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Etiqueta: violencia sistemática

Rechazamos a la masiva disolución y cierre de organizaciones no gubernamentales por parte del gobierno Ortega Murillo

Agosto 2024, San José Costa Rica. Las organizaciones representadas en este pronunciamiento rechazamos la disolución y cierre de organizaciones no gubernamentales ordenada por el gobierno Ortega Murillo bajo la excusa de “un nuevo modelo de operatividad” y obligándolas a actuar en alianza con el Estado.

Por esta razón, con profunda preocupación:

Expresamos repudio al cierre masivo anunciado por el gobierno Ortega Murillo, que cancela la personería de las asociaciones, organismos sin fines de lucro, y comunidades basadas en la fe, generando desprotección, nuevas búsquedas de opciones de atención para la población civil y desempleo de quienes más lo requieren. Tales medidas afectan especialmente a las mujeres, cuyo trabajo en las ONG ha sido fundamental y quienes fueron las más afectadas durante la pandemia por COVID 19.

Entendemos estas medidas represivas como un continuum de violencia sistemática contra el pueblo de Nicaragua, periodistas, intelectuales, personas defensoras de derechos humanos, líderes indígenas, religiosos y mujeres opositoras al régimen.

Según el Informe de la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos, Nada Al -Nashif, 30 personas “han sido detenidas desde marzo de 2024 en el contexto de la represión del espacio cívico” de forma ilegal y arbitraria, “seguidas de juicios que no cumplen las garantías básicas de debido proceso y juicio justo”.

Denunciamos también los hechos violatorios del derecho a la libertad de expresión, que erosionan los Derechos Humanos en el país y nos sumarnos a muchas otras voces en el mundo que reclaman preservación de la vida, la seguridad y la libertad a los pueblos de la región y de Nicaragua en particular.

Suscribimos, Feministas Picos Rojos CR, Voces Nuestras, Colectiva por el Derecho de Decidir, Gema Observatorio de Medios de Comunicación y Género, Profesionales para la ciudadanía y Mujeres por Costa Rica, en San José, Costa Rica, 28 de agosto de 2024

Costa Rica debe detener la Pandemia de Violencia que vivimos las mujeres y las niñas

MANIFIESTO PÚBLICO

Expresamos nuestro más profundo repudio frente a los brutales femicidios que se presentan nuestro país, estos son una manifestación de la misoginia, ejecutados para representar la expresión de lo más crudo del sistema patriarcal: los cuerpos de las mujeres como objeto de apropiación privada y la posibilidad de hacer o des-hacer con ese “objeto” lo que se desee, hasta llegar a quitarles la vida.

La violencia contra las mujeres y las niñas, es una transgresión universal a los derechos humanos, estas expresiones violentas deben ser atendidas como un problema de salud y de seguridad ciudadana, por lo que el trabajo desde el gobierno central debe encaminarse a disminuir la desigualdad, erradicar la difusión de discursos de odio contra las mujeres, la perpetuación de estereotipos y de roles de género discriminatorios, y fundamentalmente a fortalecer todas las competencias que estén a su alcance para detener de una vez por todas el femicidio en Costa Rica.

La violencia sistemática y el ejercicio de poder patriarcal desmesurado se refleja en el contexto de los femicidios que se han registrado en los últimos meses en el país, en los cuales se muestra claramente un deseo expreso de dominio y control.

Por ello, la lucha contra la violencia patriarcal no puede quedarse en el discurso. Se requiere la ejecución de las políticas públicas y presupuestos suficientes para prevenirla, atenderla y sancionarla hasta lograr su definitiva erradicación.

Costa Rica cuenta con una Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades (2017-2032) que contempla apuestas estratégicas que abordan todo el “recorrido de la violencia”, desde su origen, trabajando con la niñez y las personas adolescentes, promoviendo masculinidades para la igualdad y la no violencia, pasando por el abordaje de la violencia simbólica y mediática, la relación entre violencia-pobreza en mujeres jóvenes embarazadas, sus hijas e hijos, reconociendo la violencia sexual como una forma de control de los cuerpos de las mujeres, entendiendo la necesidad de que los sistemas de atención de las mujeres víctimas desarrollen su trabajo cumpliendo con la debida diligencia, y por supuesto, estableciendo como eje central la prevención del femicidio.

Las acciones están planteadas. El Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, así como los Gobiernos Locales, deben priorizar acciones y destinar el presupuesto necesario para llevarlas a cabo. Es urgente que se supervise el cumplimiento de estas acciones por parte de todas las instituciones que integran el Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (Ley 8688).

El Poder Ejecutivo debe de articular con los espacios locales y regionales. Por ejemplo, las Oficinas Municipales de la Mujer (OFIM) son las que tienen el contacto más cercano con las mujeres de la comunidad. Atienden directamente múltiples y diversas formas de violencia contra las mujeres, conocen sus realidades y dificultades para salir de situaciones violentas, de dominio y control. Estas instancias deben de ser fortalecidas, con mayor seguridad jurídica, presupuestaria y técnica. Se requiere urgentemente este apoyo para que coadyuven junto a la responsabilidad que tiene el Estado y los Poderes Públicos, a priorizar la atención de las mujeres víctimas de violencia, así como el desarrollo de procesos de sensibilización y capacitación a las mujeres del Cantón y a orientar los procesos de deconstrucción de masculinidades hegemónicas con los hombres.

