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Etiqueta: violencia

UNA rechaza actos de violencia contra derechos humanos en Nicaragua

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional acordó rechazar los actos de violencia contra los derechos humanos y el quebrantamiento de la autonomía universitaria en Nicaragua, e hizo un llamado al diálogo entre la ciudadanía y el gobierno de esa nación hermana, a condición de que cese toda acción de represión.

 

PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ANTE LOS HECHOS ACONTECIDOS EN LA HERMANA REPÚBLICA DE NICARAGUA.

CONSIDERANDO QUE:

  1. El preámbulo del Estatuto Orgánico cita:

“La Universidad Nacional es una institución de educación superior pública con plena autonomía garantizada constitucionalmente. Tiene como misión histórica crear y transmitir conocimiento en favor del bienestar humano, mediante acciones que propician la transformación de la sociedad para llevarla a estadios superiores de convivencia. Honra la libertad, la diversidad, la búsqueda de la verdad y la sustentabilidad natural y cultural, en beneficio del conocimiento, la equidad, la justicia y la dignificación de la condición humana”.

Con sus logros y avances en el conocimiento, la Universidad Nacional aporta al bienestar integral de la sociedad. Fomenta así mejores condiciones de soberanía, democracia y solidaridad, en estrecho apego a lo más adelantado en los derechos humanos, la fraternidad y el bien común […]”.

  1. La celebración del centenario de la Reforma de Córdoba, ratifica la autonomía universitaria como eje principal para concebir la universidad latinoamericana en plena independencia, libertad y responsabilidad del aparato estatal; así como el papel activo del estudiantado para la construcción de una mejor universidad y sociedad.
  2. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el informe n.°113/18, del 21 de mayo de 2018, sobre la situación que se vive en la hermana República de Nicaragua, señala, entre otros aspectos, el descontento popular iniciado por las autoritarias posiciones del Gobierno, aunado al incendio en la reserva natural de Indio-Maíz y la publicación en La Gaceta, diario oficial de Nicaragua, acerca de la reforma de seguridad social que incrementó los aportes de los trabajadores y la detracción del 5% a las personas pensionadas; estos hechos dieron lugar a una serie de manifestaciones, las cuales iniciaron a partir del 18 de abril y se han convertido en actos extremadamente violentos, con una sentida represión gubernamental en las ciudades de Managua, León, Estelí, Matagalpa, Masaya, Sébaco y Jinotega, entre otras. (OEA. (2018). Observaciones preliminares de la visita de trabajo de la CIDH a Nicaragua. (Documento disponible en https://goo.gl/UEDGsz).
  1. Según la información suministrada por la CIDH se han registrado al menos 76 personas muertas, 868 heridas, en su gran mayoría en el contexto de las protestas, y 438 detenidas, entre ellas estudiantes, población civil, personas que defienden los derechos humanos y periodistas.
  2. El pronunciamiento del Consejo de Asociaciones de Estudiantes de la Universidad Nacional (Caeuna), del 19 de abril de 2018; apoyado por el directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna). (Caeuna (2018). ¡Alto a la brutal represión en Nicaragua! Documento disponible en https://goo.gl/cN4kVo).
  1. La “Vigilia por la paz en Nicaragua” organizada por las asociaciones estudiantiles y los órganos de la Feuna, el 23 de abril de 2018, en diversos campus de la Universidad Nacional de Costa Rica.
  2. Los pronunciamientos comunicados por el Consejo Académico de la Universidad Nacional (Consaca), el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y las universidades estatales costarricenses.

