Freddy Arias Mora, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y coordinador del proyecto Pro Human Biolaw en la UCR
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
El país carece de una política de medicamentos para el ámbito público y privado
La mayoría de la población no conoce el costo de los fármacos que recibe de la CCSS
Constantemente se plantea en la discusión pública que los medicamentos en Costa Rica son muy costosos. En los medios de prensa y discursos políticos se argumenta que es necesario disminuir el precio de los medicamentos en el país.
Ante esta situación, en la última década, se han planteado gran cantidad de proyectos de ley en la Asamblea Legislativa para controlar el mercado de medicamentos en el país. Se han propuesto medidas de control de precios de los productos y limitaciones de márgenes de ganancia de los establecimientos participantes del mercado.
Hasta el año 1994 la Ley de Protección al Consumidor,1 otorgaba al Ministerio de Economía, Industria y Comercio la facultad de fijar, modificar y controlar los porcentajes de utilidad sobre la producción y comercialización de los bienes y servicios; además, fijar, modificar y controlar los precios máximos para los bienes y servicios. Se consideraban como bienes necesarios o de consumo básico los alimentos básicos, vestuario popular y los medicamentos incluidos en el cuadro básico de la Caja Costarricense de Seguro Social, entre otros.
Esta regulación de precios por parte del Poder Ejecutivo se eliminó mediante la aprobación de la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor,2 la cual derogó totalmente la Ley de Protección al Consumidor. Se planteaba que la fijación de precios generaba distorsión en el mercado y afectación de las personas consumidoras. Por ende, cada farmacia puede vender los medicamentos al público al precio que lo considere adecuado y de acuerdo con la realidad del mercado. Esta fijación de precios de manera discrecional por parte de cada farmacia ha producido que existan diferencias entre farmacias de las diferentes zonas del país.
La formación del precio de medicamentos es un tema complejo y depende de factores comerciales internacionales y dinámicas de mercado propias del país. En el país existen muchos actores comerciales en el mercado y las regulaciones vigentes tienden a fomentar la competencia.
Otro factor que se debe tomar en cuenta en la discusión respecto al precio de medicamentos es la percepción de la población sobre el costo de los productos que son suministrados por la Caja Costarricense de Seguro Social. La mayoría de la población recibe sus medicamentos sin tener conciencia del costo que tienen y lo reciben en la farmacia sin pagar ningún reembolso directo, situación que no ocurre en otros países, como España.
Es indudable que el mercado de medicamentos en el país requiere ser ordenado. Muchos aspectos del comercio de medicamentos no están regulados de manera adecuada, tal como la publicidad, la gestión de medicamentos para uso veterinario, el envío exprés de medicamentos por medio de plataformas digitales y la producción de medicamentos magistrales y oficinales. No existe normativa que regule establecimientos farmacéuticos especializados ni está regulado el uso de medicamentos sin registro o fuera de indicaciones oficiales.
El papel del Ministerio de Salud, como ente rector de salud en el país, debe ser actualizado y brindar más recursos para el ágil otorgamiento de registros sanitarios y la adecuada fiscalización de establecimientos farmacéuticos, acorde con las mejores prácticas internacionales.
A pesar de que el Reglamento del Formulario Terapéutico Nacional, decreto ejecutivo N° 19343-S está vigente desde el año 1989, y pretende racionalizar el uso de medicamentos, este formulario no es actualizado por el Ministerio de Salud desde hace más de 30 años.
Más allá del precio de medicamentos comunes, debe ser de preocupación el desafío que plantea el acceso a medicamentos de alto costo. Estos medicamentos son cada vez más frecuentes y son utilizados para tratar enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes o enfermedades raras o huérfanas.
Resolver los vacíos legales y actualizar la normativa requiere de una legislación integral adaptada a las condiciones modernas. La principal norma en temas farmacéuticos es la Ley General de Salud, que este año cumple 50 años de haberse promulgado. La realidad de hace medio siglo es muy diferente a la actual y es necesario actualizar la normativa.
El país carece de una política de medicamentos para el ámbito público y privado. La política pública de medicamentos está en manos del prestador del servicio y no es un proceso transparente y participativo, sino que se rige por procesos administrativos, sin posibilidad de discusión o análisis por parte de la sociedad civil.
La falta de una normativa adecuada y una política pública acorde con la realidad nacional se refleja en la gran cantidad de recursos de amparo que presentan las personas reclamando terapias para tratar su enfermedad. La judicialización de la salud es un síntoma de la falta de regulación adecuada del sistema. No es normal que un ciudadano tenga que recurrir a un tribunal constitucional de alto nivel para que le brinden una terapia para tratar su enfermedad.
Analizar estos problemas jurídicos con un alto componente sanitario es el objeto de estudio del bioderecho. La Universidad de Costa Rica ha trabajado en el desarrollo de este campo de estudio por medio de la participación en el proyecto Pro-Human Biolaw financiado por la Unión Europea, junto con otras universidades de Latinoamérica y Europa. Se considera que es fundamental el análisis inter, multi y transdisciplinar de estos temas complejos.
Abordajes simplistas como homologación de registros sanitarios o control de precios de medicamentos no resuelven los problemas estructurales que tiene el sistema. Es necesario que como sociedad se genere discusión y acuerdos que permitan brindar sostenibilidad al sistema para lograr una mejor calidad de los servicios de salud.
María Luz Barquero Carvajal, Lorena Quirós Calderón y Adriana Garrido Quesada asisten a las clases de Esgrima del PIAM. Foto por Anel Kenjekeeva Sancho, UCR.
15 de junio: Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia contra las Personas Adultas Mayores
Autoría: Lillianne Sánchez Angulo (Unidad de Comunicación)
¡Los números son alarmantes! En el año 2020 producto de la pandemia, 181 personas adultas mayores fueron abandonadas en los hospitales y reubicadas por el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), esta cifra aumentó de enero a mayo del 2022 a 350; evidenciando que la sociedad costarricense todavía no adquiere conciencia sobre el no abuso, maltrato, marginación y negligencia contra las personas adultas mayores.
En la Universidad de Costa Rica (UCR), el “Programa Institucional para la persona adulta y adulta mayor” (PIAM) de Acción Social, busca contribuir con la sociedad para que estas manifestaciones de violencia contra la población adulta mayor, sean cada vez menos y la educación es básica en este proceso.
“Si nosotros a través de la educación llevamos un mensaje a la sociedad, ese mensaje va a calar, no solamente en las generaciones que en este momento son mayores, sino en las generaciones que están por venir y que conforme vayan creciendo, van a tener una nueva visión acerca de lo que es la vejez y como tal, el proceso de envejecimiento” afirmó Sofía Elena Segura Cano, coordinadora del PIAM UCR.
“Una educación para la vida basada en el respeto y en la dignidad de la persona consigo misma y hacia los demás.” MSc. Sofía Elena Segura Cano, coordinadora PIAM UCR. Foto por Anel Kenjekeeva Sancho, UCR.
Sin embargo, los datos numéricos nuevamente pone al descubierto la violencia que viven día a día “2 de cada 5 personas mayores perciben ser víctimas de violencia o discriminación”, según datos del II Informe Estado de Situación de la persona adulta mayor en Costa Rica.
“Una vida libre de maltrato significa tener el apoyo incondicional de los hijos, el apoyo de la esposa y el amor de ellos, para estar en un ambiente seguro. Una vida libre de maltrato significa tener la posibilidad de reunirme con mis amigos, comentar, hablar y disfrutar del aire”, expresó Elias Rodríguez Chaverri estudiante del PIAM, del curso Plantas Medicinales.
El objetivo es eliminar toda muestra de violencia por medio de la defensa de los derechos que de por sí, tiene cada ser humano que habita en el planeta tierra. El problema de la sociedad es que entre más edad tiene una persona, la población cree que su ser íntegro se desvanece; colocando estereotipos que perjudican a las personas adultas mayores, así lo explican diversas investigaciones que tratan de eliminar el edadismo.
“Todos los derechos son importantes, pero el derecho a la educación nos resulta fundamental y es uno por los que hay que trabajar porque brinda o da el espacio a las personas adultas mayores para aumentar sus conocimientos en todas las realidades que existen en el contexto del ser humano, pero mucho más importante en el tema del conocimiento de sus propios derechos y cómo hacerlos efectivos”; afirmó Emiliana Rivera Meza, directora ejecutiva de CONAPAM.
El PIAM tiene 1244 estudiantes matriculados en los 101 cursos del 1 Ciclo Lectivo del 2022 que imparte el PIAM. Fotos por Anel Kenjekeeva Sancho, UCR.
Una educación permanente
Adriana Garrido Quesada, Lorena Quirós Calderón y María Luz Barquero Carvajal asisten todos los miércoles a las clases de esgrima del PIAM. Mientras tanto, ese mismo día a esa misma hora en el edificio de Educación Continua de la UCR, cinco personas adultas mayores están recibiendo clases de francés conversacional y a la par de esta aula unos 15 estudiantes de este rango de edad reciben una clase de plantas medicinales. A unos dos kilómetros de ahí, específicamente en una de las aulas del PIAM, comparten -alegremente- unas 13 señoras en la clase de artesanías y manualidades.
Todos estos cursos van tras la misión del PIAM que “promueve el derecho a la educación a lo largo de la vida, y se fomentan las relaciones intergeneracionales.”
“Si nos ponemos a hablar de lo que puede ofrecer el PIAM, lo que ha ofrecido en todos estos [36] años, y creo que estaríamos hablando de una historia larga, porque ha sido pionero de lo que es educación para personas adultas mayores(…) y su función dentro de la sociedad costarricense, a la vez que promueve la generación de entornos de aprendizajes para que las personas puedan venir y cumplir con una serie de aspectos de expectativas”, explicó Segura.
Al inicio, el PIAM reunía a unas 300 personas y esa cantidad aumentó a 3.000 estudiantes antes de la pandemia. Durante ese tiempo de aislamiento, las funcionarias de este programa buscaron la forma de mantener la vinculación con la población matriculada. Hoy, poco a poco retoman la presencialidad; en busca de mejorar la calidad de vida de cada una de las personas adultas mayores que forman parte de la familia universitaria.
Mientras la UCR por medio de PIAM realiza esfuerzos para contribuir a una sociedad sin maltrato para las personas adultas mayores; las alumnas expresan el significado de una vida sin maltrato “significa lo que debería ser siempre: ¡No debería de existir una vida con maltrato!”, puntualizó Garrido.
En el siguiente video, 7 de sus 1244 estudiantes matriculados en el PIAM dan su opinión sobre qué significa vivir una vida sin maltrato.
Sofía Segura Cano, coordinadora del Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor (PIAM) y docente de la Escuela de Medicina. Foto: Anel Kenjekeeva. UCR.
15 de junio: Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia hacia las Personas Adultas Mayores
En esta misma fecha se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez
El 15 de junio se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez y Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia hacia las Personas Adultas Mayores, como un llamado de atención a los Estados y sociedades por la defensa de los derechos de las personas mayores y el goce de sus libertades fundamentales. Al respecto, en esta fecha es pertinente reflexionar sobre conceptos que, lastimosamente, no se encuentran alejados de nuestra realidad: abandono, maltrato, negligencia y discriminación; los cuales pueden conllevar a situaciones de abuso económico, social, psicológico, sexual y patrimonial, según sea el caso. De acuerdo con el II Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica (II Espam), publicado por la Universidad de Costa Rica y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), dos de cada cinco personas mayores de 65 años han percibido ser víctimas de violencia y una de cada diez reporta haber sufrido discriminación.
En este sentido, se torna necesario discutir acerca del edadismo, definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como los estereotipos (cómo pensamos), los prejuicios (cómo sentimos) y la discriminación (cómo actuamos) hacia otras personas o hacia sí mismo, por razones de edad. Ciertamente, la definición no es exclusiva para personas de edad avanzada, sin embargo, son las más afectadas y estas conductas pueden conducir a otras como las citadas en el párrafo anterior. Cabe destacar que este fenómeno se puede presentar a nivel institucional, interpersonal o autoinfligido. De acuerdo con el Informe Mundial de Edadismo, publicado por la OMS (2021), una de cada dos personas es edadista hacia las personas mayores. Por tanto, es necesario observar, analizar y recapacitar acerca de su origen y, sobre todo, identificar cuáles medidas se pueden implementar en procura de la defensa de los derechos humanos, independientemente de las condiciones personales, económicas, sociales o culturales.
El citado informe destaca tres estrategias para reducir el edadismo: desarrollo y cumplimiento de políticas y legislación, intervenciones educativas e intervenciones de contacto intergeneracional. En el país, la normativa se ha ido desarrollando durante las últimas décadas y ha estado acompañada de acciones estatales y de otras instancias para la defensa de los derechos de las personas mayores, con el fin de promover su bienestar en la sociedad. Se destacan como ejemplos de estas instancias el Conapam, los Consultorios Jurídicos de la Universidad de Costa Rica y la Asociación Gerontológica Costarricense, entre otros.
