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Etiqueta: violencia

Narcotráfico y pobreza

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

«Mientras haya pobreza en el mundo habrá narcotráfico. Mientras siga siendo ilegal y los Estados abandonen a las clases sociales marginadas, este negocio seguirá existiendo. La única vía para hacerlo desaparecer es mediante la educación”.

Esta frase la pronunció el hijo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, al presentar el documental: “Los pecados de mi padre” en el Festival de Cine de Guadalajara en México. El hijo de Pablo Escobar lleva consigo vivencias de poder, opulencia y lujo, pero también de persecución, violencia y dolor.

La frase que describe el narcotráfico la podemos resumir en tres palabras, que son tres caminos para combatirla: solidaridad, educación y legalización.

Solidaridad: Afirma que la pobreza es una de las razones por las que se da el narcotráfico, es decir que combatiendo la pobreza se combate el tráfico de drogas y toda la violencia que encierra. Esta conclusión sacude a los políticos, acostumbrados a plantear solo medidas policiacas y represivas para combatir el tráfico de drogas. En la medida que los gobiernos se solidaricen con las clases sociales más pobres, en esa misma medida están combatiendo este flagelo.

Ilegalidad: El tema de legalizar las drogas es polémico, unos están convencidos que es el camino correcto, a otros los asusta el hecho de pensar, que se puedan conseguir drogas en cualquier parte y libremente. Lo que es cierto es, que la prohibición que tienen las drogas eleva el precio muchísimas veces, por las dificultades que tienen los productores de colocarlas en el mercado. Si se prohibiera el alcohol y el tabaco, que son drogas, pero legales, los precios se elevarían muchísimas veces debido a la dificultad de conseguirlas.

Educación: cada vez más personas se convencen que la educación es el otro camino para combatir el narcotráfico. Si los niños, niñas, adolescentes y jóvenes conocen a fondo, los tipos de drogas y los impactos físicos, sicológicos y sociales que causan, estarían menos tentados a probarlas. Es decir, si las nuevas generaciones son educadas en el conocimiento de la drogadicción, habría menos “clientes” o consumidores por lo que vender droga, no sería el negocio brillante que es hoy y que tienta a muchos.

Si pensamos en un país que se preocupa por la gente menos necesitada destinando recursos para ofrecerles más oportunidades y sacarlos de la pobreza; si ese país destina una buena cantidad de recursos a educar a la población en el conocimiento de la drogadicción a tal grado que ni regalada la quieren, podríamos ser que ese país que poco a poco se libere de las adicciones y por tanto del tráfico de drogas.

Los tres caminos, solidaridad, educación y legalización deberían ser estudiados a fondo por los que ostentan el poder, podrían ser las tres llaves para terminar con el narcotráfico y las funestas consecuencias.

Sin derechos no hay democracia

Escrito en . Publicado en Derechos.

Comunicado

Este 1º de mayo, organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de mujeres, campesinas, culturales, derechos humanos y territoriales salimos a las calles con una voz unida: sin derechos no hay democracia. En un país marcado por la violencia, la desigualdad, el debilitamiento del Estado social y la precarización del trabajo, esta fecha no es una celebración simbólica: es un acto de defensa colectiva.

Recordamos el origen del Día Internacional de las Personas Trabajadoras, forjado por las luchas obreras del siglo XIX, como la de los mártires de Chicago, por la jornada laboral de ocho horas. Esa consigna sigue vigente: hoy exigimos condiciones laborales dignas, empleo justo, libertad sindical y respeto al Código de Trabajo.

La situación nacional se encuentra en momentos críticos que requieren de unidad nacional y concertación democrática. Según datos del último informe del Estado de la Nación (2024) el Informe de percepción costarricense UNA (2025), y el último informe del CIEP (2025). Costa Rica cerró el año 2024 con 880 homicidios, la segunda cifra más alta de su historia, y un 70% de la población costarricense considera que la seguridad está mala o muy mala.

Actualmente, el ingreso real promedio de los hogares cayó casi un 20% respecto al 2014 y un millón de hogares está en pobreza o riesgo de caer en ella, mientras el sector agroalimentario nacional se encuentra en un momento de crisis continua y las poblaciones históricamente excluidas se encuentran cada vez más expuestas a la violencia, el crimen organizado y la desigualdad social, en ausencia de oportunidades.

Más de 215.000 personas adultas mayores viven sin pensión y 849 escuelas tienen órdenes sanitarias sin poder reabrir, mientras la inversión educativa cayó un 1,6%, y el aumento de femicidios se encuentra en más de un 100% entre 2022 y 2024. También, hasta enero 2025, las listas de espera en la C.C.S.S alcanzaron un total de 188.228 personas, según datos oficiales de la Gerencia Médica, consecuencia de la crisis de seguridad social que vivimos actualmente.

La seguridad social, alimentaria y educación pública, es de las más nobles expresiones del trabajo humano, inspiradas e inspirados en el pensamiento de Omar Dengo, recordamos que el problema social es, por excelencia, un problema de educación, la labor docente transforma vidas, rompe desigualdades y construye ciudadanía. Defender el trabajo es también defender la educación pública, su vocación humanista y su papel en una democracia sólida.

En esta defensa de los derechos y la democracia, organizaciones de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, universidades públicas costarricenses y otros sectores, se suman al llamado nacional de lucha, con su compromiso histórico con la equidad, el pensamiento libre, la transformación social y el fortalecimiento del Estado social de derecho, en la promoción de una ciudadanía activa, informada y solidaria.

Este año, nuestra voluntad política compartida se expresa en cinco demandas esenciales:

  1. Trabajo digno con derechos, para todas las personas trabajadoras, en todos los sectores y condiciones.
  2. Educación pública fortalecida, accesible, crítica y bien financiada.
  3. Seguridad ciudadana y paz, con oportunidades reales frente al crimen organizado.
  4. Producción nacional y soberanía económica, para reactivar el agro, proteger pymes y reducir la dependencia externa.
  5. Igualdad de género y justicia social, con pleno acceso a empleo, salud, cuido y educación sin discriminación, a su vez la prevención de la violencia basada en género.

