Ir al contenido principal

Etiqueta: violencia contra los pueblos indígenas

Sistematización sobre casos de violencia contra pueblos indígenas que defienden sus territorios

Desde el CEAAL-Costa Rica en conjunto con el TCU-590 Defensa comunitaria del territorio: extractivismos, organización y conflictos Socioambientales del Programa Kioscos Socioambientales, compartimos una sistematización sobre casos de violencia contra pueblos indígenas que defienden sus territorios en el país, así como sus acciones de resistencia y de solidaridad que se han gestado entre el 2010-2022.

Con la sistematización de dicha información, se elaboró una base datos que se encuentra en la página web del Observatorio de Bienes Comunes del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP).

La base propone una búsqueda por categorías que permite a quien la indague, obtener información concreta sobre el tema de interés, según territorio, tipo de violencia, etnias y actores.

Por razones de recursos, este proceso de trabajo colaborativo culminó a finales del 2022.

Esperamos que lo construido sirva para abonar a la lucha de los territorios indígenas de nuestro país.

Agradecemos a los compañeros y a las compañeras de diferentes territorios que participaron en este proceso y a las y los estudiantes de la Universidad de Costa Rica que colaboraron de forma activa y comprometida en este trabajo.

Aumenta tensión en el territorio cabécar de China Kichá

COMUNICADO PÚBLICO

– Tres incidentes de seguridad fueron registrados entre el sábado y el día de hoy. Los responsables: integrantes de la familia Rivera; agresores ampliamente reconocidos por las personas recuperadoras y las autoridades policiales y de justicia.

– Fuerza Pública no se ha hecho presente en el lugar de los hechos.

Lunes 24 de julio de 2023. La tensión aumenta en el Territorio Cabécar de China Kichá, entre el fin de semana y el día de hoy fueron registrados 3 incidentes de seguridad, entre los que destacan amenazas de muerte contra el recuperador cabécar de Kono Jú y Yuwi Senaglö, Greivin Fernández.

El primero de los hechos ocurrió el pasado 22 de julio, cuando alrededor de las 5:30 p.m. Cristóbal Rivera Fernández y su yerno, Antonio López (de nacionalidad nicaragüense, conocido como “italiano”) se apersonaron al Territorio Cabécar de China Kichá y frente a la recuperación “Sibü siwei” detonaron un arma de fuego, disparando al aire en varias ocasiones. Mientras disparaban, Cristóbal gritó que él ya había matado antes y que no le costaba matar a un indígena.

El segundo incidente, ocurrió el día de ayer (domingo 23 de julio), cuando alrededor de las 2 p.m. el recuperador Greivin Fernández se encontraba en la plaza de deportes del Territorio Cabécar de China Kichá y en ese momento Leandro Rivera Venegas pasó cerca de él en moto y le dijo “pele el ojo, porque te vas a morir”. Después de amenazar de muerte, Leandro se retiró del lugar.

El tercer incidente fue registrado el día de hoy, alrededor de las 10 a.m. Leandro Rivera se apersonó al Territorio y en medio de las recuperaciones de Yuwi Senaglö y Kalpögö disparó al aire en cuatro ocasiones con un revólver. Posterior a ello, Leandro ingresó al Territorio Cabécar y al ser la 1 p.m. no ha salido del Territorio.

Cristóbal Rivera es el padre de Leandro y demás hermanos y hermanas Rivera Venegas. Las recuperadoras cabécares han señalado que él ha intentado abusar sexualmente de ellas, pero se abstienen de denunciarlo por miedo a las represalias que puedan sufrir. Leandro Rivera es reconocido agresor de las personas recuperadoras cabécares, incluso es el responsable del intento de homicidio contra Greivin Fernández el 25 de febrero del 2022 y contra Darío Ríos Ríos el 30 de abril también del 2022.

Pese a atentar contra la vida de Greivin y Darío, Leandro sigue en libertad. Incluso, luego de que intentara cortar el cuello de Darío, el agresor fue protegido por la Fuerza Pública pues, la policía únicamente lo trasladó al salón comunal del Territorio. Salón que fue prestado por buena fé por la comunidad y la Asociación de Desarrollo Integral de China Kichá para que los oficiales pudieran ir al baño y descansar mientras mantenían un puesto policial permanente en la entrada del Territorio.

