Los migrantes al frente de una inédita batalla, la lucha contra el COVID-19, las políticas de explotación y los distintos caminos de la solidaridad.
San José, viernes 12 de junio de 2020
“Al río que todo lo arranca lo llaman violento,
pero nadie lama violento al lecho que lo oprime”. – Bertold Brecht
“No es la tierra esta vez la que se mueve, somos nosotros, migrantes. Los y las migrantes, todas las personas que vivimos las diversas formas de movilidad humana, somos parte consustancial de las nuevas realidades mundiales y también una expresión emblemática de sus contradicciones y desafíos”.Carta latinoamericana de migrantes
El 26 de agosto del año 2016, François Soulard, Germà Pelayo, escribe un excelente artículo sobre los migrantes y la urgencia de abrir nuevos caminos al mundo. Precisamente de esa miscelánea, tomamos prestados los dos epígrafes.
Hoy, nuestro interés como ACODEHU es dejar patente el repudio y condena a los actos de discriminación, xenofobia y arbitrariedad contra las migraciones de las y los hermanos nicaragüenses.
Debe quedar absolutamente claro, que al inicio los primeros contaminados no fueron centroamericanos, sino extranjeros que gozaban de sus vacaciones en nuestro país. Pero, posiblemente, por su color de piel y país de origen, se buscó silenciar su condición.
Las migraciones hoy como el coronavirus, que ha producido una profunda crisis estructural en el sistema capitalista, son fenómenos transnacionales. Por eso nos ha extrañado sobremanera, la posición del Ministro de Salud, al asumir una posición que se acerca a una peligrosa acción xenofóbica, acusando a los migrantes y al gobierno de Nicaragua de los eventuales picos pandémicos del COVID-19 en Costa Rica.
Pero aún más peligrosas están resultando las prácticas del Ministro de Seguridad, con sus detenciones masivas, su carta política anti Nicaragua, afirmada por una Asamblea Legislativa servilista de los intereses más espurios del imperio norteamericano.
A las organizaciones de Derechos Humanos se les exige neutralidad, pero todas las acciones de la humanidad son políticas, por eso no podemos quedarnos en una fase contemplativa. A las cosas y a los actos por su nombre.
Citemos con el autor, anteriormente referido en los párrafos precedentes:
“…Siempre es útil volver a dimensionar la amplitud del “rumbo migratorio” tomado por el orden global, hoy marcado por una movilidad humana compulsiva comparable a la que ocurrió durante la segunda Guerra mundial. Se estima actualmente un total aproximativo de mil millones de migrantes, entre ellos 250 millones de migrantes transnacionales (concentrados principalmente en 10 países de destino) y 750 millones de migrantes internos, representando un total 30% de la fuerza laboral planetaria”.
Los flujos migratorios de centroamericanos, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, mexicanos, peruanos tienen un sello profundamente femenino, son forzadas, resultado de políticas de precarización en sus estados originarios o simplemente, forman parte de una nueva ruptura político-cultural.
Detrás de la noticia contra los migrantes nicaragüenses, se esconde un discurso, una narrativa muy peligrosa. Hay una clara provocación para legitimar, no sabemos que oscuros intereses. Desde la perspectiva de los Derechos Humanos percibimos mecanismos para legitimar una nueva invasión, una ruptura al orden constitucional, una violación a la autodeterminación y la independencia de Nicaragua y otros países hermanos.
Denunciamos ante la opinión pública e internacional ese doble discurso que tiene un rasero poco ético, pues se esconden las verdaderas causas que generaron la pandemia; por el contrario, se asume como chivo expiatorio a nuestras hermanas y hermanos nicaragüenses que son parte de la sostenibilidad de las transnacionales en nuestro país, bajo el cobijo de salarios miserables y la violación sistemática de todos sus derechos laborales y humanos.
A mediados de junio San Carlos ingresó a la calificación de los cinco cantones con más diagnósticos de coronavirus en el país. La Región Norte, a la que pertenece el cantón junto con Guatuso, Los Chiles, Río Cuarto, Upala, Sarapiquí, parte de San Ramón y Zarcero, concentra la mayor afectación del país. Lo anterior, qué duda cabe, obedece a la extensa zona fronteriza que posee; al otro lado, la dictadura familiar Ortega/Murillo, cual, si se tratase de una novela del realismo mágico o maravilloso con visos de terror, ha desdeñado la presencia del Covid-19, el cual ya es una pandemia de contagio comunitario en el hermano país. Muchos nicaragüenses que trasiegan por los nudos ciegos de esa amplia, lluviosa y compleja línea fronteriza, llegan contagiados y no guardan cuarentena. Pero ellos, según las cifras, están lejos de ser el mayor foco de contagio.
Cientos de sancarleños, alarmados, mejor dicho, asustados, han pegado el grito al cielo, incluido el sui generis alcalde. Varias comunidades se han “organizado” para protestar y no permitir la instalación de centros de atención sanitaria. Se ha desatado una ola de xenofobia que culpabiliza a los nicaragüenses, desconociendo o invisiblizando la triste historia de migrantes que han repoblado la región desde inicios del siglo XX, siempre huyendo de las patéticas condiciones políticas y socieconómicas de su país. Sobre ello volveré más adelante. Lo que me interesa señalar es que muchos habitantes del cantón más extenso de Costa Rica, y uno de los más prósperos, se parapetan en la supuesta exclusividad del mismo, reforzada por odas, ditirambos y canciones folclóricas que aluden a que “mi linda tierra” es única en el país y en el mundo, y que podría sobrevivir aislada del país (¿y de Nicaragua?) pues es poderosa y auto sustentable.
