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Etiqueta: Welmer Ramos González

¿Cuánto vale realmente el BCR?

Las organizaciones OMERCON y ÁGORA invitan al conversatorio “¿Cuánto vale realmente el BCR?”, que se realizará este 25 de agosto de 2026, a las 6:00 p. m.

La actividad parte de la afirmación “El precio de venta no es su verdadero valor” y contará como expositores con el Lic. Luis Carlos Olivares y el Lic. Welmer Ramos González.

El encuentro se realizará en AFS, Barrio Francisco Peralta, avenida 10, calle 33, 100 metros sur y 200 metros este de la Casa Italia.

La convocatoria propone así un espacio para abordar el valor del Banco de Costa Rica (BCR), teniendo como eje la diferencia planteada entre su precio de venta y su verdadero valor.

Fecha: 25 de agosto de 2026
Hora: 6:00 p. m.
Lugar: AFS, Barrio Francisco Peralta; avenida 10, calle 33, 100 metros sur y 200 metros este de la Casa Italia.
Expositores: Lic. Luis Carlos Olivares y Lic. Welmer Ramos González.
Invitan: OMERCON y ÁGORA.

El gota a gota se viste de corbata. No hagan legal lo que hoy es criminal

Welmer Ramos González

La señora presidenta me culpó de haber impulsado la Ley Contra la Usura, ¡qué honor! y acusó a esta de causar el gota a gota. Tengo la obligación de responderle con la verdad.

El gota a gota no lo inventó la Ley Contra la Usura. El gota a gota existe desde que existen la miseria y la desesperación. Y los usureros también. Lo que sí existía antes de 2020 era un sistema financiero que cobraba tasas de interés anuales del 80%, el 100% y el 200% sin cometer ningún delito. Eso era legal. Nadie iba preso. Nadie respondía por tal crimen. Y 850.000 familias costarricenses estaban en cobro judicial, sin amparo, a merced del crédito informal. Esa era la realidad que motivó la ley.

Es precisamente el límite que fija la Ley contra la Usura el que hoy le permite al Estado costarricense meter preso al operador del gota a gota. Sin ese límite en la ley, no hay delito. Sin delito, no hay cárcel. Si usted elimina el tope, no está combatiendo el gota a gota. Le está dando amnistía.

El proyecto que el Gobierno presentó hoy no propone un tope más razonable. No fija ningún parámetro en la ley. Lo deja en manos de un ente técnico, sin ancla democrática, sin control de la Asamblea Legislativa. Eso significa que ese tope puede subir a lo que ese ente decida. Y el mismo prestamista que hoy puede ser detenido y procesado operaría mañana sin cometer ningún crimen, con la diferencia de que, en lugar de cobrar con intimidación, cobraría con embargo y con policía. Para la familia que pierde la casa, que pierde el carro, que pierde los trastos de la cocina, la diferencia es ninguna.

El tope vigente hoy es del 51%, ya es altísimo y esa ley pretende llevarlo a niveles de 80%, 100% y más. Los bancos y las financieras ganan bien con las tasa hoy vigentes. Los datos del Banco Central lo confirman: incluso con carteras morosas del 10% y gastos administrativos duplicados, un ente financiero puede operar sosteniblemente con una tasa del 25%. Nadie está quebrando. Lo que los entes financieros no quieren es ganar razonablemente. Quieren ganar sin límite.

Señora presidenta, la usura no es un invento moderno ni una ideología. Es una práctica que la Biblia condena en el Éxodo, en el Levítico, en Nehemías y en el Deuteronomio. La usura es una práctica depravada, vulgar e inhumana. Lo ha sido siempre. No porque lo diga yo, sino porque así la han juzgado la Biblia, Aristóteles, Dante y todos los códigos morales y jurídicos que la humanidad ha construido a lo largo de su historia. Siempre opera igual: busca al que no tiene opciones y lo desangra. Proteger a esa persona no es comunismo. Es justicia. Es lo mismo que hicieron Don Pepe y Juanito Mora: ponerse del lado del pueblo cuando el poder quería aplastarlo.

A las diputadas y los diputados con conciencia les digo esto con toda claridad: no le quiten al Estado el único instrumento que tiene hoy para encarcelar a los usureros. Porque el día que lo hagan, el gota a gota no desaparece. Y una parte de este seguirá vestido de corbata, en una oficina y cobrando despiadadamente con la ley de su lado.

Sin odio. Con la verdad de frente. Eso es lo que esta hora exige.

Cuando el crimen declaró la guerra, el OIJ no retrocedió

Welmer Ramos González

Había oscuridad todavía cuando ellos salieron. Sin fanfarria. Sin aplausos. Con la certeza fría de que esa madrugada podía ser la última.

El Organismo de Investigación Judicial, ejecutó la operación más compleja y arriesgada de los últimos años: la captura del criminal más peligroso, más armado y mejor financiado que haya operado en este país. Meses de planificación en silencio absoluto, porque los intentos anteriores habían fracasado y una sola filtración podía costar vidas. Las de ellos. Las de inocentes.

Y a las cinco de la mañana, cuando los sinvergüenzas dormían convencidos de que el dinero, las armas y la impunidad los protegían para siempre, el Estado de derecho llegó a cobrar la deuda.

Lo que vino después no fue una detención de película. Fue una hora de infierno.

No respondieron con pistolas de barrio ni con carabinas de patrulla. Respondieron con armas de guerra. Armas diseñadas para matar con eficiencia brutal. Una lluvia de fuego de alto poder destructor cayó sobre los agentes del OIJ como si la vida de esos servidores públicos no valiera nada frente al poder de una organización criminal que se había creído intocable.

Cinco oficiales cayeron heridos. Cinco servidores que esa mañana besaron a sus familias sin saber si regresarían.

Pero ninguno echó para atrás.

Que se entienda bien lo que eso significa. Frente a armamento de guerra, con compañeros heridos, en medio de la oscuridad y el caos, ninguno abandonó su posición. Ninguno traicionó su juramento. Ninguno dejó sola a Costa Rica.

Eso no es trabajo. Eso es heroísmo en su forma más pura y más humilde. La de quien no sale en las portadas de las revistas, no gana premios en actos de gala, no cobra un centavo extra por poner su cuerpo entre el crimen organizado y la ciudadanía que duerme tranquila sin saber el precio que otros pagan por esa tranquilidad.

