Etiqueta: venta de activos del Estado

Ventas de activos es un mal negocio para el Estado

Escrito en 18/08/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Welmer Ramos González

Los activos del Estado valen por su rentabilidad y por la función social que cumplen. De los tres anunciados el Banco de Costa Rica (BCR) y el Instituto Nacional de Seguros (INS) son altamente rentables y estratégicos socialmente. La rentabilidad de ambos rompe récord en estos últimos años y son los agentes que imprimen competencia a mercados sumamente concentrados y colisionados. El Banco Internacional de Costa Rica S.A. (BICSA) es harina de otro costal y no juega ninguna función estratégica.

El Banco de Costa Rica estratégico para darle competencia al sector financiero está concentrado en extremo y que de seguirse concentrando se torna nefasto para el accionar del resto de la economía.
La venta de BCR y el INS sería un duro golpe para: Consejo Nacional de Préstamos (CONAPE), Sistema Banca para el Desarrollo (SBD), Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Regímenes de Pensiones, el sistema cooperativo, y la misma tributación que recoge el 30% de las ganancias.

Las utilidades de los bancos se reparten así:

CONAPE: 5%

Comisión Nacional de Emergencias: 3%

SBD: 5%

Infocoop: 10%

Impuesto de renta: 30%

Régimen de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS): 15%

3. Son los bancos del Estado los que funcionan con los márgenes de intermediación más bajos del sistema bancario. Sin ellos los costos de los intereses y los demás servicios financieros serían aún más altos en Costa Rica.

4. Ante una deuda del Gobierno Central de US$40.000 millones, al vender los activos más rentables en US$1,8 millones no se amortigua mayor cosa, pero se pierden instrumentos de desarrollo medulares.

5. La función de los bancos Estatales es estratégica para darle apoyo a la producción, la banca privada es una banca de préstamos personales y de tarjetas.

6. Las utilidades de los bancos estatales en solo el primer semestre del 2022 sumaron más de ¢80.000 millones.

7. Juanito Mora, Alfredo Gonzàlez Flores y Don Pepe Figueres dieron luchas por tener bancos estatales fuertes para defender a los ciudadanos, pymes y empresas de los abusos de la banca privada y esto sería un gran retroceso.

8. Son los bancos del Estado los que tienen bancarizada a Costa Rica entera: en cada caserío hay un cajero, una agencia o un servicio de un banco del Estado, no así de la banca privada.

9. Más bien necesitamos robustecer más a los bancos del Estado en vez de debilitarlos.

10. Por otra parte, el INS es sumamente rentable y estratégico también para atender con competencia y eficiencia el mercado de los seguros en Costa Rica. Nos urge como sociedad implementar los seguros agropecuarios generalizados para proteger a nuestros productores de los cambios ambientales fortuitos debidos al cambio climático.

Desde luego que esos activos tienen muchos novios privados, pero los necesitamos que sean de todos y todas para bien del desarrollo.

Compartido con SURCOS por Deyanira Sequeira.

Costa Rica no necesita ningún acuerdo con el FMI

Escrito en 12/10/2020. Publicado en Análisis, Coyuntura.

Manuel Delgado

A mí me llama mucho la atención que ninguno de los partidos con representación parlamentaria, con la sola excepción del Partido Integración Nacional, lo haya dicho así. Todos dicen: “Bueno, tengamos cuidado con eso, hagamos tal cosa, propongamos tales cambios, no aceptamos tales o cuales propuestas”, pero nadie ha dicho: “No al acuerdo”. La llamada clase política, incluido el Frente Amplio, da por sentado de hay que llegar a un acuerdo con ese organismo, cuya presencia, piensan, es tan natural como ver salir el sol por el este cada mañana.

Veamos. Estamos pidiéndole al FMI un crédito por 1.750 millones de dólares, pero el Banco Central, que es del Estado, que es de los costarricenses, tiene una reserva monetaria de 8.000 millones de dólares. La fórmula es muy simple: el Poder Ejecutivo, a través de su Ministerio de Hacienda, emite bonos por una cantidad de dinero, digamos 2.000 millones de dólares, y el Banco Central se los compra al gobierno baratos, digamos al 2%, que es el precio a que están colocados.