La mitología sancarleña que, con justa razón, critica el vallecentrismo sociocultural y político imperante, hace que también desde el centro se incube un imaginario que desvirtúa la realidad, tanto del cantón como de la región. Cuando se habla de sancarleños, en el valle central imaginan ganaderos o comerciantes, “polos con plata,” casi millonarios en un lugar donde llueve no solo agua, sino cántaros de leche y miel, durante trece meses al año. Si bien San Carlos concentra importantes polos de desarrollo como Ciudad Quesada, La Fortuna, Aguas Zarcas, Pital o Venecia, también posee amplios territorios con agudos problemas socioeconómicos. Las asimetrías, incluso al interior de esos mismos distritos, como en el resto del país, son extraordinarias.
Cutris, por ejemplo, es uno de los distritos más grandes de Costa Rica, el más extenso del cantón, junto a Pocosol; en conjunto suman 1504 km², lo que representa casi el 3% del territorio nacional. Pero incuban el drama y las contradicciones propias de un país sumido en la deriva neoliberal desde hace cuarenta años. Su nivel de infraestructura es pésimo, sus rutas de penetración desastrosas. Sí, han experimentado algunas mejoras por parte de la municipalidad (financiadas por la cooperación alemana); muchos kilómetros fueron reparados, aunque en lastre, así que, con los años y las lluvias, el deterioro se acrecienta. Y a malos caminos, peores puentes; la mayoría son viejos y construidos con tucas o tipo hamaca, o los ya tristemente célebres “Bailey”. Muchos son arrastrados por aguas crecidas en época lluviosa. Los comités de vecinos invierten esfuerzos y recursos propios para repararlos pero la burocracia poco ayuda; algunas estructuras de metal esperan a la orilla de ríos para su instalación. Son caminos restringidos por su condición de casi inaccesibilidad; grandes charcos y barriales impiden el paso de vehículos que no sean 4×4 y, en momentos extremos, de cualquier automotor. Eso provoca escasos y pésimos servicios de transporte público. El caballo sigue siendo el principal medio de transporte, o el sustituto posmoderno (para quienes pueden): la motocicleta.
En una zona altamente lluviosa, paradójicamente, el agua se convierte en otro grave problema. A pesar de ser una región casi devastada por madereros con los incentivos financieros que recibieron décadas atrás para talar grandes extensiones, aún sobreviven parches de bosques y hasta es posible encontrar nacientes de agua. Pero la atomización local y la falta de apoyo municipal, hace que en muchas comunidades no existan acueductos para llevar agua potable a sus pobladores. Es común encontrar pozos artesanales construidos a pico y pala sin más paredes que la misma tierra, lo que los convierte en depósitos de aguas lodosas, algunos cercanos a los escusados: bombas de tiempo en términos sanitarios. Pocas familias, por razones económicas, tienen pozos perforados con paredes de alcantarillas y desinfección rutinaria. En varios poblados, donde los hay, los puestos de salud presentan una infraestructura lamentable.
La electrificación es de reciente ingreso gracias a la condición solidaria de la cooperativa de electrificación (Coopelesca RL) y a los grupos locales que han servido de contraparte para el financiamiento de las obras. Largas distancias y malos caminos afectan también la atención de las emergencias. El Comité Auxiliar de Cruz Roja de Santa Rosa atiende a los dos extensos distritos. Es quizás el Comité Auxiliar que más territorio cubre en todo el país con los obstáculos agregados de caminos y puentes inexistentes o en mal estado. Sus funcionarios son auténticos héroes sancarleños. De tal modo que las asimetrías y carencias son enormes, no así las respuestas de las instituciones gubernamentales, incluida la municipalidad. La organización local, por el escaso valor electoral para los partidos tradicionales, es débil y presa del clientelismo, en especial las Asociaciones de Desarrollo donde las hay. Por eso la presencia de proyectos como los de la minería a cielo abierto abrió el apetito de muchos dirigentes comunales, así como la utopía del “desarrollo” en comunidades dejadas, históricamente, a la mano de Dios. Este complejo tema requiere de un artículo aparte. Hasta el momento no se han producido iniciativas tangibles que permitan un mejor desarrollo social para Cutris donde, de nuevo, la minería ilegal propicia la reaparición de voces que exigen la actividad extractivista.
Por otra parte, el imparable avance del cultivo de la piña se suma e incide con mayores calamidades como la contaminación con agroquímicos. Es el caso de comunidades como Santa Rita, La Tabla y Santa Isabel de Río Cuarto, cuyas Asadas se vieron en problemas por la contaminación de sus fuentes de agua. También causó indignación el incidente en agosto del año pasado en la comunidad de San Juan de Platanar, distrito de Florencia, cuando la fumigación de una piñera alcanzó a la escuela local y causó la hospitalización de varios menores de edad, docentes y padres de familia. De manera tal que San Carlos y la Región Norte son territorios con problemáticas muy complejas debido a una historia singular y al abandono del Estado, mismo que ha venido siendo desmontado por la contrarreforma neoliberal de la oligarquía criolla, empresas transnacionales y, sobre todo, organismos financieros internacionales, con la aviesa intención de convertir en negocio sus servicios estratégicos.
Recordemos que la región, en su parte norte, fue colonizada, en primera instancia, por nicaragüesnses. Huleros, raicilleros, cazadores y traficantes nicas esclavizaron y exterminaron a cientos de indígenas guatusos; los cazaban como venados. Hasta los años sesenta del siglo pasado la presencia del estado costarricense era casi nula; la moneda de curso en comunidades como Upala, Los Chiles, San Rafael de Guatuso o Boca de San Carlos, era el córdoba nicaragüense. Casi todos los pobladores de la linea fronteriza poseen vínculos familiares a ambos lados. Mientras tanto, la colonización del sur de la región a finales del siglo XIX y principios del XX, expresamente San Carlos, se dio por habitantes del valle central o de cantones vecinos como Naranjo, San Ramón, Grecia, Atenas, incluida la misma Alajuela. La herencia cultural entonces en Ciudad Quesada y los principales focos de desarrollo como La Fortuna, Aguas Zarcas, Venecia o Pital, es vallecentrista, es decir, individualista, desconfiada, católica y conservadora. Sin embargo, por lo rudo de dicha colonización, el sancarleño “sureño” también desarrolló un fuerte emprendedurismo, una vocación de ayuda mutua y una tendencia a la organización comunal (cooperativa) para enfrentar emergencias o edificar infraestructura comunitaria. De tal modo que un vecino de Ciudad Quesada, a pesar de sentirse sancarleño de “mi linda tierra”, en el fondo piensa parecido que un josefino respecto de sus congéneres en Cutris o Pocosol, por ejemplo. El vallecentrismo se replica de una manera obscena. Y ni se diga lo que se piensa acerca de los vecinos del norte.
