El pueblo Cabécar de China Kichá recupera en una segunda ocasión el día de miércoles 9 de noviembre. Se trata de Nama Jú, terreno usurpado anteriormente por la empresa 3 Jotas.
El día miércoles 9 de noviembre del 2022, alrededor de las 12:35 m.d., cinco familias de los Clanes Julabluwak y Kibegröwak, que pertenecen al Pueblo Cabécar, recuperaron el terreno que estaba siendo usurpado por la empresa ganadera 3 Jotas. A partir de ese día el terreno se llama Nama Jú.
Esta es la cuarta recuperación de tierra-territorio en el territorio Cabécar de China Kichá desde el sábado 5 de noviembre. Todas lideradas por el Pueblo Cabécar, que regresa a sus tierras ancestrales.
El terreno es de 120 hectáreas y se encuentra frente al Salón Comunal del Territorio Cabécar de China Kichá.
Esta recuperación de tierra-territorio es legítima y de acuerdo a la cultura e historia del Pueblo Cabécar. Fundamentada, como cualquier otra liderada por Pueblos Originarios, legalmente por el Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT), la Ley Indígena de 1977 y el marco constitucional del país. Además, la Sala Constitucional recientemente declaró la nulidad de todas las compraventas de tierra por parte de personas no indígenas después de la vigencia de la Ley Indígena de 1977. El fallo es el No 20222024725, del miércoles 19 de octubre del 2022.
El historial que se conoce del terreno es que en 2001, Hugo Delgado lo vendió a Joaquín Delgado. Quien, al morir le heredó el terreno a su hijo mayor. Estos últimos son los dueños de la empresa 3 Jotas que desde hace años lucra de forma ilegal con ese terreno.
Las colindancias del terreno son: al norte con el Río Pejibaye, al oeste con la quebrada «La Bonita», al sur y frente con calle pública y al noreste con la finca de los hermanos Cubero.
Llamamos a la solidaridad a todas las organizaciones, colectivos y personas solidarias con nuestra lucha y la de otros Pueblos Originarios en el país, a estar atentos y atentas a lo que vayamos comunicando como recuperadores y recuperadoras.
Exigimos la presencia de la Fuerza Pública en el lugar de los hechos y hacemos responsable al Estado costarricense de cualquier agresión en nuestra contra.
Además, le informamos a Joaquín Delgado, propietario de 3 Jotas, que tiene ocho horas para retirar el ganado de Namu Jú.
– Recuperadores y recuperadoras cabécares de Namu Jú.
Un nuevo terreno está en manos del Pueblo Cabécar de China Kichá. Se trata de Sibö Siwsi, terreno que estaba ocupado ilegalmente por Wilberth Tabash Cordero y sus hijos: Wilberth Tabash Steller y Elena Tabash Steller.
Viernes 11 de noviembre del 2022. Alrededor de las 10 a.m. la familia Villanueva Zúñiga, del Clan Bebeglowa que pertenece al Pueblo Cabécar, recupera el terreno que estaba siendo ocupado ilegalmente por Wilberth Tabash Cordero y sus hijos: Wilberth Tabash Steller y Elena Tabash Steller.
Esta es la octava recuperación de tierra-territorio en el Territorio Cabécar de China Kichá desde el sábado 5 de noviembre. Todas lideradas por el Pueblo Cabécar, que regresa a sus tierras ancestrales.
El terreno es de alrededor de 17 hectáreas y sus límites son: al sur con la recuperación Yuwi Senaglö, al norte con la recuperación Jawa Senaglö Jei Töri, este con la calle pública y al oeste con el terreno recuperado Namu Jú.
Esta recuperación de tierra-territorio es legítima y de acuerdo a la cultura e historia del Pueblo Cabécar. También, están amparadas en el Bloque de Constitucionalidad, por lo tanto son legítimos y conforme a derecho, según la normativa internacional como el Convenio 169 de la OIT y la Ley Indígena de 1977. A ello se suma el fallo No 20222024725, del miércoles 19 de octubre del 2022, en el que la Corte Constitucional reafirma la nulidad de todas las compra-ventas de terrenos dentro de los Territorios Indígenas.