Con ese dinero que ya tenemos no hace falta que venga el Fondo aquí. El gobierno podría hacer, por ejemplo, una recompra de deuda que es uno de los rubros que más pesan desde el punto de vista fiscal. Nosotros tenemos una deuda gigantesca cuyos acreedores son en algunos casos organizaciones sociales (por ejemplo, los fondos de pensiones), pero sobre todo el acreedor es la enorme plutocracia, los grandes ricos que se hacen más que millonarios año con año cobrándole al Estado intereses muy altos por su deuda, por esos bonos, que tienen los intereses altos y además son muy seguros.

Por supuesto que esta propuesta no es aceptada por UCCAEP, cuyos miembros reciben millones como acreedores, ni tampoco el presidente del Banco Central. Dicen que esa medida es peligrosísima y pone al país al borde de una inflación galopante. Pero eso no es cierto.

Las reservas actuales, esos 8.000 millones de dólares, equivalen a un 16% del PIB. Pero el país ha tenido recientemente reservas menores: 2.300 millones 14% del PIB) en el 2007; 3.700 millones (=10% del PIB) en el 2010; 4.600 millones (=11% del PIB), en el 2012. Las reservas eran menores y el país no se hundió en el desamparo.

Lo que ocurre es que el déficit es una excusa para amarrar con el FMI un acuerdo que nos obligue a cosas que todavía no confiesan: vender los bienes del estado, reducir derechos laborales, acabar con el estado de seguridad social. Ya lo hicieron con el TLC, que fue excusa para lograr lo que no pudieron antes por la protesta popular, que fue “abrir los monopolios” (es decir, privatizar, al menos en parte) de las telecomunicaciones, la electricidad, los seguros.

Segundo: ¿Por qué no es deseable ese acuerdo con el FMI? El Fondo Monetario Internacional no es una entidad financiera. Ese es un nombre equivocado que le damos. No se hizo para financiar, se hizo para intervenir, se hizo para imponer a los países fórmulas de tipo económico y de tipo fiscal y de tipo social. Si yo quiero comprar una casa, yo voy al Banco Nacional, le doy todos mis atestados y el Banco los estudia. Si califico, me dan el préstamo para comprar mi casa y punto. Pero el Banco Nacional no me dice de qué color tengo que pintar las paredes, ni de qué marca tienen que ser los electrodomésticos que compre, ni en qué lugar tengo que poner la cama. En cambio, el Fondo Monetario Internacional nos dice todo eso, nos exige; es un instrumento no para financiar sino para obligar al país para doblegar su soberanía y obligarnos a cambios estructurales en materia económica y social, y los que están planteando ahora son sencillamente catastróficos.

Volveré con el tema.

Llamado del ecologismo costarricense: Justicia tributaria para salir de la crisis

Escrito en 08/10/2020. Publicado en Análisis, Coyuntura.

FECON, 7 de octubre del 2020.

Frente a la crisis general del país, la activación de un amplio movimiento ciudadano ha comenzado y las principales demandas comunes exigen medidas de justicia tributaria, y declaran el rechazo al endeudamiento público compulsivo que plantea el Gobierno de Costa Rica para seguir protegiendo las cuentas de los grandes capitalistas y evasores, quienes quieren incluso apropiarse de los activos del Estado aprovechando la situación, para seguir lucrando en plena crisis.

Es urgente generar alternativas que puedan sustituir el sistema actual fallido, donde las corporaciones son libres y los pueblos trabajadores cargan el peso de la economía. Necesitamos cambiar de sistema, –un nuevo modelo de justicia ambiental, social y económica— e impulsar la construcción del poder popular para fortalecer la autodeterminación y soberanía de los pueblos en todos los aspectos, desde los asuntos de la vida nacional hasta lo local.

Por esto, ante la movilización social fuerte y justa que se lleva adelante en el país, proponemos:

1) Sumar fuerzas desde las organizaciones ecologistas, ambientales, sociales, locales y comunitarias, al lado del amplio movimiento popular que se ha levantado en todas las regiones del país para enviar el mensaje de rechazo a la falsa solución de más endeudamiento que el Gobierno de Costa Rica ha propuesto ante la crisis que atraviesa el país.

2) Luchar hasta que se retire definitivamente la propuesta inviable de negociar un préstamo multimillonario con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que cargaría una vez más a las clases populares y trabajadoras con los costos de este nuevo chantaje, orquestado por las élites del país con el favor de un Gobierno incapaz de confrontar el fraude fiscal y presto a proteger sus intereses. Nos oponemos a la venta de activos públicos y como solución económica exigimos medidas serias contra la evasión, elusión, el contrabando y las fugas de capitales en nuestro país.