La Fuerza Pública fue contactada luego de los distintos incidentes de este fin de semana y no se hizo presente. Sobre ello, es importante destacar que alrededor de 2 meses atrás el puesto policial fue retirado del Territorio sin ninguna consulta o aviso a la comunidad, a la ADI o a las personas recuperadoras cabécares.

Ante ello, es URGENTE que se atiendan las demandas a:

– La Fuerza Pública que se haga presente en el Territorio y permanezca de forma permanente como lo hizo desde finales del 2020 hasta hace unos meses atrás. Para ello, resulta fundamental que los oficiales que permanezcan en el lugar sean neutrales y cumplan con lo que les es demandado por la ley. Ello implicaría que no protegieran de ninguna forma a los constantes agresores (integrantes de la familia Rivera Venegas) de las personas recuperadoras cabécares.

– A la Fuerza Pública que decomise las armas de fuego en posesión de la familia Rivera Venegas, por la amenaza latente en contra de las personas recuperadoras cabécares.

– La Fiscalía Indígena se haga presente en el Territorio y tome todas las denuncias de los incidentes que han venido ocurriendo en el Territorio desde el pasado miércoles 19 de julio cuando fue incendiada la casa de la mayora María Esther y que el recuperador cabécar, Greivin Fernández fue víctima de intento de homicidio.

– Al Poder Judicial y a los operadores de justicia, a que realicen todas las pesquisas necesarias contra la familia Rivera Venegas. Que realice su labor y garantice el acceso a la justicia del Pueblo Cabécar de China Kichá.

Cualquier otra agresión y atentados contra la vida de las personas recuperadoras cabécares es responsabilidad del Estado por omisión y acción, al no procesar judicialmente a los agresores.

La tensión existente en el Territorio Cabécar de China Kichá, además de la constante incidencia delictiva por parte de integrantes de la familia Rivera Venegas es altamente conocida por los entes a cargo. Ante una posible escalada de violencia es urgente que las autoridades actúen.

– Recuperadoras/es Cabécar de Kono Jú.

– Recuperadoras/es Cabécar de Yuwi Senaglö.

– Recuperadoras/es Cabécar de Seglö Kaskä.

– Recuperadoras de Saka Duwë Senaglö.

– Recuperadoras/es Cabécar de Kalpögö.

– Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Nuevo intento de homicidio en el territorio cabécar de China Kichá

– Greivin Fernández, recuperador de Kono Jú y Yuwi Senaglö, fue herido en su cabeza y cuerpo por José Antonio Picado y otras personas que integran la familia Rivera Venegas. Es el segundo intento de homicidio al que sobrevive el recuperador Fernández del Clan Kebeiruwak.

Jueves 20 de julio del 2023. El día de ayer miércoles 19 de julio, el recuperador del Clan Kebeiruwak Greivin Fernández fue a la pulpería del Territorio Cabécar de China Kichá alrededor de las 7 p.m. a realizar una diligencia. Él estaba acompañado por otro recuperador, Jason Ríos Ríos de la recuperación Sa Ka Keirö Kaska. La pulpería se encuentra a 1 km de la plaza de deportes del Territorio, camino a la comunidad de San Antonio, muy cerca de una de las casas de la familia Rivera Venegas. En el negocio, Greivin vio a Jenni Rivera Venegas y José Antonio Picado (a quien se le conoce como “chocolito” y es pareja de Mariela Rivera), quienes lo siguieron en el momento que Greivin se dirigió de regreso a su casa, en compañía de Jason.

