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UCR: ¿Cómo abordan las dos candidaturas a la Presidencia las problemáticas de preocupación ciudadana?

Escrito en 16/02/2022. Publicado en Derechos.

Los candidatos presidenciales que llegaron a la segunda ronda de elecciones presidenciales 2022 traen en sus planes de gobierno diferentes propuestas sobre los temas que más le preocupan a la ciudadanía según el corte de noviembre del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR). Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR

De cara a la segunda ronda electoral

Las propuestas de Figueres y Chaves

Previo a las elecciones nacionales 2022 que se llevaron a cabo este 6 de febrero, la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) en su corte de noviembre consultó a su población entrevistada sobre las principales preocupaciones de la ciudadanía que deberían ser abordados por la persona que llegue a la Presidencia de la República.

En este orden de la mayor a la menor prioridad, los temas que más preocuparon en ese corte fueron la corrupción, el desempleo, el costo de la vida y la situación socioeconómica, la mala gestión del gobierno, la pobreza, el COVID-19, la inseguridad y la delincuencia, la situación fiscal del país, y la educación.

En total 25 partidos políticos participaron en el primer balotaje, pero solo dos avanzaron a la segunda y definitiva ronda: Liberación Nacional y Progreso Social Democrático, cuyos aspirantes a la Presidencia son José María Figueres Olsen y Rodrigo Chaves Robles, respectivamente. ¿Cuáles son sus propuestas concretas en esas materias de interés que lo decidirán todo en abril?

Corrupción

En materia de lucha anticorrupción, si bien es cierto no tiene una temática específica en relación con este tema, el plan de gobierno del partido verdiblanco propone un acuerdo nacional con todas las fuerzas políticas y representantes de la sociedad civil organizada. Este acuerdo incluye un fuero especial para policías una vez empiecen a ejercer previa capacitación en la Escuela Nacional de Policía, pero a su vez las obligaciones de que se sometan a pruebas regulares a cargo de la Dirección General de Inspección Policial en el Ministerio de Seguridad Pública y que rindan cuentas de manera constante a la ciudadanía sobre sus actuaciones.

También se proponen la revocatoria de mandato contra ministros, presidencias ejecutivas y diputaciones, y el imponer el «silencio positivo» en los procedimientos administrativos, de modo que, si al término de los plazos establecidos no hay respuesta a las gestiones, se puedan dar como aprobados de manera automática.

Mientras que en el Partido Progreso Social Democrático se habla de establecer mecanismos jurídicos donde se incentive la denuncia de cualquier acto de corrupción, y más bien se castigue el no hacerlo apenas se tiene conocimiento de eso o siendo la autoridad correspondiente, no se tomen las medidas disciplinarias contra este delito (complicidad por omisión); así como de establecer sanciones severas contra quienes corrompen y quienes aceptan las dádivas; prohibir renegociar las licitaciones ya adjudicadas; crear una ley de protección al denunciante; un gobierno abierto a la prensa, las universidades y la ciudadanía, una publicación diaria de las agendas de todas las jerarquías públicas, obligatoriedad de comprar exclusivamente mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) del Ministerio de Hacienda, crear el Sistema de Transacciones Comerciales y Financieras para facilitar la trazabilidad de los ingresos de cualquier persona y un control de transacciones, facturas, tributación y aduanas; obligatoriedad de que las auditorías internas se confirmen en la Contraloría General de la República, y publicidad de las sesiones de Consejo de Gobierno, concejos municipales y juntas directivas de entidades estatales o autónomas.

Desempleo

En lo referente al desempleo, el plan de gobierno de Figueres Olsen propone bajar dicho porcentaje a menos de 7 puntos porcentuales para 2030 (hoy es de 18 % según sus propios números, y afecta más a mujeres que a hombres).

También busca hacer que el Ministerio de Trabajo garantice medidas como el pago equitativo entre hombres y mujeres al desempeñar la misma labor en igualdad de condiciones, que se cumplan las leyes laborales, que exista salario mínimo, reducir y simplificar los trámites, y poner un régimen contributivo con condiciones más favorables para las mujeres emprendedoras.