En 1950 el terreno perteneció a Ramón Ríos. Quien vendió a Rafa Tabash Cordero. Posteriormente fue vendido al Wilberth Tabash Cordero. Hasta el día de hoy, el terreno era ocupado ilegalmente por Tabash Cordero y sus hijos.
Llamamos a la solidaridad a todas las organizaciones, colectivos y personas solidarias con nuestra lucha y la de otros Pueblos Originarios en el país, a estar atentos y atentas a lo que vayamos comunicando como recuperadores y recuperadoras.
Exigimos la presencia de la Fuerza Pública en el lugar de los hechos y hacemos responsable al Estado costarricense de cualquier agresión en nuestra contra.
– Recuperadores y recuperadoras cabécares de Sibö Siwsi.
Un nuevo terreno está en manos del pueblo cabécar de China Kichá. Se trata de Ká Kibiná terreno ocupado ilegalmente por Gerardo Porras, no indígena
Viernes 10 de noviembre del 2022. Alrededor de las 10:30 a.m. del día de hoy, la familia Villanueva Cabrera que pertenece al Pueblo Cabécar, recupera el terreno que estaba siendo ocupado ilegalmente por Gerardo Porras. A partir de hoy el terreno será conocido como Ka Kibiná; que en español significa «Renacer de la tierra».
Esta es la séptima recuperación de tierra-territorio en el Territorio Cabécar de China Kichá desde el sábado 5 de noviembre, todas lideradas por el Pueblo Cabécar que regresa a sus tierras ancestrales.
Esta es la séptima recuperación de tierra-territorio en el Territorio Cabécar de China Kichá desde el sábado 5 de noviembre. Todas lideradas por el Pueblo Cabécar, que regresa a sus tierras ancestrales.
El terreno es de alrededor de 15 hectáreas y se encuentra 600 metros al sur de la Escuela del Territorio Cabécar de China Kichá. Sus límites son: al norte y oeste con la calle pública, al sur y este con la recuperación de mujeres cabécares Sa Ka Duwé Senaglö.
Esta recuperación de tierra-territorio es legítima y de acuerdo a la cultura e historia del Pueblo Cabécar. También, están amparadas en el Bloque de Constitucionalidad, por lo tanto son legítimos y conforme a derecho, según la normativa internacional como el Convenio 169 de la OIT y la Ley Indígena de 1977. A ello se suma el fallo No 20222024725, del miércoles 19 de octubre del 2022, en el que la Corte Constitucional reafirma la nulidad de todas las compra-ventas de terrenos dentro de los Territorios Indígenas.
El historial que se conoce del terreno es que en 1975 Gerrardo Porras viajó hasta Talamanca para finalizar los papeles y la escritura. Anteriormente, el terreno perteneció a la familia Cabécar que la habitó. Hasta el día de hoy el terreno era ocupado ilegalmente por Gerardo Porras y también por su hija, Yornely Porras Jiménez, que ocupaba ilegalmente 1 hectárea de la misma.
Llamamos a la solidaridad a todas las organizaciones, colectivos y personas solidarias con nuestra lucha y la de otros Pueblos Originarios en el país, a estar atentos y atentas a lo que vayamos comunicando como recuperadores y recuperadoras.
Exigimos la presencia de la Fuerza Pública en el lugar de los hechos y hacemos responsable al Estado costarricense de cualquier agresión en nuestra contra.
– Recuperadores y recuperadoras cabécares de Ká Kibina.
