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Etiqueta: universidades públicas

UCR: Presentan a ganadores del Premio aportes al mejoramiento de la calidad de vida

Las Universidades públicas, CONARE y la defensoría de los habitantes premiaron a las personas e instancias ganadoras del Premio aportes al mejoramiento de la calidad de vida 2024. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Las Universidades Públicas de Costa Rica junto con la Defensoría de los Habitantes y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) presentaron a las y los ganadores de la XXXII del Premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida 2024, en sus categorías Persona física, Organización de la sociedad civil, Entidad privada y Entidad pública.

Este reconocimiento se realiza desde 1992 con el fin destacar las acciones y aportes positivos que realizan distintos sectores sociales, en materia de solidaridad, conservación, uso sostenible de los recursos e inclusión social.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en el Aula Magna de la Universidad de Costa Rica, el viernes 25 de octubre y contó con la participación de autoridades de las instituciones organizadoras, personas postulantes y miembros de la sociedad civil, que dan seguimiento a las iniciativas que concursan para obtener este importante galardón.

Este 2024 fueron reconocidas por sus aportes y acciones las siguientes entidades y personas:

Entidad pública

Nombre

Programa de Coordinación y Atención Intercultural

Responsable

Johanna Lázaro Morales

Motivo: “Por el acceso de la población a la educación superior”

  • Acceso de 1880 estudiantes a la matrícula de la Universidad.
  • Atender y apoyar 30 centros educativos indígenas.
  • Sostenibilidad de la población Indígena que tiene finalizado el Bachillerato.
  • Visitar estudiantes desde sus hogares y comunidades para que puedan acceder a la información sin derogar egresos familiares.
  • Otorgar becas socioeconómicas y apoyos complementarios, así como los apoyos para la conectividad. 

Persona física

Nombre 

Randy Siles Leandro – Artesanos de la gastronomía

Motivo: “Por inspirar, educar y empoderar a las comunidades a través de la gastronomía”

  • A través de los programas que ha desarrollado Randy Siles, alrededor de 200 jóvenes en situación de alto riesgo han tenido la oportunidad de recibir formación profesional en el sector gastronómico-hotelero, permitiéndoles un desarrollo profesional y personal que les habilita una mayor estabilidad y prosperidad en su futuro.
  • Mediante alianzas con empresas locales como Mariscos Jicaral, los programas de Siles han generado un impacto económico significativo, aumentando los ingresos de negocios familiares y creando empleo. Esto refuerza la economía local y mejora las condiciones de vida de las familias involucradas, así como promueve una cadena de suministro equitativa y sostenible para la industria gastronómica.
  • Los esfuerzos de Siles en capacitar a jóvenes privados de libertad, como en el Centro de Formación Juvenil Zurquí, contribuyen a su reinserción social y laboral, ayudando a reducir la reincidencia delictiva y brindándoles una segunda oportunidad en la sociedad.
  • Los programas impulsados por Randy Siles integran principios de equidad de género, solidaridad y seguridad social, creando entornos inclusivos y justos que fomentan el respeto mutuo y la cooperación en la comunidad.
En la fotografía destacan las personas representantes de la Fundación Pollitos de Hierro: Brigada Nacional para la Detección Temprana del Cáncer Infantil quienes fueron galardonados en la categoría de Organización de la Sociedad Civil. Foto: Laura Rodríguez, UCR.

Organización de la Sociedad Civil (compartido)

Nombre 

Asociación Proyecto Daniel Pro-Ayuda a Jóvenes

Responsable

Ligia Bobadilla Matta

Motivo: “Por cumplir el sueño de Daniel brindando apoyo y esperanza a los jóvenes con cáncer”.

  • Programa de tarjetas Naranjas para cuidadores.
  • Visitas hospitalarias por parte de colaboradores y voluntarios.
  • Realizan campamentos, conferencias, talleres y charlas.
  • Realizan Cena de Gala para recaudar fondos.
  • En 14 años han impactado positivamente a más de 3000 jóvenes.
  • Dormitorios en hospitales de la CCSS: Calderón Guardia, México y San Juan de Dios.
  • Donación de 23 camas especiales.
  • Realizan proyectos de recreación, bienestar, educación y beneficios para los pacientes y sus familias.
  • Brindan becas educativas (idiomas y carreras técnicas).

Organización de la Sociedad Civil (compartido)

Nombre 

Fundación Pollitos de Hierro: Brigada Nacional para la Detección Temprana del Cáncer Infantil   

Responsable

Yuri Romero Chaves

Motivo: “Por brindar esperanza y amor a la niñez y a sus familias en la lucha contra el cáncer”

  • Programa Bandera Llenamos Pancitas: no permitir que un niño pase dolores por su enfermedad y además deba pasar hambre. Han entregado 2.247 canasta de víveres.
  • El Albergue La Casa De Los Pollitos: brinda los cuidados especiales y la alimentación que necesitan los Pollitos y sus familias, en procesos de recuperación de cáncer.
  • Procura la Educación: todos los años se realizan entregas de paquetes escolares para contribuir con el ingreso a clases.
  • Iluminando Navidades: tercer jueves de diciembre, se le entrega a cada pollito y sus hermanos, regalitos navideños y ropa.

Entidad privada

Nombre

Fundación Saprissa

Responsable

Mariola Montero Castro

Motivo: “Por transformar la niñez a través de la disciplina y solidaridad”

  • Han beneficiado directamente a más de 10,000 niños y jóvenes, e indirectamente a 20,000 personas, incluidas sus familias y comunidades en todo Costa Rica.
  • Ofrecen una formación completa en habilidades futbolísticas y psicosociales, promoviendo el bienestar y desarrollo personal de los participantes.
  • Inculcan valores fundamentales como respeto, responsabilidad, solidaridad y trabajo en equipo, esenciales para la convivencia social y el desarrollo personal.
  • Trabajan en comunidades vulnerables y con poblaciones migrantes, promoviendo la integración social y la igualdad de oportunidades.
  • A través del programa «Al Estadio con Buenas Notas», incentivan el rendimiento académico al premiar a jóvenes con la oportunidad de asistir a partidos del Deportivo Saprissa.
  • Promueven la participación femenina en el deporte mediante programas como la Copa Saprissa Femenina, contribuyendo a la igualdad de género y la inclusión.
Las Ligas Atléticas Policiales recibieron un reconocimiento de parte de la Defensoría de los Habitantes. Foto: Laura Rodríguez, UCR.