Otra propuesta gira en torno a adaptar la legislación y las prácticas laborales al teletrabajo de manera permanente.

Además, para las empresas en sectores dinámicos busca un programa masivo y focalizado de entrenamiento en colaboración con los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y Comercio Exterior, y otras instituciones de orden laboral y académico, mientras que para los sectores no dinámicos propone su reactivación. Por último, propone abrir un programa de inserción laboral para indígenas, e impulso a todo emprendimiento, con énfasis en microempresas y microemprendimientos de las mujeres indígenas.

Mientras que las propuestas del plan de gobierno Chaves Robles sobre este tema incluyen los permisos de trabajo en caso de silencio positivo; la prohibición de solicitar patentes, permisos, copias de cédula o de personería jurídica a las personas, y ligado con este punto, promover una interconexión entre las bases de datos del Estado. También se propone el trabajo por objetivos de política pública en alianza entre los sectores público y privado; mayores facilidades de acceso a sistemas financieros, red de cuido y otras herramientas para incentivar una mayor participación femenina en la fuerza laboral; un aumento en las graduaciones en las 10 áreas de más demanda laboral en el Instituto Nacional de Aprendizaje y en las carreras STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) de las universidades; menor porcentaje de cargas sociales a los salarios más bajos, bilingüismo universal en la educación primaria y secundaria, atracción de empresas internacionales novedosas y supresión de cobros mínimos de seguridad social.

Pobreza

Al evaluar las propuestas en materia socioeconómica y la pobreza, los mayores nortes de las propuestas figueristas son crear un Piso Económico o renta mínima Familiar para familias con bajos recursos económicos, un bono verde comunal, una reforma fiscal complementaria a la ya aprobada desde 2018 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Plan Fiscal o Ley 9635), mejorar la estructura del presupuesto, digitalizar los procesos de gasto en compra pública y gasto social, implementación de la Ley Marco de Empleo Público y una serie de mejoras en los sistemas fiscales, de modo que se eliminen algunos tributos, se reduzcan las cargas, y se dejen aquellos tributos progresivos, evaluaciones en los procesos de ingreso y al funcionariado de Tributación y Aduanas.

Mientras tanto, el chavismo propone aplicar la reforma fiscal para todas las personas, quitar las exenciones fiscales, tener una sola escala salarial con incentivos contra excelente desempeño, un solo sistema de pensiones, reducir los intereses de deuda pública y el pago de alquileres, focalizar el gasto social, reducir las contribuciones de la seguridad social al aumentar la base contributiva, financiar a las instituciones educativas para que impartan carreras de alta demanda laboral e impulsar los créditos contra viabilidad de los proyectos y experiencia de quien quiere emprender.

Con respecto a la salud, las propuestas abundan. Algunas de las principales del candidato Figueres Olsen incluyen sistema nacional de salud integrado que involucre a varias instituciones relacionadas tanto con este rubro como con la educación, la actividad física y deporte, las municipalidades, los seguros y el agua; crear áreas de salud indígenas en Turrialba, Limón y Talamanca según sus propias cosmovisiones, otras dos regulares en Cartago y Pérez Zeledón y una fábrica de vacunas en el país que cree inmunizaciones contra el COVID-19, influenza y siguientes enfermedades. Todo bajo la rectoría del Ministerio de Salud.

Por otro lado, Chaves Robles propone integrar los sistemas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Seguros; reducir la tramitología en el Ministerio, incluir el Expediente Digital Único de Salud (EDUS) en la medicina privada, eliminar las labores administrativas de las personas médicas y ampliarles los horarios y turnos con el fin de acortar las listas de espera médicas.

