Les invitamos a reflexionar sobre la difícil situación que atraviesan las personas defensoras ambientales en todo el mundo, su condición de liderazgo en las denuncias sobre atropellos e irregularidades que afectan los bienes comunes naturales, sigue colocándolos en posiciones de vulnerabilidad. A partir del informe publicado por Global Witness titulado «Voces Silenciadas» les compartimos algunos de los datos que nos comparten para invitar a reflexionar sobre los desafíos que tenemos como sociedad y a mirar críticamente las tendencias políticas de nuestros países por «ningunear» la labor de estas personas.
El asesinato de las personas es sólo el paso final de toda una espiral de violencia que rodea la vida cotidiana de estas personas, el informe nos recuerda que esta acción viene acompañada de actos previos tales como intimidación, campañas de desprestigio y criminalización organizados por Gobiernos, empresas y otros agentes no estatales.
Este informe nos arroja un dato duro 196 casos documentados de personas asesinadas por su labor de defensora ambiental durante 2023, sin embargo, nos alertan de algo, «En muchas ocasiones, contamos con muy poca información sobre cada caso. Muchas personas defensoras nunca serán nombradas. No se agradecerán sus sacrificios. Y la historia de su resistencia jamás será contada», es así que les invitamos a reflexionar sobre ese silencio que sigue permeando e invisibiliza la oleada de violencias que están sufriendo personas y comunidades por la defensa de los bienes comunes.
En febrero de 2020, Jerhy Rivera Rivera, líder comprometido con la protección del ambiente y los derechos de las personas indígenas, fue asesinado en medio de un proceso de recuperación de tierras. Cuatro años después, el dolor por su pérdida sigue siendo profundo, agravado por la falta de justicia en su caso.
Durante el 2023, Juan Eduardo Varela, el presunto asesino que confesó haber cometido el acto en una actividad pública, fue sentenciado a 22 años de prisión. Sin embargo, tiempo después, el Tribunal de Cartago lo puso en libertad tras una apelación presentada por sus abogados.
El proceso judicial que ha seguido al asesinato de Jerhy no ha logrado hacer justicia, dejando una herida abierta en la lucha por los derechos humanos de las personas indígenas, su autonomía y la protección del ambiente en nuestro país.
Actualmente, el proceso se encuentra en la recta final, siendo el lunes 9 y martes 10 de septiembre del 2024 los últimos dos días del juicio, que se ha estado llevando a cabo durante las últimas semanas en los Tribunales de Pérez Zeledón. Por esta razón, es imprescindible que unamos nuestras voces y exijamos justicia.
Este es un momento decisivo para Costa Rica. Es imperativo que el Estado asuma su responsabilidad y garantice que la muerte de Jerhy no haya sido en vano. Exigimos que se retomen las acciones necesarias para esclarecer su asesinato, se asegure la protección de los derechos de los pueblos indígenas y se fortalezcan las políticas ambientales que Jerhy defendió con tanto fervor.
Es tiempo de que los tribunales actúen con firmeza y hagan justicia, por todas aquellas personas que continúan luchando por la defensa del ambiente y por quienes han sido víctimas de un Estado que no garantiza la protección de sus derechos ni territorios.
La ratificación del Acuerdo de Escazú es una de las grandes deudas que el Estado mantiene con las personas ecologistas. Este tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia en asuntos ambientales, siendo el primer tratado de este tipo en el mundo.
Diversos territorios han sido escenarios de numerosos conflictos y agresiones en los últimos años, donde se ve reflejada la continua amenaza que enfrentan las personas indígenas defensoras de sus territorios en Costa Rica.
Honramos la memoria de líderes y lideresas que han caído en defensa de sus tierras, sus derechos y de la vida misma en Costa Rica y América Latina. Recordamos con dolor a Sergio Rojas y Jehry Rivera, así como las luchas que se siguen dando en Salitre, Térraba, y China Kichá.
En estos territorios, las personas indígenas enfrentan constantemente hostigamiento por su lucha para la recuperación de las tierras ancestrales, ocupadas ilegalmente por empresas y personas no indígenas.
¡Justicia para Jerhy! ¡Justicia para los pueblos!
¡Aunque nos quieran bajo tierra, no saben que somos semillas!
