La sobreexplotación del recurso pesquero, la contaminación de nuestros mares y la falta de opciones que generen nuevos ingresos empuja a los pobladores de las zonas costeras al desempleo.
¿Por qué Costa Rica confía en la U pública? Porque con el liderazgo de la Universidad Nacional (UNA), desde hace 10 años se desarrolla el cultivo de ostras, iniciativa que beneficia a las comunidades del litoral Pacífico. “Se hizo realidad lo que hace muchos años estamos trabajando, para mí aparte de trabajo es el sostén de mi familia. Aspiramos a ir más allá, si es posible hasta salir del país con las ostras”.
Felipe Peralta, ostricultor.
Compartimos el video con el testimonio de las personas de las comunidades del litoral Pacífico, beneficiarios del proyecto:
Aplico el término “confiscatorio” en este caso a la actitud voraz del gobierno de Rodrigo Chaves con relación al manejo de los recursos públicos. Sé bien que el término está referido al abuso con respecto a los tributos, pero lo aplico por asimilación al comportamiento de la administración primero frente al propio Ministerio de Educación Pública, segundo en relación con el Ministerio de Cultura y en tercer lugar con respecto al presupuesto de las universidades públicas.
De hecho, en el Diccionario General de sinónimos y antónimos de la lengua española el término confiscar es sinónimo de embargar, decomisar, incautar, requisar y usurpar. Éste último a su vez es sinónimo de detener, arrebatar, extorsionar, expoliar, apropiarse, incautar y confiscar. Esto es lo que viene haciendo el gobierno con el presupuesto público: primero intentó ser confiscatorio del presupuesto del Ministerio de Educación en una suma muy significativa para trasladar esos recursos al Ministerio de Seguridad Pública, con el pretexto de asignarlos diz que para combatir la delincuencia. Solo debido a que en la Asamblea Legislativa no le aprobaron la modificación presupuestaria, esto no lo pudo concretar. Pero después sí le arrebató también nada menos que 4.000 millones de colones a Cultura, y ahora mediante artilugios se pretende confundir a la opinión pública, para confiscar, incautar, apropiarse o usurpar (es lo mismo), un 1% adicional del FEES (presupuesto de las universidades públicas), que el Poder Ejecutivo se había comprometido a otorgarles.
Lo cierto del caso, es que el principio no confiscatorio [de los tributos] se encuentra regulado en el artículo 167 denominado “Principios generales tributarios” de “La Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria”; un intento por parte del legislador, nos dice en su tesis de grado Ana María Carrillo Goyenaga, por incorporar los principios constitucionales tributarios al ordenamiento jurídico. (Cfr. Carrillo G. Ana María. “El Principio Constitucional de no Confiscación. Aplicación en el Ordenamiento Jurídico Tributario.” Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, CR, 2014). Reza el artículo citado de la siguiente manera:
“Artículo 167.- Principios generales tributarios
Por medio de la tributación, no deberá sustraerse una porción sustancial de la riqueza del contribuyente, en tal medida que haga nugatorio, desaliente o limite de manera significativa, el ejercicio de un derecho o la libertad fundamental tutelados en la Constitución Política (…) (Cfr. Código de Normas y Procedimientos Tributarios, artículo 167.)”
Por semejantes razones, tenemos el derecho a considerar el principio no confiscatorio que rige en el derecho tributario, como válido para proteger a las instituciones ministeriales o a las autónomas que, son tuteladas en el ámbito del derecho público ante un Estado que, se viene comportando como un ente hipercentralista, angurriento, avaricioso y codicioso con respecto a la gestión de los recursos públicos. Si es válido tutelar el patrimonio de una empresa privada, ante una eventual voracidad confiscatoria de parte del Estado, es por lo menos igualmente valedero proteger a los entes de derecho público, como en efecto está estipulado en la propia Constitución de la República.
Tanto en el anterior cuatrienio, como en este, se incurrió en el grave error de cercenar a las universidades públicas parte de sus presupuestos, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 85 constitucional. Específicamente en la parte que textualmente dice (después de haber dejado clara la existencia del fondo especial para el financiamiento de la “Educación Superior Estatal), que: “Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan.” (Cfr. Constitución de la República. Artículo 85). Pero como lo he advertido supra, no ha ocurrido así. Por eso mismo, hoy sería menester, ante las violaciones que se han perpetrado contra la Constitución, que tales prescripciones fuesen subrayadas, escritas en mayúscula, o en letras doradas. Al respecto, ya la Sala Constitucional dictó sentencia favorable a las universidades públicas (al menos en un caso), ante una acción de inconstitucionalidad interpuesta por ellas por haberles rebajado la Asamblea Legislativa, la suma de 10.000 millones de colones. Están pendientes de resolución otras acciones de inconstitucionalidad presentadas por las universidades públicas hacen más de tres años. (Cfr. Sentencia de Fondo, número 2022017987, del 03/08/2022 a las 12:20:00)
Ahora el punto es otro, como lo aclara un pronunciamiento reciente del Consejo Nacional de Rectores (CONARE). La Comisión de Enlace, que integran los rectores y ministros de Estado correspondientes, durante las negociaciones del FEES 2023 señalaron, como se expresa en el comunicado de CONARE aludido lo siguiente: (lo transmito textualmente): “la Comisión de Enlace…se comprometió a revisar la viabilidad de otorgar un 1% adicional para este año [además del 1% otorgado a la base]…en atención a las postergaciones y deducciones realizadas a los presupuestos universitarios.” El Poder Ejecutivo, manifestó en varias ocasiones, la mejora en la situación fiscal del país, por lo que no habría razón alguna, para negarle a las universidades públicas ese aumento adicional del 1%, que compensaría, cuando menos en una mínima parte, lo que se les ha arrebatado a las instituciones públicas de educación superior.
Además, con ello se cumpliría con el convenio vigente, es decir el del año en curso del 2023. Se sabe por declaraciones de las autoridades de gobierno, pregonadas hasta por el mismo presidente Chaves, y señaladas por los rectores en su comunicado, que dicha mejora en la situación fiscal y económica del país en este año es debida a que, se produjo una colocación de “eurobonos” por la suma de $1.500 millones de dólares. A la vez, se le ha hecho ver a la opinión pública que, hubo un aumento en la recaudación tributaria del orden de 3,9% del PIB; asimismo se nos ha informado de una reducción del déficit fiscal en menos de 0.5% y finalmente, la reducción de la razón de la deuda con respecto al PIB fue de un 58,4%. Por lo tanto, solamente un claro menosprecio de carácter ideológico de parte del gobierno a las universidades públicas explicaría que no se reconociera el aumento negociado, pues de lo que se trata es de compensar a instituciones que cumplen con tanto fervor su misión civilizadora. Lo anterior lo expreso, aunque haya errores de por medio; ya que no existe una sola institución sin mácula en ninguna parte. Por otro lado, todos los errores son perfectamente subsanables y, es bien reconocido que las bondades a lo largo de una historia de casi 80 años, cuando se fundó la Universidad de Costa Rica precisamente en la década de los años cuarenta han contribuido de una manera decisiva con el desarrollo económico y social y han ayudado también a forjar la cultura democrática e institucional de la Costa Rica actual.
La realidad es que este gobierno no se ha atrevido a esgrimir como argumento para negar tal aumento, el que las universidades no lo merezcan. Lo que dijo el ministro de Hacienda don Nogui Acosta, es que quien ha complicado el aumento son los diputados, lo que fue claramente desmentido por la mayoría de los líderes de las fracciones parlamentarias, tanto en la comisión de asuntos hacendarios, como en el control político en el plenario legislativo, como consta en las actas respectivas.
Por último, conviene difundir que el comunicado de CONARE, puntualizó con exactitud adónde irían los recursos provenientes de ese 1%, se trata de cubrir necesidades perentorias que Costa Rica siempre ha valorado altamente, como son: mayor número de becas para estudiantes, apertura de nuevos cursos para atender el rezago educativo, mayor inversión para atender la educación universitaria pública en las regiones con menor desarrollo, fortalecer la investigación y la extensión o acción social en la atención de las necesidades específicas de las comunidades y los grandes problemas nacionales.
Tal es el compromiso de honor de las autoridades universitarias mencionadas. A ver si ante todos estos argumentos cede la voracidad centralista del gobierno y se modifica en algo su actitud confiscatoria y usurpadora del erario que pertenece a los costarricenses.
‘’Hacia un pacto nacional por la educación pública en Costa Rica’’
• Organizaciones en todo el país, convocan a una gran marcha pacífica para solicitar un “Pacto por la Educación Pública” y la defensa del presupuesto por constitución, para la sostenibilidad del sistema educativo en Costa Rica.
• La marcha será el próximo martes 20 de junio a las 9:00 am, saliendo del Parque de la Merced.
