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Etiqueta: Vladimir de la Cruz

Realicemos el Funeral de Estado que le debemos al Presidente y Benemérito de la Patria, Juan Rafael Mora Porras y las Honras fúnebre de Honor a los Generales Ignacio Arancibia y José María Cañas

Vladimir de la Cruz
Secretario de la Academia Morista Costarricense

Un día como hoy, 30 de setiembre, hace 164 años se escribió “la página más triste y sangriente de la historia de Costa Rica”, como lo expresara el gran historiador Rafael Obregón Loría, quien tuvo a su cargo, con motivo de la celebración del centenario de la derrota de los filibusteros norteamericanos en Costa Rica y en Centroamérica, el escribir el mejor libro y relato de aquella epopeya nacional y centroamericana, “La Campaña del Tránsito, 1856-1857” y ”Costa Rica y la guerra contra los filibusteros”, títulos con que se ha publicado su investigación histórica.

“La página más triste y sangriente de la historia de Costa Rica”, haciendo relación al crimen de Estado que se cometió aquel 30 de setiembre, de 1860, cuando se acabó con la vida del Prócer, del Benemérito de la Patria, del gran Capitán General, del Libertador de Costa Rica y Nicaragua, ante las amenazas de extender e imponer la esclavitud en nuestros países, como parte de las intenciones de William Walker, de apropiarse de los territorios centroamericanos, incorporarlos a la Unión Americana, acabar con la Independencia y Soberanía de nuestros países, y acabar con la Libertad convirtiéndonos en pueblos esclavos, de conformidad a los intereses sureños de los Estados Unidos.

Dos días después del fusilamiento de Juan Rafael Mora, el 2 de octubre, también acabaron con la vida del General José María Cañas Escamilla, por una orden del Consejo de Gobierno, habida cuenta que un Tribunal Militar, como falsamente se montó contra el Presidente Mora, no hubiera tomado una decisión de ese tipo, además de que se había tomado un acuerdo, con el Presidente Mora, de acabar con su vida, respetando la de sus compañeros, que habían venido con él desde El Salvador con el propósito de retomar el poder, que le había sido arrebato el 14 de agosto de 1859, por un golpe de Estado.

El tres veces Presidente de Costa Rica fue derrocado, de su tercer gobierno, por quien le sucedió a la presidencia, José María Montealegre, quien había estado casado con una hermana del Presidente Mora, por los militares, que se habían distinguido en la Campaña contra los filibusteros, el Mayor Máximo Blanco y el Coronel Lorenzo Salazar, a quienes Montealegre había ascendido a Generales, y quienes formaron parte del Tribunal Militar que acordó su ejecución.

El Presidente Mora había tomado la decisión de regresar al país de su exilio en El Salvador a retomar el poder arrebatado. El 17 de setiembre de 1860 llegó a Puntarenas. Traicionado, que fue, y por una falsa información que había recibido, fue derrotado en la llamada Batalla de la Angostura por fuerzas leales al gobierno de José María Montealegre Fernández. Terminó siendo capturado y sometido a un juicio militar sumario, condenándosele a la muerte. Su muerte, informó el Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco María Iglesias Llorente, al Presidente José María Montealegre, “fue con dignidad y valor”.

En la negociación de su fusilamiento se había eximido de igual desenlace al General José María Cañas.

Junto al Presidente Mora fue fusilado el General Ignacio Arancibia, de origen chileno, distinguido militar que también había participado en la Guerra Nacional contra los filibusteros y acompañaba al Presidente Mora.

El acto traidor e infame del fusilamiento se llevó a cabo el 30 de setiembre de 1860, a las 3 de la tarde, en el sitio conocido como Los Jobos, en Puntarenas. Allí mismo, luego fusilaron el General Cañas.

El Consejo Militar, que actuó como Consejo de Guerra, y Consejo de Asesinos uniformados, que lo fusilaron tres horas después de su entrega, estuvo integrado por el General Máximo Blanco, el General Florentino Alfaro, el Coronel Pedro García, Francisco Montealegre Fernández, que era el Primer Designado a la Presidencia de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco María Iglesias.

El trato que le dieron a los cuerpos fusilados del Presidente y del General Arancibia fue de desprecio total. Los dejaron expuestos, a la intemperie, con el ánimo de que las aguas del estero se los llevaran, y los animales hicieran de las suyas.

Gracias a un grupo de entrañables amigos, y parientes, del Presidente, entre ellos los Cónsules de Gran Bretaña y de Francia, los señores Richard Farrer y Jean Jacques Bonnefil, junto con los yernos de Bonnefil, Santiago Constantine y Julio Rosat, y el Capitán Francisco Roger, se impidió que los cuerpos acabaran en el estero.

Una vez que recuperaron los cuerpos procedieron a enterrarlos en el cementerio del estero, en una fosa cavada por ellos mismos, donde depositaron también el cuerpo de General José María Cañas, y resguardada por los siguientes seis años.

El 20 de mayo de 1866 el Cónsul francés Jean Jacques Bonnefil, con cuatro personas, marineros, Carlos Leonara, Enrique Ligoneff, Francisco Hervé y Guillermo Noubée, exhumaron los cadáveres, los recogieron y mantuvieron durante un breve período de tiempo en la residencia del Cónsul, en Puntarenas, de donde los trasladaron después a San José, a la residencia del Cónsul, que estaba frente al Hospital San Juan de Dios.

En su casa se guardaron los restos de los Héroes hasta que el 13 de mayo de 1885 fueron depositados en el Cementerio General de la ciudad de San José, sin que se hubiera hecho nunca, a partir de esta fecha, ningún ceremonial oficial de Entierro de Estado, de Funeral de Estado, al Presidente de la República, Benemérito y Héroe de la Campaña Nacional de 1856 y 1857

La sociedad costarricense, el mundo político nacional, tiene una gran deuda histórica con el Benemérito de la Patria, con el Héroe y Libertador Nacional, con el gran conductor, gran estratega y táctico, de la Guerra Nacional contra los filibusteros norteamericanos, en 1856 -1857, el tres veces Presidente de la República, el Capitán General Juan Rafael Mora Porras. Es hora de saldar esa deuda.

Está pendiente desde aquel Asesinato de Estado es un gran acto nacional, que debe realizarse con un Gran Funeral de Estado, donde se cumpla, con el reconocimiento oficial, a la figura del Presidente Juan Rafael Mora Porras, y que se realice con toda la pompa, ceremonia y desfile que merezca, y donde resultado de este Funeral de Estado, se celebren las Honras Fúnebres Oficiales, y se reivindique, de esa manera, su memoria depositándolo oficialmente en su sepultura, en el Cementerio General, o en el Mausoleo, que con ese motivo se podría erigir de manera distinguida en el mismo Cementerio.

El Funeral de Estado comprende el acto, en este caso, el acto de exhumación, de exequias o del cortejo fúnebre que debe realizarse acompañando los restos, los actos oficiales que se realicen en su Memoria en la Asamblea Legislativa, bajo capilla ardiente, u otros sitios que se dispongan a este efecto, incluyendo un acto ceremonial religioso, católico, que también se le podría tributar, por razones de su credo y de la tradición de mediados del siglo XIX, y el de nuevo depósito de sus restos en el Cementerio General.

La exhumación de los restos del Presidente Juan Rafael Mora, a los efectos del Funeral de Estado, deben sacarse del Cementerio General en un acto absolutamente privado, y llevado al sitio donde se le rendirá el Funeral de Estado.

El Funeral de Estado es la ceremonia pública que en Honor de la figura política del Presidente Juan Rafael Mora Porras debe realizarse.

Un Funeral de Estado no es un funeral religioso. Con el Funeral de Estado se decretan por lo menos tres días de Duelo Nacional, con el Pabellón Nacional y la Bandera Nacional a media asta, en todos los edificios e instituciones de la administración pública, de las Escuelas y Colegios, en que se exhiban banderas en el exterior. A esas banderas no se les deben poner crespones o lazos negros

Las fuerzas de escolta que acompañen el féretro deben ir a pie, no a caballo, de manera que nadie esté por encima del féretro.

En el Funeral de Estado que se organice para el Presidente Juan Rafael Mora Porras se puede contemplar la realización de una Vela Pública, de uno a tres días, con Guardia de Honor, de la Fuerza Pública y de civiles que quieran participar de ella, donde los costarricenses, escolares, estudiantes, ciudadanos, sean invitados, a acompañar los restos del Héroe, antes del ceremonial oficial y de su entierro definitivo, resultado de este Funeral de Estado.

La Guardia de Honor, debe estar en absoluto silencio, durante unos minutos alrededor del féretro. Su silencio es para manifestar el respeto y el afecto hacia la persona a la que se le está rindiendo el Homenaje. La Guardia de Honor se hace por turnos de varias personas, dos, cuatro o seis.

La Vela Pública es para que el Pueblo de manera directa pueda despedirse del Presidente Juan Rafael Mora Porras, el Presidente más amado, más querido, más admirado de la Historia Patria.

Un Funeral de Estado, para el Presidente Juan Rafael Mora Porras, servirá no solo para reivindicar el acto de su muerte, sino para fortalecer su Memoria, el culto y el respeto al Héroe, para fortalecer la identidad nacional en lo que el Presidente Mora evoca y significa, para enriquecer la conciencia histórica, pero sobre todo para hacer Justicia Histórica con el Héroe Nacional, que no tuvo su Funeral de Estado, su Funeral Oficial, con el que estamos en deuda nacional, quien le aseguró la Soberanía y la Independencia nacional al País, a la Patria, al Pueblo costarricense y centroamericano.

Este Funeral de Estado no será de despedida, es de bienvenida y de inserción oficial a la Memoria Histórica nacional.

El féretro del Presidente debe cubrirse con el Pabellón Nacional, para indicar en este caso, además, que el Estado se hace responsable de lo que ocasionó su muerte.

El Funeral de Estado es el máximo respeto a su memoria, el que no se le tuvo en el acto vil de su fusilamiento.

De igual modo, para esta ocasión del Funeral de Estado, debe tenerse presente la obra musical el “Duelo de la Patria”, un Himno que evoca la tristeza, la pena y el dolor nacional, de todo el pueblo, del Maestro Rafael Chávez Torres, discípulo de Manuel María Gutiérrez, y sucesor de él en la Dirección de Bandas Militares, Himno que por primera vez se entonó en el Funeral del Presidente Tomás Guardia Gutiérrez, quien también se había distinguido en la Campaña Nacional, bajo las órdenes del General José María Cañas Escamilla.

El fusilamiento de los Héroes de 1856 y 1857, especialmente el del General Cañas, fue el acto que impulsó al Presidente Tomás Guardia Gutiérrez a abolir la pena de muerte en el país.

Sobre las verdades en la interpretación histórica, social y política

Vladimir de la Cruz

Los hechos y eventos históricos suelen ser interpretados, analizados, reflexionados, discutidos, pensados, desde distintas perspectivas. Eso es válido.

En materia de análisis socio histórico me atrevo a decir que no hay verdades absolutas, aunque hay historiadores, analistas, pensadores que parten de que sus enfoques son la Verdad Absoluta, casi a modo de un dogma religioso.

Estos enfoques, igualmente, descansan en la metodología científica o teórica que se emplea para estas perspectivas analíticas, así como en el acervo doctrinal en que cada historiador, analista o pensador fue formado, o a partir de la cual se fue formando o estudiando.

Muchas veces les proponía a mis estudiantes, cuando interrogaban sobre este aspecto, que partieran por un momento, de un objeto que se podía colocar entre ellos y yo, donde todos estábamos al frente de ese objeto, ellos desde distintos lados que el mío, y que pasáramos a describirlo en el punto en que cada uno podía verlo. Efectivamente, se producía la diferente percepción y descripción del objeto. Y, era el mismo objeto que todos estábamos observando. Así, les decía que son los eventos históricos o sociales, por lo que en las Ciencias Sociales, incluida la Historia, había posibilidades de ver analíticamente distintas cosas del mismo objeto o evento de análisis.

Puestas así las cosas, les terminaba diciendo a los estudiantes que el conjunto de “verdades” que cada uno tenía de la observación del objeto “sumaba” para tener una aproximación a lo que podríamos llamar la “verdad absoluta”, la Verdad. De manera que, en las Ciencias Sociales no había verdades absolutas, lo que había eran verdades relativas.

Traigo esto a colación de la discusión que se produjo a finales del siglo pasado, cuando se acercaba el proceso de la celebración del V Centenario de la llegada de los españoles y europeos al continente, sobre la premisa de que los españoles y europeos, e incluso americanos, de todo el continente, hasta ese momento celebraban el llamado “descubrimiento” de América”. Así se impuso su celebración desde el IV Centenario de esa llegada, en 1892.

En esta discusión se estableció el cambio de denominación de esta llegada, para desde entonces hablar del “Encuentro de Culturas”, término más apropiado, habida cuenta que no se podía descubrir lo que estaba densamente poblado. Distintos enfoques señalan que en América pudo haber a la llegada de los europeos, en 1492, hasta 100 millones de habitantes; en Centroamérica, el historiador Mario Flores Macal, llegó a afirmar que pudo haber hasta 7 millones y para Costa Rica, la antropóloga Eugenia Ibarra sostiene, la tesis más aceptada para los estudios costarricenses de ese período, al menos de medio millón de habitantes. Por otros análisis, de arquitectos especialmente, los he escuchado, analizando los basamentos de los poblados de las comunidades aborígenes, calculan que en Costa Rica pudo haber habido una población cercana al millón de habitantes.

De la discusión sobre el número de habitantes en el continente americano, dos grandes tesis se desprenden. La primera, que había poca población; la segunda que había mucha población. De ambos enfoques, igualmente se magnifica o minimiza el impacto de esa llegada en los procesos de conquista y colonización. Para el caso costarricense, si partimos de la tesis de Ibarra o de los arquitectos, había mucha población, y a finales del siglo XVIII la población apenas pasaba los 30.000 habitantes.

Para el momento que hubo que elegir el Diputado a las Cortes de Cádiz hubo que reunir la provincia de Costa Rica y el Partido de Nicoya para alcanzar el número de habitantes necesarios para poder elegir diputado. Así salió Nicolás Carrillo y Aguirre, que al renunciar fue sustituido por el Presbítero Florencio del Castillo, que fue uno de los más distinguidos diputados, lo que se le reconoce en una Placa en el Convento de San Felipe de Neri, donde se realizaron las sesiones de las Cortes de Cádiz.

Y, para el momento de la ruptura con el orden colonial, al momento de la Independencia, había una población que giraba alrededor de los 50.000 habitantes. Cuando llegaron los filibusteros norteamericanos a Centroamérica, en 1855-1857, en Costa Rica había 100.000 habitantes.

¿Qué se hizo esa población originaria? En el proceso histórico lo que vemos hasta hoy es un crecimiento constante de la población local, regional, nacional y mundial. Aquí entra, entonces, la discusión sobre el impacto devastador de la conquista y la colonia europea, de despoblamiento, de conformidad a todas las causas que lo quieran explicar. Los que sostienen la tesis de la menor población del continente, con ello minimizan ese impacto negativo que la presencia europea tuvo.

Como profesor siempre me ubiqué en las tesis maximalistas, de la mayor población en el continente, para desde esta perspectiva explicar con más fuerza ese impacto catastrófico sobre las culturas aborígenes y originarias del continente y de Costa Rica. Pero entendía, y también les señalaba a los estudiantes las otras posturas interpretativas.

Estas discusiones alrededor del análisis histórico y contemporáneo, de nuestras realidades histórico-políticas, siguen sucediendo, con igual pasión, y en algunos casos como extremo delirio, confusión y falta de conciencia. Es natural que así sea. Y son hoy políticamente impulsadas, especialmente desde el poder, las tesis que produzcan esas reacciones contra quienes enfoquen críticamente el ejercicio del poder político.

Troles y fakes news

El subjetivismo en el análisis del evento social, histórico o político conduce inevitablemente a establecer “verdades absolutas”, o “falsas verdades”, especialmente de estos extremistas, las que muchas veces se hacen descansar en aspectos morales, ¡síquicos!, de desinformación o información manipulada, lo que se ve, con mayor evidencia, en los troles que se usan, en esas personas pagadas ex profeso, para estar denigrando a quienes en estos análisis sostienen tesis críticas de un actor político, de su gestión o de los eventos políticos que gestiona o administra. Parte de las llamadas fake news y de la llamada post verdad, a eso responden.

En el caso costarricense muchos de estos troles ni siquiera tienen capacidad de leer los artículos que los ponen a criticar negativamente, o a insultar a quienes los escriben. En muchos casos se quedan en el ataque al título del artículo o en el ataque al mensajero y no en el análisis contrario del mensaje.

En materia del análisis histórico aún no hemos llegado allí, pero hay aproximaciones, sobre todo cuando se responde un artículo, concentrando la crítica al autor más que aportando otra perspectiva del análisis de lo que se plantea. Así sucede, a veces, en torno a eventos como la celebración de la Fecha Patria, relacionada con la Independencia de Costa Rica, que tiene que ver con la de Centroamérica y la de Guatemala, a lo que me referiré en el próximo artículo.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

¡A jugar y aprender con la Historia de Costa Rica!

Vladimir de la Cruz

Entre los juegos de mesa está el juego de naipes o de baraja, que se considera un conjunto de cartas. Se ha inmortalizado el juego de naipes por grandes pintores que dejaron en sus lienzos partidas de juegos.

Se dice que se juegan desde la antigüedad. El origen del juego de naipe lo disputan la India, China y Egipto, que lo remontan al siglo IX, en la China, como la práctica documentalmente reconocida, conocido en ese siglo como el “juego de la hoja”.

En la tradición china se dice que fue inventado por las mujeres de los harenes para entretenerse.

En Persia se practicó un juego de naipe, que se popularizó en la India en el siglo XVI. Se estima que desde Oriente se introdujo en Europa, por medio de los árabes y los cruzados, que influyeron en el desarrollo y la práctica del juego en España, impulsando la baraja española. Un naipe egipcio que se conserva tiene 52 cartas.

En 1310 en Barcelona se prohibió los juegos de cartas. Y Alfonso XI de Castilla prohibió en 1331 a los caballeros jugar naipes. Igual lo hizo Juan I de Castilla en 1387. De España se pasó el juego a Italia.

En la práctica social se usó el juego de naipes para entretener niños. En París se prohibió que los trabajadores durante sus jornadas jugaran naipes. Hacia 1400 se había prohibido el juego en Francia, Suiza, Alemania y los Países Bajos.

En todos los lugares donde se jugó se emplearon prácticamente las mismas reglas: reparten cartas a los jugadores, uno por uno, se barajan los naipes antes de repartirlos, las cartas se mantienen boca abajo obligando a que cada jugador solo conoce sus cartas, el orden del juego se hace siguiendo las manecillas del reloj, lo que también se puede invertir.

En los juegos de naipes hay gran variedad de formas de naipes y de jugarlo, lo pueden jugar normalmente dos o más jugadores y en el juego solitario un jugador se entretiene solo, lo juega solo.

El objetivo de cada juego de cartas puede cambiar. Lo usual es que en el juego los jugadores vayan deshaciéndose de sus naipes o cartas, quedando de perdedor el que al final se quede con naipes, ganando quien se deshace de ellos. En general todos los naipes tienen el objetivo de crear secuencias por órdenes determinados.

El juego de naipes hoy se puede desarrollar como entretenimiento familiar, para hacer apuestas, con naipes especiales para artes adivinatorias, para estimular conocimientos básicos con cada carta, las que contienen mensajes o datos específicos que ayudan a enriquecer la memoria del jugador, a modo de juegos de colección, que también tienen sus propias reglas de juego.

Es usual, repito que se juegue naipes a nivel familiar, incluyendo niños, lo cual ayuda a fortalecer lazos familiares, a enriquecer relaciones sociales. He participado de ellos y es divertido ver a los niños, en mi caso nietos, pensar o calcular las movidas de sus cartas, sin que medien apuestas o dinero de por medio en el juego.

Dos jóvenes talentosos, ambos comunicadores sociales, estudiantes universitarios todavía, Luis Martínez Solano y Gabriel Cerdas Monge, ambos pequeños “empresarios” de la comunicación, desarrolladores de programas en las diversas plataformas de las redes sociales, han venido trabajando desde hace ya bastantes meses en un Programa de Historia de Costa Rica, al que invitan a profesionales, historiadores, conocedores de la Historia Patria a compartir con ellos espacios de una hora, sometidos sus invitados a interrogatorio sobre su conocimiento o el tema que proponen para hablar. Con ellos he venido participando con bastante regularidad.

El año pasado, su esfuerzo, dedicación y tenacidad les fue reconocida en los Premios Nacionales, cuando se les dio una Mención de Honor en el Premio Joaquín García Monge en Comunicación Cultural, un merecido reconocimiento a su esfuerzo y trabajo, que tiene una proyección sobre más de 100.000 seguidores, en una de sus plataformas de divulgación de temas patrios.

Hace algún tiempo desarrollaron la idea de un juego con temas históricos nacionales. Lo idearon bajo la modalidad de un juego de cartas, que lo acaban de sacar al público, con 80 cartas con diversas fechas nacionales. En este sentido encontraron una aliada muy importante, la señora Vivian Steinvorth, que tiene una PYME, que les ha permitido elaborar, producir y publicar, con el sello GUABAYA GAMES, su Primera Historia de Costa Rica, un juego de naipes, de 80 pequeñas cartas, en una edición de bolsillo, bellamente elaborada, con su anverso y reverso bien diseñados. El anverso, la cara del naipe que puede funcionar como la portada de la carta donde está la lectura básica o la información básica, con la cual se juega. Y, en el reverso, la fecha, en números grandes, que indican un año, con una frase relacionada con el texto del anverso, relacionada con la fecha en que se produjo el evento histórico que consignan.

El juego procura desarrollar una línea cronológica. Así, al iniciar el juego, se vuelca una carta con el reverso a la vista. Los jugadores, en el orden que se acuerde, con cuatro cartas cada uno, pueden ser más, hasta seis u ocho, según se disponga, tienen que ir poniendo a los lados de esa carta, y de las siguientes, la que según el jugador, con el texto del anverso se aproxima en contenido y fecha más a la carta que da inicio, y a las que se van colocando sucesivamente. De esta forma, cada vez que se ponen cartas por aproximación se abren dos espacios más para colocar cartas. El jugador que falla, entrega la carta equivocada y toma otra del mazo de cartas, así se va manteniendo un número de cartas que lo conduce con mayor posibilidad a perder.

Es un lindo juego de bello entretenimiento que permite adquirir conocimientos básicos, pero significativos e importantes, sobre la Historia Patria.

La naturaleza del naipe elaborado les permitirá ir enriqueciendo esta primera edición con otras, no repetitivas, sino con otros datos ampliando la línea de información y “ramales” de información y datos.

Una rica y agradable forma de ponerse en contacto con la Historia Nacional. Este juego de naipes viene con una instrucción básica para jugarlo y disfrutarlo, como un juego de mesa de carácter familiar, para niños, jóvenes y para adultos también.

Como en toda obra histórica habrá versados que puedan cuestionar detalles de las notas y fechas colocadas en los anversos y reversos. Eso es válido. En general están correctos con la información y notas de las cartas.

El naipe, como jugo de Mesa, Historia de Costa Rica, se puede obtener o solicitar para su compra, en este momento que está empezando a salir al público, por medio del teléfono 8346 5526.

Felicito a Luis y a Gabriel por este esfuerzo como jóvenes emprendedores que lo han impulsado. Invito a mis lectores a que lo adquieran…se van entretener aprendiendo aspectos básicos e importantes de la Historia Nacional.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Nacimiento e impacto social del Instituto Nacional de Seguros, en 1924, y de la Caja de ANDE, en 1944

Vladimir de la Cruz

(Intervención del Vladimir de la Cruz en el acto conmemorativo del 100 aniversario del Instituto Nacional de Seguros y del 80 aniversario de la Caja de ANDE, organizado por La Caja de ANDE, el viernes 20 de setiembre del 2024)

En la segunda mitad del siglo XIX, como parte del desarrollo económico y social del país, empezaron a diferenciarse las clases sociales y los grupos o estamentos que ellas comprendían.

La sociedad costarricense, de hecho, se mostraba como una sociedad socialmente igualitaria sin considerar que en lo político, sí se habían marcado fuertemente diferencias las que se expresaron en la forma de escoger y elegir las autoridades públicas por el sistema de exclusión de mujeres, de analfabetos, de los que no cumplían con las sumas económicas que se exigían para formar parte de los electores, por la selección de electores, mediante el sufragio indirecto, por el voto público, entre otros aspectos.

Liberales y Conservadores no fueron partidos políticos que se desarrollaron, como sí sucedió en Centroamérica. Los partidos políticos surgieron hasta 1889-1890, y a partir de allí, solamente por medio de ellos se podía aspirar a ser candidato a puestos de elección popular, momento en que el movimiento liberal se expresa en diferentes organizaciones políticas con propósitos electorales. Dentro del movimiento liberal se manifestaron también las ideas conservadoras, a veces sin una clara diferencia. Así, quienes se llamaban miembros del partido liberal antes de 1889 lo hacían identificándose con el ideario político liberal.

La sociedad costarricense, desde el punto de vista social, empezaba a expresarse dividida, cuando iniciaron las primeras organizaciones de carácter mutualista, de apoyo mutuo, de socorros mutuos o de mutuo auxilio, en la segunda mitad del siglo XIX.

Este tipo de organizaciones fueron policlasistas. En ellas se podían organizar trabajadores, artesanos, obreros, patronos y hasta estudiantes. Su finalidad esa ayudarse en determinadas circunstancias, habida cuenta que no existía una protección estatal frente a accidentes de trabajo, enfermedad o riesgos laborales, cesantía o muerte de los trabajadores, entre otros aspectos. Esto hizo que mediante estas organizaciones los trabajadores, los artesanos, los obreros, los patronos se organizaran de manera que con este tipo de organizaciones se pudieran cubrir esas necesidades. Así, voluntariamente se organizaban trabajadores, artesanos, obreros, patronos, obligados a dar una cuota que se depositaba en una Caja de Ahorros, de la cual se sacaba el fondo de auxilio que se necesitaba, a modo de una ayuda en dinero, por una única vez, el trabajador enfermo, incapacitado o accidentado, que se tenía que separar de su trabajo, para garantizar un subsidio económico puesto que estatalmente se carecía de un sistema de protección para estas eventualidades, y se carecía de un sistema de seguridad social, como el que existe hoy.

Hacia 1874, por iniciativa del sacerdote Francisco Calvo, quien fue Capellán del Ejército Nacional, en la Guerra Nacional y Centroamericana contra los filibusteros norteamericanos, en 1856 y 1857, quien también fue el fundador el movimiento masónico costarricense, en 1865, surgieron las sociedades clasistas de trabajadores, de obreros y de artesanos, en las cuales solo esos grupos de trabajadores podían organizarse en ellas.

Así coexistieron, hasta finales del siglo XIX, las sociedades mutualistas, de socorros mutuos, de mutuo auxilio, de apoyo mutuo con las sociedades de trabajadoras, de artesanos o de obreros, todas ellas con iguales propósitos de protección de los trabajadores. Estas organizaciones ya marcaban una sociedad dividida en clases sociales, como empezó a perfilarse a partir de ese momento.

En 1886, con el auge del movimiento liberal y de la identificación política con el partido liberal, que organizadamente no existía en ese momento, el Lic. Félix Arcadio Montero, el último Presidente y Rector de la Universidad de Santo Tomas, impulsó la creación de un partido de Obreros y Artesanos. En 1893 impulsó el Partido Independiente Demócrata, que enfatizaba en ese carácter clasista, dividido de la sociedad costarricense, cuando llamaba a votar a los chaquetas, a los descalzos y descamisados contra los levitas y los del Olimpo, enfatizando en esa división social y política de los costarricenses al finalizar el siglo XIX.

El llamado de Félix Arcadio obligó a que los partidos liberales que emergieron establecieran dentro de sus estructuras político organizativas, Clubes de Obreros, Clubes de Artesanos y Clubes de Trabajadores identificados con esos partidos liberales, como para contrarrestar la influencia del Partido Independiente Demócrata. En ese final de siglo XIX, eso hizo posible que el partido Independiente Demócrata eligiera diputado a Félix Arcadio Montero y a Faustino Montes de Oca y uno de los partidos liberales eligiera, como representante de los trabajadores, a Víctor Gölcher.

Durante la última década del siglo XIX y la primera del siglo XX el, país tuvo cambios económicos significativos. Ya se había desarrollado la electricidad. Desde 1884 se había iniciado el iluminación pública en la ciudad de San José, proceso que hacia 1897 alcanzaba a las ciudades de Alajuela, Heredia y Cartago. San José fue la tercera ciudad que iniciaba la electricidad pública. Hacia 1897 la electricidad se había extendido a las ciudades de Alajuela, Heredia y Cartago y se iniciaba para el servicio doméstico. En ese período se construyeron los Barrios de Aranjuez y el Amón; se impulsaron grandes obras de ingeniería y arquitectura, el edifico metálico, la cárcel de San José, hoy Museo del Niño; los edificios metálicos que existen hoy en la Avenida Central, edificios alrededor de la Librería Lehman, el edificio de los Correos Nacionales, la estación del Ferrocarril al Atlántico, el inicio de la construcción del Ferrocarril al Pacífico, la construcción e inauguración del Teatro Nacional, con electricidad incluida. Se impulsó en este período una transformación en la economía que hizo surgir industrias manufactureras, de textilería, de gaseosas y cervezas, ya existía la Fábrica Nacional de Licores, de la industria gráfica. Ya existía un prensa diaria desde 1886 y abundante cantidad de periódicos.

Desde 1871 se gozaba de una estabilidad política, que daba la Constitución de ese año, que llegó hasta 1948, con la interrupción que se produjo entre 1917 y 1948. La Constitución Política con el fortalecimiento del régimen municipal contribuyó a la estabilidad política de continuidad y alternabilidad de gobiernos, en general, cada cuatro años.

Desde la Fundación de la República, el 31 de agosto de 1848 hasta 1948 hubo 41 gobiernos, considerando la cronología de Presidentes que dirigieron el Poder Ejecutivo en esos 100 años. Algunos de ellos fueron reelectos como lo fueron José María Castro María, Juan Rafael Mora Porras, José María Montealegre, Jesús Jiménez Zamora, Tomás Guardia Gutiérrez, Aniceto Esquivel Sáenz, Próspero Fernández Oreamuno, Bernardo Soto Alfaro, Rafael Iglesias Castro, Ricardo Jiménez Oreamuno y Cleto González Víquez. La estabilidad política, durante todo el período de la República fue bastante sólido, con algunos breves períodos de excepción, asegurando las transiciones de gobiernos por el período de su elección.

A partir de 1886 el desarrollo del diarismo, de la prensa diaria, promovió también una gran cantidad de periódicos, a modo de una prensa social, que recogían los puntos de vista de los sectores laborales y se expresaban y divulgaban sus principales problemas sociales.

Los cambios originados en la economía nacional hicieron surgir cambios en las empresas, que a su vez hicieron que se superaran las organizaciones de las sociedades mutualistas, de socorros mutuos, de mutuo auxilio, de apoyo mutuo; las sociedades de trabajadoras, de artesanos o de obreros, para hacer surgir las Ligas de Obreros y los Sindicatos, tal y como ahora existen, desde 1901.

La expansión del capitalismo agrario cafetalero, al norte del Valle Central, obligó a que pequeños productores se asociaran en una cooperativa para enfrentar la expansión del cafetalero Julio Sánchez, originando al movimiento cooperativo, de empresas de producción. Más tarde, alrededor de la década de 1920 empezaron a surgir otras formas de cooperativas, de servicios entre ellas, impulsando desde entonces el movimiento cooperativo nacional en sus diversas modalidades, fortalecido con la creación del Banco Nacional de Costa Rica, cuando en su fundación se creó el Departamento de Cooperativas, recibiendo el apoyo institucional del Estado.

A inicios del siglo XX la expansión de la United Fruit Company, ya creada desde 1899, sometió a su control la producción de banano de los productores nacionales, que quedaron regulados por el Contrato bananero de 1884, dando origen a los movimientos antiimperialistas y nacionalistas, hasta 1935, que luchaban contra las cláusulas de los contratos que se consideraban lesivas a los intereses de los productores nacionales. Entre 1901 y 1935 dos grandes cafetaleros se distinguieron en esa protesta nacional, Ernesto Rohrmoser y Manuel Francisco Jiménez Ortiz, acompañados en esa lucha bajo la diputación de Ricardo Jiménez Oreamuno, en el período legislativo de 1906-1910, junto a los movimientos anti imperialistas y nacionalistas de la década de 1920-1930.

El siglo XX inicia, de esta forma, con estructuras sociales organizativas más sólidas y combativas de los sectores laborales, sindicatos, federaciones y confederaciones sindicales, con la celebración del 1 de mayo desde 1913, como día internacional de los trabajadores, y con nuevas demandas laborales entre ellas alzas de salarios, jornada de trabajo de ocho horas, luchas por mejoras en las condiciones de seguridad e higiene ocupacional y la ley de accidentes de trabajo, que se pelea desde 1908 hasta 1925.

La lucha por la jornada de ocho horas pasa por luchas y huelgas desde 1918, concentrándose en el año de 1920, desde finales enero e inicios de febrero hasta diciembre cuando se aprobó de manera definitiva la jornada de ocho horas diarias, se reconoció, a la vez, el derecho de huelga y el de organización sindical.

En estos años se establecieron importantes contactos internacionales para el movimiento sindical, incluso de participación en 1890, cuando se intentó organizar un Congreso de Obreros Centroamericanos; cuando se impulsó en 1911 la Confederación Obrera Centroamericana, COCA y otro Congreso Obrero Centroamericano; en 1919, en la creación de la Confederación Obrera Panamericana, COPA, donde el movimiento obrero costarricense se hizo representar con Joaquín García Monge. Hubo contactos con el movimiento obrero español dirigido por Pablo Iglesias; con el movimiento obrero chileno dirigido por Luis Emilio Recabarren y con el movimiento obrero mexicano de la Revolución Mexicana, la Confederación Revolucionaria Obrera de México, CROM, que dirigían los hermanos Flores Magón. Ricardo, su principal dirigente, era el que mantenía correspondencia con José María Zeledón Brenes, el autor de la Letra del Himno Nacional, quien en su condición de Secretario del Centro de Estudios Sociales Germinal, era el vínculo intelectual del movimiento obrero costarricense con la CROM.

Las luchas sociales en el primer tercio del siglo XX se manifestaron también en varias huelgas bananeras y luchas agrarias, las que adquirieron un dramático escenario, el del incendiarismo agrario, que era la forma de protesta más violenta de campesinos contra sus condiciones de trabajo, imitando quizá las formas ludistas del siglo XIX, cuando los trabajadores contra sus malas e inseguras condiciones de trabajo promovieron la consigna de destruir las máquinas de trabajo, de dañarlas, para paralizar la producción, considerando que con ello se acababan las condiciones brutales de su explotación.

Las luchas agrarias en el Valle Central tuvieron esa forma. De ellas se aprovecharon algunos propietarios de tierras, que tenían aseguradas sus cosechas en Panamá, para cobrar sus seguros, lo que se convirtió en un gran negocio para algunos de esos propietarios que también impulsaron quemas con ese propósito, e hizo surgir la necesidad de impulsar la protección, por medio de seguros, de esas actividades económicas, con sus trabajadores, y de asegurar las mismas actividades económico productivas.

En el campo político costarricense, el siglo XX va a conocer el desarrollo de los partidos políticos, de las corrientes políticas más importantes, algunas de ellas surgidas desde el siglo XIX, y la evolución histórica del sufragio y de los derechos políticos de los costarricenses.

Del siglo XIX se proyectarán las ideas anarquistas, socialistas, comunistas, social cristianas, socialdemócratas, y de los movimientos reformistas, de distinta naturaleza, las que se proyectaron y concretaron en nuevos partidos políticos que enfrentaron el tradicional modelo de los partidos liberales que venía desde el siglo XIX.

El ideario político de estos partidos introduce nuevos temas en la agenda política nacional, entre ellos los temas relacionados con los derechos y libertades políticas, con derechos sociales y laborales, con los beneficios sociales y con instituciones sociales estatales.

El desarrollo del sufragio condujo a la superación de voto indirecto cuando en 1913 se estableció el voto directo, al voto secreto cuando se estableció en 1924, a la determinación de que los procesos electorales se resolvieran con el 40% de votos, todas estas importantes reformas electorales impulsadas por el Presidente Ricardo Jiménez Oreamuno, en sus gobiernos, el mismo Presidente en cuyo gobierno, en 1924, se aprobó y estableció el Banco de Seguros.

En 1949, con la Constitución de 1949, se estableció el sufragio universal, con el reconocimiento del voto de la mujer. En 1946 se había aprobado un Código Electoral, que llegó hasta el 2009, que incluyó la creación del Tribunal Nacional Electoral, que la Junta de Gobierno también le cambió de nombre a Tribunal Supremo de Elecciones.

En este contexto histórico, político y social se van a desarrollar los ejes que condujeron la fundación del Banco de Seguros en 1924, como la primera institución nacional que tendría a cargo la protección de los sectores productivos nacionales y de los trabajadores en las formas correspondientes con que hoy se protegen al amparo del Instituto Nacional de Seguros, que es la institución que nace a los veinte días del mes de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, cuando la Junta de Gobierno, fundadora de la Segunda República, por el Decreto Ley No. 26, toma el acuerdo de cambiarle el nombre al Banco de Seguros y bautizarlo como Instituto Nacional de Seguros. Hay que entender, por el Decreto, que no se creó una nueva institución, que tan solo se le cambió de nombre y se integró, en ese mismo Decreto una nueva Junta Directiva, con sus Directores propietarios y. Suplentes, constituida esa primera Junta del Instituto Nacional de Seguros por Alfredo Moya Saravia, José María Cañas Iraeta, Andrés Brenes Mata, Eitel Soley Carrasco, Alberto Morúa Rivera, los suplentes Marcos Madriz Quesada, Wilbur Clausen Alvarado, Fernando Goicochea Quirós, Luis Alberto Monge Álvarez, como Gerente, Enrique Lara Fernández y Subgerente Fidel Tristán Castro.

El Decreto de constitución del INS estableció que “seguirá rigiéndose por las leyes y reglamentos del antiguo Banco Nacional de Seguros, en lo que no se opongan al presente decreto.”, lo que refuerza tan solo en el cambio de nombre, y lo que valida que se esté celebrando hoy el Centenario del Instituto Nacional de Seguros.

En este contexto histórico es que valoro el surgimiento del Banco de Seguros y del Instituto Nacional de Seguros, respectivamente. Los hitos de estas instituciones podemos señalarlos en la siguiente cronología general.

En la década de 1840 se inician las exportaciones de café a Europa, especialmente hacia Inglaterra y Francia. Con estas exportaciones se menciona la existencia de las primeras compañías aseguradoras, que estaban orientadas primero a atender las tragedias provocadas por los incendios y luego con seguros de vida, así como con las operaciones que se canalizaban con el Banco Anglo Costarricense, que había sido fundado en 1863.

En 1865 el Banco inició un seguro de incendios, en alianza con la compañía de seguros Allan Wallis y Co., agente de The Royal Insurance Company, que había surgido en 1845. Este año, de 1865, se inició la atención de los incendios en San José para lo cual se contaba con el sistema de cañería que se acababa de inaugurar.

Las modalidades de seguros que fueron desarrollándose estuvieron ligadas a las formas mutualistas de organización que existieron. Así se dieron Hermandades del Socorro, bajo el amparo de la Iglesia Católica, para enfrentar desastres naturales, y el Montepío, que protegió militares, lo que era una herencia española.

Con la Declaratoria de la República de Costa Rica, en 1848, se desarrollaron las relaciones diplomáticas de Costa Rica y el reconocimiento internacional de nuestro país, a partir de la década de 1850. En esa década se establecen empresas como La Tutelar o Compañía General Española de Seguros Mutuos sobre la Vida y La Caja Universal de Capitales; La Paternal o Compañía Peruana de Seguros Mutuos sobre la Vida; La Equitativa o Compañía de Seguros sobre la Vida (The Equitable Life Assurance Society), norteamericana, The Sun Life Insurance Company of Canada (El Sol, Compañía de Seguros de Vida de Canadá, empresas a las que se asociaron importantes personajes de la producción y del capitl nacional, como Ernesto Rohrmoser, Manuel Luján, la firma Luján & Mora.

En 1882 inició sus operaciones The New York Life Insurance Company (Compañía de Seguros de Vida de Nueva York).

Los seguros se fueron extendiendo a casas edificios, maquinarias y equipos, mercaderías, en Puntarenas y en las ciudades del Valle Central.

La empresas inglesas fueron dominando, en ese tiempo, el mercado de los seguros. A las existentes se sumaron “La Northern de Londres y Aberdeen” representada en el país por la firma “Le Lacheur Dent & Co.”, firma que había iniciado el comercio del café.

Las sociedades mutualistas de la segunda mitad del siglo XIX jugaron un papel importante en la solidaridad y ayuda entre los trabajadores.

A partir de 1895 se estimuló y abrió el escenario para el desarrollo de empresas comercializadoras de seguros de riesgos.

En 1896 se promovió un Proyecto de ley de Seguros contra incendios, primero de establecimientos comerciales y luego de viviendas.

Desde 1896 hasta 1917 operaba la Sociedad Costarricense de Seguros de Vida. También existió la Sociedad de Seguros de Vida El Hogar y la Sociedad de Economías de Guadalupe. El magisterio tenía un seguro de vejez ya en 1924.

En materia de accidentes de trabajo, en 1907, se impulsó un Proyecto de Ley sobre Accidentes de Trabajo, también conocido por Ley Pinto, estableciendo obligaciones de los patronos frente a sus obreros o trabajadores accidentados. Esta Ley proponía crear un sistema de cajas cooperativas de socorros, probablemente siguiendo la tradición de las anteriores sociedades mutualistas y sus cajas de ahorros.

En 1907 el diputado Alberto Vargas Calvo propuso un Proyecto de Ley, mejor elaborado, para socorrer trabajadores frente a enfermedades y accidentes de trabajo. Coincidía con las demandas de los trabajadores agrícolas, lucha que se sostuvo hasta 1925, cuando se aprobó a la Ley de Accidentes de Trabajo.

El 5 de diciembre de 1910 se estableció la Compañía Nacional de Seguros con capital mixto costarricense, panameño y colombiano.

En El Salvador se aprueba, en 1911, una Ley de Accidentes del Trabajo, que se cita en las discusiones parlamentarias de Costa Rica.

Al mismo tiempo que se discute esta ley se introduce la discusión de un proyecto de ley de seguros. En el Proyecto de Ley se contemplaba el salario o remuneración que el trabajador afectado debía recibir de su empleador.

En 1914 el diputado Luis Anderson, y seis diputados más, presentaron otro Proyecto de Ley de Accidentes de Trabajo. En 1921, un diputado, dirigente obrero importante de esos años, Gerardo Matamoros, presentó otro Proyecto de Ley. Los opositores legislativos señalaban que no se necesitaba una Ley especial porque el Art. 1048 del Código Civil, en el que se regulaba la materia laboral, se trataban temas sociales.

Estas discusiones se dieron al calor del ascenso de la Presidencia de Alfredo González Flores, de sus medidas reformistas para enfrentar los efectos de la crisis provocada por la Guerra Mundial, que se daba en Europa, 1914-1918, y la oposición a ellas; por el golpe de Estado realizado por su Secretario de Guerra y Marina, y la dictadura instaurada, por Federico Tinoco Granados, sus dos años de gobierno y la lucha contra esa Dictadura y los movimientos sociales que se dieron a su alrededor, hasta la reconstitución del régimen democrático a partir del gobierno de Julio Acosta García, 1920-1924.

En 1922 se dio otra Ley de Seguros, con visión más nacional, en tanto las anteriores eran más copia de leyes extranjeras.

El gobierno de Alfredo González Flores impulsó un nuevo concepto de Estado, Reformista, en el cual una de sus Reformas fue el establecimiento de un Banco de Crédito Hipotecario, impulsó una Reforma Tributaria, con un impuesto sobre la renta, en la cual “el rico pagara como rico y el pobre como pobre”; prohibió la exportación de oro y plata, impulsó un Banco estatal, el Internacional de Costa Rica, sometiendo los privados a su control, aspectos, entre otros, que se sumaron para darle el Golpe de Estado.

Su gobierno también impulsó en 1915 una Ley de Accidentes de Trabajo, bajo la protección del Banco Internacional de Costa Rica. También creó la Pagaduría Nacional para pagar los sueldos de gobierno; atacó la crisis monetaria y la inflación, estableció un impuesto a la exportación de café y aumentó el impuesto a las herencias; creó las Juntas de Crédito Agrícola para estimular la producción; atendió la especulación y combatió a los acaparadores de productos.

Con el gobierno dictatorial de Federico Tinoco se elaboró una Constitución Política, que avanzadamente estableció en su artículo 10 políticas sociales por parte del Estado. Despidió educadores, cerró y fusionó escuelas.

En 1918 declaró en interinazgo a todo el personal escolar y colegial. La Escuela Normal con sus profesores, Joaquín García Monge, Omar Dengo, Carmen Lyra, Lilia González, Rómulo Tovar, García Flamenco, lo enfrentaron. A la caída de la dictadura se impusieron los educadores al frente de la institucionalidad.

En este último período, 1917-1923 tres partidos y movimientos políticos sonaron, el Centro Socialista de Costa Rica, del Dr. Aniceto Montero, el Partido Agrícola, con Alberto Echandi y el Dr. Francisco Cordero, y el Partido Reformista, del sacerdote Jorge Volio, que recibió el apoyo de la Confederación General de Trabajadores, como nuevas banderas políticas nacionales frente a los partidos liberales.

Las elecciones de 1924 las ganó Ricardo Jiménez Oreamuno, con el Partido Republicano, quien impulsó el Proyecto de Ley de Reparación de Accidentes de Trabajo, que terminó aprobado como Ley de Accidentes de Trabajo, en 1925.

Al mismo tiempo de esta discusión se presentó un Proyecto de Ley para monopolizar los seguros, en los diversos tipos de negocios y actividades, por parte del Estado. Jorge Volio insistió que el seguro del Estado era el mejor seguro que podía establecerse.

Tomás Soley Güell, Ministro de Hacienda, era quien promovía y defendía, en el Congreso, la creación del Monopolio de Seguros, tema que se venía discutiendo desde 1922. Igualmente creía que la Ley de Accidentes no podía existir sin un seguro del Estado.

El movimiento obrero reformista se movilizó por obtener la Ley como parte del seguro obligatorio en el Banco de Seguros del Estado, la que entró en vigencia dos meses después de que el Banco Nacional de Seguros avisara que estaba listo para asumir los riesgos del trabajo. Así, la Ley de Accidentes del Trabajo tuvo de padrino al Banco Nacional de Seguros. El Banco protegió a los trabajadores en su dignidad laboral frente a los accidentes de trabajo.

Desde 1920 hasta 1924 se discutió en la prensa y en el Congreso el carácter monopolizador del Banco Nacional de Seguros, imponiéndose esta opinión.

A partir de entonces, el Banco Nacional de Seguros se insertó positivamente en el desarrollo institucional y democrático del Estado costarricense. Nació como una institución autónoma, descentralizada, con funciones propias, específicas e indelegables. Nació con la función de asegurar, de reasegurar y de coasegurar, dentro y fuera del país. Desde su origen se le delegó a la Junta Directiva la capacidad de nombrar el personal y distribuirlo en la forma que considerara conveniente. Su primer grupo de agentes fue constituido por dos mujeres y 22 hombres.

Quedaron fuera del ámbito de su competencia las sociedades nacionales de seguros de vida cooperativo mutuo, existentes en ese momento.

El Banco Nacional de Seguros se puso al servicio de los intereses nacionales. Se le estableció que del producto líquido del monopolio debería destinarse un 25% al fondo acumulado de reserva y un 7% a mantener el servicio que resultare de construcciones de caminos. Igualmente, apoyaba programas de habitaciones, cosechas hasta en un 25%.

La Ley obligaba a todos los empleados del Estado a asegurarse, para garantizar un seguro de vida y pensiones vitalicias para quienes hubieren cumplido una larga trayectoria de trabajo para el Estado. Se exceptuaba de la Ley constitutiva al personal docente de la República, que estaba amparado a la ley de Pensiones del Magisterio.

Desde el origen, al Banco se le encargó la atención del Cuerpo de Bomberos, que dependía del Ministerio de Gobernación, para lo que se contrataron expertos extranjeros para garantizar su funcionamiento, bajo la dirección de un Estado Mayor.

En 1931 asumió el monopolio del Seguro de Fidelidad y entre 1931 y 1932 construyó su primer edificio, entre calle 10 y avenida central de San José.

En la década de 1940 cubrió los seguros de automóviles, y ante el peligro de la II Guerra Mundial, sobre todo cuando se declaró la Guerra al eje nazi fascista, en diciembre de 1941, se estableció el Seguro contra Bombardeos, temiendo ataques nazis por la cercanía con el Canal de Panamá. Después se agregaron las coberturas de Temblor, Terremoto, Gastos Médicos, Accidentes personales, seguros de aviación, marítimos y otros.

Con el Decreto Ley de 1948, que le cambió el nombre a Instituto Nacional de Seguros, se mantuvo su condición de institución autónoma.

En la década de 1950 el Instituto abarcó toda la geografía nacional en su proyección institucional.

En 1969 quedó bajo su amparo un Seguro Agropecuario y, desde 1973, se le asignó el Seguro Obligatorio de Vehículos Automotores con la noble finalidad de proteger a las víctimas de accidentes de tránsito, como un seguro solidario.

En 1982 asumió la universalización de los Seguros de Riesgos Profesionales.

En el 2008 se aprobó La ley No. 8653, Reguladora del Mercado de Seguros, y la Superintendencia General de Seguros, con la intención de profundizar en el mercado de seguros y su desarrollo, tema que se venía discutiendo desde el año 2003, a cuyas nuevas reglas se adaptó el Instituto Nacional de Seguros. La ley de la Superintendencia creó las condiciones jurídicas para proteger al consumidor de seguros.

Con esta ley se abrió el mercado de seguros, hasta entonces monopolizado por el Instituto Nacional de Seguros, lo que ha permitido que hoy haya más de una docena de empresas aseguradoras, con una oferta superior a 500 posibilidades de productos de seguros para cubrir las diversas necesidades personales, familiares, empresariales e institucionales, y alrededor de 20 sociedades corredoras de seguros.

El INS sometido a esta situación se ha obliga a modernizarse más para seguir ocupando ese papel rector que le vio nacer desde hace 100 años.

El 12 de diciembre del 2013, bajo el cuidado del INS, se inauguró el Hospital Nacional de Trauma, como un Hospital de primer mundo, un hospital altamente especializado en atención de víctimas de accidentes de tránsito, con la mayor tecnología de la ciencia médica al servicio de los pacientes accidentados bajo su atención y servicio.

En materia magisterial el cambio importante se dio en el gobierno de Jesús Jiménez Zamora, cuando con motivo de la ley que impulsó la obligatoriedad de la enseñanza primaria gratuita y costeada por el Estado, en 1869, se reconoció al personal escolar como una parte muy importante de los funcionarios del Estado, estableciendo su escalafón y categorías.

Los educadores se identificaron con las Reformas Liberales e impulsaron diversos núcleos organizativos. Entre 1872 y 1883 hubo casi una veintena de sociedades cooperadoras de la educación y científico culturales, y sociedades de estudio.

En la década de 1890 hubo reconocimiento salariales para el magisterio. Así, por ejemplo, el Director del Liceo de Costa Rica ganaba más que un diputado, un gobernador o el comandante del Cuartel Principal y los profesores ganaban igual que el Secretario del presidente de la República.

Al iniciar el siglo XX, un grupo de educadores impulsó la fundación de la Sociedad de Economías de los Maestros, con participación de mujeres y hombres, como una sociedad mutual. Allí estuvieron Manuel Aragón Quesada, Justo A. Facio de la Guardia, Miguel Obregón Lizano, Napoleón Quesada, Alfredo González Flores.

En 1901 se intentó fundar, impulsado por Pedro Pérez Zeledón, un Monte de Piedad para atender las carencias y pobrezas de los educadores.

En 1916 se había creado la Asociación de Inspectores Escolares de la República, que impulsó en 1918 la creación de la sociedad de Socorro Mutuo del Personal Docente. En 1917 se había constituido la Asociación del Profesorado Nacional.

Para 1920 existía la Asociación Nacional del Magisterio, que existía desde el 11 de junio de 1919, dirigida por Patrocinio Arrieta, Lilia González, Graciela Martínez, María Isabel Carvajal, Anita Cantillano, María Francisca Caballero, José Antonio Carvajal y Eduardo Fournier, entre cuyos fines se propuso crear un Banco para maestros.

El año de 1920 se aprobó la Ley del Pensiones del Magisterio y la Ley de Socorro Mutuo del Personal Docente y, en febrero de 1920, se aprobó la jornada de ocho horas, que fue extendida a todo el país en diciembre de 1920. Las pensiones para maestros se habían establecido desde 1886, en la Ley General de Educación Común.

En 1916 se dio una Ley de Pensiones para los maestros.

El 11 de setiembre de 1923 se aprobó la Junta Administradora del Fondo de Pensiones.

Los socorros mutuos tenían más cobertura que la ley de pensiones y jubilaciones.

En el Código de Educación aprobado y derogado en 1920 se proponía formar y organizar Cajas de Ahorro.

En 1924 el gobierno de Julio Acosta aprobó la Ley de Jubilaciones y Pensiones del Magisterio.

En 1925 Jorge Volio propuso la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio, con carácter obligado para los educadores, con la cual se legalizó el seguro de vida mutual. La Sociedad quedó bajo control de la Secretaría de Educación, entidad que fue sometida a ocho proyectos de ley entre 1925 y 1944, hasta la aprobación del Código de Educación, el 26 de febrero de este año.

Entre 1925 y 1940 hubo una serie de organizaciones y movimientos magisteriales en torno a los beneficios y obligaciones que se tenían con el sistema de jubilaciones y pensiones.

Con el surgimiento de la Caja Costarricense del Seguro Social, en 1940, se inició un proceso de cobertura del seguro social de manera muy limitado y lento desde el principio hasta 1956. En 1946, cuando se quiso ampliar la cobertura, una huelga médica lo impidió.

En 1934 se desarrolló la idea de fundar una institución económica y financiera del magisterio nacional, que hizo surgir la Asociación del Magisterio Nacional junto con un Banco del Magisterio Nacional, para liberar de los préstamos usureros a los educadores sometidos a ellos, idea que se dio el 16 de octubre de 1943, en sesión de la Junta Directiva de la ANDE. En el Congreso de la ANDE, del 29 de abril de 1944, se presentó esta iniciativa, que se elevó al Congreso Nacional que en agosto empezó su discusión parlamentaria.

Así, el 28 de octubre de 1944 se creó la Caja de Préstamos y Descuentos del ANDE, que se encuentra cumpliendo este año su 80 aniversario, de esta importante institución de todos los funcionarios y empleados, en servicio o con licencia, del Ministerio de Educación Pública y los Jubilados o Pensionados de este Ministerio.

Durante los sucesos bélicos de 1948 las sociedades de seguros existentes, en el país, no tenían nada previsto para estas situaciones.

Durante el gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República se emitieron los Decretos leyes 11, 513 y 715 que afectaron a la Caja de Préstamos y Descuentos del ANDE.

El Decreto Ley No. 11, derogó la Ley No. 1108 de 27 de diciembre de 1947, y declaró vigente, en su texto original, la ley No. 12 de 13 de octubre de 1944, ya que la ley de 1947 derogada violentaba principios de libertad de asociación, restringiendo facultades de una institución privada como lo es la Caja de Préstamos y Descuentos de la Asociación Nacional de Educadores.

El Decreto Ley 513 obligó a que por su rápido crecimiento y desarrollo, estando ya suscritas más acciones autorizadas por su Ley constitutiva y por la conveniencia, para su mejor desarrollo, se aumentara su capital, y se reformó el artículo 5º de la Ley Constitutiva de la Caja de Préstamos y Descuentos de la Asociación Nacional de Educadores, de la ley No. 12 de 13 de octubre de 1944.

El Decreto Ley No. 715 se modificaron varios artículos del Código de Educación, declarando que la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional es un organismo social con todas las ventajas que las leyes establecen para esta clase de asociaciones, especialmente la que señala el artículo 266 del Código de Trabajo, fortaleciendo también la afiliación a la sociedad, así como las situaciones en caso de defunción de los miembros de la Sociedad, declarando también inembargables las pólizas de los afiliados.

En su 80 aniversario la Caja de Préstamos y Descuentos de la Asociación Nacional de Educadores afirma su existencia al servicio sus afiliados y accionistas, casi 100.000 activos y más de 40.000 pensionados, y afirma su presencia en el mercado de seguros con conocimiento del entorno financiero y social que la envuelve.

Mis felicitaciones al Instituto Nacional de Seguros en su Centenario y a la Caja de Préstamos y Descuentos de la Asociación Nacional de Educadores en sus 80 años.

Nicoya: 200 años de divorcio con Nicaragua

El Partido de Nicoya es parte integrante e indivisible del territorio de Costa Rica.

Vladimir de la Cruz

El tema de la Anexión del Partido de Nicoya sigue atizándose en Nicaragua, donde se sigue argumentando que la agregación del viejo Partido de Nicoya, división administrativa que había creado España, en el Virreinato de Nueva España, en la Capitanía General de Guatemala o en el Reino de Guatemala, como también se llamó, al Estado de Costa Rica, en 1824, esconde una historia de “argucias de Costa Rica”, reconociendo que ello fue resultado de un “descuido y de disputas por poder de la clase política nicaragüense”.

Con motivo del bicentenario de esta agregación, realizada el 25 de julio de 1824, la prensa nicaragüense repitió, desde principios de julio de este año, algunos de estos argumentos que a continuación comento.

Los antecedentes históricos

El Partido de Nicoya comprendía en esa época tres localidades, los pueblos de Nicoya, Santa Cruz y Guanacaste. Este último no se adhirió en 1824, haciéndolo poco tiempo después, en 1826, el 24 de setiembre y el 1 de octubre, en ambas fechas que reafirma su incorporación.

Este mismo año, 1826, el 28 de julio, se realiza un cabildo abierto en la Municipalidad de Nicoya para rebatir acusaciones del gobierno nicaragüense al costarricense y reiterar la Anexión a Costa Rica, y el 16 de agosto, la Alcaldía de Nicoya reafirma por Juramentación la Anexión a Costa Rica y jura la Constitución de Costa Rica. Del mismo modo, el 30 de agosto, la Alcaldía de Santa Cruz reafirma por Juramentación la Anexión a Costa Rica y el 17 de setiembre, La Costa y Lagunilla de Santa Cruz juran la Constitución de Costa Rica.

En 1834 la totalidad de las municipalidades de la región, del Partido de Nicoya, aceptaban la incorporación al territorio costarricense, y en 1835 desapareció el Partido de Nicoya, dando lugar al Departamento de Guanacaste, hasta su constitución en Provincia en 1848, ampliada con otras regiones costarricenses.

Con motivo de esta celebración del Bicentenario, en Nicaragua, se hicieron algunas publicaciones insistiendo en esas “argucias”, tratando de mantener la idea, que se ha tenido políticamente por diversos gobiernos nicaragüenses, entre ellos el actual del matrimonio gobernante de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Uno de los argumentos que se ha usado en esa dirección es que el Partido de Nicoya dependió, dentro de la administración de la Capitanía General, en ocasiones, para algunos aspectos tanto de León de Nicaragua como de Guatemala, situación que también tuvo Costa Rica. Sin embargo, Nicaragua no reivindica el territorio de Costa Rica como parte suya.

Como es natural, en Nicaragua ha habido historiadores que han tratado de justificar las tesis nicaragüenses de que Costa Rica se “adueñó” de las tierras del Partido de Nicoya. Para ellos los costarricenses “engañaron a las autoridades nicaragüenses y realizaron trampas y dilaciones, lo que se combinó con una clase política nicaragüense que no le prestó atención a esos territorios mientras se enfrascaban en luchas de poder, en los días inmediatos a la independencia de España.”

La Independencia de España se declaró en Guatemala, la sede de la Capitanía General, el 15 de setiembre de 1821. La decisión de Independencia de Guatemala se comunicó al resto de las provincias y territorios que la constituían con la finalidad de reunirse en un Congreso posteriormente para definir la situación de la región de si continuaban unidos o se separaban. El comunicado de Guatemala provocó las Actas de Independencia de El Salvador el 21 de setiembre, la de Honduras el 28 de setiembre, dos actas en nicaragua, la primera del 28 de setiembre y la segunda del 11 de octubre, la de Costa Rica el 29 de octubre y la del Partido de Nicoya, también del 29 de octubre de 1821.

Es obvio y lógico que si en esas fechas estos territorios se declararon independientes de España, lo hacían también de sus respectivas jurisdicciones territoriales de Centroamérica, tanto de Guatemala como de León de Nicaragua en lo que correspondía, tanto por parte de Costa Rica como por el Partido de Nicoya.

Libres e independientes estos territorios, en esa etapa embrionaria, antes del surgimiento de los Estados de cada país centroamericano y de la constitución de la República Federal de Centroamérica, en 1824, es igualmente válido que la Provincia de Costa Rica, ya independiente desde 1821, invitara al Partido de Nicoya, también independiente, desde 1821 a integrarse al territorio costarricense.

El 16 de agosto de 1823 las autoridades de Granada, Nicaragua, ya habían reconocido el deseo de los nicoyanos de adherirse a Costa Rica, lo que se reafirmó cuando el 9 de setiembre de 1823, las autoridades de León igualmente conocieron de los nicoyanos la intención de adherirse a Costa Rica.

En 1824, el 3 de marzo de 1824 el Gobierno del Estado de Costa Rica propuso a la Municipalidad de Nicoya incorporarse a Costa Rica. Desde ese momento se dio un proceso de acercamiento político que culminó con la integración del Partido de Nicoya a Costa Rica.

Nicoya, respecto a Nicaragua y Costa Rica, tenía una estrecha relación comercial con regiones y pueblos de Costa Rica, primero a través de Esparza y de Puntarenas y luego a través de Bagaces y las Cañas. Por eso, el 5 de marzo de 1824, las autoridades costarricenses enviaron una comunicación a los ayuntamientos del Partido, invitándolos a deliberar «…a ver si convenía reunirse a su Provincia sin contrariar las voluntades».

En un primer momento el Ayuntamiento de Guanacaste, hoy la ciudad de Liberia, fue el primero en convocar a un cabildo abierto para decidir tan importante cuestión. En un interesante documento los miembros de la Corporación confesaron que apenas recibida la nota se inclinaron por la Anexión «…por el cúmulo de circunstancias y ventajas que la acompañan». Sin embargo, en un cabildo abierto realizado el 23 de mayo de 1824, la población de Guanacaste (Liberia) en su mayoría se manifestó contraria a esa unión con Costa Rica, porque sus habitantes estaban más ligados a la región de Granada de Nicaragua, lo que hizo que se mantuvieran separados unos meses de la decisión que tomarían Nicoya y Santa Cruz.

El 27 de junio de 1824, la convocatoria de Costa Rica fue conocida por la Municipalidad de Santa Cruz con la mayor parte de su pueblo. Los santacruceños decidieron aceptar lo que determinara la Municipalidad de Nicoya, decisión que expresaron con toda claridad: «…haciendo esa noble Municipalidad (Nicoya) lo que tenga por conveniente, reciba nuestro parecer en el tanto de su determinación…»

En Nicoya, por su parte, el 4 de julio de 1824, se produjo un primer pronunciamiento, donde “se hizo saber la invitatoria de la Provincia de Costa Rica de cinco de marzo de este año en orden a ver si convenían reunirse a su Provincia sin contrariar las voluntades, después de bien meditado dijeron de común acuerdo: que no se inmute ni se altere la demarcación antigua de ese Partido a la Provincia que ha sido agregado antes de ahora (sino es que la Asamblea Nacional Constituyente del Centro de América determine otra cosa que le sea más conveniente al Partido); igualmente se acordó se dé cuenta con esta acta al gobierno de Costa Rica para el uso de sus determinaciones y que igualmente se le rindan las gracias a aquel gobierno por haber tenido en consideración este Partido que no puede ser disidente.”

Y, el 25 de julio de 1824, los habitantes del Partido de Nicoya expresan libremente su deseo de anexarse a Costa Rica, como ellos mismo lo manifestaron, “De la patria por Nuestra voluntad”. Esta decisión se tomó por un plebiscito, en el que votaron poco más de 900 personas, para formar parte de Costa Rica, momento en que se integran al territorio costarricense, añadiendo en ese sentido lo que era el Partido de Nicoya.

El Acta del 25 de julio señaló las ventajas que para los miembros del Partido de Nicoya tenía la adhesión o anexión a Costa Rica: “ventajas que se nos proporcionan en el comercio por el Puerto de Punta de Arena…pronta administración de Justicia y fomento de los ramos, la seguridad, quietud y régimen político que quedan abiertos bajo, la demarcación de aquel estado como lo indica la Naturaleza y lo reclama la conveniencia Pública… identidad de Intereses y demás relaciones que ligan a este partido… mejoras que redundan a estos Pueblos por las ventajas con que ha confederado el estado de Costa Rica a los demás del Centro América según se manifiesta del derecho que se nos ha acompañado… participación inmediata y recíproca de los beneficios y adelantamientos que se palpan en el estado de Costa Rica… la Población de Santa Cruz de este mismo Partido, quienes siendo del mismo parecer, y habiendo al efecto convocado a la mayor parte de su vecindario contestaron el oficio que se acompaña a esta acta…reparando las actuales indigencias en que se hallan los Pueblos de este Partido contemplándolos desde esta fecha, (a excepción del Guanacaste) como partes integrantes del estado de Costa Rica se ha tenido en consideración que para remediar por un pronto la escasez del numerario para las ocurrencias necesarias y mientras se establecen fondos de que deberá determinarse por los tribunales correspondientes, se pongan en este Pueblo y el de Santa Cruz las terceras de tabaco, previas las formalidades acostumbradas, y con sus productos, reservarlos para el auxilio en cualquier evento, o perturbación en el orden: deberán ser protegidos los mismos Pueblos de este Partido para la creación de las escuelas, como tan interesantes a la Educación e Ilustración de la Juventud… los jefes Militares referidos hicieron presente a esta Municipalidad que para no ser perturbado en la libre agregación al estado de Costa Rica a que se ha constituido este Partido…se determine y disponga que las fuerzas de auxilios que deberán resguardarnos como partes integrantes del mismo atendiendo a las conjuraciones y disensiones de la Provincia de Nicaragua de donde podremos acaso, ser sorprendidos…”

El Acta de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica es clara en la decisión de esa agregación, que Nicaragua todavía hoy trata de alterar y tergiversar.

La posición de Nicaragua

En los argumentos esgrimidos en la prensa nicaragüense se establecen las viejas raíces de las culturas precolombinas, que habitaron la región comprendida desde la Península de Nicoya hasta la región de Managua, en la actual Nicaragua, especialmente con las culturas existentes a la llegada de los españoles, los chorotegas y nicaraos. Igualmente, se pudo hacer la relación de que estas culturas dependían en muchos aspectos de la cultura azteca, para haber significado una posible dependencia con México.

Ciertamente Colón tocó el territorio de Costa Rica en setiembre de 1502, y la conquista y penetración del país se realizó hasta 1519 cuando las expediciones españolas cruzaron el istmo de Panamá y llegaron al Golfo de Nicoya, por el Océano Pacífico. De allí en adelante se escribió la Historia de la Conquista y la Colonización de la región de Nicoya, de lo que llegó a ser Nicaragua y Costa Rica, proyectada esa entrada hasta Honduras.

Reconocen los historiadores nicaragüenses que Nicoya empezó a tener autonomía desde 1555, cuando se le nombró un Corregidor hasta las Reformas Borbónicas, cuando en la nueva administración colonial de la Capitanía General de Guatemala, a Nicoya se le dio la doble dependencia, de Guatemala y de León para distintos aspectos de su administración, reconociendo igualmente que en ese período Nicoya también, por un breve plazo estuvo bajo la dependencia de Costa Rica.

Reconocen igualmente en la prensa nicaragüense que “los pobladores de Nicoya tenían más cercanía con los comerciantes costarricenses, debido a la posición geográfica de la provincia.”

De la misma manera reconocen que “al proclamarse la independencia de las repúblicas centroamericanas de España, Costa Rica tuvo el acierto de definir su gobierno de forma pacífica, contrario a lo que ocurrió en los otros cuatro países de la región.”

Destacan de la misma manera que “en Nicaragua, hubo una lucha encarnizada por el poder entre los fiebres (después llamados liberales) y los serviles (conservadores) que produjeron dos guerras civiles entre 1821 y 1828, la primera entre Crisanto Sacasa y Cleto Ordóñez y la segunda entre Manuel Antonio de la Cerda y Juan Argüello”, situación que los nicoyanos rechazaban, de la cual se sentían amenazados, por lo que buscaban el apoyo y la seguridad que les daba Costa Rica, como lo establecieron en el Acta de Anexión.

En la República Federal se planteó la situación de la anexión. Provisional y definitivamente se aceptó esa decisión. Según la prensa actual nicaragüense eso se dio porque “las autoridades nicaragüenses actuaron tardía y débilmente con acciones para revertir la anexión de Nicoya a Costa Rica”, reconociendo que en dos ocasiones se discutió esa situación.

Ningún argumento nicaragüense posterior se pudo invocar para retomar la jurisdicción nicaragüense sobre Nicoya, argumentos como la superación de las guerras civiles internas de Nicaragua, que la República Federal había desaparecido y que sus resoluciones carecían de valor.

En el planteamiento de la recuperación de Nicoya que desean los gobiernos nicaragüenses, mezclan situaciones políticas, como la presencia de los filibusteros norteamericanos en Nicaragua, en 1855, 1856 y 1857, donde William Walker incluso llegó a proclamarse Presidente de Nicaragua y estableció la esclavitud.

Con este motivo, la amenaza filibustera en Nicaragua provocó la acción del gobierno de Costa Rica, que tomó la decisión de ir a combatir a Nicaragua contra la tropa filibustera y liberar a Nicaragua de su opresión. Alrededor de esta acción se unieron los gobiernos de Centroamérica.

Según se cita en la prensa actual nicaragüense Costa Rica tenía intención de apropiarse del Río San Juan y del Lago Cocibolca, lo que no es cierto. Las acciones militares triunfantes de Costa

Rica en 1856 contra los filibusteros, en territorio costarricense, en las Batallas de Santa Rosa, 20 de marzo, y de Sardinal el 10 abril, y de Rivas, el 11 de abril, en territorio nicaragüense, pudieron permitir, si eso se hubiera querido, que Costa Rica se hubiera apropiado de toda esa parte sur del territorio nicaragüense, incluyendo la margen sur del Lago y de todo el río San Juan. Eso no sucedió porque no había interés territorial costarricense en la guerra contra los filibusteros norteamericanos. El interés era acabar con su presencia por el peligro que ello significaba para la soberanía, la independencia y la libertad de Centroamérica.

En la información divulgada en la prensa nicaragüense se omite la presencia del Ejército costarricense en esa hazaña bélica, y se reconoce su presencia de forma leve hacia 1857, cuando terminada la guerra se firma el Tratado de Límites entre Costa Rica y Nicaragua, el Tratado Cañas Jerez, en el cual se reconoce por Nicaragua la incorporación del viejo Partido de Nicoya, como parte del territorio de Costa Rica, ya en ese momento formando parte de lo que se llama la Provincia de Guanacaste. En el tratado se le da al país el reconocimiento de la margen derecha del río, lo que sí ha ocasionado en la historia de Nicaragua y Costa Rica, divergencias por el derecho de uso del río que tiene Costa Rica, hasta que en el gobierno de Laura Chinchilla, 2010-2014, un aspecto relacionado con ese conflicto se dilucidó en la Corte Internacional de la Haya, favorablemente a Costa Rica.

Todavía así, de parte de los nicaragüenses se sigue atizando y creando confusiones en torno a esta situación histórica, incluso haciendo mal uso de citas de historiadores costarricenses, respecto a los estudios de las jurisdicciones y límites entre estos dos países.

Para historiadores y periodistas nicaragüenses estos 200 años de la Anexión de Nicoya han sido “200 años de un controversial divorcio de Nicoya y Nicaragua”.

Con 200 años de divorcio, hay que decirlo, cualquier matrimonio es inexistente. La realidad se impone. El Partido de Nicoya hoy es parte integrante e indivisible del territorio de Costa Rica.

Compartido con SURCOS por el autor.

A 200 años del Patronazgo de La Virgencita de los Ángeles, la Asamblea Legislativa debería ratificarlo nuevamente

Vladimir de la Cruz

Si hay algo que destaca la religiosidad costarricense, alrededor de la cual, la inmensa mayoría del pueblo se une, le rinde culto y veneración es la Virgen de los Ángeles, la Negrita, como cariñosamente se le dice.

Hallada su imagen, la pequeña estatua con su figura, el 2 de agosto de 1635, hace 389 años, por la joven mulata Juana Pereira, originó la leyenda de su imagen, de su existencia y de su culto popular.

En su momento contribuyó a borrar la división social entre los grupos dominantes españoles de los grupos sometidos a su dominación y opresión colonial, facilitando la integración racial o social, la fusión de sangres y haciendo surgir al ser costarricense.

Cuatro años después de su hallazgo se empezó a construir la ermita de Los Ángeles, dando origen, primero a un culto de carácter regional y más tarde al nacional.

Se dice que las romerías para visitarla empezaron en 1649. Desde entonces se realizan con gran fervor. Hoy alcanza ciudadanos de Centroamérica que también se desplazan en devoción a su Santuario en Cartago.

En 1652 se creó la Cofradía o Hermandad de Nuestra Señora de los Ángeles, en Cartago, y un año después se le consideraba milagrosa. Su condición de milagrosa hace que la Iglesia de los Ángeles hoy tenga en, vitrinas, enorme cantidad de manifestaciones de fe, exvotos como se llaman, en urnas, donde miles de religiosos, agradecidos por las peticiones solicitadas y los favores recibidos, manifiestan su devoción y culto. Esas manifestaciones de exvotos se expresan en figuritas, de diversos tamaños, colores y formas, muchas de ellas en forma de miembros del cuerpo humano, cabeza, piernas, brazos, manos, trofeos y títulos de graduación, entre muchos.

Ante eventos de la naturaleza, temblores, terremotos, erupciones del Volcán Irazú se ha sacado en procesión a la Virgen de los Ángeles, implorándole su cuidado y protección. Justo fue, con motivo de los temblores de San Buenaventura, el 14 de julio de 1782, que se reconoció oficialmente la tradición de su celebración, cuando en procesión solemne se le juró «recibir, venerar y tener por Abogada» a la Virgen de los Ángeles, «para mejor asegurar su incontrastable defensa y pedirle socorro en cualquier tribulación», lo que también produjo que las autoridades de Cartago, eclesiásticas y civiles, como el pueblo, la declararon como su Patrona y Reina.

Cuando llegó el Acta de Independencia de Guatemala, el 13 de octubre de 1821, comunicándonos la decisión de la ruptura con el orden colonial, e invitándonos a decidir por cuenta propia si tomábamos el camino de la Independencia o continuábamos bajo el dominio español, el Ayuntamiento de Cartago, en la Sesión de ese día acordó que «que se suplicase… a la Patrona General de esta Ciudad… nos favorezca con los auxilios de su santísima gracia para nuestras determinaciones en la época tan lamentable…». Por los resultados de los días siguientes, hasta el 29 de octubre de 1821, cuando en Cartago de afirmó la Independencia de Costa Rica, podríamos señalar que la Virgen de los Ángeles colaboró en esa decisión.

El 9 de setiembre de 1824, el Congreso Constituyente del Estado de Costa Rica, declaró que “La Virgen de los Ángeles, Madre de Dios y Señora nuestra, es y será en lo sucesivo La Patrona del Estado de Costa Rica”.

Un día después, como hoy, 24 de setiembre, hace 190 años, el Jefe Supremo del Estado de Costa Rica, el primer Jefe de Estado, Juan Mora Fernández, ordenó que se guarde, se cumpla y se ejecute dicho Decreto en todos sus extremos. Con este acto se confirmó lo que la tradición había venido estableciendo desde 1635, en que según la Leyenda de la Virgen de los Ángeles apareció en la Puebla de Cartago, generando el culto de amor y de pasión que se le rinde por el pueblo costarricense. Desde entonces tiene ese reconocimiento nacional.

Cuando se produjo la Guerra de la Liga, entre setiembre y octubre de 1835, que se produjo por la derogatoria de la Ley de la Ambulancia, que hacía rotar la capital en las ciudades de Alajuela, Cartago, Heredia y San José, contra la pretensión de San José de quedarse con la capital, de manera permanente, los cartagineses se movilizaron con la Virgen de los Ángeles acompañando sus tropas. El 14 de octubre con la llegada de tropas josefinas a Cartago, dejaron abandonada la Virgen, la que de inmediato tomaron los josefinos, quedando en custodia en la Iglesia de la Merced por siete años. En el mes de julio de 1842, por disposición de Morazán, regresó a Cartago. Monseñor Víctor Manuel Sanabria ha sostenido que la imagen en mención no era la verdadera, sino una copia llamada “la Peregrina”.

En 1852, el 4 de setiembre, el Obispo Anselmo Llorente consagró a la Iglesia de los Ángeles. En 1856, en la guerra contra los filibusteros fue invocada la Virgen de los Ángeles, para acompañar al Ejército Nacional Libertador. Así la Virgen de los Ángeles, de esa manera, acompañó a los soldados y combatientes costarricenses en esta lucha gloriosa.

El 2 de marzo de 1862 se le concedió el título de Basílica, al Santuario de los Ángeles, título renovado el 22 de abril de 1877 y luego en 1892, por otros quince años. En esta misma fecha, el entonces Papa Pío IX concedió a perpetuidad indulgencia plenaria a quien visitare el Santuario de los Ángeles. Diez años más tarde, el mismo Papa Pío IX «concedió a perpetuidad, con las condiciones acostumbradas, la Indulgencia Plenaria, y remisión de todos los pecados, a todos cuantos visitaren devotamente, verdaderamente arrepentidos, confesados y comulgados, la Iglesia de la Virgen de los Ángeles, desde las primeras vísperas hasta la caída del sol del 2 de agosto de cada año».

El 7 de setiembre de 1912 se colocó la primera piedra de la basílica de la Virgen de los Ángeles.

En 1924, al cumplirse en Centenario del Patronazgo de la Virgen de los Ángeles, el Congreso de la República, lo ratificó de nuevo.

En 1932, y luego en 1975, el Congreso declaró feriado el 2 de agosto de cada año.

El 26 de julio de 1935 se le dio al Santuario el título perpetuo de Basílica Menor, agregada a la Patriarcal de San Juan de Letrán, de Roma, y en 1944 el Arzobispo Sanabria elevó el antiguo Santuario a Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles.

En 1950- el 12 de mayo, se produjo el robo y asalto de la imagen de la Virgen de los Ángeles. Fue acusado de sacrilegio José León Sánchez. A finales del siglo XX la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, en revisión del caso, declaró inocente de dicho delito a José León Sánchez

El 2 de diciembre de 1956, se realizó la Segunda Coronación como Reina del Trabajador a la Virgen de los Ángeles, con motivo de la celebración del Segundo Congreso Nacional de la Juventud Obrera Católica.

En el 2002, al iniciarse el tercer milenio, la Asamblea Legislativa, además de ratificar el patronato concedido a la Virgen de los Ángeles en 1824, en su artículo segundo, declaró: “Que el Estado costarricense estará bajo el amparo y protección del Inmaculado Corazón de la Virgen María, Reina de los Ángeles”.

En el 2005 una imagen suya se llevó al Vaticano y recientemente el Papa Benedicto XVI la bendijo y la colocó en la Basílica Santa María de la Luz.

En los meses de julio y agosto del 2009, por motivo de la pandemia de gripe A (H1N1), que nos afectó durante dos años, el Gobierno de la República, suspendió la romería por primera vez en 227 años.

El 31 de julio del 2013 la Virgen de los Ángeles fue investida como Comandante General de la Sección Aérea del Ministerio de Seguridad de Costa Rica, y el 20 de marzo del 2020, La Negrita de los Ángeles, la llevaron a sobrevolar Costa Rica como protección ante la pandemia del COVID-19. Este año, nuevamente fue suspendida la romería y se invitó a los feligreses a realizar una Romería Virtual.

En la campaña electoral del 2018 el Partido Restauración Nacional, con su candidato presidencial, Fabricio Alvarado Muñoz, con uno de sus pastores religiosos más importantes, Rony Chaves, hicieron ataques y burlas a la Virgen de los Ángeles, que provocaron gran tensión nacional y marchas ciudadanas de feligreses católicos contra los ataques que le hicieron a la Virgen de los Ángeles, y consecuentemente contra la Iglesia Católica nacional.

Este año se cumplen 387 años de leyenda, tradición histórica y popular; de herencia cultural; apariciones y hallazgos, milagros, devoción, culto y fe religiosa. Pero, también se cumplen 200 años, el próximo 9 de setiembre, de haber declarado Patrona Nacional a la Virgen de los Ángeles.

Religiosos o no religiosos reconocen a la Virgen de los Ángeles como factor de innegable virtud para el desarrollo de nuestra personalidad religiosa, católica y cristiana, que ha contribuido de igual manera y no en escasa medida, al robustecimiento de nuestra personalidad política, social y también étnica

La representación divina y humana de la Virgen de los Ángeles nos recuerda, la realidad histórica de su origen, su identificación socio cultural con nuestro pueblo; con la mujer, la madre y el hijo; con los valores de feminidad y maternidad en la vida social.

Cualidades de fortaleza, sabiduría, virginidad y doncellez, discreción y silencio; triunfadora, benefactora y salvadora; capacidad de mediación y unión; dones de sencillez, humildad, sensibilidad, nobleza, pobreza y solidaridad, destacan en su culto.

También se le asocia a la formación de la conciencia y sentido nacional, a la idea de patria y a la defensa, incluso territorial, frente a alguna agresión o amenaza extraña.

El culto a Nuestra Señora de los Ángeles es originario de España, en Getafe, cerca de Madrid, y fue traído a América por los conquistadores españoles.

La Virgen de los Ángeles fue declarada patrona de Costa Rica y protectora de las Américas por el Papa Juan Pablo II.

Al cumplirse el centenario de su Patronazgo el Congreso afirmó dicho Patronazgo. El cumplirse el Bicentenario del Patronazgo, este año, este mes, la Asamblea Legislativa debería reafirmar una vez más, por segunda vez, el Patronazgo de la Negrita de los Ángeles.

Compartido con SURCOS por el autor.

El símbolo del Teatro Nacional no puede cambiarse

Vladimir de la Cruz

Historiador

Fue el gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera, 2014-2018 que, por medio de una Ley, firmada por él, institucionalizó y declaró el Teatro Nacional como un Símbolo Nacional del Patrimonio Histórico Arquitectónico y Libertad Cultural.

Tuvo esta ley una aprobación de 40 diputados en su segundo debate. Dicho de otra manera, el Teatro Nacional se declaró Símbolo Nacional por una Ley de la República, no por un Decreto Ejecutivo ni por un acto administrativo del Ministerio de Cultura.

Cuando se declaró Símbolo Nacional se estableció que los días 12 y 13 de mayo del 2018 estuviera abierto de acceso al público para que, mediante visitas guiadas en días, el pueblo pudiera recorrerlo y conocerlo en sus detalles interiores.

La ley estableció que el Ministerio de Educación Pública tiene que incluir en el temario correspondiente en los estudios, en la escuela primaria como en la secundaria, los contenidos respectivos para que se estudie, valore y destaque el Teatro Nacional como Símbolo Nacional.

Desde el 5 de febrero del 2018, cuando se aprobó la declaratoria el Teatro Nacional pasó a ser un Símbolo Nacional más, el número 14 de la lista de símbolos declarados.

Ya había sido reconocido como monumento nacional, así establecido por Decreto No. 3632 del 24 de diciembre de 1965, bajo el gobierno de Francisco Orlich Bolmarcich, 1962-1966. En 1995, en el gobierno de José María Figueres Olsen, 1994-1998, se amparó, en 1995, el Teatro Nacional a la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico, reconociendo su importancia arquitectónica, patrimonial, cultural e histórica. Así el edificio principal fue declarado Monumento Histórico Nacional; con lo que el Estado costarricense reconoció y estableció la importancia arquitectónica, patrimonial, cultural e histórica del inmueble.

Cuando se creó el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes se estableció que el Teatro Nacional estaría adscrito a este Ministerio, así dependiente desde 1974.

En 1998, en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, 1998-2002, se le declaró Institución Benemérita de las Artes Patrias.

En el 2019 se aprobó, por la Asamblea Legislativa, un Contrato de Préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, para darle al Teatro Nacional un Programa Integral de Seguridad y Conservación, siguiendo una iniciativa del Poder Ejecutivo del 2018. Cuando se aseguró la preservación del edificio patrimonial, se excluyó del mismo cualquier actividad de tipo administrativa que representara un riesgo, que alterara la fusión del legado del siglo XIX con las necesidades del siglo XXI.

El Teatro Nacional de Costa Rica (TNCR) había nacido como ente jurídico estatal el 28 de mayo de 1890 cuando el Congreso Constitucional de la República emitió el Decreto XXXIII que en su artículo primero declara “Obra Nacional el Teatro de la Capital de la República», financiado en sus inicios con un impuesto a la exportación de café, para su construcción, fortalecido con Decretos de 1892 y 1893.

En nuestra Historia Nacional tenemos símbolos nacionales del período del Estado (1821-1848) y de la República (1848-2024, hasta hoy). Los símbolos nacionales son objetivos, verdaderos, tangibles y sagrados. Tenemos Símbolos Nacionales que podemos considerar Mayores y los que podemos considerar Menores, todos son SÍMBOLOS NACIONALES.

Los MAYORES son la Bandera, el Escudo, los Escudos de Armas, el Pabellón Nacional, las Letras y Música del Himno Nacional. El Pabellón Nacional es la integración del Escudo y la Bandera en un solo cuerpo, que se presenta solo en el acto correspondiente que preside el titular de cada uno de los Poderes de la República: el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial o Electoral.

Nos recuerdan los símbolos nacionales la afirmación del proceso de construcción y del desarrollo democrático nacional. Son síntesis de la historia nacional, la independencia, la libertad y la soberanía. Recogen el pacto social y político de los costarricenses, su unidad nacional y destino común.

Los Símbolos Nacionales MENORES son aquellos que destacan valores y particularidades de la sociedad costarricense, de la cultura nacional, de la tradición histórico cultural, de la biodiversidad geográfica y natural, que distinguen especialmente particularidades del pueblo y de la nación costarricense, así como del territorio nacional en toda su amplitud. Pueden tener características muy regionales o particulares, como son los símbolos asociados o que representan la fauna nacional; el animal y ave nacional, que exaltan la protección y conservación de las aves; la flor nacional y el árbol nacional, que representan la flora costarricense; la carreta costarricense con la cual se destaca el trabajo como valor generador del desarrollo económico, de la riqueza social y como expresión del arte popular.

Los Símbolos Nacionales, son comunes a los costarricenses, son cuerpos independientes entre sí, con su propia historia y desarrollo. Identifican valores de la sociedad, exaltan hechos históricos, concretan idiosincrasia; reflejan aspiración, afán de lucha y progreso de la nación; expresan ideales y la confianza de un hermoso porvenir. Algunos símbolos sobresales sobre los otros. Tienen un reconocimiento público y popular más destacado.

A los Símbolos Nacionales se les rinde respeto, honor y ritual de uso. Parte de ese respeto y ritual de uso es mantener lo particular que distingue a cada símbolo, ya como un emblema, como un logo, como un elemento de identificación, como su genuina cédula de identidad.

Así por ejemplo el logo que históricamente ha identificado al Teatro Nacional, que es parte consustancial de su propia estructura arquitectónica, que desde su construcción ha permanecido como su sello de reconocimiento público, y así ha sido empleado para todos los efectos, la combinación de la T y la N en el cuadrado que las entrelaza.

Los Símbolos Nacionales no pueden ser alterados por actos administrativos o ejecutivos. Lo que por Ley se crea solo por Ley se pude cambiar.

Los gobiernos a veces han tratado de distinguirse con un Logo de la Administración de turno. Es válido para los actos del Poder Ejecutivo en el uso de su correspondencia y papelería oficial.

Nunca ningún logo de gobierno ha sustituido un símbolo propio, particular, de ninguno de los Símbolos Nacionales, con los cuales se reconocen, como ha hecho el actual Ministro de Cultura (¿?), que ha eliminado, entre otros el Símbolo o Logotipo que ha caracterizado al Símbolo Nacional del Teatro Nacional, sustituyéndolo por otro, un rectángulo horroroso, que incluye, destacando en amarillo ,una silueta del país, que más parece un homenaje a las políticas oficiales que amparan la tala de árboles en zonas protegidas, y que proyecta un país sin zonas ni áreas protegidas de bosques o reservas nacionales de conservación y de biodiversidad.

Lo que se trata de imponer es un símbolo vacío. Si así quiere expresar lo que es el actual gobierno, puede hacerlo para la papelería oficial, pero no para sustituir los emblemas con que se han distinguido históricamente los símbolos nacionales en su particularidad.

Comete un grave error el Ministro de Cultura cuando trata de imponer un logo de gobierno como un logo histórico de una Institución Benemérita, como lo es el Teatro Nacional. ¿Cuánto va a durar ese nuevo logo de gobierno? ¿Lo que queda de gobierno, 18 meses?

El Teatro Nacional es un Símbolo Nacional, emblemático, de nuestra cultura y de nuestra sociedad democrática en el momento en que se construyó, por la participación popular que contribuyó en su construcción. El Emblema, el Logo, que lo ha distinguido como reconocimiento institucional es parte de su propia estructura y arquitectura. Como tal no puede ser cambiado.

La Secretaría Técnica del Consejo de Salud Ocupacional y la Iglesia Católica se oponen a la jornada de 12 horas

Vladimir de la Cruz

Continúa en la Asamblea Legislativa la discusión del Proyecto de Ley N.º 24. 290 sobre las jornadas esclavista de trabajo de 12 horas diarias, llamada jornada 4-3, que se denomina “Establecimiento de jornadas laborales excepcionales, para casos que sean excepcionales y muy calificados”.

Se sigue sin precisar cuáles son los casos “determinados, excepcionales y muy calificados” que necesitan empresarialmente esta jornada de 12 horas diarias.

El día de ayer, el Director Ejecutivo de la Unión de Cámaras reconoció, en periódicos, que la economía costarricense, que se basa en el régimen de trabajo de ocho horas diarias, viene generando empleos, principalmente en todos los sectores orientados hacia la economía internacional, que es donde algunos sectores, que quieren establecer la jornada de 12 horas, señalan más se necesita esa jornada esclavista.

El Director Ejecutivo, igualmente, señaló que la aprobación de las jornadas de 12 horas podrían ser un estímulo para la competencia en algunos sectores de la economía nacional, sin precisar cuáles son esos sectores. Por ningún lado quieren o pueden señalar verdaderamente cuáles empresas necesitan la jornada laboral de doce horas. ¿Por qué no quieren señalarlas o precisarlas?

También reconoció que hay cerca de 200.000 personas desempleadas, “más las que han salido del mercado laboral por múltiples razones”. A lo que habría que agregar el altísimo componente de los que laboran el en sector informal de la economía, que llega casi al millón de personas.

Se dice por quienes defienden la jornada de 12 horas que los trabajadores tendrán más tiempo para estudiar y capacitarse, porque dispondrán de tres días de descanso seguidos. Eso tampoco es cierto.

No hay políticas públicas de ningún tipo, ni por el Ministerio de Educación o el Instituto Nacional de Aprendizaje, de ofrecer esas posibilidades de estudio. El Ministerio de Educación Pública ha visto reducir su presupuesto anual. En este gobierno de Rodrigo Chaves hay un ataque devastador sobre toda la educación pública. No solo no se le da el porcentual constitucional a la Educación pública y a las universidades, sino que se han eliminado, para los niños y jóvenes, en edad escolar y colegial, las becas de estudios, los comedores estudiantiles y los subsidios para el transporte de estudiantes, lo que ha contribuido a expulsar, en la práctica, a miles de niños y jóvenes del proceso educativo, agregados a los más de 100.000 que expulsó la pandemia, sin que se hayan recuperado para la educación.

Además, los colegios nocturnos no están operando. Escuelas nocturnas tampoco. En correspondencia con lo que se pide de las jornadas de 12 horas, no se anuncia, para los trabajadores, que esas escuelas y colegios nocturnos, o diurnos, para los fines de semana, por lo menos, sábados y domingos, puedan operar o estar abiertos.

No hay ningún interés de facilitar posibilidades se superación por el estudio para los trabajadores formales, como no la hay para los desempleados o los trabajadores de la informalidad.

Lo que realmente se quiere, por parte del gobierno del Jaguar, es llevar a la población laboral a los niveles más bajos de capacitación, para que por ese camino solo puedan aspirar a los salarios más bajos que se puedan pagar, aumentando en ese sentido la explotación de los trabajadores, y lanzarlos a competir, a ellos, por esos salarios más bajos, incluso en posibilidad de contratarlos por salario más bajos que los mínimos, como se hace en algunas empresas, por la vía de “contratos laborales”, y no por la inserción de ellos en las planillas, sujetas a control de la CCSS y del Ministerio de trabajo. El sistema de “contratos” se está “generalizando” en algunas empresas. Los sindicatos deberían ponerle atención a esto.

Todo esto es parte de lo que en el Proyecto de Ley de las 12 horas se contempla como “racionalización de costos”.

La Secretaría Técnica, que asesora al Consejo de Salud Ocupacional recomendó, desde hace varios meses, que esta jornada no se establezca. En el documento de la Secretaría Técnica se señala que el Proyecto de Ley de las 12 horas de trabajo continuo no reconoce el “tiempo dedicado al trabajo”, que es el lapso que invierte el trabajador para el desplazamiento de su casa al centro de labores y viceversa; así como tampoco se reconocen licencias, actividades de capacitación, interrupciones involuntarias al trabajo, entre otros aspectos.

La jornada esclavista de las 12 horas solo reconoce “el tiempo efectivo de trabajo”, como variable para justificar la reforma que se quiere imponer, tal y como se pretende en la propuesta que se está discutiendo.

La jornada de trabajo de 12 horas, la Secretaría Técnica, reconoce que esa jornada limita los lapsos mínimos necesarios para que el trabajador, como ser humano, recupere su energía, tenga calidad del sueño, y pueda conciliar su vida social y el trabajo, y tenga espacios básicos de ocio y recreación.

La exposición y sometimiento a la jornada de doce horas de trabajo predispone a enfermedades, a “patologías crónicas, músculo esqueléticas y de salud mental, en la posibilidad de manifestar conductas y hábitos poco saludables, tales como el tabaquismo, dieta desequilibrada, el consumo de alcohol y el sedentarismo, además de un posible aumento en probabilidad de sufrir accidentes”, como se afirma en ese informe de la Secretaría Técnica.

También se reconoce que una intensificación de la jornada disminuye el desempeño y eficiencia en el trabajo, posibilita errores en el cumplimiento de los sistemas de seguridad laboral, aumenta los síntomas de fatiga, disminución del estado de alerta y acortamiento del periodo dedicado al sueño a cuatro horas o menos.

El Proyecto de Ley de la jornada esclavista contraviene una serie de Convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

Y para el sector empresarial, que se dice social cristiano, que se inspira en su vinculación afectiva, anímica, vital, con la Iglesia Católica, principalmente, y que hacen alarde algunos empresarios, que recuerdan con “nostalgia” las Reformas Sociales de 1943, apoyadas e impulsadas por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, el Dr. Calderón Guardia y Manuel Mora Valverde, digo con nostalgia porque son reformas que se han venido perdiendo y ya casi no se tienen. De su práctica empresarial solo tienen el recuerdo cariñoso de aquellas reformas sociales.

El empresariado que se reconoce como socialcristiano, que ojalá no sea solo de palabra, debería revisar, estudiar y asimilar las Encíclicas papales la Rerum Novarum, la Quadragesimo Anno, Mater et Magistra, Pacem in Terris, Populorum Progressio, Octogesima adveniens, Laborem Exercens, Sollicitudo Rei Socialis, Centesimus Annus, Caritas in veritate, Laudato si y Fratelli tutti. Les recomiendo, además, el Código Social de Malinas de 1927, donde se defienden los derechos de los trabajadores, entre ellos el derecho a la organización sindical, a la huelga y a la jornada de trabajo de ocho horas, banderas que asumió la Iglesia desde 1891.

El Proyecto de Ley N.º 24.290 sobre las jornada esclavista de trabajo de 12 horas diarias lo está impulsando en la Asamblea Legislativa principalmente el gobierno del Jaguar, sus felinos diputados, y la fracción parlamentaria del partido Unidad Social Cristiana, que discute en su seno si eliminan lo de “cristiana”, porque ya no tiene nada ver con ellos esa denominación.

Recientemente, la Iglesia Católica de Costa Rica, por medio de la Conferencia Episcopal, que reúne a todos sus Obispos, se pronunció en contra de este Proyecto de Ley y del establecimiento de la jornada de trabajo de 12 horas.

La Iglesia Católica considera que estas jornadas afectarán la vida familiar, las dinámicas sociales y de las comunidades, la comunicación y convivencia al interior de las familias, el tiempo de convivencia conyugal, el tiempo de los trabajadores con sus hijos. Para la Iglesia Católica el tiempo de familia también se vería comprometido y disminuido.

Señala la Iglesia Católica que se obstaculizan las tareas de cuido, como se carece de ellas, para los dependientes de las familias, y se despersonaliza la atención de menores y de su atención en el propio hogar.

Los Obispos también señalan que el Proyecto de Ley no garantiza la invulnerabilidad para la exclusión laboral de personas. La Iglesia también reconoce que la jornada de 12 horas afectará la salud física y mental de los trabajadores.

La Iglesia Católica categóricamente afirmó que pueden reforzar un modelo de crecimiento económico que resulte exclusive e inequitativo, pronunciándose por la generación de empleo decente.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

La lucha por el presupuesto universitario es por la Patria

Vladimir de la Cruz

La lucha por el presupuesto universitario la iniciamos los estudiantes que formábamos parte del Frente de Acción Universitaria, FAU, durante los años 1967 -1973. Por aquellos años la Universidad de Costa Rica, la única en ese momento en el país, recibía el 10% del presupuesto nacional de Educación.

La lucha que dimos fue por igualar el presupuesto de la Universidad al de la Corte Suprema de Justicia, el 6% del Presupuesto Nacional.

Fue una lucha prolongada, intensa, dura y tensa. Las organizaciones estudiantiles existentes en la Universidad se fueron integrando a esta lucha. La Federación de Estudiantes y los otros grupos políticos levantaron esta bandera.

En el gobierno de José Figueres organizamos la Gran Marcha del 6%. En la noche anterior a la marcha el presidente Figueres envió al Dr. Luis Burstin a la Federación de Estudiantes, donde estábamos en el Comité Organizador de la Marcha, a convocarnos a su casa para hablar sobre la petición de los estudiantes. Fuimos allí, entre otros, Oscar Madrigal, Constantino Urcuyo, Francisco Barahona, entonces presidente de la Federación de Estudiantes y yo. Figueres nos planteó suspender la marcha. Nosotros mantuvimos la tesis de la asignación presupuestaria.

La marcha se realizó majestuosamente. Gigantesca fue la marcha. Desde el Balcón de Radio Monumental hablamos tres personas, por su orden, Vladimir de la Cruz, por el Comité de Huelga y Organizador de la Marcha, Francisco Barahona, presidente de la Federación de Estudiantes y el Rector de la Universidad, Eugenio Rodríguez Vega.

El terreno de la lucha universitaria por un presupuesto justo para la Universidad estaba abonado. La lucha se mantuvo con presión hacia los diputados, que finalmente aprobaban el Presupuesto Nacional de la República.

Las luchas del movimiento estudiantil en aquellos años, y los cambios que se operaban en la Universidad de Costa Rica, especialmente bajo las directrices del III Congreso Universitario, a principios de la década de 1970, llevaron al Presidente Figueres, y luego al Presidente Daniel Oduber, en esos gobiernos desde 1970 hasta 1978, a impulsar la apertura de las otras instituciones de educación superior en el país, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia. Probablemente impulsaron esas universidades con la finalidad de neutralizar a la Universidad de Costa Rica, en la politización que se había alcanzado, especialmente en su movimiento estudiantil. Las otras instituciones de educación superior, a como iban surgiendo, se iban sumando a esta lucha y otras nacionales y patrióticas.

Con ello el presupuesto de la Universidad de Costa Rica empezó a verse en la dimensión de garantizar el presupuesto para todas las instituciones de educación superior, lo que llevó a las reformas constitucionales respectivas y a la constitución del Fondo Especial para la Educación Superior, FEES. Constitucionalmente se llegó a garantizar un 8% del PIB, al igual que para la educación nacional pública.

El porcentual constitucional ha sido objeto de debate, de luchas y de movilizaciones, año tras año. En algunos gobiernos con más intensidad que en otros. No ha importado si han sido gobiernos dirigidos por el partido Liberación Nacional, creador de estas últimas universidades, a las que hoy se suma la Universidad Técnica Nacional, de Alajuela, que también forma parte del FEES, o la Universidad de Costa Rica creación del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, que el partido Unidad Social Cristiana, ni bajo la influencia de Rafael Ángel Calderón Fournier, ha hecho nada por defenderla. La Universidad de Costa Rica, creada el 26 de agosto de 1940, también fue fortalecida por Liberación Nacional, con el desarrollo de la Ciudad Universitaria, especialmente en la década de 1950.

Ambos partidos, hoy con una bancada importante de diputados que ellos tienen, solo ellos dos, de casi 30 diputados, tienen una obligación con la Patria, de darle el presupuesto que los Rectores y el Consejo Nacional de Rectores, han solicitado superior al 4% del PIB, para garantizar el funcionamiento de las Universidades en sus nobles propósitos científicos, académicos, literarios, culturales, artísticos, de continuar garantizando lo mejor de la producción de profesionales, que alrededor del 80% de la totalidad de profesionales de la educación superior se insertan en el sector privado y público nacional, contribuyendo de esa manera al mejor desarrollo del país.

Al momento de escribir este artículo, el pasado lunes por la noche, estos dos partidos, que han gobernado el país desde 1953 hasta el 2014, que han creado estas universidades, no han abierto la boca para defenderlas. Ni un solo pronunciamiento público, ni un solo llamamiento para sumarse a las marchas de hoy miércoles ante la Asamblea Legislativa y de mañana jueves en todo el territorio nacional, especialmente donde existen las distintas sedes universitarias, han realizado. Pareciera que estos partidos han muerto. O lo peor, cooperan con la muerte anunciada que ha hecho el inquilino de Zapote.

Los Secretarios Generales, los Presidentes y los Secretarios o líderes juveniles de estos partidos son letra muerta en el escenario político nacional. No se sienten, no aparecen ni existen, y en pocos meses estarán solicitando votos para la campaña nacional electoral del próximo año.

¡Qué decadencia de partidos políticos y de sus dirigentes políticos y juveniles!, con este silencio ante la ejecución tipo sicariata que está haciendo el Jaguar de Zapote a las universidades, cuando ya instruyó sus felinos ministros de acabar presupuestariamente con las universidades.

La actitud del gobierno frente a las universidades es típicamente una acción sicariata. Disparar a la cabeza y corazón de las universidades, a su presupuesto, para matarlas. Es una ráfaga de fuego contra los casi 125.000 jóvenes universitarios, de ellos un 60% son mujeres, dejarlos sin posibilidad de estudiar, para enviarlos a las calles e insertarlos, de esa manera, en las organizaciones criminales existentes y crecientes en el país en los trabajos que se les puedan ofrecer, en el cuido y manejo callejero, de la bodega más grande de drogas de la región.

Las marchas de hoy miércoles y de mañana en todo el territorio nacional son absolutamente válidas, justas. Son marchas por la Educación Nacional y por la Educación Superior Pública. Son marchas por los jóvenes que hoy estudian en las universidades. También son marchas por los jóvenes que hoy se encuentran en las escuelas y los colegios, para garantizarles su futura posibilidad y oportunidad de una educación superior universitaria. Son marchas por las familias de todos los jóvenes, por sus padres y madres, por sus hermanos y hermanas, por sus calidades de vida. Son marchas para garantizar las posibilidades familiares de que sus hijos y nietos puedan tener asegurado un futuro de estudio y de formación profesional, que les permita servir mejor al país, a la Patria y que también les genere un futuro más seguro económicamente, alejado de la pobreza, de la extrema pobreza, del desempleo, del subempleo y del trabajo informal, que les permita constituir futuras familias, sólidas y felices familias.

El inquilino de Zapote quiso doblegar a las autoridades universitarias bajo la amenaza de que aceptaban el 1% del PIB como incremento presupuestario para el 2025, o nada, respecto al 4.03% que pedían las universidades. Después de convocarlos a una humillante reunión en su guarida de Zapote, les dijo que no proyectaba ni el 1% del PIB. Que su presupuesto se iba con un 0% para las universidades y que fueran a luchar a la Asamblea Legislativa el presupuesto universitario.

El animal de Zapote, el Jaguar, además amenazó que darle el presupuesto constitucional, que tiene obligación de cumplirlo, significaba reducir otras asignaciones presupuestarias que tenían que ver, entre otras, con salud y seguridad. De la manera más vulgar se atrevió a asustar a la población nacional con esto.

Las partidas presupuestarias de salud, educación, de las universidades están señaladas en la Constitución Política y en la práctica de elaboración de los presupuestos nacionales, que contemplan sus crecimientos anuales correspondientes. El inquilino de Zapote tiene obligación constitucional de garantizarlas y cumplirlas.

Lo que sucede es que el actual gobierno lo que tiene al frente es un grupo de oscuros personajes interesados en destruir el Estado Social de Derecho, en destruir y debilitar sus instituciones sociales, en tercerizar y privatizar sus servicios, junto con el aniquilamiento del Estado de Derecho; en limitar las acciones de los Poderes Legislativo y Judicial y en acabar con las instancias de control político establecidas en la Constitución, en la legislación nacional y en las instancias de la vida democrática, cívica y ciudadana.

La norma constitucional del Artículo 85, ordena al Poder Ejecutivo dotar a las universidades del patrimonio propio que les garantice su funcionamiento. El artículo 85 constitucional señala que el presupuesto de las universidades no puede ser reducido, ni abolido, ni disminuido, y que tiene que crear rentas para asegurarlo.

El artículo 85 constitucional remite a la Asamblea Legislativa la discusión y aprobación del presupuesto para las universidades, si en la Comisión de Enlace, como se llama la comisión creada con el Gobierno y las Universidades, no se llega a ningún acuerdo. Por eso es la marcha de hoy miércoles y las de mañana jueves en todo el territorio nacional, solicitando los fondos adecuados y necesarios para el funcionamiento de las Universidades estatales.

Desde el mes de setiembre hasta el mes de noviembre se discutirá en la Asamblea Legislativa el Presupuesto que envía el Poder Ejecutivo.

El presupuesto para el 2025 enviado a la Asamblea Legislativa va con 0% de incremento para las universidades. Eso significa que se asigna a las universidades el mismo presupuesto de este año 2024. Ni siquiera se proyecta el 3% de inflación que se calcula para el 2025.

El presupuesto formal la Asamblea Legislativa debe enviarlo el 30 de setiembre a la Contraloría General de la República, de manera que, aunque los diputados aprobaren una cifra mayor, siempre se iniciaría el 2025 con el monto presupuestario igual al 2024. Solo hasta el 30 de setiembre se puede saber con certeza cuanto podría incrementarse el presupuesto de las universidades.

Esto significa que la lucha de las universidades apenas está hoy comenzando ante la Asamblea Legislativa, y ante los diputados de los distintos partidos políticos. Significa que hasta el 30 de setiembre hay que mantener la presión en las calles y en la propia Asamblea Legislativa.

Todo el mes de setiembre deben organizarse marchas de estudiantes y de universitarios a la Asamblea Legislativa. Debe establecerse un piquete permanente frente a la Asamblea Legislativa como se hizo con ALCOA, con el Combo del ICE o con el TLC, con tiendas de campaña si fuera necesario.

También deben realizarse piquetes de presión en las casas de los diputados en sus respectivas comunidades. Si son representantes populares el pueblo, los estudiantes, los universitarios y sus familias pueden irles a pedir, a sus casas, el apoyo para las universidades. Los diputados tienen que entender y comprender que ese derecho de petición de los ciudadanos directamente en sus casas es válido.

También deben realizarse marchas a las sedes de los partidos y dirigentes políticos pidiéndoles su pronunciamiento, especialmente con los partidos y diputados que están comprometidos con la creación de las universidades.

La lucha de las universidades, de sus estudiantes, que hoy marchan, es por Costa Rica, la de hoy y la del futuro.

La lucha por el presupuesto universitario justo hay que apoyarla, es una lucha nacional, de todos los estudiantes y sus familias. Es una lucha por la Patria.

Compartido con SURCOS por el autor.

La jornada de trabajo 4-3 debe discutirse, según la OIT, por la vía de Convención Colectiva entre Sindicatos y patronos

Vladimir de la Cruz

En la exposición de motivos del Proyecto de Ley, el N.º 24.290 sobre las jornadas esclavistas de trabajo de 12 horas diarias, llamada jornada 4-3, que se denomina “Establecimiento de jornadas laborales excepcionales, para casos que sean excepcionales y muy calificados”, que se conoce en la Asamblea Legislativa, para justificar el establecimiento de la jornada de trabajo de 12 horas diarias, modificando el Código de Trabajo y de manera fraudulenta la misma Constitución Política, señalando que lo que se quiere para la familia es que el trabajador tenga “más tiempo” para “mayor capacitación, para desempeñarse mejor en su trabajo.”

En la justificación que se hace en la Exposición de Motivos, en la parte introductoria de ese Proyecto de Ley, de manera engañosa se cita el Convenio No. 1 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ratificado por Costa Rica, que estableció la jornada de trabajo de 48 horas semanales, de ocho horas diarias, y de 36 horas semanales en jornadas de 6 horas nocturnas.

El Convenio de la OIT No. 1 es contundente: se limita la jornada de trabajo, de manera que las horas de trabajo en las empresas industriales a ocho horas diarias y cuarenta y ocho semanales.

En el Artículo 2 del Convenio de la OIT se dice claramente: En todas las empresas industriales PUBLICAS o PRIVADAS no podrá exceder de ocho horas por día y de cuarenta y ocho por semana, salvo excepciones previstas, que SERAN ATENDIDAS POR CONVENIOS entre las organizaciones patronales y obreras, convenios entre las organizaciones o representantes dichos, que podrán autorizar que se sobrepase el límite de ocho horas, señalando que “el exceso del tiempo previsto NUNCA podrá ser mayor de una hora diaria”.

El artículo 4 del Convenio de OIT dice que podrá sobrepasarse el límite de horas de trabajo siempre que el promedio de horas de trabajo no exceda de cincuenta y seis por semana, lo que sigue significa que podría extenderse la jornada diaria en una hora diaria, de 48 semanales a 56 semanales. Períodos más largos de trabajo tienen que pactarse entre las organizaciones patronales y las obreras, según este Convenio.

El Convenio de OIT establece que el salario de las horas extraordinarias debe ser aumentado al menos en un 25% con relación al normal. En Costa Rica se paga el 50% más. Con la jornada extendida que se quiere establecer de 12 horas no se pagará más de 18%.

Para trabajos excepcionales, que requieran modificación de jornadas, el Convenio de OIT establece que cada Gobierno debe comunicar a la OIT la información completa, por lista de trabajos clasificados, de funcionamiento necesariamente continuo que puedan necesitar extensiones de jornadas, con CUMPLIMIENTO de los CONVENIOS PACTADOS ENTRE SINDICATOS Y PATRONOS. Nada de esto se ha hecho en el país. Por el contrario, se vienen desconociendo y debilitando los Convenios Colectivos de Trabajo.

Se dice, en la Exposición de Motivos, del Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea Legislativa, que las jornadas dichas se podrán sobrepasar en el límite de horas de trabajo así establecido, por razón de la naturaleza del trabajo, para asegurarlo por equipos sucesivos.

En ninguna parte del Convenio de la OIT se dice que las jornadas de ocho horas pueden cambiarse a jornadas de 12 horas diarias.

Lo que se quiere decir, en el Convenio de OIT, es que la extensión de la jornada, que se puede hacer hasta un máximo de 12 horas, como se ha reconocido internacionalmente, se puede hacer siempre y cuando esas horas extras se paguen con reconocimientos económicos que se pagan en Costa Rica con un 50% más del valor por cada hora de jornada extendida. Es lo que está reconocido y establecido por la legislación costarricense.

El Convenio de la OIT es claro en señalar que la excepción para que las jornadas de trabajo se extiendan o se cambien debe ser resultado de una NEGOCIACION COLECTIVA entre PATRONOS y SINDICATOS.

La OIT acepta que la jornada pueda modificarse por REGLAMENTO, si es resultado de una NEGOCIACIÓN COLECTIVA, NO de una modificación a la ley, como se quiere hacer con el Proyecto de Ley que se discute en la Asamblea Legislativa.

Por eso, el Proyecto que se discute es otra trampa contra la Constitución y la Legislación Laboral nacional en tanto se trata de eliminar la reserva de ley existente en el país sobre la jornada de ocho horas de trabajo y sus posibilidades de extenderla.

Se trata de engañar diciendo que no “se pretende dejar sin efecto o invalidar la jornada ordinaria de cuarenta y ocho horas semanales y de treinta y seis en jornada nocturna.”, que lo que se trata es de establecer la jornada de 12 horas para “casos muy calificados”, de 12 horas diarias por cuatro días, que mantendría la jornada de 48 horas a la semana, regulado por el Convenio de OIT y por la legislación nacional.

Las 48 horas se entienden a 8 horas diarias por seis días a la semana, con uno de descanso. Con la jornada extendida a 12 horas diarias se entiende jornadas de 12 horas por cuatro días a la semana, con lo que se cumplen las 48 horas semanales. Solo que en este caso no se pagan horas extras sobre las ocho horas. El Convenio de OIT exige el pago de horas extras sobre las ocho diarias trabajadas.

Parte de la trampa para la modificación de la jornada de ocho horas establecida en la Constitución Política y en el Código de Trabajo radica en que en la propuesta de modificar el Art. 142 del Código de Trabajo no se habla de jornadas de 12 horas de manera expresa. Lo que se dice es que “cuando se trate de estas jornadas excepcionales el descanso entre la finalización de una jornada diaria y el inicio de la jornada del día siguiente será de doce horas como mínimo.”, donde queda claramente establecida la jornada de 12 horas por día.

En esta jornada extendida de 12 horas diarias no habrá pago de “trabajo extraordinario”, como se señala falsamente en la propuesta de modificar el artículo 144 del Código de Trabajo. Lo que se hace es tan solo una referencia que no tendrá validez en la realidad porque la jornada de trabajo de 12 horas se considera para todos los efectos “jornada ordinaria”, la que se paga sin incentivos adicionales, sin ese pago de hora extra.

Las referencias que se hacen al trabajo en días feriados y días de descanso laborados están siempre regulados por el pago de extras según corresponda.

El Proyecto de Ley propone agregar un artículo, el 143 bis al Código de Trabajo, que “excluye” de la jornada de 12 horas a “las personas que laboran en actividades relativas a los casos de excepción”, las que quedan “sujetas a una jornada excepcional ampliada, la cual se regula en el presente Código, siempre que el trabajo realizado no sea en labores insalubres, peligrosas o pesadas y que, por su naturaleza y condiciones del espacio de trabajo, no atenten contra la salud y seguridad de las personas trabajadoras”. El artículo en sí mismo es una contradicción al señalar que “excluye” y a la vez “que laboran”.

De seguido establecen los casos de excepción en los que se aplicará la jornada de 12 horas. En los cuatro incisos que se señalan se dice igual: se les aplicará a las “personas trabajadoras esenciales y estrictamente requeridas”, en un caso relacionado con “la operación productiva de la Manufactura tecnificada, siempre que estos procesos requieren maquinaria para su producción.” Y, en otro caso, “para garantizar la operación productiva en la industria de implementos médicos en ciencias de la vida humana y animal.”, todo con apego, según se dice, de “los artículos 4, 5 y 6 del Convenio 1, “Convenio sobre las horas de trabajo (industria) de 1919”, de la Organización Internacional del Trabajo y lo dispuesto en el párrafo final del artículo 58 de la Constitución Política”, que impiden jornadas que puedan extenderse hasta 56 horas semanales, que obliga al convenio laboral obrero patronal y a la obligación de consultar a las organizaciones laborales y patronales sobre Reglamentos de Trabajo que traten determinación de horas extraordinarias.

Cuando en el Proyecto de Ley se habla de las modalidades de jornada excepcional ampliada, en su inciso j) se dice que: “únicamente para los casos dispuestos en el artículo 143 bis de este Código, y respetando sus prohibiciones, las personas empleadoras y las personas trabajadoras podrán acordar la aplicación de la jornada excepcional ampliada en pleno cumplimiento de lo establecido en la legislación laboral, por medio de cualquier instrumento de negociación colectiva contemplado en este Código.” Lo cual exige y obliga el reconocimiento de un Sindicato para logra la negociación colectiva. Solo que este artículo adicional se elimina al Sindicato como parre negociadora. Se dice: “personas empleadoras y las personas trabajadoras podrán acordar”, porque en este caso la “persona trabajadora” es la parte débil de esa relación laboral, que acepta la jornada o pierde el trabajo, como realmente va a suceder.

Este mismo inciso habla de “la jornada excepcional por rama de actividad, industria, cadena productiva y/o región”, lo cual también supone SINDICATOS por rama de actividad, industria, cadena productiva y/o región. En Costa Rica no tenemos esta experiencia desarrollada de sindicalismo por “rama de actividad, industria, cadena productiva y/o región”. De aprobarse este Proyecto de Ley, habría que avanzar sindicalmente, sin que se pueda impedir por Ministerio de Trabajo, ni la acción patronal, los sindicatos por rama de actividad, industria, cadena productiva y/o región.

En la Comisión Legislativa que está conociendo este Proyecto de Ley no están invitados los Sindicatos para que participen, como tales, o por la inserción y organización que tienen en la “rama de actividad, industria, cadena productiva y/o región” respectiva, donde se supone que este proyecto de ley tendrá efectos.

Es literalmente una obligación que participen, en esta discusión de este Proyecto Ley, los Sindicatos como parte interesada, en la Comisión Legislativa, que pudo tener una integración mixta. No se trata solo de invitar a la Comisión a especialistas o a dirigentes sindicales a expresar sus puntos de vista en tiempos regulados que no pasan de 30 minutos.

Es evidente que la represión existente en el país contra la organización sindical en las empresas privadas, y finamente en el Estado, impide que esta presencia sindical en esta discusión sea real.

En lugar de sindicatos específicos por “rama de actividad, industria, cadena productiva y/o región”, a los trabajadores los pueden representar a los trabajadores las Centrales Sindicales de carácter nacional o específico de las ramas afines a lo que se quiere legislar.

Si el Convenio No. 1 de la OIT, sobre la jornada de trabajo de ocho horas establece, que para modificarla, debe hacerse por la vía de negociación colectiva, es obvio que debe fortalecerse la organización sindical y que los Sindicatos interesados o afectados sean los que participen de esta negociación y del posible establecimiento de jornadas de trabajo de 12 horas. Para esto no se necesita una Ley especial. Se necesita un acuerdo de trabajadores y patronos por la vía de la Negociación Colectiva, lo que en su resultado tendría efectos de ley, de acuerdo con la propia Constitución Política, en su artículo 62.

 

Compartido con SURCOS por el autor.