Las calles de la UCR son el lugar de prueba para el proyecto Asfalto Sostenible, una mezcla para pavimentar a la cual se le agrega plástico de desecho. Como resultado, las características del producto mejoran y se colabora con la eliminación de botellas plásticas que usualmente contaminan nuestro entorno. Además, esta propuesta promete impulsar la economía circular en Costa Rica.
Se aproximan las elecciones municipales en Costa Rica y, lamentablemente, no existe ni una persona con discapacidad auditiva participando en cualquiera de las opciones electorales que brindan los partidos políticos costarricenses. Soy una persona sorda. Por este motivo, mi primera lengua es la lengua de señas costarricense y el español es mi segunda lengua. Escribo este artículo pensando en la perspectiva de las personas sordas, considerando que es importante en relación con los derechos políticos de las personas con discapacidad, específicamente de las personas sordas que están siendo invisibilizadas por el Estado, así como su perspectiva histórica al no ser consideradas como personas politizadas.
Leyendo con admiración un reportaje noticioso acerca de Shirley Pinto, una mujer sorda que tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la participación política como legisladora en el Parlamento de la nación de Israel, me llevó a la reflexión sobre uno de los objetivos primordiales que establece la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad con respecto a la participación política de las personas con discapacidad, la cual forma parte de los derechos políticos que reconocen y garantizan a la ciudadanía a participar en la toma de decisiones públicas. Desde la visión de los derechos humanos, los derechos políticos contribuyen a la promoción y consolidación de la democracia en la construcción de un Estado democrático de derecho. A continuación, analizaré el derecho a la participación política de las personas sordas.
De acuerdo con los estudios estadísticos presentados por el Banco Mundial, existen 85 millones de personas en situación de discapacidad que viven en América Latina y el Caribe. Las Naciones Unidas declaró el 23 de setiembre como el Día Internacional de la Lengua de Señas. Para conmemorar esta fecha, la Organización citó en su página web las cifras de la Federación Mundial de Sordos, la cual estima que, hasta el presente momento, hay 70 millones de personas sordas en el mundo, y el 80 % de esta población vive en países en vías de desarrollo, utilizando en forma global más de 300 lenguas de señas. De ahí la importancia de destacar la lengua de señas como elemento clave de las personas sordas en su lucha por el derecho a la participación política.
Generalmente, las personas con discapacidad se encuentran con barreras en el ejercicio de su derecho al sufragio. Por ejemplo, existen impedimentos para acceder en forma física a los centros electorales, lo que implica una discriminación, ya que no pueden acceder en condiciones de igualdad que los demás ciudadanos.
Con respecto a las personas sordas, el enfoque previsto en este artículo son las barreras de accesibilidad comunicacional que enfrentamos, las cuales no solo se presentan en Costa Rica, sino en todo el ámbito latinoamericano. De estas barreras, mencionamos el acceso a la información y la comunicación en los procesos electorales.
Sobre el derecho a elegir, surge una barrera que se da en la mayoría de los procesos electorales donde se emiten mensajes y contenidos informativos que sirven de guía a la formación de criterios del ciudadano para decidir y razonar su voto. Precisamente, para este fin se utilizan medios de comunicación como la televisión y las redes sociales para emitir videos informativos, debates entre candidatos a la presidencia, entre otros. Sin embargo, no suelen contar con el recuadro del intérprete de la lengua de señas y el subtitulado, por lo tanto, sin estos recursos de apoyo a la accesibilidad, las personas sordas se quedan desinformadas sobre los procesos electorales y las propuestas de las distintas formaciones políticas, lesionando su derecho al voto.
En cuanto al derecho a ser elegido como candidato, se presenta una limitación muy seria, porque las personas sordas no tienen garantías de recibir apoyos, como un intérprete de la lengua de señas, en caso de que decidan participar de alguna forma en el proceso electoral. Este tipo de recursos son imprescindibles para disputar en igualdad de condiciones por los puestos de síndico, alcalde, diputado, etcétera.
Estas barreras implican un menoscabo a la libertad, a la igualdad y a la no discriminación conforme al modelo de los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad. Las ciudadanías disminuidas pasan de ser un concepto a una realidad cuando no se garantiza la independencia de las personas sordas con medidas proaccesibilidad en procesos electorales, lo cual afecta su derecho a la vida independiente.
Otra limitación patente contra la población sorda, en particular, y contra las personas con discapacidad, en general, es no poder manifestar su voz en asuntos claves de su interés. Simplemente son invisibilizadas en el debate público. Por ejemplo, no somos tomados en cuenta en las propuestas específicas que presentan los candidatos inscritos en procesos electorales. Asimismo, los canales para escucharnos son muy limitados. En síntesis, la pluralidad del debate y la democracia se ven afectadas al existir grupos invisibilizados, como el colectivo de las personas con discapacidad.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el primer instrumento de derechos humanos establecido en el siglo XXI y fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. Es sumamente necesaria la existencia de este tratado específico por la insuficiencia de otros instrumentos para proteger los derechos de las personas con discapacidad y sirve para poder visibilizar al colectivo de las personas con discapacidad, entre ellos los sordos. Por ende, hay una identidad política y un grupo que se moviliza en torno al tema y, además, permite tener mecanismos específicos para casos de violaciones de derechos, por ejemplo, quejas ante el Comité.
Para comprender la idea principal del artículo, necesitamos conceptualizar el término discapacidad. La discapacidad es el resultado de la interacción entre ciertas características de las personas, las cuales son comprendidas como deficiencias, pero que no lo son, según mi criterio, sino que son condiciones inherentes a la diversidad humana y a las barreras del entorno.
La Convención reconoce el derecho a la participación política de las personas con discapacidad en su artículo 29. Una lectura analítica del artículo permite comprender cómo aborda la Convención las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos, ya que se identifica en el texto las obligaciones específicas que tienen los Estados partes para erradicarlas. Desde la perspectiva de la igualdad, la no discriminación y la autonomía se da el reconocimiento del derecho al sufragio en forma activa y pasiva, así como el derecho de participación, ya sea en titularidad como en ejercicio.
Entre las obligaciones de los Estados, la Convención establece que deben asegurar los derechos políticos de las personas sordas de las siguientes formas:
Además, el reconocimiento a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad establecido en el artículo 12 tiene una estrecha relación con el derecho de la participación política, en tanto el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (que se conocerá en adelante como Comité CDPD) comprende que no se puede negar el derecho al voto de las personas con discapacidad, independientemente de que pueda necesitar mecanismos de apoyo a su capacidad jurídica.
