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Etiqueta: violencia sexual

Defensoría: 55 personas menores de edad denunciaron ser víctima de acoso sexual

Escrito en . Publicado en Derechos.

En los primeros tres meses del año 2026, el Ministerio de Educación Pública (MEP) reportó un total de 55 personas menores de edad quienes denunciaron ser víctimas de hostigamiento sexual, lo que enciende las alertas de la Defensoría de los Habitantes ante la necesidad de reforzar las medidas en los centros educativos para prevenir este tipo de violencia.

Mientras en enero y febrero se registraron 15 casos cada mes de personas menores de edad, en marzo la cifra ascendió a 25 casos, siendo el MEP la institución que más denuncias registra por hostigamiento sexual a nivel del Estado costarricense.

“Debemos trabajar muy fuerte a nivel institucional para garantizar espacios seguros para nuestros niños niñas y adolescentes, pues las cifras nos alertan que la violencia que sufre esta población no cesa”, dijo esta mañana el Defensor Adjunto de los Habitantes, Juan Carlos Pereira.

En tres meses del 2026, diversas instituciones públicas han reportado a la Defensoría de los Habitantes la presentación de un total de 176 denuncias por hostigamiento sexual, de las cuales casi el 90% de los casos fue presentada por una mujer. Si lo comparamos con ese mismo periodo del año 2025 se han registrado 37 casos más en este 2026.

Del total de denuncias 121 casos son entre personas mayores de edad, lo que también evidencia la frecuencia con que estas acciones de violencia sexual se presentan en los ámbitos laboral y educativo.

Por la naturaleza de las manifestaciones de acoso sexual, algunas de ellas pueden también constituirse en delito. Se diferencia la falta administrativa sancionada por la Ley 7476 en que ésta supone consecuencias disciplinarias, desde amonestaciones hasta el despido, mientras que las manifestaciones que también constituyen delitos sexuales, tienen como resultado la privación de libertad. Se trata de dos ámbitos de responsabilidad diferentes y no excluyentes.

Para la Defensoría es urgente fortalecer las acciones de prevención y sensibilización orientadas al reconocimiento del hostigamiento sexual y a las formas de actuar frente a esta problemática, particularmente la no revictimización y confidencialidad, así como garantizar mecanismos de denuncia y sanción accesibles y eficaces. El acceso a la información sobre las conductas que configuran el hostigamiento sexual contribuye a que la población pueda identificar estas situaciones de violencia y se acerque a presentar las denuncias correspondientes.

Este miércoles 15 de abril acompañamos a Melissa y a Karen

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Comunicado de Valientes Costa Rica

A las 8:00 a.m. en los Tribunales de Cartago se dará la lectura de los “por tanto” en el caso de violencia sexual contra un ex psicólogo y exprofesor universitario, condenado en 2024 a 111 años de prisión (36 efectivos) por violencia sexual contra pacientes en el Hospital Nacional Psiquiátrico Roberto Chacón Paut.

La sentencia inicial fue anulada por errores técnicos, obligando a las sobrevivientes a revivir el trauma y declarar nuevamente, más de diez años después de las agresiones.

La justicia que llega tarde no es justicia.

Por eso exigimos:

✊ Una sentencia firme

✊ Justicia con perspectiva de género

✊ Respeto a la dignidad de las sobrevivientes

Acompañar es un acto de ternura y sororidad. ¡Aydanos a llevar esta convocatoria a más personas!

📍 Tribunales de Cartago

🕗 8:00 a.m.

📅 Miércoles 15 de abril

¡No están solas! ¡Si tocan a una, respondemos todas!

Nuevo juicio, mismo trauma: “Exigimos justicia para sobrevivientes de violencia sexual” – con firmas

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

SURCOS comparte el siguiente pronunciamiento sobre el nuevo juicio contra psicólogo condenado por violencia sexual a pacientes del Hospital Psiquiátrico Dr. Roberto Chacón Paut. En el enlace puede ver las firmas que apoyan el siguiente texto:

  • Inicia nuevo juicio contra psicólogo condenado por violencia sexual a pacientes del Hospital Psiquiátrico Dr. Roberto Chacón Paut. 

  • Sobrevivientes deben volver a declarar tras anulación de sentencia.