• Convocatoria conjunta del Movimiento Estudiantil, Universidades Públicas mediante el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), las organizaciones del Magisterio Nacional y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productiva.
Ante la peor crisis educativa en los últimos 40 años y la ausencia de una hoja de ruta para resolverla, las organizaciones firmantes y presentes nos unimos para convocar a una gran marcha en defensa de la educación pública, como pilar fundamental de nuestro Estado Social de Derecho, a realizarse el martes 20 de junio a las 9:00 am, saliendo de la Iglesia de la Merced con rumbo a la Plaza de la Democracia.
El objetivo es realizar un vehemente llamado democrático para construir un Pacto por la Educación Pública, mismo nos permita salir de la actual crisis educativa, así como una misiva ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, sobre la no aceptación de recortes presupuestarios para la sostenibilidad de la educación pública, por el contrario, la búsqueda del fortalecimiento de esta.
Para evitar generaciones completas afectadas, como sucedió en la década de 1980, es necesario que los diferentes sectores del país unamos esfuerzos para visibilizar la grave situación que atraviesa el país. La actual crisis educativa es histórica y multicausal, pero sus detonantes inmediatos pueden rastrearse en diversos eventos y omisiones a lo largo de al menos los últimos 13 años, pero siempre desde rezagos estructurales.
En síntesis; la crisis educativa se puede dividir en los siguientes ejes de afectación: crisis educativa y pedagógica, la crisis presupuestaria y de prioridad en política educativa, todas entrelazadas generando mayores retos que comprometen el futuro de las familias en este país y sus propias comunidades.
Nos encontramos ante escenarios país y educativos realmente alarmantes, encontramos serias limitaciones en el acceso a transporte, alimentación y una infraestructura adecuada en el sistema educativo público, lo anterior solo la punta del iceberg de la crisis, pues imposibilita a familias completas en el acceso a la movilidad social mediante la alfabetización primaria, secundaria y técnica, así como educación superior. Hoy se enfrentan negociones presupuestarias, que no garantizan crecimiento y fortalecimiento del sistema educativo, así como una clara violación constitucional del 8% del PIB para educación pública que debe garantizarse su distribución ética en TODOS LOS NIVELES. Por tanto, no será de recibo que justifiquen los recortes, para trasladar a otros programas educativos, cuando todos deberían estar garantizados con el presupuesto que le corresponde por constitución.
No es casualidad, que veamos con preocupación las afectaciones directas que empiezan a sufrir los pilares de lo que conocemos como el Estado Social de Derecho, desde las afectaciones al sistema de salud como la CCSS y su autonomía, el rechazo hacia una política de estado por la seguridad y soberanía alimentaria, la amenaza de las garantías laborales y derechos humanos mediante el proyecto de ley ‘’4×3 Jornadas flexibles’’, amenazas al régimen de pensiones del Magisterio Nacional, el terrible recorte de un 8% del presupuesto que le corresponde al Ministerio de Cultura y Juventud, frente a la paradoja de un sistema de seguridad debilitado sin enfoque multisectorial y comunitario, con recursos limitados y con afectaciones graves en las garantías laborales del personal de seguridad en todo el país.
No obstante, desde la aplicación de la regla fiscal, han dejado secuestradas las funciones fundamentales de las instituciones públicas en el país, limitando su presupuesto y agravando a sectores que son motores de la economía en el país, o afectaciones a personas en riesgo social. Hasta ahora, la receta del Poder Ejecutivo, en este contexto país, ha sido el recorte presupuestario, la violación a la libertad de prensa e irrespeto a la institucionalidad, la Constitución Política y los Poderes Democráticos de la República en el país, generando un efecto adverso en las garantías sociales y laborales de las personas trabajadoras y habitantes del país, como parte de una estrategia clara en el debilitamiento del Estado Social de Derecho.
Por todo lo anterior, es urgente la generación de soluciones ante los múltiples retos de la educación pública, si buscamos sostener los pilares de la democracia y el Estado Social de Derecho, entre los que destacan: desigualdad educativa, formación docente, innovación pedagógica, inversión en educación, brecha tecnológica, evaluación de los aprendizajes, infraestructura educativa, fortalecimiento de la educación técnica, participación comunitaria y multisectorial, articulación entre los niveles del sistema educativo, entre otros.
Debemos garantizar una educación inclusiva, creativa, innovadora y crítica. Una educación que genere mayor movilidad social y reduzca las desigualdades estructurales en el mediano y largo plazo. Una educación que sea un “proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos”, como establece la Constitución Política. Una educación que nos permita sentar las bases de un país mejor y no deje a nadie atrás.
Buscamos fortalecer el Estado Social de Derecho mediante la defensa del 8% que por Constitución, que le corresponde a Educación en Costa Rica, para ello, invitamos a todas las organizaciones sociales, productivas, estudiantiles, sindicales, multisectoriales, comunales, académicas, familias y sus comunidades, a sumarse a esta gran marcha por la educación pública.
¡MARCHEMOS A DEFENDER LO NUESTRO!
¡YO CONFÍO Y DEFIENDO LA EDUCACIÒN PÚBLICA!
Las organizaciones, familias y personas interesadas pueden aportar en la organización de la marcha, para ello pueden comunicarse mediante el siguiente correo:mesa.nacionaldedialogo@gmail.com
Imagen ilustrativa Foto: Laura Rodríguez Rodríguez – UCR.
• Durante las negociaciones para el FEES 2023, la Comisión de Enlace se comprometió a revisar la viabilidad de otorgar un 1% adicional para este año en atención a las postergaciones y deducciones realizadas a los presupuestos universitarios.
• A pesar de que el Ejecutivo manifestó voluntad para honrar este compromiso, le traslada, una vez más la responsabilidad de no hacerlo a la Asamblea Legislativa.
13 de junio del 2023. Cuando se negoció el FEES 2023, el gobierno y las universidades públicas aceptaron un crecimiento de un 1% fundamentado en el argumento de la situación financiera estrecha expuesta por el Gobierno para el 2022, a pesar de que la inflación anual de ese año cerró en 7,88%.
Esto se negoció de esa manera, porque se incluyó en la cláusula segunda del acuerdo de la Comisión de Enlace para el financiamiento de la educación universitaria estatal (FEES) 2023, en la que se indica “c) el incremento anterior será revisado por la Comisión de Enlace en junio 2023 con el fin de determinar la viabilidad de un ajuste adicional de un 1%, que se realizaría a través de la formulación de un presupuesto extraordinario y d) para la definición del 2024 se utilizará como base el establecido para el año 2023 con los ajustes correspondientes”.
Sorprende que el Gobierno en reiteradas ocasiones ha manifestado la mejora de la situación fiscal y económica del país para el presente año, no obstante en la reunión de la Comisión de Enlace del día de hoy, el Ministro de Hacienda indica que no pueden cumplir con ese 1% adicional debido a que la Asamblea Legislativa cuando aprobó el presupuesto de la República para el año 2023 lo hizo con la distribución propuesta por la Comisión de Hacendarios que era diferente a la del Ejecutivo.
Sin embargo, la mejora de las finanzas públicas producto de la colocación de los eurobonos por la suma 1.500 millones de dólares, del aumento en la recaudación tributaria en 3,9% del PIB, la disminución del déficit fiscal en menos 0,5% y la disminución de la razón de deuda con respecto al PIB a un 58,4%, ampliamente divulgada por el Gobierno de la República en los medios de comunicación y mediante conferencias de prensa, no parece ser suficiente argumento para otorgar a la educación universitaria estatal el reconocimiento del 1% sobre el monto del FEES 2023, en cumplimiento del convenio vigente, cuyo monto es de 5.591 millones de colones.
Este monto compensaría en parte todas las afectaciones a los presupuestos universitarios estatales generados por la pandemia COVID-19 y su impacto en la situación financiera y fiscal del país, este monto representa apenas un 7% del total de dichos rebajos.
En lugar de sustentar el otorgamiento del 1% en la mejora fiscal y financiera se escuda para no hacerlo en argumentos atribuidos a la Asamblea Legislativa y específicamente a la Comisión de Hacendarios.
Por lo tanto, en la próxima sesión de la Comisión de Enlace, el CONARE y las universidades públicas presentarán sus observaciones y contraargumentos a la presentación del Ministro de Hacienda, con el objetivo de demostrar que no es justo ni válido escudarse en la Asamblea Legislativa para no conceder ese 1% adicional que permitiría atender necesidades básicas como lo son: mayor número de becas para estudiantes, apertura de nuevos cursos para atender el rezago educativo, mayor inversión para fortalecer la educación universitaria pública en las regiones con menor desarrollo, fortalecer la investigación, la extensión y la acción social en atención de las necesidades específicas de las comunidades y de los grandes problemas nacionales.
