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1. La problemática que hoy envuelve a la educación costarricense es un fenómeno social, cultural, político y económico de amplia complejidad, que requiere de la participación de diversas instituciones y disciplinas.
2. La educación pública ha sido uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado Social de Derecho. Esta institucionalidad en materia educativa ha permitido la creación de leyes, decretos, reglamentos, que han dado vida a entidades y órganos que regulan al sistema educativo costarricense, tal es el caso del Consejo Superior de Educación, la Dirección de Servicio Civil, la Ley de Carrera Docente, la Ley Fundamental de Educación, el Código de Educación, el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano (IDP), entre otros.
3. El Ministerio de Educación Pública cumple la labor más importante de nuestra estructura social educativa y sus directrices impactan la organización presente y futura.
4. Es imprescindible gestionar e implementar una política de evaluación de la calidad docente, tal como lo han sugerido el VIII Informe del Estado de la Educación y Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2023, para un  verdadero mejoramiento de la educación costarricense.
5. Es necesario lograr una formación docente, pertinente con la realidad nacional e internacional, por ello es necesario que los Marcos Nacionales  de Cualificaciones para la Educación Costarricense, presentados desde el 2021, se implementen para asegurar la calidad de la formación de formadores, tanto en la educación pública como privada. con estándares de calidad que así lo sustentan.
6. El Consejo Superior de Educación no ha sesionado como apremia el contexto para la necesaria toma de decisiones en materia educativa, lo que ha producido una pérdida de oportunidades de superación personal a todas las personas estudiantes, pero sobre todo a los niños, las niñas y adolescentes  que emergen de la pandemia profundamente afectados en lo personal, lo social y lo académico.
7. Los resultados de las últimas pruebas PISA siguen demostrando graves retrasos en las habilidades de lectoescritura, pensamiento matemático y científico en el alumnado y, sin embargo,  el Ministerio de Educación no ha mostrado una política educativa clara y diseñada bajo los parámetros científicos básicos ni las particularidades del desarrollo infantil y adolescente.
8. El mejoramiento de la infraestructura escolar y la contratación de docentes sigue dependiendo de una excesiva burocracia, que deja sin horas vitales de aprendizaje a miles de estudiantes en todo el país.
9. La actual administración del Ministerio de Educación Pública no parece estar tomando en consideración la experticia técnica dentro de su misma institución, ni los esfuerzos e iniciativas de administraciones anteriores en pro de la educación, cancelando así la continuidad de procesos de solución para los problemas graves que se venían trabajando (plan educativo relacionado con  los Objetivos de Desarrollo Sostenible y plan para una política para la promoción de idiomas, entre otros).
10. La conducta autolesiva, el suicidio, los trastornos de la salud mental y la violencia, incluyendo el “bullying”, se han incrementado de forma dramática en los últimos años, lo que evidencia que en los escenarios educativos ni estudiantes ni docentes encuentran ambientes saludables para el desarrollo, la formación en valores ni modelos positivos para crecer y realizarse como personas. El sistema educativo debe asumir su responsabilidad en este aspecto procurando un cuerpo docente con vocación, fuerte formación académica y humanista, creativo y sensible a las necesidades de toda la población estudiantil.
11. Es fundamental que desde el Ministerio de Educación Pública se gestionen nuevos espacios de diálogo con la comunidad educativa del país, para no afectar la dinámica y el beneficio de muchos programas académicos y de acción social que históricamente se han realizado en conjunto con su jefatura, en los cuales se encuentran exitosos proyectos relacionados como los de la Fundación Omar Dengo y cuya anulación contractual no ha sido clara y podría provocar un grave retroceso en el desarrollo de competencias digitales en la comunidad educativa.
12.  Las directrices, rutas y las asesorías actuales en todos los niveles organizativos del Ministerio, generan confusión, falta de claridad, desinformación y por lo tanto, afectan la operacionalización de la gestión educativa, como puede ilustrarse con la realización de la “Prueba Nacional Estandarizada diagnóstica y sumativa año 2023, para población estudiantil que cuenta con el apoyo curricular significativo”, en la cual la población estudiantil con apoyo curricular significativo en una, dos o tres asignaturas, se vieron excluidos de la aplicación de esta prueba y han visto violentados sus derechos al privárseles de la oportunidad de demostrar los aprendizajes adquiridos, evaluándoles de la manera apropiada.
13. En la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, la cual incluye cinco escuelas especializadas y un Instituto de Investigación en Educación (INIE), existen muchos profesionales prestos para colaborar con el MEP y para aportar en los procesos de actualización para el profesorado, en programas educativos para fortalecer los aprendizajes de las personas estudiantes y para facilitar la transición a la vida universitaria de los estudiantes egresados de la secundaria.