POR TANTO, SE ACUERDA:

  1. RECHAZAR LOS ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS: RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PRENSA, DETENCIONES ARBITRARIAS, AGRESIONES Y PÉRDIDAS DE VIDAS HUMANAS; COMO CONSECUENCIA DEL USO EXCESIVO DE LA FUERZA APLICADA POR LA POLICÍA NACIONAL EN OPOSICIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA HERMANA REPÚBLICA DE NICARAGUA, PARTICULARMENTE, DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LAS MANIFESTACIONES Y LAS MARCHAS CONVOCADAS DE MANERA PACÍFICA.
  2. MANIFESTAR LA PREOCUPACIÓN POR EL QUEBRANTAMIENTO Y EL IRRESPETO DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ESTATALES NICARAGÜENSES, Y LA VIOLACIÓN FLAGRANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS POR PARTE DEL GOBIERNO DE NICARAGUA.
  3. LLAMAR AL DIÁLOGO ABIERTO, TRANSPARENTE Y FRANCO ENTRE LA CIUDADANÍA Y EL GOBIERNO; PERO ANTES CESAR TODA ACCIÓN DE REPRESIÓN PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS INTERNOS, CON EL PROPÓSITO DE REINSTALAR EL DIÁLOGO Y LA BÚSQUEDA DE UNA SOLUCIÓN EN RESPETO AL PRINCIPIO DE AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS Y LA SOBERANÍA NACIONAL.
  4. RESPALDAR EL TRABAJO PROPOSITIVO Y OPORTUNO DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y SU INFORME N.° 113/18, PUES DENOTAN LA CONVICCIÓN DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
  5. LLAMAR AL PUEBLO COSTARRICENSE A REAFIRMAR VÍNCULOS ESTRECHOS, HISTÓRICOS, CULTURALES Y ECONÓMICOS QUE UNEN A NUESTROS PAÍSES; EN ESTE PARTICULAR LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPRESA SU SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS

Y SUS FAMILIAS.

  1. COMUNICAR ESTE PRONUNCIAMIENTO A LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO, LOS CONSEJOS UNIVERSITARIOS DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES, EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, LAS FEDERACIONES ESTUDIANTILES Y LAS COMUNIDADES

UNIVERSITARIA Y NACIONAL.

  1. ACUERDO FIRME. (UNA-SCU-ACUE-1072-2018).

 

Atentamente,

CONSEJO UNIVERSITARIO

 

***Mayores detalles con Daniela Alpízar, representante estudiantil ante el Consejo Universitario al 8758-7762 o en la Oficina de Comunicación 2277-3067.

 

Imagen tomada de la nota Surcos titulada: CONARE condena actos de opresion e irrespeto a los derechos humanos en contra de estudiantes universitarios en Nicaragua.

Enviado por UNA Comunicación.

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El problema de la violencia estructural y los derechos territoriales indígenas: una deuda histórica del Estado costarricense

Pronunciamiento del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la UNED

 

En América Latina perviven actualmente cerca de 650 pueblos indígenas, 60 de los cuales se localizan en Centroamérica, y 8 en Costa Rica. En Centroamérica representan aproximadamente un 17% de la población y un 2,5% para el caso de nuestro país.

El artículo 1º del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que un pueblo se considera indígena “por el hecho de descender de las poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista, de la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera sea su situación jurídica, que conservan todas sus propias instituciones sociales, culturales, económicas y políticas o parte de ellas”. Además indica que “la conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental” para determinar la pertenencia a estos pueblos.

La riqueza y diversidad cultural de los pueblos indígenas se expresa en la multiplicidad de idiomas, prácticas culturales y productivas, formas de gobierno propio y en diversas cosmovisiones y espiritualidades, todo lo cual mantiene vigencia a pesar de la violencia permanente que sufren, y la negación que se ejerce sobre sus culturas y cosmovisiones.

El territorio tiene para estos pueblos una importancia singular: es el lugar donde estos crean y recrean su cultura, espiritualidad, vida y en general, su identidad indígena; es el espacio vital donde se desarrolla la comunidad y se interactúa con el resto de seres vivos y con el universo. Sin embargo, desde la Colonia los pueblos indígenas han sufrido el despojo de sus tierras, algo que sigue viviéndose en la realidad costarricense actual.