Firman
Organizaciones:
Costa Rica
Alianza Escazú Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica Asociación de Estudiantes de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica Asociación de Estudiantes de Psicología de la Universidad de Costa Rica Asociación de Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica Bloque de Vivienda Casa del Migrante Centro de Amigos para la Paz (CAP) Colectivo de Apoyo a Doña Digna Rivera Comisión Comunal Pro Asfaltado Ruta 811 Comité de Solidaridad con los Pueblos Originarios Iríria Tsöchok Confederación Unitaria de Trabajadores -CUT Consejo Iriria Sätkök del territorio ancestral Yäbamï Dí Katá, conocido como Cabagra Coordinadora por la Liberación Animal Coordinadora de Lucha Sur-Sur (CLSS) Ediciones Libres, Costa Rica Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica Frente de Resistencia Animal y de la Tierra Frente Ecologista Universitario de la Universidad de Costa Rica Fundación Nuestramérica Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense Jornadas Solidarias, Costa Rica Micro-santuario el Rinconcito Animal Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) Movimiento no apoyo las corridas de toros a la tica ni el tope Movimiento yo no voy al zoo Red de Mujeres Rurales Organizaciones de Mujeres Indígenas Mano de Tigre (Dbön Orcuo) PATRULLAJE, Costa Rica. Partido Federativo Integra de la Universidad de Costa Rica. Proyecto Jirondai, Costa Rica. Proyecto Piapias: educación popular y comunicación antiespecista Orgullo Disidente, Costa Rica Sindicato Unitario de Pequeños Productores Agropecuarios de Pococí y Guácimo (SIUNPPAPG) Unidos por el Agua, Costa Rica.
Argentina
Asociación Cultural América Nativa (ACAN)
Ecuador
SAKIAT-Organización del Pueblo Kichwa Saraguro Unión Nacional de Educadores-UNE
España
Confederación Intersindical Solidaria, España Ensenyants Solidaris, ONG Ribaborza SOS Ribarboza
Honduras
Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras Asociación de Comunidades Indígenas Lencas de la Paz Asociación para una Ciudadanía Participativa (Aci-participa) Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) Garifuna, Honduras.
México
Centro para el Desarrollo y la Promoción de la Consciencia Crítica(CDPCC),Guanajuato Comité de Defensa de los Derechos de La Mujer-CODEMA.C, Oaxaca CLETA-UNAM, México. Comité Leonés de Solidaridad con Palestina (COLSOPAL), Guanajuato, México Comité Universitario en Solidaridad con el Pueblo Palestino, México Museo Comunitario Alfredo Almeida, México Red Académica de Solidaridad con Palestina, México
Internacional
Frente Comunicacional Anti-imperialista de Nuestra América, México. Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
Personas físicas:
Alejandra Davis, Estados Unidos. Alex Ramos, Costa Rica. Alexis Rodríguez Gallardo, Costa Rica. Allen Cordero, Costa Rica. Amanda Carvajal Umaña, Costa Rica Ana Mena Morelli, Costa Rica. Aren Vindas Álvarez, Costa Rica Ariel Enrique Solano Sancho, Costa Rica. Ashley Padilla, Costa Rica. Bruno Coto Barboza, Costa Rica. Carol Davis, Estados Unidos. Carolina Rivera, Estados Unidos. Cecilia Castillo Nanjarí, Chile. Celeste Rivera, Estados Unidos. Clarita Quiel Torres, Bribri del clan Túbölwak, Cabagra, Costa Rica. Daniel Ramírez, Estados Unidos. Daniela María Salas Monge, Costa Rica. Danilo Alizaga, Costa Rica. Denis Cálix, Costa Rica. Edgar Atencio, Costa Rica. Edwin Buezo, Estados Unidos. Eli Ortiz Torres, Bribri clan Túbölwak, Costa Rica. Elidies Rivera Navas, Costa Rica. Emily Quirós Víctor, Costa Rica. Estela Ceballos, Argentina. Fátima Gómez Campos, Costa Rica. Felipe Benítez, indígena Lenca, Honduras. Félix López Zambrana, Costa Rica. Héctor Ferlini-Salazar, Costa Rica Jimena Alvarado Vargas, Costa Rica. Johan Davis, Estados Unidos. José Amesty, Costa Rica. José Luis Reyes, Estados Unidos. Josué Fernández Baldizón, Costa Rica. Keneduar Gerardo Herrera Herrera, Costa Rica. Leonardo Fletes Castillo, Costa Rica. Leslie Andino, Estados Unidos. Luis Fernando González Marín, Costa Rica. Luis Salas Sarkis, Costa Rica. Madeline Kiser, Estados Unidos. Magda Solís Alpízar, Costa Rica. Marbella Martin Fragachan, Costa Rica. Marco Antonio Hernández Moreno, México. María Julia López, Honduras. María Trejos Montero, Costa Rica. Marielos Muñoz, Costa Rica. Marshall Valverde Chacón, Costa Rica. Miguel Barrios Gutiérrez. Miriam Miranda, Honduras. Nidia Fonseca, Costa Rica. Orlando Barrantes Cartín, Costa Rica. Pilar Bravo Pemjean, Chile. Roberto Gavarrete, Costa Rica. Sara Rodas, Estados Unidos. Sara Unda, UNAM, México. Sisa Pacari, Ecuador. Sofía Becerra, Estados Unidos. Suy Wong, Costa Rica. Tiryth Vindas Campos, Costa Rica. Zaida Docouto, Estados Unidos
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
Integrantes del Consejo Consultivo:
