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Etiqueta: universidades públicas

Peligra la institucionalidad democrática de Costa Rica – Reformas del gobierno neoliberal de Rodrigo Chaves

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El gobierno neoliberal de Rodrigo Chaves en Costa Rica ha arremetido violentamente contra la estructura del Estado Social de Derecho costarricense. Parte de sus ataques son el debilitamiento de ciertas instituciones claves y básicas de la cultura y vida democrática nacional. Ha reducido el presupuesto nacional del Ministerio de Cultura, ha afectado de manera parecida al Ministerio de Educación y mantiene un ataque sostenido contra los presupuestos de las universidades públicas.

A ello suma el congelamiento real de salarios y de pensiones, que están seriamente afectados desde hace tres años y su proyección es por un plazo igual, sin que se controle el aumento de precios en los artículos de mayor necesidad de las personas, sin que se congelen en paralelo los costos de los servicios públicos, provocando en la práctica que los salarios suban por escalera y los precios por ascensor, haciendo cada vez más costosa la vida.

La reducción de estos presupuestos, en parte, lo justifica diciendo que es para destinar más recursos a las fuerzas policiales y del Ministerio de Seguridad Pública del país, frente a una ola creciente de homicidios e inseguridad ciudadana. Lo que es verdaderamente peligroso es que el Presidente Chaves ha insinuado las posibilidades de gobernar por la fuerza, mostrando sus rasgos autoritarios e intimidatorios de gobernante, retratándose acompañado de oficiales policiales que parecieran más guardaespaldas de un jefe mafioso, por la forma y ostentación de su indumentaria y sus armas de combate. Costa Rica ha sido un país que enarbola su régimen democrático sobre la base de que no tiene Ejército, de que el país ha tenido históricamente más maestros que soldados, lo que ya no es prácticamente cierto. Los cuarteles tradicionales del Ejército han sido transformados en museos e instituciones culturales, pero el aparato de seguridad del Estado se ha fortalecido exponencialmente comparado con esos otros rubros culturales y educativos. Los cuerpos policiales que operan privadamente, en varios miles de policías, el Presidente ha insinuado la posibilidad de llamarlos a cooperar y colaborar en la lucha contra el crimen organizado que debe atender el Ministerio de Seguridad Pública. El Presidente mismo ha dicho que le habría gustado gobernar por decreto, con lenguaje engañoso de que defiende la democracia y que él no se convertiría nunca en un dictador.

Parte de esta táctica es el ataque constante al prestigio y al papel de la Corte Suprema de Justicia, como un poder independiente, que quizá él quisiera controlar, como lo hacen algunos gobernantes latinoamericanos. Ha planteado esto dentro del lamento de no poder convocar una Asamblea Nacional Constituyente donde se estructuren estos poderes públicos como él quisiera.

En sus ataques institucionales enfrenta constantemente también al Poder Legislativo, especialmente a los diputados que le cuestionan y a los de la única fracción parlamentaria, de 6 de 57 diputados, que son francamente opositores, advirtiendo todos los días que no tiende puentes, que no escucha ni solicita opinión, ni desea acuerdos con quienes, como esos diputados lo critican, desconociendo totalmente la práctica de un régimen democrático y de una institución, como el Poder Legislativo, que en sus funciones, además de hacer leyes tiene la del control político sobre el Gobernante y sobre toda la institucionalidad político administrativa.

En sus ataques a diputados ha acudido al expediente del ataque personal, íntimo, que linda con aspectos que parecieran obtenidos por los aparatos de seguridad nacional, y de espionaje, del gobierno, policía adscrita a la Presidencia de la República, lo que evidencia violación elemental de derechos humanos y del derecho a la privacidad. Es la forma como ha venido minando poco a poco la seguridad pública ciudadana, y estableciendo un régimen de terror reverencial institucionalizado en sus mesas de prensa de todos los miércoles. Recientemente atacó a una destacada periodista, de mucha tradición nacional, seria, que en respuesta a sus ataques prepara una acusación al Presidente Chaves ante la Corte Suprema de Justicia. La periodista Vilma Ibarra ha recibido el apoyo del Colegio de Periodistas, de diputados, de una llamada de atención elegante que le hizo el Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez al Presidente de la República, y de distintas personalidades nacionales.

El ataque feroz contra el Estado Social de Derecho lo conduce hacia la reforma de las jornadas laborales, de carácter constitucional, de 48 horas semanales en tiempos de ocho horas diarias. La jornada de ocho horas en Costa Rica se estableció en diciembre de 1920. Se llevó a la Constitución Política de 1871, mediante las Reformas aprobadas como Capítulo de Garantías Sociales, en 1943, año y misma fecha que se aprobó también el Código de Trabajo. En la Constitución Política de 1949, vigente en este momento, se mantuvo y amplió esa Reforma Social, que ha sido uno de los pilares de la estabilidad política y social del país. En lugar de jornadas de ocho horas diarias quiere establece jornadas de 12 horas diarias por 4 días a la semana, para el total de las 48 horas semanales establecidas en la Constitución Política. En la propuesta real del Presidente el régimen de las 12 horas viola una serie de derechos sociales, relacionados con pago de jornadas extras, con disminución de derechos de pago de cesantía, de salario escolar, de aguinaldos, y de futuras pensiones entre otros. Violando con ello Derechos Humanos, Convenios internacionales, rebajándose ante los países de la OCDE, a la que pertenece Costa Rida como uno de los países con jornadas de trabajo más altas, cuando en Europa, y en otras partes del mundo, la tendencia es ir hacia la jornada de 35 y 36 horas semanales, y menores de las ocho horas diarias.

Parte de esas reformas sociales vigentes, surgidas a principios de la década de 1940, fueron la creación de la Universidad de Costa Rica, que es uno de los blancos preferidos de tiro del Presidente Chaves, y la Caja Costarricense del Seguro Social, una institución emblemática del país, también pilar de la democracia política y social que se disfruta como parte de la estabilidad social y política que Costa Rica exhibe internacionalmente., que permite por sus alcances nacionales que los costarricenses tengan un alto nivel de expectativa de vida, superior a los 80 años, con algunas regiones, zonas azules las llaman, donde los ciudadanos pasan con regularidad los cien años.

Quedan recursos a la población costarricense frente a estas políticas laborales que se quieren imponer. Están los recursos de inconstitucionalidad que puede poner la misma Asamblea Legislativa, como consulta obligada que haga ante la Sala Constitucional de la República y la que pueden hacer un pequeño grupo de diputados. Si la ley se llegare a aprobar, igualmente cualquier ciudadano, uno solo, podría acudir ante la Sala Constitucional, demandando su inconstitucionalidad. Del mismo modo se puede llevar esta ley a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Costa Rica, para que también se pronuncie. Y, como un instrumento más de lucha ciudadana en defensa del Estado Social de Derecho del país se puede convocar a un Referéndum Revocatorio de esta ley, de esta jornada que establece el trabajo esclavo al estilo del siglo XIX. En los próximos días se definen estos caminos a seguir.

 

Artículo publicado en la revista MEER.com el 23 de junio del 2023 y compartido con SURCOS por el autor.

Pronunciamiento en defensa de la educación pública costarricense – ITCR-ECS

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ciencias Sociales

PRONUNCIAMIENTO EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA COSTARRICENSE

ACUERDO DEL CONSEJO DE ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, SESIÓN No. 12-2023 DEL 26 DE JUNIO.