Es importante recalcar que el Estado costarricense ha asumido, múltiples compromisos internacionales relacionados con pueblos indígenas, entre los que cabe destacar los siguientes:

1) Los convenios 107 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “Sobre los derechos de los pueblos indígenas y Tribales en países independientes”, ratificado por Costa Rica en 1959 y 1992, respectivamente, ambos con rango constitucional;

2) La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (ONU), firmada en el 2007;

3) La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Estados Americanos (OEA), firmada en el 2016;

4) La “Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia”, que Costa Rica fue el primer país de América en aprobar en 2013.

5) A nivel nacional, el país dio reconocimiento a los derechos territoriales indígenas desde 1939, mediante la Ley Nº 39 de Terrenos Baldíos, en la que se declara la inalienabilidad de las tierras ocupadas por estos pueblos.

6) A partir de 1956 varios decretos ejecutivos establecen las llamadas Reservas Indígenas, que son tierras de propiedad colectiva reconocidas por el Estado como territorios indígenas. A la fecha suman 24, en diferentes cantones del país.

7) En 1977, mediante la Ley 6172, conocida como Ley Indígena, el Estado costarricense estableció el carácter inalienable, intransferible e imprescriptible de sus territorios y se comprometió a restituirles las tierras que, estando dentro de ellos, se encontraran en manos de población no indígena, así como a protegerlos de nuevas invasiones. A cargo del cumplimiento de ese objetivo quedaron el Instituto de Tierras y Colonización, hoy Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y a la Comisión Nacional Indígena (CONAI).

8) En el 2015, mediante reforma del artículo 1º de su Constitución Política, el Estado Costarricense declara que somos una “República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural”.

No hay, sin embargo, correspondencia entre estos avances en el nivel jurídico-normativo y de las prácticas sociales y estatales reales, lo cual se evidencia claramente en relación con la situación de tenencia de la tierra. El problema es extremadamente grave: de los territorios indígenas, entre un 50% y hasta en un 90% -en algunos casos como Térraba, China Kichá y Altos de San Antonio- están en posesión de personas no indígenas, o bien regidos por una institucionalidad de gobierno local bajo control gubernamental, como es el caso de las Asociaciones de Desarrollo Comunal. Se desconocen así las instancias de gobierno propias de las comunidades indígenas, lo que también violenta los compromisos adquiridos.

Reconocemos algunos esfuerzos, positivos pero dispersos, principalmente en el nivel educativo, o la reciente directriz 042-MP Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas, los cuales sin embargo resultan muy limitados, dada la efectiva ausencia de políticas públicas interculturales y de acción afirmativa para estas poblaciones y la persistente negativa por parte de la Asamblea Legislativa durante los últimos 24 años, a votar el proyecto “Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas”, Expediente Legislativo No. 14.352, aun cuando este cuenta con un amplio proceso de consulta tutelado por la propia Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones y el correspondiente aval de la Oficina de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa ( 2009).

Esta brecha en la implementación de los derechos de estos pueblos ha sido denunciada por las propias organizaciones y comunidades indígenas, por la Defensoría de los Habitantes y por el Relator de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas. Son denunciadas reiteradas a lo largo de varios gobiernos, sin que se registren avances significativos.

Ante estas históricas deudas del Estado costarricense en relación con sus derechos territoriales, los pueblos bribri y bröran del Cantón de Buenos Aires han decidido recuperar su territorio.

Indígenas bröran decidieron tomar posesión de la finca llamada POTOMAC, rebautizada CRUN SHURIN, teniendo como respaldo la Ley Indígena y una resolución de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia de 1990, no ejecutada hasta el momento, la cual establece que esta finca es parte del territorio indígena de Térraba. Desde hace varias semanas, un grupo de unas 16 familias de ese pueblo se mantienen en el lugar. Se trata de aproximadamente 1000 hectáreas actualmente subutilizadas, en posesión ilegal por parte de no indígenas que viven fuera de la región, que serán reocupadas con fines de subsistencia y vida comunitaria bröran.