Frente a la Pandemia de Violencia que vivimos las Mujeres y las Niñas, hacemos un vehemente llamado en el siguiente sentido:

  1. Exhortamos al Poder Ejecutivo a girar las instrucciones atodas las 22 instituciones del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (Ley 8688), de forma inmediata, de forma tal que, prioricen recursos y acciones concretas con la situación de violencia que están viviendo las niñas y las mujeres en nuestro país.
  2. Exhortamos a la Asamblea Legislativa a que tome acciones en la tramitación e iniciativa de ley que, proporcione más y mejores herramientas para el acceso de la justicia de las mujeres; se proporcionen mayores recursos para fortalecer la prevención, el acceso a la atención de las mujeres y se valoren acciones para acabar con la impunidad. Se concrete vía reforma al Código Municipal, mayor seguridad jurídica para las OFIM y se les asigne recursos suficientes para que promuevan y articulen las acciones en nuestros cantones, a favor de las mujeres y las niñas.
  3. A la cooperación internacional, y particularmente a las instancias de Naciones Unidas presentes en el país, para que se apoye las acciones de las 22 instituciones del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres que deben desarrollarse; así como, apoyar a los gobiernos locales, con el fin de desarrollar proyectos para el abordaje de la violencia contra las mujeres y la prevención de esta.

Defensoría dará seguimiento a acciones estatales ante hechos ocurridos en territorio indígena de China Kichá

La Defensoría de los Habitantes dará seguimiento a la situación suscitada en el Territorio Indígena de China Kichá, donde se registraron incendios que afectaron cultivos y terrenos de la zona.

Como parte de las labores de seguimiento, el pasado 07 de marzo anterior, personal de la Defensoría efectuó una inspección y verificación en las zonas afectadas en conjunto con representantes del Sistema de Naciones Unidas en el país.

Aunado a ello, mediante oficio DH-DIND-228-2024, se solicitó al Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde, un detalle de las acciones a emprender por esa cartera a efecto de atender la situación. También se solicitó conocer quiénes serán las personas responsables por parte de esa cartera y el plazo para la ejecución de medidas. A su vez se pidió saber el nivel de coordinación interinstitucional.

Ante esta gestión de la Defensoría, el Ministerio de Justicia indicó sobre las coordinaciones interinstitucionales efectuadas, las cuales incluyeron la participación de la Fuerza Pública, Cuerpo de Bomberos, DINADECO, INDER, Fiscalía del I Circuito Judicial de Pérez Zeledón y el Organismo de Investigación Judicial.

Se indicó a esta Defensoría que ya está definida la hoja de ruta, de tal manera que, en un plazo de 15 días, cada institución presente a Justicia un informe de lo actuado de acuerdo con sus competencias y recabe información para la toma de decisiones, plazo que vence el próximo 27 de marzo del 2024. La Defensoría de los Habitantes dará seguimiento al cumplimiento de los compromisos, a fin que se garantice el bienestar de las y los habitantes del territorio indígena de China Kichá.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos: no más impunidad ante crimen político de Sergio Rojas

Por Sofía Jiménez Murillo

La Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) comparte una carta emitida el pasado 10 de enero por el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, redactada por la Coordinadora Daniela González. La carta, titulada Condenamos la solicitud de sobreseimiento definitivo presentada por la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delincuencia Organizada ante crimen político de Sergio Rojas líder indígena, Uniwak del Pueblo Bribrí de Salitre, manifiesta la preocupación del Observatorio en relación con el proceder de la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delincuencia Organizada a raíz del crimen político efectuado en 2019 contra Sergio Rojas, Uniwak del Pueblo Bribrí de Salitre.

El Observatorio, a través de la carta, solicita al Juzgado Penal de Buenos Aires, Pérez Zeledón, rechazar la solicitud de sobreseimiento con respecto al crimen político. Puede leer más en el documento adjunto, que contiene la carta en cuestión. Si desea estar al tanto de las comunicaciones de la CLSS puede visitar su página de Facebook en este enlace.

¡Los pueblos indígenas de Costa Rica merecen justicia y no más impunidad!

Imagen principal: UCR.

Pueden callar una voz, pero hay muchas voces que seguirán clamando junto al eco de la montaña…

Alejandra Espinoza

Pueden callar una voz, pero hay muchas voces que seguirán clamando junto al eco de la montaña…

Una publicación que hice un 18 de marzo por el aniversario del asesinato del líder Bribri Sergio Rojas, ahora, a un año más de impunidad vuelve a tomar vigencia.

“Tu belleza me atrapó, el reflejo de esas pupilas que no entienden de divisiones ni razas, fundido a su mascota en un abrazo solidario.

Evocación de nuestros abuelos, de lo real y auténticamente costarricense.

Tú no sabes de videojuegos porque tienes la luna y el bosque, no tienes miedo porque la tierra te cuida. Sos el dueño de este país donde se bota el pescado a los dos días de estar en el supermercado mientras tu pueblo camina dos lunas para poder pescar en el Térraba.

Tratan de arrancarte la tierra, lecho de bruma donde descansan tus antepasados.

Pueden callar una voz, pero hay muchas voces que seguirán clamando junto al eco de la montaña.

No puedo dejar de mirarte «niño indígena» y siento vergüenza de la inacción propia y ajena”.

