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Etiqueta: vulnerabilidad

Gobierno roba a los pobres el derecho a vivienda y derecho a estudiar

Escrito en . Publicado en Derechos, Vivienda.

Ante la inercia que sufre el sector vivienda de interés social, donde el presidente de la república a demostrado claramente que no tiene el menor interés por las familias pobres que no tienen casa, con acciones que lo demuestran contundentemente, como las siguientes:

  1. A dos meses de la renuncia de la ministra y viceministro de Vivienda, el gobierno no ha nombrado sus sustitutos permanentes y mantiene un nombramiento provisional que no genera confianza a nadie dentro del sector
  2. Igual tiempo tiene la Junta Directiva del BANHVI sin presidente, por lo cual no puede sesionar para tomar acuerdos, con una larga lista de proyectos de vivienda y de bonos de vivienda individuales, muchos de ellos de zonas indígenas que solo esperan el acuerdo de esa Junta Directiva para que esas familias tengan sus casas.
  3. Que el ministro Nogui Acosta no ha querido cumplir con la obligación de girar los diez mil millones de colones que la Asamblea Legislativa asignó al BANHVI, en desacato de la Resolución 150 – 2022de la Procuraduría General de la República que es vinculante para el Gobierno y el ministro, quien se burla nuevamente de nuestra legislación y de las familias de mayor pobreza y vulnerabilidad, proponiendo un nuevo rebajo de treinta mil millones de colones en el nuevo presupuesto usando el engaño para que el pueblo y los diputados no se den cuenta, como el “bicho rastrero” que es y con toda desfachatez habla de aumento en vivienda.
  4. Conel BANHVI, el MIVAH e INVU cada día más ineficientes, sin un verdadero seguimiento a los Proyectos habitacionales, con menor producción de viviendas, con una ministra que sigue siendo provisional después de dos meses de estar en el cargo, nos genera una horrible impresiónde que la directriz es “patear la bola para adelante” y aprobar lo menos posible para que haya un alto superávit y así justificar recortes de Presupuesto, como el que plantean ahora mismo.
  5. Nose cuenta con una verdadera Política Nacional de Erradicación de precarios, este es un sector de la población que está en completo abandono desde hace varias administraciones gubernamentales sufriendo las peores humillaciones y estigmas, con una terrible y permanente penetración del flagelo del narcotráfico y el crimen organizado que aprovecha las difíciles condiciones en que viven para reclutar adolescentes para ponerlos a delinquir, convirtiéndolos en máquinas totalmente entrenados en la violencia, con métodos de gran crueldad y hasta cinismo con sus víctimas. Evidentemente la eliminación de miles y miles de Becas de FONABE y Avancemos propician mayormente esto porque son miles de jóvenes que dejan de estudiar.

Por estas razones y muchas más que no mencionamos por falta de espació, El Foro Nacional de Vivienda, la Asociación de Lucha Contra la Pobreza -COLUPOA-, Mujeres en Lucha Social, cansados de esta anarquía y desinterés del gobierno y las autoridades encargadas del Sector, hemos acordado una ACCIÓN DE CALLE (realmente calle) el próximo 20 de septiembre para solicitar al presidente que se coma de verdad esta bronca y que dejemos la palabra simple y sin contenido y que nombre formalmente quien será la o él ministro de Vivienda y presidente de la Junta Directiva de BANHVI y que se nombre de forma independiente Presidente (a) Ejecutivo (a) del INVU y se ordene este sacrificado Sector donde hay miles y miles de familias de PROBREZA EXTREMA Y ALTA VULNERABILIDAD, de las cuales hay más de veinte mil por ser tirados a la calle po desalojos.

AMIGO Y AMIGA, Grupo organiza con Proyecto de Vivienda, súmate a esta lucha, contáctanos

San José. 4 de septiembre 2023.

 

Manuel Salinas Salinas

Víctor Rojas Marín

Rocío Ramírez Varela

Teléfono 8381 6224

Teléfono 8993 0316

Teléfono 7015 4292

 

Imagen ilustrativa.

Trabajo forzoso se ha incrementado en los últimos 5 años, según la OIT

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Millones de personas se encuentran atrapadas en trabajos forzosos, incluso en sistemas de esclavitud moderna. (Foto: Cortesía)

Por María Núñez Chacón

Los trabajadores migrantes tienen más de tres veces de probabilidad de realizar trabajos forzados, lo que les pone en una situación de gran vulnerabilidad.

La pandemia creó grandes perturbaciones en los mercados del trabajo; la baja en los ingresos de las personas provocó un mayor endeudamiento; se dio un marcado aumento de la servidumbre por deudas; y, finalmente, el deterioro en las condiciones laborales de muchos trabajadores propició, en los casos más extremos, el trabajo forzoso.

