El Gobierno de Rodrigo Chaves Robles, desde los primeros días, la emprendió contra el sistema democrático costarricense y rabiosamente contra los sindicatos.
La Caja Costarricense de Seguro Social es una institución fundacional del Estado Social y Democrático, que el Gobierno pretende desmantelar y privatizar, aunque sea recurriendo a los actos, denunciados por UNDECA y otros, al Ministerio Publico, que resultaron en la detención en las celdas de OIJ la presidenta ejecutiva de la Caja y siete personas más.
UNDECA es el reducto de defensa de la Caja, su autonomía, recursos financieros y los derechos de casi 70.000 personas que laboran en esa entidad.
Nuestra inclaudicable posición nos ha costado que el presidente de la República y Marta Esquivel Rodríguez, Presidenta Ejecutiva de la CCSS, acometan contra UNDECA, desplegando un conjunto de actuaciones que violentan los principios de libertad sindical.
A raíz que la conjura contra este y otros sindicatos institucionales ya resulta desproporcionada, llegando a extremos de violencia intolerable, UNDECA interpuso una denuncia en la Organización Internacional de Trabajo (OIT) contra el Presidente de la República y Marta Eugenia Esquivel Rodríguez.
Las actuaciones más graves, entre otras, que sustentaron la denuncia son:
1.- Marta Eugenia Esquivel declaró, en la habitual conferencia de prensa de Casa Presidencial, que los sindicatos tienen secuestrada la CCSS.
2.- La misma jerarca declaró públicamente que los sindicatos son los peores enemigos de la Caja y las comunidades.
3.- Esquivel amenazó a los sindicatos por denunciar en el Ministerio Público, la cuestionada adjudicación de 10 áreas de salud a favor de cooperativas y un consorcio hospitalario privado.
El presidente de la República amplificó la agresión contra los sindicatos, atribuyéndonos que somos los responsables de las listas de espera.
4.- Esas prácticas antisindicales se coronan con el ataque deleznable que ha sufrido nuestra compañera Martha Elena Rodríguez González, Secretaria General Adjunta de UNDECA y representante de los sindicatos en la Junta Directiva de la Caja, contra quien el Consejo de Gobierno ilegítimamente ordenó la apertura de un procedimiento sancionatorio y una medida cautelar de separación de su cargo, que fue anulada por la Sala Constitucional, por violentar derechos fundamentales.
Las arteras acciones montadas contra nuestra compañera Martha Elena violentan el principio de autonomía e independencia sindical.
El conjunto articulado de actuaciones del Presidente de Gobierno y Marta Esquivel, configuran prácticas recurrentes y sostenidas de hostilidad y discriminación antisindical, que vulneran los principios de libertad sindical, contenidos en la Declaración de Filadelfia de OIT (1944) y los convenios internacionales de OIT, ratificados por Costa Rica.
UNDECA denunció que el Gobierno de la República está creando un peligroso clima de confrontación, amenazas, presión y desprestigio contra los sindicatos, que pretende, impedir que los sindicatos realicen su misión de manera eficiente y eficaz, y además, esos discursos incitan a la violencia, con el propósito que la ciudadanía rechace y repulse moralmente a UNDECA y los sindicatos de la Caja, declarados calumniosamente secuestradores y los peores enemigos de la Caja y las comunidades.
UNDECA comunicó la denuncia internacional al Director General de OIT y está solicitando que se declare que el presidente de la República y Marta Eugenia Esquivel Rodríguez son autores responsables de la violación de los principios de libertad sindical.
En consecuencia, se solicitó condenar al Gobierno por el ejercicio de prácticas políticas incompatibles con la libertad sindical y ordenar a esas autoridades gubernamentales abstenerse de continuar con esas conductas de violencia antisindicales.
UNDECA terminó su denuncia citando la siguiente declaración del Secretario General de Naciones Unidas; Antonio Gutiérrez:
“El discurso de odio constituye una amenaza para los valores democráticos, la estabilidad social y la paz, y las Naciones Unidas deben hacerle frente en todo momento por una cuestión de principios.”
El discurso de odio del presidente y Marta Esquivel contra los sindicatos es irreconciliable con los postulados de nuestra Constitución Política y los convenios de OIT en materia de libertad sindical.
No sabemos hasta donde llegara el ser humano, en su afán de aniquilar, matar, destruir toda clase de vida en el planeta.
Muy recientemente, -17 de septiembre 2024-, hemos sido informados de numerosas víctimas mortales en el Líbano, a través de la explosión de diversos aparatos de comunicación. Todo se inicia en este país del Medio Oriente, tras la incesante guerra entre Israel, Palestina y ahora en el Líbano.
Los informes preliminares refieren, que varias baterías de litio explotaron en hogares, además de otros dispositivos en todo el territorio libanés. En un comunicado, la Resistencia de Líbano (Hezbulah) confirmó que detonaron varios dispositivos de recepción de mensajes, conocidos como beepers, que poseen varios trabajadores en las diversas unidades e instituciones del movimiento.
La macabra e inhumana acción se lleva a cabo, además, por medio de: celulares, radios, adaptadores bluetooth y de Wi-Fi, computadoras de escritorio o mesa, laptops, sistemas de juegos, impresoras, tabletas, equipos móviles, walkie talkies, entre otros.
