ocurrido casi siempre en América Latina, los impuestos a las ganancias y a los grandes patrimonios no aparecen, o son simbólicos, y los gobiernos son impotentes (salvo para masacrar a sus propios ciudadanos). Eso es lo que le cuesta entender a Angela Merkel, aliada tradicional de los empresarios alemanes, según lo expresó en su reunión con el Presidente argentino Alberto Fernández, cuando dijo: Nunca entendí por qué en la Argentina los ricos no pagan más impuestos (Revista Página 12, el 8 de abril pasado).

En esa misma noticia nos enteramos de que el Presidente Fernández se prepara a cruzar el Rubicón para establecer un impuesto extraordinario al capital en Argentina (¡Cuidado, Presidente! por menos que eso tumbaron en Costa Rica a don Alfredo González Flores, hace algo más de cien años). En buena teoría hacendaria los impuestos extraordinarios no tienen razón de ser …salvo en situaciones extraordinarias. Porque en situaciones extraordinarias de ruina económica con emergencia alimentaria para las mayorías, no debe regir el principio tributario de no confiscación, sino el principio universal de solidaridad: hay que confiscar una porción razonable de la riqueza privada acumulada, esté donde esté, para impedir la muerte masiva por inanición de los grupos más carenciados.

La real diferencia entre los países civilizados y los países de América Latina está en la Justicia Social: Justicia Laboral, Justicia Tributaria, etc. Mientras que en Alemania el impuesto a las ganancias alcanza el 45%, en Costa Rica, con tasas comparativamente irrisorias para el Impuesto sobre la Renta, la cifra de la evasión fiscal ¡ha superado al Déficit Fiscal del País! Y de la Justicia Laboral ya hablamos: más de 50 años de depauperación por estancamiento de los derechos del sector laboral privado

La UCCAEP dice: la empresa privada no soporta más cargas. Pero veamos: ¿quiénes están detrás de esas empresas? ¿Y todo ese montón de gente que aparece exportando capitales en los ‘Papeles de Panamá’ (y ¿en cuántos otros ‘papeles’ que no han salido a la luz pública?)? ¿todos los que construyen y mantienen las grandes mansiones y los super-lujosos condominios? ¿y los dueños de los ‘4 por 4’ super-lujosos y del último año que se agolpan en los estacionamientos de los grandes centros comerciales? ¿y los dueños de los helicópteros y yates y aviones privados, tampoco muestran signos inequívocos de gran riqueza? Todos esos señores no son imaginarios ¿no son ellos, precisamente, los mismos costarricenses, el 10% de la población, que posee más del 70% de la riqueza del País, según lo muestra la Cepal y muchas otras fuentes?

Tienen la palabra el señor Presidente y los Padres de la infortunada Patria.

La peor peste: la pobreza

Escrito en 03/05/2020. Publicado en Análisis, Equidad y derechos de la mujer.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

El principal y gran desafío que enfrentamos como país es aplanar las curvas en ascenso de la desigualdad y el desempleo, generadoras de la peor peste: la pobreza.

Según el economista Leiner Vargas, la tasa de desempleo del 12.4% podría duplicarse después de la pandemia, alcanzando a más de 650. 0000 desempleados, y si a eso se le suma el subempleo del creciente sector informal la pobreza aumentará dramáticamente. En desigualdad estamos entre los mejores: ocupamos el octavo lugar a nivel mundial y el sexto lugar entre los países de América Latina.

El país logró avances significativos en contener la desigualdad y el empobrecimiento con el pacto social y político de los años 1940, que nos heredó la Costa Rica de los niños calzados y una robusta institucionalidad social, con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) a la cabeza.

Gracias a esa institución y sus visionarios fundadores, estamos logrando aplanar la curva del COVID-19. Seguimos viviendo de las glorias pasadas, porque para contener la peste de la pobreza, aplanando las curvas de la desigualdad y el desempleo, no tenemos una clase política visionaria y a la altura de los tiempos que vive el país.

Fue en la década de 1980 cuando se inició el camino escabroso hacia la ruptura de este pacto, con la aplicación de los Programas de Ajuste Estructural (PAES), por parte del bipartidismo: Partido Liberación Nacional y Partido Unidad Social Cristiana (PLUSC), atendiendo a las recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM). Estas políticas empobrecieron al país, incrementaron la desigualdad y bajaron su perfil de clase media. Hoy, el FMI vuelve a sus recetas con su añejo telele de recomendar al país vender activos.

Esa ruptura alcanza su punto culminante en el actual gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC), del señor Carlos Alvarado, que ha venido a profundizar los índices de desempleo y subempleo, protegiendo a los ricos y sus empresas y desprotegiendo a los trabajadores; precarizando a la clase media y profundizando la pobreza. Y en un contexto de pandemia, se castiga el ingreso de los trabajadores y pensionados del sector público, para ofrecer dadivas a los pobres que no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas.

Una vez más se evade la responsabilidad histórica, ética y política, de hacer que los ricos, de una vez por todas, paguen los impuestos como ricos. Es lamentable que se prefiera quebrar la Caja y hasta el país, con tal de no tocar las arcas llenas de los nuevos ricos.

Estamos ante una nueva clase política multipartidista que cogobierna para una oligarquía neoliberal frívola y egoísta, hoy representada en el país por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) y defendida por la “dictadura mediática”.