De hecho, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló recientemente en su informe “Estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna, trabajo forzoso y matrimonio forzoso” que unos 50 millones de personas viven en situación de esclavitud moderna (al 2021), de estas, 28 millones realizan trabajos forzados y 22 millones están atrapadas en matrimonios forzados.

Y es que el número de personas en situación de esclavitud moderna ha aumentado considerablemente en los últimos cinco años, pues para el año 2021 había 10 millones más de personas en situación de esclavitud moderna en comparación con las estimaciones mundiales de 2016.

De acuerdo con Noortje Denkers, especialista de Migración Laboral y Movilidad Humana de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, la agencia de Naciones Unidas nota con mucha preocupación que el número de personas que está atrapada en la esclavitud moderna va en aumento, asimismo, alerta que siguen siendo las mujeres, niños y niñas quienes están más vulnerables ante esta situación.

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“Cuando lo vemos desde la óptica migratoria, el trabajo forzoso es mucho más frecuente, las personas migrantes tienen tres veces mayor riesgo de trabajo forzoso, las cifras muestran que, de cada 1.000 migrantes, 13,8 están en trabajo forzoso y para el caso de personas no migrantes, de cada 1.000, 4,1 están en esta situación”, explicó Denkers en entrevista con UNIVERSIDAD.

¿Esta realidad mundial, con qué incidencia se presenta en los países centroamericanos?

—Las crisis que estamos viviendo han generado coyunturas que facilitan la profundización del trabajo forzoso y Centroamérica no está exenta de ellas. Una crisis global, como la que ocasionó el COVID-19 y el cambio climático han tenido un fuerte impacto en temas de empleo y educación, aumento de la pobreza extrema, migración forzosa, inseguridad e incremento en las denuncias de violencia de género.

La combinación de estos factores incrementa el riesgo de la esclavitud moderna o el trabajo forzoso, y quienes están en condiciones de vulnerabilidad se ven más afectadas, por ejemplo, quienes están en pobreza, trabajadores de la economía informal, niños y niñas.

¿Qué implica el trabajo forzoso o la esclavitud moderna?

—Cuando pensamos en el trabajo forzoso pensamos en personas encadenadas, encerradas de un edificio, pero debemos entender que la realidad es distinta, hay a quienes les decomisan su pasaporte en el trabajo, lo que les impide la movilización o salir del país en el que trabajan. Eso es un indicador muy común del trabajo forzoso.

También, hay a quienes les retienen sistemáticamente el salario, o les dicen que tienen una deuda por haberles dado el trabajo y la personas sigue trabajando sin recibir su sueldo. También, aquellos que sufren algún tipo de coacción, confinamiento, violencia física o sexual y la privación de necesidades básicas.

Todas estas cosas suceden a nuestro alrededor, no hay que ir muy lejos.

¿En qué sectores es más frecuente encontrar condiciones de trabajo forzoso o esclavitud moderna?

—La mayoría está en servicios, en la industria manufacturera, en la construcción, agricultura y en el trabajo doméstico, esos son los cinco sectores que concentran más a las personas que están en trabajo forzoso. Y la mayoría de los casos de trabajo forzoso, 86%, se dan en el sector privado.

¿Cuáles son las acciones que deberían tomar los países para luchar contra la esclavitud moderna?

—La OIT recomienda en su informe que, para prevenir el trabajo forzoso, es esencial respetar las libertades y derechos de las personas trabajadoras, lo que incluye la libertad sindical y a la negociación colectiva, que les permiten ejercer una voz colectiva y defender sus intereses, así como negociar un trabajo seguro y decente.

Otra medida es ampliar la protección social para que las personas no se encuentren en situación de vulnerabilidad y que tengan acceso a seguridad básica de ingresos y puedan rechazar cuando les ofrezcan un trabajo abusivo, o abandonar aquellos empleos que tengan esa tendencia. Es necesario promover la contratación equitativa, incluyendo el reclutamiento de migrantes, que les prevenga de prácticas abusivas y fraudulentas.

Es fundamental que los servicios públicos sean capacitados y fortalecidos para detectar las infracciones laborales e indicadores de trabajo forzoso y que desarrollen procesos de reparación para las personas donde la prevención falló.

 

Trabajo periodístico de María Núñez Chacón del Semanario Universidad, compartido con SURCOS por Maikol Hernández.

Carta pública al presidente electo- OIDH-CR

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Carta pública

San José, abril del 2022.

Sr, Rodrigo Chaves Robles

Presidente Electo de la República de Costa Rica.

Presente.