En la Observación General N.º 1, el Comité CDPD establece aquellos aspectos que afectan al derecho de participación política desde el punto de vista de la accesibilidad, que es una cuestión que se debe asegurar, proteger y respetar. Además, las medidas de austeridad o la poca atención de los Estados partes en el aseguramiento de recursos presupuestarios para garantizar la accesibilidad en los procesos electorales no pueden constituir un argumento para demorar la implementación gradual de la accesibilidad, ya que es de aplicación inmediata.
Constituye un deber del Estado promover la garantía de los derechos políticos de las personas sordas en aras de que puedan gozar de ellos en igualdad de condiciones que los demás ciudadanos. En el caso de Costa Rica, este rol lo puede asumir el Tribunal Supremo de Elecciones, como organismo nacional encargado de la organización de los procesos electorales. En caso de no haber acciones concretas que posibiliten el cumplimiento de estos derechos, entraría en la escena el rol de los organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya función principal es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos de las personas sordas en el ámbito de la participación política, exhortando al Estado a asumir su responsabilidad en la garantía de estos derechos, además de promover el reconocimiento legal de la lengua de señas en cada país latinoamericano, procurando asegurar que las personas sordas puedan tener acceso a la participación en la vida política y pública en forma conjunta con la sociedad, ya sea directamente o mediante la elección de representantes libremente elegidos, inclusive, el derecho y la posibilidad de las personas sordas a votar y ser elegidas.
El artículo 9 de la Convención aborda la obligación que tienen los Estados partes de adoptar medidas para asegurar la accesibilidad de las personas con discapacidad al entorno de la información y la comunicación, además de otros aspectos. En relación con el contexto de las personas sordas, se pretende garantizar que los procedimientos, las instalaciones y los materiales empleados en procesos electorales sean adecuados para ser accesibles a ellas, como la capacitación de guías electorales en el uso de la lengua de señas y el uso de intérpretes de la lengua de señas y el subtitulado en mensajes y contenidos informativos. Esto, en plena concordancia con el reconocimiento de la lengua de señas, un componente fundamental de la comunidad sorda comprendida como minoría lingüística-cultural.
Es importante tener en cuenta que la lengua de señas varía en cada país de Latinoamérica. Es decir, cada uno tiene su propia lengua de señas, comprendida como sistema lingüístico que tiene componentes visuales, gestuales y manuales.
Es fundamental destacar cómo se ha abordado gradualmente el reconocimiento legal de la lengua de señas en cada país latinoamericano. En un comunicado de prensa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a los países miembros a reconocer oficialmente la lengua de señas en sus legislaciones, además de promover medidas positivas que garanticen la accesibilidad mediante el uso de la lengua de señas en diferentes ámbitos de la sociedad.
En los Estados existen comunidades sordas de distintos tamaños y, precisamente, la lengua de señas es el principal vehículo lingüístico que emplean para comunicarse. Los trece Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos que han reconocido la lengua de señas como lengua oficial de la comunidad de personas sordas en su normativa son Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Pero solo dos países han reconocido la lengua de señas en sus constituciones políticas: Ecuador y Venezuela.
A modo de conclusión, podemos afirmar que, a partir del análisis de la realidad fáctica, legal y jurisprudencial, el derecho de participación política para la población sorda está limitada por la falta de adaptación normativa y la aplicación insuficiente de la normativa en América Latina, teniendo por efecto la vulneración de este derecho y su ejercicio.
Muestra de ello es la falta de accesibilidad en la promulgación de materiales de carácter electoral, como la inclusión de intérpretes de la lengua de señas en debates con candidatos presidenciales, así como la carencia de cupos asignados para la participación de personas con discapacidad en los sistemas electorales, tanto a nivel municipal como para los puestos de elección nacional.
En esta línea, se debe respetar en todos los extremos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual reconoce desde la perspectiva de la igualdad, la autonomía de las personas sordas y su no discriminación, por medio del reconocimiento de la lengua de señas como parte del derecho de participación política, con el fin de asegurar el derecho de participación en el proceso electoral.
Carlos Gutiérrez Vargas
Estudiante de la Facultad de Derecho, UCR
De las decenas de cursos que tiene una carrera universitaria, hay algunos que dejan una marca singular en la vida del estudiante, ya sea por su contenido, por el docente, por la metodología o por “todas las anteriores”.
Este es el caso del curso Derecho y Antropología, el cual se impartió por primera vez en el segundo semestre del 2023, como una forma de acercamiento entre ambas disciplinas, en vista de la antiquísima y constante relación que hay entre ellas.
En términos prácticos, cada vez que se habla de derecho hay que remitirse a elementos antropológicos, mientras que la antropología hace referencia, una y otra vez, a los derechos humanos, patrimoniales y ambientales, entre muchos otros.
Si bien el curso se diseñó para estudiantes de estas dos carreras, también contó con la participación de personas que cursan las carreras de Agronomía, Educación, Economía, Farmacia, Matemática y Filología Española, lo cual nutrió aún más el trabajo interdisciplinario.
De esta manera, la visita que se realizó al sitio arqueológico de Finca 6, en la Zona Sur del país, se analizó no solo desde el Derecho y la Antropología, sino también recibió aportes en torno a la gestión económica de estos lugares y la labor educativa que se puede hacer en relación con el patrimonio cultural.
Enrique Valverde Porras, estudiante de Derecho y Contaduría Pública, valoró la experiencia como necesaria y como “un muy buen primer paso”, porque la formación en Derecho precisa complementarse con otras áreas del conocimiento. En este sentido, manifestó su deseo de que se ofrezcan más cursos interdisciplinarios entre Derecho y otras carreras.
“El Derecho no existe en el vacío. Las normas no se hacen solo porque sí. Pero en la Facultad, normalmente, no se explica el contexto de ellas. En Derecho, no hay ningún curso en que se vea esta materia de protección de patrimonio cultural. Si no hubiera llevado este curso, nunca hubiera sabido que estas cosas existían”, subrayó Valverde.
Por su parte, Natasha Hernández Arguedas, estudiante de Antropología, consideró que el curso fue bastante satisfactorio porque profundizó en temas legales y de derechos, algo de lo que se habla mucho a lo largo de su carrera, pero que difícilmente se aborda con la especificidad que se hizo en esta novedosa propuesta académica conjunta.
“El contenido que vimos es algo que estaré aplicando día a día porque mi énfasis de estudio es la arqueología y el trabajo en los museos. Además, el intercambio con los estudiantes de Derecho fue muy enriquecedor”, agregó Hernández.