En la década de los años noventa, con los inicios de la contrarreforma neoliberal (Paes), el país intenta incorporarse a los procesos de globalización de la economía mundial. La racionalidad económica del nuevo modelo hace que algunas actividades acudan a la contratación de población migrante. Los sectores de la agricultura de exportación como el banano, el café, la caña y los llamados productos no tradicionales (yuca, cítricos, macadamia, piña, melón, etc), basan su “fortaleza” en la utilización intensiva de fuerza de trabajo migrante contratada en precarias condiciones. El desarrollo turístico y la creciente informalización de la economía también abrieron espacios para la inserción de nicaragüenses en la construcción y otras actividades del sector servicios. Estas dinámicas ocurren en el marco de una modificación del mercado laboral costarricense caracterizada por la variación en la oferta laboral donde los trabajadores costarricenses gozan de salarios relativamente altos, puesto que la legislación laboral contempla un importante aporte del sector patronal a la seguridad social y se asegura una serie de prestaciones sociales. Por otra parte, los niveles educativos de la población costarricense le permiten desplazarse hacia sectores como el industrial y servicios, dejando un vacío en las labores menos calificadas, que son ocupadas por nicaragüenses.
Lo anterior permite comprender que ciertamente Nicaragua, por sus lamentables condiciones socieconómicas y políticas, es un país que expulsa mano de obra y a su población en general, pero que la nueva y asimétrica estructura productiva montada sobre un Estado Social de Derecho cada vez más fracturado y amenazado, propicia también la inmigración constante en busca de trabajo y sustento. San Carlos y la Región Norte son espacios donde, por la cantidad de empresas agroexportadoras instaladas, esta realidad es cotidiana y múltiple. En los últimos años, mucha mano de obra costarricense no calificada ha sido desplazada por la migrante, la cual no protesta ni exige las garantías sociales tal y como el costarricense suele hacerlo. Aunque la nueva y cada vez más anti trabajadora legislación, acorde con el estado galopante de la contrarreforma, ha empezado a cerrar derechos como el de sindicalización, de huelga o de salarios crecientes incluido. Hasta el seguro social quieren eliminar para favorecer grandes intereses que desean lucrar con la salud.
Así pues, las manifestaciones de muchos sancarleños oponiéndose a la instalación de centros de recuperación para el Covid-19 en sus comunidades, o en contra de los migrantes nicaragüenses, obedecen a un marco ideológico individualista y xenófobo, pero sobre todo chauvinista, potenciado por una falsa excepcionalidad. No dudo de que muchas de esas manifestaciones tóxicas estén siendo alentadas por intereses espurios y por predicadores de la mala fe, es decir, políticos de baja monta, esos que pululan en busca de curules o puestos gubernamentales. La incidencia de nuevos fundamentalismos religiosos es, probablemente, otro de los agentes que agitan la hoguera. Aterran esas expresiones por su aspereza filo racista, por la intolerancia y las falacias que esgrimen. Ojalá que la pandemia no produzca una hecatombe, pero que nos procure mayor humanidad, solidaridad, justicia y compasión, no sólo para combatir esas absurdas y peligrosas posiciones, sino para defender y profundizar el Estado Social de Derecho que permita el cierre de las grandes desigualdades que sufrimos; pero en especial la ignorancia, el chauvinismo, la xenofobia y la peligrosa intoxicación ideológica que padecemos.
Los diseñadores del juego no me quieren muerto. No aún, de cualquier manera. Juegos del Hambre – Suzanne Collins
Luis Andrés Sanabria Zaniboni*
Bienvenidas y bienvenidos a la 77 edición de los Juegos del Hambre, tenemos el paradisíaco escenario de la frontera con una amenaza viral de fondo, oficiales armados recorren la frontera, entradas clandestinas y puntos ciegos ofrecen la emoción para las y los espectadores, les prometemos un evento sin igual… ¿parece ciencia ficción? Hoy los medios de comunicación dominantes nos ofrecen esta cobertura sobre la zona fronteriza con Nicaragua. Nos atreveremos a preguntarnos ¿Quienes le sacan partido a la xenofobia?
Resulta lógico según las voces de estos medios culpar a una oleada de migración sin control, que ingresa por puntos ciegos en la frontera, ante lo cual hay una necesidad por incrementar las fuerzas policiales, para contener y deportar a estas personas indocumentadas, intrusos en territorio nacional. Concluyen que cualquier medida para la defensa será necesaria.
Ahora que ya hemos colocado lo que muchos quieren leer, démonos el momento de pensarlo otra vez, partamos de un criterio simple, el coronavirus no tiene patria, en estos momentos su contagio responde a la presión del movimiento de las personas.
Acaso podríamos argumentar ingenuamente que la zona norte del país es ajena a la estancia de personas nicaragüenses, pues no, además estas personas son empleadas en las actividades agrícolas presentes ahí, y si sumamos como dato anecdótico que muchas de esas labores son cultivos “estrella” para la cámara de exportadores, podríamos mirar con recelo y preguntarnos ¿Por qué estos empleadores no salen en defensa de sus trabajadoras y trabajadores? ¿Será que les beneficia su invisibilización?
Por otro lado, negar la atención sanitaria y médica a las personas migrantes hasta que estén las autoridades policiales y migratorias presentes ¿será un buen camino? ¿Qué un esquema de atención al migrante puede quebrar la CCSS? detengámonos aquí. ¿Acaso el coronavirus se suspende bajo la tenencia o no de la documentación migratoria? Con este último asistimos a un sinsentido.