En el marco de entrega de este galardón, también se otorgaron reconocimientos adicionales por parte de la Defensoría de los Habitantes, del CONARE y de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica. Los cuales se describen a continuación:

Reconocimientos de la Defensoría de los Habitantes

  • Asociación de Desarrollo Integral de La Fortuna de San Carlos (ADIFORT): Por hacer La Fortuna un lugar mejor mediante el fortalecimiento productivo, social y económico.
  • Ligas Atléticas Policiales: Por transformar vidas de jóvenes a través del deporte y la educación.
  • Fundación Yo puedo ¿Y vos?: Por fortalecer habilidades y oportunidades en igualdad y equidad.
  • Green Wolf Costa Rica: Por generar un cambio positivo mediante la colaboración comunitaria y la restauración ecológica.

Reconocimiento en el marco de la declaratoria establecida por el Consejo Nacional de Rectores y las Universidades Públicas para el año 2024: “Universidades Públicas con los pueblos originarios”

  • Sonia Valverde “Asociación Labio Paladar Hendido”: Por asegurar la atención oportuna, rehabilitación y tratamiento de la población con paladar hendido.

Reconocimiento a la Innovación otorgado por la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica

  • Programa “Turismo para todas las personas”: Por su compromiso y dedicación hacia la creación de experiencias turísticas accesibles para todos.

Para más información sobre este reconocimiento puede visitar la página: http://www.eii.ucr.ac.cr/premiocalidaddevida.html o contactarse al correo electrónico premiocalidaddevida @ucr.ac.cr

Tatiana Carmona Rizo
Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR

¡Miserables! *

Vladimir de la Cruz

Está en trámite legislativo, en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, la discusión sobre la asignación presupuestaria constitucional para la Educación Superior para las Universidades públicas, lo que se conoce de manera general como el FEES.

La Universidad de Costa Rica es una conquista de la cultura y la educación nacional, lograda en 1940, cuando por iniciativa del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, se decidió fundarla. Así lo determinó el Presidente Calderón quien instruyó a su Ministro Luis Demetrio Tinoco para que procediera a su apertura.

La decisión de la creación de la Universidad fue muy importante, para darle continuidad al proceso educativo nacional desde los estudios primarios y secundarios hasta la educación universitaria o superior.

La Universidad de Santo Tomás que existió en el siglo XIX, fundada en 1843 y cerrada a finales de la década de 1880, cortó las posibilidades de educación superior en el país, exceptuando las posibilidades que se mantuvieron con algunas carreras, como la de Abogacía, escuela que se mantuvo activa y proyectada a la actual Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

La Universidad de Costa Rica se creó como el acto fundacional de una “nueva Universidad”, lo que hizo el Dr. Calderón Guardia. No reabrió la Universidad de Santo Tomás, que pudo haberlo hecho. La razón fundamental fue que la Universidad de Santo Tomás tenía un carácter pontificio, lo que le daba a la Iglesia Católica una influencia decisoria en la vida académica en la posibilidad de nombramiento de profesores, de aprobación de contenidos programáticos y hasta de censura de lecturas.

El Dr. Calderón Guardia tenía una formación católica cristiana muy fuerte e importante, no solo por su vida familiar, sino también por sus estudios en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, donde tuvo la oportunidad de estudiar también en la Universidad Libre de Bruselas. De allí la decisión de haber abierto una nueva Universidad y no de haber reabierto la vieja Universidad de Santo Tomás.

Al fundar una nueva universidad, el Dr. Calderón Guardia tuvo a la mano y en conocimiento, el estudio del Dr. Luis Galdámez, quien había recomendado cuatro años antes la apertura de la universidad en el país, propuesta que se condensó en el informe que hizo con el título “La Universidad Autónoma”. Así, la Universidad de Costa Rica se fundó con la tradición de la Universidad de Córdoba, con su Reforma Universitaria de 1918, que se impuso prácticamente en toda la experiencia universitaria posterior a esa fecha en América Latina.

La autonomía universitaria que se impulsó imponía la obligación del Estado de asignarle los recursos económicos suficientes para el buen desempeño de sus prácticas académicas, docentes, científicas, culturales y educativas en general a la universidad. Incluyó la idea de considerar a la universidad como una pequeña República con gobierno propio, con legislación propia, con autonomía del movimiento estudiantil y con gobierno estudiantil autónomo de las autoridades universitarias, con representación estudiantil en todos los órganos de decisión académicos y de políticas universitarias, entre otros puntos que abordo la Reforma Universitaria.

Desde entonces, en 1940, la Universidad de Costa Rica y hasta 1975 de hecho, se convirtió en la única Universidad del país, en la única institución de educación superior, donde confluían todos los sectores sociales y económicos del país en busca de formación profesional y universitaria.

Fue, a la vez, la Universidad de Costa Rica, la instancia de educación superior donde se prepararon en ese tiempo la inmensa mayoría de autoridades políticas y administrativas del Estado y de Gobiernos, que se formaron profesionalmente en Costa Rica. En este sentido la Universidad fue un crisol de igualdad, de tolerancia, de respeto a las diferentes ideas políticas y corrientes filosóficas del pensamiento universal, contribuyendo de esa manera al desarrollo institucional y democrático de la sociedad costarricense.

La Universidad de Costa Rica y las otras universidades públicas, que se desarrollaron en la década de 1970, han sido pilares fundamentales de la democracia nacional, fundamento importante en la formación de profesionales del sector privado y público nacional, factores y actores activos de la producción y economía nacional, columnas vertebrales del desarrollo cultural y artístico nacional en todos sus campos.

Las universidades se han visto sometidas constantemente, por parte de diversos gobiernos, a no cumplir con el mandato constitucional de darles los fondos, los recursos económicos necesarios para su desempeño y trabajo académico y científico.

Con los anteriores gobiernos había discusiones sobre el monto y se llegaba a acuerdos satisfactorios en la asignación de recursos y fondos públicos para las universidades.

Con el actual gobierno no hay acuerdo alguno. No hay apoyo ninguno para las universidades públicas. La acción del gobierno actual es TODO contra las universidades, TODO contra la educación superior pública, TODO contra la educación pública en general, lo que ha llevado al gobierno a mantener un 0% de asignación del Presupuesto Nacional a las universidades. La propuesta del Consejo Nacional de Rectores, representante de todas las universidades públicas, era de un 4.06%, necesario para el buen funcionamiento de las Universidades.

La discusión que se lleva a cabo en este momento, en estos días, en la Comisión de Asuntos Hacendarios, de la Asamblea Legislativa, es para asignarle un 2%. La primera votación que se hizo en esa Comisión rechazó ese 2%, lo que da espacio todavía a unos días más de discusión.

En la Comisión Legislativa se ha votado 6 a 5 con el rechazo de ese 2%. En esa votación dos diputados del partido Unidad Social Cristiana, Carlos Felipe García y Alejandro Pacheco, miserablemente se han pronunciado en contra de ese 2%. (ver nota al final).