Argentina Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Rubiel Vargas Secretario Ejecutivo Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (CPDH), María Cardona Mejía Defensora de Derechos Humanos, Dr. Mario Hernández Álvarez Coordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia, Víctor Osorio Cadena Presidente del Sindicato Nacional Memoria Viva; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global y Eduardo García Activista de la Alianza por la Justicia Global e integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos, Suiza José Manuel González López, Gerardo Romero Luna y Mariella Bauer integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela Hugo Alberto Nieves Integrante del Movimiento Político – Social VAMOS, Zuleima Vergel Guerra Vocera Nacional del Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Indhira Libertad Rodríguez Red de Colectivos La Araña Feminista, José Miguel Gómez García Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Ali José Álvarez Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos – Movimiento Cultural Campesino Los Arangues Venezuela; Ecuador Abg. Franklin Columba Cuji Presidente de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha UOSISP de Ecuador; Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Ex Secretario General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB; Palestina Jamal Juma Coordinador STOP The WALL; Guatemala Ana Laura Rojas Padgett integrante de la Red de Integración Orgánica – RIO; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; Brasil Gizele Martins del Movimiento de Favelas de Rio de Janeiro; Perú Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega, Percy Katari Integrante de la Comisión de Comunicación del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Director Internacional de ComuniSur, Impulsor del Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América, Responsable de la Secretaría de Países Andinos de Conaicop; Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche Onesima Lienqueo Fundadora de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche; Chile Pablo Ruiz integrante del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM, Dr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Félix Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Soledad Ortiz Vásquez Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Claudia Tapia Nolasco Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Lic. Hugo Aguilar Promotor y Defensor de Derechos Indígenas, Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas, Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ – FOSICH, Lic. Jocelyn García Fondón Integrante del Secretariado Técnico del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Costa Rica Orlando Barrantes Cartín Coordinador General del Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC – Costa Rica.
Los cursos son intensivos, muy realistas, y los jovencitos pueden graduarse, en pocas semanas. Se ofrecen cotidianamente a distancia, por televisión, desde tempranito en la mañana, e incluso, frecuentemente, se interrumpen otros programas, para darles la lección en tiempo real.
Asimismo, por redes sociales se repiten insistentemente. Una ventaja, es que no requieren presupuesto, del 8% del PIB para la educación, ni profesores estudiosos, ni plantas físicas especializadas, por lo cual, las autoridades se sienten liberadas, pues no necesitan del aval financiero del presidente y su ministro de Hacienda. ¡Ah!, y, muy importante, son gratuitos, y se pueden matricular niños escolares y jóvenes colegiales, por igual, independientemente de la clase social. En eso, la modalidad es muy “democrática”, pues no requieren haber concluido sus estudios de secundaria.
Al indagar, nos encontramos que muchos de los asesinatos a sangre fría, de los tres diarios que, en promedio, se cometen en la Costa Rica de la «pura muerte«, son vistos, a cualquier hora, en las pantallas de televisión, que tenemos en la intimidad de nuestras casas, sin necesidad de tener contratos con las mediocres empresas cableras, que se nos ofrecen, hasta en la sopa.
Los mayores estarán de acuerdo con nosotros, que se mostraba menos violencia en las películas del oeste, en las series de la II Guerra Mundial o en Los Intocables, de Eliot Ness. Hoy, con el avance educativo, y sin necesidad de la inteligencia artificial, en las imágenes que nos recetan, solo falta el olor de la sangre, cuando matan cruelmente, a otros muchachos de edades parecidas, cual si fueran vaquillas de un rastro. Y, así de bueno es el servicio, para que no se pierda detalle alguno, y la lección sea bien aprendida, dichas imágenes se repiten, infinidad de veces, con estilo de narración deportiva, en los noticieros, por varios días, para solaz de los televidentes de todas las edades.
Pero, la verdad, es que el asunto merece algo más, que un comentario sarcástico, pues la situación es realmente preocupante, digna de ser tomada en cuenta, por las autoridades, y principalmente, por las mismas empresas televisivas nacionales, y, obviamente, por la ciudadanía en general.