Mi reconocimiento más profundo y emocionado al director del OIJ y a cada uno de los agentes que participaron en esta operación. Pero especialmente a esos cinco hombres y mujeres que recibieron balas de guerra y siguieron en pie. A sus familias, que esa mañana esperaron noticias sin saber cuáles iban a ser. A los que los atendieron. A los que los acompañaron.

Pundonor. Lealtad. Patriotismo. Amor por Costa Rica. Esas palabras se escriben fácil en un discurso. Ellos las escribieron esa madrugada con su propio cuerpo.

Los verdaderos héroes no llevan capa ni buscan reconocimiento. Llevan una placa, un chaleco antibalas y una convicción que ninguna ráfaga de fusil puede quebrar: que la ley no se negocia, que el crimen no gana y que este país vale cada sacrificio.

Costa Rica tiene hoy una deuda con ellos que no se salda con palabras. Se salda con presupuesto, con equipamiento, con salarios dignos, con el respaldo irrenunciable del Estado que juraron proteger.

Hoy, con orgullo y con emoción, les digo: gracias. Desde lo más profundo. Gracias por ser quienes son. Gracias por no echarse para atrás cuando el miedo era la respuesta más razonable. Gracias por recordarnos que en Costa Rica todavía hay personas dispuestas a dar lo máximo por todos los demás.

Merecen nuestro respeto, nuestra gratitud y todo nuestro respaldo.

“La luz de Costa Rica no se vende: se defiende”

Welmer Ramos González, economista

Defender el modelo eléctrico es defender a Costa Rica

Hay cosas que un pueblo construye con dinero. Otras con trabajo. Otras con sacrificio. Y hay unas pocas que se construyen con generaciones enteras creyendo en un mismo sueño. El sistema eléctrico costarricense pertenece a esa última categoría.

No nació de la casualidad ni apareció por la mano invisible de un mercado. No fue un regalo de inversionistas extranjeros ni una oportunidad de negocios para unos pocos. Fue una obra colectiva levantada durante décadas por miles de costarricenses que entendieron algo profundamente simple: hay servicios tan esenciales para una nación que no pueden quedar sujetos únicamente a la lógica de la ganancia.

Mientras otros países preguntaban cuánto dinero se podía ganar llevando electricidad a una comunidad, Costa Rica se hizo otra pregunta: ¿cómo hacemos para que la electricidad llegue a todos? Y esa diferencia cambió nuestra historia.

Gracias a esa visión hoy Costa Rica posee algo extraordinario: prácticamente el 100% del territorio nacional cuenta con acceso a electricidad. La luz llega a barrios, montañas, comunidades indígenas, zonas rurales y costas alejadas. Llega a lugares donde un modelo guiado solo por la rentabilidad probablemente nunca habría llegado.

Porque una empresa puede ver una zona aislada y pensar: “no es rentable”. Pero una nación verdadera ve personas, ve familias, ve ciudadanos. Esa es la diferencia entre un negocio y un proyecto país.

Nuestro modelo eléctrico fue diseñado para servir a la población y no para extraer la máxima rentabilidad posible. Por eso existen subsidios cruzados. Por eso una familia en Guanacaste paga lo mismo que paga una familia en San José. Por eso quienes consumen más aportan más. Porque Costa Rica entendió algo que algunas sociedades olvidaron: la solidaridad no es una debilidad económica; es una fortaleza nacional.

Los datos hablan por sí solos. Costa Rica produce más del 98% de su electricidad con fuentes renovables. Tenemos cobertura prácticamente universal. Mantenemos altos niveles de calidad y confiabilidad. Y nuestras tarifas residenciales compiten favorablemente con muchos países desarrollados cuyos ingresos per cápita duplican o triplican el nuestro.

La siguiente tabla ilustra cómo se compara nuestro modelo con el de algunos países de la OCDE, considerando modelo de distribución, precio al consumidor residencial, cobertura y equidad territorial:

País

Modelo eléctrico

Precio hogar (USD/kWh)

Cobertura

Tarifa rural = urbana

Costa Rica

Estatal + cooperativas + ARESEP

~US$0.20–0.21

~100%

Sí (subsidio cruzado)

España

Privadas reguladas

~US$0.28–0.32

~100%

Alemania

Mixto privado-regulado

~US$0.44–0.48

~100%

No completamente

Francia

Predominio estatal

~US$0.30–0.32

~100%

Irlanda

Privado regulado

~US$0.69

~100%

Parcialmente

Italia

Privado regulado

~US$0.66

~100%

Parcialmente

California EE.UU.

Privadas concesionadas

~US$0.30–0.33

100%

No

Fuentes: Eurostat, Agencia Internacional de Energía (AIE), ARESEP. Precios convertidos a USD (tipo de cambio 2025).

Mientras países europeos con ingresos cercanos a los US$60 000 o US$70 000 por habitante pagan electricidad mucho más costosa, Costa Rica, con un ingreso cercano a US$20 000 por persona, ha construido un modelo eficiente, limpio y profundamente humano.

La tabla siguiente permite apreciar con mayor detalle la diferencia de precios residenciales e industriales, así como la relación entre el costo de la electricidad y el nivel de desarrollo económico de cada nación:

País

Residencial (USD/kWh)

Industrial (USD/kWh)

Veces más caro que CR

PIB per cápita (USD)

Irlanda

~0.69

~0.30–0.35

3.3x

130 000

Italia

~0.66

~0.26–0.32

3.1x

43 000

Bélgica

~0.61

~0.24–0.29

2.9x

61 000

Alemania

~0.44–0.48

~0.27–0.28

2.0x

60 000

Dinamarca

~0.39–0.41

~0.22–0.26

1.9x

77 000

California EE.UU.

~0.30–0.33

~0.20–0.24

1.5x

90 000

España

~0.28–0.32

~0.18–0.21

1.3x

38 000

Costa Rica

~0.20–0.21

~0.12–0.15

referencia

20 000

Fuentes: Eurostat, Agencia Internacional de Energía (AIE), FMI, 2025.

Eso no ocurrió por accidente. Fue producto de planificación pública, instituciones fuertes, visión de largo plazo y una decisión histórica: poner el interés nacional por encima del interés particular.