A cargo del curso estuvieron las docentes Mónica Aguilar Bonilla, de Antropología, y Rosaura Chinchilla Calderón, de Derecho. Ambas coincidieron en la necesidad de seguir estimulando este tipo de cursos compartidos para ampliar los horizontes del estudiantado y desarrollar una mayor capacidad de trabajo en grupos interdisciplinarios.
“Algo que me llamó la atención es que muchos grupos se enfocaron en derechos de pueblos indígenas, inclusive derechos relacionados con identidad de diferentes pueblos en territorios compartidos. Ese nuevo horizonte que estaban descubriendo lo aplicaron bastante bien en los trabajos. […] En el caso de la antropología, este tipo de experiencias también permiten ir aterrizando muchas temáticas que se abordan. Por ejemplo, muchas veces se dice que las poblaciones vulnerabilizadas tienen derechos, pero cuáles derechos, específicamente de qué estamos hablando, cuál concepto aplica”, comentó Aguilar.
Mientras tanto, Chinchilla destacó el significativo aporte del curso para quienes estudian Derecho, porque todo les resultó una novedad, desde los términos de antropología y arqueología hasta la gira al sitio arqueológico Finca 6.
“Lograron darse cuenta de que la Antropología lo estudia todo y tiene relación con todo, así como el Derecho. Entonces se trata de empezar a unir cosas. Hay gente que quedó muy entusiasmada con ciertos temas y creo que de aquí van a salir algunos trabajos de graduación”, añadió Chinchilla.
Fernando Montero Bolaños
Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR
El pueblo indígena ngäbe destaca por su colorido arte, que incluye objetos como las chaquiras, las chácaras, los mastates (corteza de árbol que se trata hasta hacer una especie de tela sobre la cual se pintan diferentes figuras) y los sombreros. También resaltan los vestidos tradicionales que confeccionan las mujeres para su uso diario, los cuales son conocidos popularmente como naguas.
Estos últimos son una de las expresiones culturales más destacadas de la identidad y del patrimonio ngäbe. Los vestidos tradicionales son elaborados con telas lisas, a las cuales las mujeres les colocan coloridas aplicaciones geométricas triangulares o lineales.
Según expresa la diseñadora ngäbe Raquel Palacios Ruiz, la mayoría de estas figuras geométricas o lineales de los vestidos tradicionales están inspiradas en elementos de la naturaleza y específicamente simulan los colores de las serpientes.
Los diseños varían según el gusto de las mujeres, aunque aún se mantienen aspectos del concepto de vestido tradicional, tales como el tipo de corte amplio y el cuello de las prendas.
Estas prácticas culturales (la elaboración de los vestidos, chácaras, pulseras y collares) se transmiten de una generación a otra, gracias al aporte y el trabajo de las mujeres. Por su parte, los hombres de la etnia se encargan de preservar otras costumbres, como la elaboración de los sombreros, de enseñar la religión y de educar sobre la medicina tradicional.
Actualmente, estas tradiciones no solo les permiten a las personas ngäbe visibilizar y fortalecer su cultura, sino también tener la oportunidad de vender algunos productos artesanales y así aportar con su trabajo a la economía familiar y comunal.
En este último punto, el Dr. Pablo Ortiz Rosés, médico que ha trabajado durante más de 35 años con la comunidad de La Casona, resalta que el concepto que tenemos las personas no indígenas sobre las artesanías ngäbe es equívoco, ya que en realidad se constituyen como objetos de suma importancia para el quehacer y el estilo de vida de esta etnia.
“Estos objetos, por ejemplo, las chácaras, son usadas por los ngäbes para tener a sus bebés, las usan como cunas o para cargar objetos pesados como la leña. Los mastates son una forma de expresión. En fin, para nosotros son una artesanía, pero para ellos son parte de su forma de vida, les son de utilidad para su diario vivir”, afirma Ortiz.
Ahora, los ngäbes “han optado por vender una parte de lo que elaboran, primero porque tienen muchas habilidades para hacerlos y porque alguna gente se los pide, pero sobre todo para poder generar dinero para comer y sobrevivir”, porque este pueblo indígena “no tiene incorporado en su cosmovisión el concepto de comercio, tal y como nosotros los no indígenas lo entendemos”, agrega.
Creatividad y complejidad técnica
Cada uno de los diseños de los vestidos, las chácaras, los sombreros y las chaquiras ngäbes son irrepetibles y únicos, ya que su conceptualización nunca fue plasmada en un molde o en papel.
Cada persona artesana imagina las figuras en su mente y las realiza directo en el material de soporte durante el proceso de elaboración.
Esto hace que el aprendizaje del arte ngäbe sea complejo, ya que se da por medio de los mecanismos de tradición oral y de observación. De esta manera, las personas más jóvenes aprenden a elaborar estos artículos de uso diario, viendo y practicando junto a sus progenitores y familiares más cercanos.
Por esta razón, el valor y riqueza cultural del arte ngäbe es incalculable, ya que se trata de piezas exclusivas y únicas, a las cuales se les suma el hecho de estar inspiradas en una cosmovisión de cuidado, amor y respeto hacia la tierra y la naturaleza.
La M. Sc. Ana Patricia Rojas Hernández, arqueóloga de la Sede del Sur de la UCR y reconocida por su trayectoria en el resguardo del patrimonio cultural de diferentes comunidades indígenas, explicó que la comunidad ngäbe se caracteriza por elaborar artesanías, en las cuales los trazos de las figuras geométricas se realizan con alto grado de pericia y complejidad.
“Tanto los vestidos como los bolsos, los collares y las pulseras ngäbe son siempre de colores muy vistosos y sus combinaciones son muy hermosas. Los motivos geométricos, triangulares y lineales son elementos que también se encuentran en la cerámica precolombina y que precisamente responden a su cosmovisión sobre la naturaleza, en donde la figura de la serpiente tiene un rol fundamental”, explica Rojas.
En cuanto a la forma de conceptualizar y ejecutar la técnica, la arqueóloga comenta que sin duda tiene un alto grado de complejidad, ya que los artesanos piensan el diseño y lo van haciendo sobre la marcha, por lo que la forma de preservar la tradición es precisamente interactuando y viendo cómo se hacen los productos.
Rojas señaló que el rol de la UCR ha sido fundamental para reconocer y contribuir a preservar el legado cultural de la etnia ngäbe, más aún en cuanto a la generación de espacios de intercambio y de aprendizaje, en los cuales se promueve la importancia de la diversidad y el rescate de la riqueza cultural e histórica de las comunidades indígenas.