Considerando que:

  1. La crisis del sistema educativo público de Costa Rica no es un hecho aislado ni fortuito, sino que responde a un proceso sostenido de políticas neoliberales que atentan contra el Estado social costarricense.
  2. Al menos 4 pilares fundamentales de nuestro Estado social, como son la educación, la salud, la seguridad y soberanía alimentarias y las garantías laborales, han sido debilitados no sólo por el desfinanciamiento sino por la implantación de una visión de Estado antisolidario y orientado a favorecer negocios privados y dar prioridad al mercado externo sobre el mercado interno y la producción de origen nacional. Estos 4 pilares sociales aseguran que una sociedad pueda aspirar a niveles de equidad social aceptables y que por tanto la desigualdad social no crezca de manera incontenible, como ha ocurrido en Costa Rica en las últimas décadas.  En los últimos meses ha sido particular la presión del Gobierno para que sea aprobado el proyecto de ley Expediente 21.182, “Ley para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras”, que acabaría con un contenido esencial del Código de Trabajo, como es la jornada laboral de 8 horas.
  3. Ya en 2019 Luis Felipe López-Calva director del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en América Latina y El Caribe, había referido esta debacle social en una entrevista con Cecilia Barría de BBC News Mundo (25/11/2019), explicando resultados de mediciones de desigualdad en la distribución de la riqueza usando el Coeficiente de Gini (según el cual 0 es igualdad perfecta): para el año 2017 entre 18 países de América Latina, Uruguay fue el país más igualitario ocupando la posición 18 con un indicador de 39.7 y Brasil (puesto 1) fue el más desigual con un indicador de 51,3. Como más desiguales seguían Colombia, Panamá, Honduras, y en el puesto 5 estaba Costa Rica como el quinto país más desigual con un indicador de 48,7 (Durán, O. 2020).
  4. En 2015 el presupuesto para la educación pública de Costa Rica alcanzaba el 7% el PIB, siempre por debajo del 8% que dicta la Constitución Política, pero para el año 2023 esa asignación apenas alcanzó el 6%, siendo el presupuesto más bajo en los últimos 8 años (¢2.781.003 millones).Por eso no sorprende que la negociación en la Comisión de Enlace (Poder Ejecutivo y CONARE) se torne cada vez más complicada y negativa para las universidades públicas.
  5. La actual administración ha dejado completamente claro que su línea es desfinanciar, tercerizar y privatizar servicios sociales, igual que se ha hecho desde hace más de 4 décadas en América Latina para debilitar a los Estados y, como consecuencia, aumentar las brechas sociales. Ya las universidades públicas estamos operando bajo las restricciones que imponen las leyes No. 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y No. 10159 Ley Marco de Empleo Público, cuyos impactos negativos se agravarán en el mediano y largo plazo, entre muchas razones porque el nuevo marco de contratación laboral no permitirá mantener elevados niveles de calidad. De hecho, las universidades han disminuido sus salarios reales en los últimos años.
  6. Los recortes, tanto en general como el no reconocimiento del 1% por inflación, agudizarán las limitaciones que ya están soportando las universidades públicas para inversiones indispensables en todas sus áreas fundamentales como docencia, investigación, extensión social, becas y todo tipo de ayudas y subsidios a estudiantes en todas sus sedes del valle central y en especial en todas las regiones del país.  La negativa del Gobierno de reconocer al menos el 1% por inflación, equivalente a 5.591 millones de colones, se da  “a pesar de que la inflación anual de ese año cerró en 7,88%” y sobre todo desatendiendo los argumentos del mismo Gobierno sobre “la mejora de las finanzas públicas producto de la colocación de los eurobonos por la suma 1.500 millones de dólares, del aumento en la recaudación tributaria en 3,9% del PIB, la disminución del déficit fiscal en menos 0,5% y la disminución de la razón de deuda con respecto al PIB a un 58,4%”.
  7. En las sesiones de negociación del FEES el Gobierno ha ratificado una posición intransigente, impositiva, restrictiva y hasta falaz, por cuanto ha culpado a la Asamblea Legislativa de ser la responsable de no reconocer el crecimiento de tan solo un 1% por inflación del FESS. Esta negativa del Gobierno refleja contradicciones pues mientras argumenta que no dispone de dinero, asegura un recorte de ₡3.200 millones que pasarían del Ministerio de Educación a programas de seguridad. No es con más policías y represión que la sociedad costarricense saldrá de su creciente inseguridad, pues ésta se genera en la falta de oportunidades sociales, dentro de las cuales la educación es la más relevante.  En el caso del Ministerio de Educación Pública es bien sabido que los recortes acrecientan el deterioro de la ya maltrecha infraestructura, especialmente para 800 centros educativos que han sido calificados como “tugurios”, debilitan y eliminan becas y transporte para estudiantes, comedores escolares, bibliotecas, entre otros.  Esa posición confrontativa del Gobierno se ha manifestado en muchas oportunidades como con la afrenta de la ministra de educación a la rectora electa del ITCR, al decirle que “agradeciera que la dejaran participar”en la Comisión de enlace, y con las expresiones del Presidente de la República descalificando la marcha por la defensa de la educación pública del 20 de junio de 2023 diciendo “que la convocatoria fue débil, no había una causa clara” (lo cual no es menester rebatir), pero además por decir que un 8% del PIB para la educación “pudo haber sido en consecuencia y en intención, una medida populista”.
  8. Mientras se debilita la inversión social, el Estado sigue demostrando una total incapacidad y falta de voluntad para cobrar impuestos a las empresas que siguen declarando cero utilidades y por tanto haciendo perder cada año miles de millones de dólares al Gobierno. Muchas de esas compañías que declararon “cero utilidades” hasta por 3 años consecutivos (2019, 2020 y 2021), son Grandes Contribuyentes Nacionales (GNC).  Entre estas se incluyen Ecodesarrollo Papagayo LTDA., Grupo Nación GN S. A., APM Terminals Moing S. A. y Grupo Quality Motor S. A.  Esta tendencia nacional es el denominador común global como lo demostró  OXFAM (2020) en su Informe “Tiempo para el cuidado.  El trabajo de cuidados y la crisis global de desigualdad”, al señalar que “…tan solo el 4% de la recaudación fiscal mundial procede de los impuestos sobre la riqueza, y hay estudios que demuestran que las grandes fortunas eluden hasta el 30% de sus obligaciones fiscales” (p.12). En Costa Rica, como hemos señalado, no existe un sistema eficiente, seguro, ni equitativo de cobro de impuestos, de tal manera que se visualiza una mayor polarización social.  La OECD en su “Estudios Económicos de la OECD: Costa Rica 2020”  reconoció que en el año 2019 Costa Rica fue, según el Coeficiente de Gini, el país con mayor desigualdad en un grupo de 37 de todo el mundo (p.14).  A pesar de los diagnósticos, las políticas económicas mantienen el sesgo marcadamente restrictivo, que se expresa de manera particular en la reducción de la inversión social en los sistemas de salud y educación públicas.