En cuanto a la segunda estrategia, el II Espam igualmente señala las tareas pendientes en relación con la educación para el envejecimiento e indica que persiste una imagen negativa asociada a la vejez, la cual es más marcada para las mujeres. Asimismo, señala que estos imaginarios son construidos desde la niñez. Por esto, el país debe trabajar por reforzar la educación como fuerza transformadora de la sociedad, con un enfoque integrador, que permita conceptualizar al envejecimiento como un proceso que transcurre a lo largo de todo el curso de la vida. También es necesario que se incorpore a las distintas generaciones en un diálogo sobre la dignidad y el respeto de cada etapa. De esta manera se logrará cumplir también con la tercera estrategia de manera sinérgica.
La educación para el envejecimiento debe ser una educación para la vida y no debe circunscribirse en la comprensión de los procesos biológicos, debe trascender hacia el reconocimiento del individuo y de la colectividad, reconociendo en cada persona y en cada etapa su valor y responsabilidad para, de esta manera, construir relaciones reales basadas en el respeto, sin caer tampoco en visiones idealizadas, que son igualmente lesivas para el entorno. Para esto, es necesario trabajar desde la infancia y retomar los aprendizajes de quienes ya se encuentran en otras edades, en aras de deconstruir y reconstruir la sociedad que merecemos.
El Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor (PIAM) ha trabajado en iniciativas y proyectos socioeducativos dirigidos a personas mayores de 50 años desde 1986, esto le ha dado la oportunidad y el privilegio de defender el aprendizaje a lo largo de la vida, generar espacios para el conocimiento y el reconocimiento de sus participantes, favorecer el intercambio intergeneracional desde un ámbito académico y compartir con actores sociales en el desarrollo de los conceptos de vejez y envejecimiento desde una visión más práctica y cotidiana. Debido a esto, desde el programa exhortamos a generar más espacios de aprendizaje de, para, por y con personas mayores, que incorporen a distintas generaciones, como medida para combatir el edadismo y ayudar a construir sociedades más justas, inclusivas y dignas.
Sofía Segura Cano Coordinadora del Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor y docente de la Escuela de Medicina, UCR
Por Nicolas Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho
Algunas reflexiones a propósito de la reciente conmemoración del Día Internacional del Ambiente
«Hace unos años atrás, tenía a mi hijo muy enfermo, tenía problemas respiratorios, lo tenían en observación, poniéndole nebulizaciones. El enfermero, que todavía trabaja allí en la clínica, desde que llegué empezó a cuestionar, que por qué nos oponíamos a la hidroeléctrica en ese entonces (Proyecto Hidroeléctrico Diquís), que por qué nosotros defendíamos derechos indígenas si todos éramos iguales«. Cindy Vargas, indígena Brorán de Térraba en Costa Rica. Extracto de artículo publicado en el Semanario Universidad (Costa Rica), «Mujeres indígenas denuncian discriminación y racismo en instituciones públicas por ser recuperadoras de tierra», edición del 28/04/2022
«En los años anteriores de conflicto armado hubo muchos líderes que también sufrieron y fueron desaparecidos. Los que asesinaron a mi hijo pensaron que estábamos en esa época todavía, en la que un líder se levantaba a reclamar sus derechos y todos los demás se quedaban callados. Pero se equivocaron, porque yo no me voy a callar«, Rodrigo Tot, líder q’eqchi de Agua Caliente en Guatemala, entrevista en El País (España), artículo publicado el 10/02/2022
«El 8 de marzo de 1995 el Juzgado dejó ‘sin valor ni efecto la orden de captura librada’. Aunque esta decisión no fue motivada, el fiscal encargado de la investigación en ese momento indicó, en una declaración rendida posteriormente (infra párr. 63), que el joven Juan Francisco López Mejía reveló haber sido coaccionado a rendir declaración incriminatoria, por lo que se determinó que no hubo méritos para la captura. El 23 de marzo de 1995 se recibió la última de las 27 declaraciones testimoniales mencionadas, correspondiente a un coronel del Ejército, de apellido Amaya. Un año después, el 10 de marzo de 1996 la Dirección de Investigación Criminal en Tela presentó un informe sobre el caso en el que subrayó que ‘en las investigaciones de este caso se van a tocar intereses muy grandes y de cualquier forma los oficiales de investigación asignados al caso corren mucho peligro‘. Extractos (párrafos 57-58) de la sentencia de la Corte IDH contra Honduras dictaminada en el 2009, sobre el caso de Blanca Jeannette Kawas Fernández, ecologista hondureña asesinada el 6 de febrero de 1995.
El pasado 30 de mayo del 2022, dos Comisiones del Senado de Chile (Ambiente y Relaciones Exteriores) aprobaron el Acuerdo de Escazú: lo hicieron con 7 votos a favor y 2 abstenciones (véase nota de El Mostrador y esta nota oficial de las autoridades ambientales chilenas).
Tan solo 24 horas después, el Senado chileno procedió a una segunda votación ampliada que se materializó el 31 de mayo, con 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones (véase nota oficial del mismo Senado).
Se trata de dos votaciones sucesivas en Chile que ponen fin al proceso interno de aprobación del Acuerdo de Escazú, y que ahora, plantean algunas interrogantes a los demás Estados en los que se sigue manteniendo obstaculizado la aprobación del Acuerdo de Escazú dentro de sus respectivos poderes legislativos. La conmemoración del 5 de junio del 2022, Día Internacional del Ambiente, constituye una fecha propicia para reflexionar al respecto.
A modo preliminar: un generoso mes de mayo para Escazú
Estas dos votaciones en el Senado chileno vienen a culminar un proceso iniciado en la Cámara de Diputados de Chile, la cual aprobó el pasado 11 de mayo del 2022, en primer debate constitucional, el Acuerdo de Escazú: véase notade El Mostrador y cable EFE registrado en La Vanguardia. Esta aprobación también se hizo con una abrumadora mayoría: 105 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones.
Siempre en el mismo mes de mayo, un segundo debate se llevó a cabo en el seno del mismo Poder Legislativo chileno asociando al Senado (véase al respecto esta nota oficial del mismo Senado del 16 de mayo del 2022).
Las indiscutibles mayorías obtenidas en las dos cámaras del Poder Legislativo chileno en menos de 20 días evidencian que los supuestos «argumentos» en contra del Acuerdo de Escazú ya no impresionan sino a unos muy pocos, y que forman parte del pasado. Las cifras obtenidas en ambas cámaras chilenas recuerdan a su vez que en noviembre del 2020, el Senado de México aprobó el Acuerdo de Escazú por unanimidad (véase comunicado oficial de su Senado) y que en septiembre del 2020, en Argentina, la votación en la Cámara de Diputados registró 240 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones (véase nota oficial).
Es muy probable que con tan decidido paso, Chile deposite el instrumento de ratificación correspondiente al Acuerdo de Escazú durante el mes de junio del 2022, mes del ambiente, como muy bien se sabe, con su máxima expresión el 5 del mes (Día Mundial del Ambiente): cabe precisar que en este mes de junio del 2022, se celebran los 50 años de la primera declaración internacional en materia ambiental, la cual fue adoptada en Estocolmo en 1972 durante una cumbre realizada del 5 al 16 de junio de 1972. Desde entonces, Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil conmemoran y celebran el 5 de junio como el Día del Ambiente (véase texto de la Declaración de Estocolmo de 1972, en páginas 3-6).
Una breve puesta en contexto
El Acuerdo de Escazú (véase texto completo) se adoptó en Costa Rica en marzo del 2018 y su nombre completo es «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe«.
Este instrumento regional de vanguardia se adoptó, siendo escogida la fecha del 4 de marzo como un homenaje de toda la región al natalicio de Berta Cáceres, lideresa hondureña lenca, asesinada en el 2016 (véase nota de Amnistía Internacional publicada en marzo del 2022 al conmemorarse 6 años desde su asesinato y una nota más reciente sobre una sentencia esperada para el 18 de mayo del 2022 que no se leyó).
Cabe indicar que para este año 2022, el Premio Goldman en materia ambiental incluyó, en el caso de América Latina, a dos líderes indígenas ecuatorianos que llevan muchos años luchando contra proyectos extractivistas (véase nota de La Vanguardia y nota de France24 del 26/05/2022). En Honduras, Berta Cáceres había sido galardonada con este mismo prestigioso premio internacional en el 2015.
Foto de Berta Cáceres Flores, lideresa hondureña lenca, asesinada el 3 de marzo del 2016, extraída de esta nota de prensa de La Vanguardia titulada «El asesino de Berta Cáceres era un sicario: un joven pobre». El GAIPE (Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas) un grupo de investigación internacional fue constituido para esclarecer su asesinato y en particular la trama político-empresarial responsable de su muerte, que intentó en un primer momento encubrir y maquillar el mismo Estado hondureño (véase al respecto el informe titulado «Represa de Violencia. El Plan que asesinó a Berta Cáceres»).
El pasado 22 de abril, día en que se celebra el Día de la Madre Tierra, tanto órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos hicieron un vehemente llamado conjunto (véase comunicado) exigiendo la pronta ratificación del Acuerdo de Escazú, señalando además que:
«el Acuerdo de Escazú es un poderoso instrumento para prevenir conflictos mediante el acceso a la participación, información y justicia en asuntos ambientales. El Acuerdo de Escazú es también un hito pues consagra la protección de las personas defensoras y su rol, cuyo espíritu nos recuerda que para defender el medio ambiente se debe empezar por proteger a quienes lo defienden«.
En el caso específico de Costa Rica, el V informe anual (2021) dado recientemente a conocer el pasado 26 de mayo (véase informe) de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) —un órgano adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— expresa sin mayores contemplaciones, en el capítulo correspondiente a Costa Rica, que:
«579. En relación con el acceso a la justicia respecto a asuntos ambientales, la REDESCA toma nota que a pocos días que entre en vigor el Acuerdo de Escazú, que protege el acceso a la información, participación pública y a la justicia en asuntos ambientales en América Latina, Costa Rica aún no lo ratificó, pese a que el acuerdo fue firmado hace tres años y desde entonces Costa Rica impulsó que otras naciones latinoamericanas lo suscribieran. La Relatoría Especial llama a Costa Rica a la ratificación del Acuerdo adoptado en Escazú, en sintonía con su compromiso con la protección del ambiente«.
Con el Acuerdo de Escazú, la esperada «sintonía» de Costa Rica con el compromiso en favor de la protección del ambiente está dando lugar a yerros, silencios, improvisaciones, omisiones y declaraciones que más bien evidencian una sorprendente e insólita cacofonía, como lo veremos a continuación.
Costa Rica y Chile: dos Estados en la mira
Hay que tener en mente que el largo proceso de negociación del Acuerdo de Escazú, que duró exactamente 5 años, 7 meses y 7 días, fue coliderado por Chile y por Costa Rica. Dos Estados que pusieron a sus mejores equipos de negociadores para lograr llevar a feliz término el proceso de discusión entre los 33 Estados que integran la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (más conocida como Cepal): un trabajoso proceso, que requirió un total de 9 largas rondas de negociación (véase acta final de la novena y última ronda de negociaciones, realizada en marzo del 2018 Costa Rica).
Adoptado en marzo, en el mes de junio del 2018, con ocasión del Día Internacional del Ambiente, en calidad de copresidentes Chile y Costa Rica en una declaración conjunta (véase texto completo) enfatizaron que:
«Ambas co-presidencias invitan a todos los treinta y tres gobiernos de la región a suscribir este importante tratado y contribuir por medio de su implementación a una protección más integral del ambiente y el fortalecimiento de los Derechos Humanos. Asimismo, reiteran que el Acuerdo de Escazú inaugura, desde las particularidades de América Latina y el Caribe, un nuevo estándar para la construcción y consolidación de la democracia ambiental. Costa Rica y Chile creen firmemente que la pronta entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, será una señal inequívoca de la vocación de nuestra región para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y representa una importante contribución al multilateralismo«.
Esta declaración conjunta del mes de junio del 2018 constituye la última manifestación oficial de ambos Estados en favor del Acuerdo de Escazú. Hay que agradecerle a la diplomacia chilena por haberla mantenido en su portal oficial desde entonces.
Cabe indicar que en el mes de julio del 2019, ante los titubeos evidenciados con la aprobación del Acuerdo Escazú en América Latina, ambos Estados recibieron un primer llamado de atención suscrito por varios mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas que fue remitido de igual manera a otros Estados (véase texto del comunicado conjunto enviado a Costa Rica): pese al importante número de firmantes de esta misiva, no se logró mayor avance en el caso de Chile, ni tampoco de Costa Rica.
Un paso más hacia una rectificación por parte de Chile
Esta aprobación en la Cámara de Diputados chilena el pasado 11 de mayo y luego en el Senado el 31 de mayo constituyen dos importantes logros del Poder Ejecutivo de Chile, que permiten vislumbrar una nueva ratificación del Acuerdo de Escazú muy pronto: un tratado regional que ya cuenta con 12 Estados Partes (los últimos en ratificarlo —de forma conjunta— en enero del 2021 siendo Argentina y México).