Por su trascendencia, por ejemplo, se le presta atención por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para cuyos especialistas, la adolescencia, esa etapa de la vida comprendida entre los 10 y los 19 años, es vulnerable a tanta violencia visual. Habiéndose demostrado, que provoca en esos jovencitos, un comportamiento que, poco a poco, los torna inmunes al horror de la violencia, a la que, gradualmente, llegan a aceptar como una forma socialmente aceptable, de resolver problemas.
Y sucede así, entre otros, porque durante ese período de la vida, se produce una infinidad de cambios físicos, psicológicos y sociales normales, que conducen, mayoritariamente, a su inserción positiva y productiva en la sociedad. Lo cual está muy bien, pero, también resulta, que un muy reducido grupo de ellos, adoptan conductas hostiles y violentas, que se manifiestan de varias formas preocupantes para sus familiares y la sociedad, donde, además, muchos de ellos, dolorosamente, también son blanco de violencia por parte de esa misma sociedad, o incluso de sus padres y otros adultos.
Niños y muchachos, predispuestos, a imitar la violencia con que son, literalmente, bombardeados, por la televisión. Jóvenes capaces de identificarse con ciertos tipos, sus “profesores mafiosos”, victimarios que se les muestran cual, si fueren héroes, que, además, conviven con ellos, en un país donde la cantidad de personas armadas, supera en mucho a las que ejercen algún tipo de autoridad policial.
Nos dicen los expertos, que estas conductas no deseables tienen varios orígenes o causas. Entre ellas, la violencia del medio (el barrio, la comunidad) en que viven y se desarrollan desde niños; la violencia doméstica familiar (psicológica, física, sexual o por negligencia) que sufren desde edades muy tempranas y, quizá la que más ha de preocuparnos ahora, la exposición a los medios de comunicación masiva como la televisión, que les ofrece como producto de consumo diario, las más variadas formas de violencia psicológica, física, sexual, y contra terceros y sus propiedades, “justificada” ligeramente por las mismas autoridades, como “ajustes de cuentas”, así, fríamente, por lo que no merece, piensan, ni un minuto de preocupación. Es cosa de “ellos”, agregan equivocadamente, para salir del paso. Cuando, en verdad, es cosa de todos, de nosotros, de nuestros jóvenes, de la paz social a la que aspiramos, aún en medio, de tanta pobreza e incultura.
Por Memo Acuña. Sociólogo y escritor costarricense
A escribirse esta columna el país se acerca a la alarmante cifra de 600 homicidios. En la noche previa 5 hombres fueron asesinados bajo lo que en apariencia serían ajustes de cuentas.
Al iniciar la semana un medio de comunicación local me consultaba acerca de hechos de violencia ocurridos en actividades de celebración en vías públicas. Es la ausencia de convivencia y sentido colectivo, indiqué en su momento.
Sin embargo, me parece que es más que la necesidad de tejido colectivo lo que le está ocurriendo a una sociedad como la costarricense. Es claro que los tiempos violentos transcurren en el mismo momento que la desigualdad y la exclusión social aparecen como ejes vectores de nuestra sociedad.
Y entonces empiezan las preguntas: ¿qué hacer? He dicho hasta la saciedad que para sacar al país del lastre violento al que lo sometió 40 años de agenda neoliberal, se requiere algo más que voluntad política.
Hemos tenido un violento despertar hacia otro país, hacia un vacío que nos puebla. Para sacudirnos de la oscuridad, se requieren acciones para recuperar nuestro carácter subjetivo e intersubjetivo.
He dicho hasta el cansancio que creo en el arte como vehículo transformador. A eso le apuesto. Sobre eso voy. Por eso mi camino actual. Por eso mi convencimiento que en el arte está la clave.
En los años noventa Medellín era una de las ciudades más violentas del planeta y apostó entre otras cosas por recuperar los espacios públicos para la gente y por la poesía con sentido comunitario.
Yo sueño con que nos demos la posibilidad de caminar espacios públicos con calidad, libres de violencia y poetizar la vida en todos los sentidos.
Es fundamental la inversión y capacitación de los cuerpos de seguridad; experta hace un llamado a una mayor coordinación interinstitucional
UNA Comunica. 4 de setiembre de 2024. La semana anterior dejó un saldo de dos casos de violencia, donde hubo un homicidio perpetrado, presuntamente, por dueños de locales comerciales en contra de personas que intentaron robar en sus negocios.
