Desde el Movimiento de Afectados por Represas (MAR), expresamos nuestro repudio ante la reciente sentencia absolutoria de Juan Eduardo Varela, quien confesó públicamente el asesinato que cometió contra Jehry Rivera, defensor de los derechos del pueblo bröran y del río Grande de Térraba ante la amenaza del proyecto hidroeléctrico Diquis, en Costa Rica. Jehry fue asesinado en un contexto de creciente violencia contra los pueblos ancestrales de varias etnias de la zona sur de ese país, que luchan contra el despojo y las leyes coloniales, para la recuperación de sus tierras. De esta forma, la noche del 24 de febrero del 2020, una turba de más de cien personas llegaron a amenazar y violentar a las comunidades del territorio indígena de Térraba y en medio de ese ataque, Jehry fue asesinado.
Con profunda indignación, denunciamos la impunidad que rodea el asesinato de Jehry, así como el de Sergio Rojas, compañero bribri del territorio indígena de Salitre, también asesinado en Costa Rica en 2019 por defender su territorio ante las usurpaciones ilegales de no-indígenas y cuyo caso se archivó por supuesta falta de pruebas. La violencia en los territorios originarios de Costa Rica ha sido permitida y promovida por el Estado y los gobiernos de las últimas décadas de ese país, quienes han sido negligentes con su responsabilidad de sanear los territorios ancestrales y asegurar el derecho a la tierra y la justicia de los pueblos originarios.
La justicia es un derecho inalienable, y la falta de acción ante estos crímenes sólo fomenta un ciclo de violencia y despojo. Por esta razón, además nos sumamos a la exigencia de justicia en territorio hondureño para la compañera Berta Cáceres, defensora del río Gualcarque y los derechos del pueblo lenca, cuyo asesinato ocurrido el 3 de marzo del 2016, aún no ha encontrado justicia. Es bien sabido que el asesinato de Berta, fue un crimen planificado por los directivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), para silenciar la resistencia que mantenía el pueblo lenca ante la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarcas, proyecto promovido por dicha empresa. De esta forma, demandamos justicia para Berta y concretamente que se ratifiquen la sentencia condenatoria de los 7 responsables materiales de su asesinato, así como la sentencia condenatoria del expresidente de DESA, David Castillo, declarado coautor de este crimen por los tribunales hondureños desde el año 2021.
Además, exigimos que se desarrollen las investigaciones y procesos respectivos que aseguren haya justicia en torno el asesinato del compañero Juan López, defensor del río Guapinol ante la amenaza de la Minera Los Pinares Ecotek, quien también fue asesinado el pasado 14 de septiembre del presente año, en Honduras. Juan, al igual que Berta, fue crítico del modelo económico extractivista imperante en ese país centroamericano, en donde los gobiernos de las últimas décadas han priorizado y apoyado los intereses privados, por sobre el bienestar de las comunidades y de los ecosistemas.
Cabe destacar, que según los informes de los últimos años de Global Witness, en torno a los asesinatos de defensores del territorio en el mundo, señalan a América Latina como la región que registra el mayor número de asesinatos de estas personas. Así, en su último informe de septiembre del 2024, señalan que de los asesinatos registrados mundialmente, el 85% se llevaron a cabo en Latinoamérica, principalmente en Brasil, Colombia, Honduras y México.
Por esta razón, hacemos un llamado a la comunidad internacional a presionar a los gobiernos de la región, para exigir que los asesinatos de quienes defienden los derechos humanos, el territorio y las comunidades no queden en impunidad, y que se tomen medidas inmediatas que garanticen la seguridad de quienes aún resisten en nuestros países.
A todos los pueblos en resistencia: Unámonos para exigir justicia por Jehry, Juan, Berta y cada una de las personas asesinadas por defender los derechos humanos y la vida.
¡Justicia para Jehry, Sergio, Berta, Juan y todas las personas que defienden Abya Yala!
En febrero de 2020, Jerhy Rivera Rivera, líder comprometido con la protección del ambiente y los derechos de las personas indígenas, fue asesinado en medio de un proceso de recuperación de tierras. Cuatro años después, el dolor por su pérdida sigue siendo profundo, agravado por la falta de justicia en su caso.
Durante el 2023, Juan Eduardo Varela, el presunto asesino que confesó haber cometido el acto en una actividad pública, fue sentenciado a 22 años de prisión. Sin embargo, tiempo después, el Tribunal de Cartago lo puso en libertad tras una apelación presentada por sus abogados.