Las instituciones de educación superior pública, estamos una vez más a las puertas de que el gobierno de la república haga (¿o no haga?) lo que la Constitución Política le ordena: girar el presupuesto que le corresponde a la educación superior pública.
Al igual que años anteriores, este año habrá que estar en el “pulso” anual de lo que debiera ser quinquenal y no debiera ser ningún “pulso”.
En este escenario, es sorprendente, aunque no tanto, que a fuerza de no cumplir el mandato constitucional, con reiteración en años recientes, y sobre argumentos que no tienen base, parece que se ha impulsado por unos y se ha asumido por otros, y por lo tanto, se le ha dado sostén por gobierno y población universitaria, a la idea que “hay que negociar el FEES”.
Entre muchas personas universitarias, parece que esto ya se legitimó y así, se asume que, por parte de los representantes de las instituciones de educación pública, se va a ir a “negociar el FEES”, que en los días venideros, empiezan las “negociaciones del FEES”.
Lo filosófico
Muchas personas del ámbito universitario público, tenemos muy claro por qué las instituciones de educación superior pública son importantes, por lo que le aportan al país y a la sociedad, así como distintos sectores sociales.
Entre otras razones de peso, la educación de calidad es motor de movilidad social ascendente. Las instituciones de educación superior publica, hacen una contribución de gran valor al país, aportándole profesionales de calidad, con conciencia social y no sólo graduados que piensan nada más en sus ingresos y en su bienestar personal.
En la relación universidad/sociedad, hacen un aporte importante en la investigación, en la atención de diferentes situaciones y requerimientos de diferentes sectores sociales.
Institución país
Es por eso y por lo que aporta, con el conocimiento que construye en conjunto con la sociedad, a fortalecer el rumbo del país, que la universidad pública, es una institución país.
Eso no está en duda y lo sabe el sector gubernamental, lo saben diferentes sectores y actores sociales y políticos y población universitaria.
Lo político
Lo que acabamos de mencionar, lo tenían claro los sectores políticos del ´48 y como parte del proyecto/país impulsado, político, económico, social e histórico, lo plasmaron en la Constitución Política.
En este punto, se hace necesaria una pregunta: ¿El proyecto político, social y económico de país, de algunos sectores que han estado al frente del Estado, desde hace algunos años: qué calidades, diferencias y similitudes tiene, en relación con el proyecto/país de los sectores políticos del ´48?
Una pegunta más precisa: ¿En qué medida y calidad, la educación superior pública, es parte del proyecto/país de los sectores políticos que se han hecho con la dirección del Estado en los últimos años?
Los actores en la “negociación del FEES”, sus bases argumentativas y sus intereses.
Por parte de los representantes de las instituciones de educación superior pública, autoridades universitarias y estudiantado, la base argumentativa, está compuesta en parte, por lo mencionado arriba en Lo filosófico.
Por parte de los sectores gubernamentales, uno de los componentes fundamentales de su base argumentativa es la escasez, o, lo reducido del presupuesto nacional; muy en consonancia con lo que plantea el Banco Mundial: “Dado que los gobiernos enfrentan severas limitaciones presupuestarias…” (“Nuevo reporte del Banco Mundial: La vía rápida hacia nuevas competencias. Septiembre 29, 2021”).
Una respuesta contundente a este argumento es que el gobierno, debe tener criterio de país en la recaudación impositiva: un aporte fiscal de todos los sectores según sus ingresos, en la recaudación impositiva y que todos los sectores contribuyan con lo que les corresponde. Como se dice de manera coloquial: “si no tiene plata es porque no quiere”, o preguntar: ¿los intereses que el gobierno gestiona, hacia donde “miran”? Entonces, ese argumento debe quedar fuera.
Lo realista
La situación es clara: en mi opinión, en la base de la posición de los sectores gubernamentales, está la reducción del presupuesto del Estado para asuntos públicos, como la educación pública, la salud pública, entre otros.
En cuanto a la educación pública, y muy claro en la educación superior, hay planteamientos incluso, en cuanto a que se debe financiar con fondos públicos, la educación privada, valga decir, el negocio de la educación privada. Muy en consonancia, con lo que plantea el Banco Mundial, como en el argumento de arriba: “…los gobiernos subsidian generosamente… las IES públicas, pero rara vez ofrecen ayuda económica a… las IES privadas…”. (IES: instituciones de educación superior). Ídem.
Vale tener en cuenta, que parte de la familia de la ministra de educación se dedica al negocio de la educación superior privada. Ya veríamos a las llamadas “universidades de garaje”, haciendo fila para exigir quién sabe qué cantidad de presupuesto.
Es clara la doctrina política económica neoliberal, del Banco Mundial y las inequidades, injusticias, exclusiones y disparates que se proponen en este marco doctrinario.
Es mi opinión también, que con base y en consecuencia con los argumentos del Banco Mundial, la posición de los sectores de gobierno es: no ceder ante las demandas del presupuesto constitucional para la educación superior pública y esgrimir una serie de razones baladíes, sin base más que la visión de mundo a la que adscriben, para no hacerlo.
Para eso también, según mi opinión, los sectores gubernamentales confían en una especie de temor, de parte de los defensores de la educación superior pública, en cuanto a que si no se acepta la propuesta del ejecutivo, “nos puede ir peor”.
Ideas fuerza y lo concreto
Es mi opinión, que la base de la posición gubernamental tiene en cuenta: esa visión/imposición de instituciones como el Banco Mundial, según ya se mencionó; los intereses de sectores locales de poder económico y político; los “medios de comunicación” masiva y esa opinión que han contribuido a formar, en cierto grado desfavorable y de desprestigio, hacia lo público y hacia sectores que defienden la institucionalidad pública y su papel en el país, entre otros. Pueden recurrir también, a la manifestación manipulada, en espacios públicos, por ejemplo.
Por eso las propuestas de reformar la Constitución, por lo menos parcialmente.
Para la defensa del presupuesto constitucional, hacia las instituciones de educación superior pública, en función de la autonomía y soberanía, en la base está lo jurídico constitucional; la manifestación en los espacios públicos; la articulación con sectores conscientes de la importancia de los aportes de la educación superior pública al país, para lo cual hay que visibilizar y construir una comunicación estratégica y su gestión, identificando actores respectivos; y la propuesta de lucha por una recaudación fiscal justa, dirigida a la autonomía y soberanía y en contra de elementos como la evasión fiscal y la deuda externa, por ejemplo.
En cuanto a la manifestación en los espacios públicos, no debe ser sólo “en contra de” si no “a favor de”, para lo cual debe construirse una propuesta inteligente, articuladora y movilizadora.
Demás está decir que el equipo que representa la defensa del presupuesto constitucional para la educación superior pública debe tener criterios unificados, sólidos, y cohesionados, sin fisuras en su actuar y proceder y de cara a consolidar el apoyo institucional y social.
Es necesario tener en cuenta que hay cuestiones estratégicas, para desarrollo de un país fuerte, que deben estar en manos del Estado para su gestión, con una visión de autonomía y soberanía, como los energéticos, las telecomunicaciones e infra estructura, la educación, la salud. Todo con criterio y visión complementaria y articulada, para lo que es indispensable, la recaudación fiscal mencionada.
Un pueblo sin educación e instrucción adecuada y sin salud de calidad, no puede ser parte del desarrollo integral del país.
Debemos ser conscientes de que el marco de acción, lo componen dos visiones de proyecto/país: la neoliberal globalista, que parece ser la de los sectores gubernamentales, y la autónoma soberanista, en función del desarrollo integral del país.
De manera entonces que si se asume que hay que negociar el FEES, como dice el dicho, “ya entramos perdiendo” y perdiendo doble: 1- Les permitimos que nos impongan su cancha: la “negociación”; y 2- Eso ya implica que imponen sus reglas y criterios. De ahí que imponen requisitos, por ejemplo, el gobierno pide que se incluyan tantas carreras STEM.
Además, estaríamos siendo inconstitucionales, adhiriendo a esa violación de la Constitución.
También tenemos que ser conscientes de que esgrimir la contribución importante que hacen las Universidades públicas al país, lo filosófico, por sí sólo, es algo que para los sectores gubernamentales no es factor.
En mi criterio, la actitud inconsecuente ante los sectores gubernamentales es: venimos a negociar.
La actitud consecuente es: venimos a hacer que se cumpla lo que manda la Constitución de la República
Ayudemos al presidente a cumplir el juramento de defender la Constitución, al asumir el cargo. ¿Será que ya se le olvidó?
“¿Jurais a Dios y Prometeis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la república, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? – Sí, juro. Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El y la Patria os lo demanden”.
MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval Académico Universitario, Ex Integrante Comisión de Vinculación con los Sectores Productivos y, Comisión de Trabajos Finales de Graduación COEX, AA Sede Central UTN www.utn.ac.cr Ex Directivo Nacional Propietario JD ANEP, Secretaría de Organización y Conflictos, Seccional Sindical Nacional ANEP-UTN Ex Funcionario Banco Mundial IFC Sede Ecuador y, América Latina, Escritor, Científico Social
En días pasados convocó el Dr. Emmanuel González Alvarado, actual rector UTN y presidente del CONARE a la comunidad universitaria a una video conferencia para conversar de las acciones que se están llevando a cabo con respecto a: Ley Marco de Empleo Público y la Escala Salarial Transitoria para los funcionarios de las universidades públicas. De eso trata este artículo.
Es un hecho que la situación por las que atraviesan las Universidades Públicas de Costa Rica no es nada fácil dada la situación económica nacional e internacional. Los marcos normativos generados y aprobados por la Asamblea Legislativa en tiempos de pandemia están golpeando a todas las Universidades Estatales y principalmente la estructura salarial. La Ley No 9635 congeló los salarios y los pluses. La Regla Fiscal frenó en seco la contención del gasto público. Se están realizando “ajustes terribles” – nos dice el Rector UTN- a los presupuestos universitarios. Ello repercutirá en los estudiantes e infraestructura educativa y por supuesto en los salarios de los funcionarios.
Se estima que no hay opción en el 2023 para aumentar el gasto público. Será entre el 2025 y 2026 que quizás nos podremos liberar de la Regla Fiscal. En el caso de la UTN, si no fuese la Regla Fiscal estaría funcionando en nuestros días la Inter Sede Universitaria en Alajuela.
Es urgente – nos expuso el Dr. González- liberar el gasto de capital, las inversiones y fortalecer el papel de la Fundación UTN. Se ha limitado el FEES. La Regla Fiscal es tema complejo no fácil de eliminar dado que no solo la impulsa el Banco Mundial sino también Fondo Monetario Internacional y la Organización de la Cooperación para el Desarrollo. “La situación de las Universidades Estatales y la educación superior universitaria pública es compleja y, vamos hacia un deterioro de la educación”. Algunos datos financieros expuestos:
Negociación del FEES con postergación de Fondos: 2.500 millones menos.
Rebajo de 1.400 millones por no estar incorporados en el FEES.
Ley de Redistribución del FEES: para que no exista CONARE que se financia con 1.31% (Pasar sus funciones a MICIT, MIDEPLAN, DGSC, BCCR).
Ley Marco de Empleo Público: Pasar a MIDEPLAN el estamento administrativo de las universidades.
Ley de Equilibrio Financiero: Meter las Universidad Publicas en Caja Chica.
“Estamos luchando fuerte con todo ello”, dijo el Rector. Pero, la Ley de Empleo Público y su Reglamento ya está aprobado. Aunque se mantiene la autonomía universitaria y su propio sistema de empleo la situación es crítica y compleja. Aunque seamos exclusivos y excluyentes.
¡Son tiempos difíciles para el país! Y no se quiere comprender que un Académico o Académica es un funcionario público diferente. El Régimen de Empleo Superior RESU es una respuesta a las críticas que las Universidad Estatales han tenido por sus políticas salariales. Sin duda un buen paso…
Sobre el FEES Distribución 2023 expuso el Dr. González que: el FEES total aprobado es de 564 mil millonesmás la inflación. De ello su distribución es la siguiente: UCR 53.32%, TEC 10.43%, UNA 21.59%, UNED 6.93%, UTN 6.42% y, CONARE 1.31%. A ello se agrega el Fondo del Sistema con 34 mil millones. A la fecha el presupuesto de la UTN, con la incorporación al FEES -ese 6.42%- se encuentra constitucionalmente blindado. Y frente a los cambios macroeconómicos nacionales es una garantía de protección para nuestra alma mater.
“Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” a pesar de todo, hay que ser justo y reconocer a cada uno sus méritos, esto ha sido un logro concreto del liderazgo del Dr. Emmanuel González Alvarado. ¡Estamos blindados al ingresar al FEES! ¡No lo estábamos! Y ello se logró dando la pelea en las calles, en la Asamblea Legislativa, en el lobby…
Son “tiempos para estar unidos” expuso el Rector–de hecho, no hay otra opción, académicos, estudiantes, administrativos, autoridades universitarias, sindicatos, colegios y escuelas públicas debemos formar un frente común y estar unidos hoy más que ayer-, dado el embate de las acciones externas gubernamentales que golpearan aún más en las escuelas, colegios y universidades públicas durante 2023.
En la UTN el Salario Global Transitorio (SGT) esta incorporado en el Sistema del Régimen de Empleo Superior Universitario (RESU). El personal de la UTN seguirá con su salario compuesto y reconocimiento del salario escolar. Excepto las nuevas contrataciones.
A MODO DE CONCLUSION
¡Son tiempos difíciles, complejos y llenos de incertidumbre!
Nuestra economía nacional según el Banco Central mantiene la proyección de crecimiento del PIB para el 2023 y para el 2024 en 3,5%. La productividad – el incremento en el trabajo, la inversión en capital y el incremento en la productividad- sigue siendo baja lo que repercute en el crecimiento económico. El país requiere de un 5% a un 6% de crecimiento del PIB.
El BCCR señala, que la inflación mundial ha empezado a ceder en meses recientes debido a la conjunción de varios factores, entre ellos: a) la recuperación de la oferta, luego de la pandemia del COVID-19, y con ello la restauración de las cadenas globales de suministro; b) los efectos sobre la demanda agregada de la política monetaria restrictiva aplicada en muchas economías; c) la reducción de los estímulos fiscales y d) la moderación en los precios de las materias primas.
El aumento en las tasas de interés, la incertidumbre y el deterioro en la confianza de los agentes económicos, junto con el impacto de las restricciones impuestas a Rusia por algunos países occidentales en el marco del conflicto bélico entre esa nación y Ucrania, llevaron a una desaceleración de la economía mundial en el 2022 y que repercute en 2023.
En ese entorno inflacionario y de desaceleración de la economía global, la actividad económica local mostró menos dinamismo. El entorno económico es de alto riesgo. Los organismos financieros internacionales, aunque presentan diferencias en sus pronósticos para el crecimiento mundial en el 2023-2024, coinciden en que existen factores de riesgo asociados a la evolución del contexto externo y local que, de materializarse, inclinarían hacia la baja las proyecciones de crecimiento económico y al alza las de inflación. Los principales riesgos externos continúan asociados a las condiciones geopolíticas y a un eventual rebrote del COVID-19 debido a la flexibilización por parte de China de la política cero COVID, a lo cual se suma el riesgo de que la economía internacional entre en recesión.
Sin lugar a dudas, el escenario macroeconómico nacional e internacional estará presente en la nueva negociación del FEES para el 2024 y los equipos negociadores de CONARE esta vez deberán negociar de manera eficaz para que los presupuestos para la educación superior universitaria estatal como mínimo se mantengan y no se disminuyan como ha estado pasando dadas las negociaciones no eficaces realizadas…
Álvaro Madrigal Mora Secretaría General Comité Ejecutivo Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Nacional
La sabiduría popular siempre nos ha enseñado que aquello que va a definir nuestro futuro debe ser pensado y repensado con mucha tranquilidad y seso, no respondiendo a las presiones del momento, mucho menos metiéndonos en una vorágine, donde nos quieren convencer de que hay que hacerlo porque urge o porque nos van a sancionar.
No es posible por un lado, que tengamos un discurso donde hemos defendido que la Ley Marco de Empleo Público (LMEP) con su salario global, lo que hace es precarizar el empleo en el sector público (las universidades públicas dentro de él) con el fin de deteriorar el servicio que se presta, como preámbulo para justificar su privatización total; pero por el otro, correr a aprobar una propuesta transitoria de salario global, muy probablemente definitiva, sin hacer un verdadero análisis prospectivo de sus posibles implicaciones en el quehacer de la Universidad, ni analizando si realmente es la única salida que tenemos como Institución.
En estos momentos no podemos declararnos ignorantes del análisis que realizó una comisión integrada a lo interno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, a solicitud del Consejo Universitario de dicho centro, de la LMEP, así como de las sentencias y respuestas de la Sala Constitucional respecto a dicha ley, sobre la Autonomía Universitaria y la negociación colectiva. Máxime cuando el Dr. Mauricio Castro Méndez, académico de dicha facultad y quien presidió dicha comisión, ha sido vasto y contundente a la hora de divulgar los resultados de dicho análisis, más recientemente, atendiendo una invitación de nuestro Consejo Universitario en la sesión del pasado jueves 22 de abril.
Dicho análisis, según esta comisión, arroja varios resultados que, podemos considerar, son muy favorables para las universidades públicas, y que muy resumidamente podemos plantearlos así:
Con respecto a la LMEP, la Comisión concluye que, la Sala IV ha dicho:
– La negociación colectiva es un derecho fundamental y constitucional que no puede ser vaciado de contenido, por lo tanto, no se puede prohibir negociar derechos salariales en ella.