Seguridad

En materia de seguridad, el expresidente de la República busca una reforma a la Ley General de Policía y convertirla en Sistema de Seguridad Ciudadana; elaborar un Sistema de Seguridad Nacional interinstitucional que incluya a diferentes instituciones, los Supremos Poderes, la ciudadanía organizada o no, las comunidades, y los Ministerios de Gobernación, Policía y Seguridad Pública; convertir la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) en la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), establecer alianzas, convenios y tratados con otros países, una Ley de Extinción de Dominio que castigue el narcotráfico nacional e internacional, mejores condiciones laborales para los cuerpos policiales, respetar el derecho a la legítima defensa facilitando el registro de armas para portación y atacando la posesión de armamento ilegal por bandas criminales y delincuentes; y una política migratoria que agilice los trámites y simplifique el ingreso de personas inmigrantes y regularizarles para proteger sus derechos laborales y de salud y que, al integrarse a la sociedad costarricense puedan contribuir con el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social.

Por otro lado, el exministro de Hacienda y antiguo funcionario del Banco Mundial propone regular aquellos negocios que venden productos de segunda mano cuyo origen no es claro, y sacar de circulación a aquellos que comercian con artículos robados. Asimismo, otras propuestas van en torno a brindar asesoría legal a los policías acusados civil y penalmente, crear programas de acompañamiento para capacitarse y mantenerse económicamente activos a aquellos efectivos que por edad se retiran, proporcionarles equipo tecnológico de avanzada, y crear empresas sociales entre el sector privado y las personas privadas de la libertad de tránsito, con el fin de que estas puedan ejercer su derecho al trabajo.

Educación

Por último, en materia de educación, algunas de las propuestas liberacionistas consisten en quitarle el recargo administrativo a quienes se desempeñan en la docencia, dirigen los centros educativos o supervisan las regiones educativas con el fin de que se circunscriban únicamente a lo educativo; capacitar a cada docente en alfabetización digital y educación bimodal, desarrollo de habilidades matemáticas y científicas, así como de lectura y comprensión; mayor atención por las Direcciones Regionales de las zonas y poblaciones más rezagadas en lectoescritura, su comprensión, su expresión, las habilidades matemáticas, de comunicación en inglés, perfil de conocimientos y competencias esenciales en otras materias, pruebas diagnósticas nacionales, mayor y mejor conectividad en escuelas y colegios y dotación de equipos a estudiantado y cuerpo docente, mayor oferta educativa, intervenir de emergencia aquellos centros declarados por el Ministerio de Salud como inhabitables; garantizar presupuesto para becas, transporte y alimentación estudiantil; y hacer una reforma educativa integral de modo que se enseñen contenidos útiles para la vida y el futuro.

Además, se busca mejorar las condiciones de salud y de trabajo de estudiantes y docentes, darle plaza en propiedad a cada docente con evaluaciones óptimas y al menos tres años consecutivos de interinazgo, y ubicarles en los centros educativos más cercanos a sus residencias.

Igualmente, busca alianzas con universidades públicas y privadas para adaptar la formación inicial docente a los nuevos tiempos y las competencias requeridas a lo largo de este siglo XXI; pero no de forma total, sino regional, y de acuerdo con lo que cada una de ellas requiere; así como con entidades público privadas para implementar la Alianza por el Bilingüismo (Abi), algo a lo que Figueres Olsen aspira en su objetivo de incluir al inglés en la lista de lenguajes oficiales para 2040.

Otras de sus propuestas radican en una serie de programas cuyos objetivos van orientados a mejorar los procesos de aprendizaje, elevar los resultados evaluatorios, que haya un perfil de aprendizajes deseados, lograr un interés y compromiso estudiantil con sus labores educativas al identificar y potenciar sus modos de aprendizaje y capacidades, así como comprometer a padres y madres de familia con la educación de sus descendientes.

Mientras tanto, las propuestas de Chaves Robles en esta materia se orientan a la actualización profesional del cuerpo docente, educación en carreras STEM, habilidades blandas y educación financiera, educación técnica y dual, establecer alianzas con organizaciones multinacionales, evaluar con exámenes digitales la calidad de aprendizaje y de enseñanza cada tres niveles, y hacer obligatorio el bilingüismo.

