Las organizaciones abajo firmantes, conformadas por hombres costarricenses, procedentes del sector público, organizaciones no gubernamentales, redes comunitarias y sociedad civil en general, manifestamos las siguientes reflexiones ante el peligroso y reiterado avance del machismo y la violencia en el país:
Somos hombres que trabajamos por la construcción de masculinidades positivas e igualitarias para contribuir a que los hombres costarricenses respeten los Derechos Humanos, manejan sus emociones y crisis con tranquilidad y armonía, renuncien al machismo y a todas las formas de violencia. Hombres que no vean a las mujeres como objetos de su propiedad y que no ejerzan formas de poder opresivas donde solo se tome en cuenta su manera de ver las cosas. Hombres que ejercen una paternidad afectiva e involucrada en el cuido; una vivencia de la sexualidad informada, corresponsable y respetuosa de los derechos de otras personas; y en general, hombres que vivan una masculinidad en igualdad y libre de violencia, en sus centros de trabajo, comunidades, familia, pareja, consigo mismos y la sociedad en general.
Vemos con mucha preocupación el resurgimiento de discursos y prácticas machistas y violentas en el país, en donde se muestra una forma de masculinidad muy tóxica y dañina. A manera de ejemplo, los rituales de demostración de la valentía, que pone en peligro la vida de los mismos hombres; la intolerancia y hasta odio hacia otras formas de vivir la sexualidad y, muy en especial, la escalada de violencia contra las mujeres, siendo un indicador muy claro el creciente número de mujeres asesinadas en manos de sus compañeros o excompañeros sentimentales. Es como si se pensara que “ya se puede hacer con las mujeres cualquier cosa, que ya no hay leyes que las protegen y que en este país ya no se respetan los Derechos Humanos”. Los conflictos, la separación o los celos no son justificación para la violencia. Las personas no le pertenecen a nadie y, mucho menos, a las parejas.
Es preciso recordar que lo que ha caracterizado a nuestro país es el respeto por los derechos humanos de todas las personas. Existe una legislación que protege los derechos de todas las personas que viven en el país y, en materia de violencia, existe y está vigente el “Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y Violencia Intrafamiliar” (PLANOVI), conformada por 22 instituciones públicas cuyo ente rector es el Instituto Nacional de las Mujeres –INAMU- (Ley 8688) y también están vigentes otros instrumentos legales que penalizan y sancionan la violencia. Este sistema, al igual que las Redes cantonales de Prevención de la Violencia Intrafamiliar y el INAMU, deben fortalecerse.
La violencia Intrafamiliar en este país es un delito sancionado por ley, es un problema de salud pública y además constituye una violación a los derechos humanos. No podemos perder esta visión de las cosas. El problema de la violencia intrafamiliar y contra las mujeres es muy complejo e intervienen muchos factores. Su prevención y erradicación le corresponde a todas las instituciones y a todas las personas que conformamos la sociedad. Se requiere el cumplimiento de la legislación, pero además de la policía y Poder Judicial deben intervenir otros sectores e instituciones (salud, educación, cultura). Es necesario un cambio cultural que rechace la violencia; es fundamental trabajar con los hombres desde que son niños, para que no vean en la violencia una alternativa. Y también es responsabilidad de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales llevar a cabo acciones y programas para atender y prevenir la violencia, trabajando con todas las poblaciones implicadas. Y lo más importante, erradicar la cultura machista, que es la base de estas formas de violencia.
Con la muerte de cada una de estas mujeres, una parte nuestra también muere y ante ello debemos reaccionar. Es imprescindible evitar, por todos los medios posibles, que esta violencia (sobre todo la dirigida contra las mujeres) entre a formar parte de la vida cotidiana y llegar a un punto en el que se trata del reporte de una muerte más, “como la cosa más natural”. Una sociedad democrática y respetuosa de los más básicos derechos humanos no puede permitir que eso suceda y debe mover todos sus recursos para confrontar y erradicar tal situación.
Hacemos un llamado a todos los hombres del país, a las instituciones públicas, a la empresa privada, a las universidades y centros de educación superior o parauniversitaria, a las organizaciones de la sociedad civil e iglesias a pronunciarse en contra de esta escalada machista y violenta. Los hombres podemos y debemos ser aliados y protagonistas en la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación hacia todas las personas y hacia toda la sociedad y, en particular, hacia las mujeres.
21 de marzo del 2018.
Firmas responsables:
Erick Quesada Ramírez
Álvaro Campos Guadamuz Ced. 601410470
Organizaciones firmantes
Red de Hombres por la Igualdad de Género del Sector Público
Instituto Costarricense de Masculinidad, Pareja y Sexualidad (Instituto WEM)
Redes Comunitarias de Hombres de WEM
Colectivo de Hombres del Poder Judicial
Red de Masculinidades Instituto Nacional de Aprendizaje
Pueblo Bribri de Salitre denuncia que policías defienden a los agresores
Video demuestra que usurpadores y sus cómplices son los agresores y que el Diario Extra miente
Compartimos parte del comunicado que envió el Consejo Ditsö Iriria Ajkonuk Wakpa al viceministro de Seguridad.
«Buenos días, señor viceministro, le informo del malestar de los Bribris, dicen que como el Gobierno asigna oficiales de protección a unas personas no indígenas agresoras de los bribris y usurpadores de nuestra tierra, que tienen que ser desalojados ya que tiene orden de desalojo en firmes y no lo ejecutan hasta cuando van a cumplir con las leyes.
Por otro lado, las medidas cautelares N° 321_12 ordena al estado brindar protección física y territorial a los bribris; no se cumple… por lo que se está agrediendo a los bribris y puede generar más violencia»
La anterior denuncia se da después de la agresión que sufrieron Oscar Ortiz, familiares y amigos bribris, el pasado miércoles, en una tierra que están recuperando de acuerdo con su cultura y la legislación nacional e internacional.
En un video que compartimos, queda claro que el usurpador Rafael Salas Salazar y su turba son los que llegan a agredir a los bribris recuperantes; en el video se puede observar la actitud de matonismo e intimidación de Hania Torres Mayorga (involucrada en otros hechos violentos) y Manuel Calderón.
También participan en la agresión Alejandra Vidal Navarro y su hermano, ambos hermanos de Tais Vidal, abogada que fue condenada por usurpación de tierras en Salitre. Además, participó Doris Ortiz, quien fue funcionaria por muchos años de la CONAI y actualmente es candidata a diputada por el Partido Nueva Generación (PNG).
Durante el día de ayer jueves y hoy, las patrullas de la Fuerza Pública, permanecen cerca de la tierra recuperada, en compañía de los usurpadores no indígenas Ramiro Vega, Edwin Guevara, Rafael Salas y «Chito» Martínez.
El Consejo Ditsö Iriria Ajkonuk Wakpa y la Coordinadora de Lucha Sur Sur condenamos la nota difundida hoy por el «periodista» Alexander Méndez de Diario Extra, por ser absolutamente falsa, infundada y malintencionada.
SURCOS recibió de parte de ANDA la siguiente denuncia:
“Este miércoles 29 de noviembre, nuestros compañeros Jorge Mora Portuguez y Vanessa Dubois Cisneros (ARCA-FANCA), sufrieron una agresión de un grupo de cobardes enmascarados que, intentando infundir temor con tácticas violentas, acosadoras y sin argumentos, recurren a la intimidación y a la agresión directa para mostrar su disconformidad con quienes piensan distinto.
Incluso han fomentado discursos violentos en redes promoviendo actos terroristas como tirar ácido a las personas.
El hecho sucedió en un foro sobre el Proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico que fue aprobado en primer debate el pasado 2 de noviembre.