A la comunidad nacional e internacional a 4 años del asesinato impune de Sergio Rojas Ortiz

Comunicado de FRENAPI
18 DE MARZO 2023

El Frente Nacional de Pueblos Indígenas, FRENAPI (Costa Rica), cumplimos 23 años de ser un movimiento político, trabajando en los territorios indígenas para que se cumplan nuestros Derechos Humanos, que se especifican en el Convenio 169 de la OIT de 1989, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblo Indígenas del 2007, la Ley Indígena No. 6172 del año 1977 y otros derechos, que la jurisprudencia nacional e internacional han confirmado en nuestro favor, junto a nuestro Derecho Propio Ancestral que también llaman “Consuetudinario”.

Las Recuperaciones de Tierra /Territorio, son parte del Proceso de Afirmación Territorial Autónoma, como un proceso de sanación, para conservar y cuidar la naturaleza: el agua, la flora y la fauna y la vida en todas las expresiones de nuestros Pueblos Indígenas.

Las recuperaciones son recuperación de nuestra cultura, espiritualidad y de nuestra memoria ancestral.

En la Asamblea Anual de Delegados (febrero 2023), de los pueblos indígenas de Costa Rica, organizados en el FRENAPI, acordamos comunicarles que:

  1. Continuamos exigiendo justicia para nuestro hermano y compañero de luchas, sueños y metas: Sergio Rojas Ortiz. Un asesinato violento que no debe ni puede quedar en la impunidad. Cuando vemos pasar el tiempo y sabemos que los asesinos de nuestro hermano andan sueltos, se demuestra que no hay voluntad política por esclarecer este crimen, por parte del Estado Costarricense, que está en deuda por incumplir nuestros Derechos, lo que nos impulsa con mayor fuerza al saneamiento territorial y las demás luchas que llevarán siempre el sello de Sergio.
  2. Llamamos a la comprensión de todo el Pueblo de Costa Rica y a sus autoridades, que los Derechos Indígenas de nuestros ocho Pueblos, están reconocidos y amparados en leyes, tratados internacionales y sobre todo en nuestro Derecho Propio (Consuetudinario) guardado desde nuestras/os Ancestras/os, en las diversas culturas indígenas de este país; que comprendan que es un Derecho específico y especial, que debe cumplirse solamente, por lo que exigimos que el Estado (todo) lo conozca, lo respete y en su proceder se sujete a él; por lo que las situaciones de nuestros pueblos indígenas, NO pueden ni deben de juzgarse con el mismo Derecho y Leyes que rigen en el resto del país, menos aún amenazarnos con cárcel, por reclamar esos Derechos. La peor forma de violencia es la “amenaza”.
  3. Manifestamos que no permitiremos ni aceptamos que nuestros Pueblos y Derechos sean invisibilizados, despreciados y/ó asimilados a esta sociedad globalizada, por lo que denunciamos las políticas Estatales, violatorias de nuestros Derechos Humanos, que por acción u omisión se niegan y arrebatan como el derecho a la Autonomía sobre nuestras tierras y territorios ancestrales. Rechazamos como Delitos contra los Derechos Humanos, el racismo, la discriminación, etnocidio como política pública y privada, sistemática para destruir las culturas indígenas; nos oponemos a la imposición de normas y políticas que violan el Derecho de Consulta de nuestros Pueblos, reclamamos nuestro sagrado derecho a existir como Pueblos Originarios de esta Madre Tierra.
  4. Reiteramos que las Asociaciones de Desarrollo Indígena, ADI, y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, CONAI, son entidades estatales, por lo que no nos representan. Además, en su mayoría realizan actividades que dañan la vida y los derechos de nuestros pueblos; hacen pactos con personas no indígenas, que tienen grandes intereses en nuestras tierras-territorios, que generan violencia y enfrentamientos. Rechazamos igualmente la política del Estado/Gobierno de la actual administración Chaves Robles, por continuar violentando Leyes y Procedimientos establecidos, como el Derecho de Consulta y Autonomía, el proceso de un “diálogo” que privilegia a estas instituciones estatales impuestas (ADIs y CONAI), y con ello busca invisibilizar organizaciones propias, nuestras luchas y desconoce nuestro Derecho Propio y métodos culturales.
  5. Denunciamos que el sistema educativo estatal, promueve también el exterminio cultural, como ejemplo se nos imponen 50 lecciones españolizadas y solamente dos lecciones para nuestros idiomas autóctonos por semana, sin promoverse la diversidad cultural y el respeto por las tradiciones ancestrales, con el debido tiempo y dedicación. Así, nuestros idiomas, nuestras culturas y espiritualidades son parte de nuestra autonomía y educación propia y se ven avasalladas y despreciadas, con esa asimetría e imposición del “proceso de educación formal”, lo que se profundiza a pasos acelerados. Se requiere que esa “educación formal”, sea contextualizada y acorde con las culturas.

Cada pueblo posee sus propios códigos consuetudinarios culturales, los cuales se han desarrollado por cientos de años según sus costumbres, tradiciones y espiritualidad propia. La eliminación de nuestras costumbres y tradiciones, que son memoria ancestral, la sufren paulatinamente nuestros niños, niñas y jóvenes, por la imposición educativa estatal, eso equivale a la violación de sus derechos.