POR TANTO, SE ACUERDA:

  1. Conscientes de que tenemos que mejorar el impacto positivo de nuestras universidades públicas en la sociedad costarricense y fundamentalmente entre los segmentos sociales más desfavorecidos, según lo que dictan nuestros Estatutos Orgánicos, rechazamos todo intento actual y futuro de los Gobiernos de recortar los fondos para la educación pública costarricense independientemente de si es presupuesto para las universidades, los niveles de preescolar, educación general básica o diversificada.
  2. Exigimos que el Gobierno de la República reconozca y presupueste el 8% del producto interno bruto para la educación en general y el 1.5% para la educación superior, de acuerdo con lo que dicta la Constitución Política de Costa Rica en sus artículos 78, 84 y 85.
  3. Exigimos que el Poder Ejecutivo reconozca, al menos, el 1% de crecimiento por inflación del FEES para el año 2023, tal y como había sido acordado en la Comisión de enlace, y apoyamos la posición unánime y coherente de los Señores Rectores, y de la Rectora electa del ITCR, de rechazar la imposición unilateral y falaz del ministro de Hacienda, de que se cercena ese dinero a las universidades porque “en la Asamblea Legislativa nos quitaron del presupuesto ₡81.000 millones”.
  4. Instamos a los Señores Rectores y de la Señora Rectora electa del ITCR a que, en la sesión de negociación del próximo 30 de junio 2023, mantengan esa misma posición con base en los estudios que las mismas universidades están preparando, a fin de garantizar para el año 2023, como mínimo, un FEES que incluya el 1% por inflación.  De igual manera, les pedimos que en la negociación del FEES para el 2024 reafirmen la decisión de defensa del FEES y que en el momento que sea oportuno y sin vacilaciones, convoquen a las comunidades universitarias a esa tarea, ya sea en las sedes universitarias de todo el país o en las calles.
  5. Instamos a las autoridades universitarias del ITCR y de todas las universidades públicas, y de todos los niveles, a que afiancemos la defensa del FEES y nos mantengamos y fortalezcamos una sólida alianza para defender la educación pública de Costa Rica como un sistema integral que permita mantener y elevar la calidad de vida de la sociedad costarricense.
  6. Instamos vehementemente a las nuevas autoridades del ITCR a que asuman y mantengan en la Comisión de Enlace, y ante cualquier instancia de los poderes Ejecutivo y Legislativo, una posición inclaudicable de defensa, mantenimiento y crecimiento real del presupuesto para la educación costarricense, asegurando el mandato constitucional de otorgar un 8% del producto interno bruto para la educación en general, y de éste el 1.5% para la educación superior pública.
  7. Instamos a todas las personas integrantes de la comunidad universitaria del ITCR a estudiar responsablemente y multiplicar toda la información relacionada con el quehacer de la universidad y su impacto en la sociedad costarricense, pues es a esa sociedad a la que nos debemos y a la cual le debemos rendir cuentas. Adicional y particularmente, a los y las docentes les solicitamos que dediquen el tiempo necesario en cada uno de sus cursos para dialogar y explicar la crisis del Estado Social de  Derecho, de la educación y en particular de la educación superior pública en Costa Rica.
  8. Reconocemos la responsabilidad y compromiso de los y las diputadas que se han manifestado por la defensa de la educación pública de Costa Rica, y les pedimos que legislen conforme lo establece la Constitución Política asegurando el 8% del PIB a la educación.   Les pedimos que, además, no voten positivamente ninguna iniciativa que debilite el sistema de educación pública del país y favorezca las iniciativas de educación privada.
  9. Nos comprometemos a fortalecer las alianzas con otros actores sociales que defienden la salud pública, la agricultura nacional campesina, la educación pública y las garantías sociales contra las cuales se ha ensañado la actual administración, pues todas han sido, son y seguirán siendo, componentes indispensables para un modelo de sociedad que aspire a la justicia social, la solidaridad y más altos niveles de calidad de vida.

ITCR, Escuela de Ciencias Sociales, 26 de junio de 2023.

Bibliografía

Camarillo, Brenda (16 febrero, 2023). Presupuesto 2023 para educación es el más bajo desde 2015 según Contraloría [en línea] https://www.larepublica.net/noticia/presupuesto-2023-para-educacion-es-el-mas-bajo-desde-2015-segun-contraloria

Díaz Zeledón, Natalia (27 abril, 2021). Dictamen de préstamo del FMI estaría listo hasta viernes 30 de abril por casos de COVID-19 [en línea] https://semanariouniversidad.com/pais/dictamen-de-prestamo-del-fmi-estaria-listo-hasta-viernes-30-de-abril-por-casos-de-covid-19/

Durán-Castro, Osvaldo. 3 de abril 2020. Populismo neoliberal y coronavirus. Semanario Universidad [en línea] https://semanariouniversidad.com/opinion/populismo-neoliberal-y-coronavirus/

Hoy en el TEC.  Redacción (15 de junio 2023). Reunión Comisión Enlace. Universidades rechazan que Gobierno evite la responsabilidad de 1% adicional del FEES 2023 [en línea] https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/2023/06/15/universidades-rechazan-gobierno-evite-responsabilidad-1-adicional-fees-2023

Mora, Andrea (21 Jun, 2023). Chaves cuestiona marcha y asegura que 8% del PIB a educación fue una «medida populista» [en línea] https://delfino.cr/2023/06/chaves-cuestiona-marcha-y-asegura-que-8-del-pib-a-educacion-fue-una-medida-populista?utm_source=Notificacion&utm_medium=WA

Muñoz Solano, Daniela  y Nuñez Chacón, María (8 marzo, 2023). APM Terminals, Grupo Nación, Meco y H. Solís entre las 183 empresas que declararon cero Renta en 2021 [en línea] https://semanariouniversidad.com/pais/apm-terminals-grupo-nacion-meco-y-h-solis-entre-las-183-empresas-que-declararon-cero-renta-en-2021/

OECD.  (2020). PANORAMA ECONÓMICO DE COSTA RICA. [en línea] http://www.oecd.org/economy/panorama-economico-costa-rica/

OXFAM. (2020). Tiempo para el cuidado. El trabajo de cuidados y la crisis global de desigualdad [en línea] https://www.oxfam.org/es/informes/tiempo-para-el-cuidado

Rivero, Adrián Z (21 junio, 2023) Rector UCR: “Si no hay 1%, no continuamos con la negociación” [en línea] https://semanariouniversidad.com/universitarias/rector-ucr-si-no-hay-1-no-continuamos-con-la-negociacion/

Zamora Huertas, Luis Alfonso (21 junio, 2023). Ministra de Educación dijo a rectora electa del TEC que agradeciera que la dejaran participar, confirman rectores [en línea] https://semanariouniversidad.com/universitarias/ministra-de-educacion-dijo-a-rectora-electa-del-tec-que-agradeciera-que-la-dejaran-participar-confirman-rectores/

 

Imagen: https://www.tec.ac.cr

Universidades Públicas rechazan declaraciones del Presidente de la República

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Comunicado

Las Universidades Públicas y el Consejo Nacional de Rectores rechazan de forma contundente las declaraciones del presidente de la República, de las ministras y el ministro que integran la Comisión de Enlace realizadas durante la conferencia de prensa posterior al Consejo Gobierno del miércoles 21 de junio de 2023.

Costa Rica confía en la U Pública

Imagen: https://vinv.ucr.ac.cr

Siembra de ostras

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

La sobreexplotación del recurso pesquero, la contaminación de nuestros mares y la falta de opciones que generen nuevos ingresos empuja a los pobladores de las zonas costeras al desempleo.

¿Por qué Costa Rica confía en la U pública? Porque con el liderazgo de la Universidad Nacional (UNA), desde hace 10 años se desarrolla el cultivo de ostras, iniciativa que beneficia a las comunidades del litoral Pacífico. “Se hizo realidad lo que hace muchos años estamos trabajando, para mí aparte de trabajo es el sostén de mi familia. Aspiramos a ir más allá, si es posible hasta salir del país con las ostras”.

Felipe Peralta, ostricultor.

Compartimos el video con el testimonio de las personas de las comunidades del litoral Pacífico, beneficiarios del proyecto:

Información de la UNA.

Gobierno confiscatorio

Escrito en . Publicado en Análisis, Educación.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Aplico el término “confiscatorio” en este caso a la actitud voraz del gobierno de Rodrigo Chaves con relación al manejo de los recursos públicos. Sé bien que el término está referido al abuso con respecto a los tributos, pero lo aplico por asimilación al comportamiento de la administración primero frente al propio Ministerio de Educación Pública, segundo en relación con el Ministerio de Cultura y en tercer lugar con respecto al presupuesto de las universidades públicas.