Repudiamos este acto que pretende borrar la discusión democrática mediante la violencia. Lamentamos que este tipo de situaciones se presenten en cualquier espacio de discusión, menos aún en un centro académico.
Exigimos a las autoridades de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica que tomen cartas en el asunto e investiguen lo sucedido para identificar a las personas responsables, dentro y fuera de la institución.
Expresamos nuestra solidaridad para nuestra compañera y nuestro compañero y reivindicamos como parte central del movimiento ambiental nuestra esencia pacifista.
No callaremos. No abandonaremos nuestras luchas.
ANDA – Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA)».
Foto extraída de nuestra nota publicada en HablandoClaro (Radio Columbia) titulada: «Referéndum en Cataluña: a propósito de la carta colectiva de profesores de derecho internacional».
Este 10 octubre, Cataluña ha hecho pública, desde el Parlament su declaración de independencia (véase texto completo al final de esta nota). Su lectura es recomendada, en la medida en que incluye varias de las reivindicaciones catalanas no atendidas, o bien objeto de una interpretación restrictiva por parte del juez constitucional español.
Como era previsible, varios Estados de América Latina han reaccionado, manifestando su respaldo a las autoridades españolas: no obstante la sensación de unísono, lo han hecho de manera muy diferente el uno del otro, denotando en algunos casos una extrema prudencia y mesura, mientras que en otros, una lectura bastante peculiar de la realidad que viven los catalanes.
La cuestión de la autonomía de Cataluña: intento de breve recapitulativo
La lectura de la declaración de independencia catalana permite conocer varias de las demandas catalanas que esperan una solución, sin encontrar eco alguno en los últimos años. En esta reciente entrevista a José Montilla titulada «Mariano Rajoy ha estado cinco años de vacaciones con el tema de Cataluña”, se lee que:
“El Gobierno de Mariano Rajoy ha estado cinco años de vacaciones en lo que respecta a Cataluña, cuando no provocando algunos incidentes. Y ahora se ha dado cuenta del enorme problema que tiene encima de la mesa, que lo tenemos todos”.
Recordemos para el lector poco familiarizado que una larga sentencia del Tribunal Constitucional de más de 800 folios, con relación al Estatuto de Cataluña de 2006, fue hecha pública tan solo el 28 de junio de 2010, es decir cuatro años después de la presentación de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular (PP) en julio de 2006. Esta sentencia (véase texto completo) incluye las opiniones individuales disidentes de cinco magistrados recogidas en 197 folios de la misma (véase nota de El Pais de julio del 2010).
Entre otros considerandos de la declaratoria de independencia de Cataluña hecha pública durante esta semana, se lee que:
«El Estatuto de Autonomía, aprobado por el Parlamento y el Congreso, y refrendado por la ciudadanía catalana, debía ser el nuevo marco estable y duradero de relación bilateral entre Catalunya y España. Pero fue un acuerdo político roto por la sentencia del Tribunal Constitucional y que hace emerger nuevas reclamaciones ciudadanas«.
Tuvimos la oportunidad de examinar brevemente el tema de Cataluña desde la perspectiva del derecho internacional en una nota publicada en HablandoClaro (Radio Columbia) titulada: «Referéndum en Cataluña: a propósito de la carta colectiva de profesores de derecho internacional«.
El resultado de una negativa a entablar diálogo alguno
Pese a múltiples llamados al diálogo por parte de diversas entidades, entre ellas la Unión Europea (UE) y expertos en derechos humanos de Naciones Unidas (véase breve nota nuestra al respecto), las autoridades españolas y catalanas se han negado a entablar diálogo alguno, manteniendo ambas su posición con relación al referéndum celebrado en condiciones raramente observadas, el pasado 1ero de octubre.
La ONG Human Rights Watch (HRW) este 12 de octubre denunció en un informe el uso excesivo de la fuerza y la violencia por parte de los cuerpos de seguridad durante la jornada del 1ero de octubre (véase nota de HRW). Diez días antes, el 2 de octubre, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas había solicitado a España investigar la violencia policial que sufrieron muchos de los votantes catalanes, señalando que:
«I firmly believe that the current situation should be resolved through political dialogue, with full respect for democratic freedoms. I call on the Government of Spain to accept without delay the requests by relevant UN human rights experts to visit«.
(Véase nuestra breve nota editada en el sitio de Debate Global con el texto completo de dicho comunicado).
Dos días antes del referéndum, el 28 de setiembre, expertos en derechos humanos de Naciones Unidas habían hecho advertencias a España (véase nuestra breve nota al respecto también editada en Debate Global).
Esta violencia policial y la ola de repudio e indignación que causó, así como la escalada verbal y el tono amenazante de las máximas autoridades españolas, aumentaron significativamente la tensión en Cataluña, sin lograrse ningún tipo de acercamiento.
La solicitud de una mediación de las autoridades catalanas para facilitarlo fue rechazada por las autoridades españolas, aduciendo que una mediación es innecesaria y que la crisis en Cataluña debe resolverse con estricto apego al derecho constitucional español. La Unión Europea (UE) en su comunicado del 2 de octubre instó a las partes al diálogo al expresar que: «We call on all relevant players to now move very swiftly from confrontation to dialogue. Violence can never be an instrument in politics» (véase texto completo de su comunicado).
Con relación a las actuaciones del juez constitucional español, es de notar que ordenó, como medida cautelar, la suspensión de una sesión del Parlament catalán prevista para el lunes 9 de octubre (véase nota de prensa): en su sentencia del 5 de octubre (véase texto completo), la justicia constitucional decidió
«4. Suspender cautelarmente, conforme al artículo 56.6 LOTC, la eficacia de los acuerdos parlamentarios impugnados y, consiguientemente, suspender la celebración el 9 de octubre de 2017 del pleno ordinario convocado por el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 4 de octubre de 2017«.
Suspendida el 9 de octubre por esta nueva (e inusual) orden de la justicia constitucional desde Madrid, la sesión del Parlament tuvo lugar en Barcelona el día siguiente, es decir el 10 de octubre: durante esta sesión, los representantes de Cataluña procedieron a hacer pública la declaración de independencia.
Un nuevo compas de espera
El Presidente de la Generalitat declaró en esta sesión solemne del 10 de octubre que «El gobierno de Cataluña y yo mismo proponemos que el parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia con tal de que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada» (véase nota de prensa). Con esta aseveración hecha, las autoridades catalanas sugieren lo que algunos analistas han denominado la «vía de Eslovenia«, la cual permitió negociar, luego de una declaratoria de independencia suspendida, los términos y plazos para lograr hacerla plenamente efectiva.
En un comunicado oficial adoptado menos de 24 horas después (véase texto completo), las autoridades españolas anunciaron que:
«El Consejo de Ministros ha acordado esta mañana requerir formalmente al Gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña, al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor.
Este requerimiento, previo a cualquiera de las medidas que el Gobierno puede adoptar al amparo del artículo 155 de nuestra Constitución, pretende ofrecer a los ciudadanos la claridad y la seguridad que requiere una cuestión de tanta importancia.
Con la decisión adoptada hoy, el Gobierno quiere ofrecer certezas a los españoles, especialmente a los catalanes, y quiere evitar la confusión generada por las autoridades de la Generalitat sobre una cuestión que tanto les afecta y les preocupa.
En la respuesta que el presidente de la Generalitat dé a este requerimiento ahí se marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días. Si el señor Puigdemont manifiesta su voluntad de respetar la legalidad y restablecer la normalidad institucional, se pondría fin a un período de inestabilidad, tensiones y quiebra de la convivencia«.