Digo que son miserables, ruines, porque ese partido fue la bandera del gran Benemérito de la Patria, Calderón Guardia, fundador de la Universidad de Costa Rida, y de hecho, de las universidades públicas en su herencia.

Miserable es el Partido Unidad Social Cristiana que se ha plegado a destruir toda la obra social del Dr. Calderón Guardia, y del impulso que le dio a esa Reforma el Partido Liberación Nacional, desde el Gobierno de la Junta en 1948-1949 y las que posteriormente realizaron en los gobiernos subsiguientes, entre ellas la creación de las otras universidades públicas y haber avalado el surgimiento de las universidad privadas, como complementarias a las primeras, en su misión de formación de profesionales de alto nivel educativo.

El gobierno de la República actual ha caracterizado a los gobiernos de Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana, como dictaduras y tiranías de camarillas que ejercieron sus gobiernos para favorecer a pequeños grupos asociados a sus gobiernos y alejados del pueblo. Eso le ha llevado a justificar los ataques a toda la obra de esos gobiernos, independientemente de valorar lo bueno y lo malo que han realizado, porque lo bueno del desarrollo del país se le debe fundamentalmente a esos gobiernos, más allá de si simpatizamos con esos partidos políticos que gobernaron el país.

Puedo entender que el dirigente político que fue de ese partido, Rafael Ángel Calderón Fournier, que además fue su fundador, gran negociador que logró su creación en el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez ya no esté en ese partido. Lo que es impensable es que ese partido que arropó la Reforma Social haya renunciado a ese legado histórico.

Los actuales dirigentes de la Unidad Social Cristiana son renegados de esa tradición social cristiana, en el campo político. Han abjurado la Reforma Social, hoy repudian las figuras del Gran Benemérito Rafael Ángel Calderón Guardia, maldicen con sus diversos actos destructores de dicha obra social, su memoria.

La fracción parlamentaria de la Unidad Social Cristiana se ha colocado en el furgón de cola del tren autoritario, despótico, tiránico, del actual mandatario de Zapote. No han entendido que ese furgón de cola, apoyando todo su programa político y económico, y destructor de la obra social del Dr. Calderón Guardia, no va a sobresalir en modo alguno como una fuerza política vigorosa, independiente ni como opción ciudadana ante el próximo proceso electoral.

Tampoco los actuales dirigentes políticos de la Unidad Social Cristiana hacen la lectura correcta de la historia de ese partido, de los logros históricos que realizaron. Su visión los lleva al abismo político, al salto al vacío que se ha confirmado en la práctica del actual gobierno.

A ese despeñadero conducen a ese partido.

La dirección política de la Unidad Social Cristiana y su fracción parlamentaria verdaderamente se comportan de manera miserable, ruin, despreciable, malvada, canalla contra las universidades públicas al no apoyar el 2% que solicitan las universidades, como mínimo en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

No es un problema solo de las actuales universidades en su presupuesto. El impacto de no asignarle los recursos económicos suficientes y decorosos a las universidades es contra toda la población, contra todas las familias, contra todos los estudiantes de preescolar, de escuela, de secundaria en sus diversos ciclos y modalidades educativos, porque se quitan los recursos de las universidades y éstas tendrán menos posibilidad de recibir a los niños y jóvenes que se preparan en escuelas y colegios con la ilusión de ingresar a un nivel universitario.

Lo miserable de la actuación de los diputados socialcristianos en la Comisión de Asuntos Hacendarios es contra toda la sociedad, contra todas las familias, contra todos los padres y madres ilusionados con el futuro de sus hijos, a quienes les están negando la posibilidad de que ellos puedan llegar a la educación superior.

Lo más decente que podrían hacer los diputados Carlos Felipe García y Alejandro Pacheco, de la Unidad Social Cristiana es dar su voto afirmativo en la Comisión a la propuesta del 2% del Presupuesto Nacional para las universidades, para que ese Dictamen pase con mayoría de votos al Plenario Legislativo, que es donde debe discutirse más ampliamente. Ahí pueden refugiarse, si así los obliga la dirección política de su partido y la decisión de su fracción, a votar como quieran en el Debate del Plenario. Por ahora, lo importante es que se apruebe el 2% en la Comisión Legislativa.

Diputados socialcristianos en este asunto por lo menos compórtense decentemente con su voto a favor de la Cultura y la Educación Superior Nacional. Es un problema de conciencia nacional.

Dejen y sálganse del estercolero nacional en que los quieren meter el presidente de la República y sus voceros institucionales en la lucha que él tiene contra la cultura y la Educación nacional y popular.

*PS.

El artículo fue redactado el jueves en la mañana. En la sesión de la Comisión del jueves por la tarde los diputados Carlos Felipe García y Alejandro Pacheco, de la Unidad Social Cristiana votaron a favor del 2% del FEES. Se comportaron como debía ser. Honraron al memoria del Dr. Calderón Guardia y facilitaron que el Dictamen de la Comisión pase al Plenario Legislativo con votos de mayoría. Aún queda la discusión en el Plenario Legislativo.

Vladimir de la Cruz

Compartido con SURCOS por el autor.

El desafío de escuchar-nos

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

La sociedad costarricense transita hoy por una de las horas más oscuras en su vida republicana. El talante en su conducción es cosa ya del pasado y la confrontación pareciera ser política pública declarada.

Esta semana que termina, un hecho inédito al menos en épocas recientes llamó la atención y encendió todas las luces de alarma para el sentido de convivencia.

En la Universidad de Costa Rica se recibió una amenaza de bomba, atribuida a seguidores del gobierno central y particularmente la figura del presidente Rodrigo Chaves.

Es ya de sobra conocido el tono confrontativo e insultante con que el mandatario se ha referido en sistemáticas ocasiones acerca de las universidades públicas y particularmente su aporte a la sociedad costarricense.

Es de sumo cuidado este episodio experimentado en la casa universitaria porque enciende todas las alertas sobre la sociedad que somos.

En esta hora de las polifonías y la sobre representación de las distorsiones y las posverdades, el principal desafío que resulta no es tan solo el restablecimiento del juego democrático, entrado en crisis recientemente.

La urgencia ahora es al menos escuchar, escuchar al otro, escuchar-nos. Y eso pasa por bajar tonos y dejar el insulto. Acudir al respeto. Volver a darle clase y prestancia al ejercicio político, reconstruir el pacto social desde la horizontalidad. Debemos empeñarnos en esa tarea. Es urgente.

Rector de la UCR: «No vamos a claudicar en nuestro compromiso de defender la libertad de expresión”

El rector de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez Espeleta señala en un video: «No vamos a claudicar en nuestro compromiso de defender la libertad de expresión, la educación y el pensamiento crítico, por más incómodo que esto resulte para los enemigos de la educación, la democracia y la paz».

