El pasado 26 de febrero el inicio de un incendio acabó con el rancho del pueblo ubicado en Matambú, el cual representaba la identidad de los indígenas de la región Chorotega, en cuanto se trata de una de las tradiciones más emblemáticas en dicha zona, la cual era la construcción de estos ranchos.
Además, la creación de dicho rancho también tenía el propósito de ser un lugar donde se mostrara parte de la cultura de los indígenas a los visitantes y así ayudar a la comunidad. El origen del incendio aún se desconoce, sin embargo la denuncia ya fue interpuesta al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) .
Información recopilada de la nota elaborada por Cesar Arroyo publicada en el periódico La Voz de Guanacaste.
El pasado viernes 11 de marzo, indígenas y defensores de derechos humanos se reunieron con el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Walter Espinoza Espinoza, para solicitar acceso real a la justicia, ante los hechos de extrema violencia de los últimos meses y la gran cantidad de casos acumulados de intentos de asesinato, agresiones, amenazas de muerte y muchas otras denuncias que sufren cotidianamente, los pueblos originarios del país.
En la reunión demandaron el compromiso para que se inicien nuevas investigaciones, y que las pendientes o en curso indicadas, sean realizadas con absoluta imparcialidad, diligencia y libres de racismo y cualquier otra discriminación por parte del OIJ. Esto debido a que muchas causas no han sido recibidas por funcionarios de OIJ y otras han sido archivadas casi de oficio, lo que evidencia, en algunos casos, el racismo y discriminación con el que son atendidas las personas de Pueblos Originarios, cuando realizan diligencias ante distintas instancias judiciales, incluido el OIJ; por lo cual el director dijo que esa situación “no es aceptable y se va a trabajar sobre eso”.
En otro de los puntos solicitados, el director del OIJ informó que acaba de ser elaborado un protocolo para investigaciones del Organismo Judicial para establecer un manual de procedimientos culturalmente apropiado para la atención de casos en los cuales estén involucrados Pueblos Originarios, el cual ahora debe ser consultado con los Pueblos Originarios.
Sobre la solicitud de establecer los canales de comunicación adecuados, ágiles y oportunos entre las partes, el director del OIJ se comprometió, desde hoy lunes en adelante, que, a todas las denuncias interpuestas ante esta instancia por personas de los pueblos Originarios, se les daría una copia física para respaldarla.
Finalmente, el OIJ aseguró que dará respuesta al documento presentado en el plazo establecido por la ley y ofrecerá todos los contactos y mecanismos necesarios para mejorar la comunicación entre el OIJ y los Pueblos indígenas.
En la reunión se solicitó un informe pormenorizado del actuar del OIJ en al menos 22 causas y expedientes que se ventilan en los Tribunales de Matina, Pérez Zeledón, Buenos Aires de Puntarenas y en San José.
Destaca el caso del de tentativa de Homicidio contra el dirigente cabécar Leonel García Segura y por la misma causa del dirigente Bribri Mainor Ortiz que fue archivada con solicitud de desestimación en el 2013.
Otro de los hechos donde se piden mayor explicación, son los ataques del 7 de marzo 2020 y 25 de feb 2022, donde turbas atacaron a personas recuperadoras del Pueblo Cabécar de China Kichá, agrediendo físicamente a varios, amenazando de muerte a otros, quemando casas y fincas. En esta misma comunidad se realizó la detención arbitraria del cabécar Carlos Antonio Zúñiga Ríos por agentes del OIJ el pasado 25 de marzo de 2021.
En la reunión se hizo especial énfasis en el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, al acercarnos al tercer aniversario de estos hechos aún impunes, como los casos entre 2020 y 2021 de varios líderes y lideresas de Pueblos Originarios de la zona sur que han recibido amenazas de muerte, como es el caso de Efraín Fernández Zúñiga, Doris Ríos Ríos, Clarita Quiel Torres, Minor Ortiz Delgado, Pablo Sibas Sibas y otras personas indígenas, que a pesar de las denuncias públicas y judiciales, éstas no han sido resueltas satisfactoriamente por el Poder Judicial.
– Territorio Cabécar de Bajo Chirripo.
– Concejo Ditsö Iriria Ajkönul Wakpa de Salitre.