A los 50 metros de la pulpería Greivin fue interceptado por José Antonio (chocolito) y lo hizo detener la motocicleta en la que viajaba. En ese momento, Evelyn, Darling, Mariela y Jenny Rivera Venegas se acercaron a Greivin con piedras, cuchillos y palos. Con uno de los palos lograron tirar a Greivin de la motocicleta. Cuando cayó, las mujeres Rivera Venegas golpearon a Greivin con piedras y José Antonio intentó herirlo con un arma blanca; herida que no logró realizar porque el cuchillo se cayó durante la agresión. Posteriormente, Darling agarra el cuchillo que se había caído y mientras lo sostenía contra el estómago de Jason Ríos Ríos lo amenazó de muerte. Mientras esto sucedía, José Antonio continuaba agrediendo a Greivin: le tiró piedras y golpeó con un tronco de madera grande en la cabeza, provocándole una herida (se adjunta fotografía del golpe en la cabeza de Greivin). En ese momento, Evelyn Rivera amenazó de muerte a Greivin y le dijo que la próxima vez le cortaría su cabeza. Con dificultad y sangrando, Greivin se montó nuevamente en la motocicleta y mientras seguía siendo golpeado logró escapar del lugar junto a Jason Ríos Ríos.

Cuando estaban en un lugar seguro, los recuperadores llamaron al 911 pidiendo la ayuda de una ambulancia para que Greivin fuera atendido, también llamaron a la Fuerza Pública. Ninguno de los dos entes se hizo presente. Esta situación es una constante en los Territorios Indígenas; particularmente en China Kichá, distintos funcionarios de la Cruz Roja se han referido al temor de entrar al Territorio por el conflicto. Incluso, en septiembre del 2022, hasta la intervención de un diputado, una ambulancia llegó al centro del Territorio para trasladar a un menor en condiciones de salud delicadas. Por su parte, la Fuerza Pública es reconocida por su inoperancia y también por actuar a favor de la familia Rivera Venegas en distintas ocasiones.

No es la primera vez que la familia Rivera Venegas intenta cometer un homicidio contra las y los recuperadores cabécares. Tampoco es la primera vez en la que Greivin sobrevive a un ataque de grandes magnitudes. El primer intento de homicidio fue el 25 de febrero del 2022, cuando Leandro Rivera Venegas con un machete hirió en la cabeza a Greivin. El hecho se dio en las inmediaciones de la entrada a la recuperación de Kono Jú, cuando las personas recuperadoras estaban regresando luego de trabajar en un rancho cultural. Otro de los intentos de homicidio lo sufrió Darío Ríos Ríos, hijo menor de la recuperadora cabécar Doris Ríos Ríos, cuando Leandro Rivera Venegas intentó cortar su cuello el 30 de abril del 2022. Así, las y los integrantes de la familia Rivera Venegas son reconocidos como los principales agresores del Pueblo Cabécar de China Kichá; su peligrosidad es alta y representan una amenaza grave en contra de las personas recuperadoras.

Por todo lo anterior, las y los recuperadores cabécares de China Kichá exigen:

– A la Fuerza Pública que no omita estas agresiones y que actúe según lo ordena la Ley y el Orden Constitucional.

– A la Fiscalía de Asuntos Indígenas que se haga presente en el Territorio para tomar las denuncias judiciales de Greivin Fernández y Jason Ríos.

– Al Poder Judicial y a los operadores de justicia, a que realicen todas las pesquisas necesarias contra la familia Rivera Venegas. Que realice su labor y garantice el acceso a la justicia del Pueblo Cabécar de China Kichá.

Cualquier otra agresión y atentados contra la vida de las personas recuperadoras cabécares es responsabilidad del Estado por omisión y acción al no procesar judicialmente a los agresores. La tensión existente en el Territorio Cabécar de China Kichá, además de la constante incidencia delictiva por parte de integrantes de la familia Rivera Venegas y José Antonio Picado es altamente conocida por los entes a cargo.

– Recuperadoras/es Cabécar de Kono Jú.
– Recuperadoras/es Cabécar de Yuwi Senaglö.
– Recuperadoras/es Cabécar de Seglö Kaskä.
– Recuperadoras de Saka Duwë Senaglö.
– Recuperadoras/es Cabécar de Kalpögö.
– Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Asesino de Jerhy Rivera Rivera queda en libertad

Coordinadora de Lucha Sur Sur

Lunes 17 de julio de 2023. El Tribunal de Apelaciones de Sentencia Penal de Cartago mediante el Voto 2023-263, anuló la sentencia del Tribunal Penal de Buenos Aires de Puntarenas del 1 de febrero de 2023, en la que se había condenado a Juan Eduardo Varela Rojas por el homicidio de Jerhy Rivera Rivera del Pueblo Brörán de Térraba.