Para ocultar esta complicidad, se inventan y promueven planes salvadores –“pan y circo”, para el pueblo–, tales como el Plan Escudo y el Plan Avancemos en el gobierno del señor Oscar Arias (2006-2010), cuya modalidad se vuelve a reciclar con el Plan Fiscal de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y el Plan Proteger en el gobierno actual.

Este juego de aparentar gobernar a favor de los pobres cuando realmente se “Protege” a los ricos, es la estrategia propagandística utilizada para obtener dividendos político-electorales, por parte de una nueva clase política parasitaria que busca prebendas salariales o vínculos con el mundo de los grandes negocios: comerciantes de la política o “políticos empresarios”.

La realidad es que este cogobierno multipartidista, aliado incondicional de esta oligarquía empresarial, financiera y mediática, está contribuyendo a que cada día la peste de la pobreza cobre más víctimas.

Sin embargo, “no hay mal que dure cien años ni cuerpo (pueblo) que lo resista”. El cogobierno de unidad nacional, para salvar a los ricos y hundir a los pobres y a la clase media, tiene sus días contados, aunque las encuestas coyunturalmente lo favorezcan.

Estamos a las puertas del nuevo pacto social y político anti-oligárquico para la revitalización del Estado Social de Derecho. La única opción para aplanar la curva de la desigualdad y del desempleo y eliminar la peor peste: la pobreza.

Foto: Semanario Universidad

El fracaso del agronegocio: el momento de expandir la agroecología

Escrito en 09/04/2020. Publicado en Análisis, Madre Tierra.

BLOQUE VERDE

Durante los últimos treinta años una cúpula empresarial-política-académica ha orientado a la agricultura bajo la tiranía de la agroexportación, modelo que obliga a importar entre el 70 y el 80% de la comida de un país como Costa Rica. Hoy el agronegocio comienza a estar en crisis, debido al cierre de las fronteras dónde la mayoría de los productos vinculados al comercio exterior no puedan ser llevados a su destino final, al mismo tiempo, que los países del norte están reteniendo sus cosechas de los granos básicos previendo desabastos.

El fracaso del modelo de la agroexportación en un contexto de crisis sanitaria se resume en las declaraciones de la Cámara de Exportadores, la cual asegura que: “No podemos dejar que el pequeño agricultor no produzca, en tres meses la comida escaseará, vamos a tener escasez de alimento en todo el mundo”.

Hoy son estos mismos empresarios quienes dicen que debemos sembrar alimentos para el autoconsumo para disponer en el corto plazo. Son justamente los dueños del agronegocio los que siempre se ha beneficiado del dinero público para impulsar sus negocios privados, por encima del pequeño agricultor. Son los piñeros, bananeros y en general agroexportadores los que han acaparado el agua, arrinconado a las comunidades campesinas, esclavizado a los peones, contaminado el campo con agrotóxicos y sobretodo han mamado del dinero público. Por eso, ahora es ridículo que estén repartiendo por las calles piñas y melones rancios desechados de la agroexportación y haciéndose fotos para que la prensa les haga reportajes.

Recordemos que el sector agroexportador está muy concentrado en pocas manos. De casi cuatro mil empresas autorizadas para exportar, 76 acaparan el 66,5% de las ganancias. Para el sector agrícola es más dramático porque solo 10 empresas concentran más del 51% de los ingresos por la venta de productos frescos fuera de Costa Rica, y la mayoría son corporaciones trasnacionales.

El modelo del agronegocio ha fracasado y ha puesto en peligro la soberanía alimentaria (el derecho a tener alimentos en cantidades y calidades necesarias). Hoy son los mismos exponentes del agronegocio los que admiten su fracaso.

Pese a esto, el Gobierno de Carlos Alvarado parece seguir ciegamente sus indicaciones y aceptando sus abusos. La propuesta de UCCAEP es ridículamente suicida. Certificar y patentar semillas e importar más agroquímicos es más de lo mismo que nos ha traído hasta acá, a la inseguridad alimentaria. A tal punto de estar a tres meses de no conseguir alimento y no podamos estar fuertes en medio de una emergencia sanitaria, cuando es más urgente gozar de buena alimentación.

Es urgente y determinante que el país genere las condiciones para una revolución agroecológica. La calve para el futuro es justamente no repetir los errores del pasado. La producción agrícola descentralizada, pero articulada y comercialización a nivel local, fuera de los circuitos de distribución de las grandes cadenas de supermercados especuladores.

Es clave potenciar la agricultura urbana, sustituir los agrotóxicos por prácticas agroecológicas. Es necesario dotar de tierras a campesinos, sobre todo a personas jóvenes sin tierra. Es importante que el Estado deje de engordar los privilegios de la agroexportación de mercancías y apoye la producción de alimentos. La agricultura a pequeña escala puede alimentar al mundo, se reporta que campesinos y campesinas de todo el planeta producen el 70% de la comida con tan solo el 25% de la tierra cultivable (ETC, 2017). Por lo tanto, es un hecho comprobado que la justicia en el campo nos llevaría a ser un pueblo más resistente a eventos extremos como pandemias y la crisis climática.

Enviado a SURCOS por BLOQUE VERDE.