– Las partes tienen libertad de negociación dentro de los límites establecidos de racionalidad y proporcionalidad, por lo tanto, no se les puede obligar ni a negociar ni a denunciar la Convención Colectiva.
– La implementación del salario global, en las universidades públicas es una posibilidad no una obligatoriedad.
– La vía para seguir con la implementación del salario compuesto (el formato que actualmente tenemos) es la negociación colectiva.
– Si las universidades deciden aplicar el salario global (único), lo deben hacer bajo las reglas establecidas por la ley y su reglamento, sin poder modificarlas, por lo tanto, el salario debe aplicarse al puesto y no a las personas.
Siendo que, entonces, los regímenes de carrera académica y probablemente, el de Carrera Administrativa no serían compatibles con el salario global.
Ahora bien, el académico Castro Méndez claramente anticipa que, de tomar las universidades la ruta de salvaguardar el salario compuesto por medio de la negociación colectiva, esto implicaría chocar de frente con el Poder Ejecutivo, la Procuraduría General de la República, la Contraloría General, la prensa, etc., etc., etc. Por lo que, requerimos de una decisión institucional, ojala de Conare, que valientemente plante cara en defensa de la tan cacareada, Autonomía Universitaria (esto último de mi autoría).
Por otro lado, no vamos a desconocer que hay otros criterios jurídicos que nos dicen que no hay nada que hacer, que hay que someterse a la ley. Así como otros que sin tener clara dicha obligatoriedad, sueñan con implementar el salario global en las universidades públicas.
Entonces, ¿quién tiene la razón?
Por ahora, lo mejor que podemos decir, es que no sabemos, pero, bien vale la pena explorar si, una comisión de la Facultad de Derecho de la UCR, la mejor de Centroamérica y una de las mejores de América Latina, tiene la razón. Aparte, porque a priori sabemos que es mejor seguir optando por este esquema salarial que por uno que congela nuestros salarios y los precariza, independientemente de que, al inicio pudiera parecer algo o muy atractivo, por lo menos para los profesionales y académicos de las universidades, pero que a los sectores de servicios generales y técnicos los deja sin mayores aspiraciones, tal y como pudimos apreciar el pasado viernes, pareciera resultar de la propuesta elaborada por Conare de salario global, en este sentido, debemos advertir que no hemos tenido tiempo suficiente para analizarla, ni siquiera la hemos recibido oficialmente, así como tampoco fue negociada ni consultada con este sindicato, como corresponde.
Finalmente, queremos hacer el llamado vehemente a no intentar imponer dicha propuesta y más bien, a sentarnos, lo antes posible, a analizar y definir una estrategia para, vía negociación colectiva y salvaguardando nuestra autonomía, definir una ruta y una estrategia para defender el esquema salarial compuesto de la Universidad Nacional, adecuándolo al contexto actual, pero sin renunciar a definir nuestra propia política salarial.
Flaco favor le haríamos a esta universidad si habiéndonos dicho la Sala IV que tenemos dicha posibilidad, somos más bien nosotros quienes decidimos ignorarla y hacernos el «harakiri», una vez más, por temor al qué dirán o porque urge nombrar a los nuevos.
Para ejemplificar la profecía que se cumple a sí misma, Robert Merton apeló al ejemplo de la falsa noticia que se difundió de la quiebra de un banco y, efectivamente, sus clientes, inducidos por el miedo a perder su dinero, lo quebraron al retirar sus ahorros. Retomaba el teorema de Thomas que dice: “cuando una situación se define como real, es real en sus consecuencias”. De esta manera, al definirse hoy que la Caja del Seguro Social está en quiebra, aunque sea mentira, bajo ciertas circunstancias, diría Merton, puede llegar a convertirse en verdad. Precisamente, esas condiciones se están dando desde el momento en que el Estado se ha venido resistiendo a saldar la deuda billonaria con la Caja y el ejecutivo dispara un discurso incendiario contra esta institución.
El discurso populista hoy, en el país más desigual y violento de los países miembros de la OCDE, anuncia quiebras y desplomes de la institucionalidad social con la clara intención de que se cumplan sus profecías y quiebre la Caja Costarricense del Seguro Social, las universidades públicas, el Instituto Costarricense de Electricidad, entre otras, y así como en cascada se derrumbe el Estado Social.
El estado tiene que rendirse de rodillas ante el mercado, la única institución sacrosanta que puede salvar a Costa Rica. Traslademos las funciones públicas a instituciones privadas y florecerá la Costa Rica del Siglo XXI pujante, moderna y productiva. Este es el contenido del discurso político-religioso de la nueva derecha neoliberal que se viste de pueblo, habla en lenguaje pachuco y asume porte del “Estado soy yo”.
Este tipo de profecías son parte de la ideología del miedo, que tan buenos dividendos le ha deparado a una clase política cuyo norte ha sido destruir los logros alcanzados por la clase trabajadora en sus luchas sociales históricas, que desembocaron en la gran reforma de los años 1940 por el derecho al trabajo digno, la salud y la seguridad social.
Efectivamente, el arma del miedo se ha mostrado muy eficaz para minar las bases mismas del Estado Social de Derecho, cerrarle las puertas al diálogo ciudadano y conducir al país hacia una profundización de la polarización y el conflicto social. Más allá de la violencia criminal y delincuencial en alzada, se ha venido abonando el terreno para propiciar los antagonismos entre los diversos actores sociales y políticos. La convivencia democrática está siendo socavada por parte de un liderazgo político que ha perdido la mesura y la sabiduría para conjuntar a la ciudadanía, precisamente, cuando se agudizan los problemas de mayor calado, como los son la pobreza, la desigualdad y la inseguridad.
Si los problemas han alcanzado niveles críticos y desmesurados, más allá de este tipo de profecías populistas que solo distraen y postergan la búsqueda de verdaderas soluciones a esos álgidos problemas, deberíamos abocarnos a conjuntar a todos los sectores sociales, empresariales y políticos para crear una plataforma ciudadana que impulse acciones y medidas urgentes para sacar a flote la barca de la patria.
Padre del Solidarismo en Costa Rica, en su 75 aniversario
Una reseña de la vida de don Alberto, sus ideas iniciales y la trascendencia para el país, presentándolo como un vivo ejemplo de un ser humano, dedicado a lograr el bienestar de los demás, es el libro presentado al país el lunes 27 de marzo de 2023 en las instalaciones de la UNA.
El Master Francisco González Alvarado, Rector de la UNA, hace entrega del libro al Lic. Federico Martèn Sancho, hijo de Don Alberto Martèn Chavarrìa, creador del Solidarismo Costarricense.
En un emotivo evento donde participaron familiares de Don Alberto Martén, académicos, estudiantes, autoridades universitarias y solidaristas, se presentó el libro: “Alberto Martén Chavarría, Padre del Movimiento Solidarista, 75 Aniversario de Solidarismo en Costa Rica”.
En el marco del 75 aniversario de la fundación del Solidarismo en Costa Rica, se ha escrito el libro “Alberto Martèn Chavarría, Padre del Movimiento Solidarista, 75 Aniversario de Solidarismo en Costa Rica”, a cargo de: la Catedra Solidarista Alberto Martén Chavarría de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional, el Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional, la Academia Solidarista Alberto Martén Chavarría y la Asociación Solidarista de Funcionarios de la Universidad Nacional-ASOUNA, con el apoyo y compromiso de la Asociación Solidarista de Empleados del Instituto Tecnológico de Costa Rica-ASETEC, la Red de Asociaciones Solidaristas de las Universidades Públicas y el Editorial Progreso.
En la mesa principal estuvieron presentes las siguientes autoridades: Francisco González Alvarado, Rector de la Universidad Nacional, Ángel Ortega Ortega, Director de la Escuela de Planificación y Promoción Social-EPPS-UNA, Álvaro Villalobos-Presidente de la Academia Solidarista Alberto Martén Chavarría, Adrián Zamora-Presidente de la Asociación Solidarista de Funcionarios de la Universidad Nacional-ASOUNA, Carolina Martèn Loria, Integrante del Consejo Editorial y nieta de Don Alberto Marten, Efraín Cavallini Acuña, Coordinador de la Catedra Solidarista Alberto Martén Chavarría de la EPPS-UNA.