Será una jornada de expresión cultural, con música y arte, donde todas las voces tendrán lugar: del agro, sindicatos, universidades, sociedad civil, las juventudes, de las mujeres, de quienes han sido históricamente excluidas.

¡Sin derechos no hay democracia!

¡Democracia, paz, libertad y justicia social para Costa Rica!

No más impunidad ¡Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera viven! Con firmas

Escrito en . Publicado en Derechos.

En el marco del 19 de abril: Día de la Persona Indígena Costarricense, activistas, organizaciones, colectivas y colectivos locales, nacionales e internacionales continuamos EXIGIENDO JUSTICIA ante la sistemática IMPUNIDAD frente a los asesinatos de los hermanos líderes indígenas Sergio Rojas (Salitre, 2019) y Jerhy Rivera (Térraba, 2020) por su lucha para salvaguardar el derecho a la tierra y a los territorios que les pertenecen a ambos pueblos: Salitre y Térraba, producto del racismo institucional del Estado costarricense que permite la escalada de violencia de los finqueros usurpadores en los territorios.

Reiteramos una vez más que el estado de indefensión de las madres, esposas, hijas y familias indígenas recuperadoras legítimas de territorios ancestrales, es producto de la inoperancia y negligencia del Estado y sistema judicial costarricense, cómplices de la constante ola de atropellos y violencias que sufren día a día, por parte de finqueros invasores e instancias y personas cómplices.

Exigimos al gobierno de Costa Rica garantizar el cumplimiento de la aplicación de las medidas cautelares dictadas desde el 30 de abril, 2015, solicitadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protección de los pueblos indígenas Teribe y Bribri de Salitre, como deuda histórica del Estado costarricense vinculantes a los derechos de las comunidades indígenas víctimas de sistemáticas violencias a las que están sometidas en sus propios territorios.

Exhortamos a la CIDH a dar seguimiento y vigilar que el Estado costarricense cumpla de manera efectiva e integral con dichas medidas cautelares.

¡Por el derecho de las niñas, madres, esposas y comunidades indígenas

a la justicia y a la verdad,

el Estado costarricense debe cumplir con los compromisos adquiridos

para defender y respetar la integridad física, emocional, cultural y espiritual

de los territorios indígenas!

¡No más impunidad ante los asesinatos de Jerhy Rivera Rivera y Sergio Rojas Ortíz!

¡Viva la justa lucha de recuperación de territorios ancestrales de los pueblos indígenas!

¡Defender los Derechos Humanos de los pueblos del Abya Yala no tiene fronteras!

Firma responsable:
Zeidy Brukwä Rodríguez Guerra
Colectivo de Apoyo a doña Digna

Adhesiones

Costa Rica

Alberto Lleras Coto

Alejandra Bonilla Leiva

Alejandra Ducca Durán

Allen Cordero Ulate

Amalia Vargas Rojas

Ana Cristina Mena Morelli

Ana Cecilia Escalante Herrera

Ana Franzen

Andrés David Román Sáenz

Andrés Rodríguez Gómez

Angélica Alvarado Barrantes

Asdrúbal Rivera Villanueva

Ati Sandí Peña

Brenda Briceño González

Bruno de Jesús Coto Barboza

Carmen Mena Mata

César Díaz Rojas

Cynthia Crespo Campos

Clarita Quiel Torres

Claudia

Damaris Badilla Vargas

David Contreras Moea

David Morera Herrera

Elides Rivera Navas

Erney Vargas Barboza

Fabiola Bernal

Félix López Zambrana

Fernando Rudín Vega

Guadalupe Urbina Juárez

Guiomar del Rocío Martín

Haydee Nasira Segura Rivera

Isabel Ducca Durán

Isidro Ramírez Navea

Jeffery

John Ortiz

Jiri Spendlingwimmer

Juan Antonio Gutiérrez Slon

Kattia Isabel Castro Flores

Laura Marcela Arias Cabrera

Ligia Barrantes Cartín

Lorena Coghi Robleto

Lorenzo Ramírez C.

Luis Alberto Salas Sarkis

Luis Ángel Céspedes

Macarena Barahona Riet

Madeline Kiser

Marcela Zamora Cruz

María Laura Stephen Chaves

María Pérez Iglesias

María Trejos Montero

Melanie Quesada Molina

Miguel Barrios Gutiérrez

Nataly Segura Molina

Noah Alejandro Alfaro Arends

Nora Montero Quirós

Olivia Sylvester

Orlando Barrantes Cartín

Óscar Aguilar

Oscar Daniel Espinoza Ramos

Raquel Bolaños

Renier Canales Medina

Ronald Solís Alemán

Rosángela Cortés Barquero

Ruizdael Murillo Baltodano

Sileny Vásquez Orozco

Socorro Trejos Navarrete

Suy Wong

Valeria Sofía Ramírez

Victor Madrigal Sánchez

Wilson Arroyo Oconitrillo

Xinia Alejandra Vargas Durán

Yamileth Monterrey López

Yanko

Zeidy Brukwä Rodríguez

Chile Pablo Ruiz

Colombia Alexandra Henao

Ecuador Sisa Pacari

España Pedro Polo Fernández

Ricard Sánchez Andrés

Estados Unidos Ivonne García Bueso

Guatemala Laura Rojas

Honduras Hedme Castro

México

Daniela González López

David Jiménez

Laura

León Mayorga

Lucía Morales Celestino

Soledad Ortiz Vázquez

Panamá

Luzmila Sánchez

Suiza

Irene

Venezuela

Maira Mora

Organizaciones

Costa Rica

Acueducto Longo Mai

Asociación Casa del Indio

Asociación de Estudiantes de Antropología (UCR)

Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas (UCR)

Asociación de Estudiantes de Sociología (UCR)

Asociación de Estudiantes de Trabajo Social (UCR)

Asociación de Mujeres Alza tu Voz

Asociación para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP)

Asociación Solidaria Comparte

Asociación Unaproa

Asociación Voces Nuestras

Casa El Migrante

Ditsö

Downpour Studio

Centro de Amigos para la Paz

Club de Exocet

Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT)