Algunas reacciones en América Latina
Desde el punto de vista internacional, las reacciones oficiales han sido de apoyo a España. En América Latina, se han registrado los siguientes comunicados oficiales elaborados los dias 10 y 11 de octubre, y que se mencionarán a continuación. Únicamente han sido repertoriados textos oficiales formalmente comunicados por los respectivos aparatos diplomáticos, y no declaraciones dadas en prensa por parte de autoridades nacionales sobre la situación en Cataluña. Como se verá, las formas de manifestar el respaldo a España varían sustancialmente de un comunicado a otro, mientras que otros Estados han optado por no expresarse.
Argentina circuló el mismo 10 de octubre un comunicado oficial mediante su Ministerio de Relaciones Exteriores titulado «Comunicado de prensa: Sobre la situación en Cataluña» llamando a las partes al diálogo:
«Información para la Prensa N°: 451/17 En relación con la situación en Cataluña, inspirado por los profundos e intensos lazos de amistad entre Argentina y España, el Gobierno argentino renueva en este día que el diálogo es necesario para encontrar una solución consensuada, en el marco de la Constitución española y el respeto a las instituciones de ese país.
El Gobierno argentino manifiesta, asimismo, su plena confianza en el Gobierno y Pueblo español, quienes a través de este diálogo lograrán garantizar la unidad de España, su integridad territorial, así como los derechos y libertades de todos sus ciudadanos«.
Por su lado, el mismo 10 de octubre, Colombia se expresó en un comunicado de prensa de su cancillería de la siguiente manera:
«El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, ha seguido con detenimiento la situación en España hoy, y en particular, la declaración hecha por el Presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.
Al respecto, manifestamos nuestro rechazo a cualquier declaración unilateral de independencia y confiamos en la capacidad del Gobierno español para defender el orden constitucional y garantizar los derechos y libertades de todos sus ciudadanos.
Con España nos unen vínculos históricos y fuertes lazos de amistad y esperamos que se logre avanzar en soluciones negociadas y orientadas hacia el bienestar del pueblo español«.
A diferencia del comunicado de Colombia que viene sin título, México ha circulado un comunicado de prensa titulado «México no reconocerá a una Cataluña independiente» (véase texto completo del comunicado de la SRE) al tiempo que Costa Rica ha difundido un comunicado oficial titulado «Costa Rica insta a respetar el estado de derecho y reitera su compromiso por la unidad del Reino de España» en el que rechaza «los actos de violencia que se han generado en torno a las manifestaciones independentistas» (sic.): véase texto completo.
Por su parte, Perú circuló el siguiente comunicado titulado «Comunicado sobre la situación en Cataluña» el 11 de octubre, que merece ser repoducido, debido al uso de palabras particularmente fuertes usadas con relación a las autoridades de Cataluña y en razón de la ausencia de un llamado al diálogo, que los demás comunicados oficiales anteriormente citados sí incluyeron:
Comunicado Oficial 042 – 17
«Ante los recientes acontecimientos ocurridos en la fecha en la Comunidad Autónoma de Cataluña, el Gobierno del Perú rechaza cualquier acto o declaración unilateral de independencia de Cataluña, sea de efecto inmediato o diferido, en tanto constituiría una acción abiertamente contraria a la Constitución y las leyes españolas, además de atentar contra la unidad de España y los derechos y libertades de todos los españoles. Asimismo, el planteamiento de un diálogo o mediación no constituye un derecho legítimo de Cataluña.
El Gobierno del Perú reitera su pleno respaldo al Gobierno español y reafirma una vez más su confianza en que las autoridades españolas defenderán el orden constitucional y el ordenamiento jurídico de manera que se pueda restituir el estado de derecho y preservarse la democracia y la unidad de España«.
El último comunicado oficial registrado en América Latina es el de Brasil, titulado «Eventos en España«, con fecha del 12 de octubre, el cual señala que:
«Brasil sigue con atención los últimos eventos en España, país cuya transición democrática fue y sigue siendo ejemplo para América Latina. Al reiterar los lazos de amistad y solidaridad que unen a brasileños y españoles, el Gobierno pide diálogo, en el marco de la legislación de ese país, destacando la importancia del pleno respeto a la Constitución española y al Estado Democrático de Derecho«.
A modo de conclusión: breves consideraciones en torno al reconocimiento de la calidad de Estado
Es de esperar que en estos próximos días se intensifiquen las presiones para lograr algún tipo de acercamiento, desde diversos sectores, tanto nacionales como internacionales. Desde la perspectiva más específica de la técnica jurídica del reconocimiento de la calidad de Estado por otros Estados, no se ha (aún) perfilado a ningún Estado que haya anunciado que reconocerá a Cataluña como Estado soberano. Es muy probable que dentro de la UE, ningun Estado proceda a ello.
Cuando en el mes de febrero del 2008, el parlamento regional kosovar proclamó a Kosovo como Estado independiente (sin previa consulta o referéndum a la población), el primer Estado en reconocerlo como tal fue Costa Rica.
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Texto de la declaración de independencia de Cataluña extraído de esta nota de prensa de La Vanguardia que contiene la versión en catalán.
DECLARACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE CATALUNYA
Al pueblo de Catalunya y a todos los pueblos del mundo.
La justicia y los derechos humanos individuales y colectivos intrínsecos, fundamentos irrenunciables que dan sentido a la legitimidad histórica y la tradición jurídica e institucional de Catalunya, son la base de la constitución de la República catalana.
La nación catalana, su lengua y su cultura tienen mil años de historia. Durante siglos, Catalunya se ha dotado y ha disfrutado de instituciones propias que han ejercido el autogobierno con plenitud, con la Generalitat como máxima expresión de los derechos históricos de Catalunya. El parlamentarismo ha sido, durante los períodos de libertad, la columna sobre la que se han sustentado estas instituciones, se ha canalizado a través de las Cortes Catalanas y y ha cristalizado en las Constituciones de Catalunya.
Catalunya restaura hoy su plena soberanía, perdida y largamente anhelada, tras décadas de intentar, honestamente y lealmente, la convivencia institucional con los pueblos de la península ibérica.
Desde la aprobación de la Constitución española de 1978, la política catalana ha tenido un papel clave con una actitud ejemplar, leal y democrática para con España, y con un profundo sentido de Estado.
El estado español ha respondido a esta lealtad con la denegación del reconocimiento de Catalunya como nación; y ha concedido una autonomía limitada, más administrativa que política y en proceso de recentralización; un tratamiento económico profundamente injusto y una discriminación lingüística y cultural.
El Estatuto de Autonomía, aprobado por el Parlamento y el Congreso, y refrendado por la ciudadanía catalana, debía ser el nuevo marco estable y duradero de relación bilateral entre Catalunya y España. Pero fue un acuerdo político roto por la sentencia del Tribunal Constitucional y que hace emerger nuevas reclamaciones ciudadanas.
Recogiendo las demandas de una gran mayoría de ciudadanos de Catalunya, el Parlamento, el Gobierno y la sociedad civil han pedido repetidamente acordar la celebración de un referéndum de autodeterminación.
Ante la constatación de que las instituciones del Estado han rechazado toda negociación, han violentado el principio de democracia y autonomía, y han ignorado los mecanismos legales disponibles en la Constitución, la Generalitat de Catalunya ha convocado un referéndum para el ejercicio del derecho a la autodeterminación reconocido en el derecho internacional.
La organización y celebración del referéndum ha comportado la suspensión del autogobierno de Catalunya y la aplicación de facto del estado de excepción.
La brutal operación policial de carácter y estilo militar orquestada por España contra ciudadanos catalanes ha vulnerado, en muchas y repetidas ocasiones, sus libertades civiles y políticas y los principios de los Derechos Humanos, y ha contravenido los acuerdos internacionales firmados y ratificados por el Estado español.