Estimado Señor:

La Organización Interseccional pro Derechos Humanos de Costa Rica (OIDH-CR) es una agrupación inscrita en la Sección de Asociaciones del Registro Público con la cédula jurídica No. 3-002-587995.  Como Organización de la sociedad civil, estamos muy interesados en promover, mantener e intensificar, desde un enfoque interseccional, las conquistas alcanzadas en los últimos años que han venido a satisfacer algunas de las demandas y necesidades sentidas y manifiestas de aquellos grupos que históricamente hemos sido excluidos de la condición de ciudadanía por orientación sexual, identidad o expresión de género, condición migratoria, procedencia étnica, condición etaria, discapacidad.

Frente a su elección y pronta toma de la dirección del Poder Ejecutivo, nuestra Organización, está interesada en que usted pueda conocer algunas de nuestras preocupaciones con el objetivo de que sean tomadas en cuenta en su gobierno de manera explícita que permitan suscitar políticas públicas inclusivas, justas y equitativas que beneficien a los sectores sociales que nuestra Organización representa.

En consecuencia, Señor Chaves, nuestros puntos son los siguientes:

  1. Promoción de una ley antidiscriminación por razones de orientación sexual, identidad y expresión de género, procedencia étnica, estatus migratorio, discapacidad, adultos mayores de la diversidad.  (Hay un proyecto de ley de reconocimiento de los derechos a la identidad de género e igualdad ante la ley -Proyecto de ley número 19841- actualmente archivado en la Asamblea Legislativa, que sería una buena base para discutir.)  Y eliminar de la ley de empleo público lo referente a la objeción de conciencia.
  2. Impulsar un programa de capacitación para todas las personas funcionarias públicas acerca de los derechos humanos de todos los grupos que históricamente hemos sido vulnerabilizados.
  3. Revisar y reforzar científicamente los programas de afectividad y sexualidad en la educación pública y privada.
  4. Desarrollar un programa de desarrollo integral para las personas transgénero, transexuales e intersex.
  5. Potenciar en los distintos municipios programas de inclusión social para personas que forman parte de las comunidades sexualmente diversas.
  6. Mantener el 17 de mayo como el Día en contra de la Homolesbobitransfobia.  Y conmemorarlo por parte del Gobierno. 
  7. Consolidar la figura del comisionado o comisionada presidencial para asuntos de la diversidad sexual, afectiva y de género, asignándole presupuesto y reconociéndole la condición de funcionario público con carácter de asalariado y no ad honorem.
  8. Promover en las regiones costeras, junto con sus municipalidades, oficinas de la diversidad sexual, similares al modelo vigente en la Municipalidad de Goicoechea, que permita movilizar recursos para la potenciación de capacidades de todo tipo para la población diversa sexual y de género presente en cada una de esas regiones, en especial orientadas al empleo y autoempleo, al emprendimiento y la culminación de los procesos formativos para todas aquellas personas que se han quedado rezagadas, esto mediante acciones conjuntas entre el MEP, el INA y universidades públicas ubicadas en esas zonas.
  9. Promover un censo nacional que permita determinar la cantidad de población diversa sexual y de género que vive en Costa Rica para la toma de decisiones en materia de política pública.
  10.  Mantener, impulsar, mejorar y promover todos los programas de prevención contra las infecciones de transmisión sexual.  Que la distribución eficaz, efectiva y amplia de medicinas antirretrovirales y la PrEP (medicina preventiva) sea muy ágil y sin tanta limitación.
  11.  Desarrollar una discusión nacional de alto nivel acerca de la urgencia de declarar a Costa Rica un estado laico.
  12.  Mantener y consolidar todas las conquistas alcanzadas por la comunidad de la diversidad sexual y de género durante los últimos ocho años.
  13.  Tipificar como delito agravado los crímenes de odio.
  14.  Crear programas de protección real y eficaz a personas activistas y defensoras de Derechos Humanos: de la diversidad sexual y de género, afrodescendientes, ciudadanos originarios, migrantes y refugiados en Costa Rica.
  15.  Mantener políticas de puertas abiertas para la protección de las personas refugiadas.
  16.  Garantizar que los funcionarios públicos brinden una atención integral y efectiva en sus funciones a los habitantes del país, sin malas caras o malos tratos, menos sin tener la necesidad de recurrir a un Recurso de Amparo ante Sala Cuarta Constitucional para hacer que ellos como funcionarios públicos hagan su trabajo.
  17.  Garantizar la seguridad de los pobladores indígenas y acatar los llamados de los mismos sobre la protección de sus tierras.  Que sus tierras ancestrales se les retornen a su poder.  Que se investigue el destino de los fondos girados hasta el momento a estos grupos.
  18.  Mejorar el índice de seguridad para la ciudadanía, evitando incluso que los funcionarios se burlen u omitan agresiones, ofensas, acosos y hostigamientos a la mujer, migrantes, indígenas, personas de la comunidad diversa sexual y de género, personas con discapacidad y comunidades marginadas, proporcionando seguridad en puntos alejados del Área Metropolitana.
  19.  Mejorar o reconstruir la infraestructura y garantizar una educación integral REAL a los habitantes que estudian en las comunidades rurales, que garantice que los profesores no tengan que poner de sus bolsillos para que los alumnos tengan que moverse a los centros de estudios, que tengan útiles escolares o incluso comedores dignos.
  20.  Mejorar los programas de asistencia social y seguridad en comunidades rurales, tanto los citadinos de la GAM como los campesinos son habitantes de este país y tienen los mismos derechos, por tanto, deben ser tratados con la misma igualdad que otros, no dando excesivo lujo al capitalino o metropolitano e ignorando la necesidad de hambre del que habita en lo rural.
  21.  Realizar atención psiquiátrica y psicológica gratuita.  Una línea de atención de crisis para personas suicidas para personas en crisis o con problemas psicológicos o psiquiátricos.
  22.  Que personas mayores de la diversidad y de género tengan especial protección estatal.