Esta labor de dicha institución se realiza por medio de varios proyectos de docencia, acción social y de investigación de las diferentes sedes universitarias y unidades académicas, entre las que destacan la Escuela de Antropología, la Vicerrectoría de Acción Social, la Facultad de Odontología, la Escuela de Salud Pública y la Sede del Sur.
En el caso del patrimonio cultural ngäbe, la Sede del Sur, por medio del proyecto Golfito Cultura y Más, ha impulsado diferentes espacios educativos y de interacción en las comunidades indígenas, mediante los cuales se incentiva el aprendizaje sobre este acervo cultural en las personas más jóvenes.
“Para la UCR ha sido muy importante impulsar junto con las comunidades ngäbes diferentes procesos de interacción intergeneracional, en donde los adultos enseñen a los niños, así como facilitar espacios de encuentro y de intercambio para empoderar a las comunidades en el reconocimiento de su valor identitario y de su patrimonio cultural, con el fin de que esa riqueza y diversidad cultural no se pierda”, sostiene Rojas.
Para la investigadora, además de su llamativo arte, los ngäbes constituyen una de las comunidades indígenas de Costa Rica que ha logrado conservar gran parte de su cosmovisión a pesar de los procesos de penetración cultural.
“Ellos han mantenido, en la medida de lo posible, su cultura, a pesar de que actualmente existen procesos de aculturación muy fuertes. Es muy propio de ellos haber conservado su forma de pensamiento y de entender el mundo, por ejemplo, sus creencias, sus formas de vestir, sus formas de contar, su lengua, su gastronomía y principalmente el hecho de sentirse parte de un sistema más grande que lo es todo: la naturaleza”, amplía.
Ortiz opina que uno de los retos más grandes, en materia de resguardo del patrimonio cultural ngäbe, es lograr articular esfuerzos para que exista una política nacional que guíe las labores de la institucionalidad en este tema, con un enfoque de diálogo, de escucha y de aprendizaje mutuo.
“Hemos intentado ayudar a las comunidades ngäbe desde diferentes instituciones como la academia, la Caja Costarricense de Seguro Social y las organizaciones sociales, pero desde nuestra propia concepción de éxito y de progreso. Esto se refleja en múltiples proyectos y acciones que se han tratado de implementar con muy buenas intenciones, pero sin conocimiento y respeto de la cosmovisión de los ngäbes”, advierte.
En su criterio, “aún no hemos logrado entender que, si queremos ayudar, debemos hacerlo desde la escucha activa, el diálogo y el aprendizaje mutuo, en un modelo donde estas comunidades más bien nos enseñen cómo es que, desde su forma de entender el mundo, ellos han logrado solucionar sus principales necesidades de sobrevivencia. Y ahí, desde ese punto de partida, ver cómo nosotros podemos aportar”, manifiesta el profesional.
Empoderamiento comunal
El resguardo de su patrimonio cultural es uno de los principales valores de la etnia ngäbe, aunque no es su única fortaleza. También han surgido y se han fortalecido otras características, tales como el liderazgo político de sus mujeres y el empoderamiento comunal para la búsqueda de mejores condiciones de vida.
Así describe la situación actual de este pueblo originario la Dra. Carolina Quesada Cordero, antropóloga de la UCR, quien ha estudiado a la comunidad ngäbe de Abrojo Montezuma, a través de diferentes proyectos de acción social y de investigación.
Desde su perspectiva, las mujeres y hombres de este pueblo no solo se han preocupado por resguardar sus tradiciones y costumbres, sino que también se han interesado en ocupar espacios de incidencia política que les permitan mejorar el acceso a la salud, la educación, al agua, en fin, a mejorar sus condiciones de vida.
“Es importante destacar que el hecho de que sean tan cuidadosos en mantener vivas sus tradiciones y costumbres no quiere decir que no estén deseosos de avanzar para tener mejores condiciones para su comunidad”, destaca Quesada.
Actualmente, el acceso a la salud y al agua, el mal estado de las calles, así como las pocas oportunidades laborales y de subsistencia son parte de los desafíos estructurales que enfrenta la población ngäbe. Estos últimos aspectos son los principales motivos por los cuales una parte de ellos se moviliza para trabajar temporalmente en la siembra y recolección de café.
Gracias al empoderamiento e incidencia política, principalmente de las mujeres, el pueblo ngäbe se ha ido organizando en asociaciones y otros grupos comunales. Esta situación ha impactado de forma positiva no solo el tema del resguardo de las tradiciones y costumbres, sino también el proceso hacia la construcción de una mejor calidad de vida.
“Algo muy importante es que quienes mantienen las artesanías como tradición en estas comunidades indígenas son las mujeres. Esta es una labor que está fuertemente asociada a ellas y su rol en el resguardo de la tradición es muy importante, porque son ellas las que conservan estas prácticas de generación en generación”, comenta Quesada.
Sin embargo, a muchas de estas mujeres también les ha tocado convertirse en jefas de hogar y en ese contexto han ido ocupando otros espacios de toma de decisiones que antes eran ocupados por hombres. En el caso de Abrojo Montezuma, por ejemplo, ellas lideran la asociación para la producción del cacao y se han involucrado en la práctica de deportes como el fútbol.
Además, aunque se mantienen algunas concepciones sobre lo que no debería cambiar en cuanto a las tradiciones y costumbres ngäbes, también hay consenso en la comunidad sobre cuáles son sus principales luchas y deseos de superación.
“El acceso a la tierra es muy importante para la comunidad ngäbe. También se ha ido avanzando en materia de recibir educación, muchas de las que terminan su formación más allá de la etapa del colegio son las mujeres; otro asunto importantísimo para ellos es la idea de conservar el idioma, de recuperar el conocimiento sobre algunas plantas medicinales y de sentir apego por la estructura familiar, por los ancestros, por saber de dónde vienen y cuál es su rol en cada una de las familias”, manifiesta la experta.
Por último, describe a esta comunidad indígena como una población con una cultura viva y en transformación, que mantiene su amor por la naturaleza y sus tradiciones, que aspira a mejorar su acceso a la salud, a la educación y a la infraestructura y, sobre todo, a que se les reconozca y se respete su cosmovisión.
Los indígenas ngäbes
La comunidad indígena ngäbe forma parte de los ochos pueblos originarios de Costa Rica. Esta etnia habita la provincia de Puntarenas en los cantones de Coto Brus, Corredores, Golfito y Puerto Jiménez, así como en Sixaola, en las cercanías de la frontera con Panamá, y en la zona de Los Santos. Su lengua materna es el ngäbere.