PRONUNCIAMIENTO: EL CODIAW, AUTOGOBIERNO DEL TERRITORIO BRIBRI DE SALITRE, RECHAZA LAS DECLARACIONES DEL GOBIERNO
El pasado 4 de noviembre, una familia Bribri del Clan Duriwak (apellidada Sandi Morales) completó un proceso de recuperación al desalojar al ex ocupante ilegal, Luis Ángel Pérez Jiménez, del terreno. Esta medida completó el proceso que inició en 2021 y también significa una disminución del riesgo que corría la familia al convivir con el ex ocupante ilegal que continuaba utilizando, ilegalmente, una parte del terreno recuperado. La peligrosidad de Pérez fue todavía más evidente cuando respondió con numerosos disparos en el momento del desalojo.
Sobre este último hecho, una comitiva del Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa (CODIAW) fue testigo de la violencia recibida por parte del usurpador Luis Pérez. El CODIAW fue testigo de que Pérez disparó directamente con arma de fuego hacia las y los recuperadores. Una muestra más de lo violento que han sido las personas no indígenas usurpadores que por muchos años han perpetrado agresiones físicas a los recuperadores en los distintos territorios.
En ese contexto, el Gobierno emitió un comunicado de prensa donde se refiere a los procesos de recuperación de tierra-territorio. El texto menciona, reiteradas veces, que las recuperaciones son las responsables de generar violencia en los Territorios. También el texto menciona el Plan RTI, como una supuesta vía legal que debemos seguir los Pueblos Originarios para recuperar nuestros Territorios. Finalmente, el texto hace un llamado a la paz y al diálogo, recordando que hemos sido los Pueblos Originarios quienes hemos insistido sobre ello.
Así, nosotros (as) como Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa (CODIAW), Autogobierno del Pueblo Bribri de Salitre, rechazamos cada una de las palabras y declaraciones del Gobierno. Declaraciones que no sólo difunden información falsa, sino que también nos señala como responsables de la violencia racista y de odio en nuestra contra. Así, el Gobierno actual señala a los Pueblos Originarios como victimarios. Señalamiento que es en sí mismo una forma de violencia institucional.
Al Gobierno, encabezado por Chaves Robles, le informamos:
– Los Pueblos Originarios nos vimos sin ninguna otra opción. La inoperancia y la falta de voluntad política del Estado, nos arrojó a recuperar nuestras tierras-territorios. Por lo tanto, si hay un responsable de las recuperaciones de tierra-territorio es el Estado.
– Ninguna política pública, ni el Plan RTI ha sido tan efectivo y contundente como las recuperaciones de tierra-territorio. Como Concejo sabemos y tenemos pruebas de que las recuperaciones de tierra-territorio han transformado la vida de las familias recuperadoras: acceden a la tierra, la trabajan, cosechan alimentos saludables y, como si esto fuera poco, el terreno recuperado poco a poco regenera su equilibrio ecológico. Hoy, con las recuperaciones de tierra-territorio, no sólo los niños, niñas crecen, sino que también lo hace la vegetación y los animales.
– Lejos de generar violencia, las recuperaciones de tierra-territorio han incidido en dignificar la vida de los Pueblos Originarios. Pues, sin la tierra-territorio los Pueblos Originarios no podemos multiplicar nuestra cultura y cosmovisión ancestral.
– Las recuperaciones de tierra-territorio son acciones pacíficas y se encuentran íntimamente relacionadas con nuestra cultura, cosmogonía y cosmovisión. La violencia no es por parte de nosotros, los Pueblos Originarios.
– La violencia que se vive el día de hoy en los Territorios Indígenas nace de la ocupación ilegal de personas no indígenas, promovida por el Estado costarricense.
– La violencia nace de los ocupantes ilegales y su respuesta ante la dignidad de los Pueblos Originarios que decidieron hacer valer sus Derechos Humanos y colectivos, así como su derecho a la tierra-territorio que les pertenece ancestralmente.