Este lunes 1 de octubre de 2024, el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR) se pronunció ante la grave situación ocurrida el pasado 30 de septiembre, cuando la institución fue blanco de una amenaza directa de bomba. Gustavo Gutiérrez destacó que este tipo de eventos debería preocupar profundamente a todos los costarricenses que valoran y desean vivir en un país tradicionalmente pacífico, porque aunque la amenaza resultó ser falsa, es preocupante el mensaje que podría transmitir y que no debe permitirse que se repita o se normalice.

Se considera que este acto fue, en parte, el resultado de los discursos cada vez más frecuentes que provienen de los altos mandos del Poder Ejecutivo en el país. La estructura y el enfoque de la amenaza reflejan un patrón similar a esos mensajes que intentan desprestigiar la credibilidad de las instituciones y perjudicar a la educación pública universitaria, fomentando un clima de desconfianza y odio.

Esta situación es especialmente preocupante a su vez, ya que revela cómo para algunos actores la formación en humanidades, el pensamiento crítico y la libertad de pensamiento se han convertido en una amenaza tanto para ellos como para el país, cuando no es así. Por ello, es inaceptable que los miles de estudiantes que buscan un mejor futuro y más oportunidades sientan que su lugar de aprendizaje ya no es seguro. A pesar de esto, la universidad continuará fortaleciendo estos espacios día a día, reafirmando su compromiso con la educación, la seguridad y el desarrollo integral de sus estudiantes.

Le invitamos a ver el video con la exposición del rector de la UCR:

Universidades públicas transforman vidas y crean oportunidades

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional se pronunció haciendo un vehemente llamado en defensa del Estado democrático y social de derecho y la división de poderes, principios constitucionales capitales de nuestra gobernanza y que han sustentado nuestra longeva y estable vida democrática.

Promover el desarrollo integral de los estudiantes mediante funciones de investigación, extensión y administración de servicios es parte fundamental del quehacer de las universidades públicas. Los recursos que el Estado invierte en estas instituciones se devuelven al país a través de programas de becas, promoción de la salud, bienestar estudiantil y movilidad social.

El pasado 18 de septiembre, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) organizó un foro en la Asamblea Legislativa titulado «Reducción de la desigualdad: las universidades públicas generando oportunidades que transforman vidas». Participaron María José Cascante, coordinadora de la Comisión de Vicerrectorías de Vida Estudiantil; Randall Hidalgo, vicerrector de Docencia de la UNA; Olman Madrigal, de la División de Planificación Universitaria de Conare; y Sharon Jiménez, estudiante de la UNED. La actividad fue moderada por Alejandra Gamboa, vicerrectora de Vida Estudiantil de la UNA.

Cascante destacó que, aunque Costa Rica ha sido reconocida por sus bajos niveles de desigualdad, en los últimos años ha habido un aumento en la pobreza, con más del 20% de la población afectada. Recordó el aporte de las universidades públicas para mitigar algunos efectos de la pandemia, proporcionando acceso a estudiantes de sectores más pobres, e hizo énfasis en la ampliación de la oferta académica, especialmente en áreas STEM, y en la inversión en becas y programas de apoyo socioeconómico, lo que ha permitido que muchas personas continúen sus estudios.

Hidalgo explicó en detalle el modelo de estratificación que aplica la Universidad Nacional para el ingreso de sus estudiantes, donde, además de la prueba de admisión, desde 2009 se implementa un sistema de tipificación y estratificación que ha aumentado el acceso a la educación superior de estudiantes en mayor vulnerabilidad.

El Observatorio Laboral de Profesiones (OLAP) lleva más de 15 años recopilando información sobre los graduados de universidades públicas en Costa Rica. El último estudio incluyó a más de 10,000 graduados, de los cuales el 59% eran mujeres, y el 66.3% eran de primera generación, es decir, los primeros en sus familias en obtener un título universitario. Fuera del Gran Área Metropolitana, esta cifra asciende al 77%. La mayoría de los graduados provienen de colegios públicos (74.7%).

De acuerdo con los datos presentados por Madrigal, en 2022 la tasa de desempleo entre los graduados fue del 6.5%, significativamente menor que el 12.2% de desempleo general en Costa Rica. Las disciplinas con mejores indicadores de empleabilidad, con un 0% de desempleo y 100% de empleos relacionados con el área de estudio, fueron aquellas en STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), destacándose particularmente computación y ciencias económicas.

También resaltó las competencias más demandadas por los empleadores en ambos sectores (público y privado): compromiso ético, capacidad para trabajar en equipo y bajo presión, y satisfacción oportuna de las demandas laborales.

Sharon Jiménez, estudiante de Informática Educativa en la UNED, compartió su experiencia afirmando que ser estudiante va más allá de lo académico, y destacó cómo la educación superior pública trasciende las estadísticas, recordando que detrás de cada dato hay personas, familias e historias que reflejan el impacto de estas instituciones en el bienestar social.

“En la universidad pública, el estudiante entra con la clara convicción de que debe graduarse, y por lo tanto, no está solo; está acompañado de un sistema de apoyo integral que incluye una vida estudiantil robusta, la posibilidad de participar en grupos culturales, de ser estudiante asistente, formarse junto a los profesores, y acceder a servicios de bibliotecas, bases de datos, salud y recreación”, expresó Francisco González, rector de la UNA.

Voces

La diputada Rosaura Méndez, quien gestionó este espacio, mencionó que las universidades siguen siendo pilares de desarrollo para estudiantes y comunidades, a través de programas de becas, extensión e investigación. Destacó que un alto porcentaje de los estudiantes de universidades públicas provienen de colegios públicos y muchos reciben becas, lo que refleja el compromiso del sistema educativo con la equidad.

Por su parte, la diputada Paulina Ramírez expresó su fuerte identificación con las universidades públicas y la educación, resaltando su importancia como motor de oportunidades para los sectores más vulnerables. Criticó las decisiones políticas que amenazan la continuidad de este derecho fundamental y aseguró que, desde la Asamblea Legislativa, se tomarán las medidas necesarias para contrarrestar las acciones del gobierno.

La también diputada Alejandra Larios destacó la importancia de contar con espacios donde los datos desmienten los mitos sobre las universidades públicas. “Los datos son esenciales para mostrar en qué se invierte el dinero de las universidades y combatir las falsedades sobre su financiamiento”, señaló.

Finalmente, el diputado Óscar Izquierdo subrayó la responsabilidad de la Asamblea Legislativa en la aprobación del presupuesto para las universidades. Afirmó que reducir las desigualdades es un motivo clave para luchar por un presupuesto justo para las universidades públicas y aseguró que su fracción legislativa está comprometida a garantizar los recursos necesarios para que estas instituciones continúen desempeñando su rol en el desarrollo del país y combatan los mitos sobre su financiamiento.