Y precisamente porque funciona, algunos quieren cambiarlo.

Debemos decirlo con claridad. Cada cierto tiempo reaparecen discursos que hablan de modernización, apertura, eficiencia y competencia. Las palabras cambian. El libreto casi nunca.

Se presenta la privatización como una receta inevitable, como si la historia empezara hoy y como si Costa Rica no hubiera demostrado ya que otro camino era posible.

Pero el país tiene memoria.

Recordamos épocas donde ciertos generadores privados vendían electricidad en condiciones extraordinariamente favorables, con contratos que garantizaron ganancias desproporcionadas. Recordamos privilegios construidos alrededor de un mercado cautivo. Recordamos cómo algunos pocos ganaron mucho mientras el país asumía costos que nunca fueron realmente discutidos.

Y hoy esos intereses vuelven a tocar la puerta. No llegan diciendo que quieren un negocio. Llegan hablando de eficiencia. No llegan diciendo que quieren rentas privilegiadas. Llegan hablando de competencia. No llegan diciendo que quieren capturar un mercado construido con inversión pública. Llegan diciendo que vienen a modernizar.

Pero Costa Rica tiene derecho a hacer una pregunta sencilla:

¿Modernizar para beneficiar a quién?

Porque cuando un sistema funciona, la carga de la prueba corresponde a quien quiere cambiarlo.

Y nuestro sistema funciona. Funciona porque fue construido con una lógica distinta. La lógica de país. El ICE, las cooperativas, la regulación y los mecanismos solidarios no son obstáculos para el desarrollo. Son precisamente las herramientas que permitieron construir uno de los sistemas eléctricos más exitosos del planeta.

Muchos países ricos todavía intentan resolver problemas que Costa Rica resolvió hace décadas: cómo electrificar zonas rurales, cómo universalizar el servicio, cómo impulsar energías limpias y cómo evitar que vivir lejos de las ciudades signifique pagar más.

Nosotros ya lo hicimos. Y lo hicimos juntos.

Por eso esta discusión no trata únicamente de kilovatios, tarifas o modelos regulatorios. Habla de algo mucho más profundo. Habla del tipo de país que queremos ser.

La electricidad costarricense no es solamente infraestructura. Es una decisión moral. Es la expresión de una idea profundamente democrática: que el progreso de una nación debe llegar hasta el último hogar, hasta la última familia y hasta la última comunidad.

Y hay cosas que una generación recibe no para venderlas, sino para protegerlas. Porque hubo costarricenses antes que nosotros que construyeron esta obra pensando en personas que nunca conocerían.

Nos toca hacer lo mismo. Porque la luz que hoy ilumina nuestras casas no nació en los mercados. Nació en una visión de país. Y los pueblos que olvidan el valor de lo que heredaron terminan pagando dos veces: primero con indiferencia y después con arrepentimiento.

La electricidad de Costa Rica no es un privilegio. No es una mercancía. No es una oportunidad de negocios. Es una conquista nacional.

Y las conquistas nacionales no se negocian: se defienden.

Porque la luz que llega a cada hogar costarricense no pertenece a unos pocos: pertenece a generaciones enteras. Y lo que un pueblo construyó unido, ningún interés particular debe arrebatárselo.

La oposición se unió. Ahora viene lo difícil

Welmer Ramos González
Economista

La Alianza puede consolidarse. Pero solo si comprende sus propios límites y actúa con inteligencia

Una alianza no se mide por su anuncio. Se mide por su impacto. Y el impacto solo se da cuando hay claridad de rumbo. El interés supremo debe ser uno solo: una Costa Rica de oportunidades reales para todos y todas. Sin exclusiones. Sin privilegios. Sin excusas.

Ser costarricense debe volver a ser sinónimo de orgullo. El orgullo de pertenecer a una sociedad que se cuida mutuamente, que entiende la interdependencia, que sabe que el bienestar colectivo es la única garantía de estabilidad duradera. No hay desarrollo posible en medio de la exclusión.

Una economía que crece sin distribuir, fractura la sociedad. Una política que promete sin cumplir, decepciona. Una alianza que duda en su propósito, fracasa. Ha de tener claro que el desarrollo no se sostiene sobre desigualdades extremas. Sin excepciones. Sin portillos. Sin privilegios ocultos.

«La política no puede seguir girando alrededor de la codicia. La solidaridad no es una debilidad. Es una fortaleza social.»

Lo que la alianza debe entender

La Alianza puede consolidarse. Pero solo si comprende sus propios límites y actúa con inteligencia. Hay áreas de acuerdo: ese es su punto de partida. Pero existen también zonas grises, espacios delicados donde no se improvisa. Ahí se prioriza. El interés superior debe ser la brújula. Sin eso, las heridas internas serán inevitables.

Debe también redefinir al adversario. Los enemigos no son los partidos. Los enemigos a vencer son problemas nacionales: la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la crisis fiscal. Cuando la política se vuelve personalista, pierde sentido. Cuando se vuelve partidaria, pierde eficacia. La ciudadanía no quiere espectáculos. Quiere soluciones.

«No todo argumento técnico es neutral. No toda propuesta es inocente. Detrás de muchas agendas hay intereses económicos que no siempre coinciden con el bienestar del pueblo.»

Los diputados y diputadas deben comprender el problema fiscal en su raíz. No basta repetir consignas. Hay que entender causas. La evasión y la elusión tributaria no son fenómenos marginales: son estructurales, y tienen rostro. Comparar con los estándares de la OCDE y Europa no es opcional. Es obligatorio.

Deben valorar el mercado interno: el 70% de la producción se dirige a él. Es el corazón de la economía. Genera el 80% del empleo. Ignorarlo es un error estratégico. Debilitarlo, un suicidio económico.

Deben salir de los despachos. La política de escritorio desconecta. Escuchar no es un gesto simbólico: es una herramienta de diagnóstico. Nadie legisla bien desde el aislamiento. Nadie comprende la realidad sin pisarla.

Y deben rodearse bien. No bastan asesores formales. Se necesitan redes de conocimiento diversas, representativas, con voces que estudien, sinteticen y cuestionen. Sin pensamiento crítico, no hay política de calidad.

Quien más insulta no es el que tiene mayor razón, es quien cierra más puertas para llegar a acuerdos meritorios.