– Es falso afirmar que las recuperaciones de tierra-territorio son únicamente una vía de hecho. Su legalidad se encuentra en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -ratificado por el Estado en 1992-, en la Ley Indígena de 1977 y también en el marco constitucional del país.
Así, le informamos al Gobierno costarricense que las recuperaciones de tierra-territorio no se detendrán hasta que exista alguna acción contundente por la recuperación de nuestras tierras. La espera a la que alude el Gobierno en su comunicado es algo a los que nosotros y nosotras, como Pueblos Originarios, no podemos aceptar. Tras más de 12 años de resistencia en relación a las recuperaciones reafirmamos que ha sido ésta la única vía que ha garantizado nuestros derechos y acceso a la tierra. Por tanto, éstas no se detendrán y si en algún momento se detienen será por decisión de los Pueblos Originarios y no por lo demandado por un Gobierno que lejos de buscar una solución nos amedrenta.
Seguiremos apoyando todas las acciones que llenan de dignidad los pueblos originarios ante un Estado costarricense opresor y que al día de hoy no ha mostrado buena voluntad empezando los procesos de devolución de tierras como lo establece la ley.
Nuestra lucha por la recuperación de nuestras tierras-territorios continúa viva y fuerte, y no se detendrá.
En el tema de la Recuperación en el territorio indígena de Cabagra 4 de noviembre de 2022
Con fecha 4 de noviembre de 2022 de la Administración Chaves Robles de Costa Rica, emite un comunicado, en el que expresa que “un grupo de indígenas del Territorio de Cabagra” de la zona sur del país “recuperaron un territorio por las vías de hecho. Y que esta situación ocasionó un ambiente hostil que no permite avanzar con prontitud los procesos de recuperación que se realizan a través de los mecanismos legales…”
Aclaramos que la reciente recuperación de una familia indígena de Cabagra, haciendo uso de la legalidad y de forma pacífica, de ninguna manera ocasionó hostilidad y muy por el contrario, esta familia fue víctima de amenazas y de formas de violencia contra la vida de las personas que se encontraban en el terreno recientemente recuperado.
Desde la ACODEHU solicitamos al Gobierno y al Estado de Costa Rica, se sirvan asumir con la mayor vehemencia la protección a los habitantes del territorio indígena de Cabagra, quienes han sido sujeto de amenazas y violencia de personas no indígenas, que atentan contra la integridad de sus vidas.
Para fundamentar nuestra solicitud, citamos el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
En este Convenio existen varios artículos que establecen con claridad y en forma contundente la obligación del Estado costarricense de tomar las medidas necesarias para resguardar el derecho de los pueblos a utilizar las tierras, que no están exclusivamente ocupadas por ellos. Artículo 13, punto 2.
EN DEFENSA DE LA TIERRA-TERRITORIO EN CABAGRA
CARTA PÚBLICA A LA PRESIDENCIA
Antes de concluir, es necesario hacer mención del Fallo No. 2022024725 de la Sala Constitucional de Costa Rica. El cual declara “la nulidad de todas las compras –ventas de tierra de personas no indígenas dentro de territorios, realizadas posterior a la entrada en vigor de la Ley Indígena de 1977”. “Por lo tanto se declara quelas Tierra/territorio son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para comunidades indígenas”.
En este contexto los pueblos indígenas y la ACODEHU hacen reconocimiento de este fallo de la Sala Constitucional dado que, fortalece la normativa nacional e internacional en protección de los Derechos Humanos de las Poblaciones Indígenas.
Luis Ángel Pérez Jiménez dispara arma de fuego contra las personas recuperadoras Bribris y las personas que las acompañan de otros Pueblos y Territorios Indígenas
Viernes 4 de noviembre del 2022. El día de hoy, al ser las 10:17am, la familia Sandí Morales, Bribri del clan Duri Wak, completó el proceso de recuperación de tierra-territorio al desalojar al ocupante ilegal y no indígena, Luis Ángel Pérez Jiménez. En medio de la acción el ex ocupante ilegal disparó en varias ocasiones contra la familia Sandí Morales y las personas que les acompañan. Los disparos no fueron al aire sino directamente al cuerpo de las personas recuperadoras que reafirman su derecho a la tierra-territorio. Afortunadamente ninguna persona resultó herida.