No es la criminalización del migrante el mejor camino para atender la pandemia del Covid19, son las medidas sanitarias para las personas que deben primar en la gestión del territorio, sea cual sea. Tal vez digan, pero es una oleada de personas, casi una “invasión”. Lamentamos decirle que los seres humanos no son los culpables, a la persona migrante se le protege y acoge, y las autoridades deben responder en el marco de los derechos humanos.
Pregúntese lo siguiente, si el Coronavirus no tiene patria, los esquemas regionales serían la prioridad para la gestión de la pandemia, ya se presionó por una gestión regional para el transporte de mercancías, pero para la movilidad de las personas no hay nada equivalente, y ni se preocupan por tal.
Así que si desean ver los culpables de una expansión de la pandemia, culpe a las autoridades de su país y de la región a la que pertenece, ningún país se salva sólo y mucho menos fronterizos, observe los intereses que los mueven y las razones que esgrimen, también culpe a los deudores de la Caja y a los empleadores de la región por no garantizar la seguridad sanitaria para trabajadoras y trabajadores.
Hoy ante el riesgo real que vivimos con el Covid19, no merecemos prácticas leoninas de sectores productivos que miran para otro lado para resguardar la precarización laboral que engorda sus bolsillos, ni los espectáculos baratos de patrullajes fronterizos, ni mucho menos la suspensión de derechos.
Lo que debemos aspirar y exigir es la responsabilidad por una gestión adecuada de la migración humana, sistemas de atención sanitaria y laboral apropiados y oportunos. El Estado Social de Derecho se caracteriza por su capacidad de ampliación y no por su reducción.
Es así que sigue la tarea pendiente por trabajar en la implementación de esquemas para atención de las personas migrantes solidarios e inclusivos, por el momento seguiremos con la triste y egoísta apuesta de estos Juegos, rogando que la suerte esté siempre de nuestro lado.
San José, 11 de junio de 2020.- Las medidas de prevención ante la pandemia del COVID-19 implementadas por el Estado de Costa Rica han sido en general acertadas, evitando así o retrasando en su caso el contagio comunitario de la enfermedad. Sin embargo, es primordial que las decisiones y medidas de prevención tomadas se basen en el respeto a los derechos humanos de todas las personas, incluyendo a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio, sin discriminación alguna.
Desde el Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (CENDEROS), el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica, el Colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) celebramos las declaraciones del pasado 8 de junio, del señor canciller de la República de Costa Rica, Rodolfo Solano, quien de manera muy vehemente llamó a eliminar las expresiones xenofóbicas contra la población nicaragüense debido a la crisis sanitaria. Ese mensaje directo y enérgico debe calar en todo el accionar institucional de país. Además, pone de manifiesto que Costa Rica cuenta con las condiciones y la disposición para elevar la voz con más contundencia en foros internacionales, con el fin de exigir acciones decididas y urgentes en contra del régimen orteguista que sigue afectando de manera criminal e impune al pueblo nicaragüense. Es de vital importancia para toda la región centroamericana, que se reconozca a Daniel Ortega Saavedra como responsable directo de la propagación descontrolada de la pandemia en Nicaragua; la ausencia de medidas e información consistente y veraz para toda la población; y la precariedad y amenazas con la que opera el sistema público de salud del hermano país.
A pesar de celebrar las declaraciones del señor Canciller, las organizaciones que monitoreamos las vulnerabilidades, desafíos y afectaciones que enfrenta la población nicaragüense migrante, refugiada y solicitante de refugio en Costa Rica mostramos nuestra preocupación ante las acciones y medidas adoptadas en los últimos días, principalmente en la zona norte, que han generado expresiones de discriminación contra la población nicaragüense. Así se observa en las disposiciones del Área de Salud Los Chiles, que entre otras orienta: “Todo paciente indocumentado, se deberá de realizar llamada inmediata al 911 para el despacho de unidad de migración y fuerza pública. NO se debe atender hasta tanto estos no se apersonen al EBAIS.” Posteriormente expone: “Se tamizan solamente a personas costarricenses, residentes con documentación probatoria de su estado en Costa Rica de lo contrario NO se realiza tamizaje por COVID-19…” y continúa indicando “…Se deberá de atender el paciente siguiendo las más rigurosas acciones de auto cuidado esto por cuanto TODO paciente indocumentado no costarricense en la actualidad se debe de considerar positivo por COVID hasta que no se demuestre lo contrario” (negrilla propio).
Lamentamos que estas directrices, en sí mismas discriminatorias, sean un retroceso en materia de derechos humanos, ya que legitiman los abusos de autoridad e incentivan la xenofobia entre la población costarricense, lo cual a su vez exacerba en el imaginario social ideas de que las personas nicaragüenses están propagando el virus y resulta en expresiones de discriminación y amenazas proferidas por funcionarias y funcionarios públicos, periodistas y población general que, por prejuicios y desconocimiento, expresan en medios de comunicación y redes sociales. Preocupa, además, que negar el acceso a la población migrante a servicios de salud resulte en agravados riesgos de contagio, no solo para estas personas, sino también para el resto de la población costarricense.
Como ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “Todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos”.
En este sentido, las organizaciones firmantes instamos al Estado de Costa Rica a promover los derechos humanos de la población nicaragüense migrante, refugiada y solicitantes de refugio, así como brindar atención médica sin discriminación, cumpliendo la circular N° GG-0733-2020, emitida por la Caja Costarricense de Seguro Social, que garantiza la atención a todas las personas que presenten algún síntoma de la enfermedad, incluyendo a las personas migrantes.
Llamamos a las autoridades costarricenses a tener la mejor disposición individual y colectiva en el abordaje de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio, y les solicitamos mantener un compromiso responsable y oportuno en cada una de las instituciones estatales, evitando la exclusión social y la estigmatización a la población nicaragüense. Asimismo, recomendamos al Estado evitar la aplicación de medidas lesivas a los derechos humanos, como el abuso de autoridad y las suspensiones a las libertades fundamentales, y en cambio promover y garantizar la vigencia de los derechos humanos de todas las personas en el país.