Según el Atlas de los pueblos indígenas de Costa Rica, esta comunidad cuenta con alrededor de 3 600 habitantes, quienes habitan los siguientes lugares: Territorio Indígena Abrojo Montezuma; Territorio Indígena Alto Laguna, Territorio Indígena Conte Burica; Territorio Indígena La Casona y el Territorio Indígena Altos de San Antonio.
Su economía se basa en la agricultura y cultivo del cacao, frijol, maíz y plátano, así como en la cría de cerdos y de aves de corral, la caza, la pesca y la elaboración de productos artesanales. Algunas personas de esta comunidad también se dedican a trabajar en fincas cercanas y otras participan temporalmente de las cogidas de café en Coto Brus y la zona de Los Santos.
La Escuela de Antropología muestra en una exposición virtual todos los detalles sobre los vestidos y artesanías ngäbes. Puede ingresar por medio de la página oficial de Facebook Antropología UCR.
Tatiana Carmona Rizo
Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR
El temor entre los pobladores de que muy pronto se agote el barro con el que producen las piezas de cerámica tipo chorotega ha estado allí presente por años.
Sin embargo, una investigación reciente muestra lo contrario: la región de Nicoya y Santa Cruz, en Guanacaste, es rica en arcillas gracias a la composición del suelo y a las rocas que afloran en los cerros circundantes.
Platos, vasijas, jarrones, ollas, entre otros objetos, se elaboran, desde tiempos precolombinos, con el barro y las técnicas de orfebrería heredadas de nuestros antepasados. Esta cerámica es única en el país y hasta el momento se realiza con materiales naturales.
Ante la poca información existente, el geólogo Diego Guadamuz Vargas analizó la calidad cerámica de los suelos en las cercanías de las dos principales comunidades que mantienen viva la tradición de elaborar réplicas de las cerámicas chorotegas: San Vicente de Nicoya y Guaitil de Santa Cruz.
El trabajo fue presentado para optar por el grado de Licenciatura en Geología en la Universidad de Costa Rica (UCR) y fue publicado este año en la Revista Geológica de América Central.
La confección de piezas requiere mezclar los suelos ricos en arcillas con la arena de iguana, para posteriormente ser pintadas con un pigmento conocido como curiol.
El principal yacimiento de arcilla se encuentra ubicado dentro de una finca privada, razón por la cual las comunidades han tenido limitaciones para tener acceso al barro.
“La finca de donde se ha extraído el barro tradicionalmente pertenece a una familia, que la explotó por cerca de 40 años mediante un permiso de la Dirección de Geología y Minas (del Ministerio del Ambiente y Energía). Al no renovarse la solicitud de permiso, el sitio de extracción se volvió privado y ahora la comunidad debe solicitar un permiso a los dueños de la propiedad para obtener la arcilla”, comenta el geólogo.
Lo anterior ha generado que muchas familias que antes se dedicaban a la alfarería abandonaran esta actividad y que los jóvenes pierdan el interés y busquen otras fuentes de ingresos. También se han suscitado conflictos locales debido a la competencia por conseguir la materia prima.
Guadamuz menciona en su estudio que la falta de arcilla se atribuye a los cambios en el modelo de desarrollo del país desde los años noventa, que en Guanacaste han implicado la compra de fincas, antes dedicadas a labores agrícolas, para fines ganaderos y para la construcción de infraestructura turística.
El aporte de la geología
El investigador aplicó una serie de técnicas geológicas de campo y ensayos de laboratorio para evaluar las arcillas desde el punto de vista mecánico, cerámico y de las propiedades del suelo, con el fin de determinar las características y la calidad de este recurso.
Para tal fin recolectó 44 muestras de suelos y 30 muestras de rocas en puntos cercanos a la llanura aluvial en los cantones de Nicoya y Santa Cruz.
La zona de muestreo abarcó un área geográfica de 164 km2, que comprende parte del territorio delimitado en el 2016 por el sello de Denominación de Origen de la cerámica ancestral.
Este sello garantiza la autenticidad de las piezas producidas por los artesanos de la zona. También funciona como un reconocimiento a las comunidades que han luchado por mantener la milenaria tradición de producir cerámica, señala el investigador.
Se obtiene de depósitos de barro de algunas fincas cercanas a las comunidades productoras de cerámica chorotega.
Procede de la cima del cerro San Vicente. Son los pigmentos blanco, ocre (fanta) y amarillo que los artesanos extraen de rocas arcillosas constituidas por óxidos de hierro y sílice para pintar (engobar) las piezas cerámicas.
Es una arena de cuarzo, de grano fino a medio, que se mezcla con la arcilla para darle una mejor consistencia y reducir la plasticidad del material. Aflora en las orillas de algunas quebradas en las comunidades de Florida, San Vicente, Chira y Diría, en fincas privadas. El nombre procede de la asociación con los nidos de las iguanas.
Para que los productos sean distinguidos con el sello deben ser fabricados con los barros autóctonos, ser decorados con trazos geométricos o diseños zoomórficos y con los pigmentos arcillosos naturales. Por lo tanto, no se admite ningún aditivo artificial.
La aptitud cerámica de los suelos ensayados por Guadamuz se basó en los siete tipos de arcillas cerámicas establecidos en la literatura científica, en técnicas como la difracción de rayos X (DRX) y la petrografía microscópica de rocas.
Además, el autor comparó los resultados obtenidos en su estudio con los datos existentes sobre las arcillas que son empleadas por otros ceramistas del país.
Guadamuz concluye en su estudio que los suelos de los sitios estudiados tienen un gran potencial para producir cerámica de calidad. El 46 % se clasifica por su aptitud de generar cerámica de muy buena calidad (para piezas utilitarias) y el resto posee una calidad intermedia, principalmente para elaborar piezas ornamentales.
“Los suelos del área de estudio son Vertisoles y Alfisoles, los cuales son buena materia prima para generar cerámicas, debido a que contienen arcillas de la familia de la esmectita y caolinita”, sostiene el geólogo en el artículo científico.
La caolinita y la esmectita son minerales arcillosos que le proporcionan calidad al barro para la producción de piezas cerámicas. La caolinita es una arcilla de color blancuzco de una gran pureza, la cual fue usada por los antiguos griegos para la elaboración de pequeñas esculturas.
La investigación revela además que tanto la arcilla como los otros materiales que se usan en la fabricación de las cerámicas de la Región Chorotega se obtienen a partir de las rocas ígneas (de origen volcánico), ricas en aluminio y sílice, y en rocas sedimentarias, como las areniscas líticas que se encuentran allí.
“Un proceso de alteración hidrotermal puede ser la principal causa para que se acelere la meteorización de las arcillas; es decir, ha ocurrido una alteración química y física de los materiales. Esto sucede en esa zona de Nicoya, en donde hay fallas que han facilitado la aparición de minerales como la caolinita”, agrega.
