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Etiqueta: violencia estructural

Un país bajo la piel

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

El inicio de la época contemporánea de las movilidades humanas debe ser ubicado justamente hace diez años cuando el mundo observaba horrorizado el naufragio de una embarcación con más de 500 migrantes provenientes de Eritrea, Somalia y Ghana y que salió de Libia rumbo a Italia.

La fecha del 3 de octubre y el nombre Lampedusa marcan de alguna manera el comienzo de una época de horror fabricada por la gubernamentalidad migratoria global contra los cuerpos de las personas migrantes.

Entre Lampedusa y Ciudad Juarez han pasado cientos de miles de historias de drama y sufrimiento de personas que han fallado intentando cumplir el proyecto de tener un futuro mejor. En esta última ciudad, la necropolítica migratoria mexicana se encargó de calcinar, dejar morir al mejor estilo agambiano, a más de 40 personas migrantes “aseguradas” en un centro de gobierno estatal. Ocurrió el 28 de marzo reciente y las implicaciones de la apatía y la deshumanización institucional mexicana coludida con el sector empresarial privado apenas si empiezan a conocerse.

Hace apenas tres días una nota periodística informaba de la detención de 15 personas costarricenses en la frontera entre México y Estados Unidos cuando intentaban cruzarla. La estadística, apenas perceptible en la realidad centroamericana, muestra sin embargo la acuciante finalización de un proyecto costarricense basado en la integración horizontal y la fortaleza institucional.

El término de esta comunidad imaginada está produciendo poco a poco fisuras sociales que encuentran en la migración una estrategia de salvación y sobrevivencia. Fueron 15 esta vez, pero el conteo agregado ya empieza a mostrar cifras significativas desde una realidad golpeada por un autoritarismo de baja intensidad, la violencia estructural y la desigualdad galopante.

En un emotivo encuentro de música y poesía realizado el 30 de abril, los artistas nicaragüenses Luis Enrique Mejía Godoy y Gioconda Belli ofrecieron en San José un momento de reflexión, vibración y memoria.

Hablaron del exilio como ese país al que nunca se llega, al decir de Abdelmalek Sayad. El exilio como una posibilidad de reconstrucción de la historia personal, la piedra de Sísifo vista como una posibilidad de volver a levantarse una y otra vez. Hablaron de pieles que llevan países, como los migrantes de Lampedusa, los de Ciudad Juarez, los cientos de miles de exiliados y solicitantes de refugio en Costa Rica desde abril de 2018.

En tanto el orden global siga fabricando cuerpos exiliados, reducidos a la nada, su piel mostrará las marcas de países que empiezan a disolverse en la geografía. Para ellos la música y la música existirán para salvarlos.

¿Miden las encuestas lo que piensa la gente?

Juan Carlos Cruz Barrientos. Comunicador social

Esa es una pregunta que suele asaltarnos cada vez que un ente académico o una empresa de estudios de opinión difunde los resultados de una nueva encuesta. Especialistas de la comunicación social han concluido que lo que realmente miden las encuestas es la opinión pública construida por los medios informativos. Es decir, miden la eficacia de los medios para colocar su relato en la conciencia ciudadana. De eso va la hegemonía cultural. Ese relato se refiere al planteamiento del hecho, objeto de la información y a su interpretación, haciendo referencia a un nicho interpretativo previamente instalado en la conciencia colectiva.

El hecho de que la inseguridad ciudadana aparezca como la principal preocupación ciudadana en el Estudio de Opinión Pública del CIEP de abril, por encima del costo de la vida y del desempleo, es un caso típico.

El objetivo aumento de la violencia y de la consecuente inseguridad ciudadana, permanentemente tratado por los medios informativos, termina colocando el tema en la “agenda ciudadana”, pero los medios omiten la necesaria reflexión sobre las causas estructurales de la violencia: el aumento de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, como resultado del debilitamiento sistemático de las políticas sociales.

Si las pugnas entre bandas de “narcomenudeo” están ocasionando la muerte de jóvenes, habría que decir que esos jóvenes están, en su mayoría, expulsados del sistema educativo y proceden de las comunidades más abandonadas por el Estado.

La perseverancia mediática en el tema de la violencia criminal, sin reflexión sobre la causalidad, conduce al fomento del miedo, en particular, el miedo a ser víctima del crimen. Y es un miedo tan grande y poderoso, que pone a la violencia criminal por encima de la violencia estructural, que condena a 399.439 hogares costarricenses a no poder satisfacer sus necesidades de alimentación y vivienda.

La ausencia de reflexión sobre la causalidad estructural y la búsqueda colectiva de soluciones alternativas convoca la indefensión y empuja a esa ciudadanía asustada a buscar soluciones individuales, encerrados en nuestras casas, pensando en adquirir armas de fuego y a clamando por más medidas punitivas, más cárceles y mayor represión.

