Ir al contenido principal

Etiqueta: UNA

Vehemente llamado a mantener presupuesto justo para cultura y educación

Cidea-UNA repudia todo intento por imponer una política represiva, que, bajo el pretexto de proteger a la ciudadanía de la violencia y el crimen, deteriore los servicios públicos de educación y la cultura en detrimento de la democracia.

El Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística de la Universidad Nacional (Cidea-UNA), y sus Unidades Académicas, emitieron este 17 de mayo un pronunciamiento ante el desmantelamiento sistemático del sector cultural del país.

Ante la propuesta del Poder Ejecutivo de restar cuatro mil millones de colones al presupuesto del Ministerio de Cultura para el 2024, académicos y artistas enumeran las afectaciones a programas específicos, talleres, fundaciones y fondos concursables para la producción artística.

Anuncian el recorte de empleos para el sector e inestabilidad laboral. Además afirman,“sin recursos para la educación y la cultura, nuestra juventud está condenada a la exclusión social, a la informalidad, la marginalidad y al desempleo; sin cultura y educación no hay política ni acción represiva que pueda impedir que nuestra juventud termine ingresando al crimen organizado”.

Pronunciamiento del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística de la UniversidadNacional (Cidea-UNA) y de sus respectivas unidades académicas, ante eldesmantelamiento sistemático del sector cultural del país.

Resultando:

  1. Al iniciarse el ejercicio de presupuestación para el año próximo, el Poder Ejecutivo propone eldesfinanciamiento de todo el sector cultura, restando cuatro mil millones de colones alpresupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud – MCJ, para el año fiscal 2024, reiterando yampliando la decisión ya manifestada el año anterior, cuando propuso disminuir el presupuestodel sector cultura en mil millones de colones.
  2. El recorte presupuestario propuesto para el sector cultural afecta directamente a la BeneméritaOrquesta Sinfónica Nacional, a las compañías y talleres de teatro y danza; a los museos yteatros públicos (Incluido el Teatro Nacional y al Teatro Popular Mélico Salazar), al InstitutoNacional de la Música (Programa Juvenil de la Orquesta Sinfónica Nacional), a las Fundacionesdel Museo de los Niños y del Parque La Libertad; a los fondos concursables para producciónartística y a todos los proyectos de gestión, producción y enseñanza de las artes auspiciados por elMCJ.
  3. De concretarse el recorte presupuestario anunciado, se quedarían sin empleo las personas docentesde arte que hacen extensión en los teatros, compañías y en los proyectos de extensión cultural delMCJ en todo el país, con un doble impacto social por la pérdida de empleos, y por el cierrede programas de enseñanza y producción artística que llegan gratuitamente a personas de muyescasos recursos económicos en todo el país.
  4. Lo anterior ha generado una gran inestabilidad e incertidumbre laboral entre las personastrabajadoras de todos los programas adscritos al Ministerio de Cultura, en especial la OrquestaSinfónica Nacional, teatros, museos y compañías artísticas estatales.
  5. Ante la advertencia responsable y seria de destacados profesionales que ocupaban cargos dedirección y jefatura en diferentes instancias del MCJ, sobre el impacto que tal reducción de recursos presupuestarios causará en el sector cultural del país, la ministra de cultura procedió adestituir al director general del Archivo Nacional, al director del Centro de Producción Artística yCultural (CPAC), a la directora del Centro Nacional de Música, y a la encargada de la Dirección de Gestión Sociocultural del MCJ.
  6. Paralelamente a estos hechos, se presentó a la corriente legislativa el Proyecto de Ley “Alivio de costos para los establecimientos comerciales” (expediente 23.702), que pretende eliminar laprotección que otorga la Ley de Derechos de Autor y Conexos vigente en nuestro país a los autores,compositores en lo concerniente a la difusión pública de registros sonoros y producción musical,con lo cual se eliminan también los ingresos que aporta el sector privado a las personasartistas, como contraprestación por utilizar sus producciones en los centros comerciales y negocios privados.
  7. Se suma a lo anterior, la falta de compromiso del Gobierno con la revisión de la Política Nacionalde Derechos Culturales 2014-2023, y en general, la falta de priorización de las acciones y de política pública cultural.
  8. Al mismo tiempo, el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Hacienda, han redireccionadopartidas del presupuesto de educación 2023, por 3.200 millones de colones al Plan Costa RicaSegura Plus del Ministerio de Seguridad Pública, de los cuales 1900 millones de colonescorresponden a becas estudiantiles.

Considerando:

  1. La UNIVERSIDAD NACIONAL y en específico sus unidades académicas dedicadas ala investigación y enseñanza de las artes, tienen el compromiso de apoyar la preservación delos bienes culturales de la Nación, de fortalecer una cultura nacional pertinente y sustentable, democrática, facilitadora de la integración social. Compromiso que desarrollan mediante susprogramas académicos, de producción y de extensión artística y poniendo al servicio del país,profesionales de todas las áreas artísticas que fomentan la cultura como un bien inmaterial yaportan con su creatividad a la producción, el turismo y a la economía nacional.
  2. Esta acción docente, de investigación y extensión universitaria en el campo de la enseñanza yproducción de las artes, se realiza desde la UNA, en estrecha colaboración con el Ministerio de Educación Pública, ente rector de la educación nacional, y en especial coordinación con elMinisterio de Cultura y Juventud, ente rector en materia cultural, responsable de promover laspolíticas públicas generales en materia de cultura y juventud, con el fin de fomentar y preservar lapluralidad y la diversidad cultural y de facilitar la participación de todos los sectores sociales,en los procesos de desarrollo cultural, artístico y recreativo, sin distingo de género, grupo étnico yubicación geográfica, a través de la apertura de espacios y oportunidades que propicien larevitalización de las tradiciones y la diversidad cultural, así como la creación y apreciación artísticaen sus diversas manifestaciones (Ley N° Ley N° 4788 del 5 de julio de 1971).
  3. El CIDEA-UNA asume este compromiso con el arte y la cultura, también desde el mandatode los artículos números uno y ochenta y nueve de la Constitución Política, que definen a Costa Rica como una República pluricultural, entre cuyos fines culturales está conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación.
  4. Lo anterior nos faculta para hacer un vehemente llamado de atención a las autoridades deGobierno y a la población en general, sobre el peligroso giro en las políticas culturales y educativas delpaís. Sorprende que se desconozca el papel de la educación y la cultura en la preservación de losvalores nacionales, en particular del trabajo, la democracia y la paz.
  5. Quitar fondos de educación y cultura para fortalecer programas de seguridad ciudadana opriorizar las políticas de seguridad en detrimento de la educación y cultura, nos avisa de la entradade un nuevo paradigma que modifica radicalmente nuestra tradición política y parece insertarnos en ladinámica de un Estado que pretende garantizar la paz social aumentando la represión a costa de debilitar la educación y la cultura.
  6. La sola idea de que podamos ingresar en la nómina de Estados que en afán de seguridad abandonaron sus responsabilidades con la democracia, nos obliga a reaccionar, recordando que es por la educación y la cultura que nuestro país alcanzó la paz social que noscaracteriza y distingue como una potencia democrática a nivel internacional.
  7. Sin recursos para la educación y la cultura, nuestra juventud está condenada a la exclusión social, a la informalidad, la marginalidad y al desempleo; sin cultura y educación no hay política ni acción represiva que pueda impedir que nuestra juventud termine ingresando al crimen organizado.

Por lo tanto:

El Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística de la Universidad Nacional – CIDEA, y susUnidades Académicas (Escuela de Música / Escuela de Arte Escénico / Escuela de Arte yComunicación Visual / Escuela de Danza), manifestamos al Gobierno de la República, a laAsamblea Legislativa, a la Defensoría de los Habitantes y al país:

  1. NUESTRO RENOVADO COMPROMISO CON LA SOCIEDAD, CON EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA Y CON LOS MINISTERIOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA PARA LAPRESERVACIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DE LA NACIÓN.
  2. LA MÁS ENÉRGICA DEMANDA AL PODER EJECUTIVO, PARA QUE MANTENGA EL FINANCIAMIENTO JUSTO Y NECESARIO EN EL PRESUPUESTO NACIONAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DELMINISTERIO DE CULTURA Y DE SUS PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN YEXTENSIÓN ARTÍSTICA; ASÍ COMO PARA QUE NO SE TRASLADEN LOS FONDOSDESTINADOS A FINANCIAR BECAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS A LOS PROGRAMAS DESEGURIDAD CIUDADANA.
  3. NUESTRA SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LACULTURA EN EL SECTOR PÚBLICOS Y PRIVADOS Y CON LAS PERSONASPROFESIONALES EN ARTES DEDICADOS A LA ENSEÑANZA ARTÍSTICA, CUYOSEMPLEOS DEBEN PRESERVARSE.
  4. UNA VOZ DE ALIENTO A LAS PERSONAS ESTUDIANTES DE LAS DISTINTAS RAMAS ARTÍSTICAS, PARA QUE NO PIERDAN EL INTERÉS NI LA VOCACIÓN QUELES CONVOCÓ A FORMARSE COMO ARTISTAS Y PARA QUE SIGAN TRABAJANDO POR EL FORTALECIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN.
  5. NUESTRO REPUDIO A TODO INTENTO POR IMPONER UNA POLÍTICA REPRESIVA, QUE BAJO EL PRETEXTO DE PROTEGER A LA CIUDADANÍA DE LA VIOLENCIA Y ELCRIMEN, DETERIORE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN Y LA CULTURA ENDETRIMENTO DE LA DEMOCRACIA.
  6. AL PODER EJECUTIVO, CONCRETAR EL DISEÑO Y LA IMPLEMENTACIÓNPRIORIZADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA CULTURAL Y EDUCATIVA, CONSTRUIDAS EN CONSULTAS CON LOS SECTORES DE LA SOCIEDADINVOLUCRADOS Y UTILIZANDO EL CONOCIMIENTO Y LA EXPERIENCIAACUMULADA, PARA QUE NO SEAN SIMPLES ENUNCIADOS RETÓRICOS O IMPROVISACIONES SIN VIABILIDAD TÉCNICA, FINANCIERA Y OPERATIVA.
  7. NUESTRO LLAMADO A LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES, Y A LAASAMBLEA LEGISLATIVA PARA QUE SEAN GARANTES DEL CUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES ESTATALES, PRINCIPALMENTE PRESUPUESTARIAS CON EL SECTORCULTURA Y CON LOS SERVICIOS EDUCATIVOS; Y PARA QUE NO SE APRUEBAN POLÍTICAS Y LEYES QUE LESIONEN LOS DERECHOS DE LAS PERSONASPROFESIONALES DE LA CULTURA, NI SE ATENTE CONTRA SU DERECHO AL TRABAJO.
  8. NUESTRA VOZ DE ALERTA A LA CIUDADANÍA, PARA QUE ESTÉ ATENTA EINFORMADA SOBRE LOS RIESGOS POLÍTICOS Y SOCIALES QUE ENTRAÑA, DESFINANCIAR LOS SERVICIOS Y EDUCATIVOS PÚBLICOS.