El proceso judicial que ha seguido al asesinato de Jerhy no ha logrado hacer justicia, dejando una herida abierta en la lucha por los derechos humanos de las personas indígenas, su autonomía y la protección del ambiente en nuestro país.
Actualmente, el proceso se encuentra en la recta final, siendo el lunes 9 y martes 10 de septiembre del 2024 los últimos dos días del juicio, que se ha estado llevando a cabo durante las últimas semanas en los Tribunales de Pérez Zeledón. Por esta razón, es imprescindible que unamos nuestras voces y exijamos justicia.
Este es un momento decisivo para Costa Rica. Es imperativo que el Estado asuma su responsabilidad y garantice que la muerte de Jerhy no haya sido en vano. Exigimos que se retomen las acciones necesarias para esclarecer su asesinato, se asegure la protección de los derechos de los pueblos indígenas y se fortalezcan las políticas ambientales que Jerhy defendió con tanto fervor.
Es tiempo de que los tribunales actúen con firmeza y hagan justicia, por todas aquellas personas que continúan luchando por la defensa del ambiente y por quienes han sido víctimas de un Estado que no garantiza la protección de sus derechos ni territorios.
La ratificación del Acuerdo de Escazú es una de las grandes deudas que el Estado mantiene con las personas ecologistas. Este tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia en asuntos ambientales, siendo el primer tratado de este tipo en el mundo.
Diversos territorios han sido escenarios de numerosos conflictos y agresiones en los últimos años, donde se ve reflejada la continua amenaza que enfrentan las personas indígenas defensoras de sus territorios en Costa Rica.
Honramos la memoria de líderes y lideresas que han caído en defensa de sus tierras, sus derechos y de la vida misma en Costa Rica y América Latina. Recordamos con dolor a Sergio Rojas y Jehry Rivera, así como las luchas que se siguen dando en Salitre, Térraba, y China Kichá.
En estos territorios, las personas indígenas enfrentan constantemente hostigamiento por su lucha para la recuperación de las tierras ancestrales, ocupadas ilegalmente por empresas y personas no indígenas.
¡Justicia para Jerhy! ¡Justicia para los pueblos!
¡Aunque nos quieran bajo tierra, no saben que somos semillas!
Firman
Organizaciones:
Costa Rica
Alianza Escazú Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica Asociación de Estudiantes de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica Asociación de Estudiantes de Psicología de la Universidad de Costa Rica Asociación de Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica Bloque de Vivienda Casa del Migrante Centro de Amigos para la Paz (CAP) Colectivo de Apoyo a Doña Digna Rivera Comisión Comunal Pro Asfaltado Ruta 811 Comité de Solidaridad con los Pueblos Originarios Iríria Tsöchok Confederación Unitaria de Trabajadores -CUT Consejo Iriria Sätkök del territorio ancestral Yäbamï Dí Katá, conocido como Cabagra Coordinadora por la Liberación Animal Coordinadora de Lucha Sur-Sur (CLSS) Ediciones Libres, Costa Rica Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica Frente de Resistencia Animal y de la Tierra Frente Ecologista Universitario de la Universidad de Costa Rica Fundación Nuestramérica Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense Jornadas Solidarias, Costa Rica Micro-santuario el Rinconcito Animal Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) Movimiento no apoyo las corridas de toros a la tica ni el tope Movimiento yo no voy al zoo Red de Mujeres Rurales Organizaciones de Mujeres Indígenas Mano de Tigre (Dbön Orcuo) PATRULLAJE, Costa Rica. Partido Federativo Integra de la Universidad de Costa Rica. Proyecto Jirondai, Costa Rica. Proyecto Piapias: educación popular y comunicación antiespecista Orgullo Disidente, Costa Rica Sindicato Unitario de Pequeños Productores Agropecuarios de Pococí y Guácimo (SIUNPPAPG) Unidos por el Agua, Costa Rica.
Argentina
Asociación Cultural América Nativa (ACAN)
Ecuador
SAKIAT-Organización del Pueblo Kichwa Saraguro Unión Nacional de Educadores-UNE
España
Confederación Intersindical Solidaria, España Ensenyants Solidaris, ONG Ribaborza SOS Ribarboza
Honduras
Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras Asociación de Comunidades Indígenas Lencas de la Paz Asociación para una Ciudadanía Participativa (Aci-participa) Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) Garifuna, Honduras.