La Master Sylvia Arredondo Guevara, moderadora y coautora del libro, señaló que el 2022 las Asociaciones Solidaristas del país celebraron 75 años, de un movimiento que inició el licenciado Alberto Martén Chavarría, un 15 de setiembre de 1947, en donde planteó las primeras ideas de su Plan de Ahorro y Capitalización, conocido posteriormente como “Plan Martén”, que en sus palabras se trataba de un sistema de ahorro y educación, en procura de formar personas cultas y a la vez solventes: “La Catedra Solidarista Alberto Martèn Chavarría y la Academia Solidarista Alberto Martèn Chavarría, en alianza con otras entidades, asumieron el reto de producir esta edición intelectual y han considerado muy oportuno poner a disposición del público este libro, a modo de compendio o extracto, que contiene algunos escritos y conceptos básicos muy valiosos, cuya propiedad intelectual recae en el señor Alberto Martén Chavarría, de esta manera, dar a conocer parte de su pensamiento, en un contexto nacional complejo como el actual, que requiere de diversos enfoques y visiones para la toma de decisiones en el campo social y económico”.
El Master Francisco González Alvarado, Rector de la Universidad Nacional de Costa Rica-UNA, expresó su reconocimiento a los colectivos solidaristas que han tratado llevar la practica con dignidad el ejercicio del solidarismo costarricense a lo largo de 75 años de existencia: “ En la presente Obra encontramos las explicaciones sobre el desarrollo que ha tenido este movimiento de la economía social nacido en Costa Rica, en la cual se puntualiza la doctrina, los hechos, así como las nuevas ideas propuestas que avizoraban el crecimiento del solidarismo costarricense”.
El jerarca de la UNA añadió, que se rescata en esta producción intelectual, la forma como expuso y llevó a la practica el señor Alberto Marten, el modelo del solidarismo a partir de 1947, desde el cual siempre buscó la paz, la armonía, la cooperación, la estabilidad entre patronos y trabajadores, que genere beneficios justos para ambas partes y con ello, propiciar la asociación etico-econòmico de las empresas y organizaciones.
“Este trabajo intelectual permite sistematizar el pensamiento y las propuestas conceptuales del fundador del solidarismo costarricense, que adquieren gran utilidad en momentos de crisis que se vive en el país y en el mundo”, manifestó el Rector de la UNA.
Por su parte el Dr. Ángel Ortega Ortega, Director de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional, comentó que ante el deterioro de las condiciones laborales del sector trabajador del país y la pasividad de estos; la Economía Social Solidaria, representa una alternativa a considerar, entendiendo a esta, como a todas aquellas formas de organización que pretenden la eficiencia económica, pero también la justicia social, pregonada mediante el reparto equitativo de los beneficios económicos generados: “La Economía Social Costarricense está conformada por diferentes organizaciones, como las empresas comunales, las cooperativas y las Asociaciones Solidaristas, las cuales desde su origen, se enfocan a fortalecer la educación, la cultura y la solidaridad económica”.
Para Ortega, las deudas más grandes pendientes de la Sociedad Costarricense, es precisamente la desigualdad en el reparto de los beneficios económicos, una condición de pobreza que afecta a cerca de 1.5 millones de costarricenses, pero, además, si consideramos los últimos lineamientos de política económica y social, en donde se ataca considerablemente a la institucionalidad pública, la educación, la salud, la cultura, la seguridad, entre otros.
Las Asociaciones Solidaristas, son organizaciones sociales que forman parte de la economía social costarricense, se enfocan a satisfacer necesidades y expectativas de trabajadores asociadas y sus familias: “Hoy, reconocemos en don Alberto Martèn sus aportes en:
La fundación del Movimiento Solidarista (plan de ahorro y capitalización)
Como integrante de la Comisión Ejecutiva del Movimiento Nacional de Defensa Civil en 1948.
Fundador de la Oficina de Coordinación Económica de Costa Rica.
Por su propuesta a la Junta Fundadora de la Segunda República, para la nacionalización de los depósitos bancarios, finalizando con el Decreto de Nacionalización Bancaria.
Por representar a Costa Rica en la constitución de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros aportes.
Pero nuestro mayor reconocimiento es por haber creado el Movimiento Solidarista, que no cabe duda, representa una oportunidad de crecimiento para trabajadores y es en ese marco, que hoy se presenta la presente obra”, concluyó Ortega.
Para el Master Álvaro Villalobos Garro, presidente de la Academia Solidarista Alberto Marten Chavarría, este libro sirve como preámbulo de lo que se espera sea la presentación de la producción intelectual denominada: “Proyección del Pensamiento y Obras Selectas de Alberto Martén Chavarría”. Esta próxima publicación es sin duda, el evento de mayor significado para nuestra organización, pues implicó un proceso lento, riguroso y sistemático de identificación, revisión, selección, digitación y edición del material documental, que conllevó más de diez años de investigación para lograrlo, iniciado en CEDES ASOUNA EDUCA como proyecto de la Asociación Solidarista de Funcionarios de la Universidad Nacional-ASOUNA y retomado por la Academia Solidarista Alberto Martèn Chavarría, la Cátedra Solidarista Alberto Martèn Chavarría de la Escuela de Planificación y Promoción Social, la Rectoría UNA y la Editorial de la UNA-EUNA.
Entre las obras selectas de don Alberto Martén podemos mencionar la “Teoría Metafísica del dinero” que publica en 1951 a los 42 años, planteando la desmaterialización del dinero en lo que hoy conocemos como las tarjetas o el dinero plástico y, a los 67 años en 1977, redacta para la Asamblea Legislativa de Costa Rica, un Capítulo de Garantías Económicas de rango constitucional y un Código Económico, que de haberse aprobado, Costa Rica habría sido el primer país en proponer un ingreso para toda la población con incidencia directa en la pobreza, contribuyendo de esa forma de manera significativa a fortalecer el Estado Social y Democrático de Derecho Costarricense. Esta última referencia se discute en el mundo y en Costa Rica bajo el término de renta básica universal: “Estos 75 años el Solidarismo Costarricense ha alcanzado niveles de desarrollo muy importantes como cobertura del 23,1% de la población asalariada del país, equivalente a 355.380 personas afiliadas a 1428 asociaciones solidaristas, así como un cúmulo de recursos que supera el 10% del Producto Interno Bruto”.
El Master Álvaro Villalobos Garro, hace entrega de un libro, al Master Guido Alberto Monge Fernández, Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación Movimiento Solidarista de Costa Rica.
Villalobos, señaló que Don Alberto Martén Chavarría a sus 95 años, planteó en 2004 una de las principales críticas relacionada con la distorsión del modelo solidarista, que se observaba en las asociaciones solidaristas: “No pierdan de vista el origen filosófico, doctrinario del Solidarismo y no se dejen llevar por el aspecto financiero o de negocios. Las dos cosas deben llevarse juntas, cada una en colaboración de la otra”. Sin duda, este hecho representa uno de los principales retos internos del Solidarismo Costarricense contemporáneo y que está asociado directamente a la escasa o ausente formación y educación solidarista, comentó el presidente de la Academia Solidarista Alberto Martén Chavarría.
El master Adrián Zamora Ugalde, presidente de la Asociación Solidarista de Funcionarios de la Universidad Nacional-ASOUNA, se refirió al trasfondo de estas valiosas enseñanzas, de las bases de la doctrina Solidarista, que sustentan los esfuerzos conjuntos, que muchas personas costarricenses realizamos para contribuir con el bienestar social colectivo.
Zamora puntualizó, en que las interdependencias de la existencia trascienden lo contemporáneo, abarcando e ineludiblemente uniendo pasado, presente y futuro en la creación de un patrimonio en constante enriquecimiento. Dentro de esa construcción, la sociedad evoluciona hacia complejidades cada vez mayores a medida que aumentan las interdependencias y se combinan los imperativos de interacción y acción conjunta: “Es interesante como esta concepción de interrelación e interdependencia está probablemente basado en el Holismo Aristotélico, doctrina de la que se deriva que el “todo es mayor que la suma de sus partes”, considerando la globalidad, con propiedades de sinergia.
Es por esto, por lo que en la mente de Don Alberto Martén; nace el Solidarismo como un movimiento social de carácter laboral, como resultado de la voluntad entre patronos y trabajadores y, con sustento en los principios filosóficos de la solidaridad humana. Nada de lo que pueden lograr hoy las Asociaciones Solidaristas es posible si las partes no se juntan, si no trabajan por el colectivo, pero cuando esto sucede la magia emerge”.
“¿Dónde puedo encontrar a un hombre como este, hoy? Pues acá lo tienen, lo pueden conocer a través de este libro que hoy publicamos y de las obras completas que estarán por conocerse muy pronto. ¡Porque las Ideas NO mueren!”, expresó el presidente de ASOUNA.
La señora Carolina Martén Loría, integrante del Consejo Editorial de este libro y nieta de Don Alberto Marten Chavarría, puntualizó que el mundo y nosotros estamos en constante cambio y evolución, el solidarismo no es la excepción, por eso se debe reflexionar de que Costa Rica ha cambiado y no es la Costa Rica de 1947, cuando don Alberto Marten comenzó con el solidarismo. La esencia del solidarismo se basa en la persona, es un movimiento humanista que rescata el valor del ser humano: “El solidarismo le devuelve la ilusión al trabajador asalariado y la capacidad de llegar mas allá, le ayuda al trabajador con los sistemas de ahorro para poder tener la posibilidad de tener algo propio”.