  1. Informamos que los Brörán de Térraba, el 19 de marzo próximo, Celebramos el 5to. Aniversario de la Recuperación de la Tierra/Territorio de Crün Shurín, que ha sido fuerza liberadora, de donde están naciendo nuevos proyectos en sintonía y acorde con el sueño de Sergio Rojas y del FRENAPI que él ayudó a fundar en el año 2000. Esta Celebración la haremos inaugurando nuestro Rancho Cultural Utlala (Casa de Mayoras y Mayores) unido a la Memoria del 4to. Aniversario del asesinato de Sergio, el 18 de marzo próximo.

Hoy esta tierra Crün Shurín, es muy diferente a los suelos secos y duros, devastados por la ganadería de 5 años atrás, se recuperan nacientes de agua, bosque y animales que además tienen donde cobijarse; producimos nuestros alimentos, hay vida, hay alegría y espiritualidad.

Nuestro Concejo Brorán trabaja incansablemente para tener nuestra propia organización de derecho consuetudinario, por eso estamos levantando el Rancho Cultural Utlala, hacemos caminatas a los sitios sagrados, que nos reencuentra con nuestra espiritualidad e identidad propias; así reafirmamos los procesos de recuperación, llenos de sentido, entrelazando lo cultural y espiritual con la lucha política por Derechos y seguir adelante.

  1. Inauguramos en Salitre, este 18 de marzo 2023, el Ú-Suré (Casa Sagrada Bribri), que fue construido con las técnicas, procedimientos y materiales transmitidos por las/os Ancestras/os, símbolo de nuestra creación, donde Sibö deja sembrada la semilla que dio origen al pueblo milenario de los Bribris, por ello que nuestra identidad es matrilineal, porque es la madre quien hereda la tierra y el Clan, al que pertenecemos. Recuperar la tierra es volver a la vida plena. La Tierra Territorio de Salitre, es la Tierra donde se derramó la sangre de Sergio, con ella se abonó a la lucha de los bribris en la recuperación de nuestra cultura y espiritualidad, dando paso al fortalecimiento de nuestras prácticas ancestrales. Reconocemos por ello que No todos somos iguales en Costa Rica, cada cultura es distinta, y esa diversidad, es la que da una riqueza profunda, de ahí que la Memoria del Asesinato Impune de Sergio este 18 de marzo, es vivir la resistencia de todo lo que ha pasado, resistencia que desde tiempos ancestrales ha dado vida y por ello es que seguimos resistiendo.

8 – Para los Pueblos Indígenas, recuperar la Tierra /Territorio es amarse y convivir con nuestra Madre Tierra, es ahí donde volvemos a encontrarnos con nuestros ancestros y ancestras, dado que la Tierra es parte del abrigo donde descansan. La Tierra es el papel donde se escribieron las memorias vivas de nuestros antepasados, memorias que, aún hoy, en medio de la persecución, el asesinato, el racismo y la discriminación, en medio de las luchas diarias, permanecen vivas. La Tierra es nuestra MADRE, que nos da todos los sustentos para nuestra existencia: medicina, bebida sagrada, agua, madera, aire, alimento, frescura y paisaje. La Tierra posee todos los recursos y hay que saberlos manejar para que perduren para las futuras generaciones, la Tierra es la manta fina, firme y protectora de sus hijos que recuperan para sanarse junto a ella. Las recuperaciones de tierras son el símbolo de la defensa que aclara la paz del entorno, revive la alimentación sana y construye la vida de los habitantes visibles e invisibles de nuestra espiritualidad, así también como Sergio que sigue vivo en nuestros corazones , nosotros y nosotras parte del FRENAPI demandamos a todos los poderes del Estado que su asesinato no quede impune y que el actual gobierno y los venideros sepan, que hemos estado aquí antes que ellos y seguiremos exigiendo JUSTICIA por la dignidad del proyecto de vida indígena en Costa Rica y el mundo.

Exigimos el esclarecimiento del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, y que se detenga la ola de violencia contra nuestros pueblos.

JUSTICIA – NO MÁS IMPUNIDAD

SERGIO Y JERY VIVEN – LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE.

¡NO MAS IMPUNIDAD!

#SergioRojasVIVE

#JeryRiveraVIVE

¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!

FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI)

Acompaña: COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA

Discurso del presidente denota desconocimiento y discriminación contra los Pueblos Originarios previo a gira a la zona sur

Coordinadora de Lucha Sur Sur
Comunicado público
Jueves 16 de febrero de 2023

En las habituales conferencias de prensa de los miércoles, el día de ayer 15 de febrero el presidente Rodrigo Chávez emitió una serie de comentarios y aseveraciones que evidencian un desconocimiento profundo sobre el tema de la ocupación ilegal de los Territorios Indígenas y de los procesos de recuperación de tierras – Territorios y ponen de manifiesto percepciones discriminatorias hacia estos Pueblos.

De cara a la gira que tendrá la comitiva gubernamental del viernes 17 al martes 21 de febrero a la zona sur donde viven 5 Pueblos Originarios en 12 Territorios, el mandatario aseveró que ningún gobierno hasta la fecha había puesto un solo colón desde 1977 de presupuesto para compensar a gente que compró con título, plano catastrado y con el aval de la Comisión de Asuntos Indígenas (CONAI) y del Registro Nacional, continúa el Presidente diciendo que van a negociar con ambas partes, que llevan un plan, dinero para compensar, que se estarían utilizando 1000 hectáreas para negociar con personas no indígenas de buena fe como las que describió.