– Consejo Iriria Sat Kök deYamabï Dí (Cabagra).
– Recuperadoras/es Cabécar de Kono Jú.
– Recuperadoras/es Cabécar de Yuwi Senaglo.
– Recuperadoras/es Cabécar de Sekero Kaska.
– Recuperadoras de Saka Duwë Senaglo.
– Recuperadoras/es Cabécar de Kelpego.
– Recuperadoras/es Naso Brörán de Crun Shurin.
– Recuperadoras/es Naso Brörán de San Andrés.
– Consejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cäjc.
– Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur.
El próximo viernes 11 de marzo de 2022 el director del Organismo de Investigación Judicial recibirá a representantes de Bajo Chirripó, China Kichá y la Coordinadora de Lucha Sur Sur.
Comunicado de prensa
Representantes de China Kichá, Bajo Chirripó y Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) serán recibidos por el director del OIJ.
La reunión se realizará este viernes 11 de marzo a las 2:00pm de la tarde en el OIJ y a las 3:00 pm de la tarde las personas participantes darán declaraciones a los medios de comunicación interesados en las afueras del edificio
Desde finales del año pasado las comunidades originarias de nuestro país han venido sufriendo una escalada de violencia como incendios y agresiones sobre más de 13 personas en las últimas semanas en China Kichá. El intento de asesinato del dirigente Cabécar Leonel Segura en Bajo Chirripó y se suma a muchas otras agresiones en otros territorios y que viene de años atrás.
Sobre el caso de Leonel García el pasado 26 de enero se realizó una manifestación en los Tribunales de Justicia donde fue recibidos por el presidente de la Corte Fernando Cruz quien abrió este espacio con él director del Organismo de Investigación Judicial Walter Espinoza quien recibirá a tres representantes de las comunidades originarias más afectadas por la violencia en días recientes y organizaciones de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Los pueblos originarios han sufrido históricamente una violencia sistemática y constante, agresiones y violación a los derechos humanos, racismo institucional y mayor impunidad que han reproducido en asesinatos, amenazas de muerte y ataques físicos.
Los voceros de los Pueblos originarios expresarán sus preocupaciones y demandas ante el actuar negligente del OIJ y otras instancias judiciales en las sedes judiciales de Pérez Zeledón, Buenos Aires, Matina y Talamanca. Al mismo tiempo presentarán información sobre denuncias judiciales y públicas que requieren un actuar expedito y diligente por parte del OIJ y el Poder Judicial en su conjunto, esperando que en un plazo razonable el OIJ pueda dar un informe y respuestas a las demandas planteadas.
Esta reunión se realizará una semana antes de la conmemoración del asesinato por razones políticas de Sergio Rojas Ortiz, clan Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre, crimen que continúa impune.
Para 2020 desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur se registraron 86 actos de violencia contra personas indígenas que en la mayoría de los casos han quedado impunes. Mientras en el 2021 el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas (OCAC) del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR en su informe anual registraron 143 acciones colectivas como denuncias, pronunciamientos, marchas, asambleas, bloqueos y recuperaciones de territorio, entre otras; identificando la defensa de los derechos de los pueblos originarios como el mayor actor y causa de acciones de movilización social a nivel nacional.
¡Alto a la impunidad!
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
– Concejo Ditsö Iriria Ajkönul Wakpa de Salitre.
– Consejo Iriria Sat Kök deYabami Dí (Cabagra).
– Recuperadoras/es Cabécar de Kono Jú.
– Recuperadoras/es Cabécar de Yuwi Senaglo.
– Recuperadoras/es Cabécar de Sekero Kaska.
– Recuperadoras de Saka Duwë Senaglo.
– Recuperadoras/es Cabécar de Kelpego.
– Recuperadoras/es Naso Brörán de Crun Shurin.
– Recuperadoras/es Naso Brörán de San Andrés.
– Consejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cäjc.
– Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur.
Alrededor de la 1 p.m. del 27 de febrero, recuperadores y recuperadoras identificaron un nuevo incendio en la recuperación de Sa Ka Duwé Senaglö en el Territorio Cabécar de China Kichá.
El día de ayer, domingo 27 de febrero alrededor de la 1 p.m. personas recuperadoras identificaron un nuevo incendio en la recuperación de Sa Ka Duwé Senaglö. Al ser las 7 pm, alrededor de 12 hectáreas han sido afectadas por el incendio.