El hecho objetivo

De acuerdo con las estadísticas del OIJ, los actos de criminalidad que sustentan percepción de mayor inseguridad ciudadana son los siguientes:

  • Durante el 2022, la tasa total de homicidios dolosos aumentó a 12,6 por cada 100.000 habitantes
  • Se registran 68 víctimas más de homicidio doloso en comparación al mismo periodo del 2021.
  • El 92,7% de las víctimas son hombres, el 7,2% mujeres y 0,2% con sexo desconocido.
  • En promedio, se registran 55 víctimas de homicidio doloso al mes, 6 víctimas más al mes en comparación al mismo periodo del 2021.
  • Las principales víctimas de homicidios dolosos continúan siendo personas jóvenes, el 53% de ellas tenía entre 20 y 34 años.
  • El 72% de los homicidios dolosos se cometió utilizando un arma de fuego, 16% utilizó un arma blanca y un 12% otros métodos.
  • Por tipo de móvil, 63% de los homicidios dolosos se vinculan a la delincuencia organizada.
  • Las provincias de mayor ocurrencia son: Limón, San José, Puntarenas y Alajuela.
  • Las mujeres constituyen las principales víctimas de la violencia doméstica: 8 de cada 10 víctimas son mujeres y 4 de cada 5 personas agresoras son hombres (2021).
  • Durante el año 2021, 5.419 personas fueron imputadas por infringir la Ley de Armas y Explosivos según el Ministerio de Seguridad Pública, 9 de cada 10 infracciones estaban relacionadas con la portación ilegal de un arma blanca o de fuego.
  • Durante el año 2021, 84.770 personas fueron imputadas por infringir la Ley de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. El 98% de estas infracciones estaban relacionadas con la tenencia de droga.

Ocuparnos de las causas

Para el Programa de Análisis de Coyuntura de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA), detrás del aumento de la violencia criminal hay elementos socioculturales, políticos y económicos relacionados con la violencia estructural que interpelan al Estado, llamado a garantizar el ejercicio de todos los derechos humanos para todas las personas.

Costa Rica fue el país de América Latina en el que más creció la pobreza y la desigualdad entre el 2017 y el 2022. Según un cálculo hecho por el Banco Mundial, la pobreza aumentó al menos 2,3 puntos porcentuales en este periodo.

Los datos del BM coinciden con los del Instituto en Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR), según los cuales para el cierre del 2022 la cantidad de hogares en condición de pobreza en el país podría haber crecido a 24% o 25%. Esto sería levemente superior al 23% reportado por el INEC para noviembre del 2022 y superior a lo registrado en el 2017, cuando se calculaba en 20%.

Mientras tanto, frente a este panorama, el país no cuenta con una estrategia de combate a la pobreza ni con acciones definidas para acortar la brecha social entre ricos y pobres, en su defecto, cobran vitalidad las soluciones paliativas de corte punitivo, esgrimidas por autoridades gubernamentales y aupadas por los medios de información. No tardarán en aparecer los estudios de opinión que digan que eso es lo que quiere la gente.

Abril,2023

Discurso del presidente denota desconocimiento y discriminación contra los Pueblos Originarios previo a gira a la zona sur

Coordinadora de Lucha Sur Sur
Comunicado público
Jueves 16 de febrero de 2023

En las habituales conferencias de prensa de los miércoles, el día de ayer 15 de febrero el presidente Rodrigo Chávez emitió una serie de comentarios y aseveraciones que evidencian un desconocimiento profundo sobre el tema de la ocupación ilegal de los Territorios Indígenas y de los procesos de recuperación de tierras – Territorios y ponen de manifiesto percepciones discriminatorias hacia estos Pueblos.

De cara a la gira que tendrá la comitiva gubernamental del viernes 17 al martes 21 de febrero a la zona sur donde viven 5 Pueblos Originarios en 12 Territorios, el mandatario aseveró que ningún gobierno hasta la fecha había puesto un solo colón desde 1977 de presupuesto para compensar a gente que compró con título, plano catastrado y con el aval de la Comisión de Asuntos Indígenas (CONAI) y del Registro Nacional, continúa el Presidente diciendo que van a negociar con ambas partes, que llevan un plan, dinero para compensar, que se estarían utilizando 1000 hectáreas para negociar con personas no indígenas de buena fe como las que describió.

Sobre este primer grupo de aseveraciones y promesas, se debe aclarar, que aunque de manera insuficiente, no sistemática y con problemas de corrupción desde la emisión de la Ley Indígena 6172 de 1977 distintas administraciones han indemnizado a personas no indígenas por tierras que estaban en los Territorios Indígenas así establecidos legalmente, lo cual consta en documentos públicos, investigaciones académicas y ampliamente conocido por las personas de Pueblos originarios o no de estos Territorios y de la zona sur en general; por supuesto que el Estado no ha cumplido al día de hoy con su obligación, pero, es absolutamente falso que este gobierno sea el primero que vaya a realizar tales indemnizaciones.

Que personas no indígenas hayan realizado compra y ventas de tierras dentro de los Territorios con escrituras, planos, con el aval de CONAI y el Registro Público, no los hace ser “poseedores de buena fe” aunque al mandatario así le parezca o así lo quiera hacer ver; suponemos que el mandatario y su equipo conocen el artículo 3 de la Ley indígena el cual dicta: “Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso”.

En este sentido el reciente fallo N. 2022024725 del 19 de octubre de 2022 de la Sala Constitucional establece: “carece de plausibilidad jurídica que una persona no indígena pueda adquirir válidamente una propiedad dentro de tal zona restringida… Semejante adquisición, como lo señala el ordinal 3 de la propia Ley Indígena, es absolutamente nula pues la propiedad ya era intransferible… la propiedad integrada a una reserva indígena es intransmisible por disposición expresa de ley, de modo que no es posible recurrir a la buena fe registral o a una presunta confianza legítima para convalidar un acto negocial absolutamente nulo, efectuado en contravención al ordenamiento jurídico”.