Por parte de América Latina, Chile vendrá a sumarse a las ratificaciones ya registradas (véase estado oficial de firmas y ratificaciones) de Bolivia y Uruguay (septiembre del 2019), Panamá y Nicaragua (marzo 2020), Ecuador (mayo 2020), así como Argentina y México (enero 2021). Se trata de Estados en los que, dicho sea de paso, no se ha observado en lo más mínimo una salida de las inversiones extranjeras o una parálisis de sus respectivas economías o una inseguridad jurídica desde que se aprobó el Acuerdo de Escazú. Ni mucho menos una invasión indebida de la inversión de la carga de la prueba en el ámbito del derecho penal, tal como se ha escuchado que provocaría el Acuerdo de Escazú en Colombia, en Costa Rica pero también en Perú y en Paraguay (Nota 1) por parte de algunos: sobre estos últimos, debemos precisar que lo han hecho de una manera bastante extraña para el caso costarricense, como se explicará en las líneas que siguen.
Al haber firmado este acuerdo regional (en setiembre del 2018), pero no haberlo aún ratificado en estos últimos cuatro años, Costa Rica comparte esta situación en América Latina con (además de Chile) los siguientes Estados: Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Una Costa Rica que ha basado históricamente su imagen internacional en el respeto y la defensa de los derechos humanos y en la protección del ambiente, … ¿en esta lista de Estados renuentes a proteger los derechos de quienes defienden el ambiente? Así como se lee, por más extraño que pueda sonar para nuestros estimables lectores costarricenses (así como a los no costarricenses …).
Con relación a las buenas prácticas en materia de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, no está de más referir a nuestros lectores a esta publicación de la Cepal titulada precisamente «Las sinergias entre el gobierno abierto y el Acuerdo de Escazú». En el caso específico de Costa Rica además, podemos referir a este comunicado de prensa oficial de la Cepal difundido a raiz de una importante reunión celebrada en San José el 8 de marzo del 2022, titulado «Banca multilateral y OCDE consideran fundamental el Acuerdo de Escazú para generar un clima de inversiones sostenidas y sostenibles»: un comunicado oficial de prensa que, extrañamente, no fue referenciado en ninguno de los principales medios de prensa costarricenses (Nota 2). Otro comunicado de prensa, sobre esta misma reunión de la Cepal, esta vez proveniente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, fue objeto de la misma indiferencia mediática (Nota 3). No se tiene explicación alguna sobre tan notorio silencio a la hora de redactar estas líneas, pero debe existir (y desde ya se agradecería a especialistas en la materia realizar las investigaciones pertinentes).
Al proveer el Acuerdo de Escazú también herramientas tendientes a un mayor acceso a la información pública, a mayor transparencia y rendición de cuentas, no está de más preguntarse quiénes podrían sentirse (eventualmente) amenazados por tan loables objetivos en América Latina. En el caso de Colombia, un reciente artículo —cuya lectura recomendamos— habla de «terror» al respecto en algunas cúpulas empresariales (véase artículo publicado en el medio internacional Pressenza).
Más allá de la percepción de miedo, que puede ir aumentando en temor, miedo intenso, pavor, espanto o pánico e ir conduciendo a una sensación cercana al precitado «terror» de algunos sectores colombianos, no está de más señalar que el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile (SEA) elaboró un instructivo sobre la participación ciudadana en materia de evaluación ambiental (véase texto completo), dado a conocer el pasado 2 de junio del 2022. Se trata de una valiosa herramienta que consolida el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental, en particular para las comunidades afectadas por lo que se denomina «externalidadesambientales negativas» causadas por proyectos de cierta envergadura. Este instructivo, en nuestra modesta opinión, debería interesar desde ya a autoridades de otros Estados de América Latina. En la parte final del documento, se indica (página 12) que:
«se instruye a las Divisiones y Direcciones Regionales del SEA decretar la apertura de los procesos de participación ciudadana en todas aquellas Declaraciones de Impacto Ambiental, en las cuales, habiéndose cumplido los requisitos formales de la solicitud (artículos 30 bis de la Ley N°19.300 y 94 del RSEIA) generen a su vez, los presupuestos de la carga ambiental -beneficios sociales y externalidades ambientales negativas- en los términos expuestos en el acápite 2 letras A y B precedentes«.
Como se podrá apreciar, las autoridades políticas en Chile parecieran tener muy claro las herramientas que hay que adoptar en perfecta sintonía con el contenido del Acuerdo de Escazú y las enormes ventajas que ofrecen en materia de gobernanza ambiental, participación informada y más generalmente paz social; mientras que en otras latitudes de la región, se adolece de esta claridad. La misma Ministra de la Presidencia de Costa Rica, en la parte final del comunicado oficial del 9 de marzo que nunca fue referenciado en ningún medio de prensa costarricense (y al que referimos en la Nota 3), precisaba al respecto al concluir la reunión de la Cepal del 8 de marzo en San José que:
«la apuesta al desarrollo sostenible está en la esencia del Acuerdo de Escazú, el cual será un instrumento esencial para garantizar el diálogo y la cohesión social«.
Un mismo tratado con dos lecturas y realidades tan disímiles entre Santiago y San José observadas en este mes de junio del 2022, ameritan nuevamente analizar con más detalle las razones aludidas por los detractores del Acuerdo de Escazú en Costa Rica.
Supuestos «argumentos» en contra de Escazú que la realidad objetiva desnuda por completo con el pasar del tiempo
En Costa Rica, como en varios otros Estados, «argumentos» contra Escazú han sido difundidos en los últimos dos años. En este 2022, la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep), la Corporación Bananera Nacional (Corbana) y otras seis cámaras nacionales, varias de ellas ligadas al sector agroexportador costarricense, reiteraron el 25 de febrero a los diputados su firme oposición al Acuerdo de Escazú: véase el texto de la carta en la que indican que «dicho Acuerdo contiene vicios de inconstitucionalidad, imprecisiones y desaciertos de fondo altamente riesgosos para la estabilidad del sector productivo» y en la que concluyen solicitando que «se proceda con el rechazo del proyecto 21.245, ante los riesgos que representa para la competitividad del sector privado y por resultar altamente inoportuno para el país (sic)».
Apenas fueron hechos públicos estos y otros «argumentos» meses atrás, en abril del 2021, por parte de otra cámara empresarial (Uccaep), un primer intento para debatirlos públicamente con especialistas no logró su cometido (véase la emisión Café para Tres del medio Delfino.cr del 22 de abril del 2021 al que no quisieron concurrir representantes de Uccaep). Dos intentos posteriores en aras de realizar debates públicos con representantes de la Uccaep tampoco fructificaron (Nota 4).
Una observación muy sencilla permite, desde la perspectiva del derecho internacional público, explicar esta renuencia al debate público con especialistas: en efecto, el Acuerdo de Escazú es un tratado internacional que establece exactamente el mismo régimen de obligaciones para todos los Estados que lo aprueban, al no permitir ningún tipo de reserva (Artículo 23) que pueda modular o limitar el alcance de algunas de sus disposiciones.
Si todo lo que se predice de negativo que va ocurrirle a Costa Rica si aprueba el Acuerdo de Escazú no se ha observado en ninguno de los Estados que ya lo ratificaron, hay un problema. Y es bastante grande, en particular para los detractores costarricenses del Acuerdo de Escazú y las fichas políticas que gravitan a su alrededor repitiendo sus supuestos «argumentos».
Con relación a las afirmaciones anteriores, se entiende cada vez con mayor claridad, conforme es aprobado el Acuerdo de Escazú en otras latitudes de la región, que los supuestos «argumentos» en su contra, en realidad, no lo son. Por cierto, en el caso de Costa Rica, un muy tempranero ejercicio periodístico desde la Universidad de Costa Rica (UCR) ya lo había así detectado: véase esta nota de Doble Check del 26 de abril del 2021 —cuya lectura se recomienda— y cuyo título y contenido no han dado lugar, a la fecha, a ningún derecho de respuesta, rectificación o aclaración por parte de la Uccaep. Recientemente, el mismo equipo de periodistas puso en tela de duda algunas afirmaciones de un «experto» sobre las reservas de petróleo en Costa Rica, hechas durante una emisión de televisión (véase enlace).
Volviendo a Escazú y a algunas cámaras empresariales empecinadas en presentarlo como peligroso y altamente dañino para la economía de Costa Rica, tuvimos la oportunidad de lanzarles públicamente varias preguntas así como a sus (siempre muy hacendosas) fichas políticas: véase nuestra breve nota publicada en el medio Delfino.cr el 3 de marzo del 2022, la cual, por alguna razón, no ha sido aún contestada a la fecha de redactar estas líneas (5 de junio).
Remitimos también al artículo del jurista costarricense Mario Peña (véase texto completo) titulado precisamente “Desmitificando el Acuerdo de Escazú” y publicado en el sitio jurídico especializado de DerechoalDía. En otro artículo posterior de este mismo autor, titulado «El Acuerdo de Escazú sin Costa Rica» (véase texto), se puede leer «que el ordenamiento interno ya contempla, al menos, treinta y un distintos mecanismos e instancias de participación en temas ambientales que otorgan la oportunidad del público de ser escuchados y de presentar observaciones por los distintos medios disponibles conforme a las circunstancias del proceso, y que ni el Acuerdo de Escazú, ni la legislación interna, contemplan la posibilidad del público de vetar proyectos empresariales a través de mecanismos o instancias de participación pública«.
Escazú y la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental, o del arte de amenazar con la vaina vacía
Con relación al punto específico de la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental que tanto pareciera preocupar a algunas cámaras empresariales (así como a una magistrada de la Sala Constitucional de Costa Rica hasta hace poco), se trata de un principio que ha recibido acogida en la legislación y en la jurisprudencia de tribunales costarricenses desde 1998.
Así se detalla en este valioso artículo del precitado jurista, publicado en el medio digital Delfino.cr: dicho sea de paso, este artículo tampoco ha dado lugar a una aclaración o reacción por parte de algunos, que han invocado la inversión de la carga de la prueba como un «argumento» incuestionable para oponerse al Acuerdo de Escazú.
Cabe recordar que el no aceptar el principio de la inversión de la carga en materia ambiental apareció en la sentencia del 2011 que puso fin en los tribunales costarricenses a lo que se puede denominar el «affaire Crucitas» (Nota 5): un escándalo ambiental que expuso ante el mundo la faz oscura de la «Costa Rica Verde» que tanto se publicita. La Sala Primera de la Corte Suprema de Costa Rica confirmó en todos su extremos la valiente decisión del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) del 2010 (véase texto) declarando ilegal el proyecto minero en Crucitas. Al revisar con detalle la batería de supuestos «argumentos» jurídicos presentados por la empresa minera canadiense Infinito Gold (véase el texto completo de la sentencia 1469-2011 de la Sala Primera, cuya lectura resulta de gran interés), se observa que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental fue invocada por los abogados de la recurrente en su apelación: como era de esperar, esta argumentación fue rechazada sin mayor contemplación por los integrantes de la Sala Primera (véanse en particular los párrafos XIX y XX de la sentencia de la Sala Primera). Una empresa minera canadiense que al apelar una sentencia en su contra… ¿cuestiona la aplicación de un principio básico del derecho ambiental vigente en el ordenamiento jurídico por parte de un tribunal costarricense? Así como se lee.
No está de más señalar a nuestros estimables lectores que muchos de los que advirtieron de una supuesta (y claro está totalmente errónea) «inseguridad jurídica» en Costa Rica a raíz de la decisión del 2010 del TCA (y del supuesto riesgo de ver ahuyentada la inversión extranjera en Costa Rica) … coinciden con los que hoy adversan el Acuerdo de Escazú.
La soledad de la Corte Plena y de la Sala Constitucional con relación a otros Poderes Judiciales en América Latina
Como indicado anteriormente, el Acuerdo de Escazú establece exactamente el mismo régimen de obligaciones para todos los Estados que lo aprueban.
Ciertamente, su discusión ha dado lugar a la repentina aparición de supuestos «argumentos» en su contra similares (extrañamente similares) difundidos en varios de los Estados en los que sectores políticos y económicos han logrado frenar su aprobación. En el caso de Costa Rica, estos «argumentos» fueron difundidos por algunos sectores empresariales y por sus fichas políticas, aunque también se detectó una extraña coincidencia desde otra esfera, sin que a la fecha se nos brinde una explicación al respecto (Nota 6). Sobre esta última, una diputada, en una emisión radial universitaria, refirió a las complejas —e insondables— relaciones que mantienen los huevos y las gallinas (véase emisión disponible en YouTube del programa Interferencias, del 11 de marzo del 2022, Radio UCR, minuto 45:15 / 45:48).
