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Etiqueta: UNICEF

Impuesto a sillas de ruedas y otros implementos médicos elevaría la pobreza

Federico Montero Mejía

La intención del gobierno de gravar con un 2% de impuesto a las sillas de ruedas y otros productos de asistencia, refleja desconocimiento acerca de la situación socio-económica de las personas que las requieren, así como de las recientes recomendaciones Mundial de la Salud (OMS) relacionadas con el tema.

De acuerdo con la OMS, los Productos de Asistencia sirven para mantener o mejorar la autonomía de una persona y su capacidad para movilizarse, con lo que promueven su bienestar y la seguridad. Incluyen entre muchos otros: audífonos, sillas de ruedas, dispositivos para la comunicación, gafas, prótesis, pastilleros y recordatorios. Se trata de artículos que son utilizados por personas de todas las edades, quienes presentan alteraciones en alguna de sus funciones corporales, desde muy leves hasta muy severas.

Abunda la información basada en evidencias, de muchas agencias internacionales, sobre el hecho de que las personas con discapacidad están entre las más pobres de las pobres. Desde el 2011 el Informe Mundial sobre Discapacidad (OMS-BM) consigna esa estrecha relación entre la discapacidad y la pobreza.

La pobreza es la principal causa de la discapacidad, y una vez que una persona adquiere una discapacidad, o en una familia hay una persona con esa condición, la pobreza aumenta sustancialmente.

La pandemia que hemos vivido, con dolores y angustias, ha provocado un aumento muy significativo de la pobreza y de la pobreza extrema en el mundo entero, y las personas con limitaciones funcionales de todo tipo han sido uno de los sectores de la sociedad más severamente afectados.

Contra el aumento de los costos de los productos de asistencia como resultado del pretendido impuesto nos mantendremos firmes.

La propuesta del gobierno evidencia el desconocimiento absoluto acerca de para quiénes y para qué, son requerido dichos productos. Además de que no son exclusivos para la rehabilitación, son requeridos por muchas personas que en el mundo en general, y en nuestro país en particular, presentan limitaciones funcionales. De acuerdo con un estudio reciente publicado en la prestigiosa revista The Lancet en el 2019, a nivel global 2.400 millones de personas tuvieron condiciones que les exigiría el uso de productos de asistencia. Esto representa un incremento de un 63% de 1990 al 2019.

En el reciente lanzamiento del Reporte Global sobre Tecnología de Asistencia (OMS-UNICEF), el director general de la OMS, expresa que: “La tecnología de asistencia cambia la vida: abre la puerta a la educación para niños con discapacidad, el empleo y la interacción social para adultos que viven con discapacidad, y una vida independiente y digna para las personas mayores”.

Obviamente el aumento en el costo de estos recursos como lo pretende el gobierno contribuiría no solo a exacerbar un alza de la pobreza, sino también el aislamiento social de muchas personas, con las consecuencias que esto conlleva: complicaciones que aumentarían la demanda de los servicios de salud y consecuentemente mayores gastos por parte de ese sector, y mayor daño a la salud física y mental de muchas personas y familias, entre otros.

También constituye una clara violación a los derechos de las personas e incumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nuestro país ha ratificado mediante la Ley número 8661.

¿Ignora el gobierno los compromisos internacionales adquiridos por nuestro Estado? Ignora la existencia de la Ley 8661?. Todo indica que sí.

Con mucha vergüenza, constatamos como costarricenses que estas decisiones del gobierno que afectan la salud y la integración social de muchas personas se pondrán en evidencia en todas las denuncias que se expondrán en los informes de las agencias internacionales.

Con planteamientos como este, el gobierno de la República suma otro agravante al estado de segregación y pobreza de muchos de sus habitantes y viola principios y derechos fundamentales como el derecho a la salud, a la libre movilización, al trabajo y a la educación, entre muchos otros. Y todo ello, no solo como consecuencia de su descontrolado e inhumano afán por recaudar fondos a como dé lugar. Peor aún: el gobierno hace caso omiso de los acuerdos sobre derechos humanos que nuestro país ha asumido como propios, y que todos tenemos la obligación de respetar y cumplir.

 

Imagen ilustrativa: https://www.periodicomensaje.com/guanacaste

Día Mundial contra el Trabajo Infantil: sensibilizar y denunciar la explotación infantil

José Luis Pacheco

Hoy 12 de junio se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. El objetivo de esta celebración es sensibilizar y denunciar la explotación infantil que se lleva a cabo en muchos países del mundo, donde se obliga a los niños a trabajar, negándoles todo derecho a la educación, la salud y una vida plena que le permita su desarrollo y bienestar integral.