De hecho, en el Diccionario General de sinónimos y antónimos de la lengua española el término confiscar es sinónimo de embargar, decomisar, incautar, requisar y usurpar. Éste último a su vez es sinónimo de detener, arrebatar, extorsionar, expoliar, apropiarse, incautar y confiscar. Esto es lo que viene haciendo el gobierno con el presupuesto público: primero intentó ser confiscatorio del presupuesto del Ministerio de Educación en una suma muy significativa para trasladar esos recursos al Ministerio de Seguridad Pública, con el pretexto de asignarlos diz que para combatir la delincuencia. Solo debido a que en la Asamblea Legislativa no le aprobaron la modificación presupuestaria, esto no lo pudo concretar. Pero después sí le arrebató también nada menos que 4.000 millones de colones a Cultura, y ahora mediante artilugios se pretende confundir a la opinión pública, para confiscar, incautar, apropiarse o usurpar (es lo mismo), un 1% adicional del FEES (presupuesto de las universidades públicas), que el Poder Ejecutivo se había comprometido a otorgarles.

Lo cierto del caso, es que el principio no confiscatorio [de los tributos] se encuentra regulado en el artículo 167 denominado “Principios generales tributarios” de “La Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria”; un intento por parte del legislador, nos dice en su tesis de grado Ana María Carrillo Goyenaga, por incorporar los principios constitucionales tributarios al ordenamiento jurídico. (Cfr. Carrillo G. Ana María. “El Principio Constitucional de no Confiscación. Aplicación en el Ordenamiento Jurídico Tributario.” Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, CR, 2014). Reza el artículo citado de la siguiente manera:

“Artículo 167.- Principios generales tributarios

Por medio de la tributación, no deberá sustraerse una porción sustancial de la riqueza del contribuyente, en tal medida que haga nugatorio, desaliente o limite de manera significativa, el ejercicio de un derecho o la libertad fundamental tutelados en la Constitución Política (…) (Cfr. Código de Normas y Procedimientos Tributarios, artículo 167.)”

Por semejantes razones, tenemos el derecho a considerar el principio no confiscatorio que rige en el derecho tributario, como válido para proteger a las instituciones ministeriales o a las autónomas que, son tuteladas en el ámbito del derecho público ante un Estado que, se viene comportando como un ente hipercentralista, angurriento, avaricioso y codicioso con respecto a la gestión de los recursos públicos. Si es válido tutelar el patrimonio de una empresa privada, ante una eventual voracidad confiscatoria de parte del Estado, es por lo menos igualmente valedero proteger a los entes de derecho público, como en efecto está estipulado en la propia Constitución de la República.

Tanto en el anterior cuatrienio, como en este, se incurrió en el grave error de cercenar a las universidades públicas parte de sus presupuestos, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 85 constitucional. Específicamente en la parte que textualmente dice (después de haber dejado clara la existencia del fondo especial para el financiamiento de la “Educación Superior Estatal), que: “Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan.” (Cfr. Constitución de la República. Artículo 85). Pero como lo he advertido supra, no ha ocurrido así. Por eso mismo, hoy sería menester, ante las violaciones que se han perpetrado contra la Constitución, que tales prescripciones fuesen subrayadas, escritas en mayúscula, o en letras doradas. Al respecto, ya la Sala Constitucional dictó sentencia favorable a las universidades públicas (al menos en un caso), ante una acción de inconstitucionalidad interpuesta por ellas por haberles rebajado la Asamblea Legislativa, la suma de 10.000 millones de colones. Están pendientes de resolución otras acciones de inconstitucionalidad presentadas por las universidades públicas hacen más de tres años. (Cfr. Sentencia de Fondo, número 2022017987, del 03/08/2022 a las 12:20:00)

Ahora el punto es otro, como lo aclara un pronunciamiento reciente del Consejo Nacional de Rectores (CONARE). La Comisión de Enlace, que integran los rectores y ministros de Estado correspondientes, durante las negociaciones del FEES 2023 señalaron, como se expresa en el comunicado de CONARE aludido lo siguiente: (lo transmito textualmente): “la Comisión de Enlace…se comprometió a revisar la viabilidad de otorgar un 1% adicional para este año [además del 1% otorgado a la base]…en atención a las postergaciones y deducciones realizadas a los presupuestos universitarios.” El Poder Ejecutivo, manifestó en varias ocasiones, la mejora en la situación fiscal del país, por lo que no habría razón alguna, para negarle a las universidades públicas ese aumento adicional del 1%, que compensaría, cuando menos en una mínima parte, lo que se les ha arrebatado a las instituciones públicas de educación superior.

Además, con ello se cumpliría con el convenio vigente, es decir el del año en curso del 2023. Se sabe por declaraciones de las autoridades de gobierno, pregonadas hasta por el mismo presidente Chaves, y señaladas por los rectores en su comunicado, que dicha mejora en la situación fiscal y económica del país en este año es debida a que, se produjo una colocación de “eurobonos” por la suma de $1.500 millones de dólares. A la vez, se le ha hecho ver a la opinión pública que, hubo un aumento en la recaudación tributaria del orden de 3,9% del PIB; asimismo se nos ha informado de una reducción del déficit fiscal en menos de 0.5% y finalmente, la reducción de la razón de la deuda con respecto al PIB fue de un 58,4%. Por lo tanto, solamente un claro menosprecio de carácter ideológico de parte del gobierno a las universidades públicas explicaría que no se reconociera el aumento negociado, pues de lo que se trata es de compensar a instituciones que cumplen con tanto fervor su misión civilizadora. Lo anterior lo expreso, aunque haya errores de por medio; ya que no existe una sola institución sin mácula en ninguna parte. Por otro lado, todos los errores son perfectamente subsanables y, es bien reconocido que las bondades a lo largo de una historia de casi 80 años, cuando se fundó la Universidad de Costa Rica precisamente en la década de los años cuarenta han contribuido de una manera decisiva con el desarrollo económico y social y han ayudado también a forjar la cultura democrática e institucional de la Costa Rica actual.

La realidad es que este gobierno no se ha atrevido a esgrimir como argumento para negar tal aumento, el que las universidades no lo merezcan. Lo que dijo el ministro de Hacienda don Nogui Acosta, es que quien ha complicado el aumento son los diputados, lo que fue claramente desmentido por la mayoría de los líderes de las fracciones parlamentarias, tanto en la comisión de asuntos hacendarios, como en el control político en el plenario legislativo, como consta en las actas respectivas.

Por último, conviene difundir que el comunicado de CONARE, puntualizó con exactitud adónde irían los recursos provenientes de ese 1%, se trata de cubrir necesidades perentorias que Costa Rica siempre ha valorado altamente, como son: mayor número de becas para estudiantes, apertura de nuevos cursos para atender el rezago educativo, mayor inversión para atender la educación universitaria pública en las regiones con menor desarrollo, fortalecer la investigación y la extensión o acción social en la atención de las necesidades específicas de las comunidades y los grandes problemas nacionales.

Tal es el compromiso de honor de las autoridades universitarias mencionadas. A ver si ante todos estos argumentos cede la voracidad centralista del gobierno y se modifica en algo su actitud confiscatoria y usurpadora del erario que pertenece a los costarricenses.

Gran marcha en defensa de la educación pública

Escrito en . Publicado en Educación.

Comunicado

‘’Hacia un pacto nacional por la educación pública en Costa Rica’’

• Organizaciones en todo el país, convocan a una gran marcha pacífica para solicitar un “Pacto por la Educación Pública” y la defensa del presupuesto por constitución, para la sostenibilidad del sistema educativo en Costa Rica.

