UCR: ¿Cómo abordan las dos candidaturas a la Presidencia las problemáticas de preocupación ciudadana?

Los candidatos presidenciales que llegaron a la segunda ronda de elecciones presidenciales 2022 traen en sus planes de gobierno diferentes propuestas sobre los temas que más le preocupan a la ciudadanía según el corte de noviembre del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR). Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR

De cara a la segunda ronda electoral

Las propuestas de Figueres y Chaves

Previo a las elecciones nacionales 2022 que se llevaron a cabo este 6 de febrero, la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) en su corte de noviembre consultó a su población entrevistada sobre las principales preocupaciones de la ciudadanía que deberían ser abordados por la persona que llegue a la Presidencia de la República. 

En este orden de la mayor a la menor prioridad, los temas que más preocuparon en ese corte fueron la corrupción, el desempleo, el costo de la vida y la situación socioeconómica, la mala gestión del gobierno, la pobreza, el COVID-19, la inseguridad y la delincuencia, la situación fiscal del país, y la educación

En total 25 partidos políticos participaron en el primer balotaje, pero solo dos avanzaron a la segunda y definitiva ronda: Liberación Nacional y Progreso Social Democrático, cuyos aspirantes a la Presidencia son José María Figueres Olsen y Rodrigo Chaves Robles, respectivamente. ¿Cuáles son sus propuestas concretas en esas materias de interés que lo decidirán todo en abril?

Corrupción

En materia de lucha anticorrupción, si bien es cierto no tiene una temática específica en relación con este tema, el plan de gobierno del partido verdiblanco propone un acuerdo nacional con todas las fuerzas políticas y representantes de la sociedad civil organizada. Este acuerdo incluye un fuero especial para policías una vez empiecen a ejercer previa capacitación en la Escuela Nacional de Policía, pero a su vez las obligaciones de que se sometan a pruebas regulares a cargo de la Dirección General de Inspección Policial en el Ministerio de Seguridad Pública y que rindan cuentas de manera constante a la ciudadanía sobre sus actuaciones. 

También se proponen la revocatoria de mandato contra ministros, presidencias ejecutivas y diputaciones, y el imponer el “silencio positivo” en los procedimientos administrativos, de modo que, si al término de los plazos establecidos no hay respuesta a las gestiones, se puedan dar como aprobados de manera automática. 

Mientras que en el Partido Progreso Social Democrático se habla de establecer mecanismos jurídicos donde se incentive la denuncia de cualquier acto de corrupción, y más bien se castigue el no hacerlo apenas se tiene conocimiento de eso o siendo la autoridad correspondiente, no se tomen las medidas disciplinarias contra este delito (complicidad por omisión); así como de establecer sanciones severas contra quienes corrompen y quienes aceptan las dádivas; prohibir renegociar las  licitaciones ya adjudicadas; crear una ley de protección al denunciante; un gobierno abierto a la prensa, las universidades y la ciudadanía, una publicación diaria de las agendas de todas las jerarquías públicas, obligatoriedad de comprar exclusivamente mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) del Ministerio de Hacienda, crear el Sistema de Transacciones Comerciales y Financieras para facilitar la trazabilidad de los ingresos de cualquier persona y un control de transacciones, facturas, tributación y aduanas; obligatoriedad de que las auditorías internas se confirmen en la Contraloría General de la República, y publicidad de las sesiones de Consejo de Gobierno, concejos municipales y juntas directivas de entidades estatales o autónomas. 

Desempleo

En lo referente al desempleo, el plan de gobierno de Figueres Olsen propone bajar dicho porcentaje a menos de 7 puntos porcentuales para 2030 (hoy es de 18 % según sus propios números, y afecta más a mujeres que a hombres). 

También busca hacer que el Ministerio de Trabajo garantice medidas como el pago equitativo entre hombres y mujeres al desempeñar la misma labor en igualdad de condiciones, que se cumplan las leyes laborales, que exista salario mínimo, reducir y simplificar los trámites, y poner un régimen contributivo con condiciones más favorables para las mujeres emprendedoras. 