La nieta de Don Alberto Martèn expresó su emoción por llevar adelante los proyectos de recopilación de las obras completas y de la historia de la vida de Don Alberto: “Debemos de actualizarnos y reflexionar que el mundo de hoy es muy diferente a cuando Don Alberto planteó el Solidarismo en 1947. El solidarismo se basa en la persona, es un movimiento humanista, y nunca debemos olvidarlo. El solidarismo le devuelve a la persona trabajadora la ilusión y la capacidad de soñar más allá de un salario y poder construir algo más”.
En cuanto al contenido del libro presentado en esta actividad, el Master Efraín Cavallini Acuña, académico y coordinador de la Cátedra Solidarista Alberto Martèn Chavarría de EPPS-UNA dijo, que aante esa situación convulsa que vivía el país en los años 40, surge la figura de don Alberto Martén Chavarría, quien tuvo la idea de: “Trabajar por la armonía y cooperación de patronos y trabajadores dentro de un espíritu de solidaridad, para lograr el aumento de la producción y su equitativo reparto dentro de las normas de eficiencia económica y justicia social”.
Para Cavallini, este libro busca servir para ilustrar a los solidaristas y costarricenses, sobre las bases fundamentales en que se sustentan las ideas del solidarismo costarricense: “Estamos en un momento crucial en que debemos despertar a nuestros jóvenes, para que asuman su papel de liderazgo y poder enfrentar los verdaderos enemigos, empezando por el número uno: el desconocimiento”.
El coordinador de la Cátedra Solidarista, agregó que los autores consideran oportuno, a propósito de este 75 aniversario del Solidarismo Costarricense, poner a disposición del país el libro, a modo de compendio o extracto, que contiene algunos escritos y conceptos básicos relevantes, cuya propiedad intelectual recae en el señor Alberto Martén Chavarría, de esta manera, dar a conocer parte de su pensamiento, en un contexto nacional complejo como el actual, que requiere de diversos enfoques y visiones para la toma de decisiones en el campo social y económico.
Como resumen general el señor Cavallini citó algunos temas incluidos en el libro:
CAPITULO I
“SEMBLANZA DE UN COSTARRICENSE EJEMPLAR”
Es un repaso cronológico acerca de la vida ejemplar de don Alberto Martén Chavarría, su experiencia y formación a temprana edad en Europa y en diferentes disciplinas.
La creación de su mayor obra como lo es el Solidarismo en Costa Rica y el papel relevante que cumplió en su paso por la función pública, al formar parte de la Junta Fundadora de la Segunda República.
Se menciona la publicación de infinidad de artículos y libros en los que externaba sus ideas, pero, sobre todo, se muestra la disposición de don Alberto por seguir contribuyendo con el país.
CAPITULO II
“ORIGENES DEL SOLIDARSMO, EL TERCER SISTEMA FRENTE A OTROS SISTEMAS Y EL SURGIMIENTO DE UN MOVIMIENTO SOCIAL OBRERO-PATRONAL”
Don Alberto cuenta con detalles, los orígenes del Solidarismo en Costa Rica y el ambiente que vivía Costa Rica en ese momento.
Realiza una clara e ilustrativa exposición sobre los sistemas Capitalista y Socialista, sus orígenes, sus debilidades y la razón por la cual, ambos sistemas contribuyeron al surgimiento de un tercer sistema: El Solidarista.
CAPITULO III
“LA BASE DE SUS IDEAS INCIALES Y LA EVOLUCION DE ESTAS, CON LA TEORIA DE LA CAPITALIZACION UNIVERSAL: BUSCANDO TRASCENDER HACIA EL RESTO DE LA SOCIEDAD”
Por sus ideas en 1947, don Alberto logró contar con el apoyo de empresarios, banqueros y trabajadores, sostenidos en el máximo valor: la solidaridad humana.
Todo el concepto de la Solidaridad económica, llevado al plano empresarial en función de la sociedad.
Propuso solucionar el problema de la injustica social, instaurando el concepto moral de la empresa.
Se podría asegurar que los problemas empezarían a desaparecer para dar paso a una nueva época de armonía y cooperación.
En este capítulo se evidencia como Martèn promueve de manera permanente, un Sistema de Garantías para el país, donde lo social y lo económico deberían estar al mismo nivel, destacando el Ahorro Solidarista, como uno de sus principales pilares de sus ideas, destacó que “no hay que olvidar que el ahorro es un medio, no un fin.
CAPITULO IV
“EL MODELO SIGLO XXI DEL SOLIDARISMO COSTARRICENSE, EN BUSCA DE LA GRANDEZA HUMANA Y LA OPOSICION EXISTENTE, QUE ETIQUETA DE ENTIDADES FINANCIERAS A LAS ASOCIACIONES SOLIDARISTAS”
Este capítulo inicia con el que podríamos considerar, el último llamado a los solidaristas, para regresar a las raíces que dieron origen a este movimiento social, obrero-patronal y reorientar el rumbo que actualmente llevan.
El capítulo termina con dos temas antagónicos, por una parte, se enfatiza la visión de don Alberto para “Trabajar por la armonía y cooperación de patronos y trabajadores dentro de un espíritu de solidaridad, para lograr el aumento de la producción y su equitativo reparto dentro de las normas de eficiencia económica y justicia social”, partiendo de la vocación social que es la naturaleza de las Asociaciones Solidaristas, que promueve la cultura del ahorro.
El emprendedurismo, la formación de un patrimonio (fundamentalmente de su futura cesantía), para disponerlo sin tenerlo comprometido en el momento de retiro, que evite el sobreendeudamiento de consumo, que procure un país de propietarios y no de proletarios, que comprometa la disponibilidad de recursos durante el año en la atención de necesidades de la población asociada mediante ayudas y beneficios socioeconómicos en contrapeso de lo que pueda sobrar como excedente, y en general, al presentar una oferta de productos y servicios en las mejores condiciones posibles de mercado, superando algunos calificativos de “cajas de ahorro y préstamo”, lo cual va en la dirección de las ideas iniciales.
En contraposición, a lo anterior, se señala que en los últimos años a nivel de instituciones del Estado, existe la equivocada calificación de las Asociaciones Solidaristas como sinónimo de entidades financieras, calificación que ha traído como consecuencia, la aplicación de impuestos que no les corresponde, pero quizás lo más grave, es afirmarle a los solidaristas que su orientación es meramente mercantil, lo cual desvirtúa en gran medida las ideas iniciales que promulgó don Alberto y fomenta una visión puramente mercantil en los dirigentes y miembros de las Asociaciones Solidaristas, lo que terminaría por ratificar la etiqueta de “entidades financieras” con la que se les ha querido etiquetar.
CAPITULO V
“ORGANIZACIONES SOLIDARISTAS EN LA ACTUALIDAD Y UNA RESEÑA SOBRE LEYES, DECRETOS Y EVENTOS AFINES”
Este capítulo muestra la evolución del Sector Solidarista y su relación con el medio, pero también permite actualizar al Sector, sobre la identificación y conocimiento sobre la existencia de las organizaciones solidaristas que operan en la actualidad, esclareciendo dudas e inquietudes acerca de la verdadera representación dentro del Sector según su conformación, identificando de esta manera a las organizaciones: de primer grado: las Asociaciones Solidaristas, de segundo grado: las federaciones y de tercer grado: las confederaciones, destacando la libertad que existe para que cada Asociación Solidarista actúe de forma independiente.
Se expone la existencia de organizaciones que brindan apoyo al Sector Solidarista, cuyo objetivo no es la representación, ya que son de bien social, como lo son: la Fundación Martén para el Desarrollo del Solidarismo, la Asociación Academia Solidarista Alberto Martén Chavarría, la Cátedra Solidarista Alberto Martén Chavarría, creada por la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional.
Se reseña sobre Leyes, Decretos y Eventos afines. Se detalla en este apartado, sobre el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Asociaciones Solidaristas-Expediente: No. 22980 presentado a la Asamblea Legislativa.Entre otras iniciativas, se expone la Reforma (Artículo 117) de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (N°7558, del 27 de noviembre de 1995), para eximir al solidarismo de la fiscalización de la Superintendencia y las potestades de control monetario del Banco Central y hacer efectiva la devolución a las asociaciones solidaristas de los recursos transferidos por concepto de reservas.