Son varias las ocasiones en las que miembros del Ejecutivo y por medio de la Mesa Técnica Interinstitucional para Pueblos Indígenas indican que tienen un plan y que tienen recursos para atender el problema de la ocupación ilegal de los Territorios, sin embargo, hasta este momento no se ha dado a conocer ningún documento oficial a los Pueblos Originarios, ni a la ciudadanía en general; además es sabido por estos Pueblos, los habitantes de la región sur y así lo tienen que haber demostrado los estudios del Plan RTI, el problema fundamental no son los poseedores de buena fe, que son los mínimos, el problema fundamental es la ocupación ilegal de los Territorios por parte de personas y empresas poseedoras de mala fe según el bloque de constitucionalidad, la resolución de la Sala Constitucional citada y así señalado por los Relatores de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONU (2011 y 2022), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus Medidas Cautelares 321-12 del 2015 sobre Costa Rica y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU; Ilze Brands Kehris, subsecretaria general de la ONU para los derechos humanos, dijo en diciembre del 2022 en visita a Costa Rica que le preocupa que «una gran parte de las tierras y territorios ancestrales de los pueblos indígenas siguen siendo ocupados por personas no indígenas», e instó al Gobierno a «acelerar» esfuerzos para restituir esas tierras.

Posteriormente el mandatario también emitió desafortunadas y racistas declaraciones que en resumen exponemos: “Les vamos a advertir a ciertos grupos indígenas minoritarios que están queriendo tomar la ley en sus manos, incitados por extranjeros y gente de ideologías contrarias a la de la mayoría de Costa Rica, a hacer tomas forzosas, matando ganado, macheteando ganado, incendios, ya ha habido dos muertes… Si alguien que va y le quema la casa a alguien en una recuperación forzosa de territorio, no se da cuenta que eso se judicializa…”

Parece ser que el discurso de odio, violencia y racismo de los ocupantes ilegales de los Territorios, sus seguidores y grupos violentos afines se instaló en Casa Presidencial; repite el Presidente las gastadas frases neocoloniales y preconceptos en las que los Pueblos Originarios son incitados o manipulados por otras personas, lo que en el fondo refleja un pensamiento discriminatorio según el cual estos Pueblos no pueden organizarse, pensar y ejercer sus derechos por sí mismos, sino que necesitan de terceros para ello.

Suponemos que el jefe del Ejecutivo tiene estudios para demostrar que las familias recuperadoras de los distintos Territorios, sus objetivos y esperanzas son minoritarios dentro de estos Pueblos y esperamos que si se atreve a decir que hay “extranjeros” no indica si personas o grupos, actuando ilegalmente, impulsando y forzando a las familias recuperadoras a cometer ilícitos, cumpla con su deber legal como funcionario público de brindar la información necesaria a las instancias administrativas y judiciales pertinentes para que estas actúen conforme al bloque de legalidad, de lo contrario, el ilícito lo estaría cumpliendo el mandatario mismo.

Por último, parece ignorar o le han ocultado al presidente de dónde vienen las agresiones y violaciones a los derechos humanos en los que los Pueblos Originarios han sido víctimas de racismo, discriminación y violencia estructural, sistémica y sistemática como lo han denunciado pública y judicialmente organizaciones propias de estos Pueblos y organizaciones sociales e instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos.

En este sentido señaló el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU actual, en su Informe acerca de su visita a Costa Rica en el 2021, indica en el apartado de conclusiones y recomendaciones: “91. El Relator Especial señala que las causas estructurales de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas se encuentran en la falta de una política adecuada de restitución de tierras y un marco legal que asegure el reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus autoridades propias. Preocupa particularmente el racismo estructural que permea las instituciones del Estado, en particular a nivel local, la no implementación de sus derechos económicos, sociales y culturales y la falta de medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos”.

Son múltiples las agresiones en contra de las familias recuperadoras que ante la inacción del Estado decidieron ejercer su derecho colectivo a la tierra – Territorio amparadas en su historia, cosmovisión, cultura, derecho consuetudinario, los derechos humanos y el bloque de constitucionalidad; agresiones que han derivado en el asesinato por razones políticas de Sergio Rojas Ortiz, Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre y de Jerhy Rivera Rivera del Pueblo Brörán de Térrba, numerosas tentativas de homicidio y de amenazas de muerte contra recuperadoras y recuperadores, así como quema de casas y cultivos, hechos denunciados publica y judicialmente y que siguen en una vergonzosa impunidad.

No son las familias recuperadoras las perpetradoras de actos violencia como irresponsablemente señala el mandatario, son grupos organizados que ejecutan ataques en turba o masivos como los ocurridos en el Liceo de Térraba en el 2012, en Salitre en el 2014 o en Térraba y China Kichá en el 2020, agresiones que denotan necesariamente organización y financiamiento para su ejecución.

Instamos al Presidente a que se informe y asesore de mejor manera para no repetir estas desafortunadas, racistas y discriminatorias declaraciones y que cumpla con sus obligaciones; que indemnice o reubique a los pocos poseedores de buena fe todavía existentes y que inicie con los procesos de desahucio administrativo contra los ocupantes ilegales priorizados por cada Pueblo, el cómo hacerlo está establecido en la Ley Indígena y su fundamento fue recientemente ratificado por la Sala Constitucional, así que solo es de tener voluntad política y actuar.

Les presento al joven David Serrano González

Alberto Salom Echeverría

Deseo primero presentar a David Serrano y el contexto social y cultural en el que le correspondió desenvolverse en su niñez y juventud. David es un joven de 25 ó 26 años que nació en la provincia de Limón. Producto de una treta que le hice, para que no supiera que iba a escribir sobre su persona, ya que es de personalidad muy humilde (sospecho no obstante, que David no mordió el anzuelo), le arranqué la siguiente frase autobiográfica: “Pues yo nací en la “mera cepa” [me escribió] en el hospital Dr.Tony Facio Castro. Y me crié nadando en las playas de Cieneguita-Limón, donde la mayoría de mi familia vive. […Luego me agregó] Años más tarde, cuando ya estaba por salir de Limón al valle central, mi mamá se mudó al Barrio Envaco, muy cerca de la fábrica de cartón. Actualmente ahí vive con mi hermanita”.