No obstante, a esta inexplicada coincidencia, persiste en el tiempo otra extrañeza específica a Costa Rica: más precisamente, se trata de un insólito «descubrimiento» escuchado (y que a la fecha, no ha encontrado eco alguno en el resto de América Latina). En efecto, ningún otro Poder Judicial en los 12 Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, como tampoco el Poder Judicial peruano (véase documento), y mucho menos el chileno, ha sostenido un criterio similar al expuesto por la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia: según ella, el inciso 5 del artículo 8 del Acuerdo de Escazú conllevaría un gasto adicional para el funcionamiento del Poder Judicial costarricense. El Acuerdo de Escazú ¿obliga a un esfuerzo económico adicional para el presupuesto de la justicia en Costa Rica y únicamente en el caso de Costa Rica? Vaya innovación y esfuerzo de creatividad.
Es de notar que este «descubrimiento» (Nota 7) ha complicado innecesariamente la aprobación del Acuerdo de Escazú al haber sido luego confirmado por seis de los siete integrantes de la Sala Constitucional: el magistrado Paul Rueda fue el único en explicar muy bien en su voto salvado la lectura completamente errada hecha por la Corte Plena y luego por sus seis pares dentro de la Sala Constitucional (Nota 8).
Contrario a lo que se podría pensar, este «descubrimiento» no debería verse como algo fortuito. En efecto, no sería la primera vez que en Costa Rica, la mayoría de la Sala Constitucional busca la manera de limitar significativamente el alcance de la participación ciudadana en materia ambiental, que constituye precisamente uno de los tres pilares fundacionales del Acuerdo de Escazú. Se trata de una cara de la justicia costarricense constitucional pocamente divulgada y conocida, pese a que, en nuestra modesta opinión, debiera serlo, además de discutida y denunciada. En el 2017, la Sala Constitucional de Costa Rica, decidió que la participación ciudadana en materia ambiental, ya no califica (según ella y… solamente ella) como un derecho humano (Nota 9). Un años antes, el 2016, el juez constitucional costarricense consideró que la libertad de empresa prevalece sobre un acuerdo municipal estableciendo una moratoria para nuevas plantaciones de piña: un acuerdo municipal tomado en aras de proteger la salud pública de las comunidades aledañas a este monocultivo en el cantón de Los Chiles (Nota 10).
Manifestación frente al Ministerio de Salud, 21 de agosto del 2008, con presencia de la Ministra de Salud, Maria Luisa Avila, sobre el intento de las autoridades de salud de legalizar el bromacil en el agua potable (así como se lee) de comunidades afectadas por la insensata expansión piñera en Siquirres. En el 2017, el Decreto Ejecutivo 40423 prohibió el uso de bromacil. Foto perteneciente a los archivos del autor.
Como es previsible, este insólito «descubrimiento» del juez constitucional costarricense con respecto al Acuerdo de Escazú ha sido totalmente omitido en las discusiones y en las consultas recientes realizadas en Chile en torno a su aprobación: tratándose de un Estado en el que los argumentos más fantasiosos e insostenibles los unos que los otros salieron a relucir por parte de las mismas autoridades estatales (y ello hasta el 2022) y de sectores económicos afines, el «descubrimiento» del Poder Judicial costarricense podría considerarse desde ya como una verdadera «joya» a la creatividad y a la imaginación en América Latina.
El oficio del Poder Judicial de Chile (véase documento, con fecha del 26 de abril del 2022) analiza con sumo detalle los alcances de las disposiciones del Acuerdo de Escazú, y con relación al inciso 5 del artículo 8 se lee simplemente (en página 9) que:
«los puntos 8.4, 8.5 y 8.6 del Acuerdo Regional se orientan a establecer una serie de dispositivos para facilitar el acceso a la justicia del público en asuntos ambientales, todos los cuales persiguen aumentar el grado de información y participación ciudadana en la protección del medioambiente, junto con establecer mecanismos de apoyo específicos a grupos en situación de vulnerabilidad, y que tanto la decisión como su fundamentación estén consignadas por escrito. Todos estos compromisos parecen adecuados y necesarios con el objeto de hacer viable el acceso a la justicia ambiental. En nuestro país, algunos de estos mandatos de difusión y divulgación se canalizan a través de instrumentos que se encuentran operativos, como la información medioambiental, de riesgo climático y otros, por parte del Ministerio del Medioambiente (disponible en https://mma.gob.cl/) u otra en vías de serlo, como es el caso del proyecto de buscador de jurisprudencia de la Corte Suprema que permitirá acceder a una plataforma sistematizada de sentencias judiciales, incluyendo las de matera ambiental«.
Es muy probable que se acentúe, con el pasar del tiempo (y de nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú por venir), la profunda soledad – en nuestra opinión bastante insólita – del Poder Judicial Costa Rica ante sus demás pares de América Latina y del Caribe.
Chile: un Estado anfitrión de la primera COP sin serlo del todo
Más allá del hecho que algunos sectores en Costa Rica cuestionen una herramienta muy básica del derecho ambiental contemporáneo (obteniendo sentencias desfavorables en su contra, y que no obstante parecieran dispuestos a persistir en sostener lo que a todas luces resulta insostenible desde un estricto punto de vista jurídico); y haciendo a un lado la vergonzosa mezquindad exhibida por el Poder Judicial costarricense, cabe recordar que los pasados 20-22 de abril, se celebró en Chile la primera Conferencia de Estados Partes (COP) al Acuerdo de Escazú.
La ubicación de esta cumbre regional se debió a la localización geográfica de las instalaciones de la Cepal, ente que auspició las negociaciones de este innovador instrumento regional.
Sobre esta primera COP, una reunión fundamental de cara a la futura implementación del Acuerdo de Escazú, remitimos a nuestros estimables lectores a una breve nota nuestra explicando sus alcances (versión en español así como en inglés).
A la cita, además de los 12 Estados Parte al Acuerdo de Escazú, participaron como Estados observadores delegaciones de Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia y Perú, al no haber aún aprobado dicho instrumento regional estos Estados: en el caso de Colombia, su representante oficial no pasó desapercibido, al ser una persona conocida de movimientos sociales colombianos, y de familiares de personas fallecidas y/o gravemente heridas durante las protestas acaecidas en Colombia en el 2019 (Nota 11). Recientemente (véase artículo publicado el 22 de mayo del 2022 en el portal de Mongabay), una entrevista a una reconocida activista ambiental en Colombia ha puesto de manifiesto la incoherencia gubernamental que se observa en Colombia con relación al Acuerdo de Escazú.
A modo de conclusión
El pasado 18 de marzo, el nuevo Presidente de Chile, durante una muy emotiva jornada vivida en el Palacio de la Moneda, firmó el Acuerdo de Escazú, poniendo así fin a un craso error de lectura de su antecesor en el cargo y cerrando una paréntesis bastante triste para los derechos humanos y el ambiente que significó en líneas generales la administración (2018-2022) en Chile.
Desde este momento, Chile inició de forma decidida el proceso en la dirección correcta (que nunca debió abandonar), reafirmando de esta manera su regreso y el de su indiscutible liderazgo en la región en temas de ambiente y de derechos humanos: a tal punto que en este misma primera COP, se acordó que la segunda COP (a celebrarse en el 2024) volverá a realizarse en la capital chilena, al tiempo que un reunión intermedia (2023) se celebrará en Argentina.
Cabe precisar que el pasado 3 de mayo del 2022 , la primera etapa ante el Poder Legislativo con la que Chile inició la senda en aras de una pronta aprobación del Acuerdo de Escazú (véase, entre muchos, esta nota de Swissinfo reproduciendo un cable de la agencia de noticias EFE), fue seguido, el 4 de mayo de cables de agencias de noticias internacionales reportando lo escuchado en Costa Rica, lo cual, como era previsible, va en la dirección… exactamente opuesta (Nota 12).
Notas
Nota 1: Ante la aparición de «argumentos» muy similares en contra del Acuerdo de Escazú en varias latitudes del continente americano, esfuerzos valiosos desde la sociedad civil y desde la academia han denunciado esta verdadera campaña de desinformación fomentada por algunos sectores empresariales en contra de este tratado internacional. En el caso de Costa Rica, véase en particular PEÑA CHACÓN M., «Desmitificando el Acuerdo de Escazú», DerechoalDía, edición del 28 de noviembre del 2020, disponible aquí; así como MADRIGAL CORDERO P. & GONZALEZ BALLAR R., «Acuerdo de Escazú: desmitificando falacias y construyendo argumentos», Colección Perspectiva, Friedrich Ebert Stiftung, agosto del 2021, disponible aquí. Un esfuerzo muy similar debió de hacerse en Perú con relación a «argumentos» idénticos a los escuchados en Costa Rica (véase el informe SPDA, «Diez mitos y verdades sobre el Acuerdo de Escazú: democracia y defensores ambientales», disponible aquí) así como en Colombia (véase la publicación titulada «Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú» disponible aquí). Un interesante ejercicio sobre el balance informativo consistiría, en el caso de la prensa de Costa Rica, como también en el caso de la de Colombia y de Perú, en analizar la cantidad de referencias de grandes medios de prensa a estos esfuerzos, a contraponer con la cantidad de referencias reproduciendo los supuestos «argumentos» en contra de Escazú difundidos por sectores corporativos.
Nota 2: Ni en el día en que fue divulgado este comunicado de prensa de la Cepal ni en los días posteriores se encontró referencia alguna en los grandes medios de prensa costarricenses. Unos 10 días después del evento, el 18 de marzo para ser exactos, fue el Semanario Universidad el que editó esta nota de prensa.
Nota 3: El 9 de marzo del 2022, el sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica publicó en horas de la mañana el siguiente comunicado de prensa (véase enlace oficial) que reproducimos de manera integral a continuación, incluyendo fecha y hora de emisión:
«PPTCEPAL, Marzo 09, 2022, 10:45 am. La región avanza en los marcos de políticas socioambientales para un ambiente seguro en las inversiones: las oportunidades del Acuerdo de Escazú Quinto Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible
San José, 8 de mayo de 2022.- En el marco del Quinto Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible de la CEPAL, se llevó a cabo el seminario “Los marcos de políticas socioambientales para un ambiente seguro en las inversiones: las oportunidades del Acuerdo de Escazú”, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Banco Europeo de Inversiones (EIB) y Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
El evento contó con la puesta en escena por la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, la Sra. Alicia Bárcena, y del Sr. Jaime Roberto Díaz, Vicepresidente Ejecutivo, BCIE, quienes celebraron la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, un instrumento innovador de la región que establece el íntimo vínculo entre un ambiente sano, los derechos humanos y la consecución de un desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente. El Acuerdo busca fortalecer el Estado de derecho, una democracia participativa y el diálogo intersectorial para enfrentar los desafíos ambientales, económicos y sociales del presente y el futuro.
En sus palabras, el Viceministro de Ambiente, el Sr. Franklin Paniagua, denotó que “en una recuperación verde, la institucionalidad ambiental tiene que ir al centro de la economía. La oportunidad que tiene el sector privado con este Acuerdo es grande. Hay que tender un puente al sector privado para que se entienda que es parte de la economía del futuro, que se acompaña y respalda en estos valores de derechos, participación y transparencia”.
Por su parte, el Viceministro de Asuntos Multilaterales, el Sr. Christian Guillermet Fernández, resaltó cómo el Acuerdo de Escazú se ha reconocido a nivel global como un instrumento marco de altos estándares para fomentar la inversión responsable, la transparencia en la gestión pública y privada y las salvaguardias ambientales, lo cual quiere decir que cualquier política pública o empresarial que tome en cuenta los principios marco de Escazú, gozará de respaldo y confianza, incrementando sus probabilidades de éxito e inclusive la competitividad del sector empresarial.
El evento albergó la trascendental firma de un Memorándum de Entendimiento entre la CEPAL y el BCIE para apoyar a los países en la implementación del Acuerdo de Escazú, el cual busca promover acceso a créditos, herramientas e información financiera, procurando procesos más beneficiosos para todas las comunidades de la región. Este convenio provee un marco de estabilidad para los negocios y las inversiones dentro y fuera de los países, basado en la rendición de cuentas, el diálogo y la transparencia.
Se contó asimismo con las exposiciones de representantes de la banca multilateral y regional para el desarrollo y asociaciones empresariales, quienes resaltaron la alineación y las sinergias del Acuerdo de Escazú con las políticas e instrumentos de sus instituciones para promover la Conducta Empresarial Responsable y la importancia de la transparencia y el acceso a la información en materia ambiental para que las inversiones sean sostenibles.
La Ministra de la Presidencia de Costa Rica, la Sra. Geannina Dinarte Romero, cerró el evento invitando a romper los paradigmas sobre la dicotomía imaginada entre el crecimiento económico, el medio ambiente, los derechos humanos y la democracia. Indicó que la apuesta al desarrollo sostenible está en la esencia del Acuerdo de Escazú, el cual será un instrumento esencial para garantizar el diálogo y la cohesión social. Llamó a la creación de la confianza y la construcción conjunta para aprovechar la oportunidad que el Acuerdo de Escazú aporta en la competitividad y seguridad jurídica para inversiones y empleo que garantice el futuro de las próximas generaciones.
Comunicación Institucional (2237 CR CEPAL Acuerdo de Escazú)
Miércoles 9 de marzo de 2022«.