Miles de personas, entre las que hay cientos de cargos electos e institucionales y profesionales vinculados al sector de la comunicación, la administración y la sociedad civil, han sido investigadas, detenidas, querelladas, interrogadas y amenazadas con duras penas de prisión.
Las instituciones españolas, que deberían permanecer neutrales, proteger los derechos fundamentales y arbitrar ante del conflicto político, se han convertido en parte e instrumento de estos ataques y han dejado indefensa a la ciudadanía de Catalunya.
A pesar de la violencia y la represión para intentar impedir la celebración de un proceso democrático y pacífico, los ciudadanos de Catalunya han votado mayoritariamente a favor de la constitución de la República catalana.
La constitución de la República catalana se fundamenta en la necesidad de proteger la libertad, la seguridad y la convivencia de todos los ciudadanos de Catalunya y de avanzar hacia un Estado de derecho y una democracia de más calidad, y responde al impedimento por parte del estado español de hacer efectivo el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
El pueblo de Catalunya es amante del derecho, y el respeto a la ley es y será una de las piedras angulares de la República. El estado catalán acatará y hará cumplir legalmente todas las disposiciones que conforman esta declaración y garantiza que la seguridad jurídica y el mantenimiento de los acuerdos suscritos formará parte del espíritu fundacional de la República catalana.
La constitución de la República es una mano tendida al diálogo. Haciendo honor a la tradición catalana del pacto, mantenemos nuestro compromiso con el acuerdo como forma de resolver los conflictos políticos. Asimismo, reafirmamos nuestra fraternidad y solidaridad con el resto de pueblos del mundo y, en especial, con aquellos con los que compartimos lengua y cultura y la región euromediterránea en defensa de las libertades individuales y colectivas.
La República catalana es una oportunidad para corregir los actuales déficits democráticos y sociales y construir una sociedad más próspera, más justa, más segura, más sostenible y más solidaria.
En virtud de todo lo que se acaba de exponer, nosotros, representantes democráticos del pueblo de Catalunya, en el libre ejercicio del derecho de autodeterminación, y de acuerdo con el mandato recibido de la ciudadanía de Catalunya,
CONSTITUIMOS la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social.
DISPONEMOS la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.
INICIAMOS el proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante.
AFIRMAMOS la voluntad de abrir negociaciones con el estado español, sin condicionantes previos, dirigidas a establecer un régimen de colaboración en beneficio de ambas partes. Las negociaciones deberán ser, necesariamente, en pie de igualdad.
PONEMOS EN CONOCIMIENTO de la comunidad internacional y las autoridades de la Unión Europea la constitución de la República catalana y la propuesta de negociaciones con el estado español.
INSTAMOS a la comunidad internacional y las autoridades de la Unión Europea a intervenir para detener la violación de derechos civiles y políticos en curso, y hacer el seguimiento del proceso negociador con el Estado español y ser testigos.
MANIFESTAMOS la voluntad de construcción de un proyecto europeo que refuerce los derechos sociales y democráticos de la ciudadanía, así como el compromiso de seguir aplicando, sin solución de continuidad y de manera unilateral, las normas del ordenamiento jurídico de la Unión Europea y las del ordenamiento de España y del autonómico catalán que transponen esta normativa.
AFIRMAMOS que Catalunya tiene la voluntad inequívoca de integrarse lo más rápidamente posible a la comunidad internacional. El nuevo Estado se compromete a respetar las obligaciones internacionales que se aplican actualmente en su territorio y continuar siendo parte de los tratados internacionales de los que es parte el Reino de España.
APELAMOS a los Estados y las organizaciones internacionales a reconocer la República catalana como Estado independiente y soberano.
INSTAMOS al Govern de la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para hacer posible la plena efectividad de esta Declaración de independencia y de las previsiones de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.
HACEMOS un llamamiento a todos y cada uno de los ciudadanos de la República catalana a hacernos dignos de la libertad que nos hemos dado y construir un Estado que traduzca en acción y conducta las inspiraciones colectivas.
Los legítimos representantes del pueblo de Catalunya:
Barcelona, 10 de octubre de 2017
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Foto extraída de nuestra nota publicada en HablandoClaro (Radio Columbia) titulada: «Referéndum en Cataluña: a propósito de la carta colectiva de profesores de derecho internacional».
A raíz de la violencia utilizada por las fuerzas de seguridad españolas durante la votación acaecida en Cataluña el pasado 1ero de octubre, y la ola de repudio e indignación que causó, la tensión es máxima entre España y Cataluña.
Como se recordará, la ley adoptada por Cataluña convocando a un referéndum para el 1ero de octubre del 2017 fue adoptada el 6 de setiembre del 2017, y fue declarada ilegal por el juez constitucional español el 7 de setiembre pasado, invalidando el resultado en las urnas, cual haya sido este. Con relación a aspectos jurídicos, tanto de carácter constitucional como internacional, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra breve nota publicada en el portal de Ius360 titulada «Referéndum en Cataluña: a propósito de la carta colectiva de profesores de derecho internacional«.
En medio de fuertes movilizaciones, de la escalada verbal, así como de la renuencia de las autoridades españolas y catalanas a entablar algún tipo de diálogo, expertos de Naciones Unidas, este 4 de octubre del 2017, llamaron a restablecer canales de comunicación. Se trata del tercer comunicado que emana de órganos de derechos humanos de Naciones Unidas en menos de una semana, un hecho que no ha llamado mayormente la atención de observadores ni analistas.
En su alocución realizada el 3 de octubre por la noche (véase texto), el Rey de España, lejos de usar palabras conciliadoras y abrir la posibilidad de un diálogo, recurrió a fuertes calificativos contra las actuaciones de las autoridades catalanas: se trata, en nuestra modesta opinión, de una oportunidad desaprovechada por una figura que, en otras épocas, fue la llamada a reunir a la sociedad española en su conjunto.
En este tercer comunicado (véase texto completo en español y en inglés al final de esta nota), se lee que para los expertos en derechos humanos de Naciones Unidas: «Hay que encontrar el camino a seguir a través del diálogo político. Instamos al restablecimiento del diálogo efectivo como primer paso para calmar la situación«.
Este comunicado de Naciones Unidas fue seguido por la aprobación en España de un decreto ejecutivo, objeto de una amplia cobertura mediática, que facilita la salida de empresas cuya sede se encuentra en Cataluña (véase nota de prensa), al tiempo que el juez constitucional español ordenaba, como medida cautelar, la suspensión de una sesión del Parlament catalán prevista para el próximo lunes 9 de octubre (véase nota de prensa).
Pese a diversos llamados de las autoridades de Cataluña para intentar algún tipo de mediación, las autoridades españolas se han negado a acudir a un tercero, aduciendo que la situación debe resolverse sin su intervención, en el marco del derecho constitucional español.
En su comunicado oficial, los expertos en derechos humanos de Naciones Unidas hacen también ver que las autoridades de España deben cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. El pasado 2 de octubre, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas manifestó su profunda preocupación por el uso de la fuerza de los cuerpos policiales contra los votantes durante la consulta acaecida el Domingo 1ero de octubre (véase breve nota nuestra al respecto). Anterior a ello, expertos de Naciones Unidas habían advertido a España, de cara al referéndum, sobre la necesidad de respetar algunas de sus obligaciones en un comunicado con fecha del 28 de setiembre (véase breve nota nuestra con el texto de este comunicado).
Al persistir en su negativa al diálogo (y a la intervención de un tercero para facilitarlo), España también está ignorando el llamado al diálogo hecho por la Unión Europea (UE) el mismo 1ero de octubre: véase texto integral del comunicado de la UE en el que se lee que:
«Hacemos un llamamiento a todos los actores pertinentes para que avancen muy rápidamente de la confrontación al diálogo. La violencia nunca puede ser un instrumento en política«.