Hasta el momento no hay ningún sospechoso (a) de iniciar el fuego. Sin embargo, éste sucede en medio de la escalada de violencia que ha enfrentado el Pueblo Cabécar de China Kichá en lo que va del mes de febrero. Sólo este mes alrededor 7 incendios han sido identificados en el Territorio de China Kichá, así como violencia física contra las personas recuperadoras; último conato reportado fue el día de hoy por la mañana.
Insistimos en que el Territorio Cabécar de China Kichá atraviesa una escalada de violencia en lo que va del año, especialmente en el mes de febrero. Esta escalada ha dejado personas recuperadoras seriamente heridas por ataques físicos en su contra, además de las afectaciones por la quema de un número importante de hectáreas de los terrenos recuperados. Desde el 2020 la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) identificó a los incendios como un forma de hostigamiento y agresión en contra.
Exigimos al Estado que retire a las personas no indígenas y que no pertenecen al Pueblo Cabécar de nuestro Territorio. Esta es la única medida que garantizaría el disfrute de nuestros derechos como Pueblos indígenas.
Cuando reescribamos la historia de Costa Rica 3 fechas deben aparecer porque marcan cortes determinantes: 18 de marzo de 2019 por el asesinado Sergio Rojas Ortíz, 24 de febrero de 2020, por el asesinato de Jerhy Rivera Rivera y 30 de diciembre de 2021, porque ese día Leonel García casi pierde la vida en una descomunal agresión con machete. Si estos hombres pertenecen al pueblo Brorän, Bribri o Cabécar, pasa a un segundo plano. Lo que importa es que representan a todos los pueblos originarios de Costa Rica y muestran que las agresiones dirigidas contra esas personas y contra sus territorios no tienen límites. Importa también que esos nombres se suman a otros miles de ausentes de pueblos indígenas de todo el mundo que enfrentan y sufren hoy día la violencia vigente desde hace siglos.
Por Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera apareció Costa Rica en las listas de asesinatos registrados por la organización Global Witness de los años 2020 y 2021, y pesar del dolor para sus familias y sus pueblos originarios, tal registro ha servido para que el mundo se entere de que la defensa efectiva de la vida, de los derechos humanos y el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos originarios, son una farsa que se ha consolidado en Costa Rica. El mundo está comprendiendo por qué es que se puede afirmar que éste es un país con muchas manifestaciones racistas, pero en particular contra los pueblos originarios. Que es un país cuya institucionalidad no juzga los crímenes contra personas indígenas como crímenes de odio, de racismo y de etnocidio, y que incluso se niega a juzgarlos de la manera que sea. Pero que además, desconoce sus propias leyes y los Convenios internacionales que ha firmado, y no asegura la protección de la gente indígena aún cuando hay medidas y resoluciones de organismos internacionales que le ordenan hacerlo.
Esa debilidad del Estado se demuestra, por ejemplo, con el incumplimiento de Medida Cautelar (Resolución 16/15) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le indicaba al Gobierno de Costa Rica su deber de que “a) Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe y del pueblo indígena Bribri de Salitre…,… b) Concierte las medidas a implementarse con los beneficios y sus representantes; c) Informe las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar y así evitar su repetición”. Lo mismo ocurre con el Convenio 107 de la OIT (Ley No 2330) vigente desde el 9 de abril de 1959), “Relativo a la Protección e Integración de las Poblaciones Tribuales Indígenas y Semitribales en los Países Independientes”, aprobado por la Organización Internacional del Trabajo en el año 1957.
De muchísimas formas se le ha recordado al Estado costarricense la copiosa legislación existente con la cual se podrían hacer valer los derechos violentados de los pueblos originarios, sin que se logre su cumplimiento. Entre tanto, varios puntos son claros:
Las innumerables agresiones contra indígenas se agravaron desde el 2010 y sigue prevaleciendo la resistencia del sistema judicial para no resolver el expediente judicial 19-000178-0990-PE, de Sergio Rojas Ortiz. Esa evasiva incluye la petición de la Fiscalía de archivar el caso, lo cual no se logró por presión nacional e internacional.