Finalmente, exhortamos al Estado a cumplir con las recomendaciones establecidas en la Resolución 1-20 de la CIDH sobre “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, la cual fija estándares internacionales basados “en [que] la atención y contención de la pandemia deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos”. Entre otros, recomienda:
Evitar el empleo de estrategias de detención migratoria y otras medidas que aumenten los riesgos de contaminación y propagación de la enfermedad generada por el COVID-19 y la vulnerabilidad de las personas en situación de movilidad como deportaciones o expulsiones colectivas, o cualquier forma de devolución que sea ejecutada sin la debida coordinación y verificación de las condiciones sanitarias correspondientes, garantizando las condiciones para que estas personas y sus familias puedan salvaguardar su derecho a la salud sin ninguna discriminación.
Abstenerse de implementar medidas que puedan obstaculizar, intimidar y desestimular el acceso de las personas en situación de movilidad humana a los programas, servicios y políticas de respuesta y atención ante la pandemia del COVID-19, tales como acciones de control migratorio o represión en las cercanías de hospitales o albergues, así como el intercambio de información de servicios médico hospitalarios con autoridades migratorias con carácter represivo.
Garantizar el derecho de regreso y la migración de retorno a los Estados y territorios de origen o nacionalidad, a través de acciones de cooperación, intercambio de información y apoyo logístico entre los Estados correspondientes, con atención a los protocolos sanitarios requeridos y considerando de manera particular el derecho de las personas apátridas de retornar a los países de residencia habitual, y garantizando el principio de respeto a la unidad familiar.
Implementar medidas para prevenir y combatir la xenofobia y la estigmatización de las personas en situación de movilidad humana en el marco de la pandemia, impulsando acciones de sensibilización a través de campañas y otros instrumentos de comunicación y elaborando protocolos y procedimientos específicos de protección y atención dirigidos a niñas, niños y adolescentes migrantes y refugiados, en especial, proveyendo los mecanismos específicos de asistencia a aquellas personas que se encuentran separadas o sin compañía.
Incluir expresamente las poblaciones en situación de movilidad humana en las políticas y acciones de recuperación económica que se hagan necesarias en todos los momentos de la crisis generada por la pandemia.
No deja de generar cierto asombro el revuelo con el que la gente se ha tomado el incremento sostenido de los casos de coronavirus en la última semana. Sin duda, hasta ahora la atención a la pandemia desplegada por las instituciones de salud pública (si del Estado benefactor tan ninguneado) y liderada con excepcional paciencia y destreza por el ministro Daniel Salas ha logrado contener y mantener bajo control la diseminación de la pandemia durante estos 3 meses.
Lamentablemente es tiempo de poner los pies en la tierra y entender que estamos en una pandemia, un problema de magnitud global; si países desarrollados con sistemas de salud robustos y políticas de atención social integrales han sufrido el embate del Covid 19, ¿qué nos hace pensar que estamos exentos de ese doloroso tránsito?
A pesar del ministro Salas, la Virgen de los Ángeles y el incansable esfuerzo del sector salud, el país tarde o temprano alcanzará un incremento exponencial de los casos y con cifras dolorosas que nadie quiere ver. Hemos ganado un tiempo valioso que nos permitió prepararnos mejor, pero el asunto apenas comienza. Pareciera que como sociedad apelamos a la ficción para salvarnos, como que seguimos esperando ese gol de último minuto que muchas veces nos da la clasificación.
Lo cierto es que la realidad, es decir, la ciencia y la estadística nos dicen otra cosa, datos que nos asustan, que nos hacen entrar en negación y voltear la cara a otro lado. Al final, se terminará sacrificando al ministro estrella; entonces diremos que “por dejar que las cosas salieran de control” y como otros funcionarios públicos destacados, terminará en el paredón de la opinión pública, azuzada por los intereses electoreros de ciertos políticos en campaña tempranera.
Ficción #2: Los nicas: el origen del todo mal
Ahora que las cosas empeoran, que mejor manera de evadir la realidad que culpar al otro, al de afuera, es decir a los nicas, que en el imaginario tico son el origen de todo mal y desgracia que afecta al país. Y entonces aflora la xenofobia histórica en sus más grotescas expresiones: “que construyan un muro”, “que hagan redadas y los deporten en camiones”, “que cierren la frontera” (cerrada desde hace meses, por cierto), que manden toda la policía a la línea fronteriza (¿Aja…y quien cuidará su barrio?).
Y entonces cuando uno trata de establecer un dialogo medianamente cuerdo sobre el problema te estampan en la cara la sentencia xenofóbica de moda “Vas a ver, cuando te estés muriendo tu respirador lo tendrá un nica”. Pero, el asunto es mucho más complejo. Los nicaragüenses que viven en el país en condición migratoria regular tienen tanto derecho como cualquier otra persona tica toda vez que pagan seguro social e impuestos (eso que muchos ticos no pagan).
¿En el caso de los indocumentados, ya saben que serán deportados a la primera y que no recibirán atención médica, entonces a qué vienen? ¿Será que solo vienen a Costa Rica? ¿Honduras y El Salvador estarán exentos de tan “desafortunada plaga”? ¿Y por qué están en restricción ciertos cantones que no son fronterizos? Todas esas preguntas las respondió el ministro estrella cuando dijo (un poco en clave) que el aumento tiene que ver con actividades agrícolas y de empaque (léase empacadoras de agroexportación). Si probablemente en esta migración irregular “hay de piña”, también de banano y en unos meses más de café. Se sabe desde hace años que, al amparo de una condición migratoria irregular, contratistas y empresarios se aprovechan para emplear mano de obra migrante sin las menores garantías sociales ni derechos laborales.