Como la mayoría de los lectores deben saber, Cieneguita es un barrio enclavado en el cantón central de la provincia. El contexto en que este joven creció y se desenvolvió, hasta su ingreso a la universidad, fue muy pobre. Pero está muy lejos de ser el estereotipo que con frecuencia nos han pintado algunos medios de comunicación. El estigma que se ha difundido a partir de algunos hechos aislados es que en Cieneguita abunda el crimen y la descomposición social. Quien haya tenido la ocasión de entrar y conocer el barrio, venciendo el estigma y los prejuicios, sabe que Cieneguita está habitado por un conglomerado humano culturalmente heterogéneo de personas, la mayoría afrodescendientes. Estudiantes de la UCR hicieron sendos estudios de la comunidad, bajo la guía de profesores en trabajos de extensión docente. Una de estas investigaciones apareció con el título de “Aquí Cieneguita”. El otro se publicó el 23 de abril del 2018 con el hermoso título de: “Descubriendo Cieneguita: Un sitio pintado de diversidad y calor humano”.

El primero de ellos fue un trabajo combinado de estudiantes de diversas carreras iniciado en el 2016, una de las frases concluyentes de una estudiante de trabajo social nos legó el siguiente relato: “Conocer Cieneguita y a su gente fue una experiencia enriquecedora, pues, desde que pusimos un pie en esta tierra cálida fuimos recibidos y recibidas con mucho amor. Nos enseñaron el valor de compartir, crear espacios y oportunidades de luchar, a pesar de que a veces parece que el esfuerzo es más grande que la recompensa […] un barrio que ha sufrido manifestaciones de la violencia estructural, el olvido del Estado, los gobiernos y de la población costarricense en general, su gente ha decidido confiar en nosotros y nosotras y eso no tiene precio.” Sin embargo, como también lo reconocen los trabajos de estudiantes y profesores, hechos violentos que también ocurren borran de un plumazo el esfuerzo consciente de jóvenes y una mayoría comunitaria por atraer el turismo, a fin de compartir con la gente la arquitectura comunitaria, sus rincones y colorido, así como el espíritu de un pueblo aguerrido, que sueña con el bienestar social de la población.

Pues bien, en aquel contexto abigarrado, pictórico y muy humano, por un lado, abandonado y en parte sumido en la pobreza por otro, vivió nuestro David Serrano González. Estudió en la escuela primaria y en la secundaria en Limón en aquellas condiciones difíciles, pero, bajo la tutela de su madre, una mujer valiente y con la fuerza espiritual que da la decisión de criar a sus hijos sanos y dispuesta a inculcarles el amor por el estudio, el trabajo tesonero y la superación personal. Desde muy joven David incursionó en la música; a la edad de 12 años formó parte de bandas de “reggae y de rock” de la localidad. Todavía no imaginaba lo que le depararía el destino fruto del amor que desarrolló por la música. Fue por ello por lo que, en el año 2012, ingresó a la etapa básica de música en la sede de Limón de la Universidad de Costa Rica. Su salto cualitativo se produjo después de que ingresó a la escuela de música de la UNA, con el apoyo de una beca, como ocurre con tantos estudiantes de su condición social y mérito académico.

No fue sino a la edad entre los 19 y 20 años de David, que se decide por el piano como instrumento musical, para llevar adelante su carrera profesional. En lo medular antes de esa edad no había tocado el piano. Esto es clave para lo que van a conocer. David además del amor por la música, es poseedor de una tenacidad y un espíritu de superación poco común, tal como se lo inculcó su sabia madre.

Por añadidura, el joven pianista demostró tener unas condiciones innatas para el piano, me atrevo a decir, muy sobresalientes. Todo ello se vio fortalecido por la convivencia de David con ese elenco maravilloso de maestros de piano que tuvo en la UNA, algunos de los cuales fueron sus profesores. Cito a los siguientes (espero no olvidar a nadie, sería involuntario): el Máster Luis Monge Fernández, hoy director de la escuela de música, la Dra. Tamara Sklioutovskaia, el Dr. Gerardo Meza, la Máster Ludmila Melzer, la Máster Irina Kaufman-Brookes, la profesora Valentina Tumanova y el profesor de solfeo y flauta Msc. Jonatan Albuja. De manera muy especial, a David le tocó en suerte tener como tutor, a un hombre y pianista excepcional, proveniente de Rusia, graduado en piano en el Conservatorio Estatal de Moscú en 1986, el Dr. Alexander Sklioutovski.

La Universidad Nacional (sé que la Universidad de Costa Rica también), posee un elenco maravilloso de profesores en música. En piano son muy destacados, por lo que han promovido a varias generaciones de excelentes pianistas de origen principalmente costarricense, aunque también de otras nacionalidades; algunos empezaron desde su niñez y tuvieron la oportunidad de ir a Rusia o a Ucrania a estudiar piano desde su tierna infancia. En esta faena el egregio académico, profesor Alexander Sklioutovski, a quien Costa Rica le debe mucho, ha desempeñado una enorme labor. Un profesor extraordinariamente exigente, que descubre al instante aquellas personas estudiantes que poseen cualidades destacadas para el piano. Este fue el caso insólito de David Serrano, a pesar de haber principiado, como antes lo dije, cuando ya tenía 20 años. Pero ya veremos de lo que ha sido capaz este joven.