Juan Pablo Rodríguez Campos,
Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR

UCR, Voz experta: Sobre unas elecciones endémicas

Escrito en 19/01/2022. Publicado en Derechos.

Sergio Rojas Peralta, docente de la Escuela de Filosofía e investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.

Se carece de un proyecto común, lo cual es un problema de la clase política, pero también de la ciudadanía en general

Nos invaden candidaturas llenas de una cierta arrogancia de poder resolver los problemas, sin haber explicado tan siquiera en qué consisten

Las elecciones se avecinan. Con mucha prisa y poco debate. Precipitados y precipitadas sobre la elección, vemos cómo candidatos y candidatas balbucean sus ideas. Sí, las balbucean, mejor o peor según los casos, pero lo que hacen es balbucear, si no simplemente expresar una letanía de desgracias que no comprenden ni entienden cómo afrontar. La política nacional ha consistido en los últimos decenios en predicar abstractamente un cambio. El problema de la abstracción radica en imaginar un futuro mejor, desearlo, pero nunca decir cómo se alcanza ese futuro. Incluso cuando se indican unas ciertas políticas que señalan la descarga económica de la ciudadanía, no se indica nunca las consecuencias negativas que implican esas políticas: gastar más y suprimir impuestos es genial, pero ¿cómo?; privatizar todo, como si todos y todas tuviésemos espíritu empresarial –como si el hecho de convertirnos en comerciantes a todas y todos resolviera el asunto-, y un largo etcétera. Veinticinco propuestas para estar mejor: claro, ¿quién no desea estar mejor? Pero eso no basta. ¿Qué es entonces necesario?

Viendo los perfiles de quienes se postulan a la presidencia o a una diputación, sale a la vista que dentro de los primeros, primeras, la mayoría ha ocupado como mucho un puesto de diputación. Y dentro de los segundos, si no se formulan como repitentes para una diputación, no han ocupado cargo público alguno. ¿Cuántos y cuántas conocen las complicaciones y dificultades de la administración pública desde dentro? ¿Quiénes saben que deben lidiar con una clase funcionaria que no es electa y que está siempre ahí y que el cambio les mortifica –por decirlo claramente-? Cuando se estudia los perfiles presentados ante el Tribunal Supremo de Elecciones, se ve que la mayoría no ha ocupado un cargo público. ¿Qué significa esto?

Hay por lo menos un optimismo ingenuo según el cual llegar a presidente o presidenta, a diputado o diputada resuelve las cosas. Pero parece que esto significa varias cosas.

Primero, nos encontramos la idea muy acentuada y extendida según la cual ocupar los puestos superiores resuelven las cosas. Resuelven las cosas como si los mandos intermedios o incluso las bases (hablo de las instituciones, no de los partidos) no pudiesen, no quisiesen intervenir u oponerse según sus conveniencias, ¿acaso la conveniencia de cada uno no sea defendida? Parecen nuevos.

Segundo, nos encontramos la creencia igualmente extendida que los problemas se resuelven haciendo leyes. Promulgar más leyes, además del batiburrillo administrativo que produce, no significa nada, si no va acompañado de un cambio cultural en la administración y en la ciudadanía. Si hay corrupción, se prefiere hacer más leyes que aplicar las leyes –sobre al interno de las instituciones-. Estudiado está el hecho de que la ley por sí misma no cambia las cosas. Alguien la debe ejecutar y parece que el problema no radica que en tengamos malas leyes o una mala constitución –lo cual además académicamente no ha sido demostrado-, sino en que no parece que estemos dispuestos a aplicarlas o, incluso diría, a someternos a ellas. Dicho así, no sé por qué ser libertarios o por qué ser anarquistas, si en el país parece cada cual hace como le parece sin mirar a quién, sin mirar la ley.