El próximo martes 03 de marzo a las 8:00am en los Tribunales de Cartago, dará inicio un nuevo juicio contra el psicólogo, exfuncionario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y exdocente universitario, que en marzo de 2024 fue condenado a 111 años de prisión (pena ajustada a 36 años) por múltiples delitos de violación y violencia sexual en perjuicio de tres mujeres pacientes del Hospital Nacional Psiquiátrico Dr. Roberto Chacón Paut.

Los hechos ocurrieron en 2013, cuando las mujeres se encontraban internadas en condición de alta vulnerabilidad. Según quedó acreditado en el primer juicio, el imputado se aprovechó de su posición de poder y de la condición médica y emocional de las pacientes para agredirlas sexualmente en el contexto de supuestas sesiones terapéuticas.

Aunque el Tribunal Penal dictó sentencia condenatoria en 2024, el fallo fue posteriormente anulado por errores en la fundamentación jurídica de la sentencia. No se trató de falta de pruebas ni de descrédito de los testimonios, sino de aspectos técnicos en la redacción de la argumentación judicial.

Esto implica que el proceso debe iniciar nuevamente desde cero y al menos dos de las sobrevivientes vinculadas al caso tendrán que declarar de nuevo.

Volver a declarar: Cuando el sistema obliga a revivir el trauma

La anulación de la sentencia obliga a las sobrevivientes a volver a declarar, y con ello narrar con detalle hechos profundamente dolorosos que ya fueron probados ante un tribunal.

Una de las sobrevivientes, lo explica con claridad:

“Lo que más duele es que cuando tengo que volver a contar todo lo que pasó, con lujo de detalles, mi cerebro lo revive. Mi cerebro no entiende que estoy contándolo porque estoy en un juicio. Empiezan las pesadillas, los flashbacks, empieza todo otra vez. Estoy muy molesta y frustrada de tener que volver a contar lo que ese tipo me hizo. No fue porque no nos creyeron, fue por algo técnico… y yo tengo que regresar a contar mi historia otra vez.”

Desde la neurociencia del trauma sabemos que en casos de violencia sexual el cerebro no distingue con facilidad entre el recuerdo narrado y el evento vivido. Las memorias traumáticas se almacenan con una carga sensorial y emocional tan fuerte, que activan la amígdala, el sistema límbico y las respuestas fisiológicas del estrés. Cuando una persona sobreviviente es obligada a relatar repetidamente los hechos en contextos adversos, puede experimentar reactivación traumática, síntomas de estrés postraumático, alteraciones del sueño, ansiedad intensa y desregulación emocional. Esto tiene nombre: victimización secundaria. Y ocurre cuando el propio sistema que debería garantizar justicia reproduce la violencia, generando aún más daño.

¡Exigimos Justicia!

Este caso evidencia una falla estructural en el sistema judicial costarricense: procesos excesivamente largos, errores técnicos que derivan en nulidades y una carga desproporcionada para quienes denuncian.

Han pasado más de diez años. Las agresiones ocurrieron en 2013. La primera denuncia formal se presentó en 2017. La sentencia condenatoria llegó en 2024. Y ahora, en 2026, las sobrevivientes deberán enfrentar nuevamente un juicio completo.

La justicia que llega tarde, No es justicia.
La justicia que revive el trauma, Tampoco.

Por eso hacemos un llamado respetuoso pero firme a jueces y juezas a emitir sentencias sólidamente fundamentadas, con ética, perspectiva de género, empatía y enfoque en derechos humanos, colocando en el centro la vida, la dignidad y la integridad de las personas sobrevivientes.

Los errores técnicos no pueden seguir traduciéndose en nuevas formas de violencia institucional.

Un llamado a acuerpar y a movilizarnos

Estamos a las puertas del 8 de marzo, fecha emblemática de lucha, reivindicación y memoria colectiva. Pero la defensa de la vida y la dignidad de las mujeres no puede limitarse a una fecha en el calendario. La lucha se sostiene todos los días. Especialmente cuando alguna necesita que la acuerpemos.

Por eso convocamos a los movimientos de mujeres, organizaciones feministas, colectivas, redes comunitarias y ciudadanía comprometida a acompañar este juicio, a mantenerse vigilantes y a exigir una sentencia firme y justicia efectiva.