Es preciso señalar que, en caso de aceptarse una mediación por parte de un Estado, esta debería provenir de uno o de varios Estados con alguna estructura federal o casi federal: en las últimas horas ha trascendido que las autoridades de Suiza están intentando establecer contactos con las autoridades españolas y catalanas (véase nota de prensa).
En el ámbito internacional, pese a haber sido llamada expresamente para mediar por parte de las mismas autoridades catalanas, la UE se ha negado a hacerlo. No se ha registrado el envío de algún emisario a España en representación de otra organización internacional. Como bien es sabido, el diálogo permite desactivar una crisis. Si las partes lo rehúyen, los buenos oficios o la mediación de un tercero es recomendada. Para lograr una mediación exitosa en un conflicto, ambas partes deben aceptarla.
El tono amenazante de confrontación que exhiben las autoridades españolas solo puede contribuir a aumentar aún más la tensión en Cataluña, con todos los riesgos que ello acarrea.
Texto del comunicado oficial de Naciones Unidas, 4 de octubre del 2017
Expertos de la ONU instan al diálogo político para desactivar tensiones en Cataluña tras referéndum
GINEBRA (4 de octubre de 2017) – Expertos de las Naciones Unidas * exhortan a un diálogo urgente después de la votación sobre la independencia de Cataluña de España y subrayan la necesidad de que se respeten plenamente los derechos humanos.
«Estamos profundamente perturbados por la erupción de violencia el domingo 1 de octubre de 2017, durante la votación que tuvo lugar en Cataluña», dijeron los expertos en un comunicado conjunto. «Hay que encontrar el camino a seguir a través del diálogo político. Instamos al restablecimiento del diálogo efectivo como primer paso para calmar la situación.
«Instamos a las autoridades españolas a respetar plenamente los derechos humanos fundamentales, incluidos los derechos a la libertad de reunión y asociación pacíficas, la participación en los asuntos públicos y la libertad de expresión», añadieron los expertos.
Los expertos también pidieron que se investigue por qué cientos de personas que protestaban pacíficamente o trataban de votar y manifestar sus opiniones, al igual que algunos agentes de policía, resultaron heridas. El referéndum había sido declarado ilegal por el tribunal constitucional de España y la policía intentó detener la votación.
Annalisa Ciampi, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, subrayó que España tenía el deber de respetar y proteger el derecho de las personas a reunirse para protestas pacíficas.
«Esto requiere asegurar que todas las medidas para gestionar la protesta pública y las reuniones estén en conformidad con las obligaciones internacionales de España. Cualquier uso de la fuerza por parte de la policía debe ser necesario y proporcional «, dijo Ciampi.
Termina
*Los expertos de la ONU: Sra. Annalisa Ciampi, Relatora Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; Sra. Leilani Farha, Relatora Especial sobre la vivienda adecuada; Sr. Aldred de Zayas, Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; Sr. José Antonio Guevara Bermúdez, Presidente Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.
UN experts urge political dialogue to defuse Catalonia tensions after referendum
GENEVA (4 October 2017) – UN experts* are calling for urgent dialogue in the aftermath of the vote on Catalonia’s independence from Spain, and are stressing the need for human rights to be fully respected.
“We were deeply disturbed by the eruption of violence on Sunday, 1 October 2017, as the vote took place in Catalonia,” the experts said in a joint statement. “A way forward has to be found through political dialogue. We urge the re-establishment of effective dialogue as a first step to defusing the situation.
“We urge the Spanish authorities to fully respect fundamental human rights, including the rights to freedom of peaceful assembly and association, participation in public affairs and freedom of expression,” the experts added.
The experts also called for an investigation into why hundreds of people protesting peacefully or seeking to vote and manifest their opinions, as well as some police officers, were reportedly injured. The referendum had been declared unlawful by Spain’s constitutional court and police attempted to stop the vote.
Annalisa Ciampi, the UN Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, stressed that Spain had a duty to respect and protect people’s right to gather for peaceful protests.
“This requires ensuring that all measures to manage public protest and assembly are in conformity with Spain’s international obligations. Any use of force by police must be both necessary and proportionate,» said Ms. Ciampi.
ENDS
*The UN experts: Ms Annalisa Ciampi, Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association; Ms. Leilani Farha, Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context; Mr. Alfred de Zayas, Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable international order; Mr. José Antonio Guevara Bermúdez, Chair-Rapporteur of the Working Group on Arbitrary Detention.
(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Waca, la tierra de los bribris. 1979. (Edgar Trigueros, 1979) PARTE 1
Ya en Waca (1979), un documental de Edgar Trigueros, se denunciaba la situación en territorio indígena Bribri y Cabécar. El conflicto persiste aún ahora. Para ver Salitre, antecedentes del conflicto (2017, UNED) completo, ingrese en el siguiente enlace: https://youtu.be/MgHa2GMq-yY
Una larga historia de omisiones, de errores y de silencio. Una sucesión de abusos, agresiones, y olvidos.
En el país de la paz y el respeto a los derechos humanos, hay otra Costa Rica, donde un grupo de finqueros amparados por la fuerza pública, las autoridades judiciales y la municipalidad, pueden quemar casas, marcar con hierros al rojo vivo a una persona, amenazar y disparar armas de fuego, herir a las personas y perseguirlas con perros por la montaña.
Aunque la ley es clara sobre el respeto a la integridad del territorio, y la tradición es clara sobre los clanes matrilineales; eso parece que a nadie le importa.
Pero no se trata solamente de Salitre, ese es el caso que vemos ahora, pero la gente de Cabagra y la gente Cabécar de Ujarras, el pueblo Brunkajc y Broran, todos han sido lesionados en su autonomía e integridad del territorio.
Es una vergüenza, una pena, ver a algunos voceros en este documento, como el finquero William Vega, que aparece como un ignorante, misógino, prepotente e incapaz de entender que la tierra se quiera para algo más que para hacer plata; y peor el alcalde de una municipalidad invisible, Buenos Aires de Puntarenas, cantón en donde viven 5 pueblos indígenas, todos agredidos en la integridad de su cultura, que incluye su territorio.
En aras de alcanzar mayores niveles de paz social, con justicia y equidad en la cotidianidad universitaria y en todos sus ámbitos, las Universidades Públicas costarricenses adscritas al Consejo Nacional de Rectores (CONARE) declararon el 2017 como el «Año de las Universidades Públicas por la Vida, el Diálogo y la Paz».
Como parte de esta declaratoria se han organizado una serie de actividades a lo largo del año en las universidades públicas de Costa Rica. Dadas las condiciones de violencia de diferente naturaleza que viven las sociedades centroamericanas, nos interesa también reflexionar sobre esas condiciones y escuchar los testimonios de personas de los diferentes países que están comprometidas con las luchas y movimientos por la justicia y el fin de la violencia.
El 19 de setiembre del año en curso, a las 3:00 p.m. tendrá lugar el Foro de Reflexión sobre los Hechos de Violencia en Centroamérica en el Auditorio de la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica. En el documento adjunto encontrará información sobre las panelistas.
Cifra se genera por una mayor oportunidad de denuncia y visibilización del problema
Población alzó su voz para demandar mayor respeto y amabilidad de trato en servicios públicos y privados
Jenniffer Jiménez Córdoba,
Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
Los problemas que más aquejan al envejecimiento son de orientación económico. ¿Qué significa esto para los gobiernos de turno?: una redistribución de las cargas económicas destinadas a diferentes poblaciones, según la incidencia en el incremento de este grupo poblacional, afirmó Zulema Villalta del Conapam.