Tercero, muy en consonancia con el primer punto, que por una reputación o una genialidad, se trataría de las personas candidatas de personas superiores –muy a pesar de ver que sus cualificaciones dejan mucho que desear, no ya del conocimiento que puedan tener de la cosa pública, sino del simple hecho de saber expresarse oralmente en público, unos más, otros menos-. Nos invaden candidaturas llenas de una cierta arrogancia de poder resolver los problemas, sin haber explicado tan siquiera en qué consisten, menos aún de los métodos… Caídos del cielo, estas potencias angélicas –y además parece que entre los y las votantes se espera a un ángel o a una santa o algo similar para ocupar los cargos- nos vienen a iluminar. Prefiero al viejo y pobre Diógenes que provocadoramente busca de día con su lámpara en mano a alguien honesto. Resulta curioso que pocas personas candidatas hayan sido regidoras, concejales o alcaldes, antes de aspirar a puestos de presidencia o diputación. Sin mencionar el hecho según el cual, les da la impresión de que pueden hacer o proponer lo que les venga a la mente. La presidencia o una diputación tienen el inconveniente –agravante, se podría agregar- de poder proponer más o menos cualquier cosa, lo cual no ocurre con los otros puestos o puestos inferiores a esos. Esto subraya el desconocimiento de la cosa pública por parte de las personas candidatas.

Al margen de las cosas estructurales, que son ya muchas y muy graves, nos encontramos con el hecho de ver candidaturas oportunistas. Es parte de la naturaleza humana. Las pruebas Faro no nos inmunizarán contra eso, y seguramente no habrá prueba alguna que forme la personalidad y el carácter para evitar soñar despiertos, ni considerar que se tiene la panacea en el botiquín. No bastó que un candidato en los años ochenta se opusiera a que un expresidente intentara lanzarse. No bastó que ese candidato, una vez presidente, no hiciera lo propio para volver, él sí, a lanzarse y, además, con éxito. No bastó ver un candidato perder, hay que verlo volver veinte años después. Y también, nuevamente, otro expresidente. Y todos, llenos de una sabiduría –a veces cuántica, es decir, para el caso, a veces sí, a veces no-, no tienen el reparo de venir a arreglar las cosas que en parte echaron a perder.

Pero no basta con todo ello. Hay aún que escuchar los discursos de izquierda y de derecha como si de la década de los sesenta se tratara y escuchar la perorata de que el sector privado esto y el sector público aquello. Curiosamente, ambos sectores funcionan –perdón por la exageración, quise decir disfuncionan- en el mismo tono. Tanto en uno hay que esperar seis meses para un repuesto –no vaya a ser que las bodegas se llenen- como seis meses para ser operado. Exagero, pueden ser más meses evidentemente. El problema del país es la cultura institucional y nuestras candidatas y candidatos, a la presidencia o a las diputaciones solo juegan con sus puestos, con sus oportunidades, pero no parecen plantear nada serio con lo cual trabajar.

La democracia está fundada sobre una apuesta sobre los cargos elegibles. O al azar –cosa que en algunas ocasiones los atenienses de la Antigüedad estuvieron de acuerdo- o por pocos requisitos –una cierta edad y poco más, como en nuestro caso-. En 2018, acabadas las elecciones, se discutió sobre los requisitos para ocupar el cargo en diputaciones. La democracia no apunta a lo mejor, ni a los méritos, sino a la representatividad. Es problemático, porque evidentemente cualquiera esperaría tener a la persona mejor formada o mejor preparada para ocupar los puestos. Y de hecho, nos preparamos para evaluar las candidaturas según una cierta idea abstracta de lo mejor –la abstracción no es monopolio de los políticos, también forma parte de la construcción del imaginario de quienes votan-. Y entonces, no formulamos legalmente muchos requisitos, pero evaluamos como si cumplieron unos espléndidos pero abstractos requisitos (porque tampoco tenemos una buena medida para medir los “méritos”). Pero esa no es la definición de la democracia; es la de la aristocracia.