Nota 4: Diversos intentos en aras de debatir públicamente estos supuestos «argumentos» con académicos y especialistas en materia ambiental han fracasado: primero en el mes de abril del 2021 con un espacio auspiciado por el medio digital costarricense Delfino.cr, luego en mayo del 2021 con un debate organizado desde la UCR (véase también comunicado oficial de la UCR), así como en junio del 2021 desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica. Al tratarse de foros virtuales en los que se solicitó a la Uccaep conectar a sus representantes a una hora determinada en una fecha fijada con antelación, las razones esgrimidas para no asistir plantean interrogantes muy válidas. Al parecer, enviar comunicados a los congresistas contra el Acuerdo de Escazú y rehuir constantemente el debate público sobre sus supuestos «argumentos» pareciera ser la tónica de algunos en Costa Rica.
Nota 5: La expresión affaire refiere al complejo entramado politico-empresarial (y a un nutrido grupo de figuras y personeros gravitando a su alrededor), que desnudó ante la opinión pública costarricense este caso que fue llevado ante la justicia costarricense: con una sentencia redactada en el 2010 por tres jueces que refirieron a una verdadera «orquestación de voluntades» para explicar las múltiples ilegalidades de muy diversa índole observadas por parte del mismo Estado costarricense. Una «orquestación de voluntades» que, con más de 10 años de haber sido declarada como tal (2010), luego apelada, y reconfirmada (2011), aún no ha dado lugar a una sola sentencia en materia penal ni a a la condena de algunos de los altos funcionarios del Estado o de la empresa involucrados. En un reciente artículo del actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Magistrado Fernando Cruz, publicado en La Revista.cr (véase texto), leemos que: «La trascendencia política y económica del caso, no impidió a los jueces resolver conforme al mérito de los autos, con plena conciencia que la decisión no complacía a las instancias de poder político y económico. No es fácil que un juez resuelva a contrapelo de los poderosos intereses que sustentan el caso. La decisión de este tribunal es un luminoso homenaje a la independencia judicial«. Es menester referir a nuestros estimables lectores al voto particular (véase texto) de este mismo magistrado en abril del 2010, al separarse del criterio de la mayoría de los integrantes de la Sala Constitucional conjuntamente con su colega, el magistrado Gilbert Armijo. En febrero del 2022, tuvimos la ocasión de analizar la última maniobra de la empresa minera Infinito Gold contra Costa Rica aún pendiente de resolución: véase BOEGLIN N., «Infinito Gold contra Costa Rica: una nueva maniobra de la empresa minera contra Costa Rica», Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, 8 de febrero del 2022, disponible aquí.
Nota 6: La lectura de este artículo del medio costarricense Ojo al clima, titulado «Acuerdo de Escazú entró en vigor sin el país que le dio el nombre», del 26 de abril del 2021, permite conocer los alcances del Acuerdo de Escazú y las contradicciones, malinterpretaciones y fantasías creadas por algunos en relación con su contenido. En este muy completo reportaje cuya lectura se recomienda, se lee que: «La obstaculización del Poder Judicial al proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú ha sido negativa en muchos sentidos. Primero, se aparta del criterio de servicio técnicos de la Asamblea Legislativa que dijo que no se estaba ante la situación descrita en el artículo 167 de la Constitución Política y también se aparta del criterio de servicios técnicos del Poder Judicial que considera que este proyecto de ley no afecta de manera orgánica al funcionamiento del Poder Judicial y menos tratándose de un tratado de derechos humanos», continuó la exviceministra.“Segundo, la magistrada Nancy Hernández, en una nota, manifiesta sus preocupaciones interpretativas del Acuerdo de Escazú que coincidentemente son las mismas que ha encontrado la Unión Costarricence de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) para oponerse al proyecto», añadió Madrigal«.
Nota 7: Sobre el particular remitimos a la sección «Las extrañezas del Poder Judicial costarricense ante el Acuerdo de Escazú» en nuestro artículo BOEGLIN N., «Chile está a punto de rectificar su postura frente al Acuerdo de Escazú, mientras que Costa Rica se limita con los demás a … ¿mirar?» Portal de la UCR, Sección Voz Experta, edición del 4 de marzo del 2022, disponible aquí.
Nota 8: En el voto de la Sala Constitucional de marzo del 2020 (véase texto completo), en su voto salvado, el Magistrado Paul Rueda señala que: «Se advierte con facilidad que tal norma en ningún momento le impone al Poder Judicial la obligación de brindar asistencia técnica y gratuita, la cual corresponde implementarse a partir de las condiciones propias del ordenamiento jurídico de cada país. En el caso de Costa Rica, tal asistencia puede ser brindada por cualesquiera dependencias públicas afines al tema, verbigracia, la Defensoría de los Habitantes, las Defensorías Sociales del Colegio de Abogados o los consultorios jurídicos de la UCR (lo que no excluye la cooperación de aquellos correspondientes a universidades privadas). Erradamente, el voto de mayoría solo pensó en el Poder Judicial y estimó que el texto consultado “contiene en su articulado normas explícitas que disponen la creación, la variación sustancial o la supresión de órganos estrictamente jurisdiccionales o de naturaleza administrativa adscritos al Poder Judicial, o bien, crea, ex novo, modifica sustancialmente o elimina funciones materialmente jurisdiccionales o administrativas”. A partir de lo expuesto, sostengo que del texto expreso del numeral en mención en ningún momento se extrae lo que la Mayoría supone«.
Nota 9: Sobre tan desconcertante e indecorosa conclusión del juez constitucional costarricense que se lee en el párrafo V de la sentencia 1163-2017 (véase texto completo), resulta oportuno señalar que fue objeto de tan solo dos votos salvados (suscritos por los magistrados Fernando Cruz y Paul Rueda): los cinco magistrados/a restantes consideraron que ir en contra de la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no amerita ninguna reflexión particular. Sobre este peligrosa regresión del juez constitucional costarricense, véase breve nota nuestra al respecto. De manera a no causar mayor sonrojo al provocado por esta decisión del juez constitucional costarricense en el mes de febrero del 2017, nos permitimos remitir a nuestros estimables lectores al párrafo 231 de la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dada a conocer en el 2018 (véase texto completo) que precisa de manera muy clara que: «231. Por tanto, esta Corte estima que, del derecho de participación en los asuntos públicos, deriva la obligación de los Estados de garantizar la participación de las personas bajo su jurisdicción en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, sin discriminación, de manera equitativa, significativa y transparente, para lo cual previamente deben haber garantizado el acceso a la información relevante». En el párrafo 242 de la misma opinión consultiva del juez interamericano, se lee que: «g. Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 23.1.a de la Convención Americana, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, de conformidad con los párrafos 226 a 232 de esta Opinión«. En un reciente estudio del jurista Álvaro Sagot Rodríguez sobre las repetitivas regresiones ambientales del juez constitucional costarricense, el autor cita una decisión del 2012 de la Sala Constitucional en la que se lee textualmente que: «En este sentido, el derecho ambiental no podría conducir a una tiranía de la participación ciudadana» (sic) (p. 30 del precitado estudio).
Nota 10: Véase texto completo de la sentencia 11545-2016 en la que se lee textualmente que: «Dicho lo anterior, las municipalidades no tienen competencia para prohibir una determinada actividad económica lícita en sus territorios o declarar moratorias, definidas o indefinidas. Esa competencia corresponde al Estado, toda vez que el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) es claro y preciso, en el sentido de que el régimen de las libertades públicas está reservado a la Ley. En el caso que nos ocupa, no existe ninguna norma jurídica con rango de Ley que autorice a la municipalidad recurrida a prohibir el cultivo de piña en su territorio, o declarar una moratoria indefinida del cultivo de ese producto, de ahí que su actuación es arbitraria y, por consiguiente, contraria al ordenamiento jurídico». Al tratarse de una moratoria por un plazo muy preciso de 5 años, resulta altamente cuestionable que la Sala considere que se trate de una «moratoria indefinida«. Nuevamente aquí la lectura del voto particular del magistrado Fernando Cruz permite ver cuán errática, antojadiza y cuestionable es la decisión tomada por la mayoría de sus colegas: el magistrado Cruz concluye explicando que «dadas las amenazas y efectos lesivos para la salud y el ambiente que provoca el cultivo de la piña, las comunidades tienen plena legitimidad legal y política para dictar medidas preventivas, temporales, para asegurarse que sus ciudadanos no resultarán perjudicados por una actividad agroexportadora que provoca daños y amenazas sobre la biodiversidad».
Nota 11: El ahora diplomático Guillermo Botero, con rango de embajador de Colombia en Chile, fue Ministro de Defensa en Colombia en 2019, un período extremadamente tenso desde el punto de vista social y político. Después de su renuncia como Ministro (noviembre de 2019), las ONG y las organizaciones sociales negociaron con el Poder Ejecutivo colombiano las condiciones para poner fin a las protestas masivas en las calles: obtuvieron, entre otras cosas, del Poder Ejecutivo colombiano, la firma del Acuerdo de Escazú (diciembre de 2019). Desde entonces una fuerte campaña de desinformación en contra del Acuerdo de Escazú ha frenado su aprobación, orquestada por cúpulas empresariales colombianas y sectores políticos afines empecinados en presentarlo como un verdadera freno al desarollo: se trata de sectores reacios a que se proteja la vida y la integridad física de líderes comunitarios, campesinos, indígenas y ecologistas que defienden el ambiente en Colombia.
Nota 12: Véanse al respecto, nota de la agencia alemana DW y, por parte de la agencia gala AFP, esta nota de RFI y nota de LeFigaro así como la única nota aparecida en Costa Rica en el Tico Times reproduciendo este mismo cable AFP.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.
Estudiantes de la UCR realizaron una demostración sobre el uso adecuado de cada una de las máquinas que conforman los circuitos biosaludables. Foto: Karla Richmond. UCR.
Con el objetivo de ofrecer espacios al aire libre para la promoción de la salud, la recreación y el bienestar en general, este viernes 10 de junio, la Oficina de Bienestar y Salud junto con la Rectoría realizaron el acto oficial de reapertura de los circuitos biosaludables de la Universidad de Costa Rica.
Gracias a esta iniciativa la comunidad universitaria y las personas de las comunidades cercanas al campus Rodrigo Facio podrán disfrutar nuevamente de estos espacios considerados por la gran mayoría como puntos de encuentro, zonas de calentamiento y gimnasios al aire libre, en los cuales se promueve la sana convivencia y la salud física y mental.
Los circuitos biosaludables UCR son espacios verdes ubicados a lo largo del campus Rodrigo Facio y de las diferentes sedes universitarias, en los cuales las personas pueden relajarse, hacer pausas activas, leer, descansar y compartir con otras personas. La propuesta es única en el mundo, ya que las máquinas de estos circuitos fueron adaptadas por expertos y profesionales de la UCR, a las necesidades físicas y mentales de las personas usuarias.
El Rector de la Universidad de Costa Rica hizo un llamado a la comunidad universitaria a aprovechar los espacios para la recreación y el deporte que ofrece la institución: «regalarnos tiempo, y regalar tiempo de calidad a las demás personas, es uno de los más preciados obsequios que podamos hacer. Por eso, les animo a regalarse y regalar un poco de su valioso tiempo, en honor a la salud y a los reencuentros, aprovechando las mañanas soleadas o las tardes de viento, justo antes de las lluvias, para disfrutar a plenitud la vida» dijo Gutiérrez. Foto: Karla Richmond. UCR.
En ese sentido, el Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, Rector de la Universidad de Costa Rica aseguró que la institución se enorgullece de utilizar su conocimiento para favorecer y brindar oportunidades para la movilidad activa y para la promoción de estilos de vida saludables.
“Estos espacios no solo se componen de máquinas adaptadas por especialistas de las Ciencias del Movimiento Humano y de Ingeniería de esta Universidad a las necesidades biomécanicas de las personas costarricenses, sino que también incluyen un espacio para descansar, leer y compartir con otras personas. En síntesis, son el espacio ideal para volver a encontrarnos con nosotros mismos y con los demás” aseguró Gutiérrez.
Además, la Dra. Pamela Sanabria Moya, jefa de la Oficina de Bienestar y Salud expresó que este tipo de entornos saludables forman parte de las acciones desarrolladas por la Universidad de Costa Rica en aras de fortalecer las políticas de promoción de la salud, desde ambientes favorecedores del desarrollo de actitudes personales, la acción comunitaria y la calidad de la vida.
La Dra. Pamela Sanabria, jefa de la Oficina de Bienestar y Salud aseguró que los circuitos biosaludables son una muestra de las acciones UCR a favor del bienestar integral de la comunidad universitaria y público en general. Foto: Karla Richmond. UCR.
“Espacios públicos como estos propician e influencian el desarrollo de una vida plena asociada a prácticas saludables, esto debido a que contribuyen al bienestar tanto individual como colectivo, proporcionando condiciones que potencian la salud integral; posterior a la experiencia de la pandemia, estos ambientes favorecedores resignifican prácticas con el afán de construir y reafirmar estilos de vida que conduzcan al desarrollo de todas las potencialidades de la persona” manifestó Sanabria.