David fue nombrado por los profesores, al menos en dos oportunidades “Estudiante Distinguido” de la Universidad Nacional, máxima distinción académica que otorga esta universidad, gracias a su ejemplar rendimiento como estudiante. Además, se hizo acreedor de la “Beca Isabel”, beca con la que la universidad galardonaba a estudiantes con calificaciones sobresalientes. Por las mismas razones se ganó el derecho, siendo estudiante de bachillerato de representar a la UNA, junto a otras personas estudiantes de piano de la misma universidad, de participar en afamados certámenes internacionales. Tras sus excelsas presentaciones se ganó la admiración de los concurrentes, profesores y estudiantes del más alto nivel, además de haber obtenido también, destacados puestos en estos certámenes de muy alto nivel en los que participó. En el 2020, David presenta su Recital de Graduación para optar por la licenciatura en enseñanza y ejecución del piano, realizada en el auditorio “Clodomiro Picado Twight” de la UNA, ocasión en la que obtuvo mención de honor. Todo lo cual, deseo recordárselos ahora, lo hizo en un tiempo meteórico de tan solo cuatro años después de haber empezado a tocar el piano.

David Serrano, a causa de esa trayectoria ejemplar se ganó una beca para aspirar a la maestría en el prestigioso Instituto ”Gnesin Russian Academy of Music”, de Moscú. Para poder trasladarse, puesto que la beca no incluía los pasajes ni la alimentación, sino solo derecho al dormitorio y el pago de los estudios, el joven y talentoso Serrano debió realizar en Costa Rica algunas presentaciones suyas al piano, lo que le permitió obtener los recursos pecuniarios para sufragar los gastos no cubiertos.

David ha pasado ya un poco más de dos años en Rusia, llevando la vida en medio de un rigor propio del más disciplinado claustro religioso, dedicado a aprender el idioma primero y después a sacar adelante los estudios para obtener la maestría. En el momento en que escribo sobre él, David está a punto de presentar su recital para finalizar esta etapa y optar al doctorado. Hasta el momento su calificación es excelente, habiéndose convertido, por derecho propio, en alumno del mejor catedrático de piano de la mencionada Academia; un pianista reconocido en toda Rusia y a escala mundial, cuyo nombre es profesor Vladimir Pavlovich Ovchinnikov; a este distinguido profesor, la mencionada “Gnesin Russian Academy of Music” le otorgó el reconocimiento de “Artista Emérito de Rusia.

En el próximo recital para obtener formalmente la Maestría, que se producirá en estos días, David Serrano va a interpretar dificilísimas obras según me dijo el catedrático de la UNA, Alexander Sklioutovski, su tutor en Costa Rica. Las obras que interpretará el talentoso joven músico costarricense serán las siguientes: Sonatas de Ludwig van Bethoven N. 23 y 31 y, el concierto para piano y orquesta N. 3 de S. Prokofiev.

En el concepto de los buenos profesores de piano de la UNA con los que he conversado sobre David Serrano, estamos en presencia de un músico sumamente talentoso y en pleno desarrollo. Su mérito es producto de un trabajo sostenido, muy exigente de alta y excelsa calidad. Cuando corresponda Costa Rica entera, la UNA y demás universidades públicas, lo recibirán con gran cariño y admiración. Su lograda excelsitud al piano es en gran parte producto de la universidad pública, de sus profesores y desde luego de su grande y talentoso desempeño durante todos estos años.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

La sociedad negada II: El cercamiento a nuestras esperanzas

El extremismo es resultado de la hipertrofia de la irracionalidad y esta hipertrofia se da cuando se está objetiva y emocionalmente inmerso y dominado por intereses materiales, que podrían ser en sí legítimos, sino trajeran consigo miseria y la injusticia a la mayor parte del país.

Ignacio Ellacuría

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

Seguimos dando el prudente tiempo al gobierno que recién empieza, para que pueda amueblar la casa presidencial, preparar la documentación y proyectos de ley. Es así que como comentamos en el artículo anterior, podemos seguir reflexionando sobre nuestro contexto. Por esta razón nos preguntamos ¿Cuáles sociedades se encuentran al margen del proyecto dominante?

Empecemos por desnudar un falso principio, que la concentración de riqueza ordena nuestras sociedades, que premia el “esfuerzo”, es decir genera las legitimidades y relaciones que reconocen el “esfuerzo”. En cambio, lo que dicha concentración si evidencia son las formas y modos que reproducen la dominación y explotación en nuestras sociedades, pero también impiden el surgimiento o reproducción de otras lógicas que atenten ese monopolio del discurso del “esfuerzo”.

Una supuesta “meritocracia” que premia al más vivo, en detrimento de las personas que se quedan “dormidas”, es decir aquel que sabe cómo se mueven las cosas, a quien llamar o a quien citar, dista mucho de ese esfuerzo que representa el trabajo de tantas personas, que a partir de su fuerza mueven un país.

¿Por qué falso principio? Porque la concentración de riqueza, lejos de demostrar la idoneidad de algo, es precisamente la consecuencia de muchas acciones que van desde la privación de algo hasta el despojo violento de comunidades y de nuestros bienes comunes (naturales, sociales, culturales).

Este marco nos permite identificar que proyectos de sociedad se privilegia sobre otros, es decir leyes, políticas, discursos  y prácticas. En esta ocasión, no nos preocuparemos por aquellos que se imponen, sino a pensar sobre esas sociedades que desaparecen.

Siguiendo esto, podemos mirar nuestras comunidades campesinas que han sido devoradas por la expansión de monocultivos para la exportación en beneficio de la agroindustria y los mercados financieros. Esta voluntad de los sectores dominantes por la supuesta “tecnificación”, genera no sólo la destrucción del mundo rural y la migración a la ciudad, sino que la mezcla de ambos vulnera nuestra naturaleza, ya que el abandono de la tierra representa la  desprotección del bosque y de los ciclos de la vida.