Los niños deben formarse en un ambiente tal que les permita enfrentar el futuro de tal manera que, puedan salir del círculo de pobreza en el que han vivido sus padres. Sin embargo, esto no sucede y muchos gobiernos siguen sin tomar medidas para la erradicación del trabajo infantil.

El punto 8,7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), impulsados por la ONU establece un renovado compromiso para acabar con el trabajo infantil y hace un llamado a la comunidad internacional para: «adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de seres humanos, y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, para 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas».

Algunas de esas formas son: esclavitud, trata de personas, servidumbre por deudas y otras formas de trabajo forzoso, reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados, prostitución, pornografía, y otras actividades ilícitas. Todos esos trabajos ponen en peligro el bienestar físico, mental o moral del niño, ya sea por su propia naturaleza o por las condiciones en que se realiza.

Por desgracia la situación económica, la pobreza y la desigualdad que existe en nuestros países promovidas por políticas gubernamentales propicia esta actividad perniciosa para los niños.

Dios quiera que a quienes corresponda tomen las acciones necesarias para acabar con este flagelo y que los niños puedan disfrutar de la vida que merecen y que logren cumplir sus sueños.

12 de junio, Día Mundial por la Eliminación del Trabajo Infantil

Rodrigo Aguilar Arce

Es importante destacar que los estados miembros de las Naciones Unidas han renovado su compromiso con la erradicación del trabajo infantil al declarar 2021 el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil.

De acuerdo con la información, este año los países enfrentan los retos que plantea la pandemia al luchar contra el trabajo infantil, y además de ello acelerar los progresos con el propósito de alcanzar la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, que tiene como propósito poner fin al trabajo infantil de aquí a 2025.

Se espera que la OIT y UNICEF publiquen nuevas estimaciones y tendencias mundiales del trabajo infantil.

Es importante destacar que se impulsará durante el Año Internacional, una “Semana de acción” que permitirá alzar la voz a los mandantes de la OIT y a los numerosos socios que participan en la lucha contra el trabajo infantil en todas las regiones del mundo.

Imagen: Fundación Dequení

Informe UNICEF Costa Rica 2017

En el siguiente enlace se encuentra el Informe UNICEF Costa Rica 2017, que resume los retos y los avances de la situación de la niñez y la adolescencia en el país.

Incluye aspectos como 400 mil niños, niñas y adolescentes en estado de pobreza, educación preescolar, deserción escolar, embarazo adolescente, casas de la alegría, 6000 mil niños y niñas sin padres que los cuiden o en riesgo de perderlos, violencia en los hogares y políticas públicas.

UNICEF Costa Rica presenta logros

Informe Anual 2017 – UNICEF Costa Rica

 

 

 

Enviado por Vicky Luna.

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Octavo Informe de la UCR sobre los derechos de la niñez y la adolescencia en el país confirma importantes desigualdades

María Encarnación Peña Bonilla,

Periodista Oficina de Divulgación e Información

Octavo Informe de la UCR sobre los derechos de la niñez y la adolescencia
A pesar de la creación de instituciones y leyes para la protección de la niñez y la adolescencia, persiste un problema estructural, puesto que la distribución y gestión de los recursos no ha permitido optimizar el desempeño del Sistema Nacional de Protección Integral. Las desigualdades afectan con mayor fuerza a las niños, niños y adolescentes que viven en zonas rurales, costeras y fronterizas.

Se cumplen 25 años de que Costa Rica ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, y sin embargo persisten importantes desigualdades en las áreas de educación, salud, protección y acceso a la recreación, que afectan especialmente a las niñas, niños y adolescentes de poblaciones indígenas, migrantes y afro descendientes; así como a aquellos con discapacidad. Esta es la conclusión contundente que se desprende del VIII Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (EDNA).

El VIII Informe del Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (conocido como el Informe EDNA) ofrece un balance sobre la situación de las personas menores de edad en nuestro país y se elabora en el marco de cooperación entre la UCR y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

El VIII Informe EDNA fue presentado este viernes 11 de diciembre, en el auditorio de la Escuela de Estudios Generales de la UCR. Consiste en un trabajo analítico sobre la situación de diferentes factores normativos, políticos, programáticos y socioculturales que inciden en el desarrollo integral de la niñez y adolescencia costarricense. Las fuentes utilizadas en el Informe corresponden a fuentes oficiales de información primarias y segundarias provenientes tanto de registros administrativos (registros de estadísticas vitales, educativos, de salud, judiciales, etc.) como de Encuestas Nacionales (Encuestas Nacionales de Hogares y/o personas) y Censos (Censo Nacional de Población y Vivienda 1989, 2000 y 2011). El EDNA también genera datos relevantes convirtiéndose en fuente primaria.

¿Tras el rastro del avance o el retroceso?