Por su parte, Juan Carlos Calderón Camacho, vecino de Montes de Oca manifestó que se siente muy feliz y emocionado por volver a usar los circuitos biosaludables UCR, ya que es una forma de ejercitarse, distraerse y trabajar en su salud mental.
“Estas máquinas que están aquí son importantísimas para todas las personas, adultos mayores, niñas y niños y gente joven, son espacios a campo abierto, donde uno puede hacer ejercicio y relajarse escuchando los pajaritos y respira aire fresco, y que los tenemos gracias a la Universidad de Costa Rica abiertos a todo el público, por eso es que pienso que todas las personas tenemos que cuidarlos, porque nos dan salud, alegría, aire puro, música y tantas cosas” afirmó Calderón.
Los circuitos biosaludables están ubicados en todas las sedes de la UCR y cuentan con una fuente de agua, bancas para descansar y las máquinas están rotuladas con las instrucciones sobre su adecuado uso.
El M.Sc. Juan Manuel Camacho, recreacionista de la Oficina de Bienestar y Salud es el promotor principal de la iniciativa de los circuitos biosaludables UCR, él manifestó que las máquinas fueron ideadas de manera tal que las personas usuarias puedan trabajar distintas partes de su cuerpo. Karla Richmond. UCR.El acto de reapertura de los circuitos biosaludables fue presidido por el Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, Rector UCR; y la Dra. Pamela Sanabria Moya, jefa de la Oficina de Bienestar y SaludKarla Richmond. UCR.El campus Rodrigo Facio cuenta con un total de 6 circuitos biosaludables en los cuales la comunidad universitaria y público general pueden ejercitarse y recrearse. Karla Richmond. UCR.
Tatiana Carmona Rizo Periodista Vicerrectoría de Vida Estudiantil, UCR
La clasificación mundial de universidades QS 2023 coloca a la Universidad de Costa Rica en el rango de 511-520, lo que la posiciona dentro del 36 % de las mejores universidades. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
La Institución se encuentra entre el 36 % de las mejores universidades del mundo
Ocupa el número 20 en Latinoamérica y el primer lugar en Costa Rica
En la más reciente edición de la clasificación mundial de universidades QS, que corresponde al año 2023, la Universidad de Costa Rica ascendió nuevamente en el listado. Pasó de estar en el rango de 531-540, en la anterior edición, a colocarse en el rango de511-520.
De esta manera, la UCR se posiciona entre el 36 % de las mejores universidades, según la información suministrada por el ranquin.
A nivel latinoamericano, se mantiene en el puesto 20. Asimismo, y como ha sido la constante desde su ingreso al ranquin en el 2014, se posiciona en el primer lugar a nivel nacional.
El Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la UCR manifestó que «este estudio internacional es un insumo independiente muy importante para conocer la posición relativa de la Universidad de Costa Rica frente a otras instituciones de educación superior. Me complace que, por segundo año consecutivo, mejoremos nuestro puntaje. También, destaco que este estudio nos compromete a continuar realizando los cambios necesarios para fortalecer la institución y mejorar en todos nuestros pilares sustantivos.”
Esta clasificación toma en cuenta seis parámetros para evaluar a las universidades: la reputación académica; la reputación de empleadores; la proporción entre profesorado y estudiantes; las citas académicas; la proporción de internacionalización del profesorado y la proporción de internacionalización de los estudiantes. Este año se incluyeron dos parámetros nuevos: redes internacionales de investigación y resultados de empleo, en esta oportunidad no se tomaron en cuenta para la clasificación, pero para el próximo año si se tendrán los datos al respecto.
En el caso de la UCR, para esta edición logró subir la puntuación en los rubros de reputación académica (31,2) y la proporción entre profesorado y estudiantes (32,6).
El indicador más fuerte que presenta la UCR es el de la reputación entre empleadores, en el que a nivel global se ubica en la posición 211.
Según explicó la M. Sc. Andrea Marín Campos, encargada de la gestión de la calidad, este tipo de mediciones se toman como referencia y se evalúan los aspectos que competen en relación con los objetivos propios de la universidad y a su plan estratégico.
En estos gráficos se muestra la evolución de la UCR según la posición que ha ocupado en el ranquin desde el 2014, así como la evolución percentil.
“Estas comparativas no siempre son tan justas porque estamos hablando de universidades de todo el mundo con diferentes contextos sociales, económicos y políticos, que no se van a ver reflejados en la medición.
Es una herramienta de evaluación que tiene una metodología que no siempre va a corresponder con nuestra realidad o con nuestro plan estratégico, pero igual se puede tomar como una referencia”, señaló Marín.
El desempeño de la Universidad de Costa Rica en este estudio de QS World University Ranking, desde el 2014, ha fluctuado. El punto más alto fue en el 2018 cuando se ubicó en el rango de 411-420.
No obstante, al analizar la evolución percentil a lo largo de los últimos años, se puede observar el crecimiento que ha tenido la institución y que la ubica este periodo entre el 36 % de las mejores universidades.
La clasificación mundial QS 2023 analizó 2 462instituciones públicas y privadas de todo el mundo, de las cuales 1 422 lograron ingresar al listado final.
En nuestro país hay solamente cuatro universidades que aparecen en esta clasificación: la Universidad de Costa Rica (511-520), el Instituto Tecnológico (801-1000), la Ulacit (1001-1200) y la Universidad Nacional (1001-1200).
El primer lugar del ranquin lo ocupa el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) de los Estados Unidos-
El ranquin QS es una publicación anual, que se divulga en el mes de junio, y tiene como objetivo ser un instrumento para la toma de decisión que hace una persona estudiante a la hora de elegir en cuál universidad estudiar.
Andrea Marín Castro Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
El doctor Rafael Ángel Calderón Guardia (izquierda) en el momento en que firmaba la ley 362 de creación de la Universidad de Costa Rica. Le acompaña el ministro de Instrucción Pública, Luis Demetrio Tinoco. (Foto UCR).
El historiador Vladimir De la Cruz manifestó en una charla virtual que ambos presidentes fueron clave en el desarrollo de la UCR y que eso no se les ha reconocido hasta el día de hoy.
Vladimir De la Cruz sostuvo en una charla virtual convocada por el Museo de la Universidad de Costa Rica (UCR) que los presidentes José Figueres Ferrer y Rafael Ángel Calderón Guardia merecen una mayor presencia en el campus Rodrigo Facio, porque ambos fueron clave en el desarrollo de esta casa de enseñanza.
Para el historiador Vladimir de la Cruz, el presidente José Figueres Ferrer, al igual que Calderón Guardia, deberían tener un mayor reconocimiento en el campus Rodrigo Facio. (Archivo Semanario).
El 6 de abril de 2022, el Museo convocó al encuentro Radiografía del Patrimonio artístico, arquitectónico y natural de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio Brenes, la cual tuvo como expositores principales a De la Cruz y a la arquitecta Ofelia Sanou, de quien en su momento se rescatará su ponencia.
Lo que era una jornada académica se convirtió en una clase magistral al ritmo de la memoria de Vladimir De la Cruz, quien hizo un singular y atractivo recorrido histórico por lo que fue y representó el Campus Universitario Rodrigo Facio en la década de los sesenta: con sus sodas memorables, sus plazas y los espacios para la protesta y la utopía.
El historiador argumentó que en el campus y que en la Ciudad de la Investigación ambos gobernantes deberían de tener una mayor presencia, ya sea con un busto o, incluso, en el caso de Calderón Guardia ese es el nombre que debería de llevar la nueva sede universitaria.
Destacó que cuando Calderón Guardia fundó la UCR bien pudo darle continuidad a la Universidad de Santo Tomás, pero que imbuido por el espíritu laico y de libertad experimentados en la Universidad de Lovaina y la Universidad Libre de Bruselas, ambas en Bélgica, optó por crear una nueva casa de enseñanza superior.
“Si Calderón Guardia le hubiera dado continuidad a la Universidad de Santo Tomás, la Iglesia Católica hubiera tenido una gran influencia, porque aquella tenía un carácter pontificio”, afirmó.
De esta manera, la UCR se fundó el 26 de agosto de 1940, fecha en que el Presidente Calderón Guardia firmó la ley número 362 y que llevaba por nombre “Ley Orgánica de la Universidad de Costa Rica”, la cual en su artículo primero establecía: “Crease, con el nombre de Universidad de Costa Rica, una institución docente y de cultura superior que tendrá por misión cultivar las ciencias, las letras y las bellas artes, difundir su conocimiento y preparar para el ejercicio de las profesiones liberales”.
En esa mañana de miércoles, De la Cruz, quien fuera catedrático en la UCR, hizo un recorrido por lo que significaron espacios que permitían una convivencia entre los profesores y los estudiantes más allá de las clases habituales, y habló de cómo existía, además, una conciencia para vivir la universidad en un contexto de Guerra Fría y el mundo bipolar.
El objetivo de la actividad, organizada por Eugenia Zavaleta, coordinadora del Museo de la UCR, era realizar una especie de balance entre las ponencias que ya antes —2018— se habían hecho en relación con el patrimonio de la Ciudad Universitaria, y De la Cruz tomó al vuelo la oportunidad para tirar de su magnífica memoria y hacer vivir a los asistentes virtuales una clase histórica y llena de interpretaciones con una hondura ideológica.
De la Cruz destacó que Estudios Generales era el corazón de la vida universitaria en los años sesenta y setenta. (Foto Karla Richmond,UCR).
Fue tal el hechizo con que lo hizo, que cuando terminó de exponer dio la sensación de que hubo amagos de aplaudirle.
Para De la Cruz, quien participó a mediados de los sesentas y comienzos de los años setenta en la Federación de Estudiantes, uno de los elementos más importantes de aquellos años eran las sodas, y resaltó la de Estudios Generales y la inolvidable soda Guevara, a donde los profesores acudían a tomar café, a fumar y de paso a compartir en un espacio más distendido con los educandos.
A la Guevara asistían, por ejemplo, los filósofos Constantino Láscaris y Teodoro Olarte Sáenz, ambos españoles, y quienes en “la Gueva» conversaban con los alumnos en un ambiente más distendido.
De la Cruz contó que una vez estaban ahí reunidos cuando llegó un señor bajito, ya muy mayor, quien les dijo: “Muchachos, los puedo acompañar a tomar café”. Era nada más y nada menos que Abelardo Bonilla.
Relató que ante el sí unánime, les replicó: “Quiero discutir de libertad”. Y agregó el historiador: “Aquello era una maravilla, porque Bonilla había sido vicepresidente de la República y tenía una cultura enciclopédica extraordinaria”.
Algo similar a lo ocurrido en la Guevara sucedía en la soda de la Escuela de Estudios Generales, donde la interacción entre profesores y estudiantes era común, lo que hacía que el encuentro se tornara de una gran riqueza desde el punto de vista formativo.
Para De la Cruz, el que se fueran perdiendo esos espacios no tiene un carácter accidental, sino que responde a una visión, a una ideología.
“Las sodas tenían un papel. Los nuevos edificios ya carecen de estos espacios y para mí esto tiene un carácter ideológico, entendida la ideología como la que justifica la dominación y los procesos de dominación, no es, como se cree, una suma de ideas”.
Las iglesias góticas de la Edad Media, recalcó, son un claro ejemplo de cómo un edificio sirve para oprimir y aplastar al ser humano. Igual sucedía con la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, con aquellos mármoles imponentes que hacían que cuando un campesino entraba ahí, se sintiese aplastado.
La siembra de árboles en la Plaza 24 de Abril fue un acto ideológico, aseguró De la Cruz. (Archivo Semanario).
“Nuestras facultades hoy tienen algo de eso. Siento como que hay una opresión, poco espacio interno, y que no hay vida, que existen como túneles. Esto viene a contrarrestar con los espacios públicos que tuvimos con motivo del auge estudiantil”.
En efecto, en el período analizado por De la Cruz –entre 1967 y 1975—, los estudiantes se manifestaban en la Plaza 24 de abril, en el Pretil, y en los diferentes espacios universitarios en los que bullía una conciencia por un mundo más justo, más humano y por el mero hecho de estar del lado de numerosas causas nacionales e internacionales.
La colocación de árboles en la Plaza 24 de abril fue analizada por De la Cruz, en un momento glorioso de su exposición, como un acto ideológico por parte de Guillermo Chaverri, quien fue Vicerrector de Fernando Durán Ayanegui.
“La Plaza 24 de abril era un espacio recreativo y para organizar protestas. Guillermo Chaverri, en un claro acto ideológico, dispuso sembrar árboles en el espacio público. La siembra de estos árboles fue un acto ideológico. Protestamos, porque era un espacio democrático y de concentraciones. Ya hoy nadie pensaría en quitar esos arbolitos”.
Pasillos y avisos
Dentro de esa arquitectura construida en el campus Rodrigo Facio y las actividades que se vivían en los años de grandes protestas, influenciadas por aires que todavía provenían de la reforma de Córdoba, hasta la colocación de techos en los pasillos requería de luchas, destacó el profesor de historia.