Foro completo:

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Shirley Miranda y Kerly Rodríguez nos cuentan cómo su relación con la UCR ha cambiado sus vidas y la de sus comunidades

Shirley Miranda nos comparte que forma parte del programa de educación abierta en la Sede del Sur, al cual asiste una vez a la semana. Éste ha sido de gran ayuda y la ha hecho sentir muy feliz el poder ser parte de ello; menciona que era justo lo que necesitaba para construir sus sueños, ya que por situaciones de la vida dejó sus estudios, sin embargo siempre tuvo el sueño de estudiar y alcanzar esta meta (ser bachiller) Shirley motiva a la gente con ganas de estudiar que aprovechen este proyecto de la UCR.

Kerly Rodríguez es la encargada de promoción cultural del museo histórico cultural Juan Santamaría. Nos comenta “que Ethan Chavarría junto a otros niños participan de los talleres”. La alianza con la Universidad de Costa Rica les ha permitido realizar distintas actividades que han beneficiado a una población que busca oferta de talleres culturales y de esta manera se benefician las personas participantes del taller. Asimismo, la UCR cumple con el impacto social que la compromete.

Le invitamos a ver el video de Shirley Miranda y Kerly Rodríguez quienes nos cuentan cómo su relación con la UCR ha cambiado sus vidas y la de sus comunidades.

Sobre el FEES 2024-2025 en Costa Rica

MBA Lic. Luis Gilberto Martínez Sandoval, UTN.

Luis Gilberto Martínez Sandoval MBA Lic. Bach.
Académico Universitario Titular
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Sede Central UTN www.utn.ac.cr
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales,
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y
Negocios Internacionales.
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina,
Escritor, Directivo JD SSN ANEP UTN, Científico Social
Contácteme: luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 506 62 76 41 33

Recursos para aumentar el FEES, si existen. A pesar de la férrea oposición del gobierno de turno del Dr. Rodrigo Chaves Robles-. Los instrumentos económicos para aumentar el FEES siguen siendo: mejorar la recaudación, mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público – por ejemplo hoy no se requieren tantas embajadas ni embajadores-mejorar la función redistributiva de la política fiscal y eliminar exoneraciones y subsidios.

Es un hecho que el presupuesto del FEES a disminuido en terminos reales. No se ha reconocido el aumento de costo de vida que estipula el articulo 85 de la Constitucion Politica ni las deudas pendientes. ¡En los últimos años el crecimiento real del FEES recibido por las Universidades Estatales a disminuido! Y, tendrá graves consecuencias para las actividades sustantivas de las cinco universidades públicas, incluso se podría llegar al cierre técnico de algunas de ellas o cierre de carreras o reorganización administrativa o eliminación de dedicaciones exclusivas, anualidades, carrera profesional, becas de estudio para estudiantes y docentes por citar solo algunas.

Los datos históricos muestran que en el 2018 el FEES recibido deflactado fue de ₡ 508.318,38 millones de colones lo que significó un crecimiento real del mismo de 1,59 % en relación con el año anterior (2017). Para el año 2019, el porcentaje de crecimiento quedó en -0,53 %. Durante ese período las universidades recibieron un total de ₡ 505.626,54 millones, aunque en la Comisión de Enlace se negoció un monto de ₡ 515.715,79 millones que se recortó en ₡10.000 millones en la Asamblea Legislativa, acción que se declaró inconstitucional. Los dos últimos años la situación no ha sido diferente. En el 2020 el decrecimiento real fue de un 6,14 % y para el 2021 de 0,03 %. Esta situación también se debió a que las universidades estatales se les postergó el pago de ₡ 35.000 millones destinados a gasto de capital y además se dio un aporte adicional de ₡ 13.000 millones para contribuir a la emergencia por la pandemia del Covid-19. Datos que no toma en cuenta el Poder Ejecutivo y su ministro de Hacienda. En el 2022, la suma del FEES que se acordó fue de ₡ 522.822,67 millones, cifra que disminuye a ₡ 479 842,85 millones con el monto deflactado, lo que implica un crecimiento real del -2,94%.

Durante los ultimos años las Universidad Estatales debieron negociar un mayor reconocimiento por inflación. Pero, no debemos dejar de exponer que los equipos de negociadores de CONARE liderados por los Rectores de turno no hicieron bien las negociaciones. En el presupuesto del 2022, que integra por primera vez a la UTN, se fijó un monto de ₡ 558.756 millones. O sea ₡ 35.933.33 que incluye la UTN. La solicitud del reconocimiento de un 8,71% a raíz del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la cual fue encabezada por la UCR, se fundamentó en el rezago educativo de ₡26 mil millones, producto del aporte que dieron las universidades estatales en 2020 como contribución por el impacto económico generado por la pandemia del COVID-19. No debemos olvidar que en 2022 el gobierno actual venia por un recorte de ₡129 mil millones del FEES…

Aunado a ello el Banco Central de Costa Rica explica que: “(…) las proyecciones de crecimiento para la economía costarricense exponen que las presiones inflacionarias se redujeron en el primer semestre de 2023. En medio de la incertidumbre mundial y una desaceleración de los principales socios comerciales, se proyecta que el crecimiento será del 3,9 % en 2024, y luego se moderará hasta llegar al 3,7 % en 2025 y 2026. Y al cierre del año 2024 apunta a un mayor deficit fiscal”.

Pero hay algo más con el FEES. Veamos algunos datos historicos. La parte de servicio de la deuda (pago de vencimientos de la deuda + pago de intereses), absorbe un 46,70% del total del presupuesto general de la República. Si a ese servicio de la deuda, le sumamos la parte del pago de pensiones, resulta que esos dos rubros representan un 55,89% del total del presupuesto. Queda entonces disponible tan solo un 44,11% del presupuesto total. Leáse: Disponible 44.11%. Esto último debe financiar todos los ministerios, así como el Poder Judicial, el Tribunal de Elecciones, la Asamblea Legislativa, la Contraloría, la Defensoría y; diversas instituciones que se financian con base en transferencias del Gobierno Central (por ejemplo: el INAMU y las universidades estatales – (UCR, UNA, ITECR, UNED, UTN). Los ingresos proyectados cubren un 59,1% del total presupuestado. El resto, o sea, un 40,9%, debe financiarse mediante la emisión de más deuda.

Entonces, dado ese escenario: Las diversas instituciones públicas quedan sometidas a una restricción brutal, que equivale a su desmantelamiento e inutilización de hecho. Ello implicará, de forma inevitable, la desatención o la atención insuficiente de muchas necesidades de la población, lo cual profundizará el desprestigio de esas mismas instituciones, y dará nuevos pretextos para aquellos sectores que empujan por la privatización y la reducción del Estado a su mínima expresión. ¡Si los recursos no existen, no existen! y los discursos y las marchas de presión, por muy exaltados que sean no podrán proveerlos de la nada – nos dice en la cara el Ministro de Hacienda-.