Sobre este primer grupo de aseveraciones y promesas, se debe aclarar, que aunque de manera insuficiente, no sistemática y con problemas de corrupción desde la emisión de la Ley Indígena 6172 de 1977 distintas administraciones han indemnizado a personas no indígenas por tierras que estaban en los Territorios Indígenas así establecidos legalmente, lo cual consta en documentos públicos, investigaciones académicas y ampliamente conocido por las personas de Pueblos originarios o no de estos Territorios y de la zona sur en general; por supuesto que el Estado no ha cumplido al día de hoy con su obligación, pero, es absolutamente falso que este gobierno sea el primero que vaya a realizar tales indemnizaciones.

Que personas no indígenas hayan realizado compra y ventas de tierras dentro de los Territorios con escrituras, planos, con el aval de CONAI y el Registro Público, no los hace ser “poseedores de buena fe” aunque al mandatario así le parezca o así lo quiera hacer ver; suponemos que el mandatario y su equipo conocen el artículo 3 de la Ley indígena el cual dicta: “Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso”.

En este sentido el reciente fallo N. 2022024725 del 19 de octubre de 2022 de la Sala Constitucional establece: “carece de plausibilidad jurídica que una persona no indígena pueda adquirir válidamente una propiedad dentro de tal zona restringida… Semejante adquisición, como lo señala el ordinal 3 de la propia Ley Indígena, es absolutamente nula pues la propiedad ya era intransferible… la propiedad integrada a una reserva indígena es intransmisible por disposición expresa de ley, de modo que no es posible recurrir a la buena fe registral o a una presunta confianza legítima para convalidar un acto negocial absolutamente nulo, efectuado en contravención al ordenamiento jurídico”.

Son varias las ocasiones en las que miembros del Ejecutivo y por medio de la Mesa Técnica Interinstitucional para Pueblos Indígenas indican que tienen un plan y que tienen recursos para atender el problema de la ocupación ilegal de los Territorios, sin embargo, hasta este momento no se ha dado a conocer ningún documento oficial a los Pueblos Originarios, ni a la ciudadanía en general; además es sabido por estos Pueblos, los habitantes de la región sur y así lo tienen que haber demostrado los estudios del Plan RTI, el problema fundamental no son los poseedores de buena fe, que son los mínimos, el problema fundamental es la ocupación ilegal de los Territorios por parte de personas y empresas poseedoras de mala fe según el bloque de constitucionalidad, la resolución de la Sala Constitucional citada y así señalado por los Relatores de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONU (2011 y 2022), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus Medidas Cautelares 321-12 del 2015 sobre Costa Rica y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU; Ilze Brands Kehris, subsecretaria general de la ONU para los derechos humanos, dijo en diciembre del 2022 en visita a Costa Rica que le preocupa que «una gran parte de las tierras y territorios ancestrales de los pueblos indígenas siguen siendo ocupados por personas no indígenas», e instó al Gobierno a «acelerar» esfuerzos para restituir esas tierras.

Posteriormente el mandatario también emitió desafortunadas y racistas declaraciones que en resumen exponemos: “Les vamos a advertir a ciertos grupos indígenas minoritarios que están queriendo tomar la ley en sus manos, incitados por extranjeros y gente de ideologías contrarias a la de la mayoría de Costa Rica, a hacer tomas forzosas, matando ganado, macheteando ganado, incendios, ya ha habido dos muertes… Si alguien que va y le quema la casa a alguien en una recuperación forzosa de territorio, no se da cuenta que eso se judicializa…”

Parece ser que el discurso de odio, violencia y racismo de los ocupantes ilegales de los Territorios, sus seguidores y grupos violentos afines se instaló en Casa Presidencial; repite el Presidente las gastadas frases neocoloniales y preconceptos en las que los Pueblos Originarios son incitados o manipulados por otras personas, lo que en el fondo refleja un pensamiento discriminatorio según el cual estos Pueblos no pueden organizarse, pensar y ejercer sus derechos por sí mismos, sino que necesitan de terceros para ello.

Suponemos que el jefe del Ejecutivo tiene estudios para demostrar que las familias recuperadoras de los distintos Territorios, sus objetivos y esperanzas son minoritarios dentro de estos Pueblos y esperamos que si se atreve a decir que hay “extranjeros” no indica si personas o grupos, actuando ilegalmente, impulsando y forzando a las familias recuperadoras a cometer ilícitos, cumpla con su deber legal como funcionario público de brindar la información necesaria a las instancias administrativas y judiciales pertinentes para que estas actúen conforme al bloque de legalidad, de lo contrario, el ilícito lo estaría cumpliendo el mandatario mismo.

Por último, parece ignorar o le han ocultado al presidente de dónde vienen las agresiones y violaciones a los derechos humanos en los que los Pueblos Originarios han sido víctimas de racismo, discriminación y violencia estructural, sistémica y sistemática como lo han denunciado pública y judicialmente organizaciones propias de estos Pueblos y organizaciones sociales e instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos.

En este sentido señaló el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU actual, en su Informe acerca de su visita a Costa Rica en el 2021, indica en el apartado de conclusiones y recomendaciones: “91. El Relator Especial señala que las causas estructurales de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas se encuentran en la falta de una política adecuada de restitución de tierras y un marco legal que asegure el reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus autoridades propias. Preocupa particularmente el racismo estructural que permea las instituciones del Estado, en particular a nivel local, la no implementación de sus derechos económicos, sociales y culturales y la falta de medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos”.