Porque si tocan a una, respondemos todas.
Porque la justicia no puede seguir siendo un camino desgarrador, para quienes ya hemos sobrevivido a tanto.
Porque la ternura radical también es presencia.

Hoy alzamos la voz y el corazón al lado de nuestras compañeras valientes. 

Exigimos justicia en firme y que la dignidad de las personas sobrevivientes sea el centro del sistema judicial.

Documento con firmas y adhesiones: https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/02/COMUNICADO-DE-PRENSA-NUEVO-JUICIO-CONTRA-PSICOLOGO-Y-EX-DOCENTE-CONDENADO-POR-VIOLACIONES-2.pdf

Contra la violencia sexual: un llamado a la responsabilidad pública

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Pronunciamiento público SEPROJOVEN y CASA RUAH

Como organización comprometida con la defensa y promoción de los derechos humanos, expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante cualquier discurso que relativice, normalice o justifique la violencia sexual, especialmente cuando involucra a personas menores de edad.

Las recientes declaraciones emitidas por una persona aspirante a un cargo de elección popular, en las que se presenta como “normal” una relación entre una adolescente de 15 años y un hombre adulto de 35 años, resultan alarmantes y contrarias a los principios de protección integral de la niñez y la adolescencia, reconocidos tanto en la legislación costarricense como en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Este tipo de afirmaciones desconocen las evidentes desigualdades de poder que existen por razones de edad, género y posición social, así como los riesgos físicos, emocionales y sociales que enfrentan las personas menores de edad en estas circunstancias. Presentar estos vínculos como aceptables no solo invisibiliza la violencia, sino que debilita los mecanismos de protección, desacredita la palabra de las víctimas y reproduce patrones históricos de abuso y dominación.

Las declaraciones realizadas desde espacios de representación pública no son neutras ni privadas. Tienen consecuencias reales ya que influyen en la forma en que la sociedad percibe la violencia y pueden legitimar prácticas que atentan contra la dignidad y la integridad de niñas, niños y adolescentes. Por ello, quienes aspiran a ocupar cargos públicos tienen una responsabilidad ética mayor en la manera en que se refieren a estos temas.

La violencia sexual contra personas menores de edad no puede reducirse a opiniones personales ni tratarse como casos aislados. Se trata de una problemática social estructural, vinculada a desigualdades históricas que colocan a niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad frente a personas adultas. Minimizar estas realidades contribuye a normalizar el daño y a mantener el silencio alrededor de situaciones que requieren protección y acción inmediata.

Recordamos que la protección de la niñez y la adolescencia es un asunto de interés público y una obligación indeclinable del Estado y de toda la sociedad. No puede quedar sujeta a criterios morales individuales ni a interpretaciones que desconozcan

el enfoque de derechos, la evidencia técnica y los estándares internacionales de protección. La integridad y el bienestar de las personas menores de edad constituyen un límite ético y jurídico que no admite relativizaciones.

Reiteramos nuestro compromiso con la prevención y erradicación de toda forma de violencia sexual, así como con la construcción de entornos seguros que garanticen protección efectiva, atención oportuna y acceso a la justicia. Defender los derechos de la niñez y la adolescencia no es una postura ideológica; es una responsabilidad colectiva y una condición básica para una sociedad democrática y justa.

Como organización, hacemos un llamado a las autoridades, a los actores políticos y a la ciudadanía a asumir una postura clara, informada y coherente con los derechos humanos. La dignidad de niñas, niños y adolescentes debe ser una prioridad incuestionable en cualquier discurso o proyecto político.

31 de enero de 2026, Costa Rica

Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados exige responsabilidad ética frente a la violencia sexual contra personas menores de edad

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Las organizaciones de sociedad civil, instancias académicas y colegios profesionales que formamos parte de la Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados de Niñas, Niños y Personas Adolescentes en Costa Rica expresamos nuestra profunda preocupación ante declaraciones públicas recientes que relativizan, justifican o normalizan la violencia sexual contra personas menores de edad.

Resulta especialmente alarmante que, desde aspiraciones a cargos de representación o desde cualquier posición de liderazgo público, se sostengan discursos que desconocen sentencias judiciales firmes y que niegan la condición de persona menor de edad a niñas y adolescentes, reproduciendo narrativas que banalizan relaciones profundamente marcadas por la desigualdad de poder, la coerción y la violencia.