3) Exigir que la situación económica del país sea solventada con la aprobación de medidas de justicia tributaria en la Asamblea Legislativa. Urge una Ley de Emergencia Fiscal Progresiva y Solidaria. Además, que se reviertan las reformas neoliberales que han precarizado las condiciones de trabajo y de vida de la clase trabajadora, al desmantelarse sus derechos.

4) Demandar justicia tributaria, eliminándose privilegios fiscales de los sectores exportadores e importadores, quienes han gozado de amnistías y exenciones de impuestos a pesar de sus enormes ganancias de capital antes y durante la pandemia, incluso escondiendo sistemáticamente sus riquezas en paraísos fiscales. Se deben calcular tasas de pago por Impuesto al Valor Agregado (IVA) y recalcular la renta de sus inmuebles, por el alto impacto social y ambiental que sus actividades tienen sobre los territorios.

5) Es tiempo de suspender el pago de la deuda externa y sus intereses para recuperar la economía. Sostenemos que Costa Rica debe aspirar a una condonación total de la deuda junto con los países de América Latina, ante la asfixia de pagar anualmente más de un 5% del PIB sólo en intereses de una deuda ilegítima sobrecargada en los pueblos, que se acerca ya al 80% del PIB.

6) Las soluciones económicas que requiere el país, deben ir acompañadas de un cambio profundo del modelo. Éste debe ser impulsado y construido por los múltiples sectores de la vida nacional en un diálogo con legitimidad, para encontrar salidas a sus afectaciones particulares con alternativas ambientalmente sustentables, en contraposición a los diálogos fraudulentos y estériles que ha impulsado el Gobierno para mantener protegida su ruta hacia el endeudamiento con el FMI.

7) La reactivación económica es necesaria y debe basarse en la seguridad y soberanía alimentaria, apoyando las prácticas ecológicas y sustentables, en la tierra y en el mar. Es indispensable orientar la economía hacia la satisfacción de las necesidades más esenciales para todas las personas por igual: techo, trabajo, alimento y agua pura en cantidad y calidad suficiente. El crecimiento económico en desigualdad afecta la salud y bienestar de los pueblos.

8 Es imprescindible implementar una reforma agraria integral. Redistribuir las tierras para combatir la concentración, favoreciendo la economía de familias campesinas y la producción local. La concentración de la tierra genera injusticias y desigualdades económicas. Es prioritario además que el Estado ponga fin a la usurpación de los territorios indígenas, garantizando la autodeterminación de sus pueblos. También se debe poner fin a los sistemas de derechos de propiedad intelectual que privatizan las semillas.

9- La economía del país deberá recuperarse respetando los ciclos de la naturaleza y abandonando el paradigma de la explotación ilimitada y destructiva de recursos. El pueblo debe poner fin al control de la política pública por parte de las transnacionales y rechazar en conjunto sus propuestas de aprobar proyectos extractivistas como la minería, petróleo y el gas natural, que no son alternativas viables en nuestro país.

Ciudadano presidente Carlos Alvarado la hora de la verdad ha llegado

Escrito en 07/10/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. José Solano Alpízar

Ciudadano presidente Carlos Alvarado, el papa Francisco nos recuerda en su última encíclica Fratelli Tuttis (hermanos todos) que el dogma neoliberal no va más. Ya no hay más espacio para la desigualdad, pues como bien señala el papa, no es cierto que bastaba con la libertad de mercado para asegurarnos que todo estaba bien.

Usted debe comprender con sensatez y humildad que la barca que empujan personajes empresariales como Oscar Arias, Rodolfo Jiménez Borbón, André Garnier aglutinados en Horizonte Positivo o Alianza Empresarial para el Desarrollo, así como políticos y comunicadores, que por sus actuaciones parecieran estar al servicio del gran empresariado como Otto Guevara, Eli Feinzaig, Juan Carlos Hidalgo, Carlos Ricardo Benavides, Pedro Muñoz, Pilar Cisneros, Ignacio Santos, Vilma Ibarra, Daniel Suchar NO VA MÁS.