Esa ruta fiscal, que viene trazada desde el gobierno de Carlos Alvarado Quesada y el Gobierno PAC, es insostenible: lo mismo en la económico, que en lo social y político. ¡Estamos frente a una bomba de tiempo bajo nuestros pies! Que va a explotar entre setiembre 2024 a setiembre 2025. ¡Esto está que arde! Y eso lo sabe el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, las Universidades Estatales y otras instituciones gubernamentales.

Balance

Primero. El FEES ha disminuido desde 2018. Se ha negociado muy mal por Rectores del pasado. Y esta mal distribuido. Hay que aumentar el FEES a la UTN – esta debe pasar de un 6.75% a un 10% con un aumento anual del 1% – e igual con ITECR. Es urgente redistribuir lo asignado aumentando mayor porcentaje para dichas universidades estatales citadas. El pastel ahora hay que dividirlo entre 5 ya no entre 4.

Segundo. La regla fiscal esta aún vigente para las Universidad Estatales y la Ley de Empleo Público. Las Universidades Estatales deben estar afuera de ambas. La Asamblea Legislativa puede realizar dicha reforma. En un año según expertos TODO será INSOSTENIBLE en el país y en las Universidades Estatales. Con el cierre de negociaciones por parte del Poder Ejecutivo ningún Rector a ganado. ¡Ni tampoco ganó CONARE! Todo ahora esta en manos de la ASAMBLEA LEGISLATIVA. ¡La guerra apenas esta empezando! Preparémonos para evitar la privatización de la educación pública superior universitaria en el 2024. Y, no olvidemos las condiciones impuestas a revisar por los diputados y diputadas de la ASAMBLEA LEGISLATIVA que citamos:

Aumento en las becas por regiones con mayores desigualdades.

Aumento en cupos de carreras de Ciencias, Tecnologías, Ingeniería y Matemáticas. O sea, para Carreras STEM.

Que pongan control y equidad a los salarios abusivos y se sujeten a la Ley Marco de Empleo Público; entendamos que es pretensión del Gobierno eliminar anualidades, dedicaciones exclusivas, prohibiciones, carrera profesional etc.

Un aumento en las carreras virtuales que han demostrado que les genera ahorros. O sea, la virtualidad y el teletrabajo es la hoja de ruta para las Universidad Estatales.

Aumentar la colocación laboral de sus estudiantes, especialmente en regiones con mayor rezago.

Acreditación en bilingüismo en nivel B2 para mejorar la empleabilidad.

Que sus programas de investigación estén ligados a las metas del Plan Nacional de Desarrollo, y que los resultados de esta investigación impacten en el desarrollo nacional y tengan utilidad práctica en los sectores productivos.

Que sean transparentes, no engañen a la opinión ni a la comunidad estudiantil, que muestren datos incluyendo el costo por estudiante y la asignación real en becas.

Admitir un mayor porcentaje de estudiantes por medio de la virtualidad para todos los estudiantes que laboran de día y estudian en la noche a partir de las 6 p.m. Y, presencialidad para los estudiantes que estudian en horarios diurnos mañana y tarde. Para retener y frenar la deserción.

Rendición de cuentas sobre el uso real de los recursos acorde a las necesidades estratégicas.

A modo de conclusión

La Asamblea Legislativa deberá resolver el FEES. Se abre un espacio de maniobra estratégico para los Rectores de las distintas Universidades Estatales. La Asamblea Legislativa bien puede crear un Fondo de Becas Especiales UNICAMENTE para uso de becas para estudiantes de regiones con mayores desigualdades socioeconómicas y exigir transparencia en la asignación de dichas becas. Es decir, condicionar el aumento, PERO para uso de becas estudiantiles. El FEES tiene sus implicaciones sociales en la formación educativa como instrumento para coadyuvar a salir de la pobreza – movilidad social por educación- y así lograr un avance social y económico en las clases más deprimidas.

El FEES, otro tema, debe ser negociado cada cuatro años” y que se establezca acuerdo marco legal aprobado por la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo para regular las negociaciones FEES. Adicional a lo anterior usar como referente el dato de la inflación, las tasas de interés, el tipo de cambio, coeficiente de Gini, porcentaje de pobreza según regiones y el crecimiento o no del PIB. Y definir una metodología o fórmula matemática para su cálculo de asignación del FEES según cada una de las Universidades Estatales y sus respectivas Regiones.

Las negociaciones han sido por completo mal realizadas por parte de los Rectores permitiendo una rebaja del FEES a contrapelo de lo que la Constitución Política establece. Ello obliga a construir Equipos de Negociación de Alto Desempeño y asignarles esa responsabilidad por parte de las Universidades Estatales.

El año 2024 cierra con el déficit fiscal (diferencia entre ingresos y gastos) mayor que el del año anterior, lo que estruja más las posibilidades de que a mediano plazo el país cuente con más recursos para inversión social o para obras de infraestructura como bien lo explica el Análisis de Coyuntura Fiscal del primer trimestre de 2024, a cargo del Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA). Hay una baja a la generación de ingresos principalmente la recaudación de impuestos. “El Observatorio Económico y Social llama la atención de que esta situación podría hacer más difícil la reducción del nivel de deuda por debajo del 60% del PIB, lo cual implicaría que las medidas más restrictivas de la regla fiscal van a seguir vigentes durante un año más y con esto seguirán restringidos los gastos de capital y los ajustes salariales en el sector público”.

Por último, el Banco Mundial afirma que en nuestro país las tasas de pobreza son particularmente altas entre los grupos vulnerables, como los afrodescendientes, las poblaciones indígenas y los migrantes.

Es allí donde se debe canalizar los recursos del FEES dado que es fundamental abordar los dos desafíos relacionados con la inclusión y la gestión fiscal. El crecimiento debería beneficiar a toda la fuerza laboral costarricense y a todo el territorio de Costa Rica, y las políticas fiscales deberían seguir respaldando la solvencia del país. Mejorar la movilización de los ingresos y la eficiencia del gasto, especialmente en los sectores social y de infraestructura, es esencial para reducir la pobreza y la desigualdad.

U Públicas: Pilar de desarrollo social y económico ante la incertidumbre que amenaza su tesoro más valioso, “La educación”

Por: Renzo Kcuno Aimituma

A lo largo de muchas décadas, Costa Rica ha sido reconocida como un país que prioriza la educación, con una de las tasas de alfabetización más altas de América Latina (98.04%), así lo respaldan organismos internacionales como las Naciones Unidas (ONU) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), entre otros, que señalan a Costa Rica como un ejemplo a seguir; sin embargo, en los últimos años ha surgido una preocupación no menor, y es que, cada vez hay una mayor incertidumbre que amenaza la educación.