Es lo que popularmente se le conoce como “tomar la justicia por sus propias manos”. Ocurrió primero el 25 de agosto en Alajuela cuando el dueño de un comercio asesinó a otra persona y luego, cuatro días después, cuando una mujer utilizó un arma de fuego para atacar a un presunto ladrón que intentó ingresar a una pulpería, en San José centro.
Circunstancias similares, escenarios distintos. Es el reflejo de un aumento en el nivel de violencia e inseguridad, según determinó la académica Yolanda Pérez, coordinadora de la Maestría de Administración Justicia, enfoque socio-jurídico, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA).
Para la socióloga, existen al menos cinco factores que explican por qué este tipo de situaciones se presentan con mayor regularidad:
Reinan sentimientos de desesperación y frustración, ante la sensación de que las autoridades no son efectivas en el control de la actividad criminal.
Se está presentando un fenómeno vinculado con la normalización de la violencia. “Las personas ya no se asustan cuando asesinan a alguien. En Costa Rica, lamentablemente, la violencia se ha vuelto algo común, pueden de repente estar más dispuestas a confrontar a los delincuentes, no porque no tengan miedo, sino porque ya se ha convertido en parte de su realidad cotidiana”.
También existen aspectos psicológicos, donde el instinto de supervivencia o el impulso por protegerse a sí mismos o a sus seres queridos, se activa. Esto puede llevar al individuo a enfrentar a un asaltante, en un momento de adrenalina que impide pensar en eventuales consecuencias.
La viralización pública del hecho, que se fundamenta en el actuar de una persona ante un delincuente y de donde sale victoriosa, puede ser motivo de inspiración para que otros se preparen o actúen de igual manera, con el agravante de que estos casos no reflejen la realidad ni sus riesgos asociados.
Socialmente, puede generarse la idea de que siempre el delincuente puede ser vulnerable, lo que hace que las personas dejen de verlos como una amenaza, o de que los califiquen como inexpertos y que pueden actuar contra ellos.
Riesgos
En paralelo a la valoración sociológica que explica el uso de los mecanismos de defensa personales, se suma el hecho de una mayor desconfianza en la policía y en el sistema judicial por parte de la ciudadanía. “Se tiende a creer que los delincuentes no enfrentarán consecuencias significativas por sus actos, lo que contribuye a que puedan actuar por su cuenta”, manifestó Pérez.
Características como que “la justicia es lenta o ineficaz” se han convertido en vox populi, lo que, de acuerdo con la experta, puede llevar a la idea de que la única forma de lograr una justicia inmediata es actuar por sus propios medios.
“Incluso he escuchado que las personas se están capacitando más sobre seguridad personal, por medio de escuelas a las que les pagan y donde les enseñan sobre uso de armas y que no necesariamente es para optar por un puesto en una empresa de seguridad privada, sino para defenderse ante cualquier peligro”, relató Yolanda Pérez.
Desde una perspectiva social, un entorno que opte por este camino promueve el aumento de la violencia, ya de por sí exacerbado en el país. Hasta el día de ayer, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contabilizaba 587 homicidios, 29 menos que a la misma fecha del año pasado que alcanzó un récord en las estadísticas.
San José es la provincia más afectada por el grado de violencia (152 crímenes), acompañada ahora de las provincias costeras de Limón y Puntarenas (107 y 95 casos, respectivamente) donde se ha dado un incremento en los niveles de inseguridad.
Dentro de los riesgos de esta escalada violenta, está que los propios delincuentes puedan armarse o prepararse mejor para repeler ataques, lo que pueden conllevar a enfrentamientos peligrosos, donde estarían expuestos terceras personas, como clientes de un local o comercio.
¿Qué se puede hacer al respecto? Para la coordinadora de la Maestría de Administración en Justicia es fundamental fortalecer a las instituciones jurídicas y de seguridad del país, aunque considera que el aumento en las penas carcelarias no va a ser la solución.
Pérez recalcó que es fundamental la capacitación y la dotación de recursos para fortalecer al Ministerio de Seguridad Pública y a sus distintas dependencias. Advirtió, por ejemplo, que actualmente la policía no cuenta con los mismos equipos del crimen organizado, y eso afecta la prevención y la respuesta oportuna ante el delito.
“Además, se hace necesario articular el trabajo que se realiza en las instituciones públicas y organizaciones, entre otros entes, de manera que desarrollen programas y campañas de sensibilización que promuevan la resolución pacífica de los conflictos y que desincentive el uso de la violencia como respuesta a la delincuencia”, agregó.
Lo que se quiere evitar es que situaciones, como la acontecida el domingo anterior en San Carlos, cuando dos personas se enfrentaron directamente a pedradas con un presunto ladrón, quien quiso llevarse una motocicleta, desemboque en el fallecimiento de alguno de los involucrados, lo cual en este caso no sucedió.