México
Centro para el Desarrollo y la Promoción de la Consciencia Crítica(CDPCC),Guanajuato Comité de Defensa de los Derechos de La Mujer-CODEMA.C, Oaxaca CLETA-UNAM, México. Comité Leonés de Solidaridad con Palestina (COLSOPAL), Guanajuato, México Comité Universitario en Solidaridad con el Pueblo Palestino, México Museo Comunitario Alfredo Almeida, México Red Académica de Solidaridad con Palestina, México
Internacional
Frente Comunicacional Anti-imperialista de Nuestra América, México. Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
Personas físicas:
Alejandra Davis, Estados Unidos. Alex Ramos, Costa Rica. Alexis Rodríguez Gallardo, Costa Rica. Allen Cordero, Costa Rica. Amanda Carvajal Umaña, Costa Rica Ana Mena Morelli, Costa Rica. Aren Vindas Álvarez, Costa Rica Ariel Enrique Solano Sancho, Costa Rica. Ashley Padilla, Costa Rica. Bruno Coto Barboza, Costa Rica. Carol Davis, Estados Unidos. Carolina Rivera, Estados Unidos. Cecilia Castillo Nanjarí, Chile. Celeste Rivera, Estados Unidos. Clarita Quiel Torres, Bribri del clan Túbölwak, Cabagra, Costa Rica. Daniel Ramírez, Estados Unidos. Daniela María Salas Monge, Costa Rica. Danilo Alizaga, Costa Rica. Denis Cálix, Costa Rica. Edgar Atencio, Costa Rica. Edwin Buezo, Estados Unidos. Eli Ortiz Torres, Bribri clan Túbölwak, Costa Rica. Elidies Rivera Navas, Costa Rica. Emily Quirós Víctor, Costa Rica. Estela Ceballos, Argentina. Fátima Gómez Campos, Costa Rica. Felipe Benítez, indígena Lenca, Honduras. Félix López Zambrana, Costa Rica. Héctor Ferlini-Salazar, Costa Rica Jimena Alvarado Vargas, Costa Rica. Johan Davis, Estados Unidos. José Amesty, Costa Rica. José Luis Reyes, Estados Unidos. Josué Fernández Baldizón, Costa Rica. Keneduar Gerardo Herrera Herrera, Costa Rica. Leonardo Fletes Castillo, Costa Rica. Leslie Andino, Estados Unidos. Luis Fernando González Marín, Costa Rica. Luis Salas Sarkis, Costa Rica. Madeline Kiser, Estados Unidos. Magda Solís Alpízar, Costa Rica. Marbella Martin Fragachan, Costa Rica. Marco Antonio Hernández Moreno, México. María Julia López, Honduras. María Trejos Montero, Costa Rica. Marielos Muñoz, Costa Rica. Marshall Valverde Chacón, Costa Rica. Miguel Barrios Gutiérrez. Miriam Miranda, Honduras. Nidia Fonseca, Costa Rica. Orlando Barrantes Cartín, Costa Rica. Pilar Bravo Pemjean, Chile. Roberto Gavarrete, Costa Rica. Sara Rodas, Estados Unidos. Sara Unda, UNAM, México. Sisa Pacari, Ecuador. Sofía Becerra, Estados Unidos. Suy Wong, Costa Rica. Tiryth Vindas Campos, Costa Rica. Zaida Docouto, Estados Unidos
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
Integrantes del Consejo Consultivo:
Argentina Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Rubiel Vargas Secretario Ejecutivo Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (CPDH), María Cardona Mejía Defensora de Derechos Humanos, Dr. Mario Hernández Álvarez Coordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia, Víctor Osorio Cadena Presidente del Sindicato Nacional Memoria Viva; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global y Eduardo García Activista de la Alianza por la Justicia Global e integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos, Suiza José Manuel González López, Gerardo Romero Luna y Mariella Bauer integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela Hugo Alberto Nieves Integrante del Movimiento Político – Social VAMOS, Zuleima Vergel Guerra Vocera Nacional del Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Indhira Libertad Rodríguez Red de Colectivos La Araña Feminista, José Miguel Gómez García Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Ali José Álvarez Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos – Movimiento Cultural Campesino Los Arangues Venezuela; Ecuador Abg. Franklin Columba Cuji Presidente de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha UOSISP de Ecuador; Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Ex Secretario General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB; Palestina Jamal Juma Coordinador STOP The WALL; Guatemala Ana Laura Rojas Padgett integrante de la Red de Integración Orgánica – RIO; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; Brasil Gizele Martins del Movimiento de Favelas de Rio de Janeiro; Perú Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega, Percy Katari Integrante de la Comisión de Comunicación del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Director Internacional de ComuniSur, Impulsor del Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América, Responsable de la Secretaría de Países Andinos de Conaicop; Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche Onesima Lienqueo Fundadora de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche; Chile Pablo Ruiz integrante del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM, Dr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Félix Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Soledad Ortiz Vásquez Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Claudia Tapia Nolasco Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Lic. Hugo Aguilar Promotor y Defensor de Derechos Indígenas, Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas, Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ – FOSICH, Lic. Jocelyn García Fondón Integrante del Secretariado Técnico del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Costa Rica Orlando Barrantes Cartín Coordinador General del Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC – Costa Rica.