Son múltiples las agresiones en contra de las familias recuperadoras que ante la inacción del Estado decidieron ejercer su derecho colectivo a la tierra – Territorio amparadas en su historia, cosmovisión, cultura, derecho consuetudinario, los derechos humanos y el bloque de constitucionalidad; agresiones que han derivado en el asesinato por razones políticas de Sergio Rojas Ortiz, Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre y de Jerhy Rivera Rivera del Pueblo Brörán de Térrba, numerosas tentativas de homicidio y de amenazas de muerte contra recuperadoras y recuperadores, así como quema de casas y cultivos, hechos denunciados publica y judicialmente y que siguen en una vergonzosa impunidad.

No son las familias recuperadoras las perpetradoras de actos violencia como irresponsablemente señala el mandatario, son grupos organizados que ejecutan ataques en turba o masivos como los ocurridos en el Liceo de Térraba en el 2012, en Salitre en el 2014 o en Térraba y China Kichá en el 2020, agresiones que denotan necesariamente organización y financiamiento para su ejecución.

Instamos al Presidente a que se informe y asesore de mejor manera para no repetir estas desafortunadas, racistas y discriminatorias declaraciones y que cumpla con sus obligaciones; que indemnice o reubique a los pocos poseedores de buena fe todavía existentes y que inicie con los procesos de desahucio administrativo contra los ocupantes ilegales priorizados por cada Pueblo, el cómo hacerlo está establecido en la Ley Indígena y su fundamento fue recientemente ratificado por la Sala Constitucional, así que solo es de tener voluntad política y actuar.

Juicio por asesinato de Jehry Rivera

El próximo lunes 23 de enero iniciará el juicio por el asesinato de Jehry Rivera Rivera ocurrido en febrero de 2020 en Térraba, en la zona sur de Costa Rica.

Jehry Rivera Rivera, indígena brörán de Térraba, lideraba un proceso de recuperación de su territorio, ubicado en el cantón de Buenos Aires, en la provincia de Puntarenas.

En Térraba, al igual que en otros territorios indígenas de la región, las tierras que les pertenecen a los pueblos originarios por ley y por herencia ancestral han sido usurpadas por terratenientes. En consecuencia, ante la permisividad e inoperancia de las instituciones estatales, las comunidades han decidido ejercer su derecho y tomar posesión de algunos de los terrenos usurpados.

Desde el domingo 23 de febrero de 2020, familias brörán habían emprendido varios procesos de recuperación de terrenos que estaban bajo ocupación ilegal por parte de personas no indígenas. La noche del 24, una turba de usurpadores, terratenientes y sus peones atacó a las familias recuperadoras. Al enfrentárseles, Jehry recibió cinco disparos por la espalda.

El que disparó es un hombre de apellido Varela, quien en su momento se entregó a las autoridades pero posteriormente fue puesto en libertad. En agosto de 2022, Varela confesó haber cometido el homicidio y fue ovacionado por el público durante una actividad pública con presencia de funcionarios oficiales en Buenos Aires de Puntarenas.

El juicio comenzará el lunes 23 a las 8:00 de la mañana y se extenderá hasta el miércoles 25. Familiares y amistades de Jehry invitamos a acompañar este proceso durante los tres días del juicio en los Tribunales de Pérez Zeledón.

Alerta – riesgo a la vida e integridad física de defensores de la tierra-territorio y DDHH

SURCOS comparte la siguiente información:

Reiteramos la invitación a personas, organizaciones y colectiv@s, dentro y fuera de Costa Rica, a suscribir este comunicado público con la alerta ante las amenazas dirigidas a la familia Sandí Morales, Bribri del Clan Duri Wák del Pueblo Bribri de Yäbamï Dí Kátà (Cabagra) y contra el defensor de Derechos Humanos, Gustavo Oreamuno Vignet.

Fecha de cierre de recolección de firmas: 13 dic 2022.
https://bit.ly/3UEXyOK


COMUNICADO PÚBLICO

ALERTA SOBRE RIESGO A LA VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA DE DEFENSORES DE LA TIERRA-TERRITORIO Y DE DERECHOS HUMANOS

  • Las amenazas han sido dirigidas a la familia Sandí Morales, Bribri del Clan Duri Wák del Pueblo Bribri de Yäbamï Dí Kátà (Cabagra) y contra el defensor de Derechos Humanos, Gustavo Oreamuno Vigtnet.
  • El contexto ampliado, involucra al ocupante ilegal y no indígena, Luis Ángel Pérez. Quién además de ser denunciado pública y judicialmente ha sido apoyado en algunas acciones por la Asociación Multiétnica y Pluricultural de Buenos Aires (AMPBA).

Martes 6 de diciembre del 2022. Nosotras y nosotros que pertenecemos al “Comité de Solidaridad con los Pueblos Indígenas – Iríria Tsochok”, alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre el riesgo inminente que corren las vidas e integridad física de : 1) la familia Sandí Morales, Bribri del Clan Duri Wak, recuperadora de tierra-territorio en el Territorio Yäbamï Dí Kátà (conocido como Cabagra) y; 2) el defensor de Derechos Humanos Gustavo Oreamuno Vignet, que apoya a la CLSS y es interlocutor entre esta instancia y el Estado de Costa Rica.