Técnicamente, algunos de estos aparatos de comunicación estallaron, porque fueron reformados y manipulados para introducirles explosivos plásticos, pero su explosión simultánea requirió de un software remoto, capaz de recalentar la batería para su posterior fuego.
En el caso específico de las detonaciones en el Líbano, y luego de las primeras investigaciones, se informa que un vocero del gobierno húngaro, señala que los aparatos no fueron producidos en su país, y que la firma húngara BAC Consulting KFT, fue solo una revendedora. Según el vocero, los aparatos de comunicación, reformados en explosivos personales, fueron fabricados en Israel, llevados a Budapest y luego embarcados a Beirut. El material plástico, de alrededor de cincuenta gramos, fue implantado junto a la batería y se lo asoció a un interruptor que se activó en forma remota.
¿Se imaginan tal forma burda para eliminar a seres humanos?, carente de todo sentido lógico, de toda deshumanización. En este sentido, y como venimos intuyendo, esta es una nueva etapa de la llamada guerra hibrida, y/o guerra tecnológica, donde en todas las esferas de lo cotidiano, y específicamente con el ciberespacio, se pueden convertir en aparatos para la guerra.
No es extraño entonces que, Glenn Gerstell, actual referente de los estudios de ciberdefensa del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) y ex consejero de la Agencia de Seguridad Nacional norteamericano, durante el gobierno de Donald Trump, consideró en la última semana que «nuestra sensación de vulnerabilidad sobre cómo los aparatos conectados a internet pueden convertirse en armas mortales puede estar iniciándose».
Nos preguntamos: ¿presentimiento? O ¿un anuncio de muy próximas tecnologías de guerra para la ejecución remota de oponentes?
Así, los gobiernos del mundo, deben estar atentos y plantear medidas con el control soberano de las infraestructuras digitales y sus contenidos. No en balde, por ejemplo, esto es lo que hace Brasil respecto a Elon Musk. Además, de otros países con relación a TikTok, WhatsApp, Huawei, Meta, Google.
Porque, como hemos visto, tanto los aparatos de comunicación, y las infraestructuras en las redes sociales, pueden convertirse en aparatos de guerra, incluso sin encontrarse acompañados por explosivos. Los estándares de seguridad en el mundo deben evaluarse, deben interpelarnos y estar atentos sin caer en un pánico global.
Las últimas investigaciones e informaciones, revelan que, tras las explosiones de los aparatos de comunicación, también explotaron paneles solares, lectores de huella dactilares y otros dispositivos, se investiga a fondo, si explotaron por sí solos, o porque estaban cerca de celulares, walkie-talkies u otros cuando explotaron.
Por otro lado, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, señaló a la prensa que, «objetos civiles» no deberían ser transformados en armas, agregando que, «Es muy importante que haya un control eficaz de los objetos civiles para no transformarlos en armas. Esto debería ser una regla para todos en el mundo, que los gobiernos deberían ser capaces de aplicar».
A lo anterior, se agrega que, además de la guerra convencional, ahora se añade un pánico generalizado de temer a todo lo tecnológico, eléctrico y demás, causando una escalada de máximo miedo en casi todos los órdenes de la vida cotidiana. Se recuerda al caballo de Troya.
Recordemos, para finalizar, que el imputado de esta barbarie es Israel, y aunque no se ha responsabilizado por el ataque criminal, sí ha realizado en el pasado varias operaciones remotas.
La inserción de explosivos en artefactos de comunicaciones para luego detonarlos a distancia, cuando están en manos de los terroristas, no es una táctica nueva en el arsenal israelí. La utilizaron hace casi 30 años para neutralizar a Yahya Ayyash, un experto en explosivos de Hamas responsable de la muerte de decenas de civiles. La novedad reside en su capacidad para repetir la estratagema cientos de veces simultáneamente hasta alcanzar un efecto masivo.
El 5 de enero de 1996, un teléfono celular explotó en el oído de Yahya Ayyash, uno de los principales cabecillas del brazo armado de Hamas. Era apodado ‘El Ingeniero’ por ser el mayor experto del grupo islamista palestino en la fabricación de explosivos. Según las investigaciones, la misión de la inteligencia israelí para acabar con su vida fue denominada Operación Cristal. Tras una serie de interrogatorios y actos de espionaje, el país hebreo hizo que un tío de Yahya Ayyash le regalara un Motorola Alpha que supuestamente tenía un pequeño transmisor en su interior, pero que en realidad estaba cargado con 50 gramos de material explosivo y un detonador a distancia que se activaba con un mensaje en código enviado. Murió en la franja de Gaza al responder al teléfono intervenido.
Este fue un intento de asesinato fallido, pero bastante recordado por su nivel de elaboración. A fines de setiembre de 1997, un comando de una decena de agentes del Mossad que portaban pasaportes canadienses rociaron un veneno en el oído de Khaled Mashaal, entonces líder de Hamas en el exilio. La operación fue ejecutada en Amán, Jordania, por lo que la captura de dos de los agentes provocó una crisis diplomática. La historia dio un giro inesperado cuando el gobierno hebreo de Benjamin Netanyahu tuvo que suministrar el antídoto al cabecilla de Hamas, a petición del rey Hussein de Jordania, quien amenazó con anular un acuerdo de paz reciente si Mashaal moría.