11 de julio de 2024.- En el 190 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones defensoras de derechos de pueblos indígenas denunciaron la violencia contra los pueblos Mayangna y Miskitu de la Costa Caribe Norte de Nicaragua que desde el año 2018, se ha intensificado debido a un proceso de colonización que, sumado a la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua, ha llevado a las comunidades, según sus propias palabras, al borde de un “etnocidio”.
En la audiencia participaron Tininiska Rivera, exiliada e hija de Brooklyn, líder indígena y preso político de la dictadura Ortega-Murillo; Camila Ormar, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Rendel Hebertt López, indígena mayagna Ulwa, en representación del Centro de Asistencia Legal de Pueblos Indígenas (CALPI) y de la Fundación del Río; Tsáitami Ordóñez, abogada del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), y autoridades de la CIDH.
Según el testimonio de Tininiska Rivera, el proceso de colonización hacia los pueblos indígenas de la Costa Caribe Norte se sigue agudizando, lo que se ilustra con el despojo de tierras, así como con la imposición por parte del gobierno de autoridades indígenas paralelas. Ello, con el fin de anular la autonomía indígena, facilitar el control de recursos y perpetuar la impunidad estatal. Asimismo, el régimen no ha cumplido con el saneamiento de territorios indígenas ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), lo cual deja a 304 comunidades vulnerables a invasiones.
Inversión extranjera oxigena al régimen
El Estado promueve la inversión extranjera mediante la venta y arriendo ilegal de territorios indígenas, impulsando la ganadería extensiva y actividades extractivas. Esto ha generado una cohabitación forzada entre colonos e indígenas, mientras estos últimos enfrentan amenazas, agresiones y asesinatos. Sumado a esto, los ataques a comunidades indígenas por colonos armados han aumentado exponencialmente, con 643 casos de violaciones de derechos humanos registrados en los primeros seis meses de 2024.
Entre los años 2007 y 2022, el sector minero ha recibido $2.524 millones de inversión extranjera directa, principalmente de capital chino, canadiense y colombiano. “Se instalan en los territorios Miskitu y Mayagna sin realizar consultas. Las concesiones son otorgadas por el Estado con el apoyo de gobiernos regionales, municipales y autoridades impuestas en los Gobiernos Territoriales Indígenas, quienes coaccionan a la población indígena para simular consentimientos”, denunció Rendel Hebertt López.
En este sentido, el Relator de la CIDH para Nicaragua, Arif Bulkan expresó su preocupación por la «respuesta desvergonzada» de países de la región que son considerados «campeones de los derechos humanos», pero continúan colaborando con el Estado nicaragüense en términos de sus empresas mineras, como es el «caso de Canadá». Todo esto, pese al conocimiento de los abusos y sufrimientos masivos y generalizados en Nicaragua.
“Una clara línea de trabajo de esta Comisión debe ser continuar con la incidencia ante la comunidad internacional. Incidir en términos de trabajar para aislar a esta brutal dictadura”, sostuvo Bulkan, y agregó que es importante «que los Estados y la comunidad internacional no continúen realizando negocios con Nicaragua”.
Por su parte, el Comisionado Carlos Bernal calificó como “paradójico” el hecho de que las violaciones de derechos humanos documentadas contrasten con los informes del «buen clima de inversiones» que promueve el gobierno de Nicaragua; así como con el interés de inversionistas extranjeros -en particular del sector minero- y empresas de países democráticos que quieren explotar recursos naturales de Nicaragua a costa de los derechos humanos de comunidades indígenas, campesinas y personas oprimidas por el régimen y con ayuda de este.