El video adjunto es una de las pruebas capturadas por la familia recuperadora Bribri, de apellidos Sandí Morales. Los hechos ocurren 600 metros sur oeste de la Escuela de Las Juntas, en la comunidad Dí Bütok Wüyïrké (conocida como Las Juntas) en el Territorio Bribri Yäbamï Dí Kàtá (conocido como Cabagra).
Fueron desalojados: Luis Pérez Jiménez, su esposa y dos sujetos más. En este momento, las personas no indígenas se encuentran al lado oeste del río Cabagra, fuera del terreno recuperado pero dentro del Territorio Bribri Yäbamï Dí Kàtá. Del lado este del río Cabagra, dentro del terreno recuperado, se encuentran las personas recuperadoras y sus acompañantes. Por lo que la amenaza y riesgo contra la integridad física y vida de las personas recuperadoras y quienes la acompañan es directa.
A las 11:03 a.m. llegó una unidad de la Fuerza Pública al lado del río Cabagra en el que se encuentra Luis Pérez. Hasta las 11:30 a.m. una patrulla (con cuatro oficiales, entre ellos, David Mora) se dirigió al lado de la rivera donde se encuentran las otras personas no indígenas.
A las 12:05 m.d. la familia Sandí Morales, Bribri del Clan Duri Wak, informa a David Mora, oficial de la Fuerza Pública, que Luis Ángel Pérez tiene 1 hora y 30 minutos para sacar al ganado del terreno recuperado en su totalidad.
Exigimos al Poder Ejecutivo y la Fuerza Pública el resguardo integral de la integridad física y vida de las personas recuperadoras Bribris y las personas que les acompañan. Para ello es urgente e innegociable la presencia de la Fuerza Pública de forma PERMANENTE a los dos lados de la rivera del Río Cabagra.
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
Familia Recuperadora Sandi Morales, Clan Duri Wak.
II Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los pueblos originarios de la Zona Sur (2021) arroja a Fuerza Pública y Asociación Multiétnica y Pluricultural como principales agresores
Hecho se confirma tras ser vinculado a 26 incidentes de seguridad en el 2021. Incluso, el teniente Ángel Porras es identificado directamente.
Se identifica un nuevo actor en las agresiones: la Asociación Multiétnica y Pluricultural. La cual es conformada por personas ocupantes ilegales, no indígenas y personas afines.
Jueves 25 de agosto 2022. El día de ayer, miércoles 24 de agosto, la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) presentó el “Segundo Informe de agresiones y violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica (enero-diciembre, 2021)” en la Universidad de Costa Rica. El Primer Informe responde a los hechos acontecidos en el 2020 y ambos documentos surgen a partir de complejos procesos de comunicación y monitoreo de agresiones cotidiano entre las organizaciones que participan en la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS). Así, los hechos relatados en el documento refieren a vivencias y denuncias que realizaron personas que pertenecen a Pueblos Originarios y que se encuentran recuperando tierras-territorios en la Zona Sur del país.
A saber, el informe recoge hechos de los Territorios: Bribris de Salitre, Yabamï Dí, Cabécar de China Kichá y Brörán de Térraba (Crun Shurin). En éstos, se registraron 63 incidentes de seguridad, que se desprenden en 24 diferentes tipos de agresiones.