Ficción #3: El sur también existe
Pero mientras estamos distraídos vigilando si se nos meten los nicas por el norte, nos olvidamos que la frontera sur también existe y que el vecino país tiene la nada despreciable cifra de 16.000 casos. Esa otra frontera, mucho más permeable y difusa, ha sido zona de paso permanente en los últimos años para los más oscuros negocios: contrabando de licores, cigarrillos y otras hierbas, trata de personas, narcotráfico, etc. Por demás está decir que, en pocos meses, la actividad cafetalera atraerá la migración de mano de obra panameña, principalmente del pueblo Ngäbe-Buglé. Entonces seguro diremos que el problema son los “indios panameños”
Ficción #4: No me toca a mí
Al calor de los más airados discursos contra la migración y los reclamos por “nuestros derechos”, nadie parece estar pensando en que este año, con las fronteras cerradas (como pedimos) y en plena crisis económica, no habrá quien vaya a cortar caña y coger café. La falta de mano de obra posiblemente golpeará la producción agrícola y con ello profundizará la crisis galopante. ¿Será que estamos dispuestos a ir a ensuciarnos las manos cogiendo café? La respuesta obvia es la de siempre: “no me toca a mí” “yo estudie”. Y mientras tanto seguiremos yendo a tomar las birras a la clandestina de Gelo, celebrando el partido en molote con los compas y viendo aquel “lance” que te conté.
Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.
El puente mi cama. Mi cara la fotografía. El paredón pared que colapsa. Suena en las manos la paliza larda. Todo se puede decir para no decir este método síncope del miedo. Silvia Piranesi
Mónica González Suárez
Confinamiento sinónimo de desigualdades. Este momento no ha acrecentado las desigualdades, tampoco ha posibilitado que sean más visibles o tal vez sí, para quienes no tenían tiempo de reparar en ellas, darse cuenta que existen. El encierro producto de las políticas estatales que enfrentamos hoy, ha sido un impacto sobre la cotidianidad, pero no necesariamente por el aislamiento, sino, por el control. Las vivencias de los últimos días podrían llevarnos a re-pensar y re-sentir las dinámicas de encierro que socialmente hemos divulgado, afirmado, legitimado y promovido para lograr “mantener” o “reestablecer” el orden.
“Yo siempre he estado en cuarentena”, es la respuesta de una mujer de 51 años, trabajadora doméstica, residente de una zona rural. A quiénes afecta realmente la cuarentena, o más bien, para quiénes es posible llamarle así. Los controles que se ejercen desde modelos heteropatriarcales, coloniales, xenófobos y racistas no son nuevos para quienes hemos vivido ya el confinamiento, por ser mujeres, negras, trans, bisexuales, lesbianas, locxs, etc. Confinarse pareciera ser una práctica que nos ha sido impuesta a cuerpxs subalternxs, así como ha sido una elección de disfrute y privilegio para otros.
Entonces, el momento presente amplía el encierro a otras poblaciones, ahí es donde empieza la crisis, cuando se extiende a sectores que sí importan lo suficiente para exteriorizar la alerta. Ahora bien, las políticas a las que nos afrontamos no son novedad, por el contrario, refuerzan y actualizan los métodos de control sobre nuestrxs cuerpxs (registro histórico). COVID-19 es un afianzar las medidas que desde hace años vienen construyéndose y reforzándose, no solo por los estados, sino, por una interiorización tecno-política recubierta de violencias y feminicidios.
Asumir el asilamiento ha sido para mí vivir en continuo las opresiones, así como profundizar en muchas otras que habían estado presentes de forma tal que podía manejarlas en lo espontáneo y observarlas como episódicas. Ahora, la diferencia es que se han vuelto en lo temido: c o t i d i a n i d a d. Entonces existir hoy para mí, supone hacer visibles las heridas de la desigualdad y no, por haberlas inscrito como parte de una rutina, normalizarlas. Es momento de continuar denunciado la repartición inequitativa de la vida y señalar la mecanización de las violencias, que hace años, y no desde la pandemia, nos matan.
Jenyel Contreras Guzmán, Socióloga, Investigadora y evaluadora Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, COSTA RICA). Docente Universidad de Costa Rica (UCR) Guillermo Acuña González, escritor, sociólogo. Académico Instituto de Estudios Sociales en Población, Universidad Nacional
Repensarnos en la otredad nunca ha sido tarea fácil. Reconocer a la persona migrante como sujeto con derechos, aún en tiempos de pandemia, se vislumbra como el nuevo gran reto. En un momento de la historia en el cual es preciso reconsiderar los marcos de convivencia humana, el sujeto migrante, la persona que se moviliza, vuelve a ser portador de malas noticias, no por sí mismo, sino por los otros que lo increpan. Lo que genera su existencia no solo tiene que ver con la construcción de miedos, de desconocimientos, de rechazos sistemáticos. Se relaciona con la conformación global de estructuras de poder, la distribución de sentidos de otredad que marcan, delimitan, expulsan, excluyen. Este escenario está servido en Costa Rica.
Si existe una población doblemente vulnerabilizada en el actual contexto de emergencia sanitaria, esa es la población migrante. “A un país que no le importamos en vida tampoco parece que le importamos en la muerte”, sentencia Juan Carlos Ruíz[1], veterano y defensor de las personas migrantes en Nueva York, la ciudad de mayor afectación por coronavirus en Estados Unidos, en donde alrededor del 35% del total de personas fallecidas son de origen hispano.
Tales cifras se corresponden con los bajos ingresos, que les obliga a seguir trabajando pese a las medidas de confinamiento, el padecimiento de enfermedades crónicas subyacentes, vivir en el hacinamiento en viviendas multifamiliares, la falta de acceso al seguro médico y no buscar asistencia médica por temor a sufrir represalias como la deportación, que han continuado aún con la pandemia a cuestas. Esa misma ciudad que registra una muerte cada 2 minutos, ha sido abandonada a su suerte por los ricos que el virus no ha encontrado en sus casas, porque han salido sin rubor en aviones privados hacia sus multimillonarias residencias en Long Island a resguardarse de la letalidad y el confinamiento. Si hay un proceso que no se ha detenido ni con la pandemia, ha sido el de la reproducción global del poder, capitalista, eurocentrado, extractivo.