Otra propuesta gira en torno a adaptar la legislación y las prácticas laborales al teletrabajo de manera permanente.

Además, para las empresas en sectores dinámicos busca un programa masivo y focalizado de entrenamiento en colaboración con los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y Comercio Exterior, y otras instituciones de orden laboral y académico, mientras que para los sectores no dinámicos propone su reactivación. Por último, propone abrir un programa de inserción laboral para indígenas, e impulso a todo emprendimiento, con énfasis en microempresas y microemprendimientos de las mujeres indígenas. 

Mientras que las propuestas del plan de gobierno Chaves Robles sobre este tema incluyen los permisos de trabajo en caso de silencio positivo; la prohibición de solicitar patentes, permisos, copias de cédula o de personería jurídica a las personas, y ligado con este punto, promover una interconexión entre las bases de datos del Estado. También se propone el trabajo por objetivos de política pública en alianza entre los sectores público y privado; mayores facilidades de acceso a sistemas financieros, red de cuido y otras herramientas para incentivar una mayor participación femenina en la fuerza laboral; un aumento en las graduaciones en las 10 áreas de más demanda laboral en el Instituto Nacional de Aprendizaje y en las carreras STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) de las universidades; menor porcentaje de cargas sociales a los salarios más bajos, bilingüismo universal en la educación primaria y secundaria, atracción de empresas internacionales novedosas y supresión de cobros mínimos de seguridad social.

Pobreza

Al evaluar las propuestas en materia socioeconómica y la pobreza, los mayores nortes de las propuestas figueristas son crear un Piso Económico o renta mínima Familiar para familias con bajos recursos económicos, un bono verde comunal, una reforma fiscal complementaria a la ya aprobada desde 2018 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Plan Fiscal o Ley 9635), mejorar la estructura del presupuesto, digitalizar los procesos de gasto en compra pública y gasto social, implementación de la Ley Marco de Empleo Público y una serie de mejoras en los sistemas fiscales, de modo que se eliminen algunos tributos, se reduzcan las cargas, y se dejen aquellos tributos progresivos, evaluaciones en los procesos de ingreso y al funcionariado de Tributación y Aduanas. 

Mientras tanto, el chavismo propone aplicar la reforma fiscal para todas las personas, quitar las exenciones fiscales, tener una sola escala salarial con incentivos contra excelente desempeño, un solo sistema de pensiones, reducir los intereses de deuda pública y el pago de alquileres, focalizar el gasto social, reducir las contribuciones de la seguridad social al aumentar la base contributiva, financiar a las instituciones educativas para que impartan carreras de alta demanda laboral e impulsar los créditos contra viabilidad de los proyectos y experiencia de quien quiere emprender. 

Con respecto a la salud, las propuestas abundan. Algunas de las principales del candidato Figueres Olsen incluyen sistema nacional de salud integrado que involucre a varias instituciones relacionadas tanto con este rubro como con la educación, la actividad física y deporte, las municipalidades, los seguros y el agua; crear áreas de salud indígenas en Turrialba, Limón y Talamanca según sus propias cosmovisiones, otras dos regulares en Cartago y Pérez Zeledón y una fábrica de vacunas en el país que cree inmunizaciones contra el COVID-19, influenza y siguientes enfermedades. Todo bajo la rectoría del Ministerio de Salud. 

Por otro lado, Chaves Robles propone integrar los sistemas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Seguros; reducir la tramitología en el Ministerio, incluir el Expediente Digital Único de Salud (EDUS) en la medicina privada, eliminar las labores administrativas de las personas médicas y ampliarles los horarios y turnos con el fin de acortar las listas de espera médicas.