Por tanto, ante las preocupaciones aquí señaladas, como Facultad de Educación urgimos a las instituciones involucradas y a la población costarricense en general a participar activamente en soluciones integrales, las cuales incluyen:

1. Instar al Consejo Superior de Educación para que atienda como prioridad la valoración de estrategias para la evaluación de las personas docentes.

2. Agilizar la implementación de los Marcos Nacionales de Cualificaciones para la Educación Costarricense y exigir plazos concretos para su aplicación, con una clara asignación de personas y entidades responsables en cada etapa, para que así todas las universidades que ofrecen carreras de educación participen en procesos de mejora. La calidad de las personas docentes es el primer elemento transformador del sistema educativo.

3. Reactivar el diálogo y la gestión conjunta entre el MEP y las universidades estatales, en busca de un trabajo claro, asertivo y planificado, desde los aportes específicos que estas casas de enseñanza pueden aportar para  el mejoramiento de la calidad educativa.

4. Recuperar el enfoque humanista y solidario en la educación, tal como se expresa en el Artículo 78 de la Constitución Política de Costa Rica, el cual es el propio de un régimen progresista y democrático, y abandonar la visión cortoplacista y utilitaria a la que se parece ir sometiendo la educación actualmente. Las artes, la filosofía, los deportes y las humanidades no son accesorios culturales prescindibles; son aspectos esenciales para construir personas sensibles, empáticas y plenas, y que, de paso, pueden enaltecer y ampliar la visión de los oficios científicos y tecnológicos.

5. Establecer estrategias para dignificar el trabajo docente, con contrataciones expeditas, jornadas racionales, actualización y capacitación docente, reducción de trámites administrativos y salarios acordes con un trabajo que supera las horas institucionales.

6. Generar más espacios para la recreación sana y la interacción positiva entre estudiantes y docentes. La educación integral también es parte indispensable de un plan preventivo contra la delincuencia.

La Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica cuenta con una trayectoria histórica de más de ochenta años al servicio de todos y todas las costarricenses y continuamos ofreciendo nuestra total disposición, como comunidad educativa y entidad pública, para colaborar con nuestra sociedad por el bien de la educación pública costarricense, en defensa de un modelo que enaltezca la dignidad humana y fomente el óptimo desarrollo de todos los niños, niñas y adolescentes a lo largo y ancho de nuestro país.

Por ello, además de las observaciones realizadas aquí por la comunidad de la Facultad de Educación sobre la situación actual de nuestro sistema educativo, esta ofrece al servicio del país, entre otros apoyos, los siguientes:

1. Una plataforma académica para colaborar en la puesta en marcha de planes y programas de capacitación y actualización para el personal docente en servicio de manera presencial y virtual.
2. Una infraestructura física, tecnológica y de gestión de la información para la puesta en marcha de proyectos académicos innovadores para el mejoramiento de los procesos educativos.
3. Una trayectoria de investigación que puede contribuir con el desarrollo de investigaciones interdisciplinarias e interinstitucionales para abordar los aspectos esenciales de los problemas que aquejan a la educación costarricense con un enfoque dialógico y constructivo.
4. Múltiples proyectos de acción social que benefician familias y diversas comunidades, dándoles oportunidad de continuar estudios secundarios, desarrollar habilidades científicas y artísticas,  brindar apoyo ante necesidades educativas especiales y brindar, a todos los grupos etarios, alfabetización digital e informacional para enfrentar los retos y desafíos de los procesos educativos virtuales y su mediación pedagógica.

La Facultad de Educación exhorta a las autoridades ministeriales a tender puentes para retomar el diálogo abierto, respetuoso y constructivo que nos ha caracterizado por décadas para plantear soluciones estratégicas a las diversas problemáticas de la educación costarricense.  La Facultad de Educación es una unidad académica de puertas abiertas, que reafirma su compromiso con las diferentes poblaciones y sectores de la sociedad costarricense con un enfoque inclusivo, diverso y equitativo.  La Facultad de Educación es un eslabón más de la cadena de personas, organizaciones y entidades que, unidas, podemos contribuir a cerrar la brecha educativa.