De la Cruz explicó cómo en época de invierno era demasiado complicado acercarse a una parada de buses o trasladarse de una facultad a otra, por lo que les pidieron a las autoridades universitarias que pusieran techos entre los distintos edificios, lo que lograron no sin antes tener que recoger firmas y presionar en diferentes frentes.
Respecto de las posibilidades de expresarse libremente en el campus, De la Cruz narró que los integrantes de la Federación de Estudiantes pegaban papelitos en las paredes para dar a conocer informaciones valiosas, pero que en un momento dado supieron que el director administrativo, Carlos Caamaño, los mandaba a quitar, por lo que tuvieron que dirigirse directamente al rector Carlos Monge Alfaro para exponerle dicha problemática.
“Nosotros luchábamos por nuestros espacios de opinión, pero nunca hicimos una pintada de un edificio. Llamábamos a concentraciones con megáfonos o utilizamos la propia soda de Estudios Generales para llamar a la acción. Alguna vez hicimos unos volantes y los pegamos en los pasillos y en las paredes con masking tape, pero el director Carlos Caamaño empezó a quitarlos. Fuimos entonces donde Carlos Monge Alfaro y le explicamos que si nos quitaban los pelitos y carteles íbamos a hacer pintadas en los edificios. Ahí mismo, en el acto, don Carlos llamó a Caamaño y le indicó que no debían quitar nuestros carteles”.
En este sentido, De la Cruz consideró que algo está fallando en la actualidad, cuando se hacen pintadas en los edificios sin mayores argumentos. “Nosotros nunca tuvimos que hacer una solo pintada”.
Elogio a los auditorios
En su recorrido memorístico e histórico por el campus de la Universidad de Costa Rica, De la Cruz recordó que la mayoría de los edificios que se construyeron en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio tenían grandes auditorios, que era espacios de un valor incalculable para la discusión de distintas problemáticas, pero que, lamentablemente, las nuevas construcciones ya no los incorporan, y si lo hacen, son lugares pequeños que no resultan atractivos.
Esta es, en su criterio, otra de las pérdidas que ha experimentado la Ciudad Universitaria como un lugar para el encuentro, la disputa ideológica, la oratoria y la discusión de los problemas nacionales e internacionales.
Era tal la efervescencia de los años dorados de la universidad, que De la Cruz recordó que ellos imprimían y regalaban el Manifiesto Comunista, como una manera de fomentar la cultura y el pensamiento.
Hoy esas prácticas se ven muy distantes, acotó, al tiempo que destacó que, entre los universitarios, hubo grandes oradores como Fernando Berrocal, quien fuera candidato a la Federación de Estudiantes en una contienda en la que estuvo como aspirante Ana Ligia Rovira, quien al final perdió con su contrincante.
Rodolfo Cerdas era otro de los oradores destacados en tiempos en que esta práctica en el campus, influenciada por griegos y romanos, era más usual de lo que parece.
De la mano de ello, estaba el Centro de Recreación, un lugar para discutir, donde se efectuaban los congresos estudiantiles, y era un espacio con un auditorio abierto y grande.
Todo ese clima redundaba en que la vida universitaria se caracterizaba porque prevalecía un espíritu libre.
Dentro de ese contexto se presentó el famoso incidente en que un grupo de estudiantes empezó a silbar al entonces presidente José Figueres Ferrer y la reacción que este tuvo con Pablo Azofeifa, miembro de la Federación Estudiantil, a quien el mandatario abofeteó en la Facultad de Economía y de Derecho.
El golpe que don Pepe le dio a Pablo Azofeifa, ese 17 de febrero de 1971, le dio la vuelta al país y al mundo. El estudiante era hijo de Isaac Felipe Azofeifa, amigo personal del Presidente.
Sobre esa situación, De la Cruz confesó que él le dijo a Azofeifa, a quien en realidad la cachetada no le había afectado grandemente desde el punto de vista físico: “Si querés te doy un golpe y te rompo la boca y hacemos un molote contra Figueres, pero el pendejo ese dijo que no”
Agregó que “al final del día fue un escándalo tan grande, que don Pepe habló en cadena nacional y explicó que a un Presidente se le puede chiflar en la universidad, pero lo que no se puede hacer es faltarle el respeto a una persona mayor —él tenía 64 años— y que por eso tuvo que pegarle, para educarlo. Mi abuelita Ofelia, que era una antifiguerista declarada, me dijo, ´tiene razón, en eso tiene razón´. También era la manera en que Figueres decía las cosas”.
La función de las sodas universitarias, tanto la de Generales, como la Guevara, que estaba fuera del campus, eran imprescindibles para generar conversación y pensamiento. (Foto Internet).
Un verde magistral
En la actividad, que llevaba por título Radiografía del Patrimonio artístico, arquitectónico y natural de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio Brenes, De la Cruz resaltó la visión que hubo desde el principio en la construcción del campus, que priorizó zonas verdes y que eso le daba un gran valor, por encima de universidades de la talla de la UNAM en México, o la de Caracas, en Venezuela.
En su percepción, eso sí, hay margen para seguir mejorando y muchos de los árboles debieran tener una placa explicando su especie y el por qué los escogieron para ubicarlos en el campus.
De igual manera, llamó al Museo de la UCR a que haga un esfuerzo por identificar y poner placas de las personalidades que se destacan en la Ciudad Rodrigo Facio, y ahí fue cuando insistió en que ni José Figueres Ferrer ni Rafael Ángel Calderón Guardia han tenido el reconocimiento que se merecen.
Recordó que existe un busto de Calderón Guardia detrás de la Rectoría, pero que está prácticamente escondido.
Por eso, consideró que, a la Ciudad de la Investigación, donde imperan construcciones con un espíritu distinto al campus Rodrigo Facio, deberían bautizarla con el nombre de Rafael Ángel Calderón Guardia, por el decisivo apoyo que tuvo el gobernante en la creación y crecimiento de la UCR.
Tras la charla, el corolario que dejó en la audiencia fue la nostalgia de aquellos años idos, en los que la vida universitaria era más que asistir a clases y en la que los espacios públicos del campus cobraban una relevancia especial para convocar a la utopía, a la rebeldía, a la discusión, y a una universidad más humana y profunda, y en la que más allá de las ideologías, el estudiantado siempre jugó un rol protagónico e hizo muchas veces de trapecista al arriesgar el todo por el todo en sus múltiples posturas en defensa de una universidad libre y comprometida con las causas más nobles y justas.
Quema que se realiza previamente al cultivo de caña en Pácifico Central en Puntarenas. Foto Cortesía de: Alianza de Comunidades por la defensa del agua en Puntarenas.
Comprender las causas y el contexto de comunidades en conflictos socioambientales por prácticas extractivistas y la aplicación de estrategias en educación ambiental son acercamientos que la Universidad de Costa Rica (UCR) desarrolla por medio de dos diferentes proyectos de acción social.
El proyecto TC-590: Defensa comunitaria del territorio: extractivismos, organización y conflictos socioambientales, tiene como objetivo principal sistematizar y problematizar conflictos socioambientales que las comunidades enfrentan por el uso de recursos naturales en su territorio bajo una lógica extractivista que amenaza con dañar el entorno natural, así como el tejido social vinculado a este territorio.
El trabajo se ha realizado en 15 comunidades con aproximadamente 300 personas vinculadas a organizaciones comunales, asociaciones ambientalistas, asociaciones de desarrollo y Asociaciones Administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales (ASADAS), grupos de vecinos y vecinas y personas que participan de procesos de defensa y cuido del territorio y los bienes comunes a nivel nacional.
Desde el año 2018 las acciones del proyecto se han concentrado en el Pácifico Central y el Pacifico Sur por la defensa del agua, entendida como un bien común en conjunto con organizaciones como la Alianza de Comunidades por la defensa del agua en Puntarenas, Comisión Rios Vivos, Comisión Defensora de los Ríos Convento y Sonador.
Para Dylanna Rodríguez Muñoz, coordinadora del proyecto, éste “problematiza los extractivismos desde esta lógica neoliberal capitalista pero también es colonialista y patriarcal, es decir hablamos de una trenza de dominaciones en la que confluyen estas tres formas, el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado (…) Es una apuesta política ya que no solo se trata de acompañar a las comunidades sino de comprender el contexto en que nos encontramos y por qué estos territorios son los elegidos por estas formas extractivistas”, concluyó.
Defender a los defensores
Desde el año 2021 se redirigen esfuerzos en la protección de las personas que defienden los territorios, a propósito de los asesinatos de líderes indígenas y defensores ambientales como el caso de Sergio Rojas, Jerhy Rivera y Jairo Mora.
Para Muñoz el primer logro es permanecer acompañando durante 13 años a las comunidades, otro aspecto a resaltar es el procesos de concientización y formación de estudiantes de Trabajo Comunal Universitario, acercándose a lógicas críticas y sociales de abordaje de los conflictos.
Capacitación realizada en Chomes. Fotografía: Alianza de Comunidades por la defensa del agua en Puntarenas.
Por otro lado, el trabajo interdisciplinario en el TCU ha permitido la revalorización de saberes provenientes de las comunidades, el encuentro y el intercambio así como la problematización constante, han permitido generar y construir teoría académica.
El trabajo detrás de un vaso de agua
El presidente de la ASADA y miembro de la Alianza de Comunidades de Puntarenas, Leonado Cordero Mojica, declaró que han trabajo en conjunto con la UCR en la atención de varios conflictos socioambientales en el cantón de Chomes. Entre ellos destacan las quemas, la siembra de caña, la extracción de materiales en la riviera de los ríos y luchas por el acceso a agua de las ASADAS.
“El proyecto ha sido muy importante para nosotros, nos han dado las herramientas de lucha, cómo defendernos“ argumentó Cordero. Destacó la importancia de las capacitaciones, el empoderamiento y acompañamiento del proyecto para enfrentarse a los intereses de las grandes empresas y el conocimiento de la institucionalidad para gestionar y documentar correctamente las denuncias.
“Nos hemos sentido acompañados, nos han brindado información que ha sido muy importante para nosotros”, indicó Cordero.
Uno de los casos de éxito es cuando se detuvo la concesión de un quebrador en el Río Guacimal. Esta maquinaria que pulveriza las piedras de los ríos para producir arena, genera un sedimento que afecta la vida marina y esteros, por lo que también altera la vida socioeconómica de la zona ya que la población depende de la producción de mariscos, crustáceos y peces.
Las herramientas, talleres, conocimientos y procedimientos brindados a la comunidad y la alianza, les ha permitido fortalecerse para enfrentarse a los intereses de grandes empresas.
Un trabajo similar ha ocurrido con la negociación con finqueros para que permitan el acceso al agua potable en las ASADAS. “La gente solo abre el tubo y sale agua, pero no tiene idea del trabajo que hay detrás (…) Cuando yo era niño tenía que caminar mucho para jalar agua y poder bañarme, no sabía de qué color era esa agua y hoy mi sobrino podrá tomar esa agua sin enfermarse (…) ¡vieran que rica y que buena es el agua de Chomes!”, concluyó.
El trabajo en escuelas es fundamental para el proyecto: TC-627 Gestión Ambiental: Herramienta para el desarrollo de una cultura ambiental. Foto cortesía del proyecto.
Actividades humanas en armonía con la cultura ambiental
En la Sede del Atlántico de la UCR se desarrolla el proyecto TC-627 Gestión Ambiental: Herramienta para el desarrollo de una cultura ambiental, cuyas acciones se concentran en el cantón de Jiménez.
Este proyecto tiene como objetivo promover prácticas ambientales en instituciones, organizaciones y comunidades de influencia del Recinto de Turrialba de la Sede del Atlántico, específicamente en los cantones de Turrialba y Jiménez, que fomenten una cultura ambiental en que las actividades humanas se lleven a cabo en armonía y con sustentabilidad ambiental.
Para tal efecto, se ha trabajado en escuelas y colegios, como Escuela de la Suiza de Turrialba, Escuela de Cecilio Lindo o, Escuela de Guayabo, Escuela de Pejibaye. Se realizaron invernaderos, talleres de sensibilización, separación y manejo de residuos orgánicos, composteras.
Con la Municipalidad de Jiménez en conjunto con la carrera de Ingeniería Agrónoma e Ingeniería en Desarrollo Sostenible -las cuales se imparten en la Sede del Atlántico-, se desarrolla un diagnóstico para la elaboración de un Plan de adaptación y mitigación de cambio climático orientado a la prevención de inundaciones y arborización.
A la izquierda se muestra el proceso de recuperación de un invernadero en una de las escuelas donde se desarrolla el proyecto. Fotos cortesía del proyecto: TC-627 Gestión Ambiental: Herramienta para el desarrollo de una cultura ambiental.
“Me parece que este proyecto es una iniciativa importante como parte de todas las que tiene la Universidad con el tema ambiental. La Universidad ha hecho muchos esfuerzos, apoya la Unidad de Gestión Ambiental en la Sede del Atlántico y nosotros somos un producto más de gestión ambiental que inevitablemente creció en la sede y tiene la necesidad de proyectarse a la comunidad”, declaró Gerardo Peréz León, coordinador del proyecto.