En consecuencia, ¿deberíamos resignarnos a los peores? Aristóteles, por muy conservador que fuera –que lo fue-, apuntaba, al contrario de alguna aristocracia, que el gobierno no debía quedar en mano de los mejores –y lejos que estamos, de todas maneras, y habría que discutirlo, porque lo mejor de nuestra ciudadanía no está en las papeletas-, sino en los comunes, entreviendo que en el común hay una inteligencia –hoy diríamos colectiva- que en una cierta consonancia es capaz de atender los problemas. Nuestro problema radica en que en los últimos años nos hemos dedicado a producir disonancias, polarización, en lugar de ser capaces de dialogar. Esto se confirma por la cantidad de candidatas y candidatos. Al mismo tiempo, las propuestas de quienes se postulan son abstractas, simples, tal vez simplistas, poco generosas en la exposición y en ese sentido poco planificadas y ambiciosas a largo plazo. Y las personas candidatas entre sí se critican sobre la misma abstracción –ya sabemos que no van a votar por los demás, pero podrían hacer las preguntas que la ciudadanía no tiene oportunidad de hacerles-. Las abstracciones no se combaten con más abstracciones. Además, en algunos casos parecen ignorar el funcionamiento de la administración pública, lo cual hace que las propuestas sean más abstractas aún, al punto que parecen tener que ocupar el cargo para hacerse una mejor idea de lo que hay que hacer (faltaría entonces experiencia).

El conjunto de tantas propuestas, a veces las mismas, complica la labor de los y las votantes. La tarea no es sencilla y está cargada de responsabilidad. ¿Acaso deberíamos terminar votando al azar? ¿Acaso en realidad simplemente no faltan más candidatos, unos cinco millones más, para que el proceso al azar fuera más exacto? ¿O simplemente el voto, aunque no siguiese ese “método” aleatorio, no terminaría siendo al azar incapaces los electores y electoras de ver las diferencias significativas? Si últimamente se ha vuelto cada vez más común pasar a una segunda ronda, quizás no sea simplemente por la cantidad de propuestas que dividen los votos, sino porque de manera natural se instala un modo “selectivo” que responde más al azar que a la preparación de la clase política –si tal clase lo es efectivamente-, a la falta de propuestas concretas y ejecutables, a la falta de un conocimiento suficiente –informado, como dice el TSE-. Tal vez expresen los y las candidatas representativamente las diferencias, pero muestra la carencia de un proyecto común. Y esto es tanto un problema de la clase política como de la ciudadanía en general.

Sergio Rojas Peralta,
Docente de la Escuela de Filosofía e investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas, UCR

Pobreza, desigualdad y discriminación entre los principales retos del país, según encuesta de la UCR y PNUD

Escrito en 09/12/2021. Publicado en Derechos.

El 77% de la población encuestada reconoce que la manera en cómo ejercen su voto puede mejorar las acciones en el futuro. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.

Estudio pretende orientar el diseño de políticas públicas viables basadas en evidencia con enfoque de economía verde y perspectiva de género.

Con el objetivo de elevar el debate democrático en Costa Rica mediante evidencia sólida y verificable, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR) presentaron este miércoles los resultados de la Encuesta Nacional “Construyendo una Ruta Común hacia el 2030” (ENCORU 2021).

ENCORU 2021 expone la valoración que tienen las personas del sistema democrático, las instituciones, el rol del Estado, la igualdad, la discriminación e imaginarios políticos entorno a lo ambiental. Por ejemplo, 77 % de la población encuestada reconoce que la manera en cómo ejercen su voto puede mejorar las acciones en el futuro, incluyendo la forma en la que se aborda el desempleo, la desigualdad y la discriminación, sin embargo 56,5 % tienen poco o nada de interés en la política y 70 % señalan que los partidos políticos actuales no representan sus intereses y aspiraciones.