Sobre los hechos, la Fuerza Pública fue relacionada con al menos 26 incidentes de seguridad y que se desprenden en 5 diferentes tipos de agresiones. Entre ellos, generan alarma los ataques del 24 y 25 de marzo con gases lacrimógenos contra personas recuperadoras cabécares de China Kichá. Operativo injustificado y que, finalmente, ocasionó el re ingreso del ocupante ilegal y no indígena Miguel Vargas Mata a la casa de habitación en Yuwi Senaglö donde se encontraba antrincherado. Ello, pese a que la Fuerza Pública conoce de primera mano que Vargas Mata implica un riesgo y amenaza para las personas recuperadoras cabécares.
Como si ello fuera poco, el 25 de marzo fue detenido arbitrariamente Carlos Zúñiga Fernández. Detención que se dio a través de engaños y una serie de violaciones a los Derechos Humanos del recuperador cabécar cometidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía.
Además, el informe identifica a un Teniente particular: Ángel Porras; vinculado a 4 incidentes de seguridad en el Territorio Cabécar de China Kichá. “El Teniente Porras era el encargado del operativo de los días 24 y 25 de marzo. Es decir, es el responsable de dar visto bueno al ataque con gases lacrimógenos contra las personas recuperadoras que se encontraban defendiendo el Territorio frente a una turba de personas no indígenas que querían volver a introducir a Vargas Mata a Yuwi Senaglö y además de agredir a las y los recuperadores”, comentó Nery Chaves, encargada de la investigación y sistematización del Informe.
“En 2020, la acción de los ocupantes ilegales superaban a las agresiones cometidas por la Fuerza Pública. En 2021, la Fuerza Pública, por sí sola, supera las agresiones por parte de terratenientes con un 57% y se le ve -en diferentes hechos- sumamente vinculada con agresores que, posteriormente, amenazarían y golpearían a personas recuperadoras hasta que éstas decidan escapar de las recuperaciones. Tales son los casos de los Territorios de Yamabï Dí, China Kichá como ya mencioné y el de Salitre; dónde en una comunidad deben convivir con el sujeto que cometió intento de homicidio contra el compañero Minor, del clan Tubölwak y recuperador”, insistió Nery Chaves.
“En Salitre la complicidad de la Fuerza Pública con los ocupantes ilegales y los no indígenas es clara desde que iniciamos a recuperar hace 12 años. La Policía no detiene los ataques en nuestra contra e incluso, ha formado parte de diferentes agresiones. Además, nunca está presente en el Territorio y si aparece es mucho tiempo después. Por eso, la Fuerza Pública no significa una garantía de nuestro bienestar y por eso, no hay confianza en ellos”, declaró Lesner Figueroa del Concejo Iríria Ditsö Ajkönúk Wakpa del Territorio Bribri de Salitre.
“Si bien, el Informe detalla menos incidentes que el año pasado, el conflicto en los Territorios Indígenas sigue mutando y haciéndose cada vez más complejo. La Fuerza Pública sigue siendo un actor imparcial, que lejos de imponer la paz se alía con personas que abiertamente quieren agredir a las personas indígenas. A ésto se suma la salida a la luz pública de la Asociación Multiétnica y Pluricultural, conformada por personas que ocupan ilegalmente terrenos en los Territorios Indígenas y que convocó a manifestaciones en contra las recuperaciones con información falsa y mentiras. También, en noviembre, se le vio muy activa a la Asociación cuando en el Territorio Bribri de Yamabï Dí, las personas recuperadoras se encontraban resistiendo y sobreviviendo a una de las escaladas de violencia más fuertes del 2021. Por eso, no se debe interpretar que porque hay menos hechos de violencia en el 2021 significa que el conflicto está mermando, sino que está transformándose constantemente”, indicó Gustavo Oreamuno, defensor y participante de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).
Pese al contexto desalentador, los Pueblos Originarios se niegan a dar marcha atrás. “Confiamos en Sibö, en nuestras ancestras, ancestros y mayores de que nuestra lucha es digna, legítima y fundamental para nuestros Pueblos. Yo no creo que ningún o ninguna Bribri, Cabécar o Brörán den marcha atrás a lo que ya tanto nos ha costado, al contrario… estamos recuperando nuestras fuerzas para seguir, de la mano con Sibö, defendiendo nuestras tierras, nuestros cultivos y nuestros Pueblos, que, sin el Territorio no somos nada”.