Consejo de Mayores Bröran

Federación de estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA)

Frente Ecologista Universitario (FECOU)

Frente Ecologista (FECON)

Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI)

Fundación Red de Vida

GEO-GRAFÍAS COMUNITARIAS

Huellas Verdes SJY

Juventud Vanguardia Popular (JVC-JPV)

Lauicom

Longo Mai: Casamadre

Metamorfosis

Movimiento Ríos Vivos

Mujeres Mano de Tigre Örcuo Dubön

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

Organización Iriria Satkok de Yamavidi, Cabagra

Organización Regenerativa Matzú Insigne

Partido Izquierda Costarricense (PIZCO)

Partido Pueblo Unido

Partido Revolucionario de las Trabajadoras y los Trabajadores (PRT)

Red de Mujeres Rurales Indígenas y Campesinas

Red de Solidaridad con Palestina

Sindicato Patriótico de la Educación (SINPAE)

SOS Ribagorza

Tinamaste

Universidad de Costa Rica (UCR)

Universidad Estatal a Distancia (UNED)

Universidad Ibero

Universidad para la Paz

Voces Nuestras

Chile

Observatorio por Cierre de la Escuela de las Américas-Chile

Ecuador

Organización del pueblo Saraguro. SAKIA T

España

Ensenyants Solidaris

Guatemala

Coordinadora de Comunidades Afectadas por TRECSA

México

Colectivo Totlahtol Yoltok “Nuestra Palabra Vive”

Panamá

Frente Reformista de Educadores Panameños

Suiza

FIST y RADIO LORA www.lora.ch

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

Integrantes del Consejo Consultivo:

Argentina Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Rubiel Vargas Secretario Ejecutivo Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (CPDH), María Cardona Mejía Defensora de Derechos Humanos, Dr. Mario Hernández Álvarez Coordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia, Víctor Osorio Cadena Presidente del Sindicato Nacional Memoria Viva; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global e integrante del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos, Suiza José Manuel González López y Mariella Bauer integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela  Hugo Alberto Nieves Integrante del Movimiento Político – Social VAMOS, Zuleima Vergel Guerra Vocera Nacional del Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Ali José Álvarez Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos – Movimiento Cultural Campesino Los Arangues Venezuela; Ecuador Abg. Franklin Columba Cuji Presidente de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha UOSISP de Ecuador; Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Ex Secretario General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; Brasil Gizele Martins del Movimiento de Favelas de Rio de Janeiro; Perú Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega, Percy Katari Integrante de la Comisión de Comunicación del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Director Internacional de ComuniSur, Impulsor del Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América, Responsable de la Secretaría de Países Andinos de Conaicop; Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche Onesima Lienqueo Fundadora de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche; Chile Pablo Ruiz integrante del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM, Dr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Felix  Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Claudia Tapia Nolasco Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas, Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ – FOSICH, Lic. Jocelyn García Fondón Integrante del Secretariado Técnico del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Costa Rica Orlando Barrantes Cartín Coordinador General del Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC – Costa Rica.

Organizaciones integrantes:

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos: Soldepaz – Pachakuti de España; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo Suiza, de Suiza; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo EU, Alianza por la Justicia Global, SOA Watch – Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Américas de Estados Unidos; Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Red de Colectivos La Araña Feminista, Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Movimiento Cultural Campesino Los Arangues de Venezuela; Colombianas y Colombianos por la Paz, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Sur Occidente Colombiano Antonieta Mércury; Sindicato Nacional Memoria Viva de Colombia; Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha (UOSISP) de Ecuador; Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Alianza por un mejor Darién – AMEDAR de Panamá; Movimiento Alfa y Omega de Perú; Movimiento de Favelas de Rio Janeiro Brasil, Red por la Defensa de la Infancia Mapuche Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche; Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) de Honduras; Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI) y Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco (FPDT-Atenco), Taller del Sur, Colectivo de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México – Centro Cultural Las Jarillas, Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (OPEZ – FOSICH), Colectivo Ocho Trueno, Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino (CUSPPA), Red Académica de Solidaridad con Palestina – México (RASPAM), Colectivo Insurrección Visual, Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA – UNAM) de México; Costa Rica Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC; Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América referente internacional de comunicación popular.

28 de abril, 2025

Mujeres costeras y rurales de Costa Rica se reúnen para defender sus derechos y territorios

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

«Con la Fuerza del Mar y la Tierra»

Ante la creciente escalada de violencia hacia las mujeres y la urgencia de fortalecer su liderazgo en las comunidades rurales y costeras del país, se realizará el Encuentro de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica, bajo el lema «Con la Fuerza del Mar y la Tierra», este 17 de mayo de 2025 en el Estadio Nacional.

Esta iniciativa, autogestionada y convocada por diversas colectivas de mujeres feministas de las costas y zonas rurales, reunirá a 70 lideresas y representantes de comunidades de todo el territorio nacional. Entre las organizaciones convocantes se encuentran Unidas Talamanca, el Foro de Mujeres Puntarenenses, la Asociación Cóbano Pro Derechos de las Mujeres (ACOPROM), el Movimiento Feminista Santa Teresa (MFST) y Sámara Empoderada. Además, el encuentro cuenta con el apoyo de la Universidad de Costa Rica, a través de la Escuela de Geografía, el programa Diálogos y Saberes, el programa Kioscos Sociambientales, el Programa Interdisciplinario Costero-IDESPO, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El evento tiene como propósito principal construir una agenda nacional que visibilice las problemáticas que enfrentan las mujeres rurales y costeras, particularmente en un contexto de violencia creciente y de desatención institucional. En Costa Rica, 68 mujeres por día fueron víctimas de delitos sexuales en 2023, un incremento del 76% respecto al año anterior. No obstante, solo un 15% de las denuncias resultaron en acusaciones formales, evidenciando graves fallos en el sistema de justicia. Esta situación se agrava en zonas costeras como Santa Teresa, Puerto Viejo o Cóbano, donde muchas comunidades carecen de fiscalías especializadas y servicios de atención inmediata a víctimas (El País, 2024).