Esto nos lleva a repensar el conflicto que viven los pueblos indígenas ante su voluntad de permanecer en sus territorios, lo cual ha reflejado el extremo al que llega el despojo,  ya que por un lado la indiferencia refleja la grave reducción de los pueblos indígenas a meros portadores del “folklore”, es decir sus formas y modos de ser en el mundo, no son reconocidas ni legitimadas.

Por esto la galopante impunidad ante los actos de violencia que procuran aterrorizar y desmovilizar a las personas indígenas en sus territorios.  Sin la intensión de escarbar mucho detalle, podemos remontar la agudización de estos actos desde el 2012 al presente.

La anulación de los derechos colectivos, es una muestra más de este cercamiento de la “ciudadanía”, es decir de esas sociedades que habitan los territorios y espacios públicos, erosión y reducción constante de los “servicios públicos” (salud, educación, cultura entre otros) , muestra el camino de la reconfiguración de la ciudadanía “real”, en donde el poder económico, es decir la propiedad, poder adquisitivo y la concentración de riqueza determina el grado de libertad y capacidad de autorrealización posible de los individuos y los sujetos colectivos.

Sumado a esto, la ofensiva por la revisión de todo lo que se pueda denominar “ideología de género” muestra una vez más el cercamiento que sufre la diversidad sexual y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Es decir una sociedad que estratifica los roles de género, privilegiando una supuesta “tradición” moral y un falso determinismo biológico, que esconde las relaciones de desigualdad que es fruto del poder de la dominación-esclavitud que enajena la voluntad de muchos a pocos.

Este es un vistazo hacia esas sociedades negadas, a cómo esas violencias estructurales se configuran para impedir su realización, establecen no sólo relaciones, sino también mecanismos para negar su existencia, desde la institucionalización se garantiza su invisibilidad. Tal vez, la muestra más clara de este proceso, es la ya mencionada oleada contra la “ideología de género”, que nos evidencia este proceso de negación en clave de retroceso.

¿Cómo llegamos a esto? Son muchas las trenzas de dominación que han estructurado nuestras sociedades, en ocasiones identificamos al capitalismo, patriarcado y el colonialismo, que se manifiestan desde la xenofobia, el racismo, machismo y otros más que tal vez han escuchado en otras ocasiones. Sin embargo, también son muchas las experiencias que han apuntalado hacia un compromiso por la liberación, desde la necesidad y la crítica han convertido su pensar-hacer en formas y modos instituyentes de otra cosa. Este será el centro de nuestra última entrega.

Comunicado de FECOU respecto a las agresiones contra el pueblo originario de China Kichá

SURCOS comparte la siguiente información:

Denunciamos la violencia física, estructural y judicial hacia las personas recuperadoras indígenas, la inoperancia, complicidad estatal y las agresiones perpetradas por la misma Fuerza Pública. Hoy más que nunca debemos alzar la voz, salir a las calles y visibilizar los ataques que las comunidades indígenas sufren diariamente.

Invitamos a las concentraciones convocadas por la Coordinadora de lucha Sur Sur, a mantenernos atentos y atentas a los comunicados y acuerpar esta lucha por la defensa de la vida, los territorios y la integridad de las y los  compañeros y compañeras indígenas que ven amenazadas sus vidas sólo por defender y recuperar sus tierras. 

Para más información sigan las siguientes cuentas de Instagram:

  • @clss_cr
  • @bloque_verde

Puede encontrar más información en la siguiente publicación de Instagram:

 

Compartido con Surcos por el FECOU (Frente Ecologista Universitario).

Femicidios y feminicidios en México, Centroamérica y República Dominicana

En el enlace que compartimos se expone un resumen de los resultados del estudio realizado sobre los feminicidios en la subregión compuesta por México, Centroamérica y República Dominicana. En dicha investigación se muestran los datos sobre en la condición de este tipo de violencia contra las mujeres.

De acuerdo con este estudio, Guatemala es el país con el porcentaje más alto de feminicidios, se menciona que por cada millón de mujeres se producen 42.10 feminicidios, es decir un 28. 74%, mientras que El Salvador representa el 16.72%, Nicaragua el 13.03 %, México el 9.94%, Honduras un 9.80%, Panamá el 9.78%, República Dominicana un 8.76% y Costa Rica un 4.73%

Para ampliar más la discusión sobre este tema se les invita a acceder al artículo completo publicado por la Internacional de los Servicios Públicos.

https://publicservices.international/resources/videos/femicidios-y-feminicidios-en-mxico-centroamrica-y-repblica-dominicana?id=11966&lang=es

Compartido con SURCOS por Óscar Rodríguez León.

Por las vidas de personas defensoras ambientales: ¡Acuerdo de Escazú ya!

Por Mauricio Álvarez Mora (*)

Hoy día de la tierra entra en vigor el Acuerdo de Escazú y mientras en la región celebran en nuestro país están amenazadas de muerte 12 personas de pueblos indígenas: Pablo Sibas Sibas y Robert Morales Villafuerte (Térraba); Maximiliano Torres Torres y Clarita Quiel Torres (Cabagra); Efraín Fernández Zúñiga, Carlos Antonio Zúñiga, Jason Ríos Ríos, Doris Ríos, Ariel Ríos (China Kichá); y Claudio Ortiz Rojas, Daniel Figueroa Morales, Minor Ortiz Delgado, Mariana Delgado Morales y José Enrique Ortiz Figueroa (Salitre). Además, han amenazado a dos defensores de derechos humanos de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, Gustavo Oreamuno Vignet y Jeffery López Castro[1].