• La marcha será el próximo martes 20 de junio a las 9:00 am, saliendo del Parque de la Merced.

• Convocatoria conjunta del Movimiento Estudiantil, Universidades Públicas mediante el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), las organizaciones del Magisterio Nacional y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productiva.

Ante la peor crisis educativa en los últimos 40 años y la ausencia de una hoja de ruta para resolverla, las organizaciones firmantes y presentes nos unimos para convocar a una gran marcha en defensa de la educación pública, como pilar fundamental de nuestro Estado Social de Derecho, a realizarse el martes 20 de junio a las 9:00 am, saliendo de la Iglesia de la Merced con rumbo a la Plaza de la Democracia.

El objetivo es realizar un vehemente llamado democrático para construir un Pacto por la Educación Pública, mismo nos permita salir de la actual crisis educativa, así como una misiva ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, sobre la no aceptación de recortes presupuestarios para la sostenibilidad de la educación pública, por el contrario, la búsqueda del fortalecimiento de esta.

Para evitar generaciones completas afectadas, como sucedió en la década de 1980, es necesario que los diferentes sectores del país unamos esfuerzos para visibilizar la grave situación que atraviesa el país. La actual crisis educativa es histórica y multicausal, pero sus detonantes inmediatos pueden rastrearse en diversos eventos y omisiones a lo largo de al menos los últimos 13 años, pero siempre desde rezagos estructurales.

En síntesis; la crisis educativa se puede dividir en los siguientes ejes de afectación: crisis educativa y pedagógica, la crisis presupuestaria y de prioridad en política educativa, todas entrelazadas generando mayores retos que comprometen el futuro de las familias en este país y sus propias comunidades.

Nos encontramos ante escenarios país y educativos realmente alarmantes, encontramos serias limitaciones en el acceso a transporte, alimentación y una infraestructura adecuada en el sistema educativo público, lo anterior solo la punta del iceberg de la crisis, pues imposibilita a familias completas en el acceso a la movilidad social mediante la alfabetización primaria, secundaria y técnica, así como educación superior. Hoy se enfrentan negociones presupuestarias, que no garantizan crecimiento y fortalecimiento del sistema educativo, así como una clara violación constitucional del 8% del PIB para educación pública que debe garantizarse su distribución ética en TODOS LOS NIVELES. Por tanto, no será de recibo que justifiquen los recortes, para trasladar a otros programas educativos, cuando todos deberían estar garantizados con el presupuesto que le corresponde por constitución.

No es casualidad, que veamos con preocupación las afectaciones directas que empiezan a sufrir los pilares de lo que conocemos como el Estado Social de Derecho, desde las afectaciones al sistema de salud como la CCSS y su autonomía, el rechazo hacia una política de estado por la seguridad y soberanía alimentaria, la amenaza de las garantías laborales y derechos humanos mediante el proyecto de ley ‘’4×3 Jornadas flexibles’’, amenazas al régimen de pensiones del Magisterio Nacional, el terrible recorte de un 8% del presupuesto que le corresponde al Ministerio de Cultura y Juventud, frente a la paradoja de un sistema de seguridad debilitado sin enfoque multisectorial y comunitario, con recursos limitados y con afectaciones graves en las garantías laborales del personal de seguridad en todo el país.

No obstante, desde la aplicación de la regla fiscal, han dejado secuestradas las funciones fundamentales de las instituciones públicas en el país, limitando su presupuesto y agravando a sectores que son motores de la economía en el país, o afectaciones a personas en riesgo social. Hasta ahora, la receta del Poder Ejecutivo, en este contexto país, ha sido el recorte presupuestario, la violación a la libertad de prensa e irrespeto a la institucionalidad, la Constitución Política y los Poderes Democráticos de la República en el país, generando un efecto adverso en las garantías sociales y laborales de las personas trabajadoras y habitantes del país, como parte de una estrategia clara en el debilitamiento del Estado Social de Derecho.

Por todo lo anterior, es urgente la generación de soluciones ante los múltiples retos de la educación pública, si buscamos sostener los pilares de la democracia y el Estado Social de Derecho, entre los que destacan: desigualdad educativa, formación docente, innovación pedagógica, inversión en educación, brecha tecnológica, evaluación de los aprendizajes, infraestructura educativa, fortalecimiento de la educación técnica, participación comunitaria y multisectorial, articulación entre los niveles del sistema educativo, entre otros.

Debemos garantizar una educación inclusiva, creativa, innovadora y crítica. Una educación que genere mayor movilidad social y reduzca las desigualdades estructurales en el mediano y largo plazo. Una educación que sea un “proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos”, como establece la Constitución Política. Una educación que nos permita sentar las bases de un país mejor y no deje a nadie atrás.

Buscamos fortalecer el Estado Social de Derecho mediante la defensa del 8% que por Constitución, que le corresponde a Educación en Costa Rica, para ello, invitamos a todas las organizaciones sociales, productivas, estudiantiles, sindicales, multisectoriales, comunales, académicas, familias y sus comunidades, a sumarse a esta gran marcha por la educación pública.

¡MARCHEMOS A DEFENDER LO NUESTRO!

¡YO CONFÍO Y DEFIENDO LA EDUCACIÒN PÚBLICA!

Las organizaciones, familias y personas interesadas pueden aportar en la organización de la marcha, para ello pueden comunicarse mediante el siguiente correo: mesa.nacionaldedialogo@gmail.com

Imagen ilustrativa Foto: Laura Rodríguez Rodríguez – UCR.

CONARE no acepta que el Gobierno le traslade la responsabilidad a la Asamblea Legislativa para no dar el 1% adicional del FEES 2023

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Consejo Nacional de Rectores

• Durante las negociaciones para el FEES 2023, la Comisión de Enlace se comprometió a revisar la viabilidad de otorgar un 1% adicional para este año en atención a las postergaciones y deducciones realizadas a los presupuestos universitarios.

• A pesar de que el Ejecutivo manifestó voluntad para honrar este compromiso, le traslada, una vez más la responsabilidad de no hacerlo a la Asamblea Legislativa.

13 de junio del 2023. Cuando se negoció el FEES 2023, el gobierno y las universidades públicas aceptaron un crecimiento de un 1% fundamentado en el argumento de la situación financiera estrecha expuesta por el Gobierno para el 2022, a pesar de que la inflación anual de ese año cerró en 7,88%.

Esto se negoció de esa manera, porque se incluyó en la cláusula segunda del acuerdo de la Comisión de Enlace para el financiamiento de la educación universitaria estatal (FEES) 2023, en la que se indica “c) el incremento anterior será revisado por la Comisión de Enlace en junio 2023 con el fin de determinar la viabilidad de un ajuste adicional de un 1%, que se realizaría a través de la formulación de un presupuesto extraordinario y d) para la definición del 2024 se utilizará como base el establecido para el año 2023 con los ajustes correspondientes”.

Sorprende que el Gobierno en reiteradas ocasiones ha manifestado la mejora de la situación fiscal y económica del país para el presente año, no obstante en la reunión de la Comisión de Enlace del día de hoy, el Ministro de Hacienda indica que no pueden cumplir con ese 1% adicional debido a que la Asamblea Legislativa cuando aprobó el presupuesto de la República para el año 2023 lo hizo con la distribución propuesta por la Comisión de Hacendarios que era diferente a la del Ejecutivo.