Las zonas rurales y costeras enfrentan altos índices de violencia intrafamiliar y sexual, muchas veces sin acceso oportuno a centros de atención ni a redes de apoyo institucional. En la mayoría de estas comunidades no existen juzgados especializados ni servicios constantes del INAMU, lo que dificulta la denuncia y una atención efectiva. A esta violencia directa se suma la exclusión social en servicios como educación y salud, así como mayores niveles de desempleo, pobreza y bajo desarrollo humano.

En 2023, las autoridades registraron un promedio mensual de 9.388 incidentes de violencia contra mujeres, sumando un total de 112.000 casos en el año, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (Monumental, 2024).

Las mujeres costeras enfrentan también dobles exclusiones: de género y territoriales. La falta de acceso seguro a la tierra y a servicios básicos como salud y educación afecta de manera particular a mujeres afrodescendientes, indígenas y migrantes. Además, una gran parte de ellas trabaja en la economía informal, en actividades como el turismo, la pesca artesanal o la venta ambulante, sin acceso a seguridad social ni protección laboral (Cano, 2023).

Las políticas públicas suelen centrarse en el desarrollo turístico o la conservación ambiental, dejando de lado la inclusión y necesidades de las mujeres locales, que han sostenido sus comunidades en contextos de abandono estatal. Aunque existen programas del INAMU, IMAS o INA, muchos no llegan con pertinencia cultural ni territorial, es usual que en muchas comunidades se tenga poca o nula información sobre la existencia de estas instituciones, lo que profundiza las brechas estructurales.

Frente a este panorama, las mujeres rurales y costeras han impulsado respuestas organizativas desde sus comunidades. Colectivos como el Movimiento Feminista de Santa Teresa o Unidas Talamanca han logrado condenas históricas en casos de violencia sexual y han promovido procesos de formación, incidencia y organización territorial. Iniciativas como el programa Trayectos de ONU Mujeres también han reforzado el liderazgo y empoderamiento de mujeres y personas LGBTIQ+ en tránsito en zonas vulnerables (El País, 2024b).

Durante el encuentro, se llevarán a cabo mesas temáticas, ponencias y dinámicas participativas que fomentarán el intercambio de experiencias, la construcción de soluciones colectivas y la definición de compromisos de acción. Este será un espacio fundamental para promover alianzas, potenciar la incidencia política y reconocer el papel vital que desempeñan las mujeres rurales y costeras en el desarrollo sostenible, la conservación ambiental y la preservación cultural del país.

Con la fuerza del mar y la tierra, las mujeres costeras y rurales de Costa Rica avanzan juntas hacia la transformación de sus territorios, tejiendo redes de resistencia, solidaridad y esperanza.

Ni uno solo nunca más

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

En 1999 Javier Zamora tenía 9 años. Su vida transcurría entre sus conversaciones con la Tía Mali y su entorno absolutamente rural, ubicado en el El Salvador de entonces. Sus padres no estaban con él.

Por diferentes circunstancias habían migrado hacia Estados Unidos, como tantas personas de ese país que han salido buscado mejores oportunidades, acceso a un mejor empleo o una adecuada educación. También lo han hecho motivados por la violencia que, en los últimos años, ha sido factor expulsor predominante en la mayoría de los países centroamericanos.

La expectativa de Javier era encontrarse con sus padres en Estados Unidos. Por eso ellos y el resto de su entorno familiar prepararon lo que llamaron “el viaje”, que consistía en la contratación de un coyote o pollero, denominación endosada a quienes han conducido a miles de personas por décadas en sus entradas a México y Estados Unidos, por caminos no autorizados.

El de Javier sería un caso más de lo que la literatura especializada en el tema ha llamado “migración por motivos de reunificación”. Pero no fue un caso cualquiera.

No para esa persona llamada Javier Zamora, que pudo contar la historia ya siendo adulto y compartirla en un conmovedor relato en el que el niño que fue entonces, relata sus emociones, sus preguntas, sus dudas, sus fantasías, sus miedos, sus impactos corporales, sus enojos, sus frustraciones, sus ganas de un hogar, sus ganas de un refresco de la abuela en medio del desierto, su contacto visual con las botas de un oficial de la migración estadounidense, su olor a polvo, a días sin baño, su deseo irrefrenable de encontrarse con sus padres finalmente.

Veinte años después de un viaje de siete semanas, dos intentos de entrar a Estados Unidos, tres grupos diferentes de coyotes y cerca de 200 personas migrantes que formaron grupos en diferentes momentos de su tránsito, Javier pudo verbalizar desde la memoria, con ayuda de su compañera y el reiki, así como la que el mismo Zamora llamara su mejor editora: su terapeuta.

Recién termino de leer “Solito”, el producto de esas memorias. Constituye su novela autobiográfica y sentida que me ha devuelto al principio de mis conocimientos en materia migratoria. Existe algo más poderoso que el dinero y el sueño americano: el amor es el motor que mueve las ganas y el deseo más allá de su ausencia.

Ahí cuando el cuerpo flaquea, el cuerpo de un niño de nueve años apenas, enfrentado a las maquinarias de barbarie de la seguridad migratoria en México y Estados Unidos, el amor mueve sus hilos de una forma insospechada. Javier lo hizo. Y lo contó magistralmente en ese relato en primera persona.

Había leído anteriormente alguna literatura (cuentos, crónicas) sobre migración de niños y niñas hacia Estados Unidos: Yo tuve un sueño, de Juan Pablo Villalobos (2018), Los Niños perdidos, de Valeria Luiselli (2018) y La Bestia, de Sofía Nayeli Bazán (2020).

Pero esta narración pudo llevarme a la emoción más profunda tratándose de la voz de un niño que cuenta su historia. Es cierto. Hablamos de hace 25 años, cuando el contexto de violencia y exterminio contra las personas migrantes en tránsito por México no había cobrado la fuerza que tiene hoy. Hoy en 2025, el año de la instalación de esa otra barbarie racista y xenofóbica en La Casa Blanca.

En los días que termino de leer este libro que, recomiendo, se conoce que el Estado costarricense fue condenado por no garantizar los derechos humanos mínimos a los niños y niñas que se encuentran en una situación de práctica privación de libertad en el CATEM en zona sur. Son niños y niñas deportados desde Estados Unidos hace algunas semanas, para los cuales la situación continúa siendo incierta.