Este tipo de afirmaciones no solo contradicen el ordenamiento jurídico costarricense —incluido el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley de Relaciones Impropias N.º 9406 y el marco penal vigente— sino que también vulneran los estándares internacionales de derechos humanos que el Estado costarricense ha asumido, entre ellos el principio de protección integral, el interés superior de la persona menor de edad y el deber reforzado de prevención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia sexual establecido por la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

El carácter inválido e improcedente de todo consentimiento sexual declarado por una persona menor de 18 años está debidamente regulado en Costa Rica por vía del “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños”, instrumento conocido como Protocolo de Palermo, ratificado por Costa Rica mediante la Ley N.º 8315 del 4 de noviembre de 2002, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El Protocolo de Palermo forma parte del ordenamiento jurídico costarricense y rige sobre todo lo relacionado con la validez o no del consentimiento sexual para actos donde la parte actuante sea menor de 18 años de edad.

Como sociedad, debemos ser claros e irreductibles: no existe consentimiento válido en relaciones sexuales entre personas adultas y personas menores de edad, y cualquier intento de presentarlas como “normales” constituye una forma de legitimación simbólica de la violencia sexual. Estos discursos tienen efectos reales y dañinos, pues refuerzan la impunidad, desalientan la denuncia, revictimizan a quienes han sobrevivido a estas violencias y debilitan la confianza en las instituciones encargadas de garantizar protección y justicia.

Quisiéramos enfatizar que toda persona que ejerza o llegue a ejercer funciones de servicio público —particularmente en espacios de influencia legislativa o de formulación de políticas públicas— debe demostrar la capacidad de ajustar sus concepciones, discursos y actuaciones al marco de derechos de la niñez y la adolescencia. La función pública exige un compromiso ético ineludible con la dignidad humana, el Estado de derecho y la protección de las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad.

Reafirmamos que la protección de niñas, niños y personas adolescentes frente a la violencia sexual no es una cuestión ideológica, partidaria ni opinable. Es una obligación jurídica, ética y democrática. Costa Rica ha construido, con enormes esfuerzos históricos, un marco de protección que no puede verse erosionado por discursos regresivos que normalizan la violencia y desconocen la evidencia, la ley y la experiencia de las personas sobrevivientes.

Desde la Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados, reiteramos nuestro compromiso con la promoción de una cultura de derechos, con la prevención de todas las formas de violencia y con la exigencia de que quienes aspiren a ejercer poder público actúen con responsabilidad, conocimiento y respeto irrestricto por los derechos humanos de niñas, niños y personas adolescentes.

El cuidado, la protección y la dignidad de las personas menores de edad deben ser un mínimo ético compartido en cualquier proyecto de país.

Personas sobrevivientes de violencia sexual llaman a votar con ética y responsabilidad

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Pronunciamiento de personas sobrevivientes de violencia sexual padecida en la infancia y adolescencia de cara a las elecciones 2026

Costa Rica, enero 2026

Desde el Movimiento de Valientes de Costa Rica, iniciativa conformada por personas sobrevivientes de violencia sexual vivida en la infancia y/o adolescencia, expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante las declaraciones del candidato a diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos Umaña.

Villalobos, abogado de profesión, fue defensor legal de un pastor evangélico condenado en noviembre de 2022 a 35 años de prisión por abuso sexual, violación calificada y tentativa de violación contra una persona menor de edad. Resulta especialmente grave que el candidato haya afirmado públicamente que la víctima de 14 años “no era una niña” y que existía una supuesta “relación normal” entre el agresor y la persona menor de edad.

Estas afirmaciones desconocen una sentencia judicial firme y reproducen discursos que minimizan, justifican y normalizan la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Además, contradicen la legislación costarricense, los estándares internacionales de derechos humanos y los principios básicos de protección integral de la niñez y la adolescencia. Por eso, el debate sobre su permanencia o renuncia a la candidatura no es un asunto personal ni partidario, sino una cuestión de responsabilidad política, ética y jurídica.

En el proceso judicial, los tribunales establecieron con claridad que la víctima tenía 14 años cuando iniciaron los abusos y que el agresor utilizó su rol como pastor, la confianza de la familia y la situación de vulnerabilidad de la persona menor de edad para cometer los delitos. La condena fue confirmada por el Tribunal de Apelación y por la Sala Tercera de Casación Penal.