Usted tiene la posibilidad de cambiar la historia del país y su propia historia, pues hoy usted es vilipendiado por favorecer los intereses del gran empresariado en detrimento de la clase trabajadora costarricense. Si usted no quiere que el pueblo costarricense lo señale con el dedo como el artífice de la destrucción de la democracia costarricense, comprenda que el pueblo llano, la Costa Rica profunda es la que ha estado en las calles, no son los intelectuales, ni los jóvenes universitarios, ni siquiera los sindicalistas, son personas que han vivido en carne propia el deterioro de su condición de vida, la destrucción solapada de instituciones públicas como el ICE o la CCSS y ahora una propuesta fiscal, aún más regresiva y virulenta que el combo fiscal que ustedes y los diputados del PLN, el PUSC, Nueva República y el PAC nos recetaron apenas hace un par de años.

Ciudadano presidente Carlos Alvarado, las costarricenses y los costarricenses queremos un presidente que nos represente, que gobierne a todos por parejo y no solo para la UCCAEP y sus socios económicos. No queremos más leyes a la medida para los eternos ganadores, no más amnistías fiscales, no más evasión fiscal.

Vox populi vox Dei. Voz del pueblo, voz de Dios. Usted tiene la palabra, conviértase en el líder que no ha sido, saque fuerza de su interior y asuma su responsabilidad con gallardía, pero sobre todo con honor y prudencia. Déjese de verdades a medias, de poses y de acciones truculentas, pues este pueblo está cansado de discursos vacíos y de emboscadas a media noche.

Convoque realmente al diseño de una propuesta elaborada y suscrita por los diferentes sectores, no una propuesta elaborada por la UCCAEP para ser discutida por los sectores sociales y políticos a los que usted ha marginado de la discusión política y económica de los grandes problemas nacionales. Lidere la construcción de una nueva propuesta, más inclusiva, más equitativa, más justa. Guarde la idea de un préstamo con el FMI, no negocie con esta espada de Damocles sobre el cuello del pueblo, no se encierre con un tigre sin darle espacios para salir, la historia da cuenta de la supina estupidez de muchos gobernantes que no lograron comprender esta sencilla lección.

Las costarricenses y los costarricenses queremos saber porque no es viable utilizar el 20% de los fondos de las reservas del Banco Central (8 mil millones de dólares), ofrezcan de manera sensata argumentos de los pros y los contras de hacer un auto préstamo. Muchos estudiosos de la economía le han dicho que es viable, usted se opone sólo por terquedad o porque hay intereses ocultos detrás de la idea de un préstamo con el FMI, pues al igual que en tiempos de Rodrigo Carazo el gran empresariado quería comprar empresas rentables del estado, haciéndolas parecer claro está, como empresas que daban pérdidas.

Una vez valorado este escenario olvídese de la venta de activos del estado como BICSA o FANAL y sí realmente hubiese que venderlas, denos un informe transparente del comportamiento económico de estas instituciones durante la última década, donde se diga que han venido funcionando con pérdidas, de lo contrario déjese de majaderías de la derecha empresarial glotona que quiere engullir todo aquello que nos ha costado como pueblo.

Señor presidente usted quiere que hablemos de reforma del estado, de acuerdo, revisemos el estado costarricense y la maraña de instituciones, sin duda requerimos de una reingeniería, ah, pero ojo, con perspectiva social, no solo econométrica, y si, solo ahí, refundiremos instituciones que hacen duplicado su trabajo. Revisemos el gasto público, reordenemos la casa. Todos y todas las costarricenses estamos de acuerdo con que hay que tomar medidas, pero una cosa es ponernos de acuerdo todos y buscar puntos de equilibrio y otra cosa es que los grandes empresarios que lo asesoran nos lo digan como santa palabra.

Usted recomienda una reforma laboral, pues bien siéntese a hablar en esa mesa de construcción ciudadana de una nueva propuesta y revise cada punto, recuerde que diferentes instancias le han hecho observaciones significativas a la propuesta de ley, y eso no se puede obviar so pena de violentar la realidad y los derechos garantizados en la Constitución Política.

No siga hablando de impuestos regresivos que afectan a los sectores que llevan sobre sus espaldas los costos de la crisis, recuerde que el gran empresariado ha evadido, ha sido amnistiado y ha declarado cero ganancias por décadas, entonces a la hora de hablar de equilibrar la cosa piense que lo que debe ser bueno para el ganso lo sea también para la gansa o vamos a seguir concediendo privilegios fiscales a los que tienen ganancias millonarias y vamos a seguir castigando a los que pagan sus impuestos y cumplen con todas las obligaciones que establece el orden normativo costarricense.