M.Sc. José Pablo Solís Barquero Decano
M.A. Ileana Pérez Álvarez Vicedecana
Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística
Universidad Nacional

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

UNA rechaza acuerdo de Incopesca

Comunicado de prensa

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional (C.U-UNA) emitió un pronunciamiento en el que de forma contundente rechaza la lista de especies de peces y crustáceos de agua dulce y de interés acuícola en las aguas continentales, costeras y oceánicas, donde el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) incrementa de 34 a 234 las especies comercialmente explotables e incorpora iguanas, tortugas verdes de orejas rojas y amarillas, y hasta especies en peligro de extinción como el pez sierra, entre otras.

Para los concejales de la UNA, el impacto ambiental que representa esta decisión, al incluir especies silvestres que incluso se deben declarar bajo protección, además de agregar especies que ni siquiera se encuentran en Costa Rica, representa una preocupación inminente ante la posibilidad de un interés por abrir el mercado de comercialización e intercambio de especies.

Según lo expresado en el acuerdo UNA-SCU-ACUE-146-2023, es irresponsable el actuar de una institución como Incopesca, pues deja claro que se está anteponiendo los intereses comerciales por encima del resguardo de los recursos naturales de Costa Rica que se ha caracterizado por ser un país verde y amigable, y sus especies representan un 4% de las del planeta; es un retroceso en materia ambiental y una vileza a la lucha de décadas en conservación que tiene la sociedad costarricense en pro de la protección del ambiente y animales.

Reiterar que la experticia de las universidades públicas está al servicio del país, por tanto invitamos al Poder Ejecutivo y sus instituciones a aprovechar el conocimiento especializado que se desarrolla en estas, en donde la docencia, la investigación, la extensión y la producción científica genera productos de destacado valor, los cuales podrían servir de sustento científico riguroso para las iniciativas y sus acuerdos.


Acuerdo completo:

TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO
UNA-SCU-ACUE-146-2023

18 de mayo de 2023
Señores
Comunidad Universitaria y Nacional

Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, según el artículo 2, inciso 2.1 de la sesión ordinaria celebrada el 11 de mayo de 2023, acta no 24-2023, que dice:

PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EN RECHAZO AL ACUERDO N.° AJDIP/507-2023: LISTA DE ESPECIES DE PECES Y CRUSTÁCEOS DE AGUA DULCE Y DE INTERÉS ACUÍCOLA EN LAS AGUAS CONTINENTALES, COSTERAS Y OCEÁNICAS, DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA.

La Constitución Política de Costa Rica establece, en el artículo 50, la obligación del Estado de garantizar, defender y preservar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado como derecho fundamental de la ciudadanía costarricense.

Reconociendo la vital importancia del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) como institución reguladora de las actividades pesqueras en Costa Rica, tiene la responsabilidad estatal de evitar un impacto negativo en los ecosistemas marítimos costarricenses y sus especies; por consiguiente, resulta fundamental que sus decisiones estén basadas en criterios científicos, técnicos y comprobados que no vulneran su función.

El acuerdo n.° AJDIP/507-2023: Lista de especies de peces y crustáceos de agua dulce y de interés acuícola en las aguas continentales, costeras y oceánicas, donde Incopesca incrementa de 34 a 234 las especies comercialmente explotables e incorpora iguanas, tortugas verdes de orejas rojas y amarillas, y hasta especies en peligro de extinción como el pez sierra, entre otras.

El impacto ambiental que representa esta decisión, al incluir especies silvestres que incluso se deben declarar bajo protección, además de agregar especies que ni siquiera se encuentran en Costa Rica, representa una preocupación inminente ante la posibilidad de un interés por abrir el mercado de comercialización e intercambio de especies.

El criterio enviado por la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional, las escuelas de Biología de la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia y la Carrera de Ingeniería en Acuicultura de la Universidad Técnica Nacional, el 8 de mayo de 2023, donde manifiestan que:

  1. 1. No todas las unidades académicas, aquí representadas, recibieron una solicitud oficial del INCOPESCA sobre la información requerida.
  2. Los funcionarios de algunas de nuestras unidades académicas, consultados, suministraron información y recomendaciones técnicas, que no fueron contempladas u omitidas del todo en el acuerdo mencionado.
  3. Aunque el mencionado listado contempla: peces, crustáceos, macroalgas, microalgas, zooplancton y cnidarios, en su nombre solo se consignan peces y crustáceos, con lo cual la nueva norma aprobada por INCOPESCA induce a error y evidencia negligencia sobre este importante tema.
  4. El extenso listado aprobado, que incrementa de 34 a 234 las especies comercialmente explotables, no fue preparado bajo una metodología clara y sustentada en datos confiables y verificables.
  5. Esta nueva lista incluye especies vulnerables, lo cual representa un enorme retroceso en la conservación de la biodiversidad costarricense.
  6. Además del daño irreparable y directo a valiosos ecosistemas, Costa Rica sufre un considerable perjuicio en su imagen de país, dedicado a preservar y utilizar responsablemente su biodiversidad, lo cual repercute a su vez en un grave deterioro económico y social.
  7. Conscientes del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, nuestras unidades académicas están a disposición para aportar conocimiento técnico y científico al INCOPESCA.
  8. Para la actualización de la lista indicada, se convoque oficialmente a expertos mediante nuestras unidades académicas.
  9. Por las anteriores consideraciones, el acuerdo AJDIP/057-2023 debe derogarse de inmediato.

Es evidente el riesgo y la amenaza que afecta de forma directa a las poblaciones de flora y fauna de nuestro país, las cuales representan la mayor densidad de biodiversidad del mundo; es irresponsable el actuar de una institución como Incopesca, pues deja claro que se está anteponiendo los intereses comerciales por encima del resguardo de los recursos naturales de Costa Rica que se ha caracterizado por ser un país verde y amigable, y sus especies representan un 4% de las del planeta; es un retroceso en materia ambiental y una vileza a la lucha de décadas en conservación que tiene la sociedad costarricense en pro de la protección del ambiente y animales. Por consiguiente, es importante recordar que atravesamos una crisis climática que está devastando el planeta y el mercado es el principal culpable, ante esto como país debemos comprender que urgen políticas para proteger el ambiente y combatir la crisis en beneficio de todos los costarricenses y la humanidad.