Este caso se suma a preocupaciones más amplias que, como personas sobrevivientes, tenemos frente a la posible continuidad del proyecto político impulsado por Rodrigo Chaves y actualmente representado por Laura Fernández y las candidaturas a diputaciones del Partido Pueblo Soberano.

El 5 de marzo de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia sobre la situación de los derechos humanos en Costa Rica. En ella, organizaciones de la sociedad civil denunciaron retrocesos graves durante el actual gobierno, con impactos directos en poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, incluyendo a niñas, niños y adolescentes. No se trata de hechos aislados, sino de patrones de debilitamiento institucional, regresión normativa y abandono de obligaciones estatales.

Bajo este gobierno se eliminó la educación integral para la sexualidad en el sistema educativo, se han promovido discursos regresivos en materia de derechos sexuales y reproductivos, y se han aplicado políticas de austeridad que han reducido la capacidad del Estado para prevenir la violencia, atender a las víctimas y garantizar justicia.

La educación sexual integral salva vidas. Permite que niñas, niños y adolescentes reconozcan situaciones de violencia y facilita la denuncia temprana. Su eliminación aumenta la vulnerabilidad de las personas menores de edad y contradice los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica. A esto se suma una drástica reducción de la inversión pública, que pasó del 21,2 % del PIB en 2022 al 9,3 % en 2025. Este recorte ha afectado directamente la protección social, la educación, la salud y la cultura, debilitando la garantía de derechos básicos.

Estos retrocesos evidencian un debilitamiento serio del Estado de derecho. Instituciones clave como la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio Público y el Patronato Nacional de la Infancia han visto profundizada su inacción. Los recortes en políticas sociales y de protección a la niñez han aumentado la desprotección, la impunidad y el abandono de las personas sobrevivientes.

La eventual continuidad de este proyecto político, a través de la candidatura de Laura Fernández, amenaza con profundizar aún más este deterioro institucional. No se trata solo de una elección, sino del riesgo de consolidar un modelo de Estado que tolera discursos que relativizan la violencia sexual y que incumple de forma reiterada sus obligaciones nacionales e internacionales en derechos humanos.

Denunciamos también la exclusión histórica de niñas, niños y adolescentes indígenas de políticas públicas fundamentales, como la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024–2036 presentada por el actual gobierno. Costa Rica necesita con urgencia un enfoque intercultural, equitativo y libre de discriminación.

Garantizar justicia para niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual exige respuestas estructurales. La imprescriptibilidad total de estos delitos es una demanda basada en la desigualdad de poder, las barreras reales de acceso a la justicia y el deber reforzado del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar estas violencias. Esta exigencia es aún más urgente en un contexto donde discursos políticos minimizan la gravedad de estos crímenes.

La defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes requiere hoy una posición clara y firme, que rechace cualquier intento de justificar la violencia sexual y coloque la protección integral y la prevención en el centro de la acción pública.

Por eso hacemos un llamado a la ciudadanía comprometida con los derechos humanos de la niñez y la adolescencia a votar con ética y con información. Salgamos a votar contra el continuismo y dejemos claro que no vamos a tolerar que un proyecto político que minimiza la violencia sexual y encubre a agresores se mantenga en el poder.

¡Venimos Valientes y NO nos vamos a callar!

Podemos transformar las relaciones desiguales e injustas con el compromiso personal y social

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Kattia Isabel Castro Flores

La cultura ha construido relaciones desiguales e injustas y una de sus manifestaciones se ve de forma clara en los vínculos que se establecen entre hombres y mujeres. La buena noticia es que podemos transformar esta triste realidad por medio del compromiso personal y social en el cultivo del cuidado mutuo, de relaciones respetuosas, equitativas, que reconocen el valor y la dignidad que nos corresponde a hombres y a mujeres por igual.

Solo un par de generaciones atrás las mujeres no podían estudiar, debían casarse a edades tempranas y tener múltiples embarazos y partos. Nuestras abuelas y madres tuvieron vidas marcadas por carencias económicas, pero además por falta de oportunidades para expresar lo que sentían y pensaban. Se limitaba la participación de las mujeres en actividades fuera del hogar, fueran estas de tipo recreativo o de participación comunal.