Sin embargo, la mejora de las finanzas públicas producto de la colocación de los eurobonos por la suma 1.500 millones de dólares, del aumento en la recaudación tributaria en 3,9% del PIB, la disminución del déficit fiscal en menos 0,5% y la disminución de la razón de deuda con respecto al PIB a un 58,4%, ampliamente divulgada por el Gobierno de la República en los medios de comunicación y mediante conferencias de prensa, no parece ser suficiente argumento para otorgar a la educación universitaria estatal el reconocimiento del 1% sobre el monto del FEES 2023, en cumplimiento del convenio vigente, cuyo monto es de 5.591 millones de colones.

Este monto compensaría en parte todas las afectaciones a los presupuestos universitarios estatales generados por la pandemia COVID-19 y su impacto en la situación financiera y fiscal del país, este monto representa apenas un 7% del total de dichos rebajos.

En lugar de sustentar el otorgamiento del 1% en la mejora fiscal y financiera se escuda para no hacerlo en argumentos atribuidos a la Asamblea Legislativa y específicamente a la Comisión de Hacendarios.

Por lo tanto, en la próxima sesión de la Comisión de Enlace, el CONARE y las universidades públicas presentarán sus observaciones y contraargumentos a la presentación del Ministro de Hacienda, con el objetivo de demostrar que no es justo ni válido escudarse en la Asamblea Legislativa para no conceder ese 1% adicional que permitiría atender necesidades básicas como lo son: mayor número de becas para estudiantes, apertura de nuevos cursos para atender el rezago educativo, mayor inversión para fortalecer la educación universitaria pública en las regiones con menor desarrollo, fortalecer la investigación, la extensión y la acción social en atención de las necesidades específicas de las comunidades y de los grandes problemas nacionales.

¿Negociación del FEES? Lo filosófico, lo político, lo realista y lo consecuente

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Edgar Chacón Morales

Edgar Chacón Morales
Junio 2022

Las instituciones de educación superior pública, estamos una vez más a las puertas de que el gobierno de la república haga (¿o no haga?) lo que la Constitución Política le ordena: girar el presupuesto que le corresponde a la educación superior pública.

Al igual que años anteriores, este año habrá que estar en el “pulso” anual de lo que debiera ser quinquenal y no debiera ser ningún “pulso”.

En este escenario, es sorprendente, aunque no tanto, que a fuerza de no cumplir el mandato constitucional, con reiteración en años recientes, y sobre argumentos que no tienen base, parece que se ha impulsado por unos y se ha asumido por otros, y por lo tanto, se le ha dado sostén por gobierno y población universitaria, a la idea que “hay que negociar el FEES”.

Entre muchas personas universitarias, parece que esto ya se legitimó y así, se asume que, por parte de los representantes de las instituciones de educación pública, se va a ir a “negociar el FEES”, que en los días venideros, empiezan las “negociaciones del FEES”.

Lo filosófico

Muchas personas del ámbito universitario público, tenemos muy claro por qué las instituciones de educación superior pública son importantes, por lo que le aportan al país y a la sociedad, así como distintos sectores sociales.

Entre otras razones de peso, la educación de calidad es motor de movilidad social ascendente. Las instituciones de educación superior publica, hacen una contribución de gran valor al país, aportándole profesionales de calidad, con conciencia social y no sólo graduados que piensan nada más en sus ingresos y en su bienestar personal.

En la relación universidad/sociedad, hacen un aporte importante en la investigación, en la atención de diferentes situaciones y requerimientos de diferentes sectores sociales.

Institución país

Es por eso y por lo que aporta, con el conocimiento que construye en conjunto con la sociedad, a fortalecer el rumbo del país, que la universidad pública, es una institución país.

Eso no está en duda y lo sabe el sector gubernamental, lo saben diferentes sectores y actores sociales y políticos y población universitaria.

Lo político

Lo que acabamos de mencionar, lo tenían claro los sectores políticos del ´48 y como parte del proyecto/país impulsado, político, económico, social e histórico, lo plasmaron en la Constitución Política.

En este punto, se hace necesaria una pregunta: ¿El proyecto político, social y económico de país, de algunos sectores que han estado al frente del Estado, desde hace algunos años: qué calidades, diferencias y similitudes tiene, en relación con el proyecto/país de los sectores políticos del ´48?

Una pegunta más precisa: ¿En qué medida y calidad, la educación superior pública, es parte del proyecto/país de los sectores políticos que se han hecho con la dirección del Estado en los últimos años?

Los actores en la “negociación del FEES”, sus bases argumentativas y sus intereses.

Por parte de los representantes de las instituciones de educación superior pública, autoridades universitarias y estudiantado, la base argumentativa, está compuesta en parte, por lo mencionado arriba en Lo filosófico.

Por parte de los sectores gubernamentales, uno de los componentes fundamentales de su base argumentativa es la escasez, o, lo reducido del presupuesto nacional; muy en consonancia con lo que plantea el Banco Mundial: “Dado que los gobiernos enfrentan severas limitaciones presupuestarias…” (“Nuevo reporte del Banco Mundial: La vía rápida hacia nuevas competencias. Septiembre 29, 2021”).

Una respuesta contundente a este argumento es que el gobierno, debe tener criterio de país en la recaudación impositiva: un aporte fiscal de todos los sectores según sus ingresos, en la recaudación impositiva y que todos los sectores contribuyan con lo que les corresponde. Como se dice de manera coloquial: “si no tiene plata es porque no quiere”, o preguntar: ¿los intereses que el gobierno gestiona, hacia donde “miran”? Entonces, ese argumento debe quedar fuera.

Lo realista

La situación es clara: en mi opinión, en la base de la posición de los sectores gubernamentales, está la reducción del presupuesto del Estado para asuntos públicos, como la educación pública, la salud pública, entre otros.

En cuanto a la educación pública, y muy claro en la educación superior, hay planteamientos incluso, en cuanto a que se debe financiar con fondos públicos, la educación privada, valga decir, el negocio de la educación privada. Muy en consonancia, con lo que plantea el Banco Mundial, como en el argumento de arriba: “…los gobiernos subsidian generosamente… las IES públicas, pero rara vez ofrecen ayuda económica a… las IES privadas…”. (IES: instituciones de educación superior). Ídem.

Vale tener en cuenta, que parte de la familia de la ministra de educación se dedica al negocio de la educación superior privada. Ya veríamos a las llamadas “universidades de garaje”, haciendo fila para exigir quién sabe qué cantidad de presupuesto.

Es clara la doctrina política económica neoliberal, del Banco Mundial y las inequidades, injusticias, exclusiones y disparates que se proponen en este marco doctrinario.

 Es mi opinión también, que con base y en consecuencia con los argumentos del Banco Mundial, la posición de los sectores de gobierno es: no ceder ante las demandas del presupuesto constitucional para la educación superior pública y esgrimir una serie de razones baladíes, sin base más que la visión de mundo a la que adscriben, para no hacerlo.

Para eso también, según mi opinión, los sectores gubernamentales confían en una especie de temor, de parte de los defensores de la educación superior pública, en cuanto a que si no se acepta la propuesta del ejecutivo, “nos puede ir peor”.

Ideas fuerza y lo concreto

Es mi opinión, que la base de la posición gubernamental tiene en cuenta: esa visión/imposición de instituciones como el Banco Mundial, según ya se mencionó; los intereses de sectores locales de poder económico y político; los “medios de comunicación” masiva y esa opinión que han contribuido a formar, en cierto grado desfavorable y de desprestigio, hacia lo público y hacia sectores que defienden la institucionalidad pública y su papel en el país, entre otros. Pueden recurrir también, a la manifestación manipulada, en espacios públicos, por ejemplo.

Por eso las propuestas de reformar la Constitución, por lo menos parcialmente.