Por ello, la académica apunta a una estrategia integral donde la reducción de las desigualdades económicas y sociales, la pobreza, el desempleo, la falta de acceso a servicios básicos puedan contribuir a generar una menor presión social sobre las personas que han acudido a los mecanismos de violencia para defenderse ante todo tipo de situaciones.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
El tema de la inseguridad no se debe valorar solo desde la violencia física, sino a partir de la violencia simbólica y estructural que se interrelacionan.
Rosaura Chinchilla, jueza del Poder Judicial, indicó que los discursos de populismo imperantes en América Latina, incluida Costa Rica, se podrían clasificar en furia, enojo y baja densidad; donde el enojo apela a la destrucción de la institucionalidad, esencial para combatir la inseguridad, así como incitar a la violencia y fortalecer temas de mano dura en las diferentes regiones. Asimismo, en nombre del populismo de baja intensidad se promueven modificaciones meramente normativas y cosméticas que no atacan los orígenes y causas reales de la inseguridad. Chinchilla explicó que una de las manifestaciones populistas imperantes en Latinoamérica son las relacionadas con la promulgación de penas severas. En ese sentido, la jueza acotó que a inicios de los 90 en la región se duplicaron las penas de 25 a 50 años y se crearon penas únicas para la población penal juvenil. “Dos décadas después, la criminalidad sigue en aumento y se demostró que esos discursos son inútiles; no obstante aún se apela a ellos. Los temas de mano dura de autoritarismo instaurados en la región se reflejan como reformas cosméticas.
Por otra parte, la jueza agregó que una disminución en la educación, en las políticas de empleo y en el uso de espacios de recreación para las comunidades, entre otros, impacta de forma severa en los otros órdenes, lo cual se debe combatir.
Para Chinchilla, el tema de la seguridad en el país debe abordarse desde una perspectiva general y global, que incluya la política social y económica. “No se puede abarcar de forma aislada, sin tener relación con la educación e inversión social, porque los estaríamos afrontando mal”, dijo la jueza.
Dichas aseveraciones se externaron por Chinchilla en el marco del foro: “Inseguridad ciudadana y violencia en Costa Rica”, organizado por la Vicerrectoría de Extensión y conducido por el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA). También participaron como panelistas Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, Patricia Vargas, magistrada de la Sala III y Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Modernizar las leyes
Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, expresó que en medio de la crisis de inseguridad que se vive en la actualidad no se ha perdido la esencia democrática, dado que se enfrenta al crimen organizado desde el Estado de Derecho y por eso el reclamo de modernizar las leyes.
“Hace pocos días capturamos en alta mar un navío con dos toneladas de droga que venía para Costa Rica. Y justamente el capitán de ese navío había sido detenido en el 2018, trasegando una tonelada también hacia nuestro país. Esto nos indica que las leyes pensadas en la resocialización del delincuente están siendo utilizadas por el crimen organizado para acortar las penas, los tiempos en prisión y además seguir delinquiendo. Es decir, las medidas resocializantes no cumplen con el objetivo para el que fueron diseñadas”, afirmó Zamora.
El jerarca de Seguridad Pública llamó la atención a la Asamblea Legislativa para que el núcleo duro de la legislación que debe aprobarse es la que no avanza. “Se avanzan en leyes no contradictorias, las cuales no generan mayor conflicto y con eso nos engañamos solos, creyendo que se toman las medidas necesarias para resolver la situación, cuando las verdaderas medidas resolutivas están todavía en un impase, sin avanzar en la corriente legislativa”, señaló Zamora.
Mencionó que más allá de una nueva Constitución se requieren leyes penales adaptadas a la realidad criminológica actual, pues se cuenta con un Código Procesal Penal vigente elaborado en 1998, en otra realidad distinta, cuando no había sicarios, ni criminalidad organizada en el país.
Randall Zúñiga, director del OIJ, instó a los estudiantes universitarios a incrementar la investigación académica en materia de seguridad en Costa Rica.
Apostar por la educación
Patricia Vargas, magistrada de la Sala III, comentó que el hecho de pensar que la delincuencia se resuelve con más leyes es limitar la búsqueda de respuestas que permitan a la sociedad recuperar la tranquilidad y tratar de alguna manera de resolver esas causas estructurales. “Hay que entender que la represión sin prevención no funciona. Usted puede endurecer las leyes y penas ya existentes, hasta crear nuevos delitos y la delincuencia permanecerá en este país”, resaltó la magistrada.