Otros de los principales resultados del estudio, destacan:

53,4% de las personas indicó que tiene mucho orgullo u orgullo de vivir en el sistema político de Costa Rica, aspecto que se refuerza con el 83,7% que indicó que la democracia es preferible a cualquier forma de gobierno, y del 53% que indican que están satisfechas o muy satisfechas con la forma en que funciona la democracia en Costa Rica.
La mayoría de las personas entrevistadas cree mucho en la validez de establecer procesos pacíficos para encontrar soluciones y expresarse como el diálogo (58,5%), formar comisiones con representantes de diversos sectores (56,6%), así como buscar una persona mediadora (48%); porcentajes que pueden aumentar a más del 80% si se considera también las respuestas que consideran “algo” válido estos mecanismos.
El 86% de las personas considera estar muy de acuerdo y de acuerdo que, en igualdad de condiciones, votarían de igual forma por un hombre o por una mujer para ser presidente o presidenta, diputado o diputada y alcalde o alcaldesa.
La mayoría de las personas consideran que la igualdad entre hombres y mujeres debe estar presente en los diferentes ámbitos de la vida, como el educativo y laboral.
Las personas consideran, en más del 95%, que las empresas privadas, municipalidades, el Estado y los vecinos tienen la responsabilidad de proteger el ambiente / los recursos naturales.

Los principales retos expuestos son:

El 95% de las personas entrevistadas indicaron que en Costa Rica no todas las personas viven bien. Al consultar por quiénes son esas personas que no viven bien, el 41% identificó principalmente a las personas de bajos recursos económicos o en pobreza extrema, así como las personas desempleadas (17,2%).
Destaca también la responsabilidad que asignan las personas al Estado costarricense para alcanzar objetivos asociados a protección de grupos de población en situación de vulnerabilidad (niñez, personas adultas mayores, condición de pobreza), derechos de las mujeres, acceso a educación y salud, derechos laborales y protección de víctimas de violencia.
El 45% de las personas indicaron no tener ninguna disposición para el pago de impuestos, aunque estos sean para mejorar servicios públicos. Pero en contraposición un 41% indicó estar muy de acuerdo o de acuerdo con pagar más impuestos para mejorar programas públicos de educación y salud dirigidos a las personas más pobres del país, hecho que nos dice que las personas tienen disposición siempre y cuando se conozca el uso de dichos recursos.
6 de cada 10 personas afirmaron haber sido discriminadas en al menos una oportunidad, lo cual señala que este es un tema que merece mucha atención. Las razones más comunes para ser víctima de discriminación corresponden a la condición económica o social (35,6%), edad (32,4%) y sexo (20,7%).
Al evaluar que tan difícil es la vida para las personas en Costa Rica, se encontró que el 77% identifica que son las personas con discapacidad las que presentan mayores dificultades, seguido por ser nicaragüense o indígena (57%), LGBTI (41%), mujer (34,5%), afrodescendiente (29,5%) y joven (21,5%).

“El derecho al voto, que no es la única forma de participación, pero sí un componente fundamental del sistema democrático, debe ejercerse lejos de la desinformación y las noticias falsas, del dogmatismo y el populismo, de la intolerancia y la discriminación. Es necesario que la reflexión que anticipa la asistencia a las urnas se sustente en un conocimiento claro de los problemas nacionales y comunitarios y la valoración de las mejores propuestas para atenderlos”, puntualizó José Vicente Troya, Representante Residente del PNUD.

Por su parte, Johnny Madrigal, Director de la Escuela de Estadística destacó que “es de vital importancia contar con la aplicación de estudios de opinión que permitan mantener el pulso de la percepción y creencias de tienen las personas sobre la realidad nacional, ya que este tipo de insumos apoyan a identificar los retos que deben atenderse como país”.

Sobre la metodología

La encuesta se realizó a una muestra de 703 entrevistas, entre el 18 de agosto y el 22 de octubre del 2021, considerando un nivel de confianza del 95% y un error del 3,7%. La población de estudio fue todas las personas mayores de 18 años, costarricenses o residentes con más de un año de estar en el país, al momento de aplicar la entrevista, con teléfono celular activo.

Comunicación PNUD