Se promovía que era virtud en las mujeres ser calladas, obedientes, tímidas y sumisas. Todo lo contrario se pensaba para los hombres, a ellos se les asignaba la libertad de movimiento y de actuación. El ejercicio del liderazgo era parte de su identidad, aunque se pareciera más al autoritarismo. Se autodesignaron los administradores de los recursos económicos familiares.

Muchos hombres hicieron un mal uso del poder que la sociedad les otorgaba y lo usaron para humillar, golpear, intimidar, toquetear y hasta violar a mujeres de sus propias familias, vecinas o conocidas. Muchas mujeres han tenido que llevar adelante embarazos que son resultado de violencia sexual, mientras que otras han sufrido abortos espontáneos y también fruto de agresiones sufridas en el hogar.

¿Conoce usted algún caso de violencia física, emocional, patrimonial o sexual en el entorno familiar o comunitario? Sabemos que lamentablemente la respuesta a esta pregunta es positiva. Tristemente usted y yo podemos ser una de las víctimas. La violencia era y sigue siendo parte de la vida cotidiana de las familias y de la comunidad. Frente a la violencia sufrida se guarda silencio porque el dolor es inconmensurable y se piensa, de forma errónea, que es mejor ignorarlo y seguir como si nada hubiera pasado. No puede haber una familia feliz si hay violencia en cualquiera de sus formas, tener que aparentarlo es revictimizar a la persona que sufrió violencia y alcahuetear a quien la ejerció o la sigue ejerciendo. El silencio nos hace cómplices del dolor y el sufrimiento de muchas personas y esto está lejos del amor, la paz y la justicia. Los agresores sexuales deben ser frenados, denunciados y condenados.

Ha llegado el tiempo de romper el silencio y de llamar a las cosas por su nombre: los mal llamados “piropos” son violencia. Los hombres que se masturban delante de niñas, niños y mujeres de todas las edades, ejercen violencia; también los hombres que observan a las mujeres mientras se bañan o se visten. El lenguaje soez de contenido sexual es violencia. El acoso sexual callejero, es violencia. La exposición a pornografía es violencia. El sexo sin consentimiento, aún dentro de la vida de pareja es violencia. La violación es violencia. Compartir en redes sociales fotos de contenido sexual que no fueron creadas con esa finalidad también es violencia.

Las mujeres tenemos derecho y exigimos una familia y una comunidad libre de violencia. Queremos salir a caminar y saber que estamos seguras. Queremos viajar con la alegría de conocer el mundo y saber que solo pasarán cosas bonitas. Queremos salir a divertirnos y regresar a casa cansadas y satisfechas. Queremos sonreír y tener una vida tranquila y en paz.

Caminata por la erradicación de la violencia sexual contra personas menores de edad

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

El próximo sábado 9 de agosto, de 9:30 a.m. a 12:00 m.d., se realizará la 2ª Caminata por la Erradicación de la Violencia Sexual contra personas menores de edad. La actividad se enmarca en el Día de Solidaridad con las personas sobrevivientes de violencia sexual padecida en la infancia y adolescencia.

La caminata reúne a personas sobrevivientes, activistas, profesionales y organizaciones de la sociedad civil en un llamado colectivo a detener todas las formas de violencia que afectan a las infancias. Será un pasacalles lleno de música, arte, carteles y colores, pensado como un espacio seguro para personas de todas las edades.

El año pasado se formó parte de una movilización histórica junto a más de 500 organizaciones en América Latina y el Caribe. Este 9 de agosto se renueva el compromiso de alzar la voz por justicia, prevención y reparación para las personas sobrevivientes.

Fuente: Información compartida con SURCOS por Voces Nuestras
https://www.instagram.com/p/DMbDOJLxruv/?igsh=bTA2OWU3N3ZnOHVh
Le invitamos a visitar la página para más información.

Recorrido:

Invitación al foro: “Hacia una estrategia integral contra la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes”

Escrito en . Publicado en Derechos.

Movimiento de Valientes Costa Rica les invita a participar del foro “Hacia una estrategia integral contra la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes” el lunes 4 de agosto a las 3:00 p.m en el Salón de Jefes de Estado, presidentes y presidentas de la Asamblea Legislativa.