Maltrato, irrespeto y menosprecio, son algunas de las manifestaciones típicas de violencia que experimentan las personas adultas mayores en escenarios que van desde la atención en instituciones públicas o privadas, hasta en el uso del transporte público, e inclusive en el mismo hogar.
Así lo manifestaron un grupo de siete adultos mayores representantes de las sedes regionales y recintos de Puntarenas, Limón, Guanacaste y Alajuela, quienes compartieron sus experiencias de vida y retos que perciben ante diversas acciones cotidianas. Su presentación se dio en el marco de un Pre-Congreso realizado por el Programa de Posgrado en Gerontología de la Universidad de Costa Rica (UCR) el miércoles 23 de agosto, actividad que encabezó el VI Congreso Internacional de Gerontología que se llevó a cabo el jueves 24 y el viernes 25 en el Hotel Wyndaham Herradura.
Durante la exposición, los ponentes exigieron un mayor respeto, amabilidad, paciencia y calidad en el trato que reciben en diversos servicios públicos y privados, principalmente en hospitales, clínicas, bancos y transporte. La petición responde a una situación de violencia que ha estado viviendo esta población en los últimos años, y que ha incrementado en la cantidad de casos registrados.
De acuerdo con Zulema Villalta Bolaños, Presidenta de la Junta Rectora del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), la institución atiende anualmente cerca de 1.500 reportes, y cada año la cifra aumenta aproximadamente en un 20%. Villalta explicó que ese número se genera no porque exista más agresión a nivel social, sino porque los adultos mayores tienen una mayor oportunidad de denuncia.
Dentro de los espacios más frecuentes de maltrato se encuentran los servicios de salud, el hogar y el transporte público, donde este último es el más común. Beatriz Grant Rojas, adulta mayor y expositora en la actividad, expresó que algunos conductores de autobús del servicio público aún se niegan a aceptar la cédula que los exonera del pago del pasaje. Esa situación se suele acompañar de malos gestos, irrespeto, poca paciencia y la retención ilegal del documento por parte de los choferes.
En cuanto a los servicios de salud, Villalta señaló problemas de infraestructura para brindar una atención óptima a la población adulta mayor. “Cuando hablamos de salud, hablamos de un hospital que ya está colapsado, sin salones modernos, que vuelve grosera la permanencia de las personas adultas mayores. Las personas adultas mayores están para cumplir con un programa de acompañamiento, de dignidad”, indicó.
Para enfrentar la situación de violencia que experimenta la población adulta mayor, la UCR ha impulsado el Congreso Internacional de Gerontología desde hace de más de 10 años, con el propósito de incidir en las políticas públicas, y promover cambios sociales para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores.
Además, ha puesto a disposición un consultorio jurídico gratuito y especializado en la Facultad de Derecho, a fin de dar acompañamiento a los adultos mayores en la realización de dilegencias judiciales.
Un maltrato con secuelas
Filadelfio Sánchez Ramírez, también ponente en el pre-congreso y adulto mayor, enfatizó la falta de calidad en la atención al momento de realizar gestiones bancarias. En ocasiones quienes los atienden suelen evitar el contacto visual, y realizar los trámites sin tomar en consideración las limitaciones típicas de la etapa de la vejez.
“Queremos que se nos atienda con dignidad, como personas que somos, y que se nos respeten nuestros derechos. Deseamos que se eviten las actitudes de rechazo, y se nos dé una buena comunicación, que nos miren a los ojos. No es la primera vez que vamos a un banco y la persona que atiende no levanta la mirada porque es un adulto mayor. Esto es vergonzoso”, mencionó.
Los tipos de agresión que esta población sufre, abarcan desde el físico, sexual, psicológico, patrimonial y de abandono, hasta violencia institucional y estructural. El último se genera por la falta de políticas y recursos sociales para garantizar la calidad de vida de los adultos mayores.
Según información proporcionada por el Conapam, las consecuencias del abuso hacia las personas de edad avanzada genera fuertes repercusiones físicas y psicológicas, entre las que se destacan: daños físicos permanentes, dependencia a los medicamentos, trastornos en la alimentación, depresión, sentimientos de soledad, angustia, miedo y aislamiento, entre otros.
¿Cuáles son los principales mitos que dañan en la vejez? Averigúelo copiando la siguiente dirección y pegando en una nueva pestaña.
Actualmente, Costa Rica cuenta con diez leyes, diez decretos y seis declaraciones internacionales que protegen a las personas adultas mayores. Sin embargo, la presidente ejecutiva de la Asociación Gerontológica Costarricense (Ageco), Johanna Fernández, afirmó que aún se desconocen, no solo por parte de la población costarricense, sino también por las mismas personas en edad avanzada.
La situación hace que sean más vulnerables ante los malos tratos, la violencia y el abandono. Una de esas regulaciones es la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, que aborda los derechos para mejorar su calidad de vida en diversos ámbitos de educación, salud, laboral y recreativo, así como laborales, de integridad, de imagen, y a los residentes o usuarios en establecimientos privados.
“Si una persona no conoce sus derechos, tampoco conocerá los canales para hacerlos valer. Cuando sé cuáles son mis derechos, yo puedo contar con una mejor calidad de vida a la medida que los puedo hacer exigibles. En este aspecto la educación es fundamental, tanto para los mismos adultos mayores, como para el resto de la población costarricense”, manifestó.
Otras de las regulaciones existentes son: la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, el cual contempla el subsidio de bono de vivienda para las personas adultas mayores sin núcleo familiar; la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, que proporciona un fondo económico a establecimientos destinados a su cuido y atención; y la Ley de Protección al Trabajador, orientada a otorgar una pensión a las personas adultas mayores en situación de pobreza.
De igual forma está la Ley 8718, que establece el porcentaje que destinar la Junta de Protección Social a los programas de atención, y la 8153 la cual define el permiso para los establecimientos que pretenda brindar servicios a la población adulta mayor. Finalmente se encuentra la Ley 7972, que asigna recursos al Conapam, y la 7936 sobre el costo del transporte en los servicios de transporte colectivo.
Esfuerzo UCR para proteger a la población
El Congreso Internacional de Gerontología es una iniciativa que desarrolla el Programa de Posgrado en Gerontología de la UCR, que inició en el 2005 y se lleva a cabo cada dos años, con el propósito de promover cambios sociales para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores.
Este VI encuentro se reflexionó sobre la atención gerontológica centrada en la persona, es decir, como un individuo con necesidades y condiciones de vida diverso, que requiere una intervención diferenciada. Mabell Granados Hernández, directora del Posgrado de Gerontología, explica que dicho abordaje es esencial para tener una etapa de vejez con mejores condiciones, y preparar a Costa Rica para recibir un aumento considerable de la población adulta mayor en los próximos años.
“Aunque se han hecho muchos esfuerzos, todavía nos hace faltan muchas cosas por mejorar. Dese la academia procuramos contribuir en la calidad de vida de estas personas, y de nosotros mismos que estamos envejeciendo, para que tengamos un país más preparado, y podamos vivir una vejez en plenitud”, dijo.
El Comité de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (más conocida por sus siglas en inglés de CEDAW), dio a conocer el pasado 21 de julio sus observaciones finales al informe presentado por Costa Rica. El documento, disponible únicamente en inglés, es accesible en este enlace oficial de Naciones Unidas. La última comparecencia ante la CEDAW de Costa Rica corresponde a las observaciones finales que fueron hechas en el 2011 a los informes 5 y 6 presentados por Costa Rica de forma conjunta (véase Documento en español CEDAW/C/CRI/CO/5-6 de agosto del 2011).