En el caso de Jerhy Rivera Rivera, tampoco hay avances notables aunque hay al menos un acusado bien identificado y había suficientes testigos en el mismo sitio y hora del asesinato.
En el caso de Leonel García, ya señalamos el riesgo de que procese el caso como un atentado de violencia ordinario y el sinsentido de que él mismo esté acusado por su agresor.
Los asesinatos y la violencia contra esas personas de los pueblos originarios, lo mismo que las usurpaciones de sus tierras, no se deben juzgar como casos penales ordinarios o aplicando la legislación agraria y cualquier otra, pues se trata de situaciones originadas en el incumplimiento de derechos de propiedad que el mismo Estado otorgó.
Los asesinatos y agresiones contra personas indígenas como los que hemos señalado no son hechos aislados. Son parte de un patrón histórico de colonialismo que se ejecuta por medio de usurpaciones y violaciones de los derechos básicos de las personas y los pueblos indígenas.
La violencia es parte de la denigración que se vive desde la época colonial, y que se manifiesta en distintas formas de racismo, odio, vejaciones, desconocimiento y falta de equiparación de derechos humanos, sociales, económicos y culturales, para la gente de los pueblos originarios.
En esas condiciones, en general, la gente de los pueblos originarios, hasta llega a “aprender” a vivir con miedo e incertidumbre.
Sergio, Jerhy y Leonel se convirtieron en “peligrosos” porque desafiaron el colonialismo, el racismo, la falta de derechos, el desconocimiento de su condición de personas de pueblos originarios. Fueron un peligro cuando trataron de recuperar su territorio, su identidad, su organización social; cuando se rebelaron ante el control político impuesto, cuando desafiaron la aplicación discriminatoria de leyes en su contra y cuando pidieron que se cumplieran las leyes que les aseguraban sus derechos, empezando por el derecho a la tierra. Aunque la muerte de Sergio, y la de Jerhy que conmemoramos hoy 24 de febrero, son golpes dolorosos e indignantes, han servido para evidenciar y desenmascarar cuán lejos está el Estado de Costa Rica de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los pueblos originarios. Ése es uno de sus legados póstumos.
Katherine Ríos, recuperadora cabécar de Kono Jú desde 2019, fue atacada con piedras y patadas por integrantes de la familia Rivera.
Lunes 21 de febrero de 2022. El día 20 de febrero a las 5:30 p.m. Katherine Ríos se dirigía a Kono Jú a dejar unos víveres en una motocicleta con su cuñado, William Hernández. En el camino se encontró a Evelyn y Mariela Rivera quienes la increparon con insultos: «zorra», «hijueputa», etc. Luego cuando pasaron frente a la casa de la familia Rivera (que queda a unos pocos metros de la entrada de Kono Jú) le tiraron una piedra que por suerte no la impactó.
Minutos después, al terminar los pendientes en Kono Jú, Katherine y su cuñado se dirigían en motocicleta al centro del Territorio Cabécar de China Kichá. Justo en el momento de pasar frente a la casa de la familia Rivera, Katherine recibió el golpe de una piedra por lo que cayó de la motocicleta; cuando Katherine cayó al suelo, Karol, Jeylin y Darlyn Rivera le tiraron más piedras y la agredieron con patadas. William intentó detener el ataque pero fue golpeado con una piedra y fue mordido por Karol cuando éste intentó detener los golpes contra Katherine.
Katherine pudo huir con su cuñado, luego de recibir los golpes. En este momento se encuentra estable pero sí cuenta con varios moretones en su cuerpo. Katherine es una de las recuperadoras cabécares que recuperó Kono Jú, el primer terreno recuperado tras el asesinato del Uniwák Sergio Rojas Ortiz del Territorio Bribri de Salitre.
La familia Rivera ha sido denunciada pública y judicialmente en numerosas ocasiones. Es reconocida como uno de los actores más hostiles contra las personas recuperadoras cabécares de China Kichá y que también son afines a los intereses de los ocupantes ilegales no indígenas que se encuentran en el Territorio.
Demandamos a la familia Rivera que se abstenga de agredir a las y los compañeros recuperadores.
Exigimos, nuevamente, al Estado que garantice nuestra integridad física y vida. Además de que realice sus compromisos y expulse a los y las no indígenas del Territorio; de lo contrario la violencia seguirá en nuestra contra.