En esta hora de la humanidad, los sistemas de protección de los países deberían accionar la consigna de que un niño o niña no debiera quedar solo nunca más.

Eso pasa por recuperar la dignidad en las políticas sociales, flanquear la violencia con estrategias como el arte y la cultura y garantizar acceso a educación y salud en nuestros países. Es el último llamado que nos hacen estas generaciones. Acudamos a honrarlas.

No más impunidad ¡Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera viven! – Para firmar

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS recibió el siguiente comunicado del Comité de Apoyo a doña Digna Rivera:

En el marco del 19 de abril: Día de la Persona Indígena Costarricense, activistas, organizaciones, colectivas y colectivos locales, nacionales e internacionales continuamos exigiendo justicia ante la sistemática impunidad frente a los asesinatos de los hermanos líderes indígenas Sergio Rojas (Salitre, 2019) y Jerhy Rivera (Térraba, 2020) por su lucha para salvaguardar el derecho a la tierra y a los territorios que les pertenecen a ambos pueblos: Salitre y Térraba, producto del racismo institucional del Estado costarricense que permite la escalada de violencia de los finqueros usurpadores en los territorios.

Reiteramos una vez más que el estado de indefensión de las madres, esposas, hijas y familias indígenas recuperadoras legítimas de territorios ancestrales, es producto de la inoperancia y negligencia del Estado y sistema judicial costarricense, cómplices de la constante ola de atropellos y violencias que sufren día a día, por parte de finqueros invasores e instancias y personas cómplices.

Exigimos al gobierno de Costa Rica garantizar el cumplimiento de la aplicación de las medidas cautelares dictadas desde el 30 de abril, 2015, solicitadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protección de los pueblos indígenas Teribe y Bribri de Salitre, como deuda histórica del Estado costarricense vinculantes a los derechos de las comunidades indígenas víctimas de sistemáticas violencias a las que están sometidas en sus propios territorios.

Exhortamos a la CIDH a dar seguimiento y vigilar que el Estado costarricense cumpla de manera efectiva e integral con dichas medidas cautelares.

¡Por el derecho de las niñas, madres, esposas y comunidades indígenas a la justicia y a la verdad, el Estado costarricense debe cumplir con los compromisos adquiridos para defender y respetar la integridad física, emocional, cultural y espiritual de los territorios indígenas!

¡No más impunidad ante los asesinatos de Jerhy Rivera Rivera y Sergio Rojas Ortiz!

¡Viva la justa lucha de recuperación de territorios ancestrales de los pueblos indígenas!

¡Defender los Derechos Humanos de los pueblos del Abya Yala no tiene fronteras!

Para firmar: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRc7uSJd7DaHq70ePS9WoP_sT7DuLjk6Hcd_DMcZsU068hvw/viewform?usp=header

Reconocimiento para las personas defensoras ambientales en el Día de la Tierra

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

La Universidad Bíblica Latinoamericana, la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Costa Rica, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), Bloqueverde, CoecoCeiba – Amigos de la Tierra Costa Rica, y la Universidad de Costa Rica, a través del programa Kioscos Socioambientales, han unido esfuerzos para visibilizar el trabajo de las personas defensoras del ambiente, activistas, organizaciones comunitarias y comunidades indígenas en resistencia.

Por ello, se realizará un acto de homenaje el martes 22 de abril, de 4:00 p.m. a 7:00 p.m., en el campus de la Universidad Bíblica Latinoamericana (UBL), ubicado en San Pedro, Cedros, Montes de Oca, 350 metros este de Perimercados, mano izquierda.

La actividad es abierta al público y busca ofrecer un espacio para expresar gratitud y cariño a quienes han entregado su cuerpo y su trabajo por un planeta más justo y sano. El evento contará con la participación de las instituciones organizadoras, intervenciones de personas defensoras, y culminará con un acto cultural a cargo del cantautor y músico ecologista Fabián Pacheco, junto a la cantautora Luz María Romero, originaria de Chile y radicada en Costa Rica desde 1990.

Las personas defensoras ambientales desempeñan un papel fundamental en la protección de los ecosistemas y los derechos humanos. Sin embargo, su labor las expone constantemente a amenazas y violencia. Reconocer su lucha es esencial para fortalecer la resistencia frente al despojo y la destrucción ambiental, garantizando así un futuro más justo y sostenible para todas las personas.

Este grupo de defensores es sumamente diverso e incluye activistas, comunidades, pueblos originarios, profesionales y ciudadanos que, en muchos casos, ni siquiera son conscientes de que están actuando como tales.

Cuando se imponen modelos económicos extractivistas y de despojo, surgen conflictos socioambientales que atentan contra las bases materiales y simbólicas que sostienen la vida en el planeta. Este fenómeno ha sido ampliamente documentado por plataformas como el Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas), que desde 2012 ha registrado más de 3.700 conflictos ambientales a nivel mundial, una cuarta parte de ellos en América Latina.

En los últimos 25 años, la violencia y criminalización contra quienes defienden el ambiente se ha intensificado. Este proceso suele comenzar con la estigmatización de los activistas, a quienes se les etiqueta como opositores al «desarrollo», seguido de acoso legal, amenazas de muerte e incluso asesinatos. Según la organización británica Global Witness, América Latina es la región más peligrosa del mundo para los activistas ambientales, con más de 500 asesinatos en la última década.

El año pasado, algunas de las personas que serán reconocidas enfrentaron amenazas. Es el caso de Philippe Vangoidsenhoven, quien lleva casi dos décadas documentando y denunciando la destrucción del bosque, los humedales y la ecología del Caribe Sur. Su labor voluntaria ha permitido detener cientos de delitos ambientales, lo que lo ha convertido en blanco de constantes amenazas y acoso, incluyendo una amenaza directa en 2023 [ver más].

También se reconocerá a activistas del Caribe Sur que han defendido el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y se han opuesto al Plan Regulador Costero del Caribe Sur. En agosto del año pasado, recibieron una amenaza telefónica que puso en evidencia los riesgos que enfrentan en su labor.