En la actualidad, las Universidades Públicas están a la espera de una decisión que se está definiendo en la Asamblea Legislativa, debido a que el Poder Ejecutivo no logró llegar a un acuerdo viable con las U Públicas, a fin de fortalecer la educación. Este es un hecho histórico nunca antes vivido en el país, desde que se creó el Artículo 85 en la Constitución Política de la República, el cual brinda patrimonio propio a las instituciones de educación superior estatales del país, pues es la primera vez que las negociaciones acerca del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) pasa a resolverse a la Asamblea Legislativa.

Históricamente, las Universidades Públicas de Costa Rica han sido y son vehículos de transformación y movilidad social, a lo largo de las décadas han brindado oportunidades reales a poblaciones de diversos estratos socioeconómicos, permitiendo que muchas personas puedan tener acceso a una educación de calidad. Esto, ha ayudado a reducir las brechas de desigualdad social, más sin embrago, hoy la educación se ve envuelta en una encrucijada ante la poca voluntad de los tomadores de decisiones.

Ante este escenario, surgen varias interrogantes: ¿Cuál es el futuro que le espera a Costa Rica ante los hechos más recientes?, ¿La posición del Gobierno fue la correcta?, Ante la falta de presupuesto ¿Cuál es el destino de las U Públicas?, ¿Costa Rica seguirá siendo un referente mundial de la educación? Y finalmente, respecto a la alta tasa de alfabetización que nos destaca en el ámbito mundial, ¿Podrá Costa Rica seguir acortando más esa brecha o tendrá un retroceso debido a la falta de voluntades políticas que afectan el presupuesto de la educación?, esta última pregunta es importante plantearla porque muchas de las personas profesionales que educan a nuestros hijos e hijas se han graduado en Universidades Públicas y han hecho grandes aportes en la educación del país.

Si el Fondo Especial para la Educación Superior se ve afectado, esto tendrá repercusiones importantes en temas de educación de calidad, en procesos de investigación, desarrollo e infraestructura e incluso, en becas para estudiantes, quienes dependen de ellas para continuar con su formación profesional. Sin recursos suficientes, las Universidades Públicas ven comprometida su capacidad de responder a las necesidades del país.

Es por ello que, la educación superior pública debe ser vista como una inversión a largo plazo y no como un gasto, ya que cada colón invertido genera réditos para Costa Rica, con profesionales altamente capacitados, con instalaciones educativas óptimas para desarrollar investigación y generar innovación, con espacios para promover el arte, el deporte, la recreación y la cultura, así como la movilidad educativa de la población estudiantil, sin olvidar las acciones de extensión universitaria que buscan promover el desarrollo del país, acompañándoles en cada propuesta, proyectos locales, emprendimientos y muchas otras alternativas educativas, a fin de seguir protegiendo el tesoro más valioso de Costa Rica, “La educación”.

Tiempos de destrucción

Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli

No puedo creer que un ministro de Hacienda, por más cuadrada que sea su cavidad craneana, sea capaz de decir en un solo día dos sandeces de vértigo: el FESS es dar dinero a fondo perdido y las universidades no son capital humano.

Dichas así, a secas, serían para infartar a cualquiera, ¡pero cuando se leen las razones que da para esas afirmaciones, las cosas se ponen peor!, porque miente como un bellaco y pone a las universidades como simples proveedoras de esclavos laborales para la empresa privada, lo que refleja la inmensa pobreza o escasez absoluta de su formación académica.

Por un lado, las universidades trabajan con base en los planes quinquenales discutidos y aprobados por el CONARE y presupuestos liquidados año con año por la Contraloría General de la República, ¿quiere mayor demostración de la magnitud de su repugnante y corrupta mentira?

Por otra parte, las universidades no son vasallas de la empresa privada; ¡están para hacer realidad los sueños de miles de jóvenes!, que, además, no solo deben ser eficientes profesionales, sino seres con criterios humanísticos, que sepan valorar otros aspectos más trascendentes de la existencia. Pero si quiere reducir su criterio a una visión materialista y utilitaria, debería salir de su supina ignorancia y leer las estadísticas mil veces publicadas y que demuestran la altísima graduación de las universidades estatales y su casi total ubicación en el mercado laboral; o la ubicación de más de 80,000 graduados de la UNED en todos los rincones del país.

Nogui Acosta es un simple acosador de las universidades o un sicario de sueños de miles y miles de los dueños de jóvenes costarricenses, actitudes en que lo acompañan tres nefastas figuras de la actual gestión de gobierno, el propio presidente de la República, la ministra de Educación Müller y la catedrática de la mentira Pilar Cisneros.

Dios le permita a Costa Rica, sobrevivir a este tsunami destructivo de la administración Chaves.

De patentes y universidades públicas

José María Gutiérrez
Profesor emérito, Universidad de Costa Rica
jose.gutierrez@ucr.ac.cr

El día de la multitudinaria marcha en apoyo de la educación pública circularon en redes sociales videos en los que se planteaba, entre otras cosas, que las universidades públicas costarricenses generaban muy pocas patentes y que esto era una señal de debilidad y de escaso aporte al desarrollo del país. Estos comentarios invitan a la reflexión.

¿Qué son las patentes?

Las patentes son un instrumento mediante el cual los estados confieren derechos exclusivos a las personas, instituciones o empresas que han desarrollado una invención, de manera que se impida a otros, dentro del territorio en cuestión, su utilización durante el período de tiempo en que rige la patente, si no se hace mediante autorización del titular de la misma. Para calificar como patente, estos desarrollos deben ser novedosos, tener carácter inventivo y potencial de aplicación industrial, diferenciándose de productos o procesos existentes. Los titulares de las patentes pueden licenciarlas a terceros para que estos las utilicen en la fabricación de bienes o la provisión de servicios.

¿Son las patentes un indicador de desarrollo científico y tecnológico?

El número de patentes que genera una institución o un país se ha considerado un parámetro que evalúa el grado de desarrollo científico-tecnológico y de innovación. En general, los países del norte global generan una mayor cantidad de patentes que los del sur global y Costa Rica no es la excepción. En nuestro país se concede un número escaso de patentes a personas costarricenses, lo cual es un indicador de un limitado nivel científico-tecnológico, como lo ha señalado el Informe del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Pero se corre el riesgo de hipertrofiar el valor de las patentes como criterio valorativo de desarrollo científico-tecnológico al no verlas como un elemento más de un universo de parámetros mucho más amplio.

¿Es el escaso número de patentes otorgadas un signo de debilidad de las universidades públicas de Costa Rica?