Para mayor información, el “Segundo Informe de agresiones y violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica (enero-diciembre, 2021)” puede ser descargado en el sitio web de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (http://www.coordinadoradeluchasursur.com). También, el día de hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa con la participación de varios medios de comunicación y donde se estrenó el audiovisual «CRÓNICA DE LA IMPUNIDAD: El caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, líder Bribri del clan U̱niwak» . Finalmente como parte de las actividades de presentación del segundo Informe, a las 6pm de hoy será el foro en la Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional, en Heredia.
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
Enlace video: CRÓNICA DE LA IMPUNIDAD: El caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, líder Bribri del clan U̱niwak:
Audiovisual que recoge elementos clave del caso del compañero Sergio Rojas Ortiz, indígena Bribri del clan U̱niwak, asesinado el 18 de marzo de 2019. Sergio fue líder y defensor de los derechos de los Pueblos Originarios en Costa Rica.
A pesar de la violación de los derechos humanos de los Pueblos Originarios por parte del Estado de Costa Rica, en especial el derecho colectivo a la tierra – territorio, a las múltiples agresiones sufridas y a la impunidad reinante; los Pueblos Originarios continúan resistiendo y desde sus cosmovisiones y culturas fortaleciendo y revitalizando sus organizaciones propias y autoridades tradicionales y ejerciendo su derecho colectivo a la tierra – territorio, por medio de los procesos autónomos de recuperación de sus territorios; la semilla de Sergio ha germinado en las tierras recuperadas
El Centro de Amigos para la Paz hacemos un ferviente llamado a las autoridades civiles y sobre todo a las autoridades gubernamentales involucradas en los procesos de negociación y resolución atinentes la problemática de recuperación de tierras que viven las comunidades indígenas de la región del Pacifico Sur de nuestro país a que evalúen y asuman responsablemente su rol protagónico en dicha problemática.
En tal sentido es impostergable que manifestemos ante las autoridades gubernamentales, eclesiásticas, diplomáticas, organizaciones de la sociedad civil, instancias judiciales y medios de comunicación, nuestra posición de no aceptación de los mecanismos y métodos implementados al día de hoy que han llegado al extremo de validar y vitorear a personas que aceptan ser culpables de homicidio y otras con cargas penales ser actores del proceso de búsqueda de soluciones a un conflicto que lejos de proponer soluciones se encamina a la profundización de las contradicciones y al ejercicio de la violencia y el asesinato.
Con suma preocupación ante un conflicto que lleva décadas a pesar del ordenamiento legal de nuestro país y de los compromisos internacionales atinentes suscritos por el Estado Costarricense y que ha cobrado la vida de dirigentes y líderes indígenas y que, lejos de encontrar vías de solución con gran dolor y preocupación tenemos que presenciar el vitoreo y aceptación pública del asesinato de un líder y dirigente indígena en una mesa de negociación regentada por autoridades gubernamentales, hecho que nos interpela a llamar a la sociedad costarricense y a nuestras autoridades judiciales y administrativas a asumir su responsabilidad y compromiso constitucional ante tal situación.
Pedimos por este medio que se actué de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, garante de la justicia y la paz social y que por normativa constitucional las instituciones involucradas y funcionarios involucrados sean garantes de un debido proceso que al día de hoy a la luz de los hechos están ausentes.
Nos pronunciamos como pacifistas y activistas de la no violencia activa ante nuestras autoridades gubernamentales, autoridades judiciales y civiles en aras de la paz y la justicia social a que se tomen las medidas correctivas y se proceda de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, nuestros Pueblos Indígenas merecen el reconocimiento de sus derechos y el Estado de nuestro país tiene la obligación de garantizarlos.