Con base en los argumentos expuestos, nos unimos al rechazo categórico de haber formulado un acuerdo carente de criterios especializados en el tema. A su vez, hacemos un llamado al Incopesca para que valore la importancia de considerar lo establecido por estas instancias y reflexione sobre la urgencia y la obligación de preservar nuestras especies, ecosistemas y ambiente en medio de las amenazas por la crisis climática y el mercado.

Reiterar que la experticia de las universidades públicas está al servicio del país, por tanto invitamos al Poder Ejecutivo y sus instituciones a aprovechar el conocimiento especializado que se desarrolla en estas, en donde la docencia, la investigación, la extensión y la producción científica genera productos de destacado valor, los cuales podrían servir de sustento científico riguroso para las iniciativas y sus acuerdos.

Atentamente,

Dra. Jeannette Valverde Chaves
Presidenta del Consejo Universitario

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

La engañosa baja del desempleo y la reducción de la población económicamente activa

Artículo de opinión por la académica de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, M.Sc. María Leonela Artavia Jiménez, quien coordina el Proyecto de Investigación Trabajo y Crisis

La disminución del desempleo es algo que todas y todos queremos en este país. Por lo cual si se presenta un decrecimiento hay que celebrarlo y reconocer los avances que ello significa, en especial en esta época post pandemia en la que se han profundizado las asimetrías en los mercados laborales. Sin embargo, festejar una caída del desempleo que no se acompaña de un crecimiento de la población ocupada es dejarse engañar por las cifras, es pasar por alto que en los mercados laborales siempre hay que revisar dos veces lo que está sucediendo y analizar las diferentes aristas, a no ser que se esté consciente de ello y aun así se quiera confundir a la población.

Por ello, aunque podemos notar en los resultados de la Encuesta Continua de Empleo del I Trimestre 2023 (INEC, 2023) que la tasa de desempleo se ubica alrededor del 11%, lo que también se puede visibilizar es que con respecto al trimestre anterior (INEC, 2022a) y al I Trimestre del 2022 (INEC, 2022b) hay una reducción significativa de la población ocupada.

Análisis interanual

En general, los datos del I Trimestre del 2023 con respecto al I Trimestre del 2022 reflejan que hay un total de 139.044 personas más fuera de la fuerza de trabajo y que la población ocupada se redujo en 3.974 personas, pese a que la cantidad de personas desempleadas bajó en 81.448, por lo que no se trata de que esas personas estén encontrando trabajo, por lo que se trata de una reducción de la Población Económicamente Activa (PEA) que, en total corresponde a 85.421 personas en el lapso de un año.

Análisis trimestral

Asimismo, si comparamos el I Trimestre del 2023 con el último trimestre del 2022 los cambios son más profundos, pues se evidencia una reducción de la cantidad de desempleados de 38.306, sin embargo, en este caso tampoco se trata de que pasen a engrosar la población ocupada, por lo contrario, esta se redujo en 74.958 personas, lo cual corresponde a una reducción de la PEA de 113.264 personas.

La población desalentada

Por otra parte, es importante considerar otro fenómeno importante en la población y es que si revisamos las cifras de las encuestas de empleo encontramos que la reducción del desempleo se explica en parte por la población desalentada -que termina ampliando aquella fuera de la fuerza de trabajo- y que corresponde a esa que no está buscando trabajo porque no tiene dinero, se cansó de buscar, no le dan trabajo, no hay trabajo en la zona o sabe que no en esta temporada no hay trabajo, en suma son 24.616 personas.

Pero, ¿quiénes son esas personas desalentadas? En cuanto a sus territorios, son personas mayoritariamente de zonas urbanas, se distribuyen mayoritariamente en la región Central, Brunca y Huetar Norte. En cuanto a su perfil educativo, son personas con una baja especialización, que se concentran mayoritariamente en el grupo etario que va entre los 45 y 59 años, y los 15 y 24 años, y que son sobre todo hombres.

Las presiones sobre la satisfacción de las necesidades

Por lo cual, se mantiene la preocupación sobre la condición de actividad de las personas en el país, pues si la PEA se reduce hay serias presiones sobre los ingresos de los hogares, los cuales dependen mayoritariamente de lo percibido por medio de sus labores -salario- para sostener la satisfacción de sus necesidades básicas. Es decir, ello significa una mayor dependencia económica, por lo cual podríamos esperar incrementos en los niveles de pobreza de la población.

Crecimiento económico que no se traduce en nuevos empleos

Todo esto, mientras el crecimiento económico del país se mantiene al alza, pues según el Banco Central de Costa Rica (2023) la tasa de crecimiento del PIB a precios de mercado fue de un 4.3%, y se proyectó en 3.3% para el 2023, es decir, producimos más pero con menos gente, lo cual es esperable ante un contexto de cambio tecnológico global; sin embargo, plantea el desafío de cómo dotar a la población de las herramientas necesarias para insertarse en esas nuevas formas de trabajo, por un lado. Por el otro, el de cómo generar nuevos puestos de empleo a fin a la población desempleada -y desalentada- mientras se ajusta el perfil de especialización de estas personas, otorgándole una atención especial a la población joven y a las mujeres, para incentivar su inserción en las ciencias.

Alternativas como responsabilidad gubernamental sobre el bien común

Seguimos esperando la reactivación económica necesaria para que la población desempleada sea absorbida por la población ocupada y no por la que se encuentra fuera de la fuerza de trabajo. Continúa la necesidad de que los sectores productivos nacionales se fortalezcan para que puedan producir y generar empleo, para ello, es preciso -primero- saber leer adecuadamente las cifras del mercado laboral para no caer en eso de pasar un gato por una liebre.