El cargo legislativo no otorga sabiduría. Otorga responsabilidad. Nadie lo sabe todo. Reconocer los propios límites es una virtud política. Ignorarlos es un riesgo.

Redefinir el éxito social

El crecimiento del PIB no basta. Las exportaciones no bastan. La inversión extranjera no basta. Los indicadores que importan son otros: mejores salarios, menor desigualdad, mayor escolaridad, empleo formal, dignidad para las personas adultas mayores, reducción real de la pobreza. El desarrollo se mide en vidas y bienestar de las personas, no en cifras macroeconómicas.

Las crisis crónicas que no pueden ignorarse

La Alianza debe mirar de frente las pandemias sociales crónicas de Costa Rica. Sin maquillajes. Sin evasivas.

200.000+

personas en viviendas precarias, expuestas al frío y la lluvia

240.000+

personas enfrentan hambre a diario

1.000.000

costarricenses bajo sobreendeudamiento con tasas de hasta 51% anual

215.000+

personas adultas mayores sin ningún tipo de pensión

343.000+

personas esperan cirugía o cita con un especialista

567 días

espera promedio para atención médica especializada: más de año y medio

La progresividad tributaria no es ideología, es justicia. Los privilegios tributarios no pueden ser eternos, quienes los disfrutan así son parásitos de la sociedad, tienen solo derechos sin deberes.

Esto no es coyuntural. Es estructural. Y nada de esto lo resuelve el mercado por sí solo. Se requiere política pública deliberada, inteligente, sostenida y valiente.

La Alianza tiene una oportunidad. Puede ser un punto de quiebre o una anécdota más. Puede elevar la política o reproducir sus vicios. Puede devolver esperanza o profundizar el desencanto. El país observa. Y espera.

Porque al final, la política no se juzga por sus discursos. Se juzga por sus resultados. Y Costa Rica ya no tiene tiempo para intentos fallidos.

Que la Alianza Opositora encuentre la claridad, la valentía y el carácter para anteponer el bien común. Costa Rica espera de ella no promesas, sino actos. No gestos, sino transformación. La hora de la decencia y las oportunidades reales es ahora, o no será.

Usura: el crimen que se indigna cuando lo regulan

Welmer Ramos González
Economista

Culpar a la ley contra la usura del gota a gota no es ignorancia: es mala fe. Es una mentira fabricada para proteger privilegios. El gota a gota existe desde los años 90; la ley contra la usura es de 2020. No lo creó: lo desenmascaró. Gracias a esa ley hoy se puede perseguir penalmente a quienes cobran intereses criminales. Antes, actuaban con total impunidad.

Decir que para prestarle a una persona pobre hay que cobrarle 70% u 80% no es inclusión financiera: es extorsión pura, es robo con contrato. Ninguna persona sin capacidad de pago debería recibir crédito, porque eso solo la empuja a la morosidad, le mancha el récord y la expulsa del sistema financiero. Eso lo sabe cualquier economista serio.

La prueba es brutal y está a la vista: más de 715 mil cobros judiciales. Personas a las que el propio sistema financiero les prestó a tasas tan abusivas que las cuotas se volvieron impagables. Primero los exprimen, luego los manchan y después tienen el cinismo de decir que el problema es la ley. No: el problema es la usura.

Esos ciudadanos excluidos no llegan al sistema informal por gusto; los empujaron. El orden es claro: usura legal → quiebra personal → mancha crediticia → gota a gota. No al revés.

En Europa, Japón y países serios, las tasas máximas rondan el 24% y no hay exclusión financiera. Aquí al trabajador le pagan 4,5% por sus fondos de pensiones y con esa misma plata le prestan al 51%, y todavía reclaman el derecho de cobrar 70%. Eso no es riesgo, no es mercado. Eso es saqueo. Y el que lo defiende no defiende a los pobres: defiende su cruel negocio. Hasta la derecha de Estados Unidos ha reaccionado contra la estafa de la usura.

Comisiones de tarjetas: cómo Costa Rica frenó un abuso silencioso

Welmer Ramos González
Economista

Durante décadas, el mercado de pagos con tarjeta en Costa Rica operó como una caja negra. Los comercios, especialmente las pequeñas y medianas empresas, pagaban comisiones excesivas, sin transparencia ni capacidad real de negociación. El argumento era siempre el mismo: no se debe regular, el mercado se autorregula. Cinco años después de la entrada en vigencia de la Ley 9831, los datos oficiales del Banco Central de Costa Rica (BCCR) demuestran exactamente lo contrario. Regular fue necesario. Y regular dio resultados.

Antes de la Ley 9831, las comisiones que los bancos cobraban a los comercios permanecieron prácticamente intactas por más de 30 años. Esto ocurrió a pesar de una transformación tecnológica profunda: pagos electrónicos masivos, automatización, reducción de costos operativos y un crecimiento exponencial del número de transacciones.

El Estudio Técnico del BCCR 2025 es claro: en 2019 muchas pymes en Costa Rica pagaban comisiones hasta del 12%, una de las cifras más altas del mundo. No había justificación técnica ni económica. Era, simplemente, el reflejo de un mercado altamente concentrado y con prácticas oligopólicas. Cuando no hay competencia real, hay abuso.

Uno de los hallazgos más contundentes del estudio del BCCR es el impacto económico agregado de la regulación. Entre 2020 y 2025, la reducción de comisiones significó un ahorro acumulado equivalente a cerca de 2,5 puntos del Producto Interno Bruto, distribuido entre comercios y consumidores.

Ese dinero no desapareció:

– se tradujo en precios más bajos,

– mayor liquidez para pymes,

– más inversión,

– y mayor inclusión financiera.

Regular no destruyó valor: lo devolvió a la economía real.

El estudio también confirma que, si bien aún existe dispersión en las comisiones, el rango se ha reducido de manera significativa. Hoy, los comercios pagan comisiones que van aproximadamente del 0,1% al 1,95%. En 2019, ese rango iba del 0,1% hasta el 12%.

Esto importa —y mucho— porque esa dispersión extrema generaba competencia desleal: pequeños comercios pagando varias veces más que grandes cadenas por exactamente el mismo servicio. Aún queda mucho por hacer en este aspecto. La cancha todavía no está completamente nivelada, pero ya no está inclinada de forma escandalosa.

La regulación no eliminó la competencia: eliminó el abuso.