Vargas precisó que más bien es necesario apostar por medidas que permitan superar las brechas sociales y de exclusión social, así como abrir espacios para que todas las personas puedan avanzar. “Si pensamos que a través de la represión se soluciona el problema es una apuesta equivocada e incluso peligrosa porque puede generar el desencanto de la ciudadanía en esa respuesta que a la larga sabemos que no dará los resultados deseados” subrayó Vargas.
La magistrada considera que en cambio apostar por la educación garantizará una sociedad más igualitaria para las futuras generaciones. “Si tenemos una educación débil, tendremos menos oportunidades para la sociedad. Por eso necesitamos invertir en educación, seguridad y prevención.”
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Para ellos la vida no se vive, se sufre. El día es un tránsito amargo cuyo único propósito es llegar vivo a la noche. Son los pobres de México, una porción de la humanidad atormentada hasta lo indecible, condenada a vivir en un status que apenas podría considerarse humano.
Así son los personajes de “Una muerte en la familia Sánchez” de Oscar Lewis (1969), una consecuencia o un residuo de “Los hijos de Sánchez”, su obra más famosa, publicada ocho años antes.
“Una muerte…” narra la vida, muerte y entierro a Guadalupe, una integrante del clan Sánchez aunque muy alejada de su patriarca, Jesús. Está realizada mediante tres entrevistas a cada uno de tres testigos: Manuel, Roberto y Consuelo, familiares cercanos de Guadalupe, entrevistas que son la materia de las tres partes de la obra: La muerte, que en realidad es el transcurso de la vida de Guadalupe y su epílogo, la muerte; segunda, El Velorio, que reúne a la familia y muestra sus trifulcas y, tercero, El entierro o cierre. Y es que la muerte es solo una parte del sufrimiento. Vivir cuesta mucho, pero morirse no menos. Para una familia tan pobre, es una carga demasiado grande velar el cuerpo, ofrecer comida y bebida a los asistentes, casi todos los vecinos alcohólicos, comprar el ataúd, pagar el transporte del féretro, enterrar al muerto.
Guadalupe, al igual que todos los Sánchez, es un ejemplo de esos mexicanos expulsados de sus tierras lejanas por la pobreza y la violencia, obligados a cambiar una y otra vez de residencia y, por último, arrojados a algún barrio pobre de la capital. Son ejemplo de la explotación, la miseria, la violencia, de un hambre insaciable que llevan en sus estómagos y en sus almas.
Tres cosas llaman la atención: la primera es esa misma miseria, la carencia absoluta de todo o de casi todo, que los hace llevar una vida en la que la única preocupación es cómo no morir antes de que caiga la noche. La segunda es la violencia insoportable de vidas hechas para producir daño. Los hombres golpean siempre a las mujeres y a los niños. Tercero, el alcoholismo que todos, incluida Guadalupe, padecen en un grado extremo. Al fin y al cabo, pasar borracho todo el día no es solo la forma de olvidar el hambre, sino además la manera, valga la paradoja, de conservar la vida.
Tuve que parar muchas veces la lectura porque, le decía a mi esposa, ya no soportaba tanto dolor ni tanto sufrimiento de este pueblo al que tanto amo.
Lewis creó una corriente llamada “antropología de la pobreza” y tuvo como método principal la entrevista de personas salidas de los estratos más desfavorecidos de las sociedades del continente.
Su obra más conocida, la ya citada “Los hijos de Sánchez” (1961), de más de 500 páginas, es un largo recorrido de la vida y experiencias de Jesús Sánchez, recogida en muchas horas de entrevista viva y volcada al papel casi sin cambios.
No obstante, las experiencias de pobreza, Lewis reconoce que Jesús Sánchez no es en realidad un pobre entre los pobres, sino más bien un representante de una clase media muy modesta que creció como resultado del desarrollo del país después de la Revolución Mexicana.
Los verdaderos libros sobre la pobreza son otros, en especial, “La vida”, un tomazo de 700 páginas, que retrata la terrible situación de los pobres puertorriqueños tanto en San Juan como en Nueva York, y “Pedro Martínez”, una historia de campesinos pobres. Antes, en 1946, Lewis había publicado una obra acerca de los indígenas de Tepoztlán, ese mismo pueblo donde vivió Chavela Vargas.
“Una muerte en la familia Sánchez” pasa a ser, entonces, la verdadera obra acerca de la pobreza urbana mexicana. Pero, además, es la más literaria, la más elaborada y una verdadera pieza maestra de la narrativa del continente.