En cuanto a las propiedades mecánicas, Guadamuz descubrió que los suelos arcillosos presentan porosidades entre el 51 % y el 61 %, índices de plasticidad del 14 a 29 y que, al cocinarse a 900 °C, experimentan un encogimiento menor al 11 % y una pérdida de humedad inferior al 30 %.
Estos valores son los que describen los ceramistas como propios de las mejores arcillas para alfarería.
La cerámica con las mejores propiedades es densa, ni muy porosa ni muy plástica para que el objeto modelado conserve la forma. “Si es muy plástica, al calentarse la cerámica esta se hincha porque los poros absorben el agua, la pieza se hidrata y se rompe”, detalla Guadamuz.
Sin embargo, la arcilla debe tener cierta porosidad para que el curiol se adhiera al material.
El curiol es un tipo de roca arcillosa que se encuentra en el cerro San Vicente. La trituran y crean un tinte, como hace miles de años, para pintar las piezas. De esta manera extraen el color amarillo, ocre (fanta) y blanco.
Según explica Guadamuz, aparentemente todos los suelos útiles, encontrados durante la investigación, proceden de un punto de erosión del cerro San Vicente. Los materiales se esparcieron con la ayuda del agua, así como debido a la gravedad, y enriquecieron los suelos.
El geólogo plantea que una solución al problema del acceso a los depósitos de arcillas sería el establecimiento de un proyecto de Minería Artesanal a Pequeña Escala (MAPE); es decir, que la comunidad cuente con su propio tajo.
“A futuro se busca que haya una declaratoria para la extracción regulada del barro o que las comunidades desarrollen una minería artesanal a pequeña escala”, propone.
Para Guadamuz, la geología cumple un rol social de gran importancia, pues aporta información a los pobladores locales y a las autoridades para la toma de decisiones sobre el futuro y la sostenibilidad de una tradición de nuestros pueblos ancestrales.
“Mi mama nos daba un pedazo de barro para que nos estuviéramos queditos mientras ella trabajaba. Allí fue donde fui aprendiendo la técnica y después de los 12 años me gustó el trabajo, me gustó tener plata, y entonces empecé a elaborar las primeras piezas”, narra Johnny Sánchez Grijalba, de San Vicente de Nicoya.
La elaboración de artesanía chorotega es un conocimiento que se transmite en las familias. Como Johnny, los habitantes de esa comunidad aprenden este oficio viendo cómo las personas mayores dan forma al barro que extraen de las montañas cercanas.
Todo el proceso es manual, solo se ayudan con una torneta y ceguetas viejas. En 12 días pueden hacer hasta 15 piezas pequeñas. “Ese es el valor agregado que le damos a nuestros productos, están hechos totalmente a mano”, resalta Sánchez.
El proceso requiere tiempo, desde el procesamiento del barro hasta el secado, pulido y pintado de las piezas. La cocción se hace en hornos de barro calentados con leña, explica el artesano mientras trabaja en el taller que su mamá, Maribel Sánchez Grijalba, tiene en su casa.
“Me gusta preservar mi cultura, hablar de mi tierra, de los productos que utilizamos, de la utilidad que se le ha dado a la cerámica generación tras generación”, comenta orgulloso.
Allí trabaja también David Ramírez Zúñiga, quien con pincel en mano pinta las típicas bandas chorotegas a los platos, las vasijas y las jarras. “Aprendí viendo y haciendo. Tengo cerca de siete años de pintar. Lo más difícil para mí es hacer los dibujos”, dice.
Doña Maribel es una de las líderes que participó en la construcción del Ecomuseo de la Artesanía Chorotega de San Vicente de Nicoya, junto con entidades estatales, locales, privadas y la comunidad.
El beneficio que el Ecomuseo brinda a la comunidad es la exhibición y venta de productos, además de constituir un espacio de valor cultural. También da a conocer la cerámica chorotega a través de una página web.
“A nosotros nos gusta la tradición de hacer cerámica y hemos venido enseñando a los niños en el museo. Se han dado talleres a las mujeres y a los hombres y se les han abierto las puertas a otras comunidades. Al final, la mayoría somos mujeres”, manifiesta la líder.
Algunos de los alfareros han incorporado cambios en la forma tradicional de hacer las piezas, como por ejemplo en los tintes y diseños decorativos, debido a la presión del mercado y a la influencia del turismo.
Carlos Villarreal Leitón, artesano de Guaitil con 42 años de trabajar en este oficio, expresa que “al turista le gustan más los colores llamativos”, como verde, azul y turquesa, que según él los importan.
“Yo prefería quedarme con los colores antiguos, pero si yo quito estos colores verdes no voy a poder vender, porque ya aquí en Guaitil todo el mundo los está usando”, advierte.
Nury Marchena Grijalba, dirigente de la Cooperativa Coopesanguai, indica que están trabajando para crear estrategias de comercialización de los productos.
“La comercialización es la fuente de ingreso de nuestras familias. Ha sido muy duro, porque aquí no viene el turismo. Estamos organizando con el Gobierno la creación de una ruta turística para beneficio de ambas comunidades y otras aledañas”, destaca.
Según el estudio de Diego Guadamuz, en la zona hay cerca de 200 familias dedicadas a la alfarería. Guaitil es la comunidad más expuesta al turismo, en donde la mayoría de sus casas ofrecen cerámica al visitante.
Existe la preocupación tanto en San Vicente como en Guaitil sobre el futuro de esta práctica milenaria. Las generaciones más jóvenes se han ido del pueblo a estudiar o trabajar o no tienen interés en la artesanía.
“Queremos que los jóvenes se involucren en la artesanía para que no se pierda esta cultura, que es un orgullo de nuestros cantones y de nuestro país. No vamos a permitir que esto se venga abajo”, concluye categórica Marchena.
En la fotografía, Johnny Sánchez Grijalba modela una pieza en el taller de su mamá en San Vicente de Nicoya. Foto: Laura Rodríguez.
Patricia Blanco Picado
Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR
Costa Rica es un país nutrido por múltiples poblaciones migrantes, desde tiempos antiguos hasta la actualidad.
De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2011, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la población extranjera residente en Costa Rica es el 10% de la población del país (385,899 personas). El 74.6% proviene de Nicaragua (287,766 personas), seguido por Colombia (4.3%), Estados Unidos de América (4.1%), Panamá (2.9%), El Salvador (2.4%), y la República Bolivariana de Venezuela (1%).