Contrario a los augurios catastrofistas, el estudio del BCCR muestra que hoy hay más competencia de los oferentes de datáfonos y mayor dinamismo en el mercado.

Además, los datos reflejan que:

– el volumen de transacciones electrónicas crece a tasas anuales cercanas al 10%, reflejando un uso cada vez más intensivo de tarjetas en la vida cotidiana;

– el monto total transado aumenta año a año a ritmos del 8% al 12%, incluso en un contexto de desaceleración económica, lo que evidencia mayor confianza y penetración del sistema;

– y los pagos electrónicos continúan ganando terreno frente al efectivo, cuyo uso relativo se reduce de forma sostenida, especialmente en comercios formales y servicios masivos.

La disputa por nuevos nichos —como el transporte público, plataformas digitales y pagos masivos— evidencia una mayor penetración de los medios electrónicos de pago en la vida cotidiana de la población.

Cuando bajar precios abre mercado, todos ganan.

El mensaje de fondo del estudio es contundente: los mercados oligopólicos y altamente concentrados no se autorregulan en favor del bienestar general. El mercado de tarjetas —dominado por pocos entes financieros y grandes marcas internacionales— requiere límites claros para evitar abusos y proteger la sanidad del sistema. Los oligopolios no se autorregulan

La fijación anual de tarifas máximas, lejos de ser contraproducente, ha sido —en palabras del propio estudio del BCCR— una medida técnica, efectiva y positiva, que no frenó la innovación ni la inversión. Poner topes no destruyó el mercado: lo hizo funcionar mejor.

Costa Rica no está sola en la regulación del oligopolio.

El estudio recuerda que muchos países de la OCDE regulan las comisiones de tarjetas, precisamente porque reconocen las fallas estructurales de estos mercados. Europa, Australia y otras 20 economías avanzadas aplican límites para proteger comercios, consumidores y la competencia. Regular no es una rareza. Es una buena práctica internacional.

Lo que falta por hacer

El propio BCCR señala que Costa Rica aún tiene espacio para mejorar. Las tarifas promedio siguen siendo más altas que las que enfrentan los grandes comercios en mercados más competitivos. El desafío ahora es seguir reduciendo brechas, fortalecer la transparencia y garantizar que las pymes accedan a condiciones similares.

Cinco estudios, una conclusión

Durante la discusión de la Ley 9831, bancos, marcas internacionales de tarjetas y algunos economistas sostuvieron que la regulación de comisiones sería ineficiente y contraproducente. No obstante, la teoría económica reconoce desde hace décadas que en mercados con estructuras oligopólicas o monopólicas, donde existen fallas persistentes de competencia, altos costos de cambio y poder de mercado, la intervención regulatoria es necesaria para corregir precios, evitar rentas excesivas y proteger el bienestar social.

Cinco estudios técnicos elaborados por el Banco Central de Costa Rica confirman empíricamente este principio: la regulación de comisiones no debilitó el sistema, sino que contribuyó a mejorar la eficiencia, fortalecer la competencia y reducir distorsiones regresivas que recaían desproporcionadamente sobre comercios y consumidores. Defender esta ley implicó ir contra intereses consolidados, pero la evidencia es concluyente. Cuando el análisis empírico es consistente, los argumentos ideológicos pierden sustento técnico.

El retroceso del Estado y el avance del narco

Welmer Ramos González, economista

Costa Rica enfrenta un momento decisivo. Mientras el crimen organizado se expande con rapidez, el Estado parece avanzar en sentido contrario: repliega capacidades, debilita instituciones clave y reduce su presencia en territorios estratégicos. No son percepciones ni alarmismos; son hechos ocurridos en los últimos tres años que, por acción u omisión, han deteriorado la capacidad del país para enfrentar el narcotráfico en un contexto regional crítico.

Las motivaciones detrás de estas decisiones podrán discutirse, pero sus efectos ya están a la vista. Ninguna se ajusta a la complejidad del crimen organizado moderno ni a las mejores prácticas internacionales. Pueden no responder a un plan deliberado o a vínculos irregulares; simplemente son decisiones incompatibles con el momento histórico y riesgosas para un país cuyo principal patrimonio es su institucionalidad democrática. La seguridad no se sostiene con discursos altisonantes ni con confrontaciones políticas; se sostiene con inteligencia, cooperación, coordinación y presencia efectiva del Estado.

Mientras tanto, la realidad avanza sin pausa. El crecimiento de los homicidios vinculados al sicariato y a disputas territoriales confirma que las organizaciones criminales operan con mayor libertad y recursos. Cuando los grupos delictivos se sienten dueños del territorio, la violencia deja de ser excepción y se convierte en norma. Por eso urge examinar las decisiones recientes que, acumuladas, configuran un patrón preocupante de debilitamiento institucional.

Un Estado que retrocede donde el narco avanza

En junio de 2023, el retiro del Servicio Nacional de Guardacostas de Bahía Drake redujo la vigilancia en un punto históricamente utilizado para desembarcos y transbordos de droga. Un año después ocurrió algo similar en Sixaola, en la frontera Caribe con Panamá, otro corredor sensible para el crimen transfronterizo. Ambas medidas responden al mismo patrón: repliegue operativo justo en zonas donde los grupos criminales buscan expandir rutas marítimas y terrestres.

A esto se sumó, en 2024, el retiro de la Policía de Control de Drogas (PCD) de los puestos fronterizos, aeropuertos y muelles del país. Pocas decisiones afectan tanto la capacidad del Estado como sacar a la policía antidrogas de los principales puntos de ingreso al país. El resultado es evidente: menos interceptación, menor inteligencia en campo y mayor libertad para las redes delictivas que operan hacia el resto del territorio.

Otra decisión cuestionable llegó en marzo de 2024: trasladar la Academia Nacional de Guardacostas desde Quepos, un entorno costero ideal para la formación marítima, hacia Pococí, un cantón sin acceso al mar. Formar guardacostas lejos de las costas, y entrenar operaciones marítimas sin mar, contradice la lógica elemental de la profesionalización policial en un país cuya seguridad depende en buena medida del control marítimo.