Para la defensa del presupuesto constitucional, hacia las instituciones de educación superior pública, en función de la autonomía y soberanía, en la base está lo jurídico constitucional; la manifestación en los espacios públicos; la articulación con sectores conscientes de la importancia de los aportes de la educación superior pública al país, para lo cual hay que visibilizar y construir una comunicación estratégica y su gestión, identificando actores respectivos; y la propuesta de lucha por una recaudación fiscal justa, dirigida a la autonomía y soberanía y en contra de elementos como la evasión fiscal y la deuda externa, por ejemplo.

En cuanto a la manifestación en los espacios públicos, no debe ser sólo “en contra de” si no “a favor de”, para lo cual debe construirse una propuesta inteligente, articuladora y movilizadora.

Demás está decir que el equipo que representa la defensa del presupuesto constitucional para la educación superior pública debe tener criterios unificados, sólidos, y cohesionados, sin fisuras en su actuar y proceder y de cara a consolidar el apoyo institucional y social.

Es necesario tener en cuenta que hay cuestiones estratégicas, para desarrollo de un país fuerte, que deben estar en manos del Estado para su gestión, con una visión de autonomía y soberanía, como los energéticos, las telecomunicaciones e infra estructura, la educación, la salud. Todo con criterio y visión complementaria y articulada, para lo que es indispensable, la recaudación fiscal mencionada.

Un pueblo sin educación e instrucción adecuada y sin salud de calidad, no puede ser parte del desarrollo integral del país.

Debemos ser conscientes de que el marco de acción, lo componen dos visiones de proyecto/país: la neoliberal globalista, que parece ser la de los sectores gubernamentales, y la autónoma soberanista, en función del desarrollo integral del país.

De manera entonces que si se asume que hay que negociar el FEES, como dice el dicho, “ya entramos perdiendo” y perdiendo doble: 1- Les permitimos que nos impongan su cancha: la “negociación”; y 2- Eso ya implica que imponen sus reglas y criterios. De ahí que imponen requisitos, por ejemplo, el gobierno pide que se incluyan tantas carreras STEM.

Además, estaríamos siendo inconstitucionales, adhiriendo a esa violación de la Constitución.

También tenemos que ser conscientes de que esgrimir la contribución importante que hacen las Universidades públicas al país, lo filosófico, por sí sólo, es algo que para los sectores gubernamentales no es factor.

En mi criterio, la actitud inconsecuente ante los sectores gubernamentales es: venimos a negociar.

La actitud consecuente es: venimos a hacer que se cumpla lo que manda la Constitución de la República

Ayudemos al presidente a cumplir el juramento de defender la Constitución, al asumir el cargo. ¿Será que ya se le olvidó?

“¿Jurais a Dios y Prometeis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la república, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? – Sí, juro. Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El y la Patria os lo demanden”.

Reflexiones sobre las acciones de la rectoría de la UTN frente a la ley marco de empleo público y la escala salarial transitoria

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis G. Martínez Sandoval.

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico Universitario,
Ex Integrante Comisión de Vinculación con los Sectores Productivos y,
Comisión de Trabajos Finales de Graduación COEX, AA
Sede Central UTN www.utn.ac.cr
Ex Directivo Nacional Propietario JD ANEP,
Secretaría de Organización y Conflictos, Seccional Sindical Nacional ANEP-UTN
Ex Funcionario Banco Mundial IFC Sede Ecuador y, América Latina,
Escritor, Científico Social

En días pasados convocó el Dr. Emmanuel González Alvarado, actual rector UTN y presidente del CONARE a la comunidad universitaria a una video conferencia para conversar de las acciones que se están llevando a cabo con respecto a: Ley Marco de Empleo Público y la Escala Salarial Transitoria para los funcionarios de las universidades públicas. De eso trata este artículo.

Es un hecho que la situación por las que atraviesan las Universidades Públicas de Costa Rica no es nada fácil dada la situación económica nacional e internacional. Los marcos normativos generados y aprobados por la Asamblea Legislativa en tiempos de pandemia están golpeando a todas las Universidades Estatales y principalmente la estructura salarial. La Ley No 9635 congeló los salarios y los pluses. La Regla Fiscal frenó en seco la contención del gasto público. Se están realizando “ajustes terribles” – nos dice el Rector UTN- a los presupuestos universitarios. Ello repercutirá en los estudiantes e infraestructura educativa y por supuesto en los salarios de los funcionarios.

Se estima que no hay opción en el 2023 para aumentar el gasto público. Será entre el 2025 y 2026 que quizás nos podremos liberar de la Regla Fiscal. En el caso de la UTN, si no fuese la Regla Fiscal estaría funcionando en nuestros días la Inter Sede Universitaria en Alajuela.

Es urgente – nos expuso el Dr. González- liberar el gasto de capital, las inversiones y fortalecer el papel de la Fundación UTN. Se ha limitado el FEES. La Regla Fiscal es tema complejo no fácil de eliminar dado que no solo la impulsa el Banco Mundial sino también Fondo Monetario Internacional y la Organización de la Cooperación para el Desarrollo. “La situación de las Universidades Estatales y la educación superior universitaria pública es compleja y, vamos hacia un deterioro de la educación”. Algunos datos financieros expuestos:

  • Negociación del FEES con postergación de Fondos: 2.500 millones menos.
  • Rebajo de 1.400 millones por no estar incorporados en el FEES.
  • Ley de Redistribución del FEES: para que no exista CONARE que se financia con 1.31% (Pasar sus funciones a MICIT, MIDEPLAN, DGSC, BCCR).
  • Ley Marco de Empleo Público: Pasar a MIDEPLAN el estamento administrativo de las universidades.
  • Ley de Equilibrio Financiero: Meter las Universidad Publicas en Caja Chica.

“Estamos luchando fuerte con todo ello”, dijo el Rector. Pero, la Ley de Empleo Público y su Reglamento ya está aprobado. Aunque se mantiene la autonomía universitaria y su propio sistema de empleo la situación es crítica y compleja. Aunque seamos exclusivos y excluyentes.

¡Son tiempos difíciles para el país! Y no se quiere comprender que un Académico o Académica es un funcionario público diferente. El Régimen de Empleo Superior RESU es una respuesta a las críticas que las Universidad Estatales han tenido por sus políticas salariales. Sin duda un buen paso…

Sobre el FEES Distribución 2023 expuso el Dr. González que: el FEES total aprobado es de 564 mil millones más la inflación. De ello su distribución es la siguiente: UCR 53.32%, TEC 10.43%, UNA 21.59%, UNED 6.93%, UTN 6.42% y, CONARE 1.31%. A ello se agrega el Fondo del Sistema con 34 mil millones. A la fecha el presupuesto de la UTN, con la incorporación al FEES -ese 6.42%- se encuentra constitucionalmente blindado. Y frente a los cambios macroeconómicos nacionales es una garantía de protección para nuestra alma mater.

“Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” a pesar de todo, hay que ser justo y reconocer a cada uno sus méritos, esto ha sido un logro concreto del liderazgo del Dr. Emmanuel González Alvarado. ¡Estamos blindados al ingresar al FEES! ¡No lo estábamos! Y ello se logró dando la pelea en las calles, en la Asamblea Legislativa, en el lobby…

Son “tiempos para estar unidos” expuso el Rector–de hecho, no hay otra opción, académicos, estudiantes, administrativos, autoridades universitarias, sindicatos, colegios y escuelas públicas debemos formar un frente común y estar unidos hoy más que ayer-, dado el embate de las acciones externas gubernamentales que golpearan aún más en las escuelas, colegios y universidades públicas durante 2023.