Mohsen Fakhrizadeh, quien llegó a ser el científico más importante del programa nuclear iraní, se encontraba manejando su auto el 27 de noviembre del 2000 rumbo a Absard, a las afueras de Teherán, cuando fue asesinado por un francotirador. Pero el asesino no se encontraba cerca, ni siquiera en el mismo país, sino que había jalado el gatillo tras ver su objetivo en la pantalla de una computadora en un lugar no revelado a más de 1.600 kilómetros de distancia. Según el diario “The New York Times”, agentes iraníes que trabajaban para el Mossad habían escondido con anterioridad una ametralladora de larga distancia con munición de calibre 7,62 en esa ruta, habitualmente utilizada por Fakhrizadeh, quien llevaba más de 14 años en la mira de Israel. “Fue el debut de un francotirador computarizado de alta tecnología, equipado con inteligencia artificial y ojos de múltiples cámaras, operado vía satélite y capaz de disparar 600 balas por minuto”, señaló el medio.
Dejo una pregunta final, en el área técnico-táctica, ¿sin aparatos de comunicación o la imposibilidad de usarlos, Hezbolá y los palestinos/as podrán mantenerse operativos para continuar librando la guerra contra Israel?
Ayer fue la Presidencia de la Asamblea Legislativa y la Fiscalía General las que recibieron amenazas de muerte.
Hoy fue la Universidad de Costa Rica la que sufrió una amenaza de bomba cargada de tal violencia, que ya por sí sola, constituye una brutal agresión; no solo contra la comunidad universitaria y contra miles de estudiantes cuyo único delito ha sido el intentar forjarse un futuro mejor; sino también contra toda la sociedad costarricense.
Estas expresiones de violencia, que deben ser repudiadas por toda la población; no son aisladas, sino la consecuencia de un discurso de odio que nace desde Casa Presidencial, contra toda la institucionalidad democrática de nuestro país.
¡Ya es suficiente señor Presidente! Ya es hora de que se dedique a gobernar y deje de llamar a la violencia, antes de que sea demasiado tarde.
Toda nuestra solidaridad con la Universidad de Costa Rica, con su población estudiantil, con su personal administrativo y su cuerpo de docentes.
Toda nuestra solidaridad también; con la Contraloría General de la República, con el Fiscal General, con los señores diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, con los magistrados y magistradas del Poder Judicial, con los medios de comunicación independientes; hoy todos bajo ataque del chavismo.
En el Parque de la Paz ubicado al sur de la capital costarricense se ubica al menos nominalmente el monumento a la destrucción de las armas, obra escultórica realizada por el artista Mario Parra en el año 2002.
Paradójicamente la pieza, consistente en incrustaciones de armas para ejemplificar el desarme, ha sido vandalizada casi hasta su desaparición.
Me resulta muy simbólica esta imagen en una sociedad cuya narrativa acerca de la paz y la ausencia de ejército ha sido permanente e histórica. Al menos hasta hace algunos años.
Dejamos 2023 como uno de los años más violentos de la historia reciente. Y nos enrumbamos sin freno a un final de año 2024 que se presume aumentará la cantidad de muertes violentas experimentadas el año anterior.
El uso de armas en Costa Rica representa una emergencia sin respuesta al corto plazo. En un reciente reportaje publicado en el periódico La Nación se enunciaban datos realmente alarmantes: los heridos por armas de fuego pasaron de 835 en 2019 a 1223 en 2023.
Las armas utilizadas son de grueso calibre: AR-15, M-16 y AK-47, denominaciones de guerra que hace tiempo fueron formalmente prohibidas en el país, lo que indica el funcionamiento de un peligroso mercado negro de intercambio y trasiego.
En este contexto, llamar a la paz proponiendo el desarme debiera ser política pública declarada. Por eso, resulta loable la acción desarrollada por la Fundación Transformación en tiempos violentos que viene propugnando por una sociedad libre de armas.
Juan Carlos Chavarría, su director, es el artífice de una acción artística realmente única en el mundo: cambiar el dolor de las armas utilizadas en hechos violentos, por el color en obras de arte realmente hermosas.
El 21 de setiembre anterior esta organización celebró el Día Mundial de la Paz con un concierto centroamericano que convocó artistas de varios países de la región.
El llamado fue contundente: una sociedad no puede desarrollarse con la violencia armada como eje transversal.
Es urgente entonces atender esta convocatoria realizada mediante el arte. Trastocar el dolor por color. Construir una paz permanente y duradera.
18 de septiembre de 2024.- Desde el Observatorio de Justicia para los Defensores del Río Guapinol condenamos de forma contundente el asesinato del defensor de bienes comunes, Juan López, líder del Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, hombre de fe, padre de familia y compañero de lucha. Lamentamos profundamente este crimen y demandamos que el Estado de Honduras responda por este y otros asesinatos de defensores que se mantienen impunes en el país.
El asesinato de Juan López y la crisis en el Bajo Aguán son un crudo reflejo de la grave situación de violencia, impunidad y negligencia estatal en Honduras, especialmente en relación con la defensa de los bienes comunes, la tierra y el territorio. La crisis en el Aguán no es un hecho aislado, sino la expresión de un conflicto territorial de larga duración, donde los intereses de empresas privadas y grupos criminales continúan explotando los recursos naturales, con total impunidad y a costa de la vida en las comunidades.
La situación es urgente e inaceptable: tan solo en 2023 y 2024, cuatro defensores vinculados a la lucha por el río Guapinol han sido asesinados en Honduras: Oquelí y Aly Domínguez, Jairo Bonilla y, ahora, Juan López, este último beneficiario de medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023.