Los puntos señalados son considerados por nuestra Organización como mínimos necesarios para garantizar que en el presente y en los próximos años nuestra sociedad y, en general, nuestro país, pueda seguir avanzando por la senda del desarrollo integral y mejoramiento de las condiciones de vida de muchas personas, y mejore radicalmente la situación que nos ha calificado últimamente como una de las sociedades más desiguales del continente americano, para circunscribirnos solo a nuestra región. 

Asimismo, tome en cuenta que OIDH-CR estará dispuesta, siempre que así se disponga por parte de las eventuales autoridades de gobierno a colaborar estrechamente para avanzar por la ruta de la inclusión, justicia y equidad.  

De antemano, le agradecemos su disponibilidad para establecer el diálogo para que en conjunto logremos regresar a Costa Rica a nuestro lugar, reconocido internacionalmente, de respeto a los derechos humanos y la mejor distribución de la riqueza.

Por Junta Directiva OIDH-CR.

Enviado a SURCOS por Marco Castillo Rojas.

Xaviera Molina ¡No están solas!

Escrito en . Publicado en Derechos.

9 de junio de 2021, San José, Costa Rica

Pronunciamiento feminista: llamado a las organizaciones, colectivas, periodistas, medios de comunicación independientes e instituciones costarricenses

Nos solidarizamos y acuerpamos a nuestra hermana Xaviera Molina, activista por los derechos humanos, mujer Nicaragüense solicitante de refugio en Costa Rica, quien se vio en la obligación de salir de Nicaragua para proteger su vida. A la vez es madre de dos niñas, sin embargo, una de ellas, corre el riesgo de separarse de su mamá y de sus dos hermanas porque el padre quien reside en Nicaragua busca desvirtuar su maternidad legal y custodia de la niña de 7 años y un juzgado de familia en Costa Rica resolvió a favor del padre.

Exigimos que se resguarde el interés superior de la niña y que se respete su voluntad de permanecer con su familia en Costa Rica. Asimismo, hacemos un llamado a las autoridades costarricenses a detener la reproducción de los discursos que revictimiza y culpabiliza a las mujeres migrantes de las condiciones de vulnerabilidad y opresión a las que se enfrentan. El lugar de la niña es al lado de su madre, una mujer comprometida con el cuido, el amor y la protección de sus hijas a pesar de los retos y las discriminaciones que resisten las mujeres migrantes Nicaragüenses desde Costa Rica.

Por lo tanto, organizaciones y colectivas que representamos a diversos sectores de la sociedad civil comprometidas en la promoción y defensa de los Derechos Humanos de la población migrante Nicaragüense y de los Derechos las Mujeres que integran la sociedad Costarricense, nos solidarizamos a Xaviera Molina y hacemos un llamado colectivo hacia las autoridades competentes para actuar a favor de la justicia hacia las mujeres desde:

Las personas con discapacidad en lucha por nuestros derechos – 29 DE MAYO, DÍA NACIONAL

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Hace algunos años, en conversación con el entonces diputado, Alberto Salom Echeverría le planteé que en Costa Rica no existía un día nacional de las personas con discapacidad (como en otros países latinoamericanos) y que sería bueno que se aprobara una ley que lo proclamara.

El diputado Salom se interesó en mi idea y eso hizo que también le propusiera como fecha posible, el 29 de mayo, ya que es la fecha que en 1996 fue promulgada la «Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad». Esta ley –como es sabido—es la principal referencia en el país, en el ámbito normativo de los derechos de las personas con discapacidad; aún cuando la distancia entro lo escrito y lo aplicado es abismal en aspectos sustantivos.

El legislador Salom convirtió esta idea en un proyecto que fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 16 de octubre del 2008, mediante la Ley Nº 8671. Desde entonces y hasta el presente, los 29 de mayo se celebra el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Esa es su historia.