Varela Rojas fue condenado en primera instancia a 22 años y quince días de prisión por los delitos de homicidio calificado, portación ilegal de armas y amenazas agravadas, por medio del Voto 033-2023, expediente 20-000108-0990-PE.

El asesinato de Jerhy Rivera se dió en un contexto del ejercicio del derecho a la tierra por parte del Pueblo Brörán de Térraba ante lo cual, parte de este Territorio fue invadido y tomado por la fuerza por ocupantes ilegales del Territorio, peones y personas afines que situaron el Territorio durante el 23 y 24 de febrero de 2020.

Las turbas violentas de más de 200 personas, atacaron y amenazaron a personas del Pueblo Brörán que estaban recuperando el Territorio que les pertenece, quemaron terrenos y en la noche del 24 de febrero en medio de un ataque de una turba Varela Rojas ejecutó a Jerhy Rivera con un arma de fuego.

El 17 de agosto de 2022 Varelas Rojas aceptó de manera jubilosa en una actividad organizada por el Poder Ejecutivo en Buenos Aires de Puntarenas, haber asesinado a Rivera Rivera, ante lo cual fue ovacionado por las y los miembros y simpatizantes de la Asociación Multiétnica y Pluricultural.

El Estado de Costa Rica es responsable por este asesinato, ya que habiéndose emitido una alerta temprana e informado a las autoridades respectivas sobre las agresiones planificadas y en curso realizadas por turbas durante el 23 y 24 de febrero de 2020, la Fuerza Pública no cumplió con su obligación de garantizar la vida e integridad del Pueblo Brörán.

La decisión del Tribunal de Apelaciones es un retroceso para los derechos de los Pueblos Originarios del país y un ejemplo más de la impunidad que cobija a las y los agresores de los Pueblos Originarios y la violación sistemática de los derechos humanos de estos Pueblos.

La lamentable resolución es otra muestra de que para los Pueblos Originarios no hay justicia, mucho menos pronta y cumplida y ahora se tendrá que realizar un nuevo debate.

Al día de hoy sigue en total impunidad el asesinato por razones políticas de Sergio Rojas Ortíz, Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre; quien fue asesinado de 15 balazos en su casa de habitación el 28 de marzo del 2019 y por lo cual nadie ha sido condenado.

Exigimos al Estado de Costa Rica cumplir con las Medidas Cautelares MC 321 – 12 del 30 de abril del 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del Pueblo Brörán de Térraba y Bribri de Salitre y acatar las recomendaciones del Relator Especial de Derechos Humanos de los Pueblos Humanos de la ONU en su Informe de la visita a Costa Rica en el 2021.

Ponen en libertad a quien confesó haber asesinado a Jerhy Rivera y fue condenado por ello

SURCOS recibió la siguiente información desde el territorio indígena de Térraba:

«Quiero por este medio informarles que el Tribunal de apelaciones de sentencia Penal de Cartago, puso en libertad a Juan Eduardo Varela Rojas, quien como todos saben, es la persona a quien se había condenado por el asesinato de Jerhy Rivera. El tribunal anuló la sentencia y tendrá que haber un nuevo juicio, es una pésima noticia, un pésimo antecedente para los derechos de los pueblos indígenas».

Sujeto prófugo de la ley es resguardado por ocupantes ilegales en el territorio bribri de Salitre

Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa de Salitre
Coordinadora de Lucha Sur Sur.

  • Edinis Andielin Morales Mora es peón y allegado al no indígena, Edwin Guevara Mora. Es protagonista de distintos ataques en contra del Pueblo Bribri de Salitre (en el año 2013 y 2019) por los que ha sido denunciado judicialmente.