Las organizaciones que conformamos el Observatorio de Justicia acompañamos a López y al Comité Municipal en la denuncia de estos hechos a nivel internacional y hemos expuesto el incumplimiento del Estado con respecto a la implementación de estas medidas (MC-137-23), dictadas a favor de 30 defensores de derechos humanos, e integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. El incumplimiento es un reflejo de la falta de interés y respuesta interinstitucional coordinada para abordar la situación de riesgo inminente que enfrentan las personas defensoras en el país. Lamentamos que a pesar del reconocimiento que organismos internacionales de protección han hecho sobre la situación de riesgo de Juan López y más miembros del Comité Municipal y aun teniendo un mandato de protección diferenciada y mitigación de riesgo dictado por las medidas de protección, que por ley tenía que atender, el Estado haya decidido ignorarlas. El Estado de Honduras le falla y le vuelve a fallar a quienes defienden las aguas, los bosques y la tierra; a quienes defienden la vida.
Es profundamente indignante que, a pesar de los repetidos reclamos de justicia por los asesinatos de personas defensoras, el silencio y la inacción del Estado prevalezcan. En el caso específico del Comité de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, ha sido ampliamente conocido el riesgo al que se enfrentan quienes lo integran. Ejemplo de ello es la Alerta Temprana No. 005-24 emitida por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), donde hace referencia a la inacción del Estado en implementación de medidas de protección.
El Estado no solo debe proteger los derechos a la vida e integridad personal de las y los beneficiarios/as de las medidas cautelares frente a posibles ataques que provengan de parte de particulares sino que, también, tiene la obligación de abstenerse de propiciar y participar en campañas de difamación, diseminación de representaciones negativas o la estigmatización de personas defensoras de derechos humanos y el trabajo que estas realizan. Le recordamos al Estado que garantizar la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos y, en particular, de las beneficiarias de medidas de protección es su obligación internacional: la seguridad de estas personas está en sus manos.
El Observatorio recuerda que, durante la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro, se hizo un llamado a la liberación de los defensores de Guapinol, lo que generó esperanza de un cambio en la protección de los derechos humanos en Honduras y la atención sobre la raíz de la crisis. Sin embargo, a más de dos años de esas declaraciones, hoy el movimiento de derechos humanos en Honduras y toda la región está de luto una vez más.
Las organizaciones exigimos justicia para Juan López y los defensores de los bienes comunes en Honduras. Una investigación expedita, independiente e imparcial debe ser garantizada por parte del Estado y fincar responsabilidades materiales e intelectuales por este atroz crimen. El riesgo continuará y es imperante que el Estado de Honduras garantice todas las medidas de protección necesarias para la familia y miembros del Comité Municipal, sin que medien excusas presupuestales o incapacidad institucional.
A la familia de Juan López, a sus compañeros y compañeras de lucha, a su comunidad: nuestro abrazo solidario. Honramos su legado y su vida y en su nombre seguiremos pidiendo justicia y acompañando la causa justa por los ríos en Honduras.
¡Juan López vive!
Firman: Centro por la Justicia y el Derecho lnternacional (CEJIL) Comité Internacional del NLG -Gremio Nacional de Abogados, USA. Diakonia oficina Nacional Honduras Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC – SJ) Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) Robert F. Kennedy Human Rights Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Virginia (UVA)
Les invitamos a reflexionar sobre la difícil situación que atraviesan las personas defensoras ambientales en todo el mundo, su condición de liderazgo en las denuncias sobre atropellos e irregularidades que afectan los bienes comunes naturales, sigue colocándolos en posiciones de vulnerabilidad. A partir del informe publicado por Global Witness titulado «Voces Silenciadas» les compartimos algunos de los datos que nos comparten para invitar a reflexionar sobre los desafíos que tenemos como sociedad y a mirar críticamente las tendencias políticas de nuestros países por «ningunear» la labor de estas personas.
El asesinato de las personas es sólo el paso final de toda una espiral de violencia que rodea la vida cotidiana de estas personas, el informe nos recuerda que esta acción viene acompañada de actos previos tales como intimidación, campañas de desprestigio y criminalización organizados por Gobiernos, empresas y otros agentes no estatales.
Este informe nos arroja un dato duro 196 casos documentados de personas asesinadas por su labor de defensora ambiental durante 2023, sin embargo, nos alertan de algo, «En muchas ocasiones, contamos con muy poca información sobre cada caso. Muchas personas defensoras nunca serán nombradas. No se agradecerán sus sacrificios. Y la historia de su resistencia jamás será contada», es así que les invitamos a reflexionar sobre ese silencio que sigue permeando e invisibiliza la oleada de violencias que están sufriendo personas y comunidades por la defensa de los bienes comunes.
En febrero de 2020, Jerhy Rivera Rivera, líder comprometido con la protección del ambiente y los derechos de las personas indígenas, fue asesinado en medio de un proceso de recuperación de tierras. Cuatro años después, el dolor por su pérdida sigue siendo profundo, agravado por la falta de justicia en su caso.
Durante el 2023, Juan Eduardo Varela, el presunto asesino que confesó haber cometido el acto en una actividad pública, fue sentenciado a 22 años de prisión. Sin embargo, tiempo después, el Tribunal de Cartago lo puso en libertad tras una apelación presentada por sus abogados.