En este apartado debo mencionarle la urgencia de realizar una reestructuración del Ministerio de Hacienda, es urgente la creación de un equipo de alto nivel que trabaje en un modelo de recolección de impuestos, a fin de que ese 5% del P.I.B que se nos va en evasión fiscal sea recolectado efectiva y eficientemente.

Ciudadano presidente Carlos Alvarado, la cuestión no es muy complicada. Usted decide, tiene al 95% de la población costarricense esperando una propuesta equilibrada y equitativa por un lado, y por el otro, a su grupo asesor que no representa más del 5% de la población, queriendo seguir con sus privilegios fiscales a costa de pauperizar a la clase trabajadora.

Finalmente permítame recordarle una propuesta que le comenté en la reunión que sostuvimos algunos académicos con usted meses previos a su elección como presidente, en esa ocasión le propuse a usted sin saber el monto estratosférico que pagaba el estado costarricense por concepto de alquileres, por qué no utilizaba la propiedad que el estado le había comprado a los dueños del INBIOParque y solicitaba un préstamo para construir ahí la Ciudad de la Administración, donde se ubicaría al menos 5 ministerios, y el propio dinero que se pagaba por concepto de alquiler se utilizaría para pagar el préstamo.

Usted sabe quiénes son las pocas familias que desangran al pueblo costarricense cobrando alquileres leoninos, ya nosotros lo sabemos y tenemos claro, aproveche la coyuntura, salgase del saco de sus amigos de la UCCAEP y desarrolle este proyecto, póngale una placa con su nombre, eso no me interesa, pero decídase a hacerlo. Así es como hacemos patria.

Negociar primero con los acreedores, después con el FMI

Escrito en 30/09/2020. Publicado en Análisis, Coyuntura.

Gilberto Lopes
Sep 2020

Reducir el gasto público, vender empresas del Estado y aumentar los impuestos: básicamente, son las tres recetas que el gobierno sugiere para negociar un préstamo con el FMI.

Quisiéramos sugerir que las dos primeras podrían ser desastrosas y la tercera debería ser revisada, entre otras cosas para eliminar exoneraciones a sectores como las zonas francas y normas que permiten a grandes empresas ocultar sus ganancias y no pagar nada al fisco.

Un estudio de la OCDE sobre la economía de Costa Rica (siempre lleno de generalidades y sesgos ideológicos), de junio pasado, señala que, como resultado de la pandemia el Producto Interno Bruto (PIB) podría reducirse un 22% este año: el turismo ha colapsado; la tasa de desempleo está aumentando; alrededor de 7100 empresas, que emplean a más del 8% de todos los trabajadores, han solicitado ser incluidas en el régimen temporal de trabajo que les permite reducir las horas de trabajo y los salarios. El estudio reconoce también que la demanda interna se debilitará, ya que las medidas para controlar la pandemia impactan el consumo y la inversión.

Reducir el gasto público

En ese contexto, ¿qué sentido tiene reducir el gasto público?

Como los efectos de la Covid 19 en la economía mundial (y en la nuestra también) durará un tiempo largo, difícil aun de precisar, es necesario que los gastos reflejen nuestras prioridades para hacer frente a este desafío.

La crisis de la Covid 19 y la recesión ofrece una oportunidad única para repensar el papel del Estado, tanto sobre sus relaciones con las empresas privadas como con los empleados públicos y con las personas a las que ofrece todo tipo de servicios.

La vieja creencia de que el gobierno es una carga para la economía de mercado ha perdido toda credibilidad, señalaron recientemente dos economistas destacados, Mariana Mazzucato y Antonio Andreoni. La reciente revelación de cómo los dineros de la CCSS se destinaron a financiar La Nación son una muestra contundente de cómo el sector privado depende del público.

Si no se compensa con dinero efectivo a empresas, trabajadores autónomos y asalariados, mientras no tengan ingresos, la economía irá directamente a la catástrofe; se dispararán la pobreza y todo tipo de problemas sociales, dijo el economista español Juan Torres. Se refería a la situación de su país (por cierto mucho más endeudado que el nuestro), pero no hay razón para pensar que la recomendación no se aplica también aquí. Pero nos quieren convencer de lo contrario.