No necesariamente. El crecimiento de la investigación científico-tecnológica y de innovación en un determinado país se acompaña, en términos generales, de un creciente número de patentes. Y el número de patentes concedidas a universidades públicas de Costa Rica es limitado; eso es verdad. Sin embargo, este tema debe analizarse con cuidado y a la luz del contexto nacional y de la misma filosofía que guía a las universidades públicas del país.

Patentar por patentar, como un fin en sí mismo, no tiene sentido, por al menos tres razones: (1) el proceso de patentamiento y el seguimiento a la protección de las patentes es caro y representa una erogación importante para las instituciones si se hace de una manera indiscriminada; por ello, se debe tener claro qué se requiere patentar y por qué. (2) Muchas patentes nunca se trasladan al plano real de la producción de bienes y la provisión de servicios. O sea, existen patentes que no son utilizadas y no redundan en beneficios para la colectividad. (3) La protección de los hallazgos científico-tecnológicos se puede hacer mediante otros mecanismos distintos de las patentes, los cuales también son reflejo de dicho desarrollo. La pregunta no sería entonces cuántas patentes tiene un país o una institución, sino más bien cómo la investigación impacta en la calidad de vida de la población, en el bien común, independientemente de si los descubrimientos se patenten o no.

Las universidades públicas costarricenses constantemente proyectan los resultados de sus investigaciones a amplios sectores de la sociedad mediante procesos que no involucran patentes. Estas universidades son el principal reservorio científico-tecnológico del país y generan un gran volumen de conocimiento, mucho del cual se vierte a la sociedad de diversas maneras.

Estos conocimientos se canalizan a través de la extensión o acción social, y tienen un impacto enorme en el desarrollo económico, social y cultural del país. Por lo tanto, el hecho de que las universidades públicas no generen muchas patentes no significa que las mismas no estén produciendo continuamente investigación científico-tecnológica de alto nivel y pertinencia, ni que esta no se proyecte a la sociedad de múltiples formas. La obsesión por las patentes no debe hacernos dejar de ver que la acción de las universidades públicas impacta de manera decisiva en el desarrollo, la prosperidad y la equidad del país.

A manera de ejemplo: lo que ha hecho el Instituto Clodomiro Picado

Estos conceptos se ilustran claramente con la evolución científico-tecnológica del Instituto Clodomiro Picado (ICP), una unidad de investigación de la Universidad de Costa Rica cuya misión es aportar soluciones al problema de los envenenamientos por animales ponzoñosos y contribuir con la biotecnología del país. Uno de los ejes principales de acción del ICP es el desarrollo tecnológico y la producción de sueros antiofídicos o antivenenos, no solo para Costa Rica sino también para el resto de Centroamérica, varios países de Sudamérica y también países del África sub-Sahariana.

En esta evolución, el ICP ha desarrollado importantes innovaciones en la tecnología para la producción de antivenenos. Algunos aspectos de esta tecnología eran susceptibles de protección y hubieran permitido efectuar una solicitud de patente. Pero el ICP decidió más bien que estos valiosos conocimientos sean de dominio público, de manera que los mismos puedan ser aprovechados por laboratorios productores de antivenenos de otras latitudes.

¿Por qué esa decisión? Porque la gran mayoría de laboratorios productores de antivenenos están ubicados en instituciones públicas de países del sur global, donde ocurren la mayoría de los envenenamientos por serpientes y escorpiones. Si se hubiera protegido estas tecnologías, este conocimiento no se habría utilizado por muchos de estos laboratorios, por motivos obvios. Por el contrario, el haber hecho público estos saberes ha permitido que países de América Latina y Asia hayan incorporado esta tecnología en sus procesos productivos.

Como consecuencia, se ha mejorado la producción y el abastecimiento de antivenenos en estas regiones y ello ha permitido salvar miles de vidas. La filosofía de la universidad pública, centrada en la procura de la excelencia y del bien común, sirvió de guía para esta decisión. No hubo patentes en este aspecto del trabajo del ICP. ¿Significa esto una debilidad? Todo lo contrario; se trata de una fortaleza que ha tenido gran impacto en la salud pública.

Por otra parte, el ICP desarrolló una tecnología novedosa para la producción de medicamentos derivados de sangre humana, tales como inmunoglobulina y albúmina. Aquí el análisis fue diferente. La producción de derivados de sangre humana está en manos de grandes empresas farmacéuticas privadas. Haber divulgado libremente dicha tecnología, como se hizo con los sueros antiofídicos, habría significado ‘regalar’ este conocimiento a dichas empresas.

En este caso se procedió de manera distinta: la Universidad de Costa Rica patentó esta tecnología en un gran número de países donde se ubican esas empresas, y la patente ha sido licenciada a una empresa colombiana, mediante un contrato que garantiza regalías a nuestra universidad cuando la empresa entre en la etapa de comercialización. Esto, además, fortalecerá la capacidad regional y la autosuficiencia en la producción de hemoderivados en América Latina. También se dejó planteada la posibilidad de producir estos medicamentos en Costa Rica para el sistema de salud pública nacional.

Conclusión

Estos ejemplos ilustran que el tema de las patentes en las universidades demanda un análisis crítico y no se puede tomar a la ligera. Lo esencial debe ser fortalecer el desarrollo científico-tecnológico endógeno, mediante una política decidida en la cual las universidades públicas tienen un papel central. Pero, además, se requiere garantizar que la ciencia y la tecnología beneficien a amplios sectores de las poblaciones y tengan como norte la procura del bien común.

El aporte científico-tecnológico de las universidades públicas permite conocer y brindar soluciones a muy diversos problemas del país y más allá. Y ese conocimiento lo vierten estas instituciones a la sociedad mediante variados mecanismos. El patentamiento y el licenciamiento de las patentes para su explotación son una forma, pero no la única ni la más importante, como el conocimiento fluye de los centros de investigación a la sociedad. Por lo tanto, juzgar el aporte científico-tecnológico de las universidades en términos de cuántas patentes tienen es una visión limitada y simplista que deja de ver un enorme abanico de contribuciones.

Las universidades públicas deben depurar continuamente su capacidad para generar nuevo conocimiento a través de la investigación y proyectar ese conocimiento mediante la docencia y la acción social o extensión. Pero deben hacerlo teniendo siempre como mira la procura del bien común, el bienestar de las mayorías y el desarrollo con dignidad y equidad. Para ello, entre otros requisitos, estos centros de educación superior necesitan recibir del estado el financiamiento que requieren, acorde con las necesidades del país y con el mandato constitucional. Por ello es fundamental asegurar un presupuesto justo para la educación pública en general y para la educación superior pública en particular.

*El autor agradece las valiosas discusiones que sobre este tema ha tenido con Mariángela Vargas, Guillermo León y demás colegas del Instituto Clodomiro Picado.