Un detalle curioso acerca de Lewis es que en la preparación de su obra “Pedro Martínez” colaboró la joven periodista Elena Poniatowska, quien poco después iba a emplear esa técnica de la entrevista para la realización de su obra “Hasta no verte Jesús mío”, pieza maestra de la antropología de la pobreza urbana y el libro que coloca a Poniatowska en la primera línea de la literatura mexicana.
No es fácil conseguir la obra de Lewis, pero los invito a intentarlo y les doy la bienvenida al gremio de sus seguidores.
Agosto 2024, San José Costa Rica. Las organizaciones representadas en este pronunciamiento rechazamos la disolución y cierre de organizaciones no gubernamentales ordenada por el gobierno Ortega Murillo bajo la excusa de “un nuevo modelo de operatividad” y obligándolas a actuar en alianza con el Estado.
Por esta razón, con profunda preocupación:
Expresamos repudio al cierre masivo anunciado por el gobierno Ortega Murillo, que cancela la personería de las asociaciones, organismos sin fines de lucro, y comunidades basadas en la fe, generando desprotección, nuevas búsquedas de opciones de atención para la población civil y desempleo de quienes más lo requieren. Tales medidas afectan especialmente a las mujeres, cuyo trabajo en las ONG ha sido fundamental y quienes fueron las más afectadas durante la pandemia por COVID 19.
Entendemos estas medidas represivas como un continuum de violencia sistemática contra el pueblo de Nicaragua, periodistas, intelectuales, personas defensoras de derechos humanos, líderes indígenas, religiosos y mujeres opositoras al régimen.
Según el Informe de la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos, Nada Al -Nashif, 30 personas “han sido detenidas desde marzo de 2024 en el contexto de la represión del espacio cívico” de forma ilegal y arbitraria, “seguidas de juicios que no cumplen las garantías básicas de debido proceso y juicio justo”.
Denunciamos también los hechos violatorios del derecho a la libertad de expresión, que erosionan los Derechos Humanos en el país y nos sumarnos a muchas otras voces en el mundo que reclaman preservación de la vida, la seguridad y la libertad a los pueblos de la región y de Nicaragua en particular.
Suscribimos, Feministas Picos Rojos CR, Voces Nuestras, Colectiva por el Derecho de Decidir, Gema Observatorio de Medios de Comunicación y Género, Profesionales para la ciudadanía y Mujeres por Costa Rica, en San José, Costa Rica, 28 de agosto de 2024
Por Memo Acuña. Sociólogo y escritor costarricense.
Fui invitado por el gobierno de Honduras a la celebración de la Feria Internacional del Libro, realizada en Tegucigalpa entre el 8 y 11 de agosto.
Entre otras actividades desarrolladas como escritor, compartí una ponencia en la que expongo la poética contemporánea sobre las movilidades humanas en la región centroamericana.
A partir de mi cercanía en la literatura y en la vida con Balam Rodrigo y Chary Gumeta (ambos poetas de Chiapas, México) y Dennis Ávila, hondureño radicado en Costa Rica, trabajo con el sentido que circula en su poesía para reflejar tres dimensiones: patria, cuerpo y memoria.
En su poesía se reconoce la huella de un contexto regional complejo, marcado por la exclusión y la violencia en todas sus variantes y como se expresa en las subjetividades que se ven forzadas a partir. Como una muestra de esta narrativa, comparto el siguiente texto, escrito por Dennis Ávila:
IMPUESTO DE SALIDA
Las muchachas se preparan para cruzar la frontera.
Llevan un hilo de miedo entre sus piernas.
Seis de cada diez serán violadas.
Las pastillas anticonceptivas se agotan en la farmacia del pueblo
Como lo he dicho en otras columnas, estoy convencido que el arte y en este caso la poesía cumple un rol social fundamental: ser vehículos de expresión, pero ante todo de sensibilización para entender mejor estos temas que nos atraviesan como región.
El sentido poético seguirá dándonos lo que necesitamos para acercarnos desde otras fibras más humanas a comprender lo que nos ocurre. Acudamos a su encuentro.
La ganadería ilegal está devastando los bosques de la reserva indígena Indio Maíz, mientras que la violencia hacia las comunidades indígenas sigue en aumento, con un gobierno nicaragüense que continúa siendo negligente en la aplicación de las leyes que protegen tanto a los bosques como a los pueblos originarios.
PATRULLAJE resalta la resistencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes en su esfuerzo por preservar sus bosques ancestrales en Nicaragua.
Este martes 13 de agosto a las 6:00 p.m., se presentará el documental en el Anfiteatro de la Plaza de la Autonomía, ubicado detrás de Ciencias Sociales en la UCR. Después de la proyección, se abrirá un espacio de diálogo con la participación del equipo de PATRULLAJE y estudiantes activistas.