“Quiero recordar que el respeto a los derechos humanos es un componente de la sostenibilidad corporativa. Esas empresas que están invirtiendo en Nicaragua a este costo de derechos humanos tendrán que ser responsables… por esta explotación y este aprovechamiento con la plataforma del régimen”, enfatizó Bernal.
Impunidad persistente
El recrudecimiento de la violencia contra las comunidades indígenas se manifiesta en la criminalización de líderes y personas defensoras del territorio, especialmente en los territorios Mayangna Sauni As y Wangki Li Aubra, cuyas comunidades son beneficiarias de medidas de protección, explicó Camila Ormar, abogada de CEJIL.
Líderes, defensores y defensoras indígenas enfrentan criminalización y persecución. El Estado les estigmatiza como delincuentes para facilitar la usurpación de tierras. En los primeros seis meses de 2024, se registraron 37 casos de guardabosques criminalizados, con juicios injustos y tratos inhumanos en prisión. Entre estos se encuentran 4 guardabosques Mayangna condenados ilegalmente a cadena perpetua y los liderazgos indígenas Nancy Henríquez y Brooklyn Rivera, de quien, a la fecha, no se conoce el paradero.
Asimismo, las mujeres y niñas indígenas son víctimas de violencia sexual, psicológica y física. Entre 2018 y 2023, se documentaron 35 casos de violaciones sexuales, y en 2024 se registraron 58 casos de violencia contra mujeres en 15 comunidades. Los colonos secuestran a mujeres y niñas, sometiéndolas a violencia y utilizándolas para reclamar tierras.
Por su parte, Tsáitami Ordóñez, abogada de Raza e Igualdad, expuso que también hay corrupción en los puestos de salud y centros de educación. “Se brinda atención preferencial a quienes tienen carnet del partido oficialista o a colonos… y la desconfianza en las autoridades de salud, los altos niveles de corrupción y el temor a represalias impiden que las comunidades presenten denuncias directamente”, alegó.
Frente a este contexto, las organizaciones de sociedad civil plantearon una serie de solicitudes a la Comisión. Entre ellas, solicitaron que la CIDH exija al Estado nicaragüense:
El cumplimiento íntegro de las medidas de proteccióna favor de 15 comunidades indígenas Miskitu y Mayangna, así como la liberación inmediata de las personas privadas de libertad por motivos políticos.
Garantizar el acceso a la justicia a las comunidades indígenas, con especial atención a los casos de agresiones provocados para el despojo de su territorio, cesando también todo tipo de criminalización.
Garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas a la Propiedad Comunal y a la Libre Determinación, velando particularmente por el saneamiento de sus territorios.
Finalmente, llamaron a los organismos financieros y mecanismos de cooperación internacional a reforzar las políticas de condicionamiento al otorgar cualquier tipo de financiamiento o crédito al Estado de Nicaragua, a las empresas, al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, especialmente vinculadas a pueblos indígenas, asegurando el consentimiento previo, libre e informado por parte de las comunidades.
– La invasión fue violenta, dañó buena parte del bosque y alrededores de un río por el que pasó el ganado. El impacto ambiental ocasionado es importante. Además, los autores del hecho cometieron el acto con actitud amenazante, violenta contra las personas recuperadoras y con una clara intención de cometer todo desprecio posible contra la naturaleza.
– La Fuerza Pública se presentó al lugar (Buena Vista), tomó nota y se retiró.
Jueves 18 de abril del 2024. El Concejo Ditsö Iriría Ajkönúk Wakpa (CODIAW), Organización Propia del Territorio Bribri de Salitre informó que el día de ayer, 17 de abril, la recuperación “Finca Amudi” fue invadida violentamente. Al ser las 11 a.m. fueron visualizados 6 sujetos no indígenas y no identificados ingresando a la recuperación “Amudi”, dirigida por la familia de Deyanira Morales, Bribri del Clan Kolkiwak. Minutos después los 6 sujetos ingresaron ganado forzadamente a la recuperación, cometiendo importantes daños ambientales en el bosque y sobre uno de los ríos que cruza la recuperación.
Además, los 6 sujetos estaban con actitud amenazante, violenta y hostigadora. Su cometido era cometer un grave daño al terreno recuperado, en detrimento de la familia del Clan Kolkiwak que resguarda el territorio. Las afectaciones son numerosas y muy dolorosas para las y los recuperados. La familia recuperadora logró expulsar el ganado de la recuperación.
La familia Kolkiwak llamó a la Fuerza Pública, la cual se presentó y no realizó mayor diligencia. Únicamente tomó nota del incidente y se retiró del lugar.