Estas acciones en Térraba se unen a las realizadas en Salitre y en Cabagra en los últimos ocho años, lapso durante el cual el Estado costarricense no ha hecho avance alguno en la regularización de la tenencia de los territorios indígenas de la región. Es decir, no se ha procedido, como corresponde, a una clara demarcación de los límites del territorio, la constatación de la legalidad de la posesión de las tierras, o su devolución a los pueblos indígenas. Se incumplen así los múltiples compromisos que asumió el gobierno recién concluido, sobre todo teniendo presente la violencia suscitada en Salitre y Cabagra por parte de personas no-indígenas. Se han dado agresiones y amenazas diversas, quemas de casas, destrucción de cultivos, persecuciones, uso de armas, sin que hasta el momento haya nadie detenido ni sancionado. Ello pone en evidencia el grado de impunidad así como la ineficacia de la acción del Estado y el desinterés de las altas autoridades políticas.

La inseguridad y la amenaza contra la integridad de las personas indígenas son evidentes, durante y después de las recuperaciones. Se hace urgente la atención efectiva del Estado costarricense en sus diferentes instancias, tanto administrativas, legislativas como judiciales y de todas sus instituciones, sean ministeriales o autónomas, para resolver, como corresponde y con la urgencia del caso, las necesidades y demandas conforme a los derechos colectivos de estos pueblos.

El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), unidad de investigación científica adscrita a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) hace un llamado respetuoso pero vehemente al nuevo Gobierno de la República, al Poder Judicial y a las señoras y señores diputados, así como a las autoridades de las diferentes instancias políticas y técnicas involucradas en el saneamiento y seguridad de los territorios, para que se actúe conforme al marco de derechos indígenas, especialmente la Ley Indígena, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y de la OEA y la atención a las Medidas Cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno de Costa Rica desde el 30 de Abril del 2015, de manera que se proceda a lo siguiente:

Garantizar la seguridad, protección e integridad física y patrimonial de las familias bröran y bribris, que han recuperado territorios indígenas en diferentes lugares del cantón de Buenos Aires.

Emprender e incrementar, con toda celeridad, las acciones institucionales pertinentes y eficaces para la atención de la situación de conflicto, tanto en sus aspectos de atención inmediata y urgente, como en sus aspectos estructurales, que permitan aplicar medidas efectivas para la regularización en la tenencia y la seguridad de los territorios indígenas, incluyendo el reconocimiento de los derechos autonómicos de estos pueblos sobre estos territorios.

Implementar la Medida Cautelar Nº 321-12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en relación con los pueblos y territorios indígenas de Buenos Aires.

Armonizar la legislación nacional conforme a los derechos reconocidos internacionalmente y con los que el país se ha comprometido, y establecer los correspondientes mecanismos de aplicación efectiva.

Aplicar las Reglas de Brasilia para garantizar el acceso a la justicia a los pueblos indígenas costarricenses.

Retomar el diálogo directo y eficaz entre el gobierno y los pueblos y territorios indígenas para el desarrollo de políticas públicas interculturales.

Ejecutar los múltiples acuerdos establecidos entre las diferentes instancias del Estado y los pueblos y territorios indígenas.

Realizar los desalojos administrativos ya aprobados, pendientes de ejecución desde el 2014.

 

Atentamente

Dr. Luis Paulino Vargas Solís

Director

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE)

Vicerrectoría de Investigación

UNED

Costa Rica, América Central

(506) 8362-6681

 

Imagen tomada de https://surcosdigital.com/uned-conmemoro-el-dia-de-los-pueblos-indigenas-costarricenses/

Enviado por Luis Paulino Vargas Solís.

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Luis Paulino Vargas Solís: Mi punto de vista sobre lo que ocurre en Nicaragua

Duele profundamente Nicaragua; duele el dolor, las lágrimas y la angustia de su gente, la agresión, la violencia y la represión. Duele, sobre todo, la sangre derramada y las vidas apagadas. Lo lamento en el alma y lo condeno con indignación.