El proceso judicial que ha seguido al asesinato de Jerhy no ha logrado hacer justicia, dejando una herida abierta en la lucha por los derechos humanos de las personas indígenas, su autonomía y la protección del ambiente en nuestro país.
Actualmente, el proceso se encuentra en la recta final, siendo el lunes 9 y martes 10 de septiembre del 2024 los últimos dos días del juicio, que se ha estado llevando a cabo durante las últimas semanas en los Tribunales de Pérez Zeledón. Por esta razón, es imprescindible que unamos nuestras voces y exijamos justicia.
Este es un momento decisivo para Costa Rica. Es imperativo que el Estado asuma su responsabilidad y garantice que la muerte de Jerhy no haya sido en vano. Exigimos que se retomen las acciones necesarias para esclarecer su asesinato, se asegure la protección de los derechos de los pueblos indígenas y se fortalezcan las políticas ambientales que Jerhy defendió con tanto fervor.
Es tiempo de que los tribunales actúen con firmeza y hagan justicia, por todas aquellas personas que continúan luchando por la defensa del ambiente y por quienes han sido víctimas de un Estado que no garantiza la protección de sus derechos ni territorios.
La ratificación del Acuerdo de Escazú es una de las grandes deudas que el Estado mantiene con las personas ecologistas. Este tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia en asuntos ambientales, siendo el primer tratado de este tipo en el mundo.
Diversos territorios han sido escenarios de numerosos conflictos y agresiones en los últimos años, donde se ve reflejada la continua amenaza que enfrentan las personas indígenas defensoras de sus territorios en Costa Rica.
Honramos la memoria de líderes y lideresas que han caído en defensa de sus tierras, sus derechos y de la vida misma en Costa Rica y América Latina. Recordamos con dolor a Sergio Rojas y Jehry Rivera, así como las luchas que se siguen dando en Salitre, Térraba, y China Kichá.
En estos territorios, las personas indígenas enfrentan constantemente hostigamiento por su lucha para la recuperación de las tierras ancestrales, ocupadas ilegalmente por empresas y personas no indígenas.
¡Justicia para Jerhy! ¡Justicia para los pueblos!
¡Aunque nos quieran bajo tierra, no saben que somos semillas!
Firman
Organizaciones:
Costa Rica
Alianza Escazú Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica Asociación de Estudiantes de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica Asociación de Estudiantes de Psicología de la Universidad de Costa Rica Asociación de Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica Bloque de Vivienda Casa del Migrante Centro de Amigos para la Paz (CAP) Colectivo de Apoyo a Doña Digna Rivera Comisión Comunal Pro Asfaltado Ruta 811 Comité de Solidaridad con los Pueblos Originarios Iríria Tsöchok Confederación Unitaria de Trabajadores -CUT Consejo Iriria Sätkök del territorio ancestral Yäbamï Dí Katá, conocido como Cabagra Coordinadora por la Liberación Animal Coordinadora de Lucha Sur-Sur (CLSS) Ediciones Libres, Costa Rica Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica Frente de Resistencia Animal y de la Tierra Frente Ecologista Universitario de la Universidad de Costa Rica Fundación Nuestramérica Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense Jornadas Solidarias, Costa Rica Micro-santuario el Rinconcito Animal Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) Movimiento no apoyo las corridas de toros a la tica ni el tope Movimiento yo no voy al zoo Red de Mujeres Rurales Organizaciones de Mujeres Indígenas Mano de Tigre (Dbön Orcuo) PATRULLAJE, Costa Rica. Partido Federativo Integra de la Universidad de Costa Rica. Proyecto Jirondai, Costa Rica. Proyecto Piapias: educación popular y comunicación antiespecista Orgullo Disidente, Costa Rica Sindicato Unitario de Pequeños Productores Agropecuarios de Pococí y Guácimo (SIUNPPAPG) Unidos por el Agua, Costa Rica.
Argentina
Asociación Cultural América Nativa (ACAN)
Ecuador
SAKIAT-Organización del Pueblo Kichwa Saraguro Unión Nacional de Educadores-UNE
España
Confederación Intersindical Solidaria, España Ensenyants Solidaris, ONG Ribaborza SOS Ribarboza
Honduras
Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras Asociación de Comunidades Indígenas Lencas de la Paz Asociación para una Ciudadanía Participativa (Aci-participa) Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) Garifuna, Honduras.