El Concejo Ditsö Iriría Ajkönúk Wakpa (CODIAW) recuerda, una vez más, que la tierra-territorio recuperada es resguardada por las familias recuperadoras y una serie de acuerdos políticos que pretenden cuidar del Territorio. Toda acción realizada por personas no indígenas en las recuperaciones o en cualquier parte del Territorio Bribri es considerada una agresión pues, atenta directamente contra los procesos organizativos, de cuidado y defensa del Territorio. Así, cualquier agresión contra las familias recuperadoras y el Pueblo Bribri de Salitre es responsabilidad del Estado costarricense en su omisión de no hacer cumplir la ley y prevenir la violencia contra los Pueblos Originarios.
De las autoras Ana Sofía Solano Acuña, Stephanie Cordero Cordero y Sharon Rodríguez Brenes, es un texto publicado en la Revista Conjeturas Sociológicas en mayo del 2023.
Este artículo delinea el escenario social que antecedió al aumento en la violencia y a los asesinatos de líderes indígenas en la Zona Sur de Costa Rica (2019-2020). El trabajo expone y analiza los principales resultados del estudio “Percepciones sobre la discriminación étnica y cultural en Costa Rica”.
Para este análisis se contó con el estudio elaborado por el IDESPO-Universidad Nacional en setiembre del año 2019, fuentes hemerográficas, pronunciamientos de las organizaciones indígenas, e informes de especialistas. El racismo hacia los pueblos indígenas en Costa Rica es un tema no superado, que se actualiza y transfigura de acuerdo con el momento histórico
Compartimos el PDF con el documento publicado en la Revista Conjeturas Sociológicas.
El lunes 18 de marzo de 2024 se estarán conmemorando los cinco años del asesinato de Sergio Rojas con la exposición “Justicia y pueblos indígenas en la Costa Rica actual: en memoria de la vida y el pensamiento de Sergio Rojas Ortiz”, con la presencia de la Sra. Roxana Figueroa Calderón y el Sr. Carlos Steven Vargas Figueroa del territorio indígena de Salitre, y el Sr. Pablo Sivas Sivas, del territorio indígena de Térraba. La inauguración de la exposición será a las 4:00 P.M. en el lobby del primer piso de la Facultad de Ciencias Sociales de la Ciudad del Investigación, San Pedro, Montes de Oca.
Adicionalmente se estará realizando un conversatorio a las 5:00 P.M. titulado “Pueblos Indígenas: reflexiones sobre la impunidad en el caso de Sergio Rojas Ortiz”. Los participantes serán la Dra. Marcela Moreno Bujan, M. Sc. Álvaro Paniagua Núñez, Lic. Oscar Retana Montenegro, Dra. Denia Román Solano y Licda. Nathalia Ulloa Castillo. Tomará lugar en la sala de audiovisuales de la facultad de Ciencias Sociales de la Ciudad de Investigación.
Se estará transmitiendo en vivo en el facebook de la Facultad de Ciencias Sociales
Apoyan: El Observatorio para la Acción contra el Racismo Obcra CIAN, Centro de investigación en Cultura y Desarrollo CICDE – UNED, Proyecto Geografía y Diálogo de Saberes, Proyecto Voces y Política.
Facultad de Ciencias Sociales y el Programa Kioscos Socioambientales de la UCR lanzan iniciativa
¿Se imagina perder por incendios provocados de un día para otro el 20% de su territorio donde estaba su casa, sus alimentos sembrados para casi todo el año y que esto afectara las nacientes, bosques y vida silvestre? Pues esta situación sucedió por cuarto año consecutivo en la comunidad indígena cabécar de China Kichá en Pérez Zeledón.
Los incendios provocados en China Kichá han afectado en lo que va del año más de 200 hectáreas del territorio cabécar, vulnerando el acceso de alimentos y agua para la población, y perjudicando la restauración de ecosistemas.
La población cabécar está determinada en revitalizar la tierra maltratada que dejó la ganadería extensiva, a sanarla mediante la reforestación de las nacientes, protegerla contra la tala ilegal, y cultivarla de manera orgánica para que la comunidad y las distintas especies puedan convivir.