Las fragilidades tampoco se limitan a fronteras y entrenamiento. Entre 2024 y 2025, más del 73% de la mercancía que entró o salió por Moín no fue escaneada, según lo muestra una evaluación de la Contraloría General de la República. La mayoría de los contenedores se despachó sin revisión adecuada, abriendo una puerta enorme para la contaminación de exportaciones. La consecuencia no tardó en aparecer: varios cargamentos provenientes de Costa Rica fueron incautados en puertos europeos. Una vez que una ruta internacional se consolida, revertirla es extraordinariamente difícil.

Igualmente, en materia de ingreso de mercancías, la Contraloría General de la República advirtió en diciembre de 2024 un “debilitamiento en los controles” aduaneros, situación que incrementa los riesgos de corrupción y contrabando. Los informes señalan además una “disminución del personal de inspección” en puntos estratégicos del país, lo que abre la puerta al internamiento de mercancías ilícitas, al robo y a la evasión de controles que comprometen el resto de los objetivos institucionales. (DFOE-FIP-SGP-00002-2024)

A ello se suma un hecho innegable: los dos últimos ministros de Hacienda han sido férreos opositores a dotar al OIJ, a la Fiscalía y a la Policía Judicial de los recursos necesarios para enfrentar al crimen organizado. Sus esfuerzos reiterados por recortar estos presupuestos, justamente en el periodo de mayor violencia en décadas, contradicen cualquier discurso de fortalecimiento institucional. Como advirtió el director del OIJ, “cada colón recortado es un espaldarazo al crimen organizado”.

Dos corolarios, al menos, se relacionan directamente con lo expuesto. Primero, tal como advierte el Estado de la Nación, se observa una actividad económica de origen incierto que genera transferencias difusas con un impacto relevante sobre la dinámica nacional. Segundo, persiste la asombrosa caída del precio del dólar que, pese a todos los malabares explicativos, sigue acompañada por copiosas entradas de capitales cuya procedencia resulta difícil de esclarecer.

Un rumbo que debe corregirse

El gobierno que asuma en 2026 tendrá la responsabilidad de corregir este rumbo con seriedad y visión de Estado. Para lograrlo, deberá ejercer un acto básico de madurez republicana: reconocer errores, rectificar sin soberbia y permitir que quienes conocen el tema contribuyan con soluciones. Costa Rica no puede seguir gastando energías en confrontaciones estériles con otros Poderes de la República mientras los verdaderos enemigos, las redes criminales que erosionan la seguridad, la economía y la institucionalidad democrática; avanzan con plena claridad estratégica.

La evidencia demuestra que la actual línea de acción es insuficiente y está desalineada con las mejores prácticas internacionales. Persistir en ella sería un riesgo que el país no puede permitirse. Rectificar no es una muestra de debilidad; es un acto de responsabilidad democrática. Y ese es el liderazgo que Costa Rica necesita con urgencia.

Cuando los superricos no pagan, la sociedad se arruina

Welmer Ramos González
Economista

La evidencia desmiente lo que la política repite con fe ciega.

Durante décadas se nos ha vendido, casi como una ley natural, que bajar los impuestos a los muy ricos impulsa el crecimiento y beneficia a toda la sociedad. Se trata de un mantra vacío que resuena en campañas electorales, tertulias televisivas y discursos de “expertos” de ocasión. Esther Duflo y Abhijit V. Banerjee, premios Nobel, lo exponen con claridad en el libro Buena Economía para Tiempos Difíciles: es una idea muerta que sigue caminando porque a muchos les conviene mantenerla viva.

El guion es siempre el mismo: “si los millonarios pagan menos impuestos, invertirán, innovarán y crearán empleo”. Una historia cómoda para quienes ya están arriba, pero incompatible con los hechos. Entre 1936 y 1964, Estados Unidos mantuvo tasas marginales del impuesto sobre la renta entre el 77% y el 90%. ¿El resultado? El país no se hundió; creció, se industrializó, innovó y se consolidó como potencia mundial. Desde entonces, las tasas han caído hacia el 30%, sin que el crecimiento se haya acelerado. Las rebajas fiscales solo enriquecieron a quienes ya lo eran.

Los ejemplos abundan. Clinton subió impuestos y la economía se expandió. Bush los bajó y lo único que aumentó fue el déficit fiscal. El estado de Kansas implementó una reducción tributaria radical entre 2012 y 2013: prometieron un boom económico y obtuvieron un colapso fiscal que obligó a cerrar escuelas y a recortar servicios esenciales. Hubo cero crecimiento y un enorme daño social.

La evidencia académica es igualmente contundente. Un estudio citado por Duflo y Banerjee, realizado por la Universidad de Chicago sobre 35 reformas tributarias en Connecticut desde la Segunda Guerra Mundial, demostró que reducir impuestos al 10% más rico no mejora empleo ni ingresos, mientras que aliviar la carga al 90% restante sí impulsa la economía. Es simple: cuando la mayoría tiene poder adquisitivo, la economía se mueve. Cuando se engorda a los superricos, el dinero termina en ahorro o en especulación financiera.

Aun así, la política insiste en defender este dogma sin sustento. La reforma fiscal de Donald Trump en 2017 —que redujo la tasa corporativa del 35% al 21%— es prueba suficiente: no hubo incremento en inversión ni en producción. Sí hubo, en cambio, caída en la recaudación y aumento en la desigualdad. Los datos no mienten; los discursos, sí.

Lo más llamativo es que funcionarios, consultores y opinadores sigan defendiendo estas rebajas como si fueran pociones mágicas. Hablan de “crecimiento potencial” sin una sola cifra que los respalde. Repiten el dogma porque creen en él o porque les conviene creer. Cuando la evidencia los contradice, la descartan como si se tratara de un error metodológico. Así es como la economía se convierte en religión.

Mientras tanto, la realidad grita lo que la ideología se niega a oír: las sociedades más prósperas —Suecia, Finlandia, Dinamarca, Países Bajos— combinan impuestos altos con Estados robustos. Y también combinan bienestar, movilidad social, cohesión, infraestructura, ciencia y estabilidad. No es coincidencia; es causalidad.

Los impuestos no son un castigo: son el precio de vivir en un país que funciona. Sin ellos no hay educación pública, salud, carreteras, seguridad, justicia independiente ni oportunidades reales. La pregunta no es si debemos pagar impuestos, sino qué tipo de país queremos construir.