Se mantiene la urgencia de que el sector productivo nacional junto con el Estado -incluida la academia- generen alternativas para incrementar la productividad de las actividades económicas y generen puestos de empleo de calidad, para ello, por supuesto que no basta con hacer a la población trabajar más horas.

Ojalá que se vean pronto propuestas en esta materia y en especial, ojalá que estas propuestas estén a la altura del bien común, y no, del aprovechamiento de un sector de la población en detrimento de otros y otras; lo cual no es otra cosa que la responsabilidad del Gobierno electo.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

 

Imagen ilustrativa.

Especialistas de la UNA presentan propuestas frente a Ruta de la Educación

Tras analizar la Ruta de la Educación 2022-2026 y coincidir en que el documento—presentado en formato Power Point por el Ministerio de Educación Pública (MEP)—tiene serias carencias, especialistas de la Universidad Nacional (UNA) plantearon propuestas que responden a las necesidades educativas del contexto actual, durante el panel “Ruta de la educación: Retos y propuestas”, realizado el pasado 24 de abril en modalidad virtual.

“Las universidades públicas somos instituciones clave para la investigación y análisis de la realidad educativa del país y también en la generación de propuestas que puedan enriquecer esta Ruta de la Educación, así como las políticas educativas”, afirmó Dora Hernández, moderadora y coordinadora de la carrera de Pedagogía con énfasis en Educación Preescolar y Primera Infancia, entidad encargada de la organización del panel, junto al Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA).

“Hay ideas (en la Ruta de la Educación) que suenan preciosas, por ejemplo que al 2026 estaría todo escolarizado, el bilingüismo, la tecnología… Pero sabemos que eso no es verdad. Obviamente este tipo de propuestas se hacen en mejora de la educación, de la sociedad, del país, pero ¿han visitado las escuelas, las aulas? ¿se considera todo el contexto?”, cuestionó Vivian Patiño, académica de la División de Educación Básica del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) de la UNA y docente de preescolar del MEP.

En esa misma línea, Norman Solórzano, académico de la Facultad de Ciencias Sociales y director del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO), calificó la propuesta del MEP como “un conjunto de buenas aspiraciones”, que está muy lejos de contener los elementos para ser considerado una verdadera política de educación.

Entre esas aspiraciones, Solórzano destacó “calidad educativa con equidad”, la cual—dijo—no puede asegurarse haciendo abstracción de las condiciones reales de vida de las personas que participan en los procesos educativos. Añadió que el documento carece de acciones concretas para lograr la disminución de las desigualdades que empiezan a ser intolerables y constituyen el principal obstáculo para lograr esa educación.

Pablo Chaverri, académico del INEINA coincide en que la Ruta de la Educación presenta objetivos demasiado generales, sin desagregación ni articulación con acciones. “Hablamos de un documento sin contenidos detallados, ni estructura ni organización, lo cual nos hace preguntarnos cómo se va llevar a cabo y cómo se le va a dar seguimiento”, subrayó.

Inmersión en las aulas

Frente a un documento “muy limitado” y tomando en cuenta las necesidades educativas del país, los especialistas de la UNA plantearon propuestas concretas para responder a los desafíos en esta materia.

Desde su doble rol como pedagoga y como docente del MEP, Vivian Patiño propone una inmersión en el aula de las personas en el MEP encargadas de dictar estos planteamientos. “Ellos tienen que acercarse a la realidad, notar los diferentes contextos, tener una visión más cercana de lo que está sucediendo en las aulas, desde la infraestructura, hasta la parte de la calidad profesional”, enfatizó.

También se refirió a la importancia del trabajo en equipo. “Una triada entre la familia, la comunidad y la escuela es fundamental para que logremos avanzar todos en la misma sintonía”.

Asimismo, destacó la calidad docente como un elemento esencial. “Todo va enlazado, pero sobre todo tener muy bien focalizado qué es lo que queremos alcanzar”, insistió.

¿A qué apuntamos?

El académico del INEINA, Pablo Chaverri, considera indispensable privilegiar metas de aprendizaje y desarrollo. “Necesitamos saber a qué apuntamos y es el aprendizaje y el desarrollo. Necesitamos monitorear el progreso para tomar medidas en función del desarrollo”, destacó.

En el tema de infraestructura, Chaverri propone realizar un diagnóstico-plan detallado de necesidades y acciones. “Si no tenemos ese detalle, no podemos hacer promesas de cuánto tiempo se va a durar en cada caso; hay diferencias muy importantes entre centros educativos, que deben tomarse en cuenta”.

En lo referente a equidad, el especialista del INEINA estima que es preciso partir de que hay diferentes puntos de salida y condiciones diferentes, con el fin de llevar una educación que sea sensible a las diversas necesidades y capacidades.

Para Chaverri, no puede haber un sistema educativo de calidad sin docentes de calidad, por lo cual considera necesario que el país cuente con acreditación obligatoria de calidad de la formación inicial, prueba de conocimientos y habilidades, así como articular la contratación e incentivos con el aprendizaje del estudiantado.

En evaluación, el académico afirma que es preciso avanzar hacia un sistema centrado en los aprendizajes y la retroalimentación, que sirva como insumo para la formulación de un plan de mejoramiento del aprendizaje.

Norman Solórzano, académico de la Facultad de Ciencias Sociales y director del IDESPO, plantea recuperar el sentido de la Ley Fundamental de Educación, que habla de que el sistema educativo debe buscar el desenvolvimiento de capacidades humanas, personales y sociales con los valores de convivencia y solidaridad, equidad y paz.

Además, considera que se debe desplegar un proceso de educación comunitaria que permita a las comunidades un involucramiento proactivo e informado para asumir corresponsabilidades tanto en la gestión de los centros como en el curriculum.