Paz para nuestros Pueblos Indígenas con Respeto a sus Derechos y Autonomía Indígena.
Este lunes 22 de agosto de 2022 se filtró un audio de Gonzalo Peraza Agüero, presidente de la Asociación Multiétnica y Pluricultural de Buenos Aires, organización que se encarga de conglomerar personas ocupantes ilegales en los territorios indígenas.
En dicho audio incita a las personas indígenas y no indígenas de Buenos Aires a levantarse en agresión contra las personas recuperadoras y el personal de la UCR para que no permitan que vuelvan a entrar al territorio, brindando información falsa diciendo que buscan sacarlos de su territorio y agredirlos. El interés de Gonzalo Peraza en que no entren al territorio radica en que estos ocupantes ilegales que su organización conglomera en los territorios indígenas tienen intereses en estos territorios y están en contra de su recuperación por parte de los pueblos originarios.
La Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) ya ha denunciado las agresiones de esta organización, agresiones que van desde la tergiversación de la información y, como se puede ver en el audio, convocatoria a manifestaciones con información falsa, incitación al odio, apología al delito y amenazas de muerte y de agresión. Gonzalo ya se ha visto involucrado varias veces en actos de violencia, como el que tuvo lugar en el Territorio Bribís de Cabagra en noviembre de 2021; además también se vio involucrado, este 29 de julio, en el Territorio Bribri de Cabagra, en actos de amenaza de muerte a mano armada a algunos miembros de la comunidad Dí Bütôk wüyïrké. Además, su asociación fue la que se encontraba reunida con la Mesa Técnica Interinstitucional cuando el asesino de Jerhy Rivera Rivera, Luis Eduardo Varela Rojas, reconoció que era el responsable del asesinato y fue vitoreado por el público presente.
Por lo tanto, la Coordinadora de Lucha Sur Sur exige al poder judicial iniciar una investigación contra las personas que conforman el AMPBA, por su vínculo con actos de agresión en contra de los recuperadores y los Pueblos Originarios.
También se exige al poder Ejecutivo hacerse responsable de este conflicto y llevar a cabo medidas para solucionar esta situación, como el desalojo de personas ilegales que residen en los territorios de los Pueblos Originarios.
La Fracción condena apoyo dado al individuo y aplausos que recibió durante el evento.
En la actividad estuvo presente el Comisionado para la Inclusión Social, Ricardo Sossa y otras personas funcionarias públicas.
Los hechos se dieron este miércoles 17 de agosto por la noche, durante una reunión de la comisión de la Mesa Técnica Interistitucional para la construcción de la ruta de trabajo y la atención de la Población Indígena y la Asociación Multiétnica y Pluricultural. La sede fue la Escuela Rogelio Fernández, en Buenos Aires de Puntarenas.
Durante la actividad se le dio el micrófono a Luis Eduardo Varela Rojas, quien con orgullo afirmó que “Yo fue el que lo maté”, refiriéndose al recuperador y líder indígena Jehry Rivera, asesinado entre el 23 y 24 de enero de 2020.
Al final de su declaración fue vitoreado por las personas asistentes.
En la reunión estuvieron presentes personeros de gobierno, entre los que destacaba el Comisionado para la Inclusión Social designado por el Gobierno, Ricardo Sossa, entre otros.
“Estuvieron presentes cuando el asesino de Jehry Rivera emitió unas declaraciones sumamente violentas incitando al odio” denunció el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, sobre la presencia de Sossa y otras personas funcionarias.
Robles fue enfático en que el Gobierno debe responder por la lamentable situación durante una reunión de carácter oficial porque “toda violencia que se promueva en territorios indígenas deberá ser aclarada.”
El legislador frenteamplista anunció que desde ya la fracción exigirá por las vías oficiales las explicaciones a las autoridades correspondientes y que no se detendrá hasta que en los territorios indígenas exista paz y justicia.