Sin embargo, ya antes que se iniciara esta devastadora pandemia, había pocos avances que reconocer y muy pocos motivos que celebrar para las personas con discapacidad y, con la pandemia, todavía hay mucho menos que recordar. Todo lo contrario. Es seguro que se ha dado un significativo retroceso en materia de derechos de las personas con discapacidad, en todos los campos. Ya cuando podamos mirar la pandemia por el retrovisor y se realicen estudios sobre esta involución, se podrá cuantificar y calificar en todas sus duras dimensiones.

Tanto en el Gobierno como en esta Asamblea Legislativa, este es un tema relegado, de valor meramente simbólico. Ah, pero si es bueno sacarse la foto con personas con discapacidad, por motivos meramente utilitarios para el usufructo político (o quizás sea mejor decir: politiquero). Se hace algún ruido con alguna ley poco trascendente o se anuncia un programa, cuyo impacto en la vida de las personas con discapacidad es tan limitado como efímero. Realmente, no existe una conexión política entre el peso poblacional del sector (18, 2 % de la población nacional adulta, ENADIS 2018) y el alcance, real y efectivo en su atención.

La pobreza y extrema pobreza, y la desigualdad, afectan en forma desproporcionada a las personas con discapacidad. El aislamiento social ha aumentado significativamente ante la enorme brecha digital que las afecta. El derecho a la salud se ve menoscabado cuando las autoridades en este campo, desatienden los argumentos del CONAPDIS, de diciembre del 2020, en la necesidad de priorizar algunos grupos de personas con discapacidad en la vacunación anti-covid, por su grado de vulnerabilidad. La educación que nunca ha sido ni inclusiva ni de calidad, para este sector, hoy con seguridad es más esquiva. El desempleo asociado a discapacidad que siempre ha exhibido cifras muy altas con certeza en presente, serán más elevadas. La seguridad social para las personas con discapacidad es una aspiración hasta ahora postergada y lejana; nunca una realidad tangible y concreta. Y la participación política completamente marginal, casi igual que cero.

Nada o muy poco que celebrar…

Es por eso que muchas personas con discapacidad y muchas otras sin tal condición, que nos cansamos ante la apreciación diagnóstica descrita, decidimos avanzar por un camino propio. Es esta justa y buena razón que nos ha impulsado a crear el PARTIDO FUERZA SOLIDARIA.

Queremos mediante este proyecto que las personas con discapacidad seamos protagonistas políticos de nuestros propios procesos en función de nuestros intereses, aspiraciones y sueños.

Esa es y será nuestra principal contribución en un día, donde la solidaridad y la inclusión social, deben ser guía y propósito de acción justiciera.

(28 de mayo del 2021)

La brecha digital y su impacto en la educación, una de las revelaciones de la pandemia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos, Educación.

German Masís M.

La pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia varios problemas sociales y económicos, como la vulnerabilidad de las pymes, el crecimiento del empleo informal y la importancia de la brecha digital, que aunque han estado presentes en el desarrollo del país de los últimos años, la crisis económica asociada a la emergencia sanitaria ha revelado sus verdaderas dimensiones.

Los efectos generados en el país por motivo del COVID-19, han tenido severas repercusiones en el sector económico, turístico, social y educativo, en este último caso, el Ministerio de Educación Pública (MEP) se ha visto forzado a establecer planes y estrategias de emergencia que le permita mantener el contacto con el 1,2 millón de estudiantes incorporados al sistema educativo público.

Para continuar con el vínculo entre docente-estudiante, el MEP habilitó una cuenta de correo electrónico a un total de 1.154.227 alumnos matriculados en el curso lectivo 2020, con la idea que aquellos que cuenten con dispositivos tecnológicos y conectividad a internet lograran continuar su proceso educativo por medio de la plataforma de Microsoft Teams.

Sin embargo, muy pronto los registros oficiales del MEP indicaron que de ese total de cuentas habilitadas, únicamente 147.705 usuarios se reportaban como activos en la plataforma.

El principal objetivo de las autoridades educativas en este momento era no perder el rastro de los estudiantes desde niveles de preescolar hasta incluso educación abierta, pese a estar luchando contra un fuerte enemigo: la brecha digital. (CR.Hoy,4-5-2020)

Un año después en esta semana, el MEP logró identificar a los 425 mil estudiantes sin conectividad a Internet, a partir del Censo Inicial del curso lectivo 2021, realizado entre febrero y marzo, que incluyó la variable conectividad.

El resultado de un primer diagnóstico, en mayo de 2020, había arrojado que 535 mil estudiantes del país no tenían conectividad en sus hogares. Esos resultados preliminares evidenciaron la necesidad de depurar la información y planificar estrategias de atención individualizada para los estudiantes.

El dato recolectado por el MEP era incluso inferior a la estimación realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) en su Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de los años 2019 y 2020, que ubicaban a casi 500 mil estudiantes que no tienen acceso a internet en sus hogares o solo lo pueden hacer mediante dispositivos móviles, como teléfonos celulares de sus padres o tutores.