También propone la revisión de los procesos formativos universitarios del cuerpo docente.

Por último, el director del IDESPO propone impulsar un diálogo abierto, público y sincero con sectores productivos, culturales, sociales, organizaciones y gobiernos locales, entre otros, en un marco mayor de una visión de desarrollo, con el fin de contemplar de forma articulada e integrada, las necesidades, oportunidades y aportes que puede hacer la educación.

Para Ana María Hernández, académica de la carrera de Pedagogía con énfasis en Educación Preescolar y Primera Infancia—quien tuvo a su cargo las conclusiones del evento académico, los planteamientos de los expositores coinciden con el informe de la Unesco 2021, que indica que la transformación profunda de la educación es tarea de todos, de la comunidad educativa y la sociedad, donde los padres de familia juegan un papel muy importante.

“Esa visión de transformación educativa desde una visión de cooperación, de colaboración, una visión solidaria, no verticalista, no cortoplacista, necesitamos que realmente se hable de una política educativa que trascienda los gobiernos, que sea con una visión de Estado”, subrayó.

Se refirió además al impacto del desempeño de los docentes en la calidad de la educación. Al respecto, citó una investigación que muestra que los estudiantes asignados a docentes con alto desempeño lograran avances tres veces más rápidos que alumnos con docentes de bajo desempeño. “Es decir, que la calidad de la educación tiene su techo en la calidad del profesorado”, señaló Hernández.

“Como universidades públicas, hemos estado y siempre estamos abiertos y dispuestos a involucrarnos con las autoridades del Ministerio de Educación Pública que tengan estas tareas porque tenemos muchísimo que aportar a esa transformación que requiere la educación y uno de los aspectos más importantes en los que estamos comprometidos es justamente la formación de un pedagogo de calidad con una formación integral”, enfatizó la especialista del CIDE.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Foro-Taller: Salud y bienestar para todas las personas

Desde la Universidad Nacional, Escuela de Economía-UNA y Mesa de Diálogo Social y Productivo realizan la invitación al foro-taller “Salud y bienestar para todas las personas” con la participación especial del Sr. Álvaro Ramos, ex presidente ejecutivo de la CCSS, este próximo martes 25 de abril en la Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional.

Este evento tendrá inicio a las 8:30 a.m. y hasta 12 medio día. *Incluye refrigerio*

Para confirmar su asistencia debe contactarse al número 8400-3435 o al correo alisson.qhernandez9420@gmail.com

Carta abierta al Consejo Superior Universitario de Centroamérica (CSUCA) CXX Sesión Ordinaria del CSUCA 20 y 21 de abril de 2023 Universidad Nacional de Costa Rica UNA

ASUNTO:  El CSUCA en Costa Rica, alberga en su CXX Sesión Extraordinaria a un usurpador. LA USAC DE GUATEMALA NO TIENE RECTOR

Nos dirigimos a ustedes como ciudadanas y ciudadanos centroamericanos, académicos(as) de universidades públicas de la región, artistas, intelectuales y sociedad civil plenamente informada y conscientes de la trágica y valerosa resistencia que atraviesa desde el mes de abril del 2022 la universidad más antigua de Centroamérica y la única institución de educación superior pública de Guatemala: la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

La Universidad de San Carlos de Guatemala por ser la mayor universidad del país, la única universidad pública y la más antigua se le ha conferido por ley, participación con voz y voto en las decisiones de 100 entidades públicas. Este valor de representatividad tiene su fundamento en los ideales de servicio, en su autonomía constitucional, con vigencia a partir del 1 de diciembre de 1944 y en su coherencia crítica para ofrecer soluciones al país, además de proveer gratuitamente o con muy bajo costo, educación superior. La Universidad de San Carlos de Guatemala recibe fondos públicos y eso la convierte en una institución clave no solo por su voz y capacidad de voto en las decisiones de importantes instituciones públicas, sino porque con autonomía y criticidad, es una fuerza de oposición ante procesos de corrupción que emanan del gobierno, oficialismos de turno y de las redes de poder político.

Hacemos de su conocimiento que esta Alma mater fue tomada por la comunidad estudiantil, docente, administrativa, apoyada por diferentes sectores de la población (campesina, indígena, civil, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de Derechos Humanos) desde el 27 de abril de 2022 con la toma de Museo de la Universidad de San Carlos (MUSAC) y posteriormente el 19 de mayo de 2022 con la ocupación del Campus Universitario en su totalidad, en respuesta a los procesos ilegítimos del fraude electoral que colocó al señor Walter Ramiro Mazariegos Biolis en el cargo de rector con un procedimiento electoral que no se apegó al marco de la legalidad. La persona que se presenta en este encuentro como Rector de la USAC no cuenta con las capacidades académicas mínimas para el puesto; no cumple siquiera con el requisito mínimo de cinco años de experiencia docente universitaria, según la norma que rige la materia, pese a la información falaz que contiene su currículo. Además, es reconocido por una larga trayectoria de corrupción, su cercanía con el narcotráfico y sus vínculos con el presidente de Guatemala. A partir de esos hechos y hasta el día de hoy la comunidad universitaria sancarlista, la sociedad civil guatemalteca, y comunidad centroamericana universitaria y civil continúan apoyando la resistencia y rechazo a lo que se ha calificado como fraude electoral en esta casa de estudios.

Desde el 1 de julio de 2022 en que asumió el puesto de rector, en un acto igualmente anómalo, pues lo hizo en secreto y sin que estuviera presente el pleno del Consejo Superior Universitario, como lo manda la normativa de la universidad; la comunidad universitaria y diferentes medios de comunicación oficiales y alternativos nacionales y de la región han evidenciado el abuso de poder con que Mazariegos, apoyado por el gobierno y redes de la élite del país, han utilizado la violencia y la represión contra la propia comunidad estudiantil y académica, intimidando, criminalizando y atentando contra la vida de estudiantes, docentes y dirigentes en este proceso de oposición y resistencia, como respuesta al legítimo derecho de no aceptar la ilegalidad y corrupción en los procesos electorales.