La publicación de estas observaciones finales en esta última semana del mes de julio del 2017 coincide con un reportaje sobre la ausencia de mujeres en las papeletas presidenciales para las próximas elecciones a realizarse en Costa Rica en el 2018 (véase artículo del Semanario Universidad), así como con el exitoso estreno de la obra de teatro «Manuelita, la Libertadora del Libertador», que presentó este 28 de julio el talentoso y siempre innovador Teatro Espressivo: una original propuesta, de gira en América Latina, sobre la vida de quién fuese la compañera de vida de Simón Bolivar y mucho más (véase nota de La Nación).
El contenido de las recomendaciones finales hechas a Costa Rica en breve
El lector podrá apreciar mejor el alcance de las recomendaciones revisando el texto mismo antes señalado, disponible únicamente en inglés por el momento. A continuación, nos limitaremos a mencionar tan solo algunas de ellas.
Las limitaciones en cuanto al acceso a la justicia de las mujeres (Recomendación Número 9), en cuanto a la lucha contra estereotipos y prácticas discriminatorias (Número 14-15), contra la violencia de género (Número 17), y las deficiencias detectadass en materia de lucha contra la trata de mujeres (Número 21) preocupan profundamente al Comité de la CEDAW, entre muchos otros puntos. En el punto 23, recomienda que:
«the State party ensure that health care and social protection are available to women in prostitution, strengthen income-generating opportunities for women and provide exit programmes for women who wish to leave prostitution».
En materia de aborto, se lee que el Comité CEDAW recomienda a Costa Rica (punto 31):
«(a) Amend the Penal Code to legalize abortion in cases of rape, incest, or severe foetal impairment and decriminalize abortion in all other cases as well as provide women with access to quality post-abortion care; (b) Accelerate the adoption of technical guidelines for therapeutic abortion and conduct awareness raising campaigns to prevent stigmatization of women seeking abortion».
Sobre este último ámbito, remitimos al lector al artículo titulado «La gran deuda histórica de Costa Rica en materia de aborto», publicado el pasado 8 de marzo del 2017 por dos jóvenes y valientes juristas en el sitio de la Asociación Costarricense para el Derecho Internacional (ACODI).
Foto extraída de artículo de prensa titulado «Costa Rica sería demandada por violar derechos humanos» del 2015.
Recomendaciones sobre la imperiosa necesidad de proteger de manera mucho más efectiva a las mujeres indígenas y afrodescendientes (Número 37), así como a las mujeres migrantes (Número 39), constituyen señalamientos que, en el pasado, Costa Rica ha recibido por parte de otros órganos de Naciones Unidas, sin lograr avances notables.
El Comité de la CEDAW reitera además su recomendación hecha a Costa Rica en el 2003 sobre medidas temporales especiales (Recomendación Número 13). Sobre el mismo ejercicio realizado en el 2003 ante el Comité de la CEDAW por Costa Rica, remitimos al lector a esta publicación muy completa de la ONG internacional OMCT.
El punto de las medidas temporales especiales pareciera no lograr mayores avances, como muchos otros. En sus observaciones finales del 2011 (véase texto), ya se leía que (punto 17):
«El Comité recomienda al Estado parte que ponga en marcha nuevas iniciativas para contribuir a que se comprenda mejor el concepto de medidas especiales de carácter temporal y promover su aplicación, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general 25, como parte de una estrategia necesaria para lograr la igualdad sustantiva de la mujer, en particular en beneficio de los grupos desfavorecidos de mujeres, en ámbitos como la salud, la educación y el empleo».
La importancia de los informes alternativos
A diferencia de lo que ocurre con otros informes presentados por Costa Rica ante órganos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, los integrantes del Comité de la CEDAW pudieron tener acceso a informes alternativos preparados por entidades de la sociedad civil. Se trata de información no estatal que los integrantes de órganos de tratados siempre aprecian: en algunos casos, desdicen formalmente lo sostenido por las autoridades, en otros, evidencian lagunas y vacíos que los Estados intentaron eludir en su informe de cumplimiento.
En este preciso caso, se trata de los informes de la Coalición feminista para el avance de los derechos de las mujeres (véase documento completo) y de la ONG IBFAN – International Baby Food Action Network, así como de un informe proviniente de estudiantes del American University Washington College of Law. En el 2003, para un ejercicio similar de Costa Rica, se publicó por parte de la coordinadora denominada Agenda Política de Mujeres un muy detallado Informe Sombra (véase texto completo).
Para esta sesión del 2017, la Defensoría de los Habitantes elaboró un informe también denominado «alternativo» (véase texto completo), lo cual plantea algunas interrogantes: la Defensoría de los Habitantes, al igual que otros órganos fiscalizadores del Estado costarricense, forma parte del mismo Estado.
En efecto, la palabra «alternativa» sugiere informes que permitan a los expertos que sesionan en un órgano internacional de tratados tener una visión de los problemas distinta de la oficial, conocer en detalle las limitaciones de las medidas tomadas por el Estado, y cotejar datos y estadísticas oficiales con los de entidades civiles. Es deseable que cada vez que un Estado presenta un informe de cumplimiento, las ONG hagan ver la otra parte de realidad que no siempre se deja entrever en los datos oficiales aportados: por ejemplo, indicar que para que una ley sea efectiva, debe aprobarse su respectivo reglamento es algo que permite apreciar mucho mejor los alcances de las reformas legales. En ese sentido, es altamente recomendable que las ONG de Costa Rica presenten informes propios e independientes cada vez que Costa Rica es llamada a comparecer en Naciones Unidas en materia de derechos humanos ante uno de estos órganos de tratados (Nota 1). La información adicional que puedan producir entidades estatales especializadas es por supuesto valiosa, en particular cuando se trata de instituciones nacionales de derechos humanos. No obstante, y como apuntado anteriormente, no deberían usar la palabra «informe alternativo».
Informe del Estado y observaciones finales al informe: una divulgación integral necesaria
Nótese que las observaciones finales del Comité de la CEDAW a este informe de Costa Rica son pocamente divulgadas, como ocurre a menudo con otros señalamientos que emanan de órganos internacionales. Esperemos que su versión en inglés sea prontamente traducida al español y que las ONG difundirán ampliamente su contenido: y ello de manera integral.
En efecto, a diferencia de lo externado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica (véase texto del comunicado de prensa con fecha del 7 de julio reproducido al final de esta misma nota), los integrantes del Comité de la CEDAW no se limitaron a felicitar y alabar a Costa Rica.
Desde el punto de vista de la ciencia de la comunicación, es de señalar la habilidad con la que las autoridades diplomáticas valoran una parte las observaciones finales hechas por el Comité de la CEDAW, sin tan siquiera mencionar las demás y mucho menos los alcances de algunos señalamientos.
A modo de conclusión
Como es sabido, Costa Rica arrastra una deuda en materia de derechos humanos cada vez más pesada. El caso de la sentencia del 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Fecundación in Vitro (FIV), que Costa Rica desacató durante más de dos años, evidenció las resistencias institucionales en la materia: tuvimos la oportunidad de reseñarlas con ocasión del nacimiento de la primera bebé procreada mediante la FIV en Costa Rica, quién nació el pasado 8 de marzo del 2017 (Nota 2).
Ante esta situación que mantiene irresueltos los reclamos y las reinvindicaciones de varias entidades, estas comparecencias en Naciones Unidas por parte del Estado costarricense deberían de servir de base para relanzar el debate sobre álgidos temas de la agenda nacional en materia de derechos humanos. Teniendo claro que justo después de su comparecencia, el Estado siempre buscará presentar la parte más conveniente y favorable de los informes que emanen de una entidad internacional y que es menester completar la información presentándolos de manera completa. Esta misma sensación de disonancia informativa se pudo verificar en el 2016, con relación esta vez a las observaciones finales hechas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH) al informe presentado por Costa Rica (véase nuestra nota al respecto publicada en DerechoalDia), ejercicio en el que se presentó un «informe alternativo» proveniente de la misma dependencia estatal precitada (Nota 3).
Nota 1: Se trata de los siguientes órganos de tratados que revisan los informes periódicos sobre cumplimiento que deben presentarles los Estados Partes: el Comité de Derechos Humanos (CCPR), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Comité contra la Tortura (CAT), el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT), el Comité de los Derechos del Niño (CRC), el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad (CRPD) y el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED). Al no haber firmado ni ratificado la convención correspondiente, Costa Rica no debe comparacer ante el Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW).
Nota 2: Véase nuestra breve nota, publicada en el sitio de Ius360 y disponible aquí.
Nota 3: Para este ejercicio del 2016 de Costa Rica ante los miembros del CDH, se presentó un informe «alternativo» elaborado por la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica (véase informe), lo cual plantea algunas interrogantes en la medida en que se trata de un órgano adscrito al aparato estatal. Desde el punto de vista terminológico, se recomienda no usar el adjetivo «alternativo» para este tipo de documentos, sino denominar este tipo de informes como lo que son: «Informe de una Institución Nacional de Derechos Humanos» (usando el léxico consagrado como tal en la materia en Naciones Unidas).
Documento de interés:
Comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, con fecha del 7 de julio del 2017
JULIO 07, 2017 03:42 PM
El CEDAW felicita a Costa Rica por los progresos alcanzados en la eliminación de discriminación contra la mujer
Ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos Esfuerzos significativos en materia de créditos para las micros, pequeñas y medianas empresas.
Los expertos del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) felicitaron Costa Rica por los progresos alcanzados, específicamente la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos y los esfuerzos significativos en materia de créditos para las micros, pequeñas y medianas empresas. Además, la Presidenta del Comité reconoció todos los esfuerzos de Costa Rica e instó al país a considerar las recomendaciones del Comité en aras de mejorar las condiciones de las mujeres costarricenses.
También, los expertos del Comité alabaron la metodología utilizada para presentar el informe y la sinceridad con la que la delegación se refirió a los desafíos imperantes en el contexto actual para el avance de la implementación de las recomendaciones. En la defensa del sétimo informe sobre el cumplimiento por parte de Costa Rica de los compromisos estipulados en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Ministra de la Condición de la Mujer, Alejandra Mora, el Director de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Christian Guillermet, la Magistrada Doris Arias; la Directora General de Áreas Estratégicas del INAMU, Yolanda Delgado y el Coordinador del Programa Sectorial de Género del Ministerio de Agricultura, Robin Almendares, respondieron las diversas consultas planteadas por los expertos del Comité relativas a los primeros dieciséis artículos de la Convención.
Los miembros del Comité realizaron preguntas exhaustivas a la delegación costarricense en los temas de paridad de género, violencia doméstica, datos desagregados, coordinación interinstitucional, acceso a la justicia, aplicación de la normativa internacional en la legislación interna, mecanismos de seguimiento de las recomendaciones del comité, capacitación en cuestiones de género de distintos grupos de profesionales, acceso a la educación y la salud.
La Ministra Mora, en su calidad de jefa de la delegación, hizo una actualización de los avances en las normativas, políticas y acciones del Estado para propiciar la igualdad y equidad de género y para potenciar y proteger los derechos de las mujeres. El Embajador Guillermet se refirió a la articulación interinstitucional para la implementación de los Objetivos de Desarrollo de Sostenible (ODS) y la representación de las mujeres en el Servicio Exterior de Costa Rica.
La Magistrada Arias hizo uso de la palabra para aclarar las dudas sobre la aplicación de los tratados en la legislación sobre violencia doméstica y el tema de acceso a la justicia.
Por su parte, la señora Delgado explicó varias de las iniciativas que se están ejecutando en Costa Rica para impulsar el empoderamiento económico de las mujeres y las acciones orientadas específicamente a las mujeres indígenas, afrodescendientes, con discapacidad y migrantes. El señor Almendares comentó acerca del rol de las mujeres rurales en los procesos de planificación territorial y los derechos que han adquirido en la tenencia de tierras.
La Ministra Mora agradeció los comentarios del Comité y expresó su profunda convicción sobre cómo un cambio en el mundo de las mujeres se traduciría en un cambio del mundo; enfatizando que los cambios deben realizarse de manera estratégica; y para eso es necesario contar con retroalimentación.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Está muy próxima la fecha (30 de julio) en que el pueblo de Venezuela votará para escoger los representantes del pueblo para conformar la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el presidente Nicolás Maduro en ejercicio de sus funciones constitucionales.
La oposición venezolana, responsable de la destrucción de innumerables bienes del Estado, por tanto del pueblo, y de provocar la violencia que se ha saldado con más de un centenar de muertos, se está amparando el respaldo que le da el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien ha ido por aquí y por allá, para solicitar urgentemente sanciones en contra de Venezuela y su gobierno y la ejecución de un golpe de Estado destinado a devolver a las antiguas oligarquías, que Chávez con el apoyo del pueblo, des arrebató mediante sucesivas elecciones. Las presiones ejercidas sobre el gobierno bolivariano son inmensas, pero la voluntad del pueblo de resistir y de reconstruir la patria para blindarla de estos intentos de los antiguos vasallos del extranjero que dominaron al país por más de dos siglos Tribunal es firme y sólida, como se demostró en el ensayo electoral que se realizó con grande éxito.
La oposición ha continuado con el libreto que le ha elaborado en el extranjero: han nombrado nuevos magistrados de Justicia, acto que inmediatamente fue descalificado por el Tribunal de Justica en funciones, con el agregado de que ha amenazado a los infractores de la ley con la cárcel, por desacato y ejercer funciones que no les corresponden en este tiempo.
Todo este tinglado ha recibido el respaldo sin restricciones de la prensa internacional que se ha dedicado a falsificar la verdad de lo que pasa en Venezuela y ha fabricado mentiras para darnos la impresión de que el régimen chavista es una dictadura y que su derrumbe es inminente. Nada más falso. Ese régimen está ahí tras haber derrotado a la derecha en múltiples elecciones, y por tanto es legítimo y democrático.
Lo que no dicen los periódicos y los demás medios es que Venezuela está asediada económicamente con el mismo guion que se aplicó a la Unidad Popular y a Allende en Chile y con el mismo plan intervencionista que realizó con el golpe de Estado en contra de Árbenz en Guatemala, en contra de Juan Bosh en Dominicana, en contra de Bishop en Grenada.
Tampoco dicen que Venezuela es un país libre de analfabetismo, que ha entregado más de un millón de viviendas totalmente equipadas, que ha distribuido una computadora a cada niño escolar, que ha mejorado la nutrición de los escolares, que ha elevado la matrícula universitaria y ha creado nuevas universidades, que ha impulsado la misión salud con el respaldo de los médicos cubanos y ha elevado el bienestar en salud de los venezolanos, que ha instalado fábricas importantes, que la elevado el nivel de los ingresos de los obreros y campesinos, fortalecido las Fuerzas Armadas, ha fabricado y puesto en órbita el satélite Simón Bolívar que permite el acceso a Internet a los venezolanos, que ha disminuido el límite de la pobreza y que ha regulado los precios al consumidor para evitar las ventas con precios abusivos.
Podrá estar un pueblo en contra de un régimen que tanto le sirve. Por eso estamos seguros que la fiesta electoral del domingo será una bofetada a quienes quieren retrotraer a Venezuela a neocolonialismo. Será el punto definitivo de partida para poner un cerrojo a prueba de golpes de Estado en contra de la democracia que trabaja para la consolidación del socialismo del siglo XX.