Asimismo, habrá un importante reconocimiento a las organizaciones y pueblos originarios recuperadores de territorios en la Zona Sur del país, quienes han logrado hacer cumplir la ley para reafirmar su autonomía territorial.

Lamentablemente, los conflictos no se limitan al Caribe y la Zona Sur. En Cartago, organizaciones comunitarias enfrentan luchas igualmente difíciles, como la defensa del Humedal de Coris y la denuncia de contaminación del agua por agroquímicos en la zona norte de la provincia. En ambos casos, las personas defensoras han sido objeto de violencia y amenazas.

Ecuador: Avances, retrocesos, y elecciones

Escrito en . Publicado en Derechos.

Si en el 2015, Ecuador figuraba, bajo el gobierno de Correa, en el ranking o Índice de Paz Global, que publica el Institute for Economics and Peace, en el puesto 84, en el 2024 está situado en el puesto número 130 con lo cual Ecuador “puede considerarse un país peligroso”.

Por Pablo Ruiz*

En febrero del año 2008 participé de una delegación a Ecuador junto al fundador de SOA Watch, Roy Bourgeos, y la excoordinadora para América Latina de dicha organización, Lisa Sullivan, donde tuvimos la ocasión de reunirnos con el expresidente Rafael Correa en el Palacio de Carondelet la sede del Gobierno ecuatoriano. Le pedimos entonces que Ecuador dejará de enviar tropas a entrenarse a la nueva Escuela de las Américas la que, desde el 2001, se llama Instituto de Cooperación para Seguridad del hemisferio occidental (WHINSEC, por sus siglas en inglés) y cumple la misma función de adoctrinar y entrenar bajo la misma política militar estadounidense.

En ese lejano 2008, Correa transitaba su segundo año de gobierno, nos escuchó con atención y respeto. Entendía perfectamente de qué hablábamos, el papel que ha tenido y sigue teniendo el entrenamiento militar de las tropas latinoamericanas en los Estados Unidos.

Se comprometió entonces a trabajar para tener una mejor correlación de fuerzas como gobernante, entendiendo que para los presidentes de América Latina no es fácil, de un momento a otro, contrariar los deseos o mejor dicho los mandatos que Estados Unidos impone a nuestros países y no tener consecuencias que lamentar.

Ese año 2008, meses después, el 28 de septiembre, tuvo su primera gran victoria. El pueblo ecuatoriano, luego de una Asamblea Constituyente, aprobó una Nueva Constitución la que establece que “Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia social” y que “Ecuador es un territorio de paz” donde se prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras, entre otras conquistas.

Al año siguiente, el 2009, el presidente Correa decide entonces no renovar el Acuerdo con Estados Unidos del uso militar de la base aérea de Manta y, finalmente, el 2012 toma la decisión de retirar a las tropas ecuatorianas del entrenamiento en WHINSEC.

En esos años lejanos vimos un Ecuador que florecía. Un gobierno que sostenía un diálogo directo con los movimientos sociales, con la ciudadanía, la que tomaba la palabra con propiedad. En esos años, la vida fue cambiando al color de la esperanza y la economía mejoró progresivamente en este país.

También es preciso recordar que, el 3 de mayo de 2007, bajo el gobierno de Correa, se creó también una Comisión de la Verdad que tuvo como mandato “investigar, esclarecer e impedir la impunidad respecto de los hechos violentos y violatorios de los derechos humanos, ocurridos entre 1984 y 1988 y otros periodos”.

Así mismo, entre 2009 y 2015, Ecuador redujo significativamente la pobreza multidimensional en 16,5 puntos porcentuales; es decir, 1,9 millones de ecuatorianos dejaron de ser pobres en seis años.

Sobre la situación de seguridad en Ecuador es preciso recordar que, en el año 2007, el presidente Rafael Correa recibió un país con una tasa de 16,9 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Años después, el 2014, “cerramos con una tasa de homicidios de 8,1 por cada 100.000 habitantes y nuestra meta para este 2015 es terminarlo en seis homicidios por cada 100.000 habitantes», señaló el entonces Ministro del Interior, José Serrano, en un Encuentro sobre Seguridad Ciudadana desarrollado en Ecuador.

Por supuesto, es claro, que no todo fue perfecto bajo el gobierno de Rafael Correa, pero se avanzó significativamente. También, hay que recordar que hubo un intento de golpe de Estado, el 2010, sabotajes, presiones, etc., pero claramente se vivía mucho mejor en ese Ecuador, en ese periodo, de la “Revolución Ciudadana”.

El país más violento de América Latina

Han pasado muchas cosas en Ecuador, que sería largo relatar, muchas son conocidas, y llegamos al presente en que el Diario El País de España titula, a comienzos de marzo de este 2025, que “Ecuador se sitúa como el país más violento de América Latina: un asesinato cada hora”.

“En los primeros 50 días del año, el país ha registrado 1.300 asesinatos, lo que equivale a un crimen por hora. Esta cifra refleja un aumento del 40% en comparación con 2023, un año que ya ostenta el título de ser el más violento en la historia reciente del país. En medio de este contexto de sangre, al menos 50 menores de edad han perdido la vida, solo en enero”, señala el diario español.

Si en el 2015, Ecuador figuraba, bajo el gobierno de Correa, en el ranking o Índice de Paz Global, que publica el Institute for Economics and Peace, en el puesto 84, en el 2024 está situado en el puesto número 130 con lo cual Ecuador “puede considerarse un país peligroso”. “Este indicador mide el nivel de paz y la ausencia de violencia en un país”, señalan.

El 2024, bajo el gobierno de Daniel Noboa, Ecuador ocupó de acuerdo a un informe de InSight Crime el primer lugar en la región en cuanto a homicidios per cápita, con casi 38.8 casos por cada 100.000 habitantes.

El 2015, bajo el gobierno de Rafael Correa, se situaba en 6,46 por cada cien mil habitantes. Una enorme diferencia, en vidas perdidas en la actualidad.