Octavo Informe de la UCR sobre los derechos de la niñez y la adolescencia2
Patricia Fumero ha destacado en diferentes foros en torno a los resultados del octavo informe EDNA que el acceso a la cultura y espacios culturales públicos para niñas, niños y adolescentes requiere de mayor inversión y una mejora en la colaboración interinstitucional que conjugue políticas culturales, y no solo acciones puntuales (foto Laura Rodríguez).

Para la Dra. Patricia Fumero Vargas, de la UCR y coordinadora académica de este informe, es necesario superar el predominio de la visión adulto-céntrica basada en el concepto de posesión y control social sobre las niñas, niños y adolescentes para brindar a esta población el acceso a sus derechos. “Necesitamos empezar a pensar en las poblaciones vulnerables a partir de la economía del hambre la cual ayuda a comprender la deserción escolar, el embarazo temprano y el impacto de las débiles políticas de salud”.

Las poblaciones con menor acceso a la educación la integran niños, niñas y adolescentes indígenas, afro-descendientes, migrantes, personas con discapacidad y adolescentes madres o en unión de hecho o matrimonio (antes de los 18 años). A menudo, este segmento de población es excluido de los procesos educativos formales, ya sea por las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran, o bien, porque las opciones educativas no están a su alcance, más aun cuando se trata de condiciones especiales.

Las condiciones de vulnerabilidad se remarcan en contrastes tales como que, según el censo del 2011, en relación con la no asistencia a clases, se detectó un 23,5% de menores migrantes frente a un 11,8% de no migrantes; así como un 20,2% de menores indígenas frente a un 12,2% de no indígenas. El reto está en que el presupuesto para la educación pública se extienda a la diversidad de poblaciones, así como en la variedad de apoyos a la educación (uniformes, materiales de trabajo, viáticos).

Octavo Informe de la UCR sobre los derechos de la niñez y la adolescencia3
Gordon Jonathan Lewis, Representante de UNICEF: Para enfrentar estas situaciones, motivamos a Costa Rica a asumir con mayor fuerza el enfoque de equidad en las políticas públicas y a implementar las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño para lograr una mayor inclusión social de la niñez. Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción alguna, tienen derecho a recibir todas las oportunidades para el disfrute pleno de sus derechos. El Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda de Niñez y Adolescencia de Costa Rica marcan la ruta para lograrlo (foto Laura Rodríguez).

No obstante, la dificultad estriba en el financiamiento a la educación; lo que, a pesar de las mejoras que se han hecho, no logra suplir adecuadamente todas las necesidades. Hace falta una política de inclusión que, además, capacite a los docentes y a las comunidades para la atención de esta problemática.

Los niños y las niñas se ven más afectados por la pobreza. Entre las razones, se encuentra el hecho de que las familias pobres son las más numerosas. De acuerdo con un estudio reciente del PNUD, los niños y las niñas representan el 46,3% del total de miembros de los hogares que están en pobreza extrema, el 39,3% de los que están en pobreza no extrema y el 21,7% de los países no pobres, pero que son vulnerables. A ello se suma, que hay mayor proporción de mujeres jefas de hogar, la cual aumenta conforme se incrementa la pobreza, con efectos negativos en el cuido de los niños y las niñas, sobre todo de los más pequeños, y en el ejercicio del derecho a la educación.

Durante su intervención en el acto, el señor Gordon Jonathan Lewis representante de UNICEF-Costa Rica, reconoció que al suscribir Costa Rica la Convención sobre los Derechos del Niño inició un cambio de paradigma que conllevó el imperativo moral que significa trabajar en pro de los derechos de esta población, “y hoy en día la pregunta que todos debemos hacernos es ¿es Costa Rica un mejor país para sus niños? Para Lewis si bien los avances y logros han sido importantes, estos no han llegado a toda esta población de la misma manera, lo cual no posibilita que todos aborden el tren del desarrollo”.

Al referirse a este octavo informe de la UCR, la Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, Ana Teresa León, enfatizó que el país tiene un desafío enorme: el abordaje de una atención integral de la niñez y la adolescencia; además de hacer investigación que nos diga con precisión los alcances de la problemática y cuáles son las estrategias innovadoras que se requieren para abordar la negligencia, la explotación sexual, el trabajo infantil, entre otros. “Necesitamos otras respuestas para no seguir haciendo más de lo mismo, y este octavo informe nos muestra una muy clara radiografía pero ahora qué vamos a hacer; y es entonces cuando el tema de la investigación que pueda hacerse de los espacios universitarios, para aunar esfuerzos con otras instancias en la búsqueda de respuestas, cobra gran importancia”.

Octavo Informe de la UCR sobre los derechos de la niñez y la adolescencia4
Ana Teresa León: necesitamos respuestas innovadoras para no seguir haciendo lo mismo que décadas atrás, y es una tarea no solo del PANI sino de diferentes entes que debemos trabajar en conjunto y de una sociedad que debe asimilar el concepto de derechos humanos cuando hablamos de los derechos de la niñez y adolescencia (foto Laura Rodríguez).