El caso costarricense: un modelo tributario que premia la elusión

En Costa Rica, se ha consolidado un modelo que favorece a las empresas de mayor tamaño —particularmente al 1% de mayor facturación— mediante menores cargas impositivas y amplias exoneraciones. La existencia de portillos legales permite la elusión mediante el traslado de compañías al Régimen de Zonas Francas, la desviación de utilidades hacia jurisdicciones de baja tributación, el uso de una territorialidad extrema que desvincula el impuesto del verdadero origen de los fondos y la permisividad con estructuras corporativas radicadas en paraísos fiscales.

El resultado es un sistema desigual que expone a las pequeñas y medianas empresas a una competencia desleal devastadora, mientras el país no muestra mejoras significativas en crecimiento económico ni en sofisticación productiva. Se ha premiado la ingeniería fiscal, no la innovación ni la inversión real.

Una estructura tributaria que castiga a la mayoría y privilegia a unos pocos

Hoy en Costa Rica, quienes sostienen el funcionamiento cotidiano del país, son las pymes, las personas trabajadoras por cuenta propia, los asalariados y, en general, la ciudadanía; esos son quienes cargan con la mayor proporción de los impuestos. El problema no es técnico; es ético y político. Mientras la mayoría cumple, ciertos grupos empresariales con facturaciones superiores a los ¢20.000 millones anuales han aprendido a no pagar, aprovechándose de portillos legales y de asesorías diseñadas para erosionar la base tributaria. No contribuyen al país que les permite operar; extraen de él.

Amparados en vacíos normativos y en un ecosistema de consultores sin escrúpulos, han logrado operar como verdaderos parásitos fiscales, disfrutando de una posición de privilegio que —además de esa desigualdad obscena— resulta ofensiva para cualquier noción de justicia económica. Manipulan regímenes fiscales especiales hasta prostituir su propósito original, convirtiéndolos en plataformas de ingeniería contable destinadas a evadir responsabilidades.

El resultado es una competencia desleal brutal: las pymes deben enfrentar el mercado pagando lo que la ley exige, mientras algunos grandes capitales compiten con reglas diseñadas —o toleradas— para favorecerlos. El país premia la elusión sofisticada en lugar del esfuerzo productivo; la contabilidad creativa en vez de la innovación; el privilegio en vez del mérito.

Los datos recientes lo confirman

Las cifras del Ministerio de Hacienda muestran que, mientras en 2024 la producción creció con fuerza y los ingresos tributarios aumentaron en casi todos los rubros, ocurrió un hecho revelador: los impuestos sobre la renta pagados por las personas jurídicas (particularmente los grandes contribuyentes) cayeron.

Esto es consecuencia directa de las reformas legales impulsadas por la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo para reforzar el concepto de territorialidad, que permite trasladar utilidades generadas en Costa Rica hacia el exterior y simular que se obtienen en territorios de baja tributación. Esos privilegios no solo distorsionan la competencia, sino que debilitan la capacidad del Estado para financiar los bienes públicos indispensables para un crecimiento equilibrado y sostenible.

Lo más grave es que —como lo demuestran Duflo y Banerjee— estas rebajas fiscales no producen crecimiento económico, ni en Estados Unidos ni en Costa Rica. Solo generan desigualdad, pérdidas fiscales y una peligrosa ilusión de prosperidad.

Costa Rica necesita valentía política

La idea de que los impuestos bajos para los multimillonarios generan desarrollo es un mito tóxico. Lo sorprendente no es que siga circulando; lo sorprendente es que aún haya quienes lo defiendan con seriedad.

La economía progresa cuando se invierte en la gente, no cuando se subsidia a quienes ya lo tienen todo. La ciencia económica ya dio su veredicto. Lo que falta ahora es que la política —y especialmente quienes aspiran a gobernar Costa Rica— dejen de repetir supersticiones y tengan la valentía de enfrentar el modelo impositivo con seriedad, coherencia y datos.

El país necesita líderes capaces de romper con los dogmas, no de repetirlos.

El día que Ramiro perdió su empresa (sin quebrar)

Welmer Ramos González

Cuando vender más fue el principio del fin

Esta historia es real. Esperaba en la acera a que vinieran por mí y se me acercó un hombre que se presentó se llama Ramiro, era una tarde fría de diciembre —un día que debía ser alegre, pero que terminó lleno de congoja y rabia. Me contó que le habían ido quitando el negocio de la familia sin que, en el papel, paulatinamente sin que pareciera una quiebra. Con ello se le fue la ilusión de toda una vida. Ramiro es un hombre bueno: trabajador, honrado, inteligente, profesional e ingenioso. Pero aquella temporada lo dejó contra las cuerdas.

El negocio empezó con la receta de la abuela, un secreto de familia para elaborar y hornear galletas. Al principio las vendían en dos pulperías del barrio. Diez años después, cuando el abuelo perdió el trabajo, apostaron por el negocio: ampliaron el horno, pusieron marca, compraron un carrito repartidor. Los hijos se metieron al negocio, y las galletas “Los Abuelos” ya se vendían en todo el país.

El secreto no era solo la receta, era el cariño: el sabor, la textura, la presentación… todo tenía algo distinto.

Usted las ha probado”, me dijo Ramiro con un orgullo que dolía. “Y todo eso me lo robó el Supermercado Mastodonte”.

Su cliente más grande, la cadena que lo hizo soñar con crecer, ya no le compraría más.

Van a hacer mis galletas en El Salvador —me dijo— con mi receta, mi forma, mi empaque… y fui yo, ingenuamente, quien les dio todos los secretos. Caí a punta de engaños, presiones y mentiritas, sin darme cuenta”.

Me robaron, y yo metí al ladrón en la casa”, dijo con la voz quebrada y la mirada húmeda.

Mientras me contaba, respiraba profundo, botando el aire despacio, como si quisiera apagar un fuego que le quemaba por dentro.

Le sugerí hablar otra vez con la gerencia del Mastodonte; me respondió seco:

Ya lo intenté, no sirve. Me dijeron que no fue un robo de mi producto, que es que el precio no les sirve y que ahora ellos saben fabricarlo idéntico, que eso es estrategia y cumplimiento de metas. Así lo llaman ellos.”

La gerente me dijo: ‘Ramiro, lo lamento, así es el mercado’, y se puso de pie para que yo me retirara”.