Entre el rigor y la dureza de tales cifras y el desdén de las élites estadounidenses, se asoma en aquel país tibiamente el fallecimiento de 5 personas de origen costarricense como producto de la pandemia. Para los efectos, representan una diáspora silenciosa y poco referenciada en las reflexiones sobre movilidades en el país, tan acostumbradas más bien a sentir resquemor y sospecha por aquellas personas que vienen de afuera, un afuera selectivo y siempre diferenciado. Un país que no discute sobre su diáspora, la niega, la invisibiliza y reproduce el mismo desinterés que las élites globales muestran por el resto de la población. Refleja para sí un orden colonial de pensamiento, una dinámica desigual de funcionamiento y de responsabilidad para con los suyos.
El Coronavirus desconoce fronteras, edad, género y estatus social, mas no las estructuras de exclusión, racialidad y desigualdad social que le han acogido, y que no permiten ignorar que no afecta a todas las personas y grupos por igual y que hemos organizado la sociedad no para la protección de quienes históricamente han sido vulnerabilizados, sino para el resguardo de los bien situados.
Nos encontramos ante un brote epidemiológico que esta vez no tuvo como epicentro el África Subsahariana ni la Latinoamérica subdesarrollada, un contagio global que no migró desde el sur global con gente en barcazas o en caravanas, un enemigo no tan invisible cuando las fronteras fueron cerradas. Una pandemia que ha dejado al descubierto el costo de no haber atendido oportunamente los problemas estructurales de sociedades acostumbradas a socializar las pérdidas y privatizar las ganancias.
Teniendo como conducta normal responsabilizar en los otros, los de afuera, los males que le aquejan, esta sociedad ya había tenido sus ensayos de construcción de discursos culpabilizantes en los extranjeros, en épocas recientes de epidemias no tan azotadoras ni devastadoras como la presente.
Hace tan solo seis años, cuando se produjo la crisis del ébola, el cuerpo sospechoso provenía de ese sur global devastado por la pobreza, el hambre y la miseria. Era un cuerpo enemigo, racializado, excluido. Teniendo como principio de conducción del virus, la movilidad de personas fue restringida, pese a la negativa de la Organización Mundial de la Salud de no limitar las movilidades humanas en aquel periodo. No tantos aviones fueron obligados a poner pie en tierra como ahora, pero las personas en contextos de movilidad fueron sacudidas por una percepción de portabilidad y enfermedad, solo por el hecho de moverse entre las fronteras internacionales.
Esa misma percepción, conviene recordarlo, se construyó como aguja hipodérmica del norte al sur, con consecuencias graves para las personas de contextos nacionales precarios, como el caso del áfrica subsahariana, de donde supuestamente provino el origen del virus. Con esta misma percepción, se incautaron los derechos de las personas en contextos de movilidad, como lo señaló en su momento Deysi Ventura: “el fantasma del extranjero que trae la enfermedad justifica medidas que restrigen las migraciones internacionales y fomenta violaciones a los derechos humanos”.[2]
Palabras previsoras de un mundo que seis años después continúa la tiranía en contra de las personas en procesos de movilidad, ahora con un claro carácter forzado alrededor del mundo. En el contexto de clausura que se experimenta, cualquier intento de movilidad a través de las fronteras trae consigo el germen de la construcción de la sospecha, el virus del estigma y el rechazo.
¡Que se vaya a morir a Nicaragua!
La narrativa antiinmigrante no ha sido heredada de los tiempos actuales de pandemia. En épocas recientes las imágenes han sido lacerantes: el horror de una niñez enjaulada y enjuicida como criminal por las cortes migratorias estadounidense, familias separadas y confinadas (ahora que el concepto de confinamiento ha supuesto novedad para quien lo experimenta en el marco de la coyuntura), la desesperación de las caravanas y corredores humanitarios centroamericanos de finales de 2018 y principios del 2019, cientos de cadáveres dispersos en el Mediterráneo, teniendo el agua como única promesa de tierra segura, las historias de drama para cientos de personas migrantes en la frontera entre Grecia y Turquía, sucedidas hace apenas unas semanas.
Nuevos muros se han construido en todo el mundo con ladrillos sólidos, alimentados por el miedo y el lenguaje de guerra. Una vez más hemos permitido que un problema estructural sea reducido a un conflicto de nacionalidad, a un sálvense quien pueda, a un nadie más cruce la frontera.
En Costa Rica los imaginarios de superioridad nacionalista son rastreables al siglo XIX. En su trabajo, Costarricense por dicha (2002, Editorial UCR), el historiador Iván Molina habla de la construcción de esta identidad nacional, blanqueada y vallecentrista.
Recientemente, no es posible obviar episodios de construcción de discurso nacionalista, salpicados de odio y rechazo al extranjero, pero no a cualquiera. Recordemos el caso del ataque y desamparo hacia Natividad Canda en 2005 y los discursos generados, la marcha xenofóbica en San José del 18 de agosto de 2018, la existencia de más de 30 páginas de redes sociales incitando al rechazo al extranjero, con cerca de 80.000 seguidores ese mismo año y el último acontecimiento, ocurrido en un lamentable domingo de resurrección lleno de discursos viscerales hacia una menor de edad, migrante y embarazada que cruzó la frontera en busca de asistencia médica al cierre de la Semana Santa.
Escudados en una protección higiénica del país, de sus fronteras, de sus familias, tales discursos traspasaron el filtro de la objetividad y se perdieron en una maraña de epítetos contra el cuerpo de esta niña, condensando en ella esa actitud anti nicaragüense que se enciende con cada coyuntura de toda naturaleza.