La alerta y nuestra profunda preocupación se originan a partir de las numerosas denuncias que se han realizado a la situación de tensión, agresión y violencia racista que se vive en la comunidad de Di Bütuk Wúyïrké (Las Juntas) en el Territorio Bribri de Yäbamï Dí Kátà (conocido como Cabagra) . Este contexto surgió tras la respuesta violenta del ocupante ilegal y no indígena, Luis Ángel Pérez, ante la recuperación del terreno que ocupaba y del cual obtenía beneficios de forma ilegal desde que lo adquirió -también por medios ilegales- en 2012; un poco más de dos décadas desde la vigencia de la Ley Indígena de 1977 en Costa Rica y que convierten a Pérez no sólo ocupante ilegal sino de mala fe y, por tanto, no es sujeto de indemnización.

Las agresiones han sido múltiples y profundamente violentas desde que la familia Sandí Morales decidió hacer valer su derecho al acceso y disfrute de la tierra-territorio en abril del 2021. Derecho consagrado en: 1) Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); 2) la Ley Indígena de 1977; 3) el marco constitucional costarricense y; 4) el fallo No 20222024725 del miércoles 19 de octubre del 2022, de la Sala Constitucional, en el que se reafirma la nulidad de todas las compra-ventas de terrenos dentro de los Territorios Indígenas. Las agresiones por parte de Luis Ángel Pérez y sus peones han ido desde el hostigamiento y acoso constante, insultos racistas, hasta las amenazas de muerte, amenazas agravadas (con arma en mano) y escaló con disparos al cuerpo de las personas recuperadoras el pasado 04 de noviembre; día en el que la familia Sandí Morales pudo completar el proceso de recuperación y la expulsión definitiva del ocupante ilegal y sus peones.

Esta situación se agrava, todavía más, ante los hechos denunciados el pasado miércoles 30 de noviembre del 2022 por la familia Bribri -del Clan Duri Wak- Sandí Morales y la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS). Ambas partes, recibieron información sobre la filtración y difusión de imágenes del Informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Buenos Aires de Puntarenas y del Informe policial de la Delegación de la Fuerza Pública del mismo cantón sobre los hechos que tuvieron lugar durante los días 4 y 5 de noviembre -del año en curso- en el terreno recuperado por parte de la Familia Sandi Morales del clan Duriwak en Las Juntas del Territorio Yäbamï Dí Kátà (Cabagra). Días en los que, como se mencionó anteriormente, la familia Sandí pudo completar el proceso de recuperación de tierra-territorio.

Estas imágenes, fueron difundidas de forma masiva por medio del grupo de Whatsapp «GrupoUnidosApoyoDeHuelgas» y en las mismas se dan detalles que ponen en riesgo la vida e integridad de la familia Sandí Morales y del Defensor de Derechos Humanos Gustavo Oreamuno Vignet , de quien se muestra su rostro e información personal. Estas imágenes fueron acompañadas de un audio del señor Leonel Arburola en el grupo de whatsapp señalado; audio en el que una vez más emite información falsa y ataca el honor del señor Oreamuno Vignet.

Según la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) ésta es la segunda ocasión en la que un informe de investigación judicial es filtrado. La primera vez fue durante los días 21 y 22 de enero del 2021 cuando el medio de comunicación CrHoy.com filtró información del caso por el homicidio por razones políticas del líder Sergio Rojas Ortiz, Bribri del Clan Uniwák; expediente judicial 19-0000178-0990-PE.

Estas filtraciones no sólo levantan sospechas de que en el Poder Judicial se encuentran intereses coludidos a favor de los ocupantes ilegales y terratenientes sino que también inciden en el debido proceso, en el buen desarrollo de las investigaciones y pesquisas judiciales correspondientes.

Además, como si esto fuera poco, pone en riesgo a las personas que pertenecen a los Pueblos Originarios y no que están implicadas. Quienes son las mismas personas que tras más de 12 años de resistencia, han sobrevivido a la violencia racista con la que responden los ocupantes ilegales a los procesos de recuperación de tierra-territorio. Violencia, por mucho, mortífera y que al día de hoy logró acabar con la vida de los líderes Sergio Rojas Ortiz, Bribri del Clan Uniwak y del Territorio Bribri de Salitre y Jerhy Rivera Rivera Brörán de Térraba.

Es importante recordar que la familia Sandí Morales ha recibido ataques donde les han quemado su casa y destruido cultivos; y que desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), se emitieron las Alertas Tempranas los días 10, 16 y 22 de noviembre del año en curso, sobre posible contratación de servicios de sicariato y agresiones contra la familia Sandí Morales.

Así insistimos: los hechos hablan por sí mismos y el riesgo a la vida y a la integridad física de la familia Bribri Rivera Sandí Morales y de Gustavo Oreamuno Vignet es real, preocupante y urgente de atender. Ante las constantes amenazas y ataques al honor de Gustavo Oreamuno Vignet, esta persona interpuso las respectivas denuncias judiciales por amenazas contra personas afines a los intereses de los ocupantes ilegales de Territorios Indígenas, denuncias que se tramitan ante la Fiscalía de Asuntos Indígenas en los expedientes #20-006343-0042-PE y #21-0000003-1214-PE.

Ante ello, las organizaciones y personas solidarias y firmantes de este comunicado EXIGIMOS:

1- Que a la brevedad se brinde un informe sobre la filtración de las fotografías de estos documentos que en teoría corresponden a un expediente propio de una investigación y compendio de información exclusivo del Organismo de Investigación Judicial. Además, que se lleven hasta las últimas consecuencias administrativas y judiciales a las personas implicadas.