El 2024 el asesinato de cuatro niños, el “Caso Las Malvinas”, donde están involucrados 16 militares ecuatorianos, ha sido uno de los hechos más terribles (que nos recuerda el asesinato y desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa), entre tantos otros, que han sucedidos bajo el mal gobierno del Presidente Noboa. Sin embargo, este no es un caso aislado. La UNICEF ha señalado que la tasa de homicidios de niños, niñas y adolescentes aumentó en un 640 por ciento en cuatro años.

En un artículo escrito anteriormente, titulado “Las implicancias de EEUU en Ecuador”, que deja en evidencia la “supuesta” ayuda y asistencia militar, de inteligencia, de entrenamiento, estadounidense a Ecuador, no ha hecho diferencia, en nada ha servido para hacer de Ecuador un país más seguro. Todo lo contrario, donde Estados Unidos o el neoliberalismo salvaje mete sus manos, se acentúan las injusticias, el caos, y la violencia.

Entre otras cosas, señalé en el artículo referido que:

  • En septiembre de 2021, el Comando Sur y las Fuerzas Armadas de Ecuador firmaron un “memorando de entendimiento” con el objetivo de mejorar sus relaciones en materia de seguridad y defensa. El acuerdo titulado “Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional” busca el intercambio de datos e información lo que les permitirá a las fuerzas de Estados Unidos y Ecuador operar de mejor manera.

  • En el contexto de la firma del “memorando de entendimiento”, la embajada estadounidense en Quito señaló que “los Estados Unidos y el Ecuador gozan de una larga historia de cooperación en materia de seguridad centrada en temas de interés mutuo, incluida la seguridad aérea y marítima” agregando que “desde la reapertura de la Oficina de Cooperación en Seguridad en 2018, la Misión de los Estados Unidos ha entregado más de $2.8 millones en asistencia humanitaria, $1.4 millones en entrenamiento militar, y $27.7 millones en equipos y apoyo a las contrapartes ecuatorianas para combatir operaciones ilícitas y fortalecer la defensa del Ecuador”.

  • El artículo “Violencia y el rol de EEUU en Ecuador”, publicado en el sitio web de TELESUR, indica que “en el periodo 2021-2022 la asistencia militar de EEUU para Ecuador alcanzó los 172 millones de dólares en el marco de programas militares y antinarcóticos, convirtiéndolo en el principal receptor de asistencia militar en la región”.

  • Más atrás, el 2019, el gobierno ecuatoriano firmó acuerdos con los Estados Unidos que permiten a los militares estadounidenses operar con sus aviones P-3 Orion desde las bases aéreas de Simón Bolívar y desde el aeropuerto de la Isla San Cristóbal ubicada en el archipiélago de las Islas Galápagos para combatir el narcotráfico.

Revivir Ecuador

En octubre de 2024, el actual gobierno de Ecuador, presidido por Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma constitucional que permitiría “abiertamente” volver a establecer bases militares extranjeras en Ecuador las que están prohibidas de acuerdo con el artículo 5 de la actual Constitución ecuatoriana.

En sentido contrario, en el “Programa Plurianual de Gobierno de la Revolución Ciudadana 2025-2029” que ha presentado Luisa González, como candidata presidencial, se establece: “Defender la soberanía nacional y rechazar la aplicación de la extraterritorialidad de la ley: no a los Tratados de Asistencia Recíproca; no a la instalación de bases militares extranjeras en nuestro territorio”.

Veremos lo qué pasa este 13 de abril en la votación de segunda vuelta para las presidenciales en Ecuador. Hay esperanzas en que Luisa González pueda triunfar y sería una muy buena noticia para Ecuador y América Latina que se dé ese paso y comenzar a cambiar la dura realidad en que los grupos de poder, incluso acusados de estar involucrados en narcotráfico, han sumido al Ecuador del presente.

* Pablo Ruiz es integrante del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile y editor de la Revista El Derecho de Vivir en Paz www.derechoalapaz.org

Delegación de SOA Watch se reunió el 2008 con el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, el ex sacerdote Roy Bourgeos, Pablo Ruiz y Lisa Sullivan.

Costa Rica: Construyendo juntos un futuro solidario y democrático

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Hernández / Cokomal / Redess

Costa Rica enfrenta un momento crucial de su historia, donde la crisis democrática, económica y la violencia generada por el narcotráfico exigen respuestas profundas y estructuradas. Las aspiraciones de los movimientos sociales de equidad, justicia y participación han sido golpeadas por cuatro décadas de predominio neoliberal y creciente desigualdad.

Desde la economía solidaria, no solo es posible replantear el modelo económico actual, sino también generar una articulación social que construya un pacto inclusivo capaz de integrar la diversidad de sectores ciudadanos.

La urgencia de un pacto social en Costa Rica

La economía solidaria, por su propia esencia, reconoce que el desarrollo económico debe estar ligado a la cooperación entre distintos actores sociales. Sin embargo, para que esta visión se traduzca en políticas efectivas y en una transformación real, es fundamental la construcción de un pacto social.

Este pacto no puede ser impuesto desde las élites ni responder únicamente a una agenda política económica. Debe ser el resultado de la convergencia de diversas voces: comunidades organizadas, sindicatos, asociaciones de trabajadores, academia y movimientos sociales que, en conjunto, defienden una patria digna y solidaria.

Un pacto social fortalecería las bases de una democracia real, alejándose de la plutocracia y la corrupción que han desfinanciado los programas públicos esenciales. La educación, la salud, la vivienda y el medio ambiente han sido sacrificados bajo una lógica de acumulación desmedida, mientras que la riqueza se concentra en sectores con capacidad de influencia sobre las decisiones políticas.

Un pacto social permitiría recuperar la soberanía de lo público, garantizando que la economía esté al servicio de la sociedad y no de unos pocos.

Expresión de la diversidad social: hacia una construcción participativa

Uno de los principios fundamentales de la economía solidaria es la diversidad. Un pacto social debe reconocer y dar voz a las distintas realidades que conviven en el país: los pequeños productores rurales, los trabajadores informales, la asociatividad en los territorios rurales y urbanos, los emprendimientos sociales y el movimiento ambientalista.