Escribimos a ustedes ante la vergüenza histórica que representa para nuestra región, para la ciudadanía guatemalteca, centroamericana y la mirada internacional que, el señor Walter Mazariegos, conocido en su propio país como “El Usurpador” ocupe solo nominalmente el cargo de representación universitaria, debido a que, en Guatemala permanece escondido y sin ejercer todas las funciones de su puesto, consciente del rechazo de que es objeto por parte de la mayoría de la comunidad sancarlista.

Apelamos a ustedes señores y señoras representantes del CSUCA en esta CXX Sesión Ordinaria celebrada el 21 y 22 de abril de 2023 en la Universidad Nacional de Costa Rica para tomar conciencia de nuestro rechazo absoluto a la invitación que el órgano de representación regional universitaria hace a Walter Mazariegos, así como de cualquier otro espacio de representación por la ilegitimidad electoral del puesto que usurpa y por la cuestionable trayectoria académica, moral y política que le antecede.

Señores y señoras del Consejo Superior Universitario de Centroamérica CSUCA, este es un llamado a la conciencia sobre los mayores ideales que fueron planteados hace más de cien años en el Sueño de Córdoba, a sus pilares fundamentales de respetar la autonomía universitaria, libre de interferencia política y de garantizar la libertad de la comunidad estudiantil y docente. La Universidad de San Carlos de Guatemala ha sentado un precedente histórico en la región centroamericana y en el continente desde el momento en que no aceptó el procedimiento ilegal de colocar a un rector de facto, que llevaron a cabo las redes de corrupción política y del poder oficial. Pese a esta difícil situación y al contexto en que la comunidad estudiantil y docente de la Universidad de San Carlos atraviesa, instituciones, importantes figuras intelectuales y sociedad civil no cesarán de apoyar y de brindar sus esfuerzos por rescatar la autonomía del mayor centro de estudios superiores de Centro América.

La invitación y el recibimiento de Walter Mazariegos al evento del CSUCA envía un mensaje equivocado a la sociedad centroamericana, a toda la comunidad estudiantil, docente y sociedad civil centroamericana. Su invitación está a contracorriente de los ideales de autonomía y libertad universitaria. Su presencia en este evento fomenta una cultura de impunidad que da la espalda a la realidad que atraviesa la propia comunidad universitaria sancarlista y niega los valores que deberían guiar el espíritu crítico, la acción y la educación superior en nuestra región.

Solicitamos a ustedes como representantes del CSUCA una moción de censura para Walter Ramiro Mazariegos Bioli en un pronunciamiento por escrito en el que se reconozca la ilegitimidad de su cargo y se le excluya absolutamente de toda representación en el CSUCA por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Que este precedente histórico sirva de ejemplo para todas nuestras universidades públicas centroamericanas y para que este hecho no se repita nunca más.

¡La Universidad de San Carlos de Guatemala no tiene rector!

Para firmar clic aquí

Revista Ambientico: espacios verdes urbanos para mejorar el bienestar humano

El Consejo Editorial y la Escuela de Ciencia Ambientales de la Universidad Nacional presenta el más reciente número de la Revista Ambientico, la cual es una revista de divulgación trimestral publicada desde la Escuela de Ciencia Ambientales de la Universidad Nacional, creada en 1992 como una publicación especializada en el análisis de la problemática ambiental costarricense y que tiene como misión estimular, publicar, y difundir un análisis riguroso y actualizado sobre problemáticas e iniciativas ambientales en Costa Rica.

Para acceder a la revista visite el siguiente enlace: https://www.ambientico.una.ac.cr/

 

Compartido con SURCOS por Rafael López Alfaro.

INEINA-UNA: Urge cambiar normas culturales permisivas que facilitan relaciones impropias entre personas adultas y menores de edad

Ante el caso de las niñas de Cartago víctimas de violencia, el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Nacional (INEINA-UNA) emitió un pronunciamiento en el que destaca la urgencia de que en el país se cambien las normas culturales permisivas que facilitan la existencia de relaciones impropias entre personas adultas mayores y menores de edad, las cuales son ilegales y constituyen delitos penados con cárcel.

“Si las normas legales cambian, pero las normas culturales siguen tolerando las relaciones impropias, entonces éstas se seguirán manteniendo y será difícil que las personas las censuren y denuncien”, subraya el pronunciamiento del INEINA-UNA, instituto que ha hecho importantes aportes para atender las problemáticas de las relaciones impropias y del embarazo adolescente en el país.

En el documento, el INEINA-UNA asegura que Costa Rica debe pasar del discurso a la acción estratégica en el compromiso con los derechos de todas las personas menores de edad en su territorio, por lo cual solicita, de manera respetuosa pero vehemente, que las autoridades en materia de niñez y adolescencia del Poder Ejecutivo:

  1. a) Convoquen y normalicen a la brevedad posible las sesiones del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, para que este pueda llevar a cabo sus funciones de articulación interinstitucional e intersectorial de las políticas públicas para esta población.
  2. b) Consideren la experiencia de las Universidades Públicas y las convoquen en el corto plazo para robustecer las acciones estratégicas de política pública en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las personas menores de edad.
  3. c) Convoquen un proyecto de Ley de fortalecimiento del SNPI, considerando las recomendaciones del estudio realizado por el INEINA.
  4. d) Aceleren las acciones para que el país pueda contar en el plazo más corto posible con una Política Nacional de Niñez y Adolescencia clara, sólida, validada y basada en evidencia, que defina el rumbo del país en este campo en los próximos años.