En época de pandemia se generaron una serie de infografías con información importante para la región e incluso algunas con el Clodomiro Picado, sobre el comportamiento de las serpientes, orientado a la prevención de las mordeduras.
El lema «Una sola Tierra» inspira las celebraciones a nivel mundial del Día Mundial del Medio Ambiente. Se trata de un eslogan con gran simbolismo ya que fue el empleado en la primera Conferencia de Estocolmo de 1972, un evento que puso el medio ambiente en la agenda global y condujo al establecimiento del Día Mundial del Medio Ambiente.
Del 6 al 10 de junio en todas las sedes y recintos de la Universidad de Costa Rica se realizarán actividades académicas y recreativas en torno al medio ambiente
Desde los bosques hasta los océanos, desde San José hasta Puntarenas, decenas de universitarios se organizan durante la Semana Ambiental para celebrar y cuidar nuestra casa común: el planeta Tierra, en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente.
Inspirados bajo el lema “Una sola Tierra”, propuesto por Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para este año, la comunidad universitaria se une para promover iniciativas que ayuden a vivir de manera sostenible y en armonía con la naturaleza.
Conversatorios, charlas, ferias, resultados de investigaciones que abordan los principales problemas ambientales, proyectos de acción social que movilizan comunidades para proteger los recursos naturales, actividades recreativas que estimulan el contacto con la naturaleza y la conciencia ambiental son parte del amplio programa de actividades.
«La Universidad de Costa Rica, también se ha propuesto ser uno de esos agentes, en el ámbito interno, nacional e internacional que promueva y, sobre todo, lidere acciones en pro del ambiente», señaló el Dr. Roberto Guillén Pacheco, vicerrector de Administración. Por eso, en las Políticas institucionales que rigen para los años 2021 al 2025, se incluye un eje de Compromiso ambiental que establece el fortalecimiento de la cultura institucional en defensa del ambiente y su sustentabilidad y se realizan acciones puntuales para contribuir al proceso de descarbonización de la sociedad costarricense, entre otros aportes.
“Estamos justo en el momento de tomar acciones reales, no solo acciones escritas en el papel, en las políticas, en un decreto o en una ley, sino que sea la puesta en práctica ya, tenemos solamente 8 años de tiempo para que el proceso de reversión de la degradación de los ecosistemas pueda darse. Así que estamos en una época completamente clave”, agregó Cinthya Hernández Gómez, coordinadora de la Semana Ambiental y gestora de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA).
Hernández destacó además que se tienen ejes muy claros para trabajar, como lo es la contaminación ambiental, el cambio climático, el ritmo de consumo y la restauración de ecosistemas. Através de las diversas propuestas e iniciativas universitarias (desde la acción social, la investigación, la docencia y la gestión administrativa) se realiza un aporte sustantivo en cada uno de estos ejes.
De costa a costa
En esta ocasión la Sede del Caribe dará el banderazo de salida a la celebración, iniciando este viernes 3 de junio con una feria con stands de iniciativas ambientales. Tendrá además un conversatorio sobre “Acciones resilientes para la reactivación económica” y una charla sobre “Problemática de la Isla Quiribrí (Uvita): especies invasoras”, entre otras actividades.
En la otra costa, la Sede del Pacífico, concentrará sus actividades en el Parque Marino, el miércoles 8 de junio, fecha en la que se conmemora el Día Mundial de los Océanos. Ese día realizarán una limpieza de playa y monitoreo de residuos sólidos, liberación de tortugas, pasacalles, feria de residuos y la presentación oficial del Plan de manejo de los recursos culturales de isla San Lucas.
En la Sede de Guanacaste, los estudiantes realizarán actividades de sensibilización sobre la gestión de las colillas de cigarro (marco de proyecto de Ley) e iniciarán un movimiento para la reducción del plástico. Durante la semana habrá actividades deportivas, recreativas e informativas relacionadas con la temática ambiental para el estudiantado.
En Golfito, la Sede del Sur iniciará la semana con una charla sobre retos y logros ambientales, realizarán una recolección de residuos, una cleteada y una exhibición de obras bibliográficas de temática ambiental que estará disponible en la Biblioteca de la Sede durante toda la semana.
Día del Transporte Sostenible: Solo vehículos cero emisiones
El lunes 6 de junio se celebrará el Día del Transporte Sostenible, como un acto simbólico para generar conciencia sobre la contaminación vehicular y propiciar el uso de medios de transporte alternativos. Ese día se cerrará el acceso vehicular en todas las sedes y recintos, de 6:00 a. m. a 5:00 p. m. Podrán ingresar al campus únicamente los vehículos 100 % eléctricos (no híbridos), vehículos con placa de discapacidad y vehículos de emergencia. Esta medida fue tomada por acuerdo del Consejo Universitario en el 2008 en conmemoración del Dia Mundial del Ambiente y aplica desde entonces en todas las instalaciones de la UCR en todo el país.
De acuerdo al Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI), desarrollado por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), la mayoría de las emisiones nacionales (41,55%) proviene del sector transporte y son de dióxido de carbono (CO2). Desde 1990, el transporte es la categoría con mayor aumento en sus emisiones (243%), por lo que urge reducir el uso de vehículos contaminantes y avanzar hacia el transporte eléctrico u otros medios alternativos.
«Esta emergencia mundial, según las Naciones Unidas, nos exige reducir a la mitad las emisiones anuales de gases de efecto invernadero para el 2030, pues si no lo hacemos la exposición al aire contaminado aumentará en un 50% en esta década; y los desechos plásticos que van hacia los ecosistemas acuáticos podrían triplicarse para el 2040, entre otras muchas consecuencias de las que nuestro país no se escapa», acotó el Dr. Roberto Guillén.
En la sede central
El lunes 06 de junio el campus universitario es totalmente para que las personas que se trasladen en medios de transporte sostenible disfruten del entorno natural sin humo ni ruido de carros. Ese día no ingresan vehículos de combustión interna por lo que es posible escuchar el canto de los pájaros y admirar con más detenimiento la flora y fauna que habita el campus.
Para disfrutar de este día sin humo a las 9:00 a.m. saldrá del Pretil una caminata ecológica que continuará por el puente que conecta la Finca 1 y 2 y finalizará en la Finca 3 (Instalaciones Deportivas). Las inscripciones están abiertas para toda la comunidad universitaria. Para participar se debe llenar el siguiente formulario: http://ucr.cr/r/CXot
Al finalizar la caminata, se realizará el acto oficial de celebración del Día Mundial del Ambiente que abre el calendario de actividades de toda la Semana Ambiental, a las 10:00 a.m en las Instalaciones Deportivas de la UCR. Allí las autoridades universitarias y los estudiantes de la Federación Indígena Estudiantil realizarán un trueque simbólico de árboles por semillas.
Esta actividad contará con la participación de los estudiantes del Programa Integral de la Persona Adulta Mayor (PIAM) y de los niños y niñas del Centro Infantil Laboratorio como invitados especiales. Posteriormente se procederá con la siembra de 125 árboles producidos en el vivero institucional administrado por la Unidad de Gestión Ambiental (UGA).
La Sede de Occidente iniciará la semana con la charla “Cambio climático: un reto para la conservación de nuestras Áreas Marinas Protegidas” que se realizará el lunes 6 de junio en el Recinto de Grecia. Además, ofrecerá una charla virtual sobre Economía Circular y celebrará el V Encuentro de Experiencias Ambientales Municipalidades de Occidente. El programa además incluye actividades recreativas y recolección de residuos valorizables, tanto en San Ramón como en Grecia.
En Turrialba, la Sede del Atlántico ofrecerá dos charlas el martes 7 de junio, una sobre “Abejas para la Sostenibilidad” y otra titulada “Cambiando el rumbo de la conservación de tiburones y rayas en Costa Rica”, el jueves y el viernes también ofrecerán charlas relacionadas con temas marinos. Durante esta semana además se conversará sobre el Plan Municipal de Residuos de Turrialba.
«Como vemos, las acciones son muchas, pero sabemos que todavía faltan muchas más para mejorar y reducir la incidencia de esa emergencia planetaria, la cual nos refiere las Naciones Unidas; de ahí el llamado urgente a seguir implementando prácticas ambientales, en la Universidad, en nuestros hogares, en nuestros barrios, en los lugares turísticos que visitamos y por qué no, también cuando salimos fuera del país tenemos que ser embajadores de la sostenibilidad costarricense para un mundo mejor», reflexionó el Dr. Roberto Guillén.
Finalmente, en esta Semana Ambiental, la Universidad de Costa Rica reafirma su compromiso con la restauración de los ecosistemas y en especial con el repoblamiento de los corredores biológicos interurbanos por medio de la siembra de árboles: 125 árboles en la Sede Rodrigo Facio. Además, durante esa semana se plantarán decenas de árboles más en las sedes y recintos con la colaboración de estudiantes y personas funcionarias.
Katzy O`neal Coto, Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
Un grupo de adultos mayores participó en un taller sobre liderazgo. Foto Grettel Rojas.
Son las primeras jornadas que se realizan de forma presencial desde el inicio de la pandemia
Las Jornadas de Acción Social de la Sede de Occidente regresaron a las comunidades, el pasado sábado 28 de mayo se movilizaron una serie de proyectos al distrito de Peñas Blancas de San Ramón y realizaron diferentes actividades con todos los grupos etarios de esta comunidad.
El M.Sc. Diego Moya Castro, encargado de las jornadas, explicó que en esta oportunidad se contó con la participación de 16 proyectos que organizaron actividades de acuerdo a las necesidades planteadas por la comunidad. “La Intendencia propuso unos temas y nosotros incluimos otros, el resultado fue bastante bueno ya que se lograron concretar la gran mayoría de las actividades con una buena participación de las personas de la comunidad”.
El trabajo se coordinó con grupos organizados como adultos mayores, Escuela de Música y la Banda de la comunidad, estudiantes del Liceo de San Juan, grupo de bailes folklóricos de Peñas Blancas, representantes de Asadas. Además, otras actividades se realizaron de forma abierta para toda las personas interesadas.
De esta forma, se ofrecieron talleres y charlas relacionadas con liderazgo, salud, música, folklor, arte, participación comunitaria, recursos naturales, acoso, violencia intrafamiliar y recurso hídrico. Además, las personas adultas mayores tuvieron la oportunidad de participar en una clase de baile y se presentaron los grupos culturales Recuerdos de mi tierra, música de cámara Euterpe, grupo de baile folklórico Sörbö, y dos representaciones de la comunidad.
La Banda de la Sede y el grupo de cámara Euterpe trabajaron el taller denominado «Música en conjunto». Foto cortesía de Ariel Sequeira.
Moya destacó que la idea con esta actividad “es que las jornadas estén presentes en la comunidad y no que la comunidad vaya a las jornadas”, por eso la coordinación se hizo tomando en cuenta las necesidades de grupos ya establecidos.
La M.Sc. Vivian Murillo Méndez, coordinadora de Acción Social, se mostró complacida por el regreso presencial a estas actividades. “Que hayamos vuelto a la presencialidad es algo muy importante porque Acción Social es ese vínculo directo con las comunidades, que no se perdió en la pandemia porque se hicieron todos los ajustes necesarios para mantener el vínculo, pero nos hacía falta ese contacto directo, ver el brillo en los ojos de los participantes, eso es lo que en la virtualidad no se siente y lo volvimos a sentir en Peñas Blancas”.
Mencionó que el aporte fue muy grande, ya que se hicieron talleres de forma simultánea, y se le permitió a los participantes acercarse y tener un contacto directo con su temática de interés. Destacó que parte del éxito de estas jornadas es el trabajo conjunto de proyectos en actividades específicas, “desde diferentes perspectivas se aprovecha la interdisciplinariedad de la acción social, entonces podíamos ver a un profesional de educación física unido con una administradora de empresas dando un curso, o a una trabajadora social con un biólogo ofreciendo un taller para niños, por ejemplo.”
Keilyn Céspedes Chacón, viceintendente del Concejo Municipal del Distrito Peñas Blancas, señaló que fue una actividad de mucho provecho tanto para los grupos organizados como para la comunidad en general, ya que al ser un distrito tan alejado de los centros urbanos muy pocas veces se tiene la oportunidad de compartir y de disfrutar de estas actividades.
Agregó que los grupos comunales pudieron compartir con personas con los mismos intereses que ya tienen una trayectoria, lo que les abre los horizontes, y les ayuda a trazar nuevas metas y sueños para seguir creciendo.
Concluyó que el aporte que ofrece la Universidad de Costa Rica (UCR) con estas actividades es muy significativo “nosotros como Concejo Municipal no tenemos el presupuesto para realizar actividades como estas y la única forma de brindar estos programas a nuestras comunidades es en coordinación interinstitucional, por lo que el gran aporte de la UCR nos ha dado la oportunidad de traer un día diferente lleno de risas, conocimiento y baile a nuestros pobladores, fortaleciendo así la unidad y los espacios de esparcimiento y cultura”.
Grettel Rojas Vásquez Periodista, Sede de Occidente, UCR