  • Morales Mora tiene una orden de captura por no presentarse a diligencias judiciales que tienen que ver con la agresión a las y los recuperadores Bribris de Kapleña (en 2019) y es resguardado por los ocupantes ilegales Edwin Guevara Mora y los Araya.

  • Ejecutivo aún no responde la solicitud de declaratoria de vulnerabilidad social del desalojo judicial de Kapleña, en la comunidad de Puente del Territorio Bribri de Salitre. Por lo que la amenaza en contra de las y los recuperadores Bribris continúa latente.

Lunes 19 de junio del 2023. El Concejo Iríria Ditsö Ajkönúk Wakpa (CODIAW), Autogobierno del Territorio Bribri de Salitre, confirmó la presencia del no indígena y agresor Edinis Andielin Morales Mora en el Territorio Bribri de Salitre. El sujeto Morales Mora fue visto bajando desde la comunidad de Di Sié (Río Azul) hasta el terreno ocupado ilegalmente por el no indígena, Edwin Guevara Mora, en horas de la tarde del día de ayer (domingo 18 de junio). La alerta sobre la presencia de Morales Mora se debe a su participación en varias agresiones contra el Pueblo Bribri de Salitre; agresiones por las que el día de hoy cuenta con una orden de captura al no presentarse ante las autoridades judiciales y por lo que, consecuentemente, fue imputado por el delito de rebeldía por el Tribunal del I Circuito Judicial de la Zona Sur el 18 de mayo del 2021.

La agresividad de Edinis Andielin Morales Mora es alarmante. Él participó en el ataque contra personas recuperadoras Bribris el 4 de enero del 2013, en la comunidad de Di Sié (Río Azul) en el Territorio Bribri de Salitre. En ese ataque junto a un grupo de más de 50 personas no indígenas con armas de fuego, machete, tubos, piedras y palos atacaron a las dos familias recuperadoras; dejando a Minor Ortiz Delgado, del Clan Tubölwak, herido con una bala en una de sus piernas, un machetazo en la cabeza y marcado en su pecho con un hierro caliente utilizado para marcar ganado. Marco Obando, otro recuperador, recibió varios machetazos y también tuvo una semi-amputación de tres de sus dedos. En esa ocasión, los no indígenas también apedrearon a otras personas recuperadoras, quemaron viviendas, robaron herramientas y un largo etcétera de agresiones. Esta agresión fue denunciada pública y judicialmente por el CODIAW, caso archivado por la Fiscalía.

Morales Mora también participó en una agresión en la que las personas recuperadoras fueron expulsadas momentáneamente de la recuperación de Kapleña, en la comunidad de Puente de Salitre. Pues, Edinis Andielin Morales Mora es peón y allegado de Edwin Guevara Mora (ex ocupante ilegal no indígena de Kapleña) y de la familia Araya (ocupantes ilegales en la comunidad de Di Sié). Así, la peligrosidad de Morales Mora es evidente y no resulta menor su presencia en el contexto de la amenaza de desalojo judicial de la recuperación de Kapleña; tierra-territorio que está en posesión del Pueblo Bribri de Salitre desde el 02 de noviembre del 2019.

Sobre estos hechos, alertamos y exigimos:

– A la Fuerza Pública y al Poder Judicial a hacerse responsable de sus tareas constitucionales. La detención de Edinis Andielin Morales Mora es urgente y de carácter prioritario para la protección de la integridad física y vida del Pueblo Bribri de Salitre.

– Al Poder Ejecutivo a que responda a la solicitud de vulnerabilidad social del desalojo judicial en contra de Kapleña. Desalojo profundamente ilegal y violador de los Derechos Humanos, al expulsar de su propio tierra-territorio al Pueblo Bribri de Salitre.

Nota en Facebook

¡Pueblos Indígenas y Negros exigen cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos!