Entre los datos innovadores de este informe se encuentran los referentes al tema de la cultura. Se requiere mayor inversión para generar espacios culturales públicos de calidad para el esparcimiento y se debe realizar un adecuado monitoreo de las políticas sociales y la inversión social en niñez.

Para Roberto Salom Echeverría, vicerrector de Acción Social de la Universidad de Costa Rica “este octavo informe es el resultado de un gran esfuerzo académico e investigativo que contribuye a la reflexión y análisis crítico de la situación, como de los problemas de esta población con respecto al ejercicio y defensa de sus derechos. La UCR realiza este tipo de investigaciones desde el año 2000 con el objetivo de favorecer la adopción y reorientación de políticas públicas en esta materia; así como la acción desde la esfera de la sociedad civil, siempre desde los principios fundamentales de la UCR como institución de educación superior pública; para posibilitar una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, más incluyente; que no piense sólo de forma adulto céntrica”.

El vicerrector enfatizó que este informe sienta las bases para la revisión de los planteamientos de los siete informes anteriores, como capital generado que permite afirmar que “contamos ya con una abundante información sobre numerosos temas ligados a los derechos de la niñez y la adolescencia y con este informe se pretende difundir y discutir esos alcances, actividad que es estratégica para impulsar los cambios».

Puede accesar el informe también en la siguiente dirección: http://www.unicef.org/costarica/ESTADO_DERECHOS_DE_NNA2015.pdf

 

Algunos desafíos y recomendaciones en el octavo informe EDNA

Desde la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, la niñez en Costa Rica ha experimentado una realidad de contrastes y paradojas, que comienza con el hecho de experimentar una crisis y un ajuste de expectativas y de recursos en el momento en que este tratado internacional se asume en el país como el enfoque que orienta el marco legal e institucional.

Es también interesan te el reconocimiento de los derechos sociales e individuales de la niñez en un momento de ajuste y reformas en el Estado Social, en el que esta institucionalidad estaba en duda. Después de 25 años, no hubo un desmantelamiento del Estado Social, más bien se dio una recuperación de la inversión social, dentro de la cual la niñez se ha visto favorecida gracias a que ha recibido relativamente más recursos que otros sectores de población, a pesar de que su peso en la pirámide poblacional ha tendido a ser menor.

Esto ha permitido mejorar algunos indicadores sociales, como, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil y recuperar otros que habían caído dramáticamente, como los indicadores en el campo educativo. Al mismo tiempo que se presenta esta realidad, las condiciones de vulnerabilidad de la niñez más bien ha crecido, sobre todo porque el entorno económico y social ha cambiado, generando una gran desigualdad social y profundizando brechas sociales entre los niños y las niñas, sobre todo entre las zonas rurales más pobres y las áreas urbanas más privilegiadas.

Otro contraste interesante es la presencia de una extensa red de protección social y de políticas universales, que no solo se mantuvieron a pesar de las presiones para privatizar el Estado Social, sino que consolidaron un enfoque de servicios de atención pública al que accede la mayoría de la población, sobre todo en los servicios de atención de la salud y la educación, y una red de protección social hacia los grupos que están en condiciones de vulnerabilidad.

Esta institucionalidad, no obstante, vive una profunda crisis de gestión, tanto porque no está organizada como se debe, ni conceptualmente ha sido eficiente para adoptar el enfoque de los derechos humanos, ya que operativamente encuentra una serie de ineficiencias, que impiden que la inversión social llegue con mayor impacto a quienes la necesitan. Resulta evidente que se requiere de una reforma político-administrativa que subsane semejantes carencias, pero esta urgencia contrasta con un hecho verificable: a partir de la crisis, las instituciones están experimentando procesos de reforma, al punto de que hoy tenemos varias generaciones de cambios sustanciales, aunque incrementales.

Pareciera que la violencia y el maltrato hacia la niñez son más explícitos hoy, aunque ello puede obedecer a que se han visibilizado problemáticas como la violencia y el maltrato hacia la niñez.

Vista la realidad de la niñez desde esta perspectiva, está muy claro que no hay cabida para interpretaciones fáciles, sino que, nunca como hoy, se requiere trazar un panorama de innovaciones que permita aprovechar la institucionalidad, la legalidad y la sensibilidad existente para configurar políticas que trasciendan los períodos cortos de gobierno y formulen una política de largo plazo. Existen los instrumentos de política y el nivel de compromiso, pero al mismo tiempo, hay factores de riesgo que amenazan con retroceder y relativizar los logros alcanzados hasta hoy.


Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/