Recuperadoras y recuperadores cabécares de Kono Jú.
Desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), se comparte el video documental «El conflicto indígena en Costa Rica: Usurpación, asesinatos y corrupción» del colectivo NO PASA NADA. Gracias al apoyo por la lucha de los derechos de los Pueblos Originarios, así como la confianza y coordinación con la CLSS para la producción del material.
En el 2021 inició una investigación para intentar exponer, desde la perspectiva de algunos pueblos indígenas, la complicada situación que viven hoy ante la inacción del gobierno costarricense.
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
• Alrededor de las 9 a.m. personas recuperadoras cabécares divisaron un incendio en el terreno recuperado, Sá Ka Keirö Kaska. Dos horas más tarde fue identificado un nuevo incendio en la misma recuperación.
Jueves 03 de febrero de 2022. Al ser las 9 de la mañana, personas recuperadoras cabécares divisaron humo en una de las recuperaciones de tierra-territorio. Se trata del terreno nombrado como Sá Ka Keirö Kaska (tierra de mayores) en el Territorio Cabécar de China Kichá.
El fuego inició en las cercanías del río General de Térraba. En las inmediaciones del terreno no fue divisado ninguna persona sospechosa pero sí un perro que fue abandonado al momento de provocar el incendio. Al ser la 1 p.m. alrededor de 30 hectáreas han sido consumidas por el fuego y a pesar de que las y los recuperadores continúan trabajando por detener su avance, el fuego sigue su curso.
Posteriormente, a las 11 a.m. fue identificado un nuevo incendio en las inmediaciones de la quebrada Pita, justo en la colindancia con otra propiedad de Gilberth Fernández. En ese lugar, fue identificado un peón de Fernández. Al ser la 1 p.m. Se identifica que al menos 10 hectáreas han sido consumidas por este segundo incendio.
Sá Ka Keirö Kaska era un terreno que fue ocupado ilegalmente por Gilberth Fernández, dueño de la empresa de autobuses MUSOC- GAFESO. Kaska fue recuperada el 28 de enero del 2020 por el Pueblo Cabécar. Desde entonces el hostigamiento, amenaza y riesgo de las y los recuperadores por parte de peones de Fernández ha sido una constante. Pues, Kaska limita con un terreno propiedad del dueño de MUSOC-GAFESO (que se encuentra fuera del Territorio Cabécar).
Estos incendios impactan directamente en la pérdida de cultivos de las familias recuperadoras y afectan la flora y fauna que se ha venido recuperando gracias al cuido de las y los recuperadores.
En 2020 la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) denunció públicamente que los incendios provocados son una forma de hostigamiento en contra de los Pueblos Originarios que se encuentran recuperando sus Territorios ancestrales. Este flagelo también está dentro del: «Informe de agresiones y violaciones a los Derechos Humanos contra los Pueblos Originarios de la zona sur de Costa Rica; enero-diciembre 2020» y es una de las agresiones más recurrentes.
Demandamos al Estado que haga cumplir la ley Indígena de 1977, misma que reconoce que los únicos poseedores legales y ancestrales de estos Territorios somos los Pueblos Originarios.
También es responsabilidad del Estado proteger nuestra integridad física y vida.
¡Repudiamos esta agresión en nuestra contra!
¡Alto a la impunidad!
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
Recuperadoras (es) Cabécares de Sá Ka Keirö Kaska.
En los últimos años hemos sido testigos y testigas del nivel desproporcionado de violencia que sufren los pueblos indígenas y la amenaza a su modo de vida, la llamada ley indígena delimitó como territorios indígenas, muchas de las tierras donde los pueblos originarios resisten tratando de conservar su estilo de vida, sin embargo las transnacionales del monocultivo, y los grandes terratenientes ocupan hoy en día la mayor cantidad de este territorios (70%), esto a pesar de ir en contra de dicha ley, sin embargo desde 1977 hasta 2009 el estado nunca mostró interés en que esta ocupación violenta no solo se mantenía sino aumentaba, es por eso que los pueblos en 2009 se organizan y toman la asamblea legislativa para exigir que se les devuelvan sus tierras, sin embargo esto concluyó con desalojo por la fuerza contra las personas indígenas, lo que originó que la determinación de recuperar los terrenos usurpados desde de los territorios indígenas, con lo cual iniciaron los procesos de las recuperaciones del territorio indígena.