El pasado 18 y 19 de mayo de 2023 se reunieron Pueblos Indígenas y Negros de 12 países de América Latina y el Caribe para discutir y analizar sobre el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dado que hay sentencias desde el año 2000 sin cumplimiento, a lo que representantes de pueblos que asistieron al foro indicaron:

“Nos alarma y nos preocupa profundamente la tardanza en el cumplimiento de la implementación de las sentencias que provoca más conflicto y violencias en los territorios, el asentamiento de terceros ilegales en las comunidades y la tendencia a una permisibilidad por los estados y la misma Corte IDH, lo que alienta los ataques en contra de las comunidades indígenas por parte de terceros ilegales y grupos de poder económico y político”.

Además, es claro que este Sistema Interamericano es la vía para alcanzar la justicia, los mecanismos nacionales para la misma no están reconociendo la problemática y las demandas históricas de los pueblos indígenas y negros. Pero también es cierto que, pese a las sentencias emitidas por la Corte IDH, “el cumplimiento de las mismas y el sistema de responsabilidad internacional está lejos de ser parte de las decisiones prioritarias de los Estados parte, generando con ello, no solo agrandar la mora y la impunidad galopante, sino que incrementa la conflictividad en los territorios y pone en riesgo la sobrevivencia de los pueblos”.

Piden una rendición de cuentas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar a conocer los criterios utilizados para determinar los tiempos en cada caso, puesto que es evidente la mora, el retraso procesal y la variabilidad de este órgano, afirmaron en el foro.

Además de la violencia y conflicto causado por la tardanza en el cumplimiento de la implementación de las sentencias en los territorios, las poblaciones subrayan con alarma “el asentamiento de terceros ilegales en las comunidades y la tendencia a una permisibilidad por los Estados y la misma Corte IDH”. Apuntaron que “esta permisibilidad alienta los ataques en contra de las comunidades indígenas” tanto por los terceros como los grupos de poder económico y político.

Las personas participantes señalaron que la ausencia de un mecanismo coercitivo para presionar el cumplimiento de las sentencias, permite que los Estados se ocupen fundamentalmente de indemnizaciones y publicaciones de las sentencias, sin que se avance sobre los derechos como la restitución del territorio ancestral.

Bajo el nombre de Foro Internacional sobre el Cumplimiento de las Sentencias de la Corte IDH (Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas y Negros de América Latina y el Caribe), la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) organizó y convocó al mismo tanto representaciones de dichos pueblos, como de personas académicas y expertas en el tema, el cual tuvo lugar en la Universidad de Costa Rica (UCR) en San José.

El participante Pablo Sibar, indígena Brörán, investigador comunitario de la UNED y parte del Proyecto Universidades y Pueblos Indígenas de CONARE mencionó sobre el Foro que este “fue un trabajo muy importante donde las organizaciones pudimos intercambiar nuestras luchas y procesos que llevamos, pero también es triste escuchar de nuestros hermanos que las sentencias de la Corte siguen sin cumplirse”.

Recordó que está es “la última instancia que tenemos nosotros los pueblos indígenas es la Corte, donde no es nada fácil llegar hasta ahí, sin embargo, muchos hermanos lo han logrado. Inclusive nosotros estamos en un proceso desde el 2012 ante la Comisión y esperamos que algún día eso suba hasta la Corte para ver la resolución de ello”.

Doris Ríos indígena Cabécar y también investigadora comunitaria de la UNED y parte del Proyecto Universidades y Pueblos Indígenas de CONARE recordó que “no solo a nivel de Costa Rica sino de Latinoamérica, los estados son violentadores de derecho, incumplen sentencias. Me queda claro que no queda más que los territorios o los países que están en lucha por la reivindicación de sus derechos tienen que continuar luchando, porque aún con estas sentencias de Corte no se hacen valer los derechos. Me deja claro que nosotros dependemos de nosotros mismos”.

Pronunciamiento completo.

Kioscos Ambientales UCR

Justicia y derechos para el pueblo Ngäbe de Sixaola*

Por Eusebio Julián, indígena Ngäbe de Sixaola

Tenemos el día de hoy una petición al gobierno de Costa Rica. Exigimos el derecho a nuestro territorio, estamos enfrentando mucha vulnerabilidad, el no tener garantizado el acceso a la tierra nos impide poder sembrar, no podemos hacer nuestras actividades culturales, necesitamos acceder a salud, contar con agua, luz, servicios, acceso a vivienda y mucho más.