Durante el 2020, el MEP recurrió a la estrategia de educación a distancia Aprendo en Casa, con componentes virtuales y materiales, que dejó al descubierto la brecha digital en la educación pública.

En agosto del año anterior, el MEP remitió al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el informe con el dato actualizado (324 mil) de los estudiantes que no contaban con internet en sus hogares. De ellos, 215.936 se ubican en los estratos de bajos ingresos que son los definidos por el MICITT para ser incluidos en los proyectos financiados con cargo a FONATEL. De hecho, 70% de esos estudiantes están en los niveles más bajos de pobreza.

El MEP solicitó atender a estos 215 mil estudiantes, para que fueran los nuevos beneficiarios del Programa Hogares Conectados y de esa manera los 147 mil hogares donde residen esos estudiantes fueran contactados por las operadoras de telecomunicaciones que aceptaran la invitación de SUTEL a formar parte del Programa.(Mep.go.cr,24-5-2021)

En consecuencia, los 535 mil estudiantes identificados sin acceso a internet hace un año, los 425 mil sin conectividad identificados en la actualidad y a 215.936 ubicados como beneficiarios del programa Hogares conectados, son los sujetos concretos de la brecha digital, que han visto afectada su vinculación al sistema educativo el curso lectivo anterior y actual.

Son en su gran mayoría estudiantes de escuelas y colegios públicos, originarios de centros educativos de las zonas rurales, de barrios populares y urbanos marginales, que en nueve de las 27 regiones educativas no alcanzan ni el 50% de la conexión a Internet, es la otra Costa Rica con acceso limitado a la educación virtual que restringe el derecho a la educación a un sector importante de la población en diferentes regiones del país.

“La falta de conectividad en los hogares ha impedido una educación a distancia equitativa, y se ha convertido en uno de los obstáculos relevantes para llevar la modalidad virtual a todas personas estudiantes en tiempo de pandemia”, dijo la Ministra de Educación, Guiselle Cruz. (Cr-Hoy,24-5-2021)

Es una realidad, que a pesar de los esfuerzos para atender vía digital a estudiantes, muchos de ellos se han quedado al descubierto, sin acceso real y eficiente al proceso educativo.  De una población escolar de alrededor de 1 millón, se estima que solo cerca del 43% ha tenido acceso a la plataforma educativa señalada por el MEP, mientras el otro 57% ha tenido que seguir su proceso por WhatsApp, recursos digitales offline y medios impresos. Asimismo, entre el 30% y 40% de estudiantes no ha tenido acceso a equipo electrónico y conectividad a Internet, situación mucho más común en las poblaciones más vulnerables y rurales.

Como agravante, muchas de estas niñas y niños viven en condiciones de pobreza extrema, afectados por la falta o la pérdida de empleo por parte de sus padres, madres o cuidadores, padecen distintos tipos de violencia y quedan expuestos a serios problemas sociales.  El MEP ha informado que se ha perdido el rastro a cerca de 91,000 niñas y niños desde que inició la pandemia, lo cual implica un serio riesgo de exclusión del sistema educativo durante este año

Este momento difícil, debe ser una oportunidad para innovar y seguir avanzando en las acciones que el país ha emprendido para acabar con la exclusión escolar. Debe ser un momento clave para tomar decisiones enfocadas en acabar con las desigualdades educativas, fortalecer los nuevos modelos de educación presencial y también virtual. Estamos claros que la pandemia ha acelerado muchos procesos y cambiará la educación para siempre. Esto puede ser una gran oportunidad para mejorar aún más la calidad y disminuir la inequidad en el acceso a la educación. (Delfino.cr,12-10-2020)

Una de las soluciones al problema de conectividad de los estudiantes, es el proyecto de alfabetización digital que pretende utilizar recursos del Fonatel para proveer de equipo y conexión a internet a hogares de las zonas rurales, sin embargo algunos especialistas consideran que este proyecto no resolvería la brecha digital existente en el acceso a las tecnologías de comunicación y a la educación de los sectores de escasos recursos.

Según la CEPAL, “los países de América Latina y el Caribe han adoptado medidas para impulsar el uso de las soluciones tecnológicas y cautelar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, el alcance de esas acciones es limitado por las brechas en el acceso y uso de esas tecnologías y las velocidades de conexión”.

“La diferencia entre los estratos económicos más altos y más bajos condiciona el derecho a la educación y profundiza las desigualdades socioeconómicas. Para garantizar una educación inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de todo el ciclo educativo, se debe aumentar no solo la conectividad y la infraestructura digital sino también las habilidades digitales de maestros y profesores, así como la adecuación de los contenidos educativos al ámbito digital”, subrayó la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.  (CEPAL, Informe especial covid-19, # 7,2020)

La brecha digital en la educación, es una de las mayores expresiones de la desigualdad social y económica vigente y uno de los mayores desafíos de equidad del desarrollo nacional, el cual se ha agudizado durante la pandemia y demanda una solución integral e impostergable.