La actividad se realizará en el marco del Día de Solidaridad con las Personas Sobrevivientes de Violencia Sexual en la Infancia y/o Adolescencia, conmemorado en toda la región cada 09 de agosto.

El cupo es limitado y para participar es obligatorio llenar el formulario de inscripción https://surl.li/yfwpmp

Los derechos de las mujeres son derechos humanos

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

La violencia sexual lesiona los derechos humanos de todas las personas que la viven. La dignidad, como principio fundamental para la garantía del respeto por los derechos de todas las personas, requiere la seguridad de una vida libre de cualquier tipo de violencia. Este debe ser el fin primordial de las instancias públicas encargadas de velar por la promoción, protección y garantía de derechos humanos.

En ese sentido, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa es el órgano parlamentario encargado de llevar adelante las tareas de control político y legislación para erradicar los patrones culturales y sociales de violencia, acoso, hostigamiento y discriminación en contra de cualquier persona, independientemente de su condición social. Asimismo, la perpetración de la violencia no distingue de posiciones políticas ni clase social, siendo especialmente grave y tortuosa para las sobrevivientes cuando la comete una persona en posición de poder y notoriedad pública.

En días recientes se conoció que el Ministerio Público investiga al diputado del Partido Nueva República, Fabricio Alvarado Muñoz, miembro de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, por el delito de abuso sexual en contra de persona mayor de edad. Si bien se reconoce el derecho de defensa, presunción de inocencia y debido proceso que le asiste a cualquier persona en las instancias judiciales, no se puede omitir que los procedimientos penales por delitos de violencia sexual también acarrean una enorme carga de revictimización, estigmas, prejuicios y costos personales para las personas denunciantes.

Tener una vida libre de violencia es un derecho humano. Por ello, las personas y organizaciones que suscribimos este manifiesto solicitamos públicamente al diputado Alvarado Muñoz abandonar su puesto como miembro permanente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa hasta tanto no se esclarezcan los hechos alrededor del grave delito por el cual se le investiga.

Consideramos que la violencia sexual es sumamente grave, y es deber de la institucionalidad apoyar a las denunciantes y no someterlas a situaciones de revictimización frente a sus presuntos agresores. Aunado a lo anterior, Costa Rica atraviesa una dolorosa espiral de violencia machista que demanda a las personas en puestos de representación popular brindar un ejemplo respetuoso de la dignidad, integridad y seguridad de todas las personas.

La Comisión de Derechos Humanos es un espacio en el cual se debaten asuntos que inciden directamente en el derecho a vivir una vida libre de violencia, razón por la cual no resulta apropiado ni pertinente que una persona cuestionada por aparentes delitos sexuales sea parte de este órgano vital.

Finalmente, se hace un llamado para todas las personas víctimas y sobrevivientes de violencia sexual a alzar su voz y denunciar. Romper el silencio es el primer paso para acabar con el encubrimiento y la impunidad. Asimismo, se insta a la sociedad en general a respaldar a las personas denunciantes de cualquier caso de abuso y violencia, con el fin de que se sientan fortalecidas y acompañadas en sus procesos de denuncia y sanación.