Los salarios del sector público son casi un 50% más altos que los del sector privado en Costa Rica, como lo reconoce la OCDE. Parecería sensato, en las actuales circunstancias, pensar que es indispensable mejorar las condiciones de trabajo en el sector privado. Pero no es así.

El pasado 28 de septiembre un economista costarricense publicaba en La República un artículo en el que señalaba, en tono crítico, que los “Salarios de empleados público son el doble de alto que en empresas privadas”. Reconoce también que si bien el salario promedio del sector público cae un 6,2% con respecto a marzo, como consecuencia de la pandemia, los privados caen un 9%, mientras los del gobierno central aumentan un 1,7%.

Dejemos por ahora de lado observaciones sobre el estudio de ese economista, naturalmente sesgado en cifras y conclusiones. Para el autor, de lo que se trata (también lo propone la OCDE) es de promover de forma urgente una “verdadera ley de empleo público que ordene el sistema salarial del sector, pasando a todos los funcionarios a un esquema de salario único para acabar con la perversidad de los pluses o incentivos salariales».

Es evidente la conveniencia de ordenar al régimen salarial del sector público que, con el tiempo, fue generando distorsiones entre las diversas instituciones. Pero la idea de esa “ley de empleo público”, tal como planteada, es llevar el sector al nivel del sector privado. En opinión de la ministra de Planificación y Coordinadora del Equipo Económico, Pilar Garrido, un sistema de salario único “permitiría al Estado un ahorro de 243 mil millones de colones al año”.

¿Tiene sentido esto? ¿El Estado ahorra 243 mil millones de colones a costa de los costarricenses, propuesta hecha cuando lo que hace falta es garantizar ingresos suficientes a todos e inyectar recursos a la economía para evitar que colapse? Ese “ahorro” es dinero que Garrido propone sacar del bolsillo de los costarricenses, probablemente para pagar intereses de la deuda o –quien sabe– financiar proyectos “público-privados” cuyo costo para el Estado y para los costarricenses termina siendo desmesurado.

Esa visión miope y mezquina está detrás de todo el paquete económico propuesto por el gobierno. Quieren reducir el sector público, Pretenden cobrar impuesto al aguinaldo, acabar indefinidamente con los reajustes cuando la deuda supere el 50% del PIB. Una condición que la OCDE sueña con que la incorporemos a nuestra Constitución y que se hará eterna –como lo saben bien quienes hicieron una norma– pues difícilmente el país logrará rebajar su deuda a ese nivel en un tiempo previsible. Para tener una idea de lo que esa meta representa vale recordar que a finales de 2019, la deuda pública en la OCDE representaba 72,6% del Producto Interno Bruto (PIB) de los países miembros.

Consideraciones todas que nos llevan a la conclusión de que el gasto público debe incrementarse y mejorarse.

Vender empresas del Estado

También ha propuesto el gobierno vender empresas públicas.

El nuevo presidente de la Unión de Cámaras (UCCAEP), Álvaro Jenckins, empresario de la caña con empresas en zonas francas, –también miembro del grupo empresarial Horizonte Positivo, que hoy le habla al oído al presidente Alvarado–, no solo defiende el modelo sino que tiene interés en comprar Fanal, que el gobierno quiere privatizar.

En reciente entrevista Jenckins recordó los primeros contactos con Alvarado, cuando este era funcionario del IMAS en el gobierno de Luis Guillermo Solís y se creó Horizonte Positivo.

Calculan el precio de venta de Fanal en doce mil millones de colones; pero la empresa aporta once mil millones a las arcas del Estado por año. Cosa similar ocurre con Bicsa, la otra empresa que quieren privatizar, con el argumento de que, con esos recursos, se reducirá la deuda pública.

Hace 30 años –dijo Ottón Solís, economista y fundador del PAC– “se demostró que la opción del efímero y falso heroísmo ante una aguda crisis fiscal, sólo conduce a convertir en inevitables reformas estructurales”, en larga nota en la que defiende las iniciativas del gobierno.

Pero lo cierto es que, en estas materias, no hay nada “inevitable”. Lo ocurrido hace 40 años (no 30), en el gobierno de Rodrigo Carazo, no tuvo nada de “falso heroísmo”. Como tampoco la crisis fue resultado inevitable de los esfuerzos hechos entonces por el gobierno para enfrentar el déficit fiscal y los compromisos de la deuda sin afectar los servicios públicos, como los de salud y educación.