Son claras las responsabilidades que en todo esto caben al gobierno Ortega-Murillo: respondió a la protesta popular con violencia directa y desmedida. Ello inauguró un bucle creciente y autoalimentado de nuevas protestas y violencia descontrolada.

Es fácil recurrir al atajo de la justificación conspirativa, tan del talante de algunas izquierdas latinoamericanas: todo es un montaje del capital y una trama urdida desde Washington, para frenar otro de los bastiones, aún en pie, de los proyectos de izquierda latinoamericanos.

Y, sin embargo, ello resulta difícilmente plausible cuando uno observa la diversidad de los grupos que participan de la protesta y los muchos espacios desde los que se movilizan y manifiestan. Y no me refiero a lo que la prensa tradicional difunde, sino a las cascadas de información que, por medio de videos y audios aficionados, circulan. Se pierden de vista dos cosas esenciales: la tradición insurreccional que a lo largo del tiempo (al menos desde las primeras intrusiones violentas de Estados Unidos hace más de un siglo), se ha consolidado y que, seguramente, fluye en los genes culturales de este pueblo; y, segundo, las posibilidades para la autoconvocatoria que conceden las tecnologías actuales, que son asimismo las que posibilitan tener acceso a información de primera mano que en otros tiempos no habríamos conocido.

Pero no deberían olvidarse los antecedentes puestos por el mismo Ortega, a través de un gobierno de tintes autoritarios, enredado en oscuros pactos con el poder religioso más conservador, políticos corruptos, el gran empresariado y algunos poderosos intereses económicos externos. No es un detalle menor que en su reciente llamado a diálogo convoque solamente a la iglesia católica y al gran empresariado.

Lo mejor que podría decirse del gobierno Ortega-Murillo es que ha puesto en marcha una suerte de “socialismo asistencialista”, caudillista y proclive a la manipulación y la corrupción. Socialismo debería ser garantía institucionalizada de derechos universales, no repartición de dádivas a discreción. Pero, aun así, resulta difícil ocultar sus estrechos ligámenes con grandes intereses económicos.

Si las izquierdas de América Latina aspiran a ser una verdadera fuerza de emancipación, han de serlo desde un opción radical por la democracia y los derechos humanos, y un respeto irrestricto por la verdad. Y ese espíritu emancipador pasa por reconocer que el poder gubernamental no es un objetivo en sí mismo. Ceder el gobierno cuando la voluntad popular así lo decida, puede ser el paso necesario para limpiar vicios y corrupción y superar errores cometidos. Tomar nuevos aires, renovarse y volver a fortalecerse.

 

Imagen tomada del Facebook de Luis Paulino Vargas Solís.

Enviado por el autor.

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Democracia en crisis en Nicaragua

Informes enviados a SURCOS indican que la situación recrudece en Nicaragua y ya varios jóvenes han muerto producto de la violencia. Las protestas contra la reformas al sistema de seguridad social han motivado las protestas, y la respuesta alejada del diálogo de parte del gobierno de Daniel Ortega, tienen como consecuencia dolorosas muertes, destrucción de importantes edificios y violencia generalizada

Democracia en crisis en Nicaragua

Mujeres por Costa Rica y Mujeres con la Patria al Hombro lamentan, repudian y condenan la represión militar contra los civiles nicaragüenses que se pronuncian en desacuerdo por las reformas anunciadas por el presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega.

Repudiamos, como mujeres costarricenses, la represión militar que sufre en estos momentos la población nicaragüense y, principalmente, la muerte de jóvenes universitarios, por manifestarse en contra de las reformas unilaterales a las políticas públicas de seguridad social.

También nos manifestamos contra la censura informativa a la que están expuestos nuestros hermanos centroamericanos con el cierre de tres canales de televisión. Nos parece inadmisible coartar el derecho de información y comunicación de los nicaragüenses.