Según lo señala el III Informe de Agresiones y Violaciones a los Derechos Humanos contra los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica (2023), nuevamente China Kichá ha sido el territorio que reportó mayor cantidad de incidentes de violencia entre los territorios recuperadores de la zona. Además, los incendios han llegado a quemar casi un 80 % del territorio, como sucedió en el 2022, cuando quemaron aproximadamente entre 700-800 de las 1.100 hectáreas que comprende el territorio. Actualmente, en menos de dos años han quemado intencionalmente más de 240 ha, aproximadamente.
Ante esto, la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR y el Programa Kioscos Socioambientales se han unido en la iniciativa “Por territorios para la vida campaña de donaciones para China Kichá” que recupera el interés de la comunidad de China Kichá para obtener herramientas, semillas y árboles para la revitalización del territorio de China Kichá.
Las herramientas y materiales en buen estado servirán para llevar a cabo un curso de manejo de incendios forestales, siembra de árboles y cultivos. Las herramientas que se proponen donar son: palas, azadones, picos, zarán, mata flamas, rastrillos de metal, cuchillos, camel back, guantes de cabrito/utilitarios, palas estilo sacho, máscaras para humo, lentes para humo, bombas de mano y sopladores.
Para las semillas se solicitan especies para clima caliente y húmedo, como frijoles: nambi, cabécar, saca pobre y frijol de palo; arroz: chombo y otros tipos; tubérculos: yuca, camote, tiquisque. Además de banano y plátano.
Se propone donar árboles de especies para clima caliente y húmedo. En miras de protección de nacientes, especies como el Espavel (Anacardium excelsum, Sotacaballo (Zygia longifolia), Guácimo blanco (Goethalsia meiantha), Guacimo colorado (Luehea seemannii), Ceiba (Ceiba pentandra), Calabacito de montaña (Tocoyena pittieri), Cerillo (Symphonia globulifera) y Chilamate (Ficus insipida). Así como árboles frutales: guaba, cacao, naranja, mandarina, limón, mamón.
Las donaciones se recibirán en horario a partir del miércoles 6 de marzo, hasta el viernes 22 de marzo, en las Oficina del Programa Kioscos Socioambientales, en horarios de oficina 8:00 a. m. – 5:00 p. m. Dirección de Programa Kioscos Socioambientales: 30mts Norte Pataconería San Pedro, Montes de Oca. 2511-6221.
Por los territorios para la vida ¡No más incendios en China Kichá!
Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.
Dictan sobreseimiento a favor de las dos personas imputadas por el homicidio y ponen fin a la investigación penal
Hoy trascendió la triste noticia mientras que más de un centenar de personas, proyectos e instancias académicas y sociales solicitaban el no sobreseimiento definitivo presentado por la Fiscalía en el caso del crimen político de Sergio Rojas Ortiz.
Junto a la Coordinadora de Lucha Sur Sur y distintas personas y organizaciones se unieron a través de cartas para solicitar la condena del sobreseimiento definitivo por parte de la Fiscalía en el caso del asesinato por razones políticas del compañero Sergio Rojas Ortiz, Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre. De estas se destacan la Carta del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos donde organizaciones y personalidades de 17 países ligadas a la defensa de los Derechos Humanos condenan la solicitud de sobreseimiento; así como la Carta de sectores académicos y sociales que ven con preocupación este fallo del juzgado.
Mediante esta última carta abierta para el Juzgado de Buenos Aires (adjunta) quienes firmaron reclamaban que el pasado 7 de diciembre del 2023, la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delincuencia Organizada, solicitó al Juzgado de Buenos Aires de Puntarenas el sobreseimiento definitivo del proceso penal por el homicidio político contra el líder indígena Sergio Rojas del Pueblo Bribrí de Salitre.
Como se mencionó, la carta fue promovida por personas ligadas a múltiples proyectos y acciones de investigación, docencia y acción social, de las universidades públicas que acompañan a los pueblos originarios y reconocen que el Estado ha sido racista al no ser capaz de sancionar los hechos violentos a los que han sido expuestas las personas indígenas.
En la carta aseguran que “Sabemos que Sergio fue clave en los procesos de defensa y recuperación de los territorios indígenas del sur, por lo que su muerte no se debe a un hecho fortuito y aislado. Además, Sergio era sujeto de medidas cautelares de protección por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitidas en el 2015, ordenando al Estado Costarricense garantizar la protección, vida e integridad personal de los miembros del Pueblo Indígena Teribe y Bribri de Salitre. Resolución dada por amenazas y atentado contra su vida en el 2012.