México
Centro para el Desarrollo y la Promoción de la Consciencia Crítica(CDPCC),Guanajuato Comité de Defensa de los Derechos de La Mujer-CODEMA.C, Oaxaca CLETA-UNAM, México. Comité Leonés de Solidaridad con Palestina (COLSOPAL), Guanajuato, México Comité Universitario en Solidaridad con el Pueblo Palestino, México Museo Comunitario Alfredo Almeida, México Red Académica de Solidaridad con Palestina, México
Internacional
Frente Comunicacional Anti-imperialista de Nuestra América, México. Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
Personas físicas:
Alejandra Davis, Estados Unidos. Alex Ramos, Costa Rica. Alexis Rodríguez Gallardo, Costa Rica. Allen Cordero, Costa Rica. Amanda Carvajal Umaña, Costa Rica Ana Mena Morelli, Costa Rica. Aren Vindas Álvarez, Costa Rica Ariel Enrique Solano Sancho, Costa Rica. Ashley Padilla, Costa Rica. Bruno Coto Barboza, Costa Rica. Carol Davis, Estados Unidos. Carolina Rivera, Estados Unidos. Cecilia Castillo Nanjarí, Chile. Celeste Rivera, Estados Unidos. Clarita Quiel Torres, Bribri del clan Túbölwak, Cabagra, Costa Rica. Daniel Ramírez, Estados Unidos. Daniela María Salas Monge, Costa Rica. Danilo Alizaga, Costa Rica. Denis Cálix, Costa Rica. Edgar Atencio, Costa Rica. Edwin Buezo, Estados Unidos. Eli Ortiz Torres, Bribri clan Túbölwak, Costa Rica. Elidies Rivera Navas, Costa Rica. Emily Quirós Víctor, Costa Rica. Estela Ceballos, Argentina. Fátima Gómez Campos, Costa Rica. Felipe Benítez, indígena Lenca, Honduras. Félix López Zambrana, Costa Rica. Héctor Ferlini-Salazar, Costa Rica Jimena Alvarado Vargas, Costa Rica. Johan Davis, Estados Unidos. José Amesty, Costa Rica. José Luis Reyes, Estados Unidos. Josué Fernández Baldizón, Costa Rica. Keneduar Gerardo Herrera Herrera, Costa Rica. Leonardo Fletes Castillo, Costa Rica. Leslie Andino, Estados Unidos. Luis Fernando González Marín, Costa Rica. Luis Salas Sarkis, Costa Rica. Madeline Kiser, Estados Unidos. Magda Solís Alpízar, Costa Rica. Marbella Martin Fragachan, Costa Rica. Marco Antonio Hernández Moreno, México. María Julia López, Honduras. María Trejos Montero, Costa Rica. Marielos Muñoz, Costa Rica. Marshall Valverde Chacón, Costa Rica. Miguel Barrios Gutiérrez. Miriam Miranda, Honduras. Nidia Fonseca, Costa Rica. Orlando Barrantes Cartín, Costa Rica. Pilar Bravo Pemjean, Chile. Roberto Gavarrete, Costa Rica. Sara Rodas, Estados Unidos. Sara Unda, UNAM, México. Sisa Pacari, Ecuador. Sofía Becerra, Estados Unidos. Suy Wong, Costa Rica. Tiryth Vindas Campos, Costa Rica. Zaida Docouto, Estados Unidos
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
Integrantes del Consejo Consultivo:
Argentina Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Rubiel Vargas Secretario Ejecutivo Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (CPDH), María Cardona Mejía Defensora de Derechos Humanos, Dr. Mario Hernández Álvarez Coordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia, Víctor Osorio Cadena Presidente del Sindicato Nacional Memoria Viva; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global y Eduardo García Activista de la Alianza por la Justicia Global e integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos, Suiza José Manuel González López, Gerardo Romero Luna y Mariella Bauer integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela Hugo Alberto Nieves Integrante del Movimiento Político – Social VAMOS, Zuleima Vergel Guerra Vocera Nacional del Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Indhira Libertad Rodríguez Red de Colectivos La Araña Feminista, José Miguel Gómez García Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Ali José Álvarez Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos – Movimiento Cultural Campesino Los Arangues Venezuela; Ecuador Abg. Franklin Columba Cuji Presidente de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha UOSISP de Ecuador; Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Ex Secretario General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB; Palestina Jamal Juma Coordinador STOP The WALL; Guatemala Ana Laura Rojas Padgett integrante de la Red de Integración Orgánica – RIO; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; Brasil Gizele Martins del Movimiento de Favelas de Rio de Janeiro; Perú Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega, Percy Katari Integrante de la Comisión de Comunicación del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Director Internacional de ComuniSur, Impulsor del Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América, Responsable de la Secretaría de Países Andinos de Conaicop; Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche Onesima Lienqueo Fundadora de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche; Chile Pablo Ruiz integrante del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM, Dr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Félix Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Soledad Ortiz Vásquez Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Claudia Tapia Nolasco Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Lic. Hugo Aguilar Promotor y Defensor de Derechos Indígenas, Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas, Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ – FOSICH, Lic. Jocelyn García Fondón Integrante del Secretariado Técnico del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Costa Rica Orlando Barrantes Cartín Coordinador General del Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC – Costa Rica.
Los cursos son intensivos, muy realistas, y los jovencitos pueden graduarse, en pocas semanas. Se ofrecen cotidianamente a distancia, por televisión, desde tempranito en la mañana, e incluso, frecuentemente, se interrumpen otros programas, para darles la lección en tiempo real.
Asimismo, por redes sociales se repiten insistentemente. Una ventaja, es que no requieren presupuesto, del 8% del PIB para la educación, ni profesores estudiosos, ni plantas físicas especializadas, por lo cual, las autoridades se sienten liberadas, pues no necesitan del aval financiero del presidente y su ministro de Hacienda. ¡Ah!, y, muy importante, son gratuitos, y se pueden matricular niños escolares y jóvenes colegiales, por igual, independientemente de la clase social. En eso, la modalidad es muy “democrática”, pues no requieren haber concluido sus estudios de secundaria.