Estas 14 amenazas son producto de una violencia estructural, que han recibido los pueblos originarios y las personas activistas que acompañan el movimiento de recuperación de los territorios que por ley les pertenecen.

Estas intimidaciones son parte de los 88 tipos de agresiones registradas tan solo el año pasado[2], entre las que están: agresiones por parte de turbas, múltiples tipos de amenazas, amedrentamientos, hostigamientos, detonaciones de arma de fuego, incendios, bloqueos de caminos, agresiones con arma, ataques con sustancias químicas y muchas otras formas de violencia, cuyo hecho crucial fue el asesinato del dirigente indígena Jerhy Rivera, en febrero del 2020. Toda una guerra de lenta y cruel intensidad. 

Un contexto similar se dio en el año 2019, antes y después del asesinato del líder indígena Sergio Rojas.

La pandemia ha sido la principal causa de que, tanto el año pasado como este, no se concretaran ninguna de las otras amenazas de muerte, pues la acción del gobierno es “dejar hacer, dejar pasar” al estilo progresista. Es decir, hacer que se hace y darle largas; o sea, legitimar y estar del lado de quien aplica la violencia.

Esa misma ambigüedad raya en cinismo pues se trata de vidas de defensoras y defensores indígenas y activistas. Similar inacción ha demostrado el Estado con la negociación y aprobación del Acuerdo de Escazú. Por un lado está el discurso “verde”, donde en el papel aguanta lo que le pongan; y por otro lado está la realidad, donde el Gobierno lo trata como moneda de cambio y es caja de resonancia de los horrores que han dicho las cámaras empresariales contra dicho Acuerdo. El Gobierno lo ha dejado engavetado y a la suerte del juego legislativo-electoral, donde puede pasar cualquier cosa.

Mientras, se ha perdido un valioso tiempo de vida o muerte. Por ejemplo, este año Pablo Sibas, líder histórico del movimiento indígena, fue amenazado nuevamente. En redes sociales le dijeron: “Cuando será q les volarán plomo a Pablito sibas y sus secuaces para q respeten lo ajeno a todo cerdito le llega su hora”, “Hay que eliminar a Pablo sibar vividor, estafado, ladrón, sinvergüenza muerto de Amber, parásito invivible, pero ya la muerte lo anda Rondando muy SERCA tarde o temprano dejará de joder” (citado textualmente).

Sibas ha recibido múltiples amenazas de muerte y ha sido atacado en diversas ocasiones, de la misma forma en que sucedió con Sergio Rojas Ortiz, Jerhy Rivera Rivera y otras personas indígenas.

“Si a Sergio lo hubieran protegido, por lo menos les hubiera costado más matarlo. Nosotros sabemos que estamos en peligro, que nuestras familias están en peligro, que en nuestras propias tierras y casas estamos en peligro, y eso no lo quiere asumir el Gobierno”, dijo Sibas.

En mayo de 2012, Sibas sufrió dos ataques físicos: uno donde recibió golpes, patadas y hasta mordiscos; y otro una semana después, en el que lo persiguieron por la carretera, lo insultaron y lo intentaron herir con un cuchillo.

El año pasado, en los hechos que culminaron con el lamentable asesinato de Jehry Rivera, el día antes del crimen Sibas se salvó de ser la víctima de la misma turba, que con machetes “le gritaban que lo iban a matar, que lo iban a tasajear”[3].

“Fue por suerte que logró escapar y resguardar su vida ante la inacción policial. Uno días después, personas no identificadas incendiaron la finca de Sibas. Semanas antes del ataque, había recibido varias amenazas de muerte en las redes sociales. Se le informó de que se habían contratado sicarios para matarlo a él y a varios otros líderes indígenas. Esa misma amenaza fue reiterada meses después por un individuo desconocido, quien le dijo que tenía garantizada una recompensa por su asesinato También ha sido objeto de una campaña de difamación por medios de comunicación local y nacional, si bien debería gozar con medidas de protección y ha interpuesto las denuncias oficiales, la protección policial es esporádica y su vida corre mucho peligro”[4].

En este contexto, donde hay claramente un modus operandi de la violencia y sus perpetradores, de las formas, de las estrategias utilizadas, de los mecanismos, no existen leyes ni fuero en la legislación actual de nuestro país para resguardar la vida de las personas defensoras. A las personas indígenas el sistema solo les ofrece utilizar el programa de protección de testigos, teniendo que abandonar su hogar y su territorio, mientras los perpetradores frescos y libres dentro de los territorios indígenas.

Está claro que el acuerdo de Escazú crea jurisprudencia, reconocimiento y condiciones para personar defensoras pues en su artículo 9 dice que se “garantizará un entorno seguro y propicio”, “medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover derechos” y “medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones”.

El gobierno es responsable de este manejo vacilante del Acuerdo de Escazú, que ha generado el espacio para que el lobby empresarial y transnacional, que ha retomado los argumentos más retorcidos de las derechas latinoamericanas, donde resucitaron y maquillaron los manuales de la guerra fría, rayando en el ridículo.

Ahora, en medio del peor ambiente electoral y después de secuestrar ocho meses la agenda legislativa para hipotecar al Fondo Monetario Internacional (FMI) la división de poderes, la Constitución Política y la institucionalidad democrática, veremos el destino de este importante Acuerdo. Le corresponde el turno a la Asamblea legislativa, de donde brotaron tantos precandidatos como moho después de la lluvia. Esperemos que todos quieran figurar y, aunque sea por oportunismo se pongan a favor del necesario Acuerdo.