 

Imagen: Semanario Universidad.

SINPAE rechaza suspensión del curso lectivo

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación, Trabajo.

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

El Sindicato Patriótico de la Educación Siete de Agosto, hace público su rechazo a la decisión de la ministra de educación pública, de suspender en su totalidad, el curso lectivo 2021, pues plantean que esta decisión carece de algún fundamento técnico, y que genera vulnerabilidad y desigualdad al país en cuanto a los estudiantes que realizan sus estudios en el sistema de educación pública, en relación con los centros de educación privada. Según este movimiento lo que se necesita es solventar la brecha tecnológica que arrastra el sistema educativo desde hace mucho tiempo.

Adjuntamos el comunicado oficial:

MANIFIESTO-DEL-SINDICATO-PATRIÓTICO-DE-LA-EDUCACIÓN-SINPAE-18-mayo-2021Descarga

 

Enviado a SURCOS por Carlos Manuel Vega.

Una nueva época

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Esteban Beltrán Ulate. Profesor

Las contradicciones del capitalismo desencadenan crisis humanas y más recientemente desequilibrios en el entorno natural de escala global. En este escenario emerge como condición necesaria los sacrificios que se revelan connaturales del sistema hegemónico, supresión de: productos elaborados, fuerzas productivas y medios naturales.

Debo reconocer que discrepo de la visión lineal de la historia como progreso, incluso, discrepo de la concepción sobre el capitalismo como sistema que se agota y que tiende inevitablemente a la autodestrucción de manera natural. Considero que el mismo sistema capitalista muta según las condiciones del entorno social, y que se mantiene bajo la lógica moderna de colonialismo, patriarcado, y control epistémico. En esta dinámica los sacrificios del sistema imperante son una condición necesaria del mismo, sin embargo, siendo los grupos vulnerables aquellos que son los “desposeídos-productores” según la pirámide de retención capitalista, a esto debe sumarse el grito de la Tierra como resultado de los sacrificios que atentan contra el equilibrio de la vida.

La pandemia por la COVID-19 desvela los sacrificios que requiere el sistema capitalista en nuestro días, para continuar en funcionamiento. por medio de la pandemia, se ha revelado el sacrificio de productos, fuerzas y medios naturales, siendo las zonas del Sur Global (parafraseando a Boaventura de Sousa Santos) las más vulnerables. La desigualdad internacional de las vacunas es un resultado de la desigualdad internacional instalada en el sentido común neoliberal; lo anterior encuentra eco en la situación que acontece en estos momentos en países que sufren una catástrofe humanitaria como la India.

El capitalismo ingresa a una fase digital, pero sigue funcionando bajo la misma fórmula. Esta fase digital no está enraizada en todo el Planeta, sin embargo, desde las zonas donde lo digital está instalado se configura un modo de operar con aspiración a lo universal, incluso al mundo no digital. Las tensiones entre Centro-Periferia ahora se descubren entre lo Digital-NoDigital, los Vacunados-NoVacunados. Así, con estas líneas invisibles se trazan las nuevas fronteras del mapa mundi de la desigualdad.

Frente a a crisis de las vacunas que es la condición sacrificial del capitalismo en nuestros días, los grupos sociales que empujan la historia hacia una transformación, deben plasmar alternativas desde diversas áreas y dimensiones de la sociedad, sin pretender una respuesta única que atienda a la problemática que es global e histórica. Crear alternativas contra el gobierno, desde el gobierno y desde fuera del gobierno, propiciar alternativas desde los pueblos, desde los ausentes, desde la vida natural misma.

De manera concreta, en el aquí y ahora inmediato, frente al sacrificio planetario que vivimos, los grupos de alternativa en todo el mundo, debemos clamar por liberarnos del “vacunicidio” que afrontamos, nuestra aldea global tiene mecanismos para frenar la aceleración del virus y el incremento de muertes, tiene la posibilidad de convocar a una liberación temporal de patentes de las vacunas contra la COVID-19, tal como lo ha expuesto Stephen Cornish (Médicos sin Fronteras), debate ampliamente expuesto en diferentes países del mundo; como comunidad mundial existe la posibilidad de decirle a las grandes empresas farmacéuticas detengan la retención de ganancias a costas de la vida humana.