Cuando Ramiro se despidió, me dio la mano con fuerza. Yo se la apreté y lo abracé.

Al verlo salir, el día pareció volverse más frío.

¿Quién dice que diciembre siempre es alegre?, pensé.

Cuando la marca Los Abuelos entró como proveedor de la mundialmente conocida cadena de supermercados Mastodonte, Ramiro estaba feliz. Sus ventas se triplicarían; con suerte, lo meterían en todos los formatos de la cadena, y así ocurrió. Entonces invirtió: amplió la planta, compró maquinaria, contrató más gente, consiguió certificaciones y se endeudó. Valía la pena: creía tener mercado seguro.

Pero lo que parecía apoyo fue una trampa. Durante meses, los ejecutivos del Mastodonte venían “a revisar la calidad”. En realidad, querían saberlo todo: la receta de cada producto, cuánto producía, cuál era su deuda, a qué precio vendía a los demás comercios; hasta capacitaron a su personal clave. Sonreían todo el tiempo.

Después de dos años y medio vino el golpe. Le exigieron bajar precios drásticamente “para garantizar que aquí estén los precios más bajos del país”. No era negociación:

Usted debe garantizarnos un margen neto del 30%, además de un descuento del 10% por volumen. Y ojo: si encontramos a alguien vendiendo más barato que nosotros, le descontamos un 20% de sus facturas pendientes. Somos su mayor comprador; debe sernos leal”.

Así operan. Con los precios que le impusieron, la fábrica vendía por debajo del costo. Una y otra vez le dijeron: “Con nosotros usted logra volumen de producción, y con los demás usted debe sacar rentabilidad”. Pero con una relación tan desigual, nunca pudo. La cadena Mastodonte siempre puso precios de ruina.

El caso de Ramiro no es único. Es el modelo. Grandes cadenas mundiales han construido su poder con políticas de compra depredadoras que destruyen al comercio nacional —la competencia— y les succionan las finanzas a las pymes, y a las no tan pymes.

Ofrecen precios iguales o más bajos que los de la Feria del Agricultor, pero no porque ganen menos; lo hacen porque imponen al productor condiciones ruinosas. Sostienen su imagen de “precios bajos todos los días” a costa del pequeño.

Detrás de cada “oferta imbatible” hay un proveedor que asumió el costo y sufre la extracción de su ganancia justa.

A los proveedores les exigen condiciones que asfixian: precios ridículamente bajos, exclusividad en las presentaciones de mayor venta, certificaciones que ellos mismos cobran, pagos a 90 días (con descuentos de facturas, si quieren cobrar antes). Cobran por cabeceras de góndola, por usar su centro de distribución, por “visibilidad”.

Y mantienen la política de “conozca a su proveedor” para saber qué tanto depende el productor de ellos: si un proveedor vende más del 30% o el 50% por medio de la cadena, lo tienen del cuello. Si lo sacan de los anaqueles, la empresa no aguanta.

Cuando alguien depende para sobrevivir, acepta cualquier condición. Incluso fabricar el mismo producto para la cadena, con otra marca —“Masrico”—, al costo o peor.

Ramiro me confesó:

Con el precio que me impusieron, no salgo; estamos perdiendo hace rato. Me metí en la trampa. Soy un fracaso”.

Se le quebró la voz.

Dijo que su papá le advirtió: “No te metas en inversiones grandes solo por un cliente; vende según tu capacidad”.

Pero la promesa de crecer pudo más.

¿Qué podía hacer? —me dijo— soy buena gente; quería dar trabajo”.

Yo, que lo escuchaba, sentí gran angustia. No atiné más que pedirle a Dios que iluminara a Ramiro.

La tarde se había enfriado, la llovizna apagó el sol. Cuando se fue Ramiro, la llovizna me cayó en los ojos también.

Estas prácticas exprimen a las pymes hasta dejarlas raquíticas. No las dejan crecer, destruyen al comercio local, concentran la riqueza, frenan el empleo y disminuyen la inversión productiva en el país. Las utilidades salen del país y se van a la casa matriz; aquí queda la ruina.

Cada empleo que crean estas cadenas puede destruir varios en agricultura, industria, transporte y servicios. Lo que parece eficiencia es, en realidad, concentración monopólica y extractivismo comercial dentro del mercado nacional.

Ramiro no esperaba que el gobierno arreglara su vida, pero sí cree que el país necesita reglas. Entre otras cosas, hace falta:

Regular la penetración y el poder de mercado de las grandes cadenas, como hacen en varios países de Europa, para proteger la competencia y al pequeño comercio.

Restituir derechos de propiedad intelectual cuando las pymes ven sus productos copiados y reetiquetados por la cadena —en suma, robados—.

Fomentar canales alternativos de comercialización: mercados locales, cooperativas y redes que devuelvan poder a los productores.

El caso de Ramiro es real, no es anécdota; es un espejo.

Muestra cómo el sistema puede devorar a quien produce con honestidad y talento.

Los que concentran el poder económico se justifican con un bostezo: “Así es el mercado”.

Pero los mercados no son dioses; son reglas creadas por la gente.

Y las reglas se pueden cambiar.

Dos años después, encontré a Ramiro y nos saludamos con entusiasmo. Era abril y hacía sol. Me dijo:

Ese diciembre tuve que despedir a la mitad del personal, vender los carros repartidores para pagar prestaciones y poner las bodegas a la venta para arreglar las finanzas. Logramos salvar apenas el 40% de los clientes que nos quedaban, todos pequeños y medianos, negocios que han sido fieles.”

Perdimos el 80% del capital —me dijo—, pero vamos de nuevo. La familia sufrió, sí, pero ahora nos unimos más. Que el Mastodonte se vaya al infierno; ahora le vendemos a la gente criolla.”

Me sonrió con una mezcla de dolor y orgullo.

Y supe entonces que, aunque lo hayan dejado raquítico, no lo habían vencido. Ahora me impactaba en las emociones, pero en positivo.

Si esto sirve para que otra pyme no cometa la misma ingenuidad, si mueve a un agricultor a buscar alternativas de venta, entonces contar esta historia valió la pena.

Porque un país donde las pymes y los agricultores no pueden prosperar, se empobrece a sí mismo, aunque las góndolas estén llenas los precios que se pagan son altos, siempre.