Al indagar, nos encontramos que muchos de los asesinatos a sangre fría, de los tres diarios que, en promedio, se cometen en la Costa Rica de la «pura muerte«, son vistos, a cualquier hora, en las pantallas de televisión, que tenemos en la intimidad de nuestras casas, sin necesidad de tener contratos con las mediocres empresas cableras, que se nos ofrecen, hasta en la sopa.
Los mayores estarán de acuerdo con nosotros, que se mostraba menos violencia en las películas del oeste, en las series de la II Guerra Mundial o en Los Intocables, de Eliot Ness. Hoy, con el avance educativo, y sin necesidad de la inteligencia artificial, en las imágenes que nos recetan, solo falta el olor de la sangre, cuando matan cruelmente, a otros muchachos de edades parecidas, cual si fueran vaquillas de un rastro. Y, así de bueno es el servicio, para que no se pierda detalle alguno, y la lección sea bien aprendida, dichas imágenes se repiten, infinidad de veces, con estilo de narración deportiva, en los noticieros, por varios días, para solaz de los televidentes de todas las edades.
Pero, la verdad, es que el asunto merece algo más, que un comentario sarcástico, pues la situación es realmente preocupante, digna de ser tomada en cuenta, por las autoridades, y principalmente, por las mismas empresas televisivas nacionales, y, obviamente, por la ciudadanía en general.
Por su trascendencia, por ejemplo, se le presta atención por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para cuyos especialistas, la adolescencia, esa etapa de la vida comprendida entre los 10 y los 19 años, es vulnerable a tanta violencia visual. Habiéndose demostrado, que provoca en esos jovencitos, un comportamiento que, poco a poco, los torna inmunes al horror de la violencia, a la que, gradualmente, llegan a aceptar como una forma socialmente aceptable, de resolver problemas.
Y sucede así, entre otros, porque durante ese período de la vida, se produce una infinidad de cambios físicos, psicológicos y sociales normales, que conducen, mayoritariamente, a su inserción positiva y productiva en la sociedad. Lo cual está muy bien, pero, también resulta, que un muy reducido grupo de ellos, adoptan conductas hostiles y violentas, que se manifiestan de varias formas preocupantes para sus familiares y la sociedad, donde, además, muchos de ellos, dolorosamente, también son blanco de violencia por parte de esa misma sociedad, o incluso de sus padres y otros adultos.
Niños y muchachos, predispuestos, a imitar la violencia con que son, literalmente, bombardeados, por la televisión. Jóvenes capaces de identificarse con ciertos tipos, sus “profesores mafiosos”, victimarios que se les muestran cual, si fueren héroes, que, además, conviven con ellos, en un país donde la cantidad de personas armadas, supera en mucho a las que ejercen algún tipo de autoridad policial.
Nos dicen los expertos, que estas conductas no deseables tienen varios orígenes o causas. Entre ellas, la violencia del medio (el barrio, la comunidad) en que viven y se desarrollan desde niños; la violencia doméstica familiar (psicológica, física, sexual o por negligencia) que sufren desde edades muy tempranas y, quizá la que más ha de preocuparnos ahora, la exposición a los medios de comunicación masiva como la televisión, que les ofrece como producto de consumo diario, las más variadas formas de violencia psicológica, física, sexual, y contra terceros y sus propiedades, “justificada” ligeramente por las mismas autoridades, como “ajustes de cuentas”, así, fríamente, por lo que no merece, piensan, ni un minuto de preocupación. Es cosa de “ellos”, agregan equivocadamente, para salir del paso. Cuando, en verdad, es cosa de todos, de nosotros, de nuestros jóvenes, de la paz social a la que aspiramos, aún en medio, de tanta pobreza e incultura.
Por Memo Acuña. Sociólogo y escritor costarricense
A escribirse esta columna el país se acerca a la alarmante cifra de 600 homicidios. En la noche previa 5 hombres fueron asesinados bajo lo que en apariencia serían ajustes de cuentas.
Al iniciar la semana un medio de comunicación local me consultaba acerca de hechos de violencia ocurridos en actividades de celebración en vías públicas. Es la ausencia de convivencia y sentido colectivo, indiqué en su momento.
Sin embargo, me parece que es más que la necesidad de tejido colectivo lo que le está ocurriendo a una sociedad como la costarricense. Es claro que los tiempos violentos transcurren en el mismo momento que la desigualdad y la exclusión social aparecen como ejes vectores de nuestra sociedad.
Y entonces empiezan las preguntas: ¿qué hacer? He dicho hasta la saciedad que para sacar al país del lastre violento al que lo sometió 40 años de agenda neoliberal, se requiere algo más que voluntad política.
Hemos tenido un violento despertar hacia otro país, hacia un vacío que nos puebla. Para sacudirnos de la oscuridad, se requieren acciones para recuperar nuestro carácter subjetivo e intersubjetivo.
He dicho hasta el cansancio que creo en el arte como vehículo transformador. A eso le apuesto. Sobre eso voy. Por eso mi camino actual. Por eso mi convencimiento que en el arte está la clave.
En los años noventa Medellín era una de las ciudades más violentas del planeta y apostó entre otras cosas por recuperar los espacios públicos para la gente y por la poesía con sentido comunitario.
Yo sueño con que nos demos la posibilidad de caminar espacios públicos con calidad, libres de violencia y poetizar la vida en todos los sentidos.