En la UTN el Salario Global Transitorio (SGT) esta incorporado en el Sistema del Régimen de Empleo Superior Universitario (RESU). El personal de la UTN seguirá con su salario compuesto y reconocimiento del salario escolar. Excepto las nuevas contrataciones.

A MODO DE CONCLUSION

¡Son tiempos difíciles, complejos y llenos de incertidumbre!

Nuestra economía nacional según el Banco Central mantiene la proyección de crecimiento del PIB para el 2023 y para el 2024 en 3,5%. La productividad – el incremento en el trabajo, la inversión en capital y el incremento en la productividad- sigue siendo baja lo que repercute en el crecimiento económico. El país requiere de un 5% a un 6% de crecimiento del PIB.

El BCCR señala, que la inflación mundial ha empezado a ceder en meses recientes debido a la conjunción de varios factores, entre ellos: a) la recuperación de la oferta, luego de la pandemia del COVID-19, y con ello la restauración de las cadenas globales de suministro; b) los efectos sobre la demanda agregada de la política monetaria restrictiva aplicada en muchas economías; c) la reducción de los estímulos fiscales y d) la moderación en los precios de las materias primas.

El aumento en las tasas de interés, la incertidumbre y el deterioro en la confianza de los agentes económicos, junto con el impacto de las restricciones impuestas a Rusia por algunos países occidentales en el marco del conflicto bélico entre esa nación y Ucrania, llevaron a una desaceleración de la economía mundial en el 2022 y que repercute en 2023.

En ese entorno inflacionario y de desaceleración de la economía global, la actividad económica local mostró menos dinamismo. El entorno económico es de alto riesgo. Los organismos financieros internacionales, aunque presentan diferencias en sus pronósticos para el crecimiento mundial en el 2023-2024, coinciden en que existen factores de riesgo asociados a la evolución del contexto externo y local que, de materializarse, inclinarían hacia la baja las proyecciones de crecimiento económico y al alza las de inflación. Los principales riesgos externos continúan asociados a las condiciones geopolíticas y a un eventual rebrote del COVID-19 debido a la flexibilización por parte de China de la política cero COVID, a lo cual se suma el riesgo de que la economía internacional entre en recesión.

Sin lugar a dudas, el escenario macroeconómico nacional e internacional estará presente en la nueva negociación del FEES para el 2024 y los equipos negociadores de CONARE esta vez deberán negociar de manera eficaz para que los presupuestos para la educación superior universitaria estatal como mínimo se mantengan y no se disminuyan como ha estado pasando dadas las negociaciones no eficaces realizadas…

La prisa nunca ha sido buena consejera

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Madrigal Mora
Secretaría General
Comité Ejecutivo
Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Nacional

La sabiduría popular siempre nos ha enseñado que aquello que va a definir nuestro futuro debe ser pensado y repensado con mucha tranquilidad y seso, no respondiendo a las presiones del momento, mucho menos metiéndonos en una vorágine, donde nos quieren convencer de que hay que hacerlo porque urge o porque nos van a sancionar.

No es posible por un lado, que tengamos un discurso donde hemos defendido que la Ley Marco de Empleo Público (LMEP) con su salario global, lo que hace es precarizar el empleo en el sector público (las universidades públicas dentro de él) con el fin de deteriorar el servicio que se presta, como preámbulo para justificar su privatización total; pero por el otro, correr a aprobar una propuesta transitoria de salario global, muy probablemente definitiva, sin hacer un verdadero análisis prospectivo de sus posibles implicaciones en el quehacer de la Universidad, ni analizando si realmente es la única salida que tenemos como Institución.

En estos momentos no podemos declararnos ignorantes del análisis que realizó una comisión integrada a lo interno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, a solicitud del Consejo Universitario de dicho centro, de la LMEP, así como de las sentencias y respuestas de la Sala Constitucional respecto a dicha ley, sobre la Autonomía Universitaria y la negociación colectiva. Máxime cuando el Dr. Mauricio Castro Méndez, académico de dicha facultad y quien presidió dicha comisión, ha sido vasto y contundente a la hora de divulgar los resultados de dicho análisis, más recientemente, atendiendo una invitación de nuestro Consejo Universitario en la sesión del pasado jueves 22 de abril.

Dicho análisis, según esta comisión, arroja varios resultados que, podemos considerar, son muy favorables para las universidades públicas, y que muy resumidamente podemos plantearlos así:

Con respecto a la LMEP, la Comisión concluye que, la Sala IV ha dicho:

– La negociación colectiva es un derecho fundamental y constitucional que no puede ser vaciado de contenido, por lo tanto, no se puede prohibir negociar derechos salariales en ella.

– Las partes tienen libertad de negociación dentro de los límites establecidos de racionalidad y proporcionalidad, por lo tanto, no se les puede obligar ni a negociar ni a denunciar la Convención Colectiva.

– La implementación del salario global, en las universidades públicas es una posibilidad no una obligatoriedad.

– La vía para seguir con la implementación del salario compuesto (el formato que actualmente tenemos) es la negociación colectiva.

– Si las universidades deciden aplicar el salario global (único), lo deben hacer bajo las reglas establecidas por la ley y su reglamento, sin poder modificarlas, por lo tanto, el salario debe aplicarse al puesto y no a las personas.

Siendo que, entonces, los regímenes de carrera académica y probablemente, el de Carrera Administrativa no serían compatibles con el salario global.

Ahora bien, el académico Castro Méndez claramente anticipa que, de tomar las universidades la ruta de salvaguardar el salario compuesto por medio de la negociación colectiva, esto implicaría chocar de frente con el Poder Ejecutivo, la Procuraduría General de la República, la Contraloría General, la prensa, etc., etc., etc. Por lo que, requerimos de una decisión institucional, ojala de Conare, que valientemente plante cara en defensa de la tan cacareada, Autonomía Universitaria (esto último de mi autoría).

Por otro lado, no vamos a desconocer que hay otros criterios jurídicos que nos dicen que no hay nada que hacer, que hay que someterse a la ley. Así como otros que sin tener clara dicha obligatoriedad, sueñan con implementar el salario global en las universidades públicas.

Entonces, ¿quién tiene la razón?

Por ahora, lo mejor que podemos decir, es que no sabemos, pero, bien vale la pena explorar si, una comisión de la Facultad de Derecho de la UCR, la mejor de Centroamérica y una de las mejores de América Latina, tiene la razón. Aparte, porque a priori sabemos que es mejor seguir optando por este esquema salarial que por uno que congela nuestros salarios y los precariza, independientemente de que, al inicio pudiera parecer algo o muy atractivo, por lo menos para los profesionales y académicos de las universidades, pero que a los sectores de servicios generales y técnicos los deja sin mayores aspiraciones, tal y como pudimos apreciar el pasado viernes, pareciera resultar de la propuesta elaborada por Conare de salario global, en este sentido, debemos advertir que no hemos tenido tiempo suficiente para analizarla, ni siquiera la hemos recibido oficialmente, así como tampoco fue negociada ni consultada con este sindicato, como corresponde.

Finalmente, queremos hacer el llamado vehemente a no intentar imponer dicha propuesta y más bien, a sentarnos, lo antes posible, a analizar y definir una estrategia para, vía negociación colectiva y salvaguardando nuestra autonomía, definir una ruta y una estrategia para defender el esquema salarial compuesto de la Universidad Nacional, adecuándolo al contexto actual, pero sin renunciar a definir nuestra propia política salarial.

Flaco favor le haríamos a esta universidad si habiéndonos dicho la Sala IV que tenemos dicha posibilidad, somos más bien nosotros quienes decidimos ignorarla y hacernos el «harakiri», una vez más, por temor al qué dirán o porque urge nombrar a los nuevos.

 

Imagen ilustrativa, UCR.