A continuación, el pronunciamiento completo del INEINA-UNA:

El Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA) de la Universidad Nacional frente al caso de las niñas de Cartago víctimas de violencia, desea aportar algunas consideraciones para análisis:

– Es urgente que en Costa Rica se cambien las normas culturales permisivas que facilitan la existencia de relaciones impropias entre personas adultas y menores de edad. Es importante destacar que estas relaciones son ilegales y constituyen delitos penados con cárcel. Si las normas legales cambian, pero las normas culturales siguen tolerando las relaciones impropias, entonces éstas se seguirán manteniendo y será difícil que las personas las censuren y denuncien.

– El embarazo adolescente es una problemática compleja por sus diversas implicaciones, frecuentemente la adolescente madre ve truncado o significativamente perjudicado su proceso de desarrollo humano a una edad en que el organismo y la madurez mental son insuficientes para enfrentar el muy demandante proceso de gestación y crianza. Además, con frecuencia, los padres no asumen su corresponsabilidad de cuido, crianza y manutención. Si la madre adolescente sale del sistema educativo antes de finalizar alguna forma de educación terciaria (técnica o universitaria), tendrá menos posibilidades de encontrar empleo formal y esto disminuirá sus ingresos.

– El INEINA de la UNA ha hecho aportes para atender estas problemáticas de la realidad costarricense. Por ejemplo:

  • Desde el 2018 el INEINA tiene un proyecto de extensión llamado “Redescubriendo a la persona en la adolescente madre” que trabaja interinstitucionalmente para el desarrollo integral, la promoción y garantía de sus derechos.
  • En el 2021 el INEINA produjo evidencia de que los programas de educación familiar en el contexto costarricense para la crianza positiva muestran capacidad para reducir significativamente el uso del castigo físico y aumentar la satisfacción de las figuras parentales con su rol de crianza.
  • El INEINA por medio de la investigación ha demostrado que Costa Rica requiere fortalecer su Sistema Nacional de Protección Integral, (SNPI) dadas las carencias y vacíos que le impiden ejercer sus funciones interinstitucionales a cabalidad. Pese a que se elaboró una propuesta para fortalecer el SNPI que ha sido reconocida por diversos sectores y que ha sido presentada en dos ocasiones en administraciones anteriores a la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa, no han surgido cambios en el quehacer del SNPI. En este sentido, es importante trascender las acciones aisladas y promover reformas de fondo orientadas a la gestión de políticas públicas basadas en evidencia científica que promuevan la protección de las niñas, niños y adolescentes.
  • El INEINA ha colaborado con Visión Mundial en un proyecto de fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de las personas adolescentes en la Zona Norte del 2020 a la fecha, desde el cual se han capacitado a personas de 12 a 19 años en temas como el abuso sexual, las relaciones impropias, el derecho a una vida sexual sin violencia y a la responsabilidad en materia de salud reproductiva.

Es preocupante que Costa Rica se encuentre sin una Política Nacional de Niñez y Adolescencia vigente, pues la última tuvo su vigencia de 2009 a 2021, lo cual implica una falta de rumbo estratégico para esta población en general, así como en materia de protección de derechos en particular. Esta política nacional debe definir las prioridades, objetivos específicos, metas y procesos de implementación que permitan aclarar el camino y avanzar en la protección de los derechos de todas las personas menores de edad, especialmente de las más vulnerables. Por otra parte, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA) no ha sesionado como corresponde, lo cual desatiende el accionar social y la articulación interinstitucional e intersectorial.

Pronunciamiento:

Costa Rica debe pasar del discurso a la acción estratégica en el compromiso con los derechos de todas las personas menores de edad en su territorio, por lo cual el INEINA solicita, de manera respetuosa pero vehemente, que las autoridades en materia de niñez y adolescencia del Poder Ejecutivo: a) Convoquen y normalicen a la brevedad posible las sesiones del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, para que este pueda llevar a cabo sus funciones de articulación interinstitucional e intersectorial de las políticas públicas para esta población, b) Consideren la experiencia de las Universidades Públicas y las convoquen en el corto plazo para robustecer las acciones estratégicas de política pública en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las personas menores de edad, c) Convoquen un proyecto de Ley de fortalecimiento del SNPI, considerando las recomendaciones del estudio realizado por el INEINA, d) aceleren las acciones para que el país pueda contar en el plazo más corto posible con una Política Nacional de Niñez y Adolescencia clara, sólida, validada y basada en evidencia, que defina el rumbo del país en este campo en los próximos años.

Las tragedias como esta nos recuerdan que debilitar la inversión social y la educación, solamente traerá perjuicios y resultados negativos a las familias, y nos pronunciamos vehementemente por una atención integral de estas problemáticas. Nos ponemos a disposición para apoyar en esta importante tarea.

Firma responsable:

M.A. Roxana Rodríguez Araya – directora INEINA

Oficina de Comunicación

Universidad Nacional, Costa Rica

 

Imagen: UNA

Inauguración de moderno edificio académico en Campus Pérez Zeledón de la UNA

El nuevo edificio académico del Campus Pérez Zeledón de la Universidad Nacional (UNA), es un proyecto de 4.120 metros cuadrados de construcción, con una inversión cercana a los $10 millones, financiado con recursos institucionales provenientes del FEES.

El inmueble de tres pisos está conformado por cuatro aulas, dos laboratorios de idiomas, dos laboratorios de informática, la biblioteca, el área administrativa y la soda comedor.

Yalile Jiménez, decana de la Sede Regional Brunca de la UNA, catalogó al nuevo edificio como una necesidad primordial que tenía la institución para con la región, el cual se construyó en el plazo de un año, donde la comunidad universitaria no vio afectadas sus funciones, dado que las obras se realizaron en tiempos de pandemia.

Oficina de Comunicacion UNA