La violencia organizada y la complicidad del Estado Las recuperaciones del territorio indígena por parte de las comunidades, han tenido que enfrentar una serie hostilidades y agresiones contra las comunidades indígenas que buscan hacer cumplir su derecho a la tierra, las continuas amenazas por parte de los terratenientes y sus peones, sin olvidar trasnacionales del monocultivo que usurpan los territorios, las hostilidades han ido desde amenazas, hasta auténticas “cacerías” donde turbas de terratenientes y peones llegan a intimidar incluso con armas de fuego alas comunidades, todo esto ante presencia de la policía, sin que esta intervenga a desarmar o dispersar estos grupos de atacantes, y es así como la violencia ha llegado incluso a la quema de las casas de las personas indígenas, cabe resaltar el cobarde asesinato de Sergio Rojas a tiros en su casa en Salitre, después de haber sido preso político del estado, las agresiones de este tipo son bastante frecuentes, por lo que la Corte Interamericana ordeno en 2015 darle protección especial a los pueblos indígenas de Térraba y Salitre además devolver las tierras usurpadas sin embargo esto es algo que nunca paso del papel y la violencia contra los pueblos sigue en aumento, así estas “turbas” fueron también responsables de la muerte del activista indígena Jhery Rivera asesinado en su comunidad, con un arma de fuego por personas ajenas a la comunidad que llegaron en manada a intimidar y amenazar al pueblo de Térraba, sin embargo el estado continua con oídos sordos sobre esta problemática, y existen ya un numero muy grande de agresiones, amenazas e intentos de asesinato contra activistas indígenas que siguen siendo constantes, el ultimo perpetuado el 30 de diciembre de 2021 donde Leonel Garcia fue macheteado en todo su cuerpo (brazos, piernas, tronco cabeza) hecho que casi acaba con su vida y lo mantuvo hospitalizado 2 semanas en condición grave, el ataque fue perpetrado por un finquero no indígena de la zona, quien ya previamente lo había amenazado de muerte, ante todo este panorama de violencia y a pesar de los fallos de la corte interamericana de derechos humanos, el estado sigue sin responder, mostrando con su silencio la complicidad en contra de los pueblos indígenas.
Exigimos un alto a la violencia contra los pueblos indígenas
No daremos nuestro silencio ante estos ataques y queremos que las medidas de protección se cumplan de verdad y se extiendan a todos los territorios indígenas, también que el estado cumpla con lo históricamente adeudado y devuelva por fin las tierras de los territorios indígenas
Invitamos a las organizaciones autónomas, que luchan por la defensa de la tierra, de los pueblos originarios, de los derechos humanos, a quienes luchan por la libertad total, que desde sus individualidad o colectivos firman este comunicado para brindar su apoyo, y/o colaboren con la difusión de esta información, y que las personas se mantengan informadas sobre esta situación.
Firman:
-Frente de Resistencia Animal y de la Tierra -Feminismo Antiespecista -Rinconcito Animal
Furia Antiespecista -Acción Animal – Sembrando Libertad – Yo no voy al zoo
-Frente Ecologista Universitario (FECOÜ) -Hablemos de Derechos Humanos -Red Punto Violeta
-La Cadejos Comunicacion Feminista -GuanaRED Red de arte y gestión cultural comunitaria
-Handmaids Costa Rica -Debate Feminista Costa Rica -Bloque Nacional de Vivienda
-Colectivo Solidaridad con el pueblo de Honduras -Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) -Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)
-Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) -Sindicato Patriótico de la Educación (SINPAE)
Se le convoca a la Campaña Nacional contra la Impunidad en Costa Rica: no más impunidad a las agresiones dirigidas a pueblos indígenas que luchan por preservar sus tierras y cultura, mujeres y ecologistas.
Fecha: miércoles 26 de enero
Hora: 12:00 md
Lugar: Frente al Poder Judicial, San José Centro.
¡El poder judicial es una vergüenza! ¡Vamos a exigir justicia!
¡No más asesinos, violadores, ni agresores sueltos e impunes!