Nuestro pueblo ha sido históricamente transfronterizo, una vez que construyeron la frontera nos dejaron aislados. Tenemos más de 500 años de estar en la lucha, solicitando una condición de vida digna para nuestro pueblo originario.

En este momento estamos en una situación crítica. Nos obligan a vivir en territorio de las dos empresas transnacionales que nos han invadido durante los últimos años, valiéndose de la explotación laboral y el atropello de los derechos humanos de los trabajadores. Hemos comunicado ya nuestra preocupación y necesidades a las autoridades, al señor Rodrigo Chaves, a través de la carta entregada al viceministro de Justicia y Paz, Sergio Sevilla, quien nos indicó que para la segunda o tercera semana de mayo se haría presente, o enviaría algún representante al territorio para escuchar nuestras demandas. No estamos pidiendo más de lo que nos corresponde. El Estado costarricense está en la obligación de acatar lo estipulado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas.

Como pueblo indígena tenemos derecho a organizarnos desde nuestra cosmovisión, organizarnos desde nuestra cultura, nuestras creencias y resolver nuestros conflictos como usualmente lo hacemos, y no con mecanismos impuestos que nos son ajenos. El Gobierno está en la obligación de realizar la consulta indígena cuando se toman decisiones que nos afectan, y no lo han hecho así. En ocasiones han consultado a los pueblos Cabécar y Bribri, pero a nosotros, como pueblo Ngäbe nadie nos ha consultado, precisamente por no tener un territorio reconocido como tal. Ya no estamos pidiendo, estamos exigiendo un derecho para nuestra juventud, para las nuevas generaciones, estamos luchando también por ellos y ellas.

La explotación laboral nos tiene en una situación vulnerable. Las empresas bananeras buscan implementar las leyes laborales de los países de donde provienen, lo que abre más espacio para esta explotación, ya que se saltan las regulaciones que deberían aplicar en territorio nacional. Las empresas bananeras no nos proporcionan seguro social. Cuando los trabajadores se accidentan, la empresa no se hace responsable y no hay seguro que nos cubra. Los salarios son cada vez más bajos, los precios de la canasta básica siguen subiendo todos los días y el dinero ya no nos alcanza. Sufrimos también de persecución, los trabajadores que se manifiestan contra el maltrato y explotación son reprimidos por los jefes. Han venido haciendo persecuciones hasta los hogares y no nos permiten tener fogones dentro de las casas, aunque sea nuestra tradición.

En este momento hay compañeros trabajadores en huelga, ya que no les han pagado sus prestaciones, los desalojan de sus casas y se valen de la ayuda de la Fuerza Pública para hacerlo, sacan a las mujeres, niñas y niños de sus casas también. A pesar de que Costa Rica se diga ser democrática, en Sixaola son las empresas quienes mandan. El capataz es el dueño y los trabajadores no pueden reclamar nada, aunque prácticamente todos los trabajadores somos indígenas. Cuando alguno de nosotros se queja de todo lo que estamos viviendo, el capataz usa la violencia contra nosotros. Todo esto que estoy contando ocurre porque el Estado lo ha permitido, porque no ha intervenido en estas situaciones y ha facilitado la permanencia de las empresas bananeras en nuestro territorio indígena.

Nosotros, existiendo ya el Convenio 169, no vamos a permitirlo, estamos cansados de tanto maltrato y tanto abuso, somos más de 10 mil indígenas en Sixaola discriminados todos los días por el gobierno de Costa Rica.

*Con base en participación del Programa Voces y Política de Radio Universidad del 19-4-23.

Kioscos Ambientales UCR

Indígenas Ngäbe Buglé de Sixaola siguen sufriendo discriminación

El pasado miércoles 19 de abril se conmemoró el Día del Indígena (No. 1803-C) decretado desde 1971 y que este año el gobierno pasó por alto, no así la población originaria que aprovechó para denunciar la discriminación que siguen sufriendo a diario más de diez mil indígenas Ngäbe que habitan ancestralmente esta zona fronteriza.