Que las políticas de Carazo no fueron la causa de la crisis lo demuestra la situación del país hoy donde, 40 años después y de una continuada aplicación de políticas contrarias, estamos frente a los mismos (o peores) desafíos que los de entonces.

Hoy se conoce bien los intereses que estaban detrás de los esfuerzos por ahogar las políticas del gobierno de Carazo. Se trataba de iniciar un proceso de ajuste estructural, de asalto al sector público y de privatizaciones, particularmente el del sector bancario, que se inició entonces con recursos de la AID norteamericana.

No se trató de generosas concesiones de los Estados Unidos, en el escenario de su lucha contra el gobierno sandinista en Nicaragua, como sugiere Solís. Se trató de una política despiadada, con recursos de la AID que significaron una severa carga para el país –obligado a recibirlos y depositarlos en una cuenta del Banco Central; pagar intereses de 21% por ese dinero, que el Banco Central se obligaba a prestar a prácticamente nulos intereses para comprar productos norteamericanos. Además de préstamos por cerca de 200 millones de dólares para crear una banca privada, contribuyendo a desarmar las bases del Estado Social en Costa Rica y avanzar en las privatizaciones, comenzando por el sector bancario.

Desde entonces no han cesado en esa lucha, fundamento de toda política neoliberal, de la concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad, que está en la base de la crisis política y económica que la Covid 19 solo contribuyó a desnudar y acelerar.

Tal como en los 80, cuando los intereses más conservadores se aprovecharon de la crisis para adelantar sus intereses, el modelo se repite ahora, en este nuevo escenario.

Vendiendo empresas públicas para pagar deudas, a la larga solo tendremos cada vez menos recursos y más deudas, como ha ocurrido en estos 40 años. El desafío es desarrollar empresas para ganar dinero y, además, pagar deudas. Pero parece eso demasiado pedir para políticos de visión corta y empresarios de ambiciones desmedidas.

Aumentar impuestos

Aumentar impuestos: ¡sí, claro! Pero revisemos los hechos.

La reciente reforma fiscal condonó multas e intereses a empresas como la Standard Fruit Company, Durman Esquivel, Veinsa, Florida, Café El Rey por 194 mil millones de colones, gracias a la amnistía tributaria incluida en la reforma fiscal del año pasado.

Según Procomer, 375 empresas de zona franca tuvieron exoneraciones de impuestos estimadas en 953 millones de dólares, o sea, 575.612 millones de colones al tipo de cambio del 31 diciembre 2018, casi un 55% de los 1.750 millones de dólares que el gobierno quiere negociar con el FMI.

Entre las exoneraciones es particularmente incomprensible las que disfrutan, por ejemplo, los casinos y las empresas de apuestas electrónicas que mueven $4 mil millones de dólares al año. O empresas piñeras y bananeras, que exportan al costo a Panamá y, por lo tanto, no pagan impuesto. Luego reexportan desde Panamá, donde tampoco pagan, porque no son productos producidos allá.

Volvamos al documento de la OCDE, que sugiere “comenzar a gravar los ingresos de las cooperativas, que siguen estando exentas a pesar de que algunas de estas disfrutan de condiciones monopólicas en mercados clave y se benefician de la protección comercial”. Y agregan: “También debe darse prioridad a la eliminación de exenciones fiscales que benefician a los hogares de altos ingresos”. Para la OCDE esto incluye gravar el aguinaldo, “que actualmente está exento del impuesto sobre la renta”, pero no dice ni una palabra sobre las zonas francas.

Una reforma a la ley el año pasado le permitió a las empresas de zona franca vender en el mercado interno, algo que les estaba prohibido. Esto les ha dado una condición privilegiada en el mercado nacional, pero ha facilitado también a empresas instaladas fuera de zona franca crear mecanismos para ocultar ganancias y no pagar impuestos.

El mecanismo lo explicó el economista Daniel Vartanian: una empresa que está instalada en Costa Rica le compra –a precios particularmente elevados– servicios a una empresa de su mismo grupo inscrita en zona franca. Servicios como administración de personal, contratación de artistas y realización de grandes conciertos; display en las góndolas (en el caso de un supermercado), entre muchos otros.