Se preguntaron: ¿cuál es el mensaje que los representantes del Estado nos dan en medio de la escalada de violencia en la que se encuentra el país? Para quienes vivimos en otros sectores geográficos dicha escalada nos es muy preocupante, y es el resultado del detrimento de las políticas sociales; sin embargo, esta agudización de la violencia es la coyuntura que han enfrentado los pueblos originarios de dicha zona desde hace años”.
Recordaron que “el III Informe de Agresiones y Violaciones a los Derechos Humanos contra los Pueblos Originarios de la Zona Sur de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, al mencionar que únicamente durante los últimos tres años de registro, estos pueblos han sobrevivido a más de 200 ataques en su contra, con la gravedad que en el último año disminuyeron en frecuencia, pero aumentaron su cualidad: cada vez son más graves y fuertes. Una característica esperada, pues la violencia es un fenómeno de escalonada sino se lo pone un alto”.
Ligado a lo anterior, apuntaron que: “sabemos que nos encontramos en un momento de mayor polarización en nuestra región, donde las voces disonantes son criminalizadas debido su labor de luchar por garantizar sus derechos. Sergio Rojas no fue una excepción, y nos preocupa que la posibilidad de sobreseimiento sobre su caso constituya un indicador para las personas activistas y defensoras que el país opta por la impunidad como un medio legitimador de la violencia. Si este asesinato queda impune, ¿qué detendría a otra persona para que no vea como una solución la agresión y el asesinato?”
Finalmente aseguraron que “dar sobreseimiento definitivo a este caso significa expresarle al mundo que, en Costa Rica, además de violarse los Derechos Humanos, prevalece un estado de impunidad contra los pueblos indígenas”.
La Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) comparte una carta emitida el pasado 10 de enero por el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, redactada por la Coordinadora Daniela González. La carta, titulada Condenamos la solicitud de sobreseimiento definitivo presentada por la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delincuencia Organizada ante crimen político de Sergio Rojas líder indígena, Uniwak del Pueblo Bribrí de Salitre, manifiesta la preocupación del Observatorio en relación con el proceder de la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delincuencia Organizada a raíz del crimen político efectuado en 2019 contra Sergio Rojas, Uniwak del Pueblo Bribrí de Salitre.
El Observatorio, a través de la carta, solicita al Juzgado Penal de Buenos Aires, Pérez Zeledón, rechazar la solicitud de sobreseimiento con respecto al crimen político. Puede leer más en el documento adjunto, que contiene la carta en cuestión. Si desea estar al tanto de las comunicaciones de la CLSS puede visitar su página de Facebook en este enlace.
¡Los pueblos indígenas de Costa Rica merecen justicia y no más impunidad!
SURCOS comparte la versión de avance no editada del documento con las observaciones finales sobre el tercer informe periódico del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, para el caso de Costa Rica.
Invitamos a descargar el documento para conocer el detalle de las observaciones.
En una de sus secciones se indica:
“El Comité valora los esfuerzos realizados por el Estado parte para luchar contra la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso. En particular, toma nota del trabajo que lleva a cabo el Equipo de Respuesta Inmediata, así como de la celebración de acuerdos binacionales orientados a promover flujos migratorios laborales seguros, así como las labores de inteligencia con finalidad de prevenir estos actos. El Comité lamenta, no obstante, las deficiencias señaladas en varios informes en la identificación de las víctimas de la trata, especialmente entre las personas migrantes, y mayor incidencia de estos casos detectados de personas en situación vulnerable, incluidos los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero. Además, se observa que el número de casos de trata investigados y enjuiciados es muy reducido en comparación con la incidencia de este fenómeno en el Estado parte. Finalmente, el Comité expresa su preocupación ante las informaciones que indican una reducción de las partidas presupuestarias para programas de prevención de la trata y acompañamiento a las víctimas como consecuencia de las medidas de austeridad financiera en vigor desde el 2020.
Más adelante dice:
“El Comité mantiene su preocupación ante las informaciones que documentan actos de hostigamiento y atentados contra la vida o la integridad física de las personas pertenecientes a pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos y activistas medioambientales ocurridos durante el período objeto de examen. Aunque toma nota de la información facilitada por la delegación del Estado parte sobre sus esfuerzos en la materia, incluido el Programa de Protección a Víctimas y Testigos, así como el enjuiciamiento del asesinato del líder indígena Jehry Rivera, el Comité observa con preocupación que, conforme a diversas fuentes, otras agresiones y asesinatos, como el atentado contra la vida del líder indígena Sergio Rojas en 2019 habrían quedado sobreseídos o no resueltos”.