[1] Coordinadora de Lucha Sur- Sur, 2021. https://surcosdigital.com/pueblos-originarios-de-costa-rica-continuan-luchando-y-exigiendo-justicia-a-dos-anos-del-asesinato-de-sergio-rojas-ortiz/

[2]     Coordinadora de Lucha Sur- Sur, 2021, Disponible en http://www.kioscosambientales.ucr.ac.cr/docs/Recuentoagresiones2020.pdf

[3]https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/costa-rica-agresiones-y-amenazas-contra-los-defensores-indigenas-jose

[4]https://www.frontlinedefenders.org/es/case/arson-attacks-threats-against-indigenous-peoples%E2%80%99-rights-defender-pablo-sibar

 

Imagen ilustrativa.

(*) Proyecto ED-3526 Diálogo de Saberes y Geografía, docente Escuela de Geografía, Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socio ambientales UCR y IDELA-UNA.

Comunicado Coordinadora de Lucha Sur Sur: ¡Celebrando la vida!

Comunicado: A pesar de la violencia y racismo en contra del Pueblo Cabécar de China Kichá, el domingo 7 de marzo de 2021 las y los recuperadores Cabécar conmemoraron colectivamente el 1 aniversario de resistencia ante la escalada de violencia de marzo del 2020.

Celebraron la recuperación de parte de su tierra-territorio mediante la lucha y el trabajo colectivo necesarios para construir un Pueblo con vida digna.

Desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur-CLSS felicitamos a las y los recuperadores del Pueblo Cabécar de China Chichá al sur de Costa Rica.

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

Informe alerta sobre asesinato de personas defensoras de derechos humanos

  • En América Latina, entre 2015-2019 fueron asesinadas 933 personas defensoras. Un 70% del total mundial

  • Costa Rica registra el asesinato del defensor y líder indígena Sergio Rojas

El informe denominado “Última advertencia: los defensores de los derechos humanos, víctimas de amenazas de muerte y asesinatos” fue presentado por la relatora especial Mary Lawlor al Consejo de Derechos Humanos N º 46, período de sesiones del 22 de febrero al 19 de marzo de 2021.

El informe analiza la situación vinculada al asesinato de personas defensoras de los derechos humanos. En su informe, la Relatora Especial da la voz de alarma sobre la incidencia de asesinatos en muchas partes del mundo, y examina el problema de las amenazas de muerte, que a menudo preceden al asesinato de los defensores de los derechos humanos.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), la región de América Latina y el Caribe registró constantemente el mayor número de asesinatos a personas defensoras, produciéndose 933 de un total de 1.323 casos denunciados en esos años. Asesinaron personas defensoras de los derechos humanos en Colombia (397), Brasil (174), México (151), Honduras (73), Guatemala (65), el Perú (24), Nicaragua (14), Venezuela (14), El Salvador (10), Argentina (3), Chile (2), el Ecuador (2), Belice (1), Bolivia (1), Costa Rica (1) y Haití (1).

Situación en nuestro país, Costa Rica

En diciembre del 2020, se presentó el libro “Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica”, que recuenta casi 100 hechos de violencia contra las personas defensoras de la naturaleza en nuestro país. En este texto, queda claro que Costa Rica forma parte de la región con mayor cantidad de asesinatos a personas defensoras del mundo, puesto que ocupa Latinoamérica desde el 2012.

La investigación fue realizada por Mauricio Álvarez Mora y Alicia Casas, y posteriormente compilada por la periodista Fabiola Pomareda. Esta obra sistematiza 18 demandas individuales y 7 demandas colectivas, contra más de 36 personas activistas procesadas por defender el ambiente y derechos comunitarios. Además, se listan formas de persecución y amenazas documentadas, que incluyen al menos 25 atentados y ataques directos, 10 incendios a casas y locales y 21 casos de amenazas de muerte. Toda esta violencia ha culminado en los asesinatos de 13 defensores y defensoras del ambiente, los cuales se perpetraron entre 1975 y 2020, y la mayoría de los cuales aún se mantiene en la impunidad.

Una herramienta para combatir la situación

El 28 de septiembre del año 2018, 23 países firmaron el “Acuerdo Regional Sobre El Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, inaugurando así el camino de ratificaciones por parte de los Estados miembros. Es un Acuerdo regional vinculante sobre derechos humanos y ambiente, que tiene como eje central el cumplimiento del principio 10 de la Declaración de Río, con el fin de garantizar en América Latina y el Caribe los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (ver más).

Cumplido el período de dos años, el pasado 28 de septiembre del 2020, el Acuerdo entró en vigor, con una “sorpresa”: Costa Rica aún no lo había ratificado e inexplicablemente el gobierno no ha convocado sobre el asunto en la Asamblea Legislativa. Esto a pesar de tener en su mandato dos asesinatos a líderes indígenas, ya que el pasado 24 de febrero de 2020, Yerhy Rivera fue asesinado.

Dos asesinatos, 10 líderes y lideresas indígenas amenazadas de muerte y unos 77 hechos de violencia. Entre el periodo de un día antes del asesinato de Yerhy y junio del año pasado, hay claras evidencias de que el gobierno no solo ha incumplido las medidas cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que también es responsable de no impedir ni detener la violencia estructural que sufren los pueblos indígenas de Costa Rica.

Resulta no menos que inquietante, que un país como Costa Rica, el cual ha buscado caracterizarse como un país defensor de los derechos humanos y el ambiente, tenga como gran pendiente la ratificación de un Acuerdo, que lleva en su conformación la defensa de ambos pilares de la política exterior costarricense.

Informe disponible en: https://undocs.org/es/A/HRC/46/35

Por Mauricio Álvarez Mora, proyecto ED-3526 “Educación Popular y Geografía: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica”, docente Escuela de Geografía, Programa Kioscos Socio ambientales UCR y IDELA-UNA.

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