En el cantón de Upala, en la frontera norte de Costa Rica con Nicaragua, se ha configurado una población transfronteriza que se caracteriza por tener nexos culturales, sociales y económicos en territorios entre ambas naciones. Además, es uno de los 10 cantones con los índices de desarrollo humano más bajos del país, padece de muy poca presencia estatal y alta exclusión social, desregulación migratoria e informalidad. Es por eso que la Universidad de Costa Rica (UCR) desarrolla el proyecto de acción social ED-3441 «Fortalecimiento de espacios para la promoción, defensa y exigibilidad de derechos en Upala», con el objetivo de fortalecer procesos organizativos y construir ciudadanías sólidas. Así lo describe Eugenia Boza, coordinadora del proyecto.
En otras palabras, el proyecto brinda herramientas para que las comunidades y organizaciones trabajen en identificar y satisfacer sus necesidades, desarrollar habilidades de organización e incidir en las instituciones para demandar atención estatal en las áreas que les competen, agregó Boza.
Desde el año 2019, las acciones del proyecto se han concentrado en el distrito de San José de Upala, especialmente en las comunidades de Los Ledezma, Valle Bonito y Pueblo Nuevo, donde se trabaja con los líderes y lideresas de grupos organizados, personas involucradas en procesos de trabajo con niños, niñas y jóvenes locales, así como mujeres promotoras contra la violencia. Aborda la capacitación y el acompañamiento en procesos organizativos en comunidades, promoción de derechos y el desarrollo de habilidades blandas, como comunicación asertiva, trabajo en equipo y resolución de conflictos, fundamentales para el fortalecimiento de la cohesión comunitaria.
Iniciativas Comunitarias
En la comunidad de San José de Upala, se han desarrollado procesos concretos como la fundación de una asociación de desarrollo local para, posteriormente, establecer una feria de agricultores en las áreas comunes para el intercambio de productos.
Boza destaca cómo en Valle Bonito asesoraron en la conformación de una Asociación de Desarrollo y cómo sortearon un inconveniente legal ya que dependían administrativamente de la asociación de Cuatro Bocas. «El fin no es solo estabilizar legalmente las organizaciones sino tener elementos, herramientas y habilidades para reconocer sus necesidades, priorizar aquello que les toca atender; determinar qué le toca a las instituciones del estado y cómo se puede atender esa situación para que justamente este proceso de promoción, defensa y exigibilidad de derechos no sea realizado por la Universidad de Costa Rica, sino como universidad brindar herramientas para que sea la gente la que lo haga», concluyó Boza.
Por su parte, Inés Estrella Wilson de nacionalidad nicaragüense, dirigente comunal de Valle Bonito de San José de Upala, asegura que el proyecto en el que ha participado durante cinco años, le ha brindado una serie de herramientas tanto personales, como la comunicación asertiva y gestión emocional; como colectivas, como liderazgo, empoderamiento de los derechos, elaboración de documentos, trámites y roles para cada persona dentro de una organización.
Alianzas
Además se trabaja en conjunto con otros proyectos de la UCR como por ejemplo el TC-607 Comer Orgánico en el que el estudiante de Derecho Tomas Pereira fue vital para gestionar el recurso de amparo que solicitó la reparación de la Escuela de Los Ledezma y el TC-666 Dialogando el presente: recuperando la memoria histórica de las organizaciones políticas subalternas cuyos estudiantes apoyan en las actividades para niños y niñas.
Fuera de la Universidad se han realizado acciones con organizaciones como Senderos, y la Red de Mujeres contra la Violencia, que está integrada por mujeres que se capacitan en el centro de Upala y se forman como voceras contra la violencia y posteriormente van a las localidades a desarrollar nuevas actividades.
Para Boza el papel esencial del proyecto es ser un puente entre las comunidades y las instituciones, asegurando la presencia y participación de aquellas entidades que deben tener una presencia activa en Upala.
En ese sentido, Wilson destaca el factor movilizador que trajeron los conocimientos y nexos compartidos en el proyecto: “El proyecto ha logrado transformar mi comunidad porque somos más unidos, participamos más en el empoderamiento de las mujeres, en visualizar una nueva comunidad en la valoración de nuestras costumbres y raíces” concluyó.
Ser un país ambiental y económicamente sostenible no solo beneficia al planeta y a la calidad de vida de su población: también es una oportunidad para hacer negocios con empresas multinacionales e incrementar la cantidad de visitantes que llegan a su territorio para observar sus maravillas naturales y corroborar su responsabilidad ecológica.
Así se puede resumir el pensamiento de la experta española Susana Borrás sobre la aplicación de la innovación verde en Costa Rica. Ella es profesora del Copenhagen Business School de Dinamarca y doctora en Sociología del European University Institute de Florencia (Italia), entre otros cargos.
Desde el 27 de noviembre y hasta este viernes 8 de diciembre, la especialista brindó diversas conferencias en la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA) sobre la gobernanza y la innovación sostenible, así como sobre las formas de involucrar a las organizaciones y a la sociedad en la implementación de cambios ambientales beneficiosos.
Según define Borrás, la innovación verde es una serie de procesos y productos (que incluyen tecnología de punta) para aplicarlos a soluciones ecológicas y económicas para la población. Además, impulsa la regeneración del planeta frente a la contaminación emanada por la acción humana en las últimas décadas, e incluso, siglos.
Esta innovación no es pura teoría. Al contrario, ya se aplica en el primer mundo con políticas y herramientas que llevan a los países a mejorar sus oportunidades económicas. Todo esto, sin olvidar el valor de las “soluciones verdes”, que ahora tienen una gran importancia competitiva para las empresas y para las oportunidades de negocio.
Si bien el país lo hace bastante bien en materia ecológica (en comparación con la región latinoamericana), no debe atenerse a ese único aspecto. Borrás advirtió que Costa Rica debe integrar más sus buenas “políticas verdes” a las estrategias de atracción de inversionistas y turistas que deseen visitar el suelo nacional.
La especialista española adujo que cada vez es más frecuente que las empresas transnacionales tomen en cuenta las facilidades de inversión que ofrece un país, aunado con su compromiso ambiental (algo por lo que Costa Rica es bien conocida a escala internacional), para colocar sus operaciones en un determinado territorio.
Similar es la situación con el turismo, que suele valorar la riqueza y protección ecológica, pero sin dejar de lado el contexto económico y social, por lo que Costa Rica no debe despreocuparse por estos otros dos aspectos, si quiere seguir siendo un destino apetecido a nivel internacional, indicó Borrás.