La articulación de estos actores es clave para generar respuestas desde abajo, desde quienes viven y resisten los efectos de la crisis en su cotidianidad.

La construcción de este pacto debe partir de procesos de participación activa, donde los sectores marginados por el modelo neoliberal recuperen poder de decisión y capacidad de incidencia. No es suficiente diagnosticar los problemas del país: es urgente que las comunidades diseñen alternativas y ejerzan su derecho a transformar la realidad.

Hacia una Democracia Solidaria y Activa

Costa Rica debe decidir si continúa caminando al borde del abismo o si encuentra un camino hacia la construcción de una vía de justicia social, inclusión y soberanía. La economía solidaria no es simplemente una alternativa económica, sino una opción de vida, donde los valores de equidad, justicia y colaboración sean la base de un nuevo modelo social.

El pacto social es la clave para restaurar la confianza ciudadana y recuperar la soberanía popular. No podemos permitir que la plutocracia continúe definiendo el destino del país. La oportunidad de cambiar el rumbo sigue vigente, pero solo será posible si la diversidad social converge en un proyecto común de transformación.

Imagen: https://teodulolopezmelendez

El mal llamado flujo a la inversa y el rostro humano

Escrito en . Publicado en Derechos.

Alejandro Machado García

Alejandro Machado García
Gestor en Desarrollo Sostenible con Equidad de Género

América Central sigue siendo una importante zona de origen y tránsito, en el que dinámicas internas como la pobreza, la desigualdad, la violencia de las pandillas, sicariato, así como otras originadas globalmente como las redes de tráfico ilícito, la trata, el cambio climático, generan que grupos de familias, niños, niñas, mujeres se vean desplazadas, huyan o migren a otros países en búsqueda de ese sueño americano o salvar sus vidas.

Al ser de forma irregular y no tan planificada, se corren múltiples riesgos que se experimentan producto del racismo, la xenofobia y la violencia de género en países de tránsito y destino, aumentando las probabilidades que ciertas amenazas se concreten, que hayan privaciones a derechos humanos y en ocasiones con consecuencias mortales.

Es decir, ya la migración se puede dar por factores internos pero también por dinámicas globales, por ejemplo por presiones externas puede ser originadas como mecanismo de presión de un país sobre otro o como moneda de cambio, dejando entredicho los tratados internacionales en derechos humanos.

Costa Rica había sido un país impulsado por la movilidad y migración, siendo en sus primeras estadios, un país de destino y recepción pero luego con el pasar de los años, hemos sido expulsores, de tránsito y ahora un espacio de reflujo migratorio en medio de una pluralidad migratoria.

Hoy en día, con este recibimiento y especie de acatamiento o la mal llamada “cortesía”, estamos frente quinto estadio y le llamo reflujo. No es un flujo a la inversa, no es un flujo hacia el sentido contrario del norte con intención necesariamente de permanecer en Costa Rica, sino es la devolución de la personas que pasaron en tránsito o residían y terminaron en Costa Rica.

En este reflujo migratorio que no tienen nada de retorno, sino son deportaciones y expulsiones -sin decir legitimas o no-, dado que cada país cuenta con su soberanía nacional pero que quizás sí obviando las situaciones de abuso, violencia en las que las personas han sido expuestas tanto antes, durante o después de la migración realizada, y finalmente terminaron siendo una moneda de cambio o mecanismo de presión geopolítica.

De forma excelente y categórica, Costa Rica está haciendo uso de sus instalaciones para continuar una práctica que ya en el pasado entendió eso espero, que de no administrar los flujos, es volver a generar duplicidad y/o revictimizar. Duplicidad en todos los sentidos, no solo en datos, sino tratamientos o asistencias.

De no hacerlo, es ser presa fácil de la ineficiencia, de ser inoportunos y/o insuficientes parar proteger vidas, por lo que esperamos que puedan estar haciendo abordaje inmediato de ciertas emergencias en salud, abordar la salud mental, el control y vigilancia de ciertas enfermedades infectocontagiosas, el que tengan su documentación, traductores para todas las nacionalidades presentes, que se haga la comprobación de vínculos para que no se filtre el tráfico.

En fin sin número de acciones que deberían de centrarse en una respuesta en el migrante y se respete el carácter voluntario de estar ahí, porque voluntariamente no quisieron estar acá, fuimos nosotros como ticos que “voluntariosamente”, sin presiones a impuestos aceptamos recibirlos por cortesía. Por cierto, ya tenemos los impuestos del 10% valga decirlo.

Si no me cabe duda, que es mucho mejor que estén institucionalizados pero no retenidos si fuese el caso, porque una falta de articulación puede nuevamente desbordarse las calles y comienzan las redes locales de coyotaje y las organizaciones delictivas locales, a aprovecharse y pregúntese en ese contexto, ¿Qué posibilidades tienen estas personas que ya presentan vulnerabilidades, para evitar situaciones de violencia, explotación y abuso? Agréguele el hecho de barreras del idioma y que no conocen nuestro país.

Finalmente, se habla muy poco pero el axioma social que está quedando deja en el piso ser migrante. ¿Qué significa salir televisado con esposas? ¿Qué significa ver a su sobrino en un centro a kilómetros de su país de origen? Se han preguntado, como continúan los niños sin traumas, que piensa el niño al ver a su papá y mamá en ese estado, en el que muchas veces no saben ni porque están ahí ni en que país están y elude a través del juego o a pura resiliencia.

Como harán para intimar las familias y sus matrimonios, que significa no tener mis documentos, que significa no tener ingresos y quedar en calle para generar con venta de dulces para continuar su viaje. No poder cortarme el pelo, no vestirme como quiero, no poder ahorrar. Al menos al motociclista que le quitaron la moto en Puntarenas en los retenes, llamó a algún familiar en San Carlos para que le hiciera un simpe desde el baño de un restaurante. Ahora pregúntese, ¿A quién va a llamar un Afgano, ruso o chino?

Peor aún agréguele el hecho de que no puede reingresar al país en el que fue expulsado ni al que lo tienen amenazado. ¿A qué mundo podrán ir? ¿A marte con Elon Musk?