Seguridad

En materia de seguridad, el expresidente de la República busca una reforma a la Ley General de Policía y convertirla en Sistema de Seguridad Ciudadana; elaborar un Sistema de Seguridad Nacional interinstitucional que incluya a diferentes instituciones, los Supremos Poderes, la ciudadanía organizada o no, las comunidades, y los Ministerios de Gobernación, Policía y Seguridad Pública; convertir la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) en la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), establecer alianzas, convenios y tratados con otros países, una Ley de Extinción de Dominio que castigue el narcotráfico nacional e internacional, mejores condiciones laborales para los cuerpos policiales, respetar el derecho a la legítima defensa facilitando el registro de armas para portación y atacando la posesión de armamento ilegal por bandas criminales y delincuentes; y una política migratoria que agilice los trámites y simplifique el ingreso de personas inmigrantes y regularizarles para proteger sus derechos laborales y de salud y que, al integrarse a la sociedad costarricense puedan contribuir con el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social. 

Por otro lado, el exministro de Hacienda y antiguo funcionario del Banco Mundial propone regular aquellos negocios que venden productos de segunda mano cuyo origen no es claro,  y sacar de circulación a aquellos que comercian con artículos robados. Asimismo, otras propuestas van en torno a brindar asesoría legal a los policías acusados civil y penalmente, crear programas de acompañamiento para capacitarse y mantenerse económicamente activos a aquellos efectivos que por edad se retiran, proporcionarles equipo tecnológico de avanzada, y crear empresas sociales entre el sector privado y las personas privadas de la libertad de tránsito, con el fin de que estas puedan ejercer su derecho al trabajo.

Educación

Por último, en materia de educación, algunas de las propuestas liberacionistas consisten en quitarle el recargo administrativo a quienes se desempeñan en la docencia, dirigen los centros educativos o supervisan las regiones educativas con el fin de que se circunscriban únicamente a lo educativo;  capacitar a cada docente en alfabetización digital y educación bimodal, desarrollo de habilidades matemáticas y científicas, así como de lectura y comprensión; mayor atención por las Direcciones Regionales de las zonas y poblaciones más rezagadas en lectoescritura, su comprensión, su expresión, las habilidades matemáticas, de comunicación en inglés, perfil de conocimientos y competencias esenciales en otras materias, pruebas diagnósticas nacionales, mayor y mejor conectividad en escuelas y colegios y dotación de equipos a estudiantado y cuerpo docente, mayor oferta educativa, intervenir de emergencia aquellos centros declarados por el Ministerio de Salud como inhabitables;  garantizar presupuesto para becas, transporte y alimentación estudiantil; y hacer una reforma educativa integral de modo que se enseñen contenidos útiles para la vida y el futuro. 

Además, se busca mejorar las condiciones de salud y de trabajo de estudiantes y docentes, darle plaza en propiedad a cada docente con evaluaciones óptimas y al menos tres años consecutivos de interinazgo, y ubicarles en los centros educativos más cercanos a sus residencias. 

Igualmente, busca alianzas con universidades públicas y privadas para adaptar la formación inicial docente a los nuevos tiempos y las competencias requeridas a lo largo de este siglo XXI; pero no de forma total, sino regional, y de acuerdo con lo que cada una de ellas requiere; así como con entidades público privadas para implementar la Alianza por el Bilingüismo (Abi), algo a lo que Figueres Olsen aspira en su objetivo de incluir al inglés en la lista de lenguajes oficiales para 2040.

Otras de sus propuestas radican en una serie de programas cuyos objetivos van orientados a mejorar los procesos de aprendizaje, elevar los resultados evaluatorios, que haya un perfil de aprendizajes deseados, lograr un interés y compromiso estudiantil con sus labores educativas al identificar y potenciar sus modos de aprendizaje y capacidades, así como comprometer a padres y madres de familia con la educación de sus descendientes.

Mientras tanto, las propuestas de Chaves Robles en esta materia se orientan a la actualización profesional del cuerpo docente, educación en carreras STEM, habilidades blandas y educación financiera, educación técnica y dual, establecer alianzas con organizaciones multinacionales, evaluar con exámenes digitales la calidad de aprendizaje y de enseñanza cada tres niveles, y hacer obligatorio el bilingüismo.

 

Juan Pablo Rodríguez Campos,
Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR