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UCR Voz experta: En el acuerdo del FEES 2024 se logró mucho más que un presupuesto

Escrito en 25/08/2023. Publicado en Derechos, Educación.

Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica.

Por Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica

El acuerdo resguarda la autonomía universitaria. A futuro, el reto como universidad es el tema de la redistribución, en el cual hay una comisión trabajando en el seno de Conare

En el Acta 160 de la Constituyente de 1949, intervino el diputado Rodrigo Facio Brenes indicando lo siguiente:

“Pues bien, en el momento de proyectarse el presupuesto nacional, ¿cómo suceden las cosas? Muy sencillo: cada ministro trata de atraer hacia su ministerio y a las oficinas dependientes del mismo, la mayor suma de caudales públicos posible. Cada ministro es el abogado de su ministerio y de sus dependencias”.

“(…) Solo la Universidad, señores diputados, solo la Universidad, ni tiene abogado ante el Fisco, ni produce por sí misma lo necesario para subsistir y progresar”.

“(…) Llegamos a la conclusión de que sólo un abogado puede haber para la Universidad; el propio texto de la Constitución”.

En esta tarde, me dirijo a ustedes al final de un proceso de negociación del FEES histórico, en un contexto desconocido hasta ahora para las universidades públicas y la comunidad nacional. El martes pasado, cerca de la media noche, en la décima sesión de la comisión de enlace y después de 10 horas de trabajo, llegamos a un acuerdo para el financiamiento del año 2024.

Sin embargo, este proceso fue más que una discusión fiscal y presupuestaria. A lo largo de estas semanas y de las 10 sesiones de la comisión de enlace, se colocó en la agenda nacional un debate mucho más amplio sobre la educación pública, la autonomía universitaria, la democracia y el Estado social de derecho que estamos llamados a defender desde la Universidad de Costa Rica.

En esa coyuntura, nos enfrentamos a un relato construido, según el cual las y los funcionarios públicos éramos la causa principal de una crisis presupuestaria, que se pretendió resolver con políticas profundamente severas en materia de austeridad, que iniciaron en el Gobierno anterior.

Teníamos entonces una avanzada de políticas que debilitaban el Estado, por un lado, y un funcionariado universitario golpeado, por el otro. Querían condenarnos a ver, desde la esquina del tablero político, el desmantelamiento del diseño constitucional de nuestro Estado.

Y entonces nos aferramos a lo que yo he denominado un hilo democrático, una reserva de conciencia lúcida que nos ha acompañado durante más de dos siglos y que ha sido tejida en nuestra República.

En ese sentido, nos dispusimos a realizar ajustes a nuestra estrategia y a apoyarnos en la inteligencia, la capacidad de análisis, la organización y la movilización que caracteriza a nuestra institución.

Este extraordinario esfuerzo de la UCR, sumado al trabajo de las demás universidades, nos permitió alcanzar un acuerdo que revierte la tendencia de debilitar el financiamiento de la educación superior pública mediante la pérdida del valor real del FEES.

Concretamente, sobre el acuerdo es posible enumerar los siguientes logros:

1. La primera propuesta del Ejecutivo no solo tenía un monto menor a la inflación estimada, sino que venía con un acuerdo que pretendía lesionar seriamente la autonomía universitaria.

Las pretensiones del Gobierno incluían desplazar los mecanismos constitucionales de financiamiento, organización, planificación y rendición de cuentas de las universidades en favor de los que determinara arbitrariamente el Ejecutivo. Incluso pretendían exigirnos aumentar matrículas e imponer una serie de investigaciones al antojo del Gobierno.

Ante este panorama, CONARE presentó una contrapropuesta que fue acogida prácticamente en su totalidad, asegurando que la autonomía universitaria permanezca intacta.

2. Se logró detener el decrecimiento del FEES en términos de valor real, proceso que se venía dando desde el anterior Gobierno con sus políticas fiscales y que se acentuó con el actual Ejecutivo.

3. Conseguimos un incremento que duplica la oferta inicial del Gobierno y se ajusta al promedio de inflación estimada por el Banco Central.

4. Incorporamos una salvaguarda de inflación novedosa, que obliga al Ejecutivo a un ajuste si la inflación supera lo estimado, no solo a la base del FEES, sino que en tal caso deberá presentar un presupuesto extraordinario para reconocer ese monto. Lograr esta novedad, en el contexto político actual, es algo digno de reconocer. Además, esta medida permite algo de suma importancia que fue discutido con el ministro de Hacienda, y está relacionado con la aplicación del artículo 85 de la Constitución Política. Cuando hablamos de un FEES que no decrece, no hablamos de términos nominales, hablamos de un valor real del FEES, traído a valor presente como dicta la Constitución. La salvaguarda incorporada en este acuerdo nos permitirá avanzar en esa línea.

5. Finalmente, logramos explicitar en el documento del acuerdo nuestro desacuerdo por el 1% pendiente, lo cual nos faculta para solicitar en la Asamblea Legislativa el reconocimiento de ese monto.

«Nos aferramos a lo que yo he denominado un hilo democrático, una reserva de conciencia lúcida que nos ha acompañado durante más de dos siglos y que ha sido tejida en nuestra República».

Como les mencionaba al inicio, este largo proceso significa mucho más que números. El proceso de lucha del FEES logró fortalecer la articulación que impulsa la administración con los movimientos sociales que buscan la defensa de la democracia y el fortalecimiento del Estado social de derecho. Que no les quepa duda de que seguiremos acompañando las manifestaciones en defensa del agro, la educación, la caja y la libertad de prensa, entre otros.

Nos parece indispensable la articulación de múltiples sectores para exigir el cumplimiento del artículo 78 de la Constitución y garantizar un financiamiento para la educación con el 8% del producto interno bruto. La crisis educativa actual exige ponernos metas ambiciosas como esta, que permitan a nuestra sociedad acceder a una educación de calidad y excelencia.

Este ciclo nos ha dejado una serie de aprendizajes que nos permitirán afinar y optimizar las estrategias para futuras negociaciones. Hemos construido mecanismos y dinámicas de trabajo que contribuirán a fortalecer el sistema universitario como un todo. Esto nos faculta para asumir en mejores condiciones la presidencia de CONARE, que estará a cargo de la UCR a partir del 1 de enero de 2024.

Los aportes brindados por el Informe de la Facultad de Derecho, construido a partir de los insumos de docentes constitucionalistas, nos permiten comprender con mayor amplitud los alcances de los artículos 78, 84 y 85 de la Constitución, y así tener un panorama más claro sobre los escenarios en la Comisión de Enlace y la Asamblea Legislativa.

Otro logro al margen del acuerdo, pero no menos importante, es que CONARE, y en particular la UCR, hemos demostrado que no es necesario ser complacientes con el Gobierno para lograr causas que son justas. Precisamente por eso el éxito del FEES es tan significativo, porque la justicia, la razón y la Constitución no pueden ser sometidas al cálculo politiquero y así lo demostramos. Así lo demostró la Universidad y así lo demostró la ciudadanía. Ese hilo democrático del que les hablo y que nos acompaña hace más de dos siglos está ahí, sigue vivo, y no vamos a renunciar a ese legado.

Tenemos un reto como institución que no es parte del acuerdo, y es el tema de la redistribución, en el cual hay una comisión trabajando en el seno de CONARE y donde estamos muy bien representados por don Gabriel Macaya, Karen Marín y Pedro Méndez.

Finalmente, quiero agregar que en la coyuntura regional, en medio del amedrentamiento y la eliminación de universidades centroamericanas por parte de gobiernos totalitarios, las universidades públicas están llamadas a dar la batalla cultural en contra de los fenómenos autocráticos latinoamericanos y de regímenes totalitarios como el de Nicaragua.

Quiero agradecer al equipo negociador, a los equipos técnicos, a las oficinas administrativas vinculadas a este proceso, a las profesoras y los profesores constitucionalistas de nuestra Facultad de Derecho, liderados por la Dra. Marcela Moreno, al Consejo Académico de Áreas, a nuestros profesionales en comunicación, a CONARE, a las fracciones legislativas que nos apoyaron abiertamente y, por supuesto, a toda la comunidad universitaria que se sumó a esta causa. Cada reunión, cada informe técnico, cada marcha, cada foro y participación de ustedes en el debate público fueron fundamentales para alcanzar los logros que hoy celebramos.

Agradezco especialmente a la compañera Karen Marín, presidenta de la FEUCR, que nos acompañó con la autonomía, alegría, entereza, seriedad, y no menos importante, el trabajo ad honorem que ha caracterizado al movimiento estudiantil durante décadas, un actor político fundamental no solo para esta Universidad, sino para este país.

Este proceso ha mejorado nuestro estado de ánimo, el orgullo de sentir que somos parte de la institución mejor valorada del país, de que vamos a cumplir el rol constitucional que nos asignaron las y los gigantes que forjaron nuestra Constitución y nuestra preciada Patria. ¡Que se eleve al máximo el orgullo de ser parte de la Universidad de Costa Rica!

Gustavo Gutiérrez Espeleta
Rector de la Universidad de Costa Rica

UCR: “Anexión del Partido de Nicoya”, no “Anexión de Guanacaste”

Escrito en 26/07/2023. Publicado en Derechos.

Claudio Vargas; director de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Voz Experta

Próximos al 25 de julio, se impone -una vez más-, recordar que nuestro país celebra en esta fecha, la incorporación del Partido de Nicoya a su territorio y no la “Anexión de Guanacaste”. Lo anterior, pese a que algunos comunicadores, publicistas, políticos y otras personas con presencia mediática siguen repitiendo la equivocación y así siguen desinformando sobre la historia del país.

Para comprender la precisión histórica y jurídica que respalda esta aseveración, es necesario conocer, aunque sea en forma resumida, algunos detalles esenciales de este proceso. Es oportuno aclarar también, que la provincia de Guanacaste que hoy conocemos, integra un territorio mayor que el que tuvo en el pasado el Partido de Nicoya.

Posterior a los años de conquista se impuso, en el territorio que a partir de aquel momento se llamó América, el régimen colonial español. Este fue un proceso complejo y cambiante, que se extendió desde el siglo XVI y hasta la segunda década del siglo XIX, y que irrespetó las particularidades culturales y las divisiones territoriales de las culturas aborígenes que les antecedieron y que diezmadas, siguieron viviendo en estas tierras.

Bajo el modelo colonial, las delegaciones de poder real y, por ende, las jurisdicciones y los límites asignados a los representantes del Imperio, no siempre fueron claros ni precisos. Los intereses (locales e imperiales) económicos, políticos, sociales e incluso religiosos se proyectaban en la organización y la administración territorial.

Por lo anterior, en diferentes momentos del pasado colonial, la región de Nicoya (no siempre conocida con la denominación de “partido”) varió su condición y dependencia respecto a Nicaragua o Costa Rica. Por ejemplo, hasta 1558 fue gobernación anexa a la de Nicaragua; de esa última fecha y hasta 1593 fue independiente; de 1593 a 1602 se mantuvo unida a Costa Rica. Nuevamente de 1602 a 1786 fue independiente; de 1786 a 1809 estuvo unida a Nicaragua y de 1810 a 1821, al cambiarse la organización administrativa española, con la creación de las diputaciones provinciales, Nicoya pasó a formar parte de la Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica. De manera que es incorrecto afirmar que Nicoya perteneció o estuvo sometida de manera permanente a la administración de Nicaragua en cualquiera de sus jerarquías o denominaciones organizativas, mientras estuvo vigente el modelo colonial español.

Otro aspecto necesario de aclarar es que lo que la actual provincia de Guanacaste es diferente al territorio que en el pasado colonial se conoció con esa misma denominación (Guanacaste). De manera que la Villa de Guanacaste, conformó tan solo, a la actual Liberia.

Específicamente el territorio del Partido de Nicoya integró las tierras que se encontraban en la península al oeste del río Tempisque hasta el Océano Pacífico y al norte se extendía hasta el río la Flor y el Lago de Nicaragua. Por su parte, las tierras al este del río Tempisque y al sur del río Salto eran parte del territorio costarricense.

En 1835, como parte del proceso de organización territorial administrativa del país, se crearon tres departamentos: El Departamentos Oriental, el Departamento Occidental y el Departamento de Guanacaste. Este último se integró con el Partido de Nicoya, y los valles de Bagaces y Las Cañas, que pertenecieron a Costa Rica durante la época colonial. Finalmente, en 1848, se crearon las Provincias de San José, Alajuela, Cartago, Heredia y Guanacaste, y las Comarcas de Puntarenas y Limón.

La anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica implicó un largo proceso en el cual estuvieron presentes intereses económicos, políticos, geoestratégicos y por supuesto culturales. En este proceso sin lugar a duda, el plebiscito que se realizó el 25 de julio de 1824 fue fundamental, pero no definitivo. En un cabildo abierto, los pobladores de Nicoya y Santa Cruz decidieron anexarse a Costa Rica, pero quienes poblaban la Villa de Guanacaste (como se dijo líneas atrás, la ciudad de Liberia), no estuvieron de acuerdo con esta anexión.

No fue sino hasta que el Estado de Costa Rica formó parte de la República Federal de Centroamérica, en 1825, cuando la Villa de Guanacaste fue integrada a Costa Rica por disposición del Gobierno Federal. Años más tarde, el tratado Cañas-Jerez, firmado en 1858, consolidó legalmente la integración del territorio en referencia a Costa Rica.

Según lo cita el acta de anexión, los pobladores de los territorios que decidieron incorporarse al país, así lo acordaron por las ventajas que se vislumbraban. Seguridad y estabilidad política, facilidades comerciales, beneficios administrativos son algunos temas que así quedaron expresados como propios de Costa Rica, frente a la situación de inestabilidad que en estos años vivía Nicaragua y que se extendió incluso más allá de mediados del siglo XIX.

Pese a lo anterior, casi dos siglos después de la anexión del Partido de Nicoya al territorio costarricense, se escuchan voces, de manera intencionada o por desconocimiento del pasado, que refieren a esta efeméride de manera equivocada. Con lo cual no solo se desconoce el pasado, sino que se crea confusión en el presente.

Claudio Vargas Arias
Director de la Escuela de Historia, UCR

UCR, Voz experta: Participación ciudadana en materia ambiental

Escrito en 19/07/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

A propósito de una reciente sentencia

¿Se trata de un «principio» o de un «derecho»?

Recientemente se conoció el voto 11236-2023 del 12 de mayo del 2023, relativo a una viabilidad ambiental otorgada por la Setena para un relleno sanitario en Miramar de Montes de Oro.

Como ya viene siendo costumbre cuando se trata de un proyecto cuestionado, la Setena optó por otorgar esta viabilidad el 14 de diciembre del 2022.

En su voto, la Sala Constitucional consideró que la no celebración de una nueva audiencia pública previa por parte de la Setena “resulta violatorio al derecho reconocido en el referido Artículo 50 de la Constitución”, anulando la viabilidad ambiental otorgada.

Un esfuerzo de cuatro integrantes de la Sala por una palabra

Si bien es de saludar esta decisión de la Sala, pero ante todo, la persistencia y valentía de la recurrente, este voto denota también una división interna dentro de la Sala, al evidenciarse un sostenido esfuerzo semántico por parte de la Sala para referirse a la participación ciudadana en materia ambiental como un “principio” y no un “derecho”.

Entre las primeras referencias a su propia jurisprudencia, la Sala remite al voto 1163-2017, en el que, haciendo a un lado más de 20 años de jurisprudencia, optó por no reconocerle más a la participación ciudadana en materia ambiental la calidad de derecho.

Sobre tan desconcertante conclusión que se leyó en el párrafo V del voto 1163-2017, resulta oportuno recordar que fue objeto de tan solo dos votos salvados: cinco magistrados/a en aquel momento (2017) consideraron que ir en contra de la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional y del juez interamericano, y de toda la evolución observada internacionalmente desde 1992 para consolidar la participación ciudadana en materia ambiental como un derecho, no ameritaba mayor explicación.

Esta verdadera “involución” jurisprudencial desde el 2017 no ha dado lugar a rectificación alguna por parte del juez constitucional.

La participación ciudadana puesta en contexto

Con el fin de no causar mayor sonrojo al provocado por esta decisión del 2017, nos permitimos remitir a la OC-23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicada en el año 2018, que precisa que:

«231. Por tanto, esta Corte estima que, del derecho de participación en los asuntos públicos, deriva la obligación de los Estados de garantizar la participación de las personas bajo su jurisdicción en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, sin discriminación, de manera equitativa, significativa y transparente, para lo cual previamente deben haber garantizado el acceso a la información relevante».

En consonancia con lo dictaminado por el juez interamericano, el Acuerdo de Escazú refiere a la participación del público como un “derecho”.

Calificativos contra la recurrente y jurisprudencia interamericana

Como detalle, encontramos en el voto 11236-2023 la siguiente afirmación por parte del Secretario General de la Setena (Resultando, punto 3):

“Lo que menciona la recurrente es una expresión temeraria que pone en tela de duda la labor del Departamento de Evaluación Ambiental y de la SETENA misma”.

Más allá del efecto que pueda tener el intento de descalificar a una recurrente, ninguno de los argumentos de la Setena (ni de la empresa) encontró eco en los magistrados constitucionales.

Precisamente, en cuanto a las preocupaciones generadas por un proyecto, en una sentencia del 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Baraona Bray contra Chile del 24 de noviembre del 2022), precisó que:

“96. Además, la Corte recuerda que la participación representa un mecanismo para integrar las preocupaciones y el conocimiento de la ciudadanía en las decisiones de políticas públicas que afectan el medio ambiente y aumenta la capacidad de los gobiernos para responder a las inquietudes y demandas públicas de manera oportuna, ayuda a construir consensos y a mejorar la aceptación y el cumplimiento de las decisiones ambientales. Además, la participación pública facilita que las comunidades exijan responsabilidades de las autoridades públicas para la adopción de decisiones y mejora la evidencia y la credibilidad de los procesos gubernamentales”.

En esta sentencia, el juez interamericano integró de pleno el Acuerdo de Escazú al corpus juris interamericano. Tuvimos la ocasión de explicar en un artículo publicado en abril del 2023 en este mismo espacio que:

“/…/ no cabe duda que desde su adopción en el 2018, el Acuerdo de Escazú contribuye, desde ya, a enriquecer sustancialmente el corpus juris del juez interamericano, permitiéndole precisar y consolidar el alcance de las obligaciones que tienen los Estados en la materia. Esta sentencia ya debería interesar a todos los Estados del hemisferio americano que integran el sistema interamericano de derechos humanos” (Nota 1).

El persistente temor ante la participación ciudadana en materia ambiental

En un estudio del 2014, el jurista Álvaro Sagot Rodríguez cita una decisión del 2012 de la Sala Constitucional en la que se lee que:

«En este sentido, el derecho ambiental no podría conducir a una tiranía de la participación ciudadana» (sic) (Nota 2).

No cabe duda que la participación ciudadana en materia ambiental crispa de manera singular a algunos en Costa Rica.

En ese sentido, no está de más recordar que en el 2008, la única ley aprobada por la Asamblea Legislativa y vetada por parte del Poder Ejecutivo en el período 2006-2010, fue la “Ley para Fortalecer los Mecanismos de Participación Ciudadana en materia ambiental ”. Una influyente cámara empresarial en su informe de labores para el 2008 indicó que:

“Así mismo, para finales de año UCCAEP ejerció la presión necesaria para que el Presidente de la República vetara la Ley Ambiental. Para ello se publicaron una serie de artículos de opinión y a través de varios representantes se tuvo presencia mediática en torno a la posición del sector empresarial con respecto a la Ley aprobada por la Asamblea Legislativa” (p. 36).

Esta crispación también quedó evidenciada durante la discusión relativa al Acuerdo de Escazú, a partir de argumentos cuestionables de la misma agrupación, así como de audios y escritos circulados por algunos juristas, y de una “nota”, ahora famosa, redactada por una magistrada de la Sala Constitucional en marzo del 2020 (véase voto 06134- 2020 que la contiene).

Conclusión

Más allá de la facilidad con la que algunos frenan iniciativas votadas por la Asamblea Legislativa, en su voto concurrente a la sentencia 11236-2023 (-párrafo VII-) los magistrados Hubert Fernández, José Rafael Garita y Paul Rueda indicaron que la participación ciudadana en materia ambiental es un derecho, al expresar que:

“la participación es un derecho de raigambre fundamental, puesto que es una expresión del principio democrático del Estado social de Derecho que busca facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan”.

Ojalá que, inspirándose en esta valiosa opinión, el resto de la Sala Constitucional logre rectificar pronto. En relación con el Acuerdo de Escazú, y al hecho que la mayoría de la Sala persistió en no hacer ninguna referencia a este instrumento, recientemente los juristas Rafael González Ballar y Mario Peña Chacón concluyeron en un artículo, que:

“… a partir de la sentencia interamericana Baraona Bray vs Chile, el Acuerdo de Escazú ingresó al bloque constitucional costarricense como fuente y estándar internacional en materia de derechos humanos y medio ambiente”.

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Nota 1: Véase BOEGLIN N., “Acuerdo de Escazú, viento en popa: Corte Interamericana de Derechos Humanos lo incorpora, mientras persiste insólita ausencia de Costa Rica”, Portal de la UCR, edición del 10/04/2023, disponible aquí.

Nota 2: Véase SAGOT RODRÍGUEZ A., “(In) justificaciones constitucionales que han permitido regresiones ambientales”, Revista Judicial, Número 114 (Diciembre 2014), pp. 61-93 disponible en este enlace (en el que la referida cita se puede leer en p. 93).

NdA: una versión más extensa de este texto se encuentra disponible en este enlace

UCR, Voz experta: Pensar el arte, repensar la investigación

Escrito en 19/04/2023. Publicado en Cultura, Derechos.

Dra. Patricia Fumero, representante del área de Artes y Letras, Consejo Universitario y exdirectora del Instituto de Investigaciones en Arte (2014-2021); Dr. Bértold Salas, director del Instituto de Investigaciones en Arte.

En el marco del décimo aniversario del Instituto de Investigación en Artes reflexionamos sobre una instancia creada con el propósito de romper paradigmas en la investigación.

En su búsqueda de legitimidad, la investigación artística ha tenido que superar numerosas barreras y no pocas miradas incrédulas. Mencionemos tres de ellas, reconocidas desde nuestra experiencia en la dirección en el Instituto de Investigaciones en Arte, que en este marzo cumplió diez años.

La primera se encuentra entre las personas artistas, así como entre los docentes que enseñan artes y experimentan en el espacio académico, quienes no siempre conciben su propio trabajo como una forma de crear conocimientos que merece ingresar en la arena de los debates intelectuales y científicos. De esta manera, los aprendizajes y resultados de incontables procesos artísticos y didácticos se quedan en el espacio privado o, en el mejor de los casos, en las aulas, talleres y salas de ensayo, para beneficio exclusivo de los participantes, dejando al resto de la comunidad artística y académica sin los saberes generados. Pero esta barrera se ha resquebrajado, y en la última década los docentes del área de artes inscribieron 48 proyectos en el IIArte, a los que se suman 26 proyectos desarrollados desde las ingenierías, la física, la química y las humanidades que estudian las artes desde el paradigma STEAM. Además, ESCENA. Revista de las Artes se ha posicionado internacionalmente en el campo de la investigación en artes.

Una segunda barrera tiene que ver con la percepción que en otras áreas del conocimiento se tiene sobre los saberes producidos en el marco del quehacer artístico. Con el objetivo de solventar esta barrera, desde el IIArte reconocemos las metodologías de investigación en artes, las cuales responden preguntas que rebasan el método científico, además de trabajar transversalmente con las ciencias fácticas, formales, naturales y sociales para producir nuevos conocimientos y soluciones a diversas problemáticas en forma conjunta y transdisciplinaria.

Finalmente, la tercera barrera de incredulidad, es la que enfrenta todo instituto o centro de investigación en la Universidad de Costa Rica: el reto de convencer a propios y extraños que una institución superior latinoamericana es algo más que un listado de carreras y cursos y un conjunto de salones de clase. La investigación costarricense debe ser protegida y cultivada, y el IIArte, como cualquier otra institución análoga, viene a afirmar que la universidad es un espacio para la reflexión y, por supuesto, la generación de conocimientos, nuevos y autóctonos.

El Instituto de Investigaciones en Arte fue fundado hace una década como respuesta a una necesidad, que no era exclusiva de las personas académicas de la Facultad de Artes, sino de la Universidad de Costa Rica y de la sociedad costarricense: articular los esfuerzos por estudiar las prácticas artísticas, además de contribuir a su estímulo y, por qué no, aprender de ellas. A una década de trabajo constante y frente a un mundo y una Costa Rica cada vez más violenta, desigual y con escasas oportunidades para cultivar la sensibilidad, es necesario ir contra corriente, y hacer, compartir y pensar desde y sobre el arte. De la misma forma que procuramos incidir en los paradigmas contemporáneos basados en el STEAM, en el cual las artes se incorporan al desarrollo del conocimiento y económico a partir del trabajo transdiciplinario y en condición de paridad con las ciencias ciencias fácticas, formales, naturales y sociales.

La Universidad de Costa Rica es una institución humanista que reconoce el papel que juegan el arte y la cultura en la paz social, el desarrollo democrático y económico, la salud mental y, en general, la calidad de vida de las personas. En consecuencia, desde el IIArte hemos posicionado la investigación en artes y deliberamos sobre su pertinencia y las condiciones que la caracterizan. La investigación en arte contribuye al desarrollo nacional, a un mejor ejercicio docente, así como a producir prácticas artísticas más reflexivas y complejas. En su diversidad de formas e ingresos (en, sobre, desde, a través de las artes), y en diálogo con otras disciplinas, resulta una oportunidad para pensar la práctica artística e invita a repensar la investigación.

Dra. Patricia Fumero Vargas
Representante del área de Artes y Letras, Consejo Universitario Ex Directora del Instituto de Investigaciones en Arte (2014-2021)

Dr. Bértold Salas Murillo
Director del Instituto de Investigaciones en Arte

Voz experta: Construir sistemas de salud más equitativos, sostenibles y resilientes

Escrito en 18/04/2023. Publicado en Derechos, Salud.

Dra. Ingrid Gómez Duarte, docente e Investigadora en la Escuela de Salud Pública.

El reto mundial en materia de salud pública

Del 3 al 7 de abril se conmemora la semana mundial de la salud pública, por lo que la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública (WFPHA por sus siglas en inglés) que reúne a instituciones, comunidades y actores de todo el mundo para reconocer las contribuciones de la salud pública globalmente. Este 2023 el lema de la semana es “Construir sistemas de salud más equitativos, sostenibles y resilientes”; y tiene como objetivo generar una discusión respecto de las mejores prácticas y el desarrollo de acciones que permitan reducir las brechas para la prevención de enfermedades, así como la promoción de la salud y el bienestar.

La Universidad de Costa Rica (UCR) a través del proyecto “La Red de las Américas para la Equidad en Salud (RAES)” se une a esta discusión como plataforma multidisciplinaria que reúne a expertos de la región de las Américas de diversas áreas de investigación, enseñanza y acción social con la misión de promover el intercambio de información, conocimientos y colaboración en el análisis, diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas, programas y servicios para la equidad en salud desde la perspectiva de los derechos humanos y el bienestar en las Américas.

Con el lema “Construir sistemas de salud más equitativos, sostenibles y resilientes”, cobra mayor relevancia el accionar de la RAES que apunta hacia la equidad en salud por medio de vinculaciones locales, regionales y globales que permitan pasar de la teoría a la práctica, tomando en consideración abordajes tradicionales y la búsqueda de nuevos mecanismos que promuevan la participación de diferentes actores sociales.

Con el afrontamiento de la pandemia por COVID-19, se han tenido importantes lecciones y aprendizajes a nivel comunitario, local, regional y global sobre el funcionamiento de los servicios de salud, donde se reconoce la Atención Primaria en Salud como una de las estrategias esenciales para garantizar la equidad sanitaria y la resiliencia de los sistemas de servicios de salud.

La comprensión y acción conjunta entre distintos actores, grupos, sectores y poblaciones por la Equidad en la salud pública son esenciales para abordar los retos persistentes para la justicia sociosanitaria de la región. Identificar sus aportes, replantear los indicadores con que se mide, incorporarla como principio que permea la política pública y hacerla una prioridad ante el contexto pandémico y de recuperación postpandemia son tareas necesarias.

La equidad en salud como eje

Desde la RAES, la equidad sanitaria es un concepto dinámico que implica el desarrollo de acciones concretas para incidir en las desigualdades sociales en salud. En los procesos de construcción de salud de las personas, grupos y poblaciones se ven implicados e interactúan múltiples factores relacionados con su contexto y condiciones de vida, las cuales se requieren estudiar y analizar desde un enfoque sistémico que permita entender la complejidad de los elementos involucrados, las sinergias, interacciones e intersecciones y cómo influyen en la situación de salud.

Este enfoque requiere el estudio de las dimensiones sociales, biológicas, culturales, políticas, económicas, laborales y ocupacionales, de género, de acceso a servicios básicos y servicios de salud, atención primaria y otros que expliquen por qué una población puede tener mejor o peor salud que otra. Esto permite visualizar las desigualdades sociales en salud de las poblaciones, que tienen un origen socialmente construido y una estructura anclada en las condiciones de vida y los modos de reproducción de la sociedad, determinados histórica, social y culturalmente.

La comprensión de las desigualdades sociales en salud es fundamental, pero no suficiente, pues se requiere actuar de manera contundente y reducir estas brechas. Es necesario involucrar a los diferentes actores que intervienen, se requiere implementar estrategias que involucren a la comunidad como actores clave, integrando su cultura, creencias y valores. Desde la voz de las personas se puede entender mejor por qué se generan estos resultados en salud, pues son quienes viven las injusticias de forma recurrente.

El involucramiento de la sociedad civil es clave para lograr acciones en equidad que reduzcan las brechas y desigualdades sociales en salud, para ello es importante que diferentes actores participen a diferentes niveles para generar mecanismos de acción que involucren a la comunidad desde el diseño de las iniciativas.

Equidad en la salud pública

La equidad es fundamental en cualquier iniciativa de salud pública, ignorar el rol de las desigualdades sociales en salud es construir una política que puede tener un menor impacto y eficacia. Para abordar las desigualdades en salud, es necesario generar evidencia científica y comunicarla de manera comprensible a los diferentes actores sociales, involucrando a personas tomadoras de decisiones para el desarrollo y generación de políticas públicas que se construyan para y desde el abordaje los determinantes sociales de la salud.

Esto implica procesos de investigación, información, sensibilización, educación, difusión y divulgación que permitan compartir los resultados de manera coherente y que propicien políticas públicas en consonancia con la evidencia de cada contexto.

La promoción de la equidad en las iniciativas de salud pública es un proceso complejo que demanda la participación de diversos actores e implica la interacción de diferentes componentes a lo largo del tiempo. Por lo que requiere un enfoque sistémico que contemple las distintas etapas del proceso y que permita la evaluación continua para una mejora constante en función del contexto sociohistórico.

Indicadores para la Equidad en Salud

Tradicionalmente los indicadores utilizados para monitorear y evaluar la equidad en salud se han centrado en mediciones de clase social, etnia, género, ingresos, ocupación y otros. Sin embargo, es necesario complementar con otras perspectivas y otros métodos que permitan profundizar en las causas subyacentes de estas desigualdades y así explicar por qué se generan estas diferencias y cómo afectan a la salud de los grupos poblacionales.

En este sentido, las aproximaciones cualitativas son fundamentales y complementarias a los métodos estadísticos para explicar las desigualdades sociales en salud y llevar a cabo evaluaciones y monitoreos efectivos, por lo que es necesario apropiarse de otras metodologías que amplíen la mirada en la generación de indicadores y tomen en cuenta las voces de las personas involucradas en la situación de salud para comprender mejor la dimensión compleja de estas desigualdades y plantear acciones para su modificación.

La Equidad en Salud implica un marco teórico-conceptual, y también aplicaciones prácticas en diferentes territorios. Debe ser un enfoque prioritario y transversal en las políticas públicas, programas o proyectos que buscan mejorar la salud de las poblaciones.

La falta de este enfoque genera abordajes con una limitada capacidad de generar cambios en la salud de las poblaciones, por lo que es fundamental que la comprensión de la equidad en salud como marco de referencia teórico y práctico, se difunda en los contextos locales y se promueva una apropiación para generar acciones que contribuyan tanto en el contexto de la pandemia como de postpandemia.

Retos para la Equidad en Salud

Incorporar un enfoque teórico-práctico de equidad en salud, que atienda a las implicaciones en la política pública de salud, son retos complejos que requieren diferentes momentos de desarrollo.

es prioritario el desarrollo de iniciativas de investigación científica que busquen evidenciar de manera rigurosa las condiciones de vida que están generando situaciones de salud adversas en las poblaciones. Este proceso implica la participación e integración de personas expertas desde la ciencia, rectoría y prestación de servicios de salud, gobiernos locales, entidades de la sociedad civil y otros actores públicos y privados que intervienen en el abordaje de los procesos de salud y condiciones de vida de las poblaciones.

Además del sector de profesionales de la salud con formación en áreas como salud pública, promoción de la salud, epidemiología y otras disciplinas, es esencial involucrar a la comunidad y a áreas de conocimiento fuera del ámbito de la salud, ampliando hacia enfoques integrales, integrados, intersectoriales e interseccionales.

Es fundamental comprender que la salud de las poblaciones se construye socialmente y se explica a partir de las condiciones de vida. Si se logra desarrollar una masa crítica de profesionales y personas que integren este enfoque, se tendría un componente esencial para mejorar la salud y bienestar de personas, comunidades y grupos concretos en contextos locales, donde su participación es una condición determinante.

Por su parte, una vez identificadas y explicadas las situaciones de salud de los grupos y poblaciones, la comunicación en salud debe ser planificada, articulada y adaptada según grupo para evitar una desconexión entre los resultados obtenidos, la información difundida y la acción requerida sobre las desigualdades sociales evidenciadas.

Esto requiere una base sólida de comunicación con procesos multinivel y multidimensionales, que van desde la gestión y coordinación de la comunicación, la comunicación interna, externa y corporativa. Estos serán insumos clave que debidamente articulados permitirán a tomadores de decisiones y actores clave, incluyendo a la sociedad civil, profesionales de la salud, grupos académicos y la comunidad general; comunicarse y comprender los resultados obtenidos y visualizar su propio accionar, coordinado, integrado y transformador. La comunicación efectiva es esencial para facilitar el entendimiento entre los actores clave y garantizar que la información sea referente en la toma de decisiones y la implementación de acciones para mejorar la salud desde la lente de la equidad.

Para avanzar en este sentido, se requiere la implementación de acciones concretas que aborden las condiciones de vida que generan desigualdades, el diseño de políticas públicas, programas o proyectos, así como el monitoreo y seguimiento de los resultados a medio y largo plazo. Asimismo, es crucial que, tras la implementación, se evalúen los resultados para verificar si las acciones implementadas están reduciendo las brechas de desigualdad social en salud en el corto plazo y modificando las causas estructurales en el largo plazo.

Aportes de la RAES para la equidad en salud

La RAES como grupo entusiasta y creativo con amplia formación y experiencia nutre sustantivamente en materia de equidad en salud pública a Costa Rica y la región de las Américas. La tarea de integrar a personas de diferentes contextos y experiencias en equidad en salud ha permitido generar evidencia y metodologías que hacen que tenga un valor esencial en la región.

La consolidación de la Secretaría Técnica de la RAES desde el Centro de Investigación en Cuidados de Enfermería y Salud de la Universidad de Costa Rica, posiciona esta universidad y otras entidades que forman parte del Consejo Directivo a lo largo de la Región de las Américas, como líderes en temas de equidad en salud, nutriéndose continuamente desde áreas como la salud pública, promoción de la salud, epidemiología, enfermería, ciencias sociales y otras disciplinas que permiten la generación de conocimiento y seguimiento de las acciones.

En el presente y en la fase post-pandemia, es importante que la RAES como ente de referencia analice la evidencia generada en torno al abordaje de la crisis sanitaria por COVID-19, no solo desde el ámbito de salud, sino también en otros como la economía, educación, trabajo y turismo, entre otros. El análisis crítico facilita información valiosa y evidencia científica que permita una transformación de los sistemas de salud, educación y trabajo para una mejor articulación de actores clave.

En Costa Rica, la fuerte articulación institucional en etapas tempranas de la pandemia fue un gran mérito en su abordaje, aunque surgen retos en la necesidad de integrar a profesionales y comunidades más allá de las instituciones. Pensar prospectivamente y entender la salud como una construcción social, influenciada por distintos factores y las condiciones de vida de las personas, son avances importantes hacia una visión sistémica para lograr la equidad en salud más allá de los sistemas y servicios de salud, considerando el involucramiento de diferentes actores que inciden en la salud.

Desde mi visión como médica, salubrista y epidemióloga, contribuyo a la RAES con la investigación científica, rigurosa y un análisis crítico acerca de las causas de las causas que nos permiten comprender las desigualdades sociales de salud, así como la construcción de acciones que promueven la equidad, a partir de un marco de derechos humanos y un enfoque sistémico en salud en la región de las Américas.

Dra. Ingrid Gómez Duarte
Docente e Investigadora en la Escuela de Salud Pública, e Investigadora en el Centro de investigación en Cuidados de Enfermería y Salud (CICES) desde la Red de las Américas para la Equidad en Salud (RAES).

UCR, Voz Experta: Ley de Empleo Público, ¿por qué estamos aquí y hacia dónde vamos?

Escrito en 12/04/2023. Publicado en Derechos.

M Sc. Angélica Vega Hernández, directora de la Escuela de Administración Pública. Foto: Karla Richmond, UCR.

El país debería promover nuevas habilidades en la función estatal

Como todo cambio, esta reforma tiene adeptos y enemigos, gente que gana y gente que pierde.

Nuevamente nuestro país se encuentra en una discusión acalorada respecto a la Ley Marco de Empleo Público.

Quiero detenerme en el análisis del por qué ha sido tan complicada una verdadera modernización del empleo público. Es cierto que puede haber muchas visiones válidas; sin embargo, quisiera apuntar tres que veo con claridad: la mala calidad del servicio, los intereses de tercerización y la crisis presupuestaria.

En la primera tenemos responsabilidad todos los funcionarios públicos, quienes de una u otra forma nos hemos escudado en beneficios como la estabilidad y derechos adquiridos para mantenernos en el puesto, en algunos casos sin esfuerzo, calidad e incluso sin la ética necesaria en el servicio que prestamos. Evidentemente, la sociedad está cansada, e incluso nosotros mismos como empleados estamos hastiados de conocer personas en el trabajo que realmente son un gasto para la institución y generan sobrecarga a los equipos, mientras las jefaturas no pueden o no quieren accionar al respecto.

El segundo es la tendencia en nuestro país, desde hace ya más de 30 años, del traslado de los servicios públicos al sector privado, algo que ya se ha logrado en muchas áreas: la banca, la educación primaria y secundaria, las telecomunicaciones y el sector salud. La apuesta ha girado en torno a la premisa de que el sector privado da resultados de altísima calidad con respecto a la función pública, situación que – hemos constatado – está muy lejos de ser cierta… Pero la peor parte es la desigualdad que ha generado este fenómeno.

Como ejemplo concreto de lo anterior, hoy nuestra sociedad debe contribuir a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y además pagar por servicios tercerizados de salud para atención primaria, pero que en ningún caso atienden casos agudos de pacientes, operaciones delicadas y tratamientos de largo plazo; para este tipo de complicaciones, la persona debe ir a los hospitales de la CCSS. Al final el pago es doble y el sector privado no da una respuesta semejante a lo que ofrece el sector público hasta el presente.

Finalmente, la eterna crisis presupuestaria de nuestro país. Esta siempre es más grande y preocupante, y se ciñe en los recortes del gasto público. Por ende, todas las instituciones estatales han sufrido estos recortes en sus recursos desde los años 80 y, desde entonces, se ha creado una idea del funcionariado público como enemigo de la ciudadanía: personas vagas, incompetentes, desleales y poco preparadas.

Derribando mitos del funcionariado público

Los estudios muestran que los servidores públicos – en su mayoría – tienen grados universitarios y desarrollan efectivamente una carrera administrativa. Además, en el sector estatal los salarios mantienen paridad de género y políticas de no discriminación en las contrataciones, pautas difíciles de encontrar actualmente en el sector privado.

Esta es una realidad que persevera, a pesar de que hace más 30 años “se le vende” a la población que nuestro sector público es de pésima calidad. Si fuera así, la atención de la pandemia por el COVID-19 hubiera sido absolutamente diferente a lo que fue, pues dicho sea de paso, esta crisis sanitaria fue enfrentada casi en su totalidad por el sector público costarricense.

Los recortes y la mala imagen que se ha forjado del servidor público ha generado, sobre todo, un sinsabor de la población, en beneficio de sectores privados que reciben ganancias de esta dicotomía falsa que se le inculca a la población y que busca un “buen servicio”, pero que no resuelve las necesidades de nuestro país: salud de calidad, educación de calidad, trabajo de calidad, vivienda de calidad y seguridad de calidad.

Lo preocupante de este contexto es que la Ley Marco de Empleo Público se enfoca en un único elemento: el presupuestario. La consigna es recortar salarios, porque son desiguales y excesivos. Sin embargo, ni el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, ni el de Hacienda, ni tampoco la Dirección General del Servicio Civil muestran estudios de mercado, con datos y evidencia, para establecer esa nueva escala global. Al parecer, la referencia es que las remuneraciones “se parezcan” a las del sector privado; sin embargo, olvidan que este se caracteriza por tener salarios bajos y desiguales. Parece imposible que con en esta ley podamos tener, cuando menos, un análisis de mercado de salarios respecto al costo de vida, que es el más alto en la región.

El destino incierto del empleo público

La pregunta final es: ¿hacia dónde vamos? Si no se percibe con seriedad que estemos frente a una reforma de toda la dinámica de empleo público y no solo de un ajuste de salarios a la baja, vamos a empeorar aún más las condiciones laborales de la población y esto impactará negativamente en el servicio público, de forma indudable.

En el corto plazo, las personas en la función pública desistirán de crecer en las organizaciones, las más preparadas probablemente se trasladarán a sectores privados o comenzarán a salir del país a buscar mejores condiciones (sí, en Costa Rica tenemos mucho capital humano de exportación en las instituciones públicas). En el mediano y largo plazo no habrá incentivos para permanecer en el servicio público, lo que traerá efectos adversos sobre la competitividad del país.

Este no es un asunto menor. Mientras en nuestro país se minimiza la función pública, en Europa no solo se potencia, sino que también se discute cómo se prepararán las personas para atender servicios con inteligencia artificial y qué otras innovaciones tecnológicas deberán implementar; además de cómo se perfilan para servir a las poblaciones de adultos mayores y cuáles nuevas habilidades de participación social van a requerir. Estos temas no se discuten en la Ley de Empleo Público, pues su texto se limita al recorte del gasto y esto es absolutamente preocupante de cara la tendencia internacional.

La función pública es responsabilidad de todos. Las personas funcionarias debemos tener claro que no trata solo de estar contratado por el Estado, sino de una posición estratégica desde donde se diseña y se construye el país día con día. Espero que las autoridades hagan una reflexión importante sobre la amplitud de las decisiones que se toman hoy y abran rutas de discusión que hagan de nuestra función pública una plataforma de innovación y desarrollo, porque realmente eso es lo que nuestra población requiere, pero que la discusión actual de la ley no lo promueve.

M Sc. Angélica Vega Hernández
Directora de la Escuela de Administración Pública, UCR

UCR, Voz experta: La violencia de género y los dos discursos del Poder Judicial, el público y el no tan público

Escrito en 04/04/2023. Publicado en Derechos.

Dr. Manuel Rojas Salas, abogado y docente de la Facultad de Derecho.

Reflexiones a partir de un caso real

Las convenciones suscritas por Costa Rica para proteger a las mujeres de la violencia chocan con la desidia de algunas plataformas judiciales

Es una lamentable realidad que la violencia de género se haga presente en nuestra sociedad, sin respetar sitios ni estratos sociales. Por eso, la mayor parte de los Estados han adoptado convenciones, como la denominada Cedaw (Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer) y la denominada Convención de Belém do Pará (Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer), para poner un freno a lo que en definitiva constituye un flagelo, y se han comprometido a realizar acciones a lo interno para tratar de erradicar esas situaciones, heredadas de un contexto de sociedades patriarcales.

Dentro de los esfuerzos, al menos visibles, que ha realizado el Poder Judicial, se cuenta con una página que se denomina «Observatorio de violencia de género contra las mujeres y acceso a la justicia» (https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/). Sé que existe, además, una Comisión en el Poder Judicial encargada del tema, integrada de una forma que sinceramente desconozco, y se crearon los denominados Pisav (Plataformas Integradas de Servicios de Atención a la Víctima), que según se ha dicho vienen a “facilitar” la obtención de los servicios por parte de las personas usuarias.

Todo eso forma parte del discurso oficial y público de un poder del Estado que pretende constituirse como un referente, enviándose un mensaje a la ciudadanía respecto de la necesidad de denunciar casos de violencia de género y además, de rápidas acciones de respuesta por parte del sistema.

Pese a esto, en días pasados una joven, hija de una pareja de amigos cercanos, en un acto de enorme valentía y, evidentemente decidida a no dejar pasar las cosas a más, se hizo presente a una de las citadas plataformas con miras a denunciar eventos prima facie constitutivos de agresión o violencia patrimonial y agresión psicológica, en perjuicio de su abuela materna, mujer y, además, adulta mayor. Una vez en el lugar y exponer sucintamente lo sucedido, de manera inicial le indicaron que ahí se tramitaban casos por agresiones de índole física únicamente.

Con estupor, la joven, afortunadamente una chica inteligente, profesional y con una cultura y formación más amplia que muchas, evidenció a quienes le estaban atendiendo que en el sitio había letreros que daban cuenta de los tipos de agresiones existentes, y que evidentemente pueden ser observados y leídos por cualquiera, que contemplaban las situaciones que pensaba denunciar, siendo incluso ella consciente del revuelo que ocasionaría a nivel familiar. Olvidaba mencionar el escenario: un día viernes bien entrada la tarde, aunque todavía en horario de oficina y en momentos en que la interposición de una denuncia por violencia y su eventual tramitación podría generar un atraso en la salida de la oficina de las personas servidoras.

Luego de una enorme insistencia -que pone de manifiesto el empeño de la joven profesional en denunciar lo sucedido- y de protestas de su parte, se le recibió su denuncia, no sin antes indicarle que se la iban a “rechazar”.

Al enterarme del incidente, procedí a cuestionarme la actitud de quienes son la cara visible del servicio y que originan in situ un discurso muy diferente al que se promueve y al que se pretende hacer creer a la gente. De igual manera, me cuestioné si en lugar de una joven valerosa y decidida, la que hubiese llegado fuera una persona tímida y apocada, que se conforma con la versión inicial de que eso “no se tramitaba ahí”, rendida por parte de quienes deseaban retirarse a la hora de finalizar sus funciones. Y aún más, me hizo reflexionar sobre qué sucedería si por una infundada negativa, no se recaba la denuncia y por inacción del Estado (obligado a actuar en protección de una mujer adulta mayor), tuviera lugar una situación más grave que pudiera comprometer otros bienes jurídicos de la abuela afectada.

Pensé inicialmente, desde mi perspectiva de abogado y juez jubilado, en recomendar que se pusiera la queja en la Inspección Judicial, en vista del mal rato pasado por la joven denunciante en un momento crucial, pero luego me puse a meditar que últimamente el régimen disciplinario del Poder Judicial se limita a solicitar informes, que generalmente satisfacen al órgano disciplinario y llevan al archivo de las denuncias, sobre todo con el argumento del exceso de trabajo.

Opté por escribir sobre la experiencia vivida por una mujer valerosa y digna representante de un sector de las nuevas generaciones, para llamar la atención de la ciudadanía y quizá, de alguna autoridad de la supra citada Comisión, respecto de la realidad que se atraviesa en oficinas judiciales, en el discurso no tan público que se maneja y en donde el derecho de acceso a la justicia, consagrado a nivel de la Convención Americana de Derechos Humanos, no parece ni tan accesible, ni tampoco tan derecho.

Manuel Rojas Salas
Docente de la Facultad de Derecho, UCR

UCR, Voz experta: Guillermo Gabb, un mediador intercultural bribri olvidado

Escrito en 31/03/2023. Publicado en Derechos.

Carlos Sánchez Avendaño y Alejandra Boza Villarreal, investigadores del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas

Jornadas de investigación del Ciicla

El caso de Gabb nos recuerda que Talamanca y, en general, muchos de los territorios que hoy en día forman la República de Costa Rica, han sido multilingües y multiculturales por centurias, aunque nos siga costando reconocerlo

En la Costa Rica de finales del siglo XIX e inicios del XX muchas personas indígenas colaboraron en la recopilación de información sobre sus culturas y lenguas. La mayoría de ellas se mantienen anónimas, pues los individuos no indígenas con quienes colaboraron no consignaron sus nombres. Sin embargo, conocemos de casos como los de Tomás Otárola, Florencia y Gregoria Lyon, John Taylor y Juan Salas para Talamanca; Francisco Navas para Térraba y Santiago para la zona de Guatuso. Sus nombres en español o inglés no deben hacernos dudar de su pertenencia a un pueblo indígena, pues en esa época no era inusual que tomaran o se les dieran nombres foráneos.

Hubo uno de estos indígenas que fue el más reconocido en su época entre las personas del Valle Central y múltiples viajeros y científicos extranjeros. Se llamaba Guillermo Gabb o William Gabb. Este no era el William Gabb originario de Estados Unidos que visitó Talamanca a inicios de los años 1870 para hacer estudios geológicos. Guillermo Gabb o simplemente Gabb, como nos referiremos a él aquí, era su hijo, nacido en Talamanca de madre bribri.

Guillermo Gabb en Talamanca en 1899. Es el que se encuentra en el centro.

Podría pensarse que tener un padre extranjero lo hacía “menos” indígena, pero no es así. Debido a que su madre era una mujer bribri, llamada Florencia, Gabb pertenecía a un clan (un grupo de parientes que se consideran descendientes de un ancestro común). En el pueblo bribri, esta pertenencia clánica se hereda por línea materna todavía el día de hoy. Si una mujer bribri tiene clan, sus hijos e hijas forman parte de ese mismo clan, independientemente de quién sea el padre.

Pertenecer a un clan es uno de los criterios clave, aunque no el único, para ser reconocido como parte del pueblo bribri. Gabb aprendió el bribri como su lengua nativa, aunque con el paso del tiempo dominó el inglés y el español. Es más, siendo adulto demostró que se consideraba parte del mundo indígena, pues asumió un puesto ritual de rango medio conocido como bicacra (‘bikákala’ en bribri), cuyas funciones eran parecidas a la de un maestro de ceremonias. Para llegar a ser reconocido como bicacra era necesario pasar por un intenso proceso de aprendizaje de la cultura bribri, que iniciaba normalmente desde la infancia.

Cuando tenía cerca de once o doce años, Gabb se fue a vivir al Valle Central, porque había recibido una beca del Gobierno de Costa Rica para estudiar (en su época no había ni escuelas ni colegios en Talamanca). Después de unos años tomó la decisión de regresar a su tierra natal y, como decía un josefino amigo suyo, se convirtió “en un indio más indio que los demás”. Vivió allí el resto de su vida, se casó con una bribri llamada Aurelia Sánchez y tuvo hijos e hijas.

Gabb llegó a ser muy conocido fuera del mundo indígena. Tenía habilidades y conocimientos que lo hacían llamativo para personas del Valle Central o de otras regiones del mundo que estaban interesadas en saber más sobre cómo eran Talamanca y su gente. En particular, era muy importante que manejaba varios idiomas y conocía asuntos de otras culturas.

Gabb creció con su tía materna Gregoria, que era bribri, y con su tío político, que era un comerciante estadounidense llamado John H. Lyon. Gabb se tomó muy en serio su herencia indígena, como ya lo comentamos. Además, de su tío político seguramente aprendió inglés y otros elementos de la visión de mundo de un estadounidense de esa época. Cuando vivió en el Valle Central perfeccionó su dominio del español, aprendió a escribir y se familiarizó con la cultura de esa región. Luego regresó a Talamanca.

Conocer otros idiomas y otras culturas le dio una excepcional capacidad para comunicar datos sobre su idioma y su cultura a gente de otros lugares. Él podía explicar esos temas usando conceptos y referentes que resultaban familiares para esos foráneos. Llevar a cabo dicha traducción cultural era una labor intelectual por mérito propio, que lo hizo un excelente mediador intercultural. Sumémosle a eso que conocía a muchas personas en Talamanca que podían darle buenos datos y, además, le gustaban las actividades intelectuales tales como la escritura y la lectura de libros y de prensa.

A través de su vida Gabb brindó información de gran calidad a todo tipo de personas: misioneros católicos y protestantes, funcionarios estatales costarricenses, investigadores nacionales e internacionales. También les sirvió como traductor a indígenas que no hablaban español o inglés y lo necesitaban para comerciar o hacer trámites, entre otras actividades. Es importante notar que él no fue un simple comunicador de información, sino que llevó a cabo sus propios aportes intelectuales.

Lamentablemente, no toda la obra de Gabb ha llegado hasta nuestros días, o por lo menos no se ha encontrado rastro de todo aquello que, según se dice, escribió o tenía la intención de escribir. Así, por ejemplo, a inicios del siglo XX, León Fernández Guardia (hermano menor del famoso Ricardo Fernández Guardia) aseguraba que Gabb había compilado un diccionario trilingüe español-bribri-brunca, el cual se habría perdido tras su muerte.

Este mismo intelectual afirmaba en otra nota periodística que Gabb le había prometido corregir y ampliar la información acerca de diversos aspectos de la cultura bribri, pero no consta en ninguna parte que haya llegado a hacerlo. Del mismo modo, el misionero alemán Vicente Krautwig afirmó, a finales del siglo XIX, que Gabb le ayudó a revisar y corregir la doctrina cristiana que redactó en cabécar, pero no se sabe nada del paradero de este texto y, en todo caso, aunque lo tuviéramos, posiblemente resultaría difícil discernir cuánto de la composición de la obra se le debe al intelectual bribri.

Básicamente, entonces, conocemos de sus capacidades como traductor, consultor lingüístico y, más en general, como persona que reflexionaba concienzudamente sobre su lengua y su cultura por dos textos, ninguno de los cuales consigna explícitamente su autoría:

El primero de ellos consiste en la descripción más detallada de la lengua bribri aparecida en el siglo XIX: Die Sprache der Bribri-Indianer in Costa Rica (“La lengua de los indios bribris en Costa Rica”), publicada en alemán en 1898 por el erudito suizo Henri Pittier. Pittier reconoció que el diccionario que incluye en su obra se lo debía, en gran medida, a Gabb. También comentó que la conjugación de los verbos en bribri la obtuvo a partir del trabajo con este y con otro colaborador bribri (John Taylor) y afirmó que Gabb le escribió “frases” en bribri, con lo cual dejó constancia de que Gabb podía escribir su lengua, aunque, a su parecer, dichas frases estaban construidas de forma muy apegada al español.

Ha de destacarse que Pittier incluyó el nombre en su libro de estos dos indígenas con quienes trabajó, algo que no ocurre en las obras de quienes lo precedieron, como William Gabb padre y monseñor Bernardo Augusto Thiel. No obstante, en la obra de Pittier no figura con detalle cuál información proporcionó Gabb (pese a ello, sabemos, por ejemplo, que los datos que se incluyen acerca de los clanes bribris de la época se deben a Gabb, lo cual consignó el autor suizo en una publicación anterior a la de 1898, pero no en esta).

Además de ello, el hecho de que el libro de Pittier se haya publicado en alemán y no se haya traducido al español hasta hace poco sin duda ha incidido no solo en su poca divulgación en nuestro medio, sino también en el desconocimiento del aporte de Gabb como consultor lingüístico.

El segundo texto que nos concierne es obra en su totalidad (o, al menos, en su gran mayoría) de Guillermo Gabb. Tampoco se especifica su autoría, pero tenemos certeza de que él fue quien lo escribió gracias a que así lo hacen constar distintas fuentes, como el misionero protestante español Francisco de Paula Castells, el investigador alemán Walter Lehmann y el misionero protestante estadounidense Raymond Schlabach. Se trata del Evangelio según san Juan, traducción del español al bribri de dicho evangelio. La traducción fue comisionada por la Sociedad Bíblica Británica e Internacional, una organización protestante, bajo el cuidado del ya mencionado Castells.

Más allá del interés en esta obra desde una perspectiva religiosa, su relevancia radica en que se trata con toda seguridad del primer texto escrito por un hablante nativo del bribri, en una época en que esta lengua no se había grafizado (es decir, no se había llevado al formato escrito) más que para propósitos de documentación lingüística y etnográfica, pero no para servir como recurso para la propia comunidad indígena.

Con esto no queremos dar a entender que hemos de obviar que el fin último de quienes financiaron la traducción consistía en evangelizar y convertir al cristianismo, con ayuda de este texto, a la población de habla bribri, sino que deseamos subrayar que su elaboración trasciende este propósito, sea que quienes participaron en el proyecto hayan sido conscientes de ello o no.

Además de figurar como muestra de la forma como un hablante nativo del bribri la grafiza por primera vez, echando mano de las habilidades de escritura y lectura que había aprendido en su escolarización, desarrollada en español (y quizás en inglés y otros idiomas), el Evangelio representa el testimonio antiguo más extenso con que contamos de la lengua bribri de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. ¿Por qué esto resulta tan importante? Pues porque los datos más antiguos del bribri se los debemos a investigadores como el estadounidense William Gabb, el alemán Bernardo Augusto Thiel, el costarricense Carlos Gagini o el suizo Henri Pittier, ninguno de los cuales habría alcanzado un conocimiento verdaderamente profundo de la estructura de este idioma, ya sea porque carecían de las herramientas técnicas para emprender tal proyecto a cabalidad o porque no se interesaron más que por realizar descripciones muy someras.

Así las cosas, en el Evangelio según san Juan traducido al bribri por Gabb encontramos a un hablante nativo del bribri desplegando toda su competencia lingüística para llevar a buen término el proyecto de traducción, lo cual implica que en la obra se hallan muestras de mucho vocabulario no documentado por los otros autores, así como de innumerables fenómenos de pronunciación y de gramática que a ellos se les escaparon.

El Evangelio, además, se aparta del formato de recopilación de palabras y oraciones descontextualizadas que se aprecia en la obra de los otros autores, pues lo que hallamos en este caso es un texto, con toda la complejidad que ello implica, así como con toda la riqueza de información acerca de cómo se emplea la gramática y el vocabulario del bribri de modo cohesionado y con la finalidad de cumplir un propósito comunicativo concreto. Por consiguiente, para la investigación lingüística sobre la lengua bribri de finales del siglo XIX e inicios del XX, el valor de esta obra no puede dejar de reconocerse.

Por si esto fuera poco, el Evangelio según san Juan nos revela la competencia bicultural de Gabb. Apuntamos párrafos atrás que Gabb actuó como la fuente principal de muchos investigadores, viajeros y misioneros, pero que pocas veces ha quedado constancia fiel de ello y que aparentemente mucha de la información se ha perdido.

Empero, en su traducción Gabb nos muestra que conocía perfectamente el mundo talamanqueño de su época (incluyendo aspectos de la religión tradicional del pueblo bribri) así como el mundo hispanocristiano (judeo-cristiano, en gran medida, pero conceptualizado por medio del español). Constantemente encontramos huellas de la cultura material e inmaterial talamanqueña en el texto, como evidencia del esfuerzo de Gabb por traducir y adaptar conceptos de un texto bíblico que eran tan ajenos a la cultura bribri, con lo cual se pueden apreciar sus dotes de traductor intercultural.

En 1906 Gabb tuvo en sus manos su traducción, que había sido publicada en Londres, Inglaterra, un año antes. Gabb murió en 1911 y, a pesar de haber sido tan conocido en su época, muy pronto cayó en el olvido. Lo mismo sucedió con su traducción, que, por motivos diversos, parece haber circulado muy poco. No es sino hasta ahora que la obra se ha empezado a analizar con la seriedad y profundidad que merece.

El caso de Gabb nos recuerda que Talamanca, y en general muchos de los territorios que hoy en día forman la república de Costa Rica, han sido multilingües y multiculturales por centurias, aunque nos siga costando reconocerlo. También patentiza que muchas personas indígenas han desempeñado un papel activo como mediadores interculturales desde hace siglos.

Para saber más:

Están en preparación dos volúmenes de una serie titulada “La traducción de Guillermo Gabb del Evangelio según san Juan al bribri y su contexto de producción”. Serán publicados en la serie digital Tsirík, del CIICLA (http://www.ciicla.ucr.ac.cr/node/763)

También ver: “Voz experta: Bribris, cabécares y afrocaribeños en la formación de parejas interétnicas en Talamanca, 1870-1910” por Javier Sánchez Mora (https://www.ucr.ac.cr/noticias/2023/02/06/voz-experta-bribris-cabecares-y-afrocaribenos-en-la-formacion-de-parejas-interetnicas-en-talamanca-1870-1910.html)

Portada del Evangelio según san Juan, traducido al bribri y publicado en Londres en 1905. Ejemplar facilitado por María Eugenia Bozzoli.

Carlos Sánchez Avendaño
Docente de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura e investigador del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas (Ciicla)

Alejandra Boza Villarreal
Docente de la Escuela de Historia e investigadora del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas (Ciicla)

UCR, Voz experta: La Universidad de Costa Rica es humanista, integral y hace investigación de impacto nacional

Escrito en 17/03/2023. Publicado en Derechos, Educación.

En días recientes, la Universidad de Costa Rica (UCR) ha recibido ataques y cuestionamientos a partir de argumentos que combinan señalamientos basados en información desactualizada, falsas o mezcladas con otras que constituyen desafíos. Pareciera que quienes quieren ver debilitada a la UCR les molesta la sólida valoración de nuestra institución de educación superior en los rankings internacionales independientes, o también la consistente consideración de ser la institución mejor evaluada del país en todas las encuestas en que esto se pregunta. También pareciera molestarle que ejerzamos la autonomía universitaria, establecida en la Constitución Política.

En el presente artículo se intenta deconstruir algunos de estos estereotipos con información sobre una de las actividades sustantivas que desarrollamos en la UCR: la investigación. Desde la comunidad universitaria debemos responder con datos veraces a la información falsa que propalan en contra la educación superior pública, con el propósito de debilitarla y reducirla al mínimo posible como consecuencia de la regla fiscal y la ley de empleo público.

El modelo universitario y la gestión de la investigación

Con frecuencia, las críticas parten de una comprensión equivocada de lo que es el modelo universitario de la UCR, resultado del desconocimiento de sus actividades sustantivas. Otras veces, la crítica responde a la intención de distorsionar la imagen institucional para deslegitimar a la institución.

La UCR es una universidad de vocación humanista. Esta formación, que inicia en los Estudios General y continúa a lo largo de la senda de formación universitaria, es sustancial porque permite formar y reflexionar sobre principios necesarios para la sociedad del mundo de hoy, como son la solidaridad, el respeto a las diferencias, la pluralidad, la justicia y la necesidad de cuidar el planeta, entre otros. La formación humanística es estratégica en la educación universitaria porque ayuda a la población estudiantil a desarrollar habilidades críticas y reflexivas, a comprender la complejidad y diversidad del mundo, mejorar sus habilidades de comunicación y a apreciar la cultura en su sentido amplio.

La UCR tiene una aspiración a la integralidad, es una universidad completa, con actividad en todas las áreas de conocimiento. Tiene vocación democrática, tanto en su forma de gobierno, como en su acceso y cobertura. Tiene una visión crítica, con vocación transformadora, en función del bien común y la sostenibilidad ambiental. Por eso su compromiso con la búsqueda de soluciones a los grandes problemas y desafíos que enfrenta nuestro país. Su quehacer sustantivo, es la docencia de grado y posgrado, pero también la investigación y la acción social. Esta concepción está reflejada en los principios y objetivos del Estatuto Orgánico institucional.

Una de las distorsiones frecuentes, en particular cuando se quiere recortar su presupuesto, es proyectar la imagen de que la UCR solo hace docencia. Es una forma de ponernos en el mismo plano que las universidades privadas, invisibilizando el importante aporte que se realiza en acción social e investigación. En las siguientes secciones, explicaré la importancia de la investigación dentro de la UCR y el impacto transformador en nuestra sociedad.

La importancia y alcance de la investigación

Con relación a la labor de investigación, se niega la misma o se hacen afirmaciones propias de producción de posverdad. Por ejemplo, se sostiene de manera tajante que no hay planificación de la investigación y que esta es resultado de las ocurrencias de investigadores, que obtienen el financiamiento a partir de su influencia personal, insinuando malas prácticas de gestión.

Lo cierto es que la formulación de proyectos y programas de investigación, así como la definición de los problemas que se intentan resolver no son resultado de ocurrencias antojadizas, sino de la investigación acumulada y producida desde las comunidades científicas, propias, nacionales e internacionales. También responden a la planificación de la actividad investigativa y de la evaluación rigurosa de los proyectos que se aprueban después de ser evaluados por pares internos y externos.

En esa línea, las propuestas de proyectos se presentan en diversos órganos científicos colegiados y estructuras de investigación que forman parte de las unidades académicas, centros e institutos, que a su vez integran la estructura de gestión de la Vicerrectoría que coordina esta actividad. Estos son los órganos que evalúan la calidad y la pertinencia de los proyectos y de orientar el quehacer de investigación de la institución.

La distribución de recursos y apoyos se realiza sobre la base de la calidad, la pertinencia y el aporte de las propuestas. Los temas y problemas por resolver en estas investigaciones no son antojadizos, son el resultado de procesos de análisis y estudio cuyo objetivo principal es garantizar que la investigación por desarrollar significará la producción de conocimiento original y, eventualmente, un aporte innovador o de impacto para la sociedad.

La planificación y perspectiva de mediano y largo plazo de la investigación también ha permitido importantes inversiones en infraestructura, equipos y materiales que permiten desarrollar proyectos en este campo de relevancia científica y tecnológica, así como de gran impacto económico, social y ambiental. Esto se hace con el apoyo y supervisión de la Vicerrectoría de Investigación y en conexión con las unidades académicas en la gran mayoría de los casos.

El perfil de la investigación

La investigación que realiza la UCR representa aproximadamente 60% del total que se produce en el país y cerca del 50% de la región centroamericana. La gestión de esta actividad se ha vuelto mucho más compleja y se desarrolla bajo los mejores estándares internacionales. Hoy, la UCR cuneta con 39 centros de investigación, 13 institutos de investigación, 2 laboratorios nacionales y 21 estaciones experimentales, fincas, jardines y reservas.

Hay cerca de 2000 personas investigadoras activas, de las cuales el 46% son mujeres. Cerca del 42% tienen doctorado, 27,7% tienen maestría y 23,8% tiene licenciatura. Es decir, es una comunidad científica con alta calificación en términos de su formación académica.

En términos de la cantidad de proyectos de investigación, en 2021 se tenían 1909 iniciativas activas. En perspectiva quinquenal, entre 2016 y 2021 se desarrollaron 3.509 proyectos en más de 100 disciplinas, en todo el territorio nacional, con gran impacto científico-tecnológico y con una significativa incidencia económica, social y ambiental.

En cuanto a las áreas de conocimiento, los proyectos activos en 2021 se desagregaron de la siguiente manera: Artes y letras 132 proyectos (6%); Ciencias Agroalimentarias 219 (11,5%); Ciencias Básicas 516 (27%); Ciencias Sociales 409 (21,4%); Ingeniería 193 (10,1%) y Salud, 273 (14,3%). Las sedes sumaban 143 proyectos activos en 2021 (7,4%).

Los principales focos de investigación

Estos proyectos de investigación tienen estrecho vínculo con temáticas o problemas de la realidad nacional y, además, se ha apostado por el desarrollo inter, trans y multidisciplinario, como se puede observar a partir del agrupamiento por focos o ejes de investigación:

Salud y calidad de vida

48 proyectos de investigación en el marco de la Pandemia de la COVID 19, algunos de ellos continúan estudiando los efectos del virus y sus efectos posteriores.
31 proyectos de tratamiento de cáncer, incluyendo terapias, tratamiento experimental, estudio de factores de riesgo y análisis celular.
40 proyectos sobre salud mental, que incluyen temas como envejecimiento enfermedades demenciales y manejo de adicciones.
55 proyectos sobre antimicrobianos y enfermedades transmisibles, que incluyen alteraciones genómicas, actividad inhibitoria, sistema inmune, mecanismos de activación, resistencia, Aedes aegypti (dengue, fiebre amarilla, chikunguña y fiebre de Zika), Antimicrobianos, HIV.
43 proyectos de síndromes y enfermedades no transmisibles, tales como enfermedades cardiovasculares, enfermedades hematológicas, síndrome metabólico, hematología.
78 proyectos sobre salud pública y sistemas de salud, con temas tales como el análisis de los sistemas de salud, salud pública, salud bucodental, obesidad y medicina preventiva.
2 proyectos relacionados con sueros antiofídicos (140 especies en serpientes venenosas en CR), cuyo impacto incluye protocolos de atención médica, recurso terapéutico para la atención de mordeduras de serpientes. Estos proyectos tienen una importante proyección internacional.

Agronomía y nutrición saludable

311 proyectos en productividad y competitividad del agro, resistencia factores abióticos y bióticos adversos al cultivo, adaptación y mitigación al cambio climático en el agro, mayor calidad nutritiva de nuestros productos alimenticios.
33 proyectos de nutrición animal orientados a una mayor calidad de alimentos para consumo animal, mejores materias primas, nutrientes y suplementos de consumo animal, reducción de erosión y promoción de reforestación, mejora en la reproductividad animal y mayor crecimiento de los animales.
Infraestructura y materiales
20 proyectos de investigación en nanotecnología, materiales, y ecomateriales, que podrían servir obra y política pública, así como para la industria.
Gestión del riesgo, prevención de desastres, cambio climático, océanos, diversidad biológica y recurso hídrico
370 proyectos de investigación en comportamiento de especies, ciclo hidrológico, resiliencia y capacidad de adaptación, educación y sensibilización ciudadana, meteorología, geografía, inventario de biodiversidad, amenazas naturales y vulnerabilidad social, mapeo y gestión de riesgo, abordaje psicosocial, instrumentos de medición, estudio de sismos y mecanismos de información y prevención.
33 proyectos que incluye estudios sobre la calidad de aguas, aguas residuales, la contaminación de agua, gestión de recursos, estudio de cuencas, ríos y tratamientos de aguas.

Desarrollo de ciudades, preservación de patrimonio y cultura

47 proyectos de investigación en turismo local, artes plásticas, artes visuales y patrimonio cultural.
36 proyectos sobre cultura e interculturalidad, lingüística, gobernabilidad, educación, prácticas ambientales, violencia, lengua, territorio, desarrollo del turismo.
Crecimiento económico, desigualdades, pobreza y desempleo
49 proyectos que abarcan análisis de macroeconomía, el ecosistema empresarial, la política monetaria, entre otros temas.

Educación y desarrollo

201 proyectos relacionados con estrategias de educación, gestión y evaluación educativa, pedagogía, mejoramiento de sistemas educacionales, evaluación, protocolos pedagógicos y acreditación de carreras

La investigación aplicada y la transferencia de conocimiento para la innovación

La UCR ha hecho un esfuerzo importante para fortalecer el desarrollo de investigación aplicada y la transferencia de conocimiento orientado hacia la innovación y el emprendimiento con el propósito de fortalecer el vínculo con la sociedad costarricense, en particular con el sector productivo.

Para ello ha creado la Dirección de Promoción de la Innovación y el Vínculo para el Desarrollo (DIPROVID). Desde esta plataforma, por medio de sus distintas unidades, se impulsa 88 casos de proyectos con innovación en proceso y tiene 23 nuevas oportunidades para innovar.

Desde AUGE, la incubadora de la UCR y parte de la DIPROVID, se acompaña cerca de 150 proyectos de emprendimiento dinámico y tecnológico, así como de emprendimientos derivados o Spin-Off. Esta incubadora es la más grande del país y de la región centroamericana.

Un último punto para mencionar es que desde DIPROVID se coordina el Hélice, programa que es resultado de un convenio bilateral entre Costa Rica y Corea y que cuenta con el apoyo de la Agencia de Cooperación de Corea (KOICA). Hélice cuenta con el acompañamiento de la Universidad de Corea y está orientado a fortalecer las capacidades de la UCR para desarrollar transferencia de conocimiento por medio de la colaboración entre la universidad y el sector externo, así como los emprendimientos universitarios. En este momento, se han aprobado 38 proyectos de cooperación entre la comunidad científica y contrapartes del sector externo. Estos proyectos responden a cinco focos de innovación: agricultura y nutrición saludable, salud y calidad de vida, tecnología y sociedad, creación y cultura, y, ambiente y energía.

Como queda en evidencia, se está realizando un importante esfuerzo institucional para aumentar el impacto de la investigación generada por la UCR por medio de su difusión y transferencia de conocimiento orientada hacia la innovación. Se busca incidir en la mayor cantidad de sectores y las distintas regiones del país y que derive en beneficios concretos para las MIPYMES, el ecosistema de innovación y emprendimiento nacional y la ciudadanía en general.

A modo de cierre

El análisis realizado evidencia que los estereotipos y acusaciones que se vierten sobre la UCR no tienen asidero en la realidad actual de nuestra institución, mucho más compleja y diversa que hace tres o cuatro décadas. Nuestra investigación no es improvisada, es evaluada seriamente y tiene un importante impacto en términos de innovación en todos los sectores del país. Por ello, somos un actor clave del eco-sistema de innovación y emprendimiento del país.

Sabemos que no somos una institución perfecta. Tenemos muchas oportunidades de mejora y somos conscientes de ello. Pero la UCR no es una promesa incumplida. Es la universidad con el mejor desempeño de la región centroamericana y una de las mejores de América Latina, según las variables que se utilizan a nivel de evaluaciones internacionales independientes y también según los estudios de la opinión pública nacional que nos colocan de forma sistemática como la institución mejor valorada del país.

No nos dormimos en nuestros laureles, seguiremos trabajando individual y colectivamente para mejorar y servir de mejor manera a nuestro país y, de esa forma, tal y como indica el artículo 3 de nuestro Estatuto Orgánico, contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común.

Alberto Cortés Ramos
Dirección de Promoción de la Innovación y el Vínculo para el Desarrollo (DIPROVID-UCR)

UCR, Voz experta: Aportes del estudio de la cognición social para la comprensión de los problemas de la desinformación en Costa Rica

Escrito en 01/03/2023. Publicado en Derechos.

Rolando Pérez Sánchez, profesor Catedrático de la Escuela de Psicología e investigador en el Instituto de Investigaciones Psicológicas.

Por: Rolando Pérez Sánchez (Instituto de Investigaciones Psicológicas, Posgrado en Ciencias Cognoscitivas)

La desinformación es un fenómeno que está afectando el devenir de las democracias a nivel global. A nivel nacional, la situación es cada vez más preocupante, y sobre la cual se requiere ofrecer respuestas y soluciones desde una perspectiva multidisciplinaria y multiperspectivista. En este sentido, es de mi interés presentar algunos aportes de la investigación socio-cognitiva al estudio de la desinformación y al desarrollo de herramientas que ayuden a combatirlo.

El proceso de formación de la opinión pública en el contexto de Internet y las redes sociales se ha modificado rápidamente, adquiriendo nuevas características y tendencias. En su versión más tradicional, se trataba de una estructura centrada en la comunicación asociada a los medios masivos tradicionales, el flujo de comunicaciones verticales y jerarquizados marcadas por disputas entre élites, grupos de poder y determinado por la agenda e intereses a los cuales se adscribían los medios de comunicación. En contraste nos encontramos ahora ante una pluralización de canales, plataformas digitales, formas de comunicación y perspectivas que coexisten y convergen con los medios tradicionales, definidas sin embargo por criterios algorítmicos que delimitan las interacciones y el acceso a la información, así como por la formación de cámaras de eco, que homogenizan y estandarizan la discusión y la información circulante.

En este contexto, la desinformación como elemento conformador de la opinión pública adquiere igualmente nuevas características, a sabiendas de que el fenómeno no es novedoso, como sí lo es la forma en que esa opinión se expresa en la actualidad y sus repercusiones a futuro.

Desde el inicio del actual gobierno, somos testigos de una serie de tendencias preocupantes que pueden tener consecuencias duraderas en el devenir de nuestra democracia. Enumeremos algunas de ellas que actúan de forma conjunta:

Una comunicación del gobierno que recurre más bien a estrategias propias de la propaganda
Un estilo de liderazgo autoritario, que centra la comunicación y la toma de decisiones solo en el presidente.
Un estilo de retórica para la comunicación política centrado en la descalificación y el no reconocimiento de las personas o grupos que divergen o lo adversan.
El uso de la desinformación como herramienta de presentación de propuestas, resultados y afrontamiento de críticas.

En este marco hemos sido testigos, por ejemplo, de afirmaciones del Presidente de la República que, de forma infundada, indicaban que las universidades públicas no rendían cuentas y carecían de controles en la administración de los fondos asignados, todo ello para justificar un proyecto de ley que pretende la intervención del ejecutivo en la toma de decisiones y en el uso de fondos de las universidades públicas. Precisamente el uso de desinformación como herramienta política y de ejercicio del poder es una forma claramente documentada en la literatura científico social como medio de legitimación, control y de injerencia en la opinión pública. Es allí donde la investigación socio-cognitiva está realizando aportes relevantes para su estudio y comprensión.

La cognición social de la desinformación se refiere a la forma cómo las personas atienden, procesan, comprenden, evalúan y aceptan o rechazan la información que reciben cotidianamente ya sea que sea verdadera, falsa o en general de carácter desinformativa. Desde el punto vista de la ciudadanía nos preocupa el manejo que se hace de los contenidos desinformativos, atendiendo tanto a las posibilidades de crítica y evaluación como de la aceptación y difusión irreflexiva de estos contenidos. La investigación socio-cognitiva ha identificado una serie de mecanismos que tienden a favorecer la aceptación de los contenidos desinformativos, pero también ha logrado empezar a distinguir herramientas que logran identificar dichos contenidos.

Algunos de los mecanismos que se han logrado identificar y que presentan la característica de actuar de forma automática, no reflexiva o consciente incluyen:

La tendencia a buscar información que confirme o apoye las opiniones y creencias previas, descuidando o no atendiendo a si el contenido es verdadero o falso.
La tendencia opuesta que rechaza información que contradice las opiniones propias y creencias previas. Esto puede hacer que las personas sean más propensas a aceptar y compartir mensajes falsos que apoyen sus opiniones previas, ya que la información falsa puede proporcionar una justificación para rechazar información contraria.
Ante informaciones u opiniones que puedan contradecir las propias creencias o convicciones, las personas tienden a buscar informaciones que ayuden a contra-argumentar y mantener las convicciones propias, aunque esto signifique recurrir a contenidos falsos.
En los últimos años se ha visto incluso que la sola exposición repetida y prolongada a informaciones desinformativas hace que las personas terminen por considerar sus contenidos como verdaderos.
De igual relevancia es la confianza depositada en ciertas fuentes de información, de modo que todo lo que estas difundan van a tender a considerarse válido
Asociado a esto último, se ha encontrado que las personas tienden a confiar en la información difundida por su grupo de referencia o personas más cercanas.

Estos dos últimos resultan además problemáticos cuando el tipo de intercambios que se generan en las redes sociales se suceden en el contexto de cámaras de eco, aumentadas por los criterios algorítmicos de las mismas redes, que tienden tanto a descartar las opiniones y flujos de información contrapuestos o disímiles y a favorecer la homogenización de criterios, puntos de vista, fuentes y perspectivas.

Junto con estos mecanismos se ha encontrado que el sistema de valores e ideologías de las personas hace que tiendan a aceptar informaciones que sean consonantes con esas ideologías o valores. Esto aún más en contextos de polarización, actualmente característicos de los entornos digitales y presenciales en el país.

Ante estos mecanismos, y conociendo que en su mayoría actúan de forma automática o no consciente, se han buscado algunas alternativas para contrarrestarlos, las cuales buscan promover

mecanismos cognitivos que favorezcan la reflexión y la activación de estrategias de procesamiento consciente de la información,
mediante la generación de estrategias que permitan la evaluación del contenido, de modo que las personas logren atender a recursos básicos para verificar la la falsedad o la veracidad del contenido,
así como estrategias que posibiliten la valoración de las propias capacidades para dicha evaluación, de modo que las personas analicen si las herramientas con las que cuentan son suficientes,
junto a ello se persigue promover la flexibilidad cognitiva que contribuya a considerar información alejada de las propias creencias, como insumo válidos para la toma de posición o las decisiones respecto a determinado tema.

En el Instituto de Investigaciones Psicológicas estamos trabajando precisamente en la identificación de estos mecanismos cognitivos de la desinformación en el país para la elaboración de herramientas concretas que reduzcan su aceptación y la tendencia a compartir estos contenidos desinformativos.

Rolando Pérez Sánchez
Instituto de Investigaciones Psicológicas, Posgrado en Ciencias Cognoscitivas, UCR