Este discurso no es solo xenofobia, porque también recrea otros elementos de la construcción de procesos históricos de diferenciación y desigualdad en el país. Mientras la protección de la dignidad humana continúe estando atravesada por la colonialidad del poder, se sostendrá la necropolítica, esa idea de que hay cuerpos que importan y cuerpos que pueden ser descartados. Así, la pandemia ha develado no solo los temores higienizantes al contagio, sino los miedos sociales siempre presentes en sociedades construidas al amparo de ideas hegemónicas sobre identidades y convivencias. Reiteramos: no solo se trata de xenofobias, que existen y son muchas. Son los resabios de estructuras de poder económico y social que hacen su trabajo en sociedades fracturadas en su tejido colectivo y social, como el caso costarricense.
También en el contexto internacional la crueldad no se detiene y ejemplos existen todos los días.
La consigna America first se constituye en el nuevo lema que ha permitido a la administración Trump expulsar a casi 10 mil personas migrantes desde el pasado 21 de marzo, en una nueva cruzada de odio antimigrante y racial. Este poder le ha permitido firmar un decreto para sancionar a los países que no “recojan” a sus deportados.
Por otra parte, la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México continuó en funcionamiento, tipificada bajo la categoría de actividad esencial y los trabajadores migrantes mexicanos que lo levantan, deben cruzar todos los días la frontera, ponerse bajo las órdenes de las autoridades sanitarias estadounidenses y mostrar con documentos que se dirigen a la obra fronteriza.
Mostrando el desdén colonial del norte global, hace unos días dos médicos franceses sugirieron en un programa de televisión que la vacuna contra el coronavirus podría ser probada en África. Distintos países europeos y la misma Casa Blanca hacen un llamado de solidaridad migrante para continuar con las “actividades esenciales” y recibir apoyo de profesionales extranjeros del área de la salud. Muchas actividades subterráneas y precarizadas continúan su funcionamiento en el mundo gracias a la actividad laboral de cientos de miles de personas trabajadoras migrantes. Incluido por supuesto el caso costarricense.
Detectamos y rechazamos
Un país que continuamente se reconoce en la ausencia de ejército, parece interesarle bastante poco reflexionar sobre los efectos de la utilización de lenguaje bélico para abordar situaciones de orden cotidiano. Los países de Centroamérica podrían darnos cuenta de los impactos devastadores de ello. Hace más de 30 años, el lingüista George Lakoff y el filósofo Mark Johnson explicaron el poder de las llamadas metáforas estructurales que impregnan la vida misma, no solamente en el lenguaje, sino también el pensamiento.
Pero ese discurso bélico ha estado presente en otras coyunturas recientes, como el caso desatado por la coyuntura de tensión con Nicaragua por el territorio de Isla Calero y los llamados a defender la soberanía nacional realizados en aquel momento[3].
En este marco, un imaginario de combate diario es reforzado en publicaciones de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), el Ministerio de Seguridad Pública y la Vicepresidencia de la Republica en sus cuentas de redes sociales: “detectamos y rechazamos extranjeros” “#FronterasSeguras” “control migratorio” “tolerancia cero”. A esto se ha unido, incidentalmente, un medio de comunicación, que haciendo gala de una extraña idea de neutralidad periodística, acompaña los sobrevuelos del Ministerio de Seguridad en zonas de frontera, mostrando la efectividad del barrido y los esfuerzos por proteger la soberanía sanitaria nacional.
Todos Idearios propios de los abordajes securiatarios de las migraciones, cuyo logro principal es el reforzamiento de las fronteras ante las amenazas externas. De ello da cuenta la política exterior estadounidense continuamente. Nos preguntamos si esta agenda institucional y mediática, no condensará finalmente otros temas como la aceleración de las reformas de empleo en el sector público o la inserción de los intereses empresariales en los actuales esquemas de gobernanza, solo por mencionar dos casos puntuales actualmente en transcurso.
Como sea, resultado de este escenario discursivo, se han producido dos reacciones de la sociedad costarricense: el impulso del humanismo y solidaridad que existe y se cuenta por decenas y por otro lado el discurso de la división, del rechazo visceral y la confrontación constante. Las personas que atizan el conflicto y la polarización, hacen un daño enorme, porque la convivencia es muy frágil y la estamos convirtiendo en una lucha de todos contra todos, con dificultad para el debate saludable, basado en argumentos y premisas de conocimiento sobre las causas y las consecuencias de las movilidades humanas en los actuales contextos.
Abundan los mensajes efervescentes, las noticias falsas, la información no verificada (como por ejemplo el video circulado de un supuesto cementerio de cuerpos nicaragüenses, que finalmente fue ubicado en Ecuador), los Dunning-Kruger de las migraciones, y los grupos supremacistas, que los hay en el país, clamando por una defensa armada y el resguardo de las fronteras. Paradójicamente, esos mismos grupos guardaron silencio cuando las grandes empresas evasoras eludieron su responsabilidad con las instituciones que se han encargado de proteger desde la salud pública en el marco de la pandemia y que han sido debilitadas durante décadas por políticas de racionalización económica y el concurso de empresas de capital extranjero y transnacional. Ahí está el detalle: al descubierto se refleja que el problema no son los extranjeros, siempre y cuando no sean pobres y provenientes del sur global.
Ya en 1947 Albert Camus nos recordaba que las peores epidemias no son biológicas, sino morales, y que es en las situaciones de crisis que sale a la luz lo peor o mejor de la sociedad. Las grandes crisis no solo apelan a la ética cívica y a la responsabilidad individual y colectiva. Sirven también para discernir lo trascendental de lo accesorio, lo esencial de lo superficial. Será nuestra tarea apostar por la solidaridad intersubjetiva, para construir sociedades más inclusivas cuando la emergencia sanitaria haya terminado.
[1] En entrevista para La Jornada, 11 de abril de 2020.
[2] Deysi Ventura, 2016. El impacto de las crisis sanitarias internacionales en los derechos de los migrantes. SUR 23 – v.13 n.23 • 61 – 75
[3] Un abordaje analítico sobre este acontecimiento puede ser consultado en el texto del académico Esteban Aguilar denominado Proyecto Calero: una