Miembros del pueblo Ngäbe Buglé en Sixaola denunciaron la incapacidad y falta de voluntad política del gobierno costarricense para atender distintas necesidades urgentes, como lo es el formalizar y aligerar el reconocimiento de la nacionalidad de dichos pueblos. Esto es apenas la expresión más cotidiana de años de racismo estructural, que impide a las poblaciones indígenas transfronterizas acceder a servicios básicos, atención médica estatal, becas, educación, bonos socioeconómicos, vivienda, trabajo digno, entre muchas otras.

Si bien esta comunidad logró, después de años de lucha, que en el 2019 la Asamblea Legislativa aprobara la Ley de Protección del Derecho a la Nacionalidad de la Persona Indígena y Garantía de Integración de la Persona Indígena Transfronteriza (Ley Nº 9710), donde se le otorgó derecho a la nacionalidad costarricense, lo cierto es que una gran cantidad de personas no tiene hoy su cédula, con lo cual no tiene acceso efectivo a los servicios básicos ni al ejercicio de sus derechos. Esta situación afecta de sobremanera a las mujeres y a la niñez, que no pueden acceder a becas o servicios de salud.

Esta ley fue un paso importante para visibilizar su existencia y poder ejercer sus derechos, pero ahora la principal problemática, que le hicieron saber al presidente Rodrigo Chaves días atrás, “es la carencia de un territorio en el cual podamos vivir libremente, sin temor a que sea atropellado el modo de convivencia cultural tradicional”, según palabras de uno de los líderes indígenas.

Don Eusebio Julián de la Asociación de Indígenas de Sixaola Ngäbe (ATIGUSI) aseguró que: “nuestra petición al gobierno es sobre el territorio, por la necesidad a la que nos enfrentamos en Sixaola. Somos vulnerables, no podemos cultivar, no podemos sembrar, tampoco podemos hacer nuestras actividades culturales”. Solicita así que el gobierno costarricense se apegue y acate a cada uno de los artículos del Convenio 169 de la OIT, ratificado por Costa Rica.

Mientras tanto, Eulalia Thomas, integrante de la organización de mujeres Meri Dirikä sostiene que muchas personas trabajadoras se encuentran en situaciones vulnerables, al estar en riesgo su acceso a la vivienda por el incumplimiento de prestaciones y servicios que las empresas bananeras prometen y no cumplen. Sobre esto indica “cuando la empresa vende esa bananera a la otra empresa (…) resulta que va sacando a todos los compañeros y los niños [de sus casas]. Se van llorando, es lo más triste, ningún gobierno, nadie, está viendo cuando los niños se desalojan”.

Hay que recordar que, en la parte laboral, al menos 5000 de los Ngäbe de Sixaola habitan en tierras de una empresa privada, con la cual sostienen un conflicto laboral desde hace muchos años con empresas transnacionales bananeras, por lo cual solicitan el apoyo del gobierno para hacer valer sus derechos laborales.

También afirman que, al habitar permanentemente en territorio costarricense, son acreedores de derechos, pero que enfrentan día a día discriminación: “vivimos permanentemente aquí en Costa Rica, no sólo venimos por un tiempo (…), nosotros estamos reclamando nuestro territorio para los niños, para las mujeres, y para nuestros compañeros”, recordó Eulalia.

En una reciente visita de una delegación proveniente del territorio, se le hizo llegar estas mismas preocupaciones al presidente Rodrigo Chávez, a través de una carta entregada en Casa Presidencial, solicitando el respeto y reconocimiento de su identidad y necesidades como pueblo indígena, así como la atención inmediata al atropello de derechos humanos del que son víctimas. Esta carta fue recibida en una reunión que tuvieron con el viceministro de Paz, Sergio Sevilla Pérez, quien se comprometió a iniciar acciones y visitar la zona en mayo.

En la foto se aprecia a Eusebio Julián y a Eulalia Thomas, representantes del Pueblo Ngäbe de Sixaola.

Kioscos Ambientales UCR

Foto de portada: Vicerrectoría de Acción Social, UCR.