Además, para la experta, el Atlas nacional de innovación 2022, presentado recientemente por el Consejo Nacionla de Rectores (Conare), es una evaluación muy oportuna para saber cómo está el país en esta temática en general, sobre todo porque este análisis evidencia los desafíos que aún debe resolver Costa Rica para conseguir y ejecutar acciones económicas y sociales que potencien sus posibilidades en este tipo de innovación.
Una advertencia que también lanzó Borrás es que el país no debe ver necesariamente a sus vecinos centroamericanos como competencia en el campo de la innovación verde, sino que tendría que colaborar con las naciones vecinas en promover prácticas en beneficio del ambiente y de la economía.
Las conferencias impartidas por Borrás fueron organizadas por la Escuela de Administración Pública y el Laboratorio Colaborativo de Innovación Pública (Innovaap) de la UCR, realizadas tanto en la Sede Rodrigo Facio, en San Pedro; como en la Sede del Caribe, en Limón, y en la Universidad Nacional.
Pablo Mora Vargas
Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR
Rompope y Galletas, es el nombre para este nuevo ciclo de proyecciones al aire libre, que Cine Universitario estará realizando este mes de diciembre en diferentes localidades de la Universidad de Costa Rica.
Desde 2014, en la plaza 24 de abril, con el fin de llevar el séptimo arte a otros espacios y diversas poblaciones, Cine Universitario comenzó y ha ido consolidando temporadas de Cine al Aire Libre en los meses de diciembre, febrero y marzo. Con el tiempo, a cada película proyectada asisten entre 120 y 150 personas espectadoras.
Una de las particularidades del cine al aire libre, es que se ofrece un refrigerio gratuito, que en esta temporada decembrina será rompope y galletas, de ahí el nombre de este ciclo de cine. Además; después de finalizadas las películas, se abren espacios de conversación para que el público espectador, pueda expresar sus impresiones acerca del filme.
Cine Universitario también cuenta con dos espacios complementarios, que son abiertos al público a lo largo de todo el año. Uno de ellos es el Cine Presencial en el Auditorio de Derecho todos los jueves, donde cada mes hay un ciclo temático y en algunas sesiones se organizan conversatorios con personas especialistas. Y el otro es el que nace a raíz de la pandemia en 2020, Cine por Zoom, donde todos los viernes se transmiten películas de manera virtual, esta iniciativa fue gestionada por uno de los colaboradores de Cine UCR, el estudiante de computación Christian Torres, quien hasta la fecha se encarga de las transmisiones por Zoom.
El cine al aire libre que normalmente se realiza en espacios como plazas, parques, campos, tiene sus inicios en 1907 con el Sun Pictures in Broome, en Australia y en 1916 se consolida en Alemania, pasando por la etapa de apogeo del autocine en Estados Unidos, hasta llegar a ser en la actualidad una actividad clásica para realizarse en las tardes y noches cálidas del verano. Después del confinamiento producto del COVID-19, adquirió un valor más significativo en cuanto a la recuperación de espacios públicos de forma más consciente.
En el caso de este proyecto de enfoque cultural, impulsado por la Universidad de Costa Rica, desde Cine Universitario se busca llevar el séptimo arte de forma accesible a las diferentes regiones del país. Por lo que todos los años cine al aire libre se traslada de manera presencial a diferentes partes de Costa Rica, en los últimos años se ha visitado Garabito, Liberia, Santa Cruz, Alajuela, Limón, en busca de acercar a la población a estos espacios llenos de cultura que promuevan la reflexión crítica de diversos temas.
En esta línea, Christian Torres, enfatiza que la importancia y la principal diferencia del cine al aire libre al cine convencional es que “se lleva el cine a la gente en lugares accesibles para que tenga las ganas de ir (…) Es importante porque actualmente se ha reducido el presupuesto destinado al sector cultura y desde la UCR como institución autónoma, desde distintos proyectos se busca el acercamiento a las comunidades”.
Por otra parte, el cine virtual resulta accesible para aquellas personas que por algún motivo no pueden movilizarse o que se encuentran fuera del país, lo que también genera un mayor alcance del proyecto.
Samantha Carrillo Arroyo coordinadora de Cine Universitario, comenta que “algo fundamental del proyecto, es que busca democratizar el cine, llevar propuestas de películas con gran calidad estética, narrativa y originalidad que no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder, además de proponer películas que por medio del disfrute también permitan la reflexión y crítica del mundo en que vivimos”.
Otra característica de Cine Universitario, es que aunque el público principal al que van dirigidas las funciones son estudiantes universitarios de todas las carreras, se abre también al público en general, para que puedan disfrutar de una actividad creativa y de manera gratuita.
LA CARTELERA
El ciclo de “Rompope y Galletas” que se realiza siempre en diciembre, tiene como objetivo compartir películas con mensajes esperanzadores o que tengan que ver con la unión familiar, “entendiendo familia como algo más allá de lazos de sangre, me refiero a la red de personas que consideramos nuestra familia”, señala Samantha Carrillo. “No solemos proyectar películas que popularmente se encasillan con la típica historia de navidad, ya que estas siempre están disponibles en la televisión y otros tipos de cine, entonces buscamos dar una propuesta diferente pero que rescata los valores típicos de esta época del año”, añadió Carrillo.
En este 2023, Cine Universitario en conjunto a la Feria de las Artes y el Planetario de San José tiene planificado proyectar 3 funciones del ciclo de Cine al Aire Libre “Rompope y Galletas”. Cada función empieza a las 6:30 p.m. en las siguientes fechas:
Viernes 08 de diciembre, Parqueo de la Facultad de Educación:
El Gran Pez (Big Fish). 2003. EE. UU. Drama/Fantástico. Director: Tim Burton.
Sábado 09 de diciembre, Parqueo de la Facultad de Educación:
Isla de Perros. 2018. EE. UU. Animación-aventura. Director: Wes Anderson
Jueves 14 de diciembre, en el patio del Planetario de San José:
Sergio & Serguéi. 2017. Cuba. Ficción. Director: Ernesto Daranas
Alisson Chévez Avilés (Asistente Unidad de Comunicación), UCR
La Universidad de Costa Rica y la Benemérita Biblioteca Nacional le invitan a la Narración de cuentos de El libro de la Navidad con el autor Carlos Rubio.
La actividad se realizará el martes 19 de diciembre a las 10:00 a.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional y también se transmitirá por el Facebook: Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/
El grupo de estudiantes del curso Historia del Derecho, que imparte el catedrático Walter Antillón en la Sede de Occidente de la UCR, montaron ANTÍGONA, la conocida tragedia de Sófocles.
La presentación será en el auditorio de la Sede en San Ramón con entrada gratuita.
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