Suscriben,

Elizabeth Odio Benito, cédula 4-0078-0585
María Amalia Matamoros Landázuri, cédula 4-0145-0213
Marco Zúñiga Badilla, cédula 1-1740-00858
Roxana Víquez Salazar, cédula 1-0418-1237
Karla Salguero Moya, cédula 1-0748-0133
Julia María Ardón Morera, cédula 2-0386-0415
Mari Paz Matamoros Matamoros, cédula 4-0189-0362
Amanda Arroyo Cabezas, cédula 1-1656-0001
Yamileth Astorga Espeleta, cédula 1-0540-0192
Mauro Fernández Acuña
Yalile Chan Jiménez, cédula 1-0567-0078
Gabriela Saborío de la Espriella, cédula 1-0572-0355
Guillermo Arroyo Muñoz, cédula 1-0444-0252
Nerina Carmona Castro, cédula 1-0616-0754
Ana Cecilia Castro Calzada, cédula 1-0561-0190
Yara Mourelo González, cédula 2-0382-0947
César Castro Azofefia, cédula 1-1542-0195
Irene Salazar Carvajal, cédula 1-0733-0462
Sergio Iván Alfaro Salas, cédula 2-0464-0844
Nidia Molina Sibaja, cédula 2-0393-0669
Gerardo Hernández Naranjo, cédula 1-0677-0083
Vivian Solís Espinoza, cédula 1-1032-0333
Xinia Herrera Durán, cédula 2-0344-0672
Laura Astorga Carrera, cédula 1-0914-0100
Ana Beatriz Fernández González, cédula 1-0625-0678
Ana Zulema Jiménez Soto, cédula 1-0488-0193
Marta Solano Arias, cédula 1-0453-0311
Ana Helena Chacón Echeverría, cédula 1-0567-0359
Leda Zamora Chaves, cédula 2-0433-0362
Ricardo León Gómez, cédula 3-0445-0638
Ana Leonor Ramírez Montes, cédula 1-0483-0426
María Cecilia Aguilar Lara, cédula 2-0252-0321
Wendy Vásquez Pessoa, cédula 3-0364-0290
Carla Ramírez Brunetti, cédula 1-0648-0825
Cristina Salas, cédula 2-0388-0960
Eugenia Solís Umaña, cédula 1-0442-0132
Marlene Mora Camacho, cédula 1-0402-1336
Ana Lorena Hidalgo Solís, cédula 1-0468-0075
Rocío Abarca Sánchez, cédula 7-0160-0677
Luz María Chacón León, 2-0336-0097
Margarita Bolaños Arquín, cédula 1-0407-0764
Yolanda Bertozzi Barrantes, cédula 1-0399-0589
Yolanda Rojas Rodríguez, cédula 9-0012-0762
María José De la Mata Mora, cédula 1-1131-0257
Norman José Solórzano Alfaro, cédula 2-0405-0106
Nelsy Saborío Rodríguez, cédula 1-0630-0624
Jenny Castro Acuña, cédula 1-0649-0965
Haydée Hernández Pérez, cédula 1-0559-0946
Claudia Vargas Medal, cédula 155827353415
Georgina Hidalgo Rojas, cédula 2-0325-0498
Sylvia Mesa Puluffo, cédula 8-0090-0464
Ariane Garnier, cédula 1-0624-0634
Syndell Bedoya Rivera, cédula 1-0584-0088
Gabriela Delgado Hidalgo, cédula 1-0963-0626
Eugenia Solís Umaña, cédula 1-0442-0132
Cristina Santamaría Navarro, cédula 6-0161-0193
Nuria Gamboa Mora, cédula 1-0533-0375
Thais Aguilar Zúñiga, cédula 1-0587-0972
Grettel Andrade Cambronero, cédula 1-0953-0838
Rubieth Jaén Angulo, cédula 5-0148-0959
Ericka María Álvarez Ramírez, cédula 2-0532-0025
Damaris Solano Murillo, cédula 5-0193-0665
Sandra Cartín Herrera, cédula 2-0343-0634
María Flor Abarca Alpízar, cédula 2-0285-0063
Nidia García Zamora, cédula 4-0171-0744
Rosa Alvarado, cédula 1-0403-1030
Ana María Botey Sobrado, cédula 1-0473-0692
Yamileth González García, cédula 2-0246-0555
Sonia Marta Mora Escalante, cédula 1-0412-1470
Elizabeth Briceño Jiménez, cédula 1-0721-0134
Jane Seglau Earle, cédula 8-0061-0877
Ana Leonor Saravia Vivas, cédula 1-0838-0916
Alma Aisemberg Saravia, cédula 1-1852-0879
Rebeca Eugenia Quesada Guell, cédula 1-0555-0138
Adriana Sequeira Gómez, cédula 1-1093-0980
Gloriela Brenes Murillo, cédula 1-0741-0195
Sary Montero Cabezas, cédula 2-0259-0860
Lorna Chacón Martínez, cédula 2-0481-0863
Silvia Monge Retana, cédula 1-0737-0490
Daniela Cordero Ardon, cédula 4-0183-0087
América Ardón Apuy, cédula 2-0632-0903
Catalina Obregón, cédula 1-0753-0231
Sara Schifter Sharatt, cédula 1-0313-0051
Dunia Espinoza Esquivel, cédula 1-0847-0569
Seidy Salas Víquez, cédula 1-0864-0094