Observamos la capital sitiada y otras ciudades tomadas por la Policía Nacional por lo que hacemos un llamado al diálogo, un alto a la represión y a la violencia impuesta, que genera más violencia.

Instamos respetuosamente al gobierno nicaragüense recurrir a la vía del diálogo como instrumento vital para dirimir diferencias.

 

Compartido en redes.

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UNA: II Seminario Internacional por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes: Salud, Sexualidades y Violencia

Este 17,18 y 19 de abril de 2018 de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. en el Auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras se estará llevando a cabo el II Seminario Internacional por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes: Salud, Sexualidades y Violencia.

El costo del seminario es de 20 mil colones.

Favor confirmar su asistencia al teléfono 2562 6462.

UNA II Seminario Internacional por los Derechos de los Ninos Ninas y Adolescentes

 

Enviado por Alberto Rojas.

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UNA: Cine en el Campus rinde homenaje a indígenas

Con los documentales “Salitre: Recuperación de un territorio” y “Salitre: Violencia”, que abordan el conflicto por la recuperación del territorio por parte de los indígenas Bribri de Salitre, Cine en el Campus y el Programa de Producción de Material Audiovisual de la UNED, inician hoy jueves 5 de abril a las 2 p.m., un ciclo de cine foros en homenaje a los pueblos indígenas

 

Durante abril de 2018, la Universidad Nacional (UNA) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED) rendirán homenaje a las comunidades indígenas de Costa Rica mediante un ciclo de cine foros.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la declaración del 2018 como el “Año de las universidades públicas por la autonomía, la regionalización y los derechos humanos” del Consejo Nacional de Rectores.

Cine en el Campus UNA será el espacio encargado de la proyección de los documentales realizados por la UNED, que serán acompañados por un foro de discusión con representantes de las comunidades y los realizadores.

Este jueves 5 de abril a partir de las 2 p.m. en la Casa Estudiantil Universitaria, en el Campus Omar Dengo (contiguo a la soda comedor Padre Royo) arranca el ciclo de cine foros arranca con los documentales:

  • Salitre: Recuperación de un territorio (2017): Aporta una perspectiva histórica para explicar las razones que motivaron la lucha indígena por las recuperaciones del territorio en Salitre.
  • Salitre: Violencia (2017): Los indígenas Bribri de Salitre nos narran situaciones que han enfrentado y viven a diario en el conflicto por las recuperaciones del territorio, las cuales ha escalado a niveles importantes de agresión y violencia física, verbal y psicológica, además del abandono estatal que se manifiesta en lo estructural.

Cada jueves de abril, a las 2 p.m. en la Casa Estudiantil Universitaria de la UNA, se proyectarán dos documentales realizados por el Programa de Producción de Material Audiovisual de la UNED con temáticas específicas como Identidad, Territorio, Defensa de los bienes naturales, Educación y Memoria.

Seleccionamos documentales como Los Guardianes del Bosque, Salitre y Yo no vine, me invitaron, entre otros, porque representan muy bien los ejes temáticos establecidos como prioridad para este año en las universidades públicas, reflejando así nuestro compromiso con el desarrollo nacional y regional”, agregó Iván Porras, coordinador del Programa de Producción de Material Audiovisual de la UNED.

Tanto en la UNA como en la UNED, queremos ser parte de la visibilización de la población indígena de nuestro país y así apoyar en la creación de una sociedad democrática e inclusiva. Por esto hemos seleccionado documentales que retratan las luchas y necesidades que tienen estas comunidades desde hace décadas”, afirmó Jimena Valverde, responsable de Cine en el Campus, proyecto del Departamento de Promoción Estudiantil de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil de la UNA.

 

Cuándo y dónde

Fechas: Jueves 5, 12, 19 y 26 de abril

Hora: 2 p.m.