El resultado es que la empresa que está en el mercado local no tiene ganancias y, por lo tanto, no tributa. La que esta en zona franca tampoco tributa porque las de zona franca están exentas. Walmart, o Credomatic, son empresas que operan con mecanismos de este tipo.

No deja se ser particularmente irritante que empresarios de zonas francas, hoy instalados en puestos clave del gobierno, argumenten que francas no se les puede cobrar impuestos porque se irían del país, argumento que –como es obvio– no se sustenta, conociendo ese vínculo entre las del mercado interno y las de zona franca.

En el caso de las zonas francas se agrega otra medida, también del todo inconveniente. Se trata de la reciente exoneración de los impuestos a bienes inmuebles que antes pagaban.

“Lo más paradójico es que hace dos meses exoneraron a las zonas francas del pago del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles, que siempre habían pagado. Mientras a las empresas más grandes se les quita el pago, ahora quieren triplicárselo a la gente. Esta situación es insostenible”, expresó el alcalde de Montes de Oca, Marcel Soler.

El documento de la OCDE al que hemos hecho reiteradas referencias afirma también que, según la experiencia de Colombia, “reducir las contribuciones a la seguridad social puede ayudar a reducir la informalidad”.

Dice también que “trasladar gradualmente carga impositiva desde las contribuciones a la seguridad social hacia el impuesto a la propiedad ayudaría a reducir la informalidad y la desigualdad”. Una falacia, en el fondo y en la forma, un argumento para el que el documento no aporta evidencia alguna.

Un lenguaje avieso para proponer lo que he llamado la “economía mágica”. Una economía sin sustento en los hechos, ideología pura que apenas esconde una voracidad perversa. Argumentos todos que ilustran bien la naturaleza de las decisiones sobre estas materias y hacia qué lado inclinan la balanza las propuestas del gobierno.

Negociar primero con los acreedores

El tema de la deuda pública es extenso y complejo. Se han multiplicado los análisis que desnudan los intereses que se esconden detrás de las diversas propuestas del largo documento donde el gobierno expone sus propuestas al FMI.

Los intereses que el país paga por su deuda llegaron a más del 4% del PIB a fines de 2019. De modo que es conveniente renegociarla, teniendo en cuenta la necesidad de aumentar el gasto público, como consecuencia de la Covid 19.

Pero, además de lo que propone el gobierno, no hay en el documento ninguna propuesta de renegociar la deuda –como hizo ya en dos ocasiones, por ejemplo, con mucho éxito, el gobierno argentino– reduciendo montos, mejorando plazos y tasas de interés. El gobierno de Alvarado no ha propuesto nada de eso, un aspecto indispensable en cualquier iniciativa seria de renegociación de la deuda.

Gran parte de la deuda pública de Costa Rica –al contrario de la de otros países– está en manos de acreedores nacionales. Como lo indica el gráfico de la OCDE, a fines de julio casi 78% de la deuda era interna y cerca de 22%, externa. Hay que negociar primero con los tenedores de esa deuda, antes de acudir al FMI, donde se debe llegar con un escenario más claro y menos demandante, si se logra una renegociación favorable.

El gobierno, además de no haber hecho ninguna propuesta de renegociación a los acreedores, tampoco ha hecho referencia alguna a otras diversas propuestas, como las de utilizar las reservas del Banco Central para hacer frente a los mayores gastos provocados por la pandemia que, como lo han demostrado economistas y banqueros nacionales, podrían hacer inclusive innecesario cualquier negociación con el FMI.

Queda en evidencia así que no se trata del problema de la deuda, ni del gasto público, sino de una nueva ofensiva para ordenar el país de acuerdo a un modelo que no solo no va a permitir reducir la deuda, sino que va a agravar las disparidades sociales que se han acentuado en los últimos 40 años, caldo de cultivo para la miseria insultante que la Covid 19 dejó en evidencia en todo el país.

Una alternativa política

Ante esta realidad –y esta es mi propuesta– habiendo surgido innumerables voces que, bien informadas, sugieren caminos más razonables y justos, sería oportuno que se reuniesen y, agrupados detrás de estas sugerencias, la transformen en el programa de un conjunto de personas dispuestas a conformar una importante fracción parlamentaria en las próximas elecciones, en un esfuerzo no solo por detener y revertir estas políticas conservadoras, sino también por recuperar un indispensable nivel político en una Asamblea Legislativa que hoy, con contadas excepciones, da vergüenza.