Es fundamental la inversión y capacitación de los cuerpos de seguridad; experta hace un llamado a una mayor coordinación interinstitucional
UNA Comunica. 4 de setiembre de 2024. La semana anterior dejó un saldo de dos casos de violencia, donde hubo un homicidio perpetrado, presuntamente, por dueños de locales comerciales en contra de personas que intentaron robar en sus negocios.
Es lo que popularmente se le conoce como “tomar la justicia por sus propias manos”. Ocurrió primero el 25 de agosto en Alajuela cuando el dueño de un comercio asesinó a otra persona y luego, cuatro días después, cuando una mujer utilizó un arma de fuego para atacar a un presunto ladrón que intentó ingresar a una pulpería, en San José centro.
Circunstancias similares, escenarios distintos. Es el reflejo de un aumento en el nivel de violencia e inseguridad, según determinó la académica Yolanda Pérez, coordinadora de la Maestría de Administración Justicia, enfoque socio-jurídico, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA).
Para la socióloga, existen al menos cinco factores que explican por qué este tipo de situaciones se presentan con mayor regularidad:
Reinan sentimientos de desesperación y frustración, ante la sensación de que las autoridades no son efectivas en el control de la actividad criminal.
Se está presentando un fenómeno vinculado con la normalización de la violencia. “Las personas ya no se asustan cuando asesinan a alguien. En Costa Rica, lamentablemente, la violencia se ha vuelto algo común, pueden de repente estar más dispuestas a confrontar a los delincuentes, no porque no tengan miedo, sino porque ya se ha convertido en parte de su realidad cotidiana”.
También existen aspectos psicológicos, donde el instinto de supervivencia o el impulso por protegerse a sí mismos o a sus seres queridos, se activa. Esto puede llevar al individuo a enfrentar a un asaltante, en un momento de adrenalina que impide pensar en eventuales consecuencias.
La viralización pública del hecho, que se fundamenta en el actuar de una persona ante un delincuente y de donde sale victoriosa, puede ser motivo de inspiración para que otros se preparen o actúen de igual manera, con el agravante de que estos casos no reflejen la realidad ni sus riesgos asociados.
Socialmente, puede generarse la idea de que siempre el delincuente puede ser vulnerable, lo que hace que las personas dejen de verlos como una amenaza, o de que los califiquen como inexpertos y que pueden actuar contra ellos.
Riesgos
En paralelo a la valoración sociológica que explica el uso de los mecanismos de defensa personales, se suma el hecho de una mayor desconfianza en la policía y en el sistema judicial por parte de la ciudadanía. “Se tiende a creer que los delincuentes no enfrentarán consecuencias significativas por sus actos, lo que contribuye a que puedan actuar por su cuenta”, manifestó Pérez.
Características como que “la justicia es lenta o ineficaz” se han convertido en vox populi, lo que, de acuerdo con la experta, puede llevar a la idea de que la única forma de lograr una justicia inmediata es actuar por sus propios medios.
“Incluso he escuchado que las personas se están capacitando más sobre seguridad personal, por medio de escuelas a las que les pagan y donde les enseñan sobre uso de armas y que no necesariamente es para optar por un puesto en una empresa de seguridad privada, sino para defenderse ante cualquier peligro”, relató Yolanda Pérez.
Desde una perspectiva social, un entorno que opte por este camino promueve el aumento de la violencia, ya de por sí exacerbado en el país. Hasta el día de ayer, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contabilizaba 587 homicidios, 29 menos que a la misma fecha del año pasado que alcanzó un récord en las estadísticas.
San José es la provincia más afectada por el grado de violencia (152 crímenes), acompañada ahora de las provincias costeras de Limón y Puntarenas (107 y 95 casos, respectivamente) donde se ha dado un incremento en los niveles de inseguridad.
Dentro de los riesgos de esta escalada violenta, está que los propios delincuentes puedan armarse o prepararse mejor para repeler ataques, lo que pueden conllevar a enfrentamientos peligrosos, donde estarían expuestos terceras personas, como clientes de un local o comercio.
¿Qué se puede hacer al respecto? Para la coordinadora de la Maestría de Administración en Justicia es fundamental fortalecer a las instituciones jurídicas y de seguridad del país, aunque considera que el aumento en las penas carcelarias no va a ser la solución.
Pérez recalcó que es fundamental la capacitación y la dotación de recursos para fortalecer al Ministerio de Seguridad Pública y a sus distintas dependencias. Advirtió, por ejemplo, que actualmente la policía no cuenta con los mismos equipos del crimen organizado, y eso afecta la prevención y la respuesta oportuna ante el delito.
“Además, se hace necesario articular el trabajo que se realiza en las instituciones públicas y organizaciones, entre otros entes, de manera que desarrollen programas y campañas de sensibilización que promuevan la resolución pacífica de los conflictos y que desincentive el uso de la violencia como respuesta a la delincuencia”, agregó.
Lo que se quiere evitar es que situaciones, como la acontecida el domingo anterior en San Carlos, cuando dos personas se enfrentaron directamente a pedradas con un presunto ladrón, quien quiso llevarse una motocicleta, desemboque en el fallecimiento de alguno de los involucrados, lo cual en este caso no sucedió.
Por ello, la académica apunta a una estrategia integral donde la reducción de las desigualdades económicas y sociales, la pobreza, el desempleo, la falta de acceso a servicios básicos puedan contribuir a generar una menor presión social sobre las personas que han acudido a los mecanismos de violencia para defenderse ante todo tipo de situaciones.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