2- Que la Fuerza Pública se haga presente en la comunidad de Di Bütuk Wúyïrké (Las Juntas) en el Territorio Bribri de Yäbamï Dí Kátà (conocido como Cabagra) de forma inmediata y permanente y que garantice la integridad física y vida de la familia Sandí Morales, Bribri del Clan Duri Wak.

3- Responsabilizamos al Estado costarricense ante cualquier agresión que ponga en riesgo la integridad física, psicológica, emocional y la vida tanto de la familia Sandí Morales como la de Gustavo Oreamuno Vignet. Ello ante la actitud complaciente de las autoridades competentes por no velar el cumplimiento de la ley indigena, hacer cumplir la declaración de nulidad de la Sala constitucional ante la compraventa de tierras en territorios indígenas posterior a 1977 y el cumplimiento pleno de las medidas cautelares que organismos internacionales han impuesto como medida de protección a las personas recuperadoras.

Suscribimos este comunicado público:
– Comité de Solidaridad con los Pueblos Indígenas – Iríria Tsochok.
– Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).
– Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU).
– Consejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa de Salitre.
– Consejo Iríria Sätkök de Yäbamï Dí Kátà (Cabagra).
– Recuperadoras/es Cabécares de China Kicha.
– Recuperadoras/es Börán de Crun Shurin en Térraba.
– Recuperadoras/es Börán de San Andrés en Térraba.
– Consejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cäjc.
– Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur.
– Cootraosa.
– Comité de lucha por la tierra Finca Chánguina.
– Asociación Voces Nuestras.
– Frente Tierra.
– La Juventud Vanguardista Costarricense.
– Sociedad Juglar Pacaqua.
– Mujeres por Costa Rica.
– Asociación de Escritoras Costarricenses.
– Buen Vivir Costa Rica.
– Confluencia Solidaria.
– Partido Vanguardia Popular.
– Movimiento de Trabajadores y Campesinos.
– Bloque de Vivienda.
– Confederación Unitaria de Trabajadores.
– Fundación Pedagógica Nuestramérica.
– Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe.

Intercambios generacionales y de saberes en la Semana por la Defensa Comunitaria de los Territorios

El acompañamiento durante 15 años del Programa Kioscos Socioambientales a distintas comunidades del país ha evidenciado que los conflictos, tanto socioambientales como otros de índole territorial, por ejemplo, el caso de los pueblos indígenas, aumentan y se recrudecen en un contexto nacional de múltiples violencias e impunidad, reflejo evidentemente de las políticas y gobiernos neoliberales que operan sobre nuestro país y en la región latinoamericana.

Defender los derechos humanos, colectivos y culturales, así como los bienes comunes de la naturaleza, ha sido la bandera que izan las organizaciones comunitarias, construyendo alianzas, visibilizando las problemáticas y la desprotección estatal y disputando discursos de odio, profundizados a través de medios de comunicación tradicionales y reproducidos por quienes guiñan con los intereses privados de unos pocos sectores con poder.

Por eso, desde Kioscos, en conjunto con las comunidades que acompañamos, desde el 2021 hemos intentado conmemorar desde el diálogo crítico, abierto y respetuoso, a esas defensoras y defensores que, desde su cotidianidad, crean procesos colectivos que buscan evitar que los rasgos coloniales y patriarcales acaben con la vida en los territorios.

Así nació la Semana por la Defensa Comunitaria de los Territorios. El año anterior, la dedicamos a abordar temas de bienes comunes, migración, lucha por la tierra y por el territorio, este 2022, a partir de las reflexiones a lo largo del año con las organizaciones, se propone como eje central el tema de los intercambios generacionales y de saberes, de manera, que serán las personas jóvenes las participantes centrales de esta Semana, compartiéndonos sus inquietudes, preguntas, reflexiones y alternativas, que buscan continuar con la defensa territorial y el cuido de la vida y de los bienes comunes.

La actividad tendrá lugar del 13 al 16 de octubre en la Universidad de Costa Rica como sede central, y en el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI). Participarán cerca de 50 personas, tanto población estudiantil y personal docente de la universidad, así como personas provenientes de distintas comunidades, tales como territorios indígenas de China Kichá, Salitre, Térraba, Crun Shurin, Bribri de Talamanca, Chomes, Guacimal, Guatuso, Los Chiles, Buenos Aires, Oreamuno de Cartago y Santo Domingo de Heredia.

El jueves 13 se realizará el conversatorio Intercambios generacionales para la defensa comunitaria de los territorios, a las 6:00 pm en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura de la UCR. El viernes 14 se realizará un taller en el Edificio de Educación Continua de la UCR, en el que 20 estudiantes podrán participar, y el sábado 15 las personas de las comunidades tendrán 2 giras simultáneas a Santo Domingo de Heredia, para conocer e intercambiar experiencias en torno a la lucha por el Río Virilla, y a Cipreses de Oreamuno, en Cartago, para conocer a profundidad la realidad de esta comunidad frente a la desprotección y contaminación de las nacientes de agua con agroquímicos.

Esperamos que puedan acompañarnos en el foro del jueves, que será una actividad abierta a todo público. Desde Kioscos tenemos el gran interés de seguir fomentando espacios de articulación, encuentro, reflexión y diálogo, para aquellas personas defensoras de la vida y de sus territorios.