CAPITULO VI
“HOMENAJES, RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES RELEVANTES A DON ALBERTO Y EL POR QUE LA HUMANIDAD ESTA DE LUTO, PORQUE UN SABIO HA PARTIDO; HASTA SIEMPRE DON ALBERTO”
Se anotan una serie de homenajes, reconocimientos y distinciones relevantes que don Alberto Martén Chavarría recibió a lo largo de su vida, destacando los realizados en los últimos años y aquellos posteriores a su partida.
Como conclusión se apela a la unidad del Sector, para enfrentar los retos que vive actualmente, empezando por clarificar y ubicar sobre conceptos fundamentales que permitan la participación y representación del sector, ante las organizaciones que lo integran, especialmente las Asociaciones Solidaristasy sus asociados.
En este acto se presentó una actividad cultural que permitió presenciar y disfrutar el estreno mundial de dos obras del compositor costarricense Mario Alfagüell.
En primer lugar, las dos hermanas, Elaine y Sandy Chang Lee, estudiantes de piano de la Fundación-ÁCUA para el Aprendizaje y la Cultura Artística, compartieron a 4 manos la pieza concertante dedicada a ellas, quienes han sido premiadas recientemente en el Concurso Internacional de Conciertos de América Proteg en Carnegie Hall-New Yord. Mario Alfagüell convierte sus nombres en notas musicales y a partir de estas, construye toda la composición. Utiliza recursos innovadores de la música contemporánea como repetición/contraste, ambigüedad rítmica y libertad melódica.
Como segunda participación artística, se presentó la obra escrita para esta ocasión: una original: “Canción sin canto”.
La obra está inspirada en el texto: “La dirección correcta” de Don Alberto Martén Chavarría, síntesis del ingente aporte del solidarismo, declamado por el joven Ennio Hayes Castillo, el cual se entrelaza y dialoga con los sonidos del violín y la guitarra, a cargo de Debora Zapata y David Angulo. Los tres intérpretes son estudiantes Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística- CIDEA, de la Universidad Nacional, tanto de la Escuela de Música como de Arte Escénico.
Los coautores de este Libro: Sylvia Arredondo Guevara, Daniel Cavallini Espinoza, Oscar Chavarría Torres, Efraín Mejía Vindas, Ángel Ortega Ortega, Álvaro Villalobos Garro y Adrián Zamora Ugalde, coinciden en que el libro, más que recopilar las ideas iniciales del Solidarismo en Costa Rica, anécdotas, datos históricos, es una guía que sirve, no solo para constituir o fortalecer las Asociaciones Solidaristas, sino para dar una dirección hacia dónde debería orientar su vida cada solidarista, cada ciudadano: la dirección correcta…
El Consejo Editorial del libro estuvo integrado por: Oscar Aguilar Bulgarelli, Carolina Martén Loría, Nidra Rosabal Vitoria, Juan Rafael Espinoza Esquivel. El Diseño Gráfico estuvo a cargo de la estudiante María Paula Espinoza Rojas de la Escuela de Arte y Comunicación Visual de la Universidad Nacional.
Los responsables de esta producción académica, expresan su agradecimiento al apoyo del Departamento de Publicaciones e Impresiones de la Universidad Nacional, a la Asociación Solidarista del TEC- ASETEC y al Departamento de Publicaciones del Tecnológico de Costa Rica.
El Lic. Efraín Mejía Vindas, coautor de este libro y quien viene coordinando la edición de contenido de las Obras Selectas de Alberto Marten, indicó que previo acuerdo con el Consejo Editorial de la Universidad Nacional- EUNA (UNA-COEUNA-ACUE-135-2021 del 29 de setiembre de 2021), en el mes de setiembre de 2023, se estará presentando al país, la producción intelectual intitulada: “Proyección del Pensamiento y las Obras Selectas de Alberto Martén Chavarría”, que es el producto de un arduo de trabajo de académicos, profesionales e instituciones solidaristas y académicas, que vienen trabajando desde hace varios años: “Este libro que hoy damos a conocer, es un preámbulo o introducción de lo que serán las Obras Selectas de Alberto Martèn, que serán presentadas al país en el marco del 76 aniversario del Solidarismo Costarricense”.
Transmisión en VIVO- Presentación Libro Alberto Martén Chavarría-Padre del Solidarismo Costarricense:
https://www.youtube.com/watch?v=fkeQ28OMcx4
Descargar el libro completo:
Libro: Alberto Martén Chavarría, Padre del Solidarismo Costarricense.
Dr. Carlos Araya Leandro, Profesor Catedrático Miembro del Consejo Universitario, UCR
El día 12 de abril fue declarado, institucionalmente, como Día de la Autonomía Universitaria, con motivo de la transgresión a la autonomía consagrada en la Constitución Política que sufrió la Universidad de Costa Rica (UCR) en ese mismo día en 2010. Recordemos que en aquella oportunidad, ante un supuesto delito atribuido a un funcionario de esta institución, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por orden del Ministerio Público, desplegó un operativo técnico-pericial en el campus de la Sede Rodrigo Facio para, en principio, recabar pruebas incriminatorias.
Lamentablemente, este ingreso al campus universitario constituyó un allanamiento ilegal y propició un abuso de autoridad con “[…] decenas de agentes armados del OIJ y de la Fuerza Pública, que ingresaron en la Universidad aún después de haberse cumplido con la detención y el retiro del sospechoso del campus”, según lo señala el acuerdo de Consejo Universitario en sesión extraordinaria número 5435 del 14 de abril de 2010. Lo grave de ese evento no fue el fondo de la acción penal, es decir, la persecución del aparente delito, que en un estado democrático y de derecho, como el nuestro, compete al Ministerio Público en todo el territorio nacional, sino la forma en cómo dicha acción fue llevada a cabo. En primer lugar, la acción se dio irrespetando los mecanismos ordinarios de coordinación para ese tipo de situaciones; en segundo lugar, todo sucedió en ejercicio desproporcionado e infundado del uso de la fuerza contra miembros de la Comunidad Universitaria.
El 12 de setiembre de 2018, la Fuerza Pública intervino contra un grupo de personas que se manifestaba contra la aprobación del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Entonces, oficiales de la Fuerza Pública ingresaron en el campus universitario, en persecución del grupo que protestaba, con el lamentable saldo de un estudiante herido.
Si bien, afortunadamente, no han acaecido otros hechos similares, lo cierto es que sí han predominado decisiones de políticas públicas que han perpetuado un acecho constante hacia las Universidades Públicas. Así, por ejemplo, leyes emitidas en los últimos años como la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas o la Ley Marco de Empleo Público, o bien, proyectos de Ley como el que pretende regular el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y la intención de reformar el artículo 85 de la Constitución Política de la República, expediente legislativo 20 852, archivado en 2020, han pretendido desconocer y, peor aún, socavar la autonomía constitucional de la que gozan las Universidades Públicas. Todo ello, se ha dado bajo la excusa de aplicar una serie de medidas de tipo presupuestario a un vasto sector público, sin detenerse a reflexionar de forma pausada y seria si, con ello, se violenta el Estado Social de Derecho y, por lo tanto, el orden constitucional que garantizan las libertades y promueven un desarrollo equitativo.
Ante estas agresiones solapadas, camufladas por las vías formales, no queda otra opción más que acudir, con sabiduría, al texto constitucional e insistir en su defensa. Allí es en donde la independencia o la autonomía de las Universidades Públicas hallan su punto de anclaje y de salvaguarda superiores.
A la luz de la Constitución Política, es claro que el Constituyente reconoció una extensa e importante autonomía a la Universidad Pública para protegerla de las injerencias del poder político; dicha autonomía es administrativa (funcional, formal y material), de gobierno, político-organizativa, presupuestaria (financiación estatal y hacienda propia) y contractual. En particular, se sobreentiende que la autonomía se trata de una garantía institucional diseñada para permitir una actividad con una misión en el largo plazo; es decir, no se limita a periodos político- electorales, donde los gobiernos nacionales se turnan por periodos efímeros.
Para que una nación próspera como la nuestra mantenga su senda de progreso, es vital una Universidad robusta, refugio del pensamiento libre, que además cuente con recursos suficientes. Gracias a la Universidad Pública, la ciudadanía costarricense cuenta con una autoridad intelectual que se expresa con una voz que no se somete a la voluntad del poder, sino que responde a los valores superiores que trascienden la dominación y los proyectos de moda.
La celebración del Día de la Autonomía Universitaria es un extraordinario momento para reiterar que, como comunidad universitaria y como institución de cultura superior, debemos levantarnos en defensa de la autonomía universitaria.
Para cumplir con este deber, es necesario que concibamos la esencia constitucional real del orden que nos ampara; es decir, comprender cuál es la función y el fin que nos delegó el Constituyente y así mejor defender la autonomía y posicionarla en el contexto nacional. Así, no basta con florecer en autonomía, antes debemos sembrar, irrigar, abonar, pero, sobre todo, proteger lo que se nos ha confiado la sociedad costarricense.