De la mano de esta acción en favor de la vida humana, debe encarnarse la adopción de prácticas regionales que permitan resistir a los embates de la pandemia y post-pandemia, en este sentido, los conocimientos populares y autóctonos de las regiones que aún coexisten de manera minimizada en un ambiente mundial capitalista serán necesarios consejeros. La solución no está en retroceder la historia previo al desarrollo del capitalismo, sino en trascender la historia, o para ser más humildes, servir de puentes al nuevo tiempo, donde la esperanza que nos anima, nos inspira a pensar una sociedad planetaria global que conviva en una casa común, donde la naturaleza no sea una pertenencia sino nuestra relación, donde lo patriarcal sea una mínima expresión en desuso, donde el colonialismo sea un relato de libros solamente y donde el capitalismo sea obsoleto frente a nuevas formas, plurales de economías, que permitan una vida digna para todos y todas. La pandemia que afrontamos es una difícil lección que enfrentamos como humanidad, que marcará en conjunto con otros eventos el paso de la humanidad a una nueva época, el futuro lo escribimos ahora.

Informe: Vulnerabilidad y Exposición al Riesgo de los Flujos Financieros Ilícitos en América Latina

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Tax Justice Network en asociación con la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social comparte el informe “Vulnerabilidad y Exposición al Riesgo de los Flujos Financieros Ilícitos en América Latina”. El documento presenta los perfiles de riesgo resultantes para cada país latinoamericano, los mismos que permiten una comparación más detallada de la vulnerabilidad a los flujos financieros ilícitos entre países y por canal. Se destaca a su vez aquellas jurisdicciones que suministran la mayor parte de los riesgos.

SURCOS comparte el documento para su análisis:

Vulnerability-and-exposure-to-illicit-financial-flows-risk-in-Latin-America-Tax-Justice-Network-Jan-2021-SPANISHDescarga

UCR: La población costarricense se siente medianamente vulnerable ante el COVID-19

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La percepción de bienestar es menor entre las personas que tienen dificultades económicas

Según la encuesta Actualidades 2020, el riesgo de infección percibido por las personas encuestadas es, en promedio, 5,6 (en una escala de 0 a 10). Foto: Karla Richmond, UCR.

La Encuesta de Actualidades 2020, que realizó la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR), reveló como parte de sus resultados que los costarricenses se sienten medianamente vulnerables ante el COVID-19.

Según los datos del estudio, el riesgo de infección percibido por las personas encuestadas es, en promedio, 5,6 (en una escala de 0 a 10), mientras que la mayoría considera que la gravedad de la infección está en un rango de mediano a alto, con un promedio de 6,0.

Raquel González Trejos, una de las estudiantes a cargo del módulo denominado “Percepciones de vulnerabilidad hacia el COVID-19 y bienestar subjetivo”, indicó que “puede afirmarse que quienes perciben una gravedad alta incluye, principalmente, mujeres (57,1 %), personas de 50 años o más (52,7 %), con bajos niveles educativos (48,0 %) y que no trabajan (52,4 %). En cambio, quienes consideran la gravedad en su salud como baja, incluye principalmente hombres (52,4 %), personas de 30 a 49 años (39,7 %), con educación de secundaria (45,5 %) y personas que trabajan (65,4 %)”.

Se encontró, además, que entre quienes consideran alta la gravedad en su salud, en caso de infectarse, el 60 % posee una enfermedad crónica.

“Las personas con enfermedades crónicas reflejan gran conciencia al considerar que las implicaciones al infectarse pueden ser altas”, señaló González.

A parte de las percepciones de vulnerabilidad hacia el contagio con el virus, también se quiso determinar si esto se relaciona con su sentimiento de bienestar.

Para analizar el bienestar subjetivo se realizaron preguntas sobre la satisfacción que sienten las personas en diferentes ámbitos de su vida: trato con los miembros del hogar, relación de pareja, la vivienda, salud mental, física, etc. En todas las respuestas los promedios fueron mayores a 8.

Estas preguntas se agruparon en dos escalas: la de bienestar con la vida y la de bienestar económico. Ambas presentaron un promedio alto (8,6 y 7,9, respectivamente).

En la encuesta se encontró que la vulnerabilidad percibida hacia el COVID-19 está relacionada con los sentimientos de bienestar de las personas, pues más vulnerabilidad se asocia con menores grados de bienestar y viceversa.

Sin embargo, pese a que ese bienestar subjetivo es alto, las desigualdades socioeconómicas afectan este sentimiento. Así se concluyó en dicho módulo de investigación, que estuvo a cargo de los estudiantes Pedro Campos Jiménez, Rebeca Porras López y Raquel González Trejos.

La Encuesta de Actualidades se realiza todos los años por estudiantes del curso Diseño de Encuestas por Muestreo, que imparte el M. Sc. Johnny Madrigal Pana.

El estudio se llevó a cabo del 10 al 27 de octubre del 2020, a una muestra aleatoria de 1 287 personas mayores de 18 años, usuarias de telefonía celular en todo el país. El margen de error es de 2,7 %.

 

Andrea Marín Castro
Periodista, Oficina de Divulgación e Información