Lugar: Casa Estudiantil Universitaria (Contiguo a la Soda Padre Royo), Campus Omar Dengo, UNA.

Entrada gratuita

La programación del jueves 5 se repetirá el 12 de abril en el espacio Encuentros Meridianos a las 12:00 md en el mismo lugar.

Más información: facebook.com/cineenelcampus

facebook.com/audiovisualesUNED

*Imágenes tomadas del Facebook Cine en el Campus.

Enviado por UNA Comunicación.

Comité de Expertas expresa su preocupación por cifras de femicidios y discursos que fomentan la violencia contra las mujeres en Costa Rica

El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” (MESECVI), ha sido informado sobre las preocupantes cifras de femicidios y sobre la proliferación de discursos de odio contra las mujeres en Costa Rica en el marco del pasado proceso electoral.

En este contexto, el Comité expresa su profunda preocupación por el asesinato de 9 mujeres en lo que va del año, de los cuales 7 han ocurrido en el mes de marzo, paralelo al contexto electoral de ese momento. Cabe recordar que en su Declaración sobre el Femicidio, el Comité señala que los altos índices de violencia contra las mujeres, su limitado o nulo acceso a la justicia, la impunidad que prevalece en los casos y la persistencia de patrones socioculturales discriminatorios, entre otras causas, inciden en el aumento de muertes de mujeres.

Paralelamente, el Comité expresa su preocupación por la proliferación de discursos morales y/o religiosos que fomentan la violencia, la discriminación y la inseguridad contra las mujeres. El Comité ha sido enfático en señalar que la discriminación y la violencia contra las mujeres constituyen violaciones a los derechos humanos, por lo que no resultan admisibles justificaciones basadas en creencias o valores religiosos.

Para el Comité, estos discursos confunden a la sociedad, promueven inseguridad y total indefensión a las mujeres víctimas de violencia, justifican las discriminaciones y las prácticas nocivas contra ellas, profundizan el machismo y la misoginia, fomentan una cultura de intolerancia que afecta a la convivencia democrática, refuerzan y perpetúan estereotipos y roles de género discriminatorios, y legitiman la violencia contra las mujeres. Ante esta grave situación que viven miles de mujeres en la región, el Comité ha manifestado su preocupación a través de la Declaración sobe la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres como Bien de la Humanidad.

Al mismo tiempo, el Comité expresa su preocupación por la presentación en la Asamblea Legislativa de un proyecto para transformar el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) en un instituto de la familia. El INAMU es el organismo a cargo de la protección de las mujeres y el combate de la violencia y la discriminación contra ellas, y su transformación pone en riesgo el cumplimiento de las responsabilidades asumidas por el Estado al ratificar la Convención de Belém do Pará.

Por lo tanto, el Comité incentiva la profundización y la difusión de conocimientos con perspectiva de género y el fortalecimiento del Estado Laico. Conjuntamente, se insta al Estado a condenar todas las formas de violencia contra las mujeres por todos los medios apropiados y sin dilaciones de ninguna índole y continuar profundizando las políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, tal como lo establece el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. Por último, el Comité reitera el llamado a adaptarse a los compromisos emanados por esta Convención, instrumento internacional suscrito y ratificado por Costa Rica.

El Comité de Expertas es el órgano técnico del MESECVI, responsable del análisis y evaluación del proceso de implementación de la Convención de Belém do Pará. Está integrado por Expertas independientes, designadas por cada uno de los Estados Parte entre sus nacionales, quienes ejercen sus funciones a título personal.

Comite de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convencion para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer

 

*Imagen tomada de www.oas.org

Enviado por Luis Alberto Soto.

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Vos también podés cambiar el cuento

A través del cuento de Caperucita Roja se nos invita a reflexionar acerca del acoso y la violencia física y sexual que han sufrido las mujeres durante tanto tiempo y cómo podríamos todas y todos ayudar a cambiar el cuento.

 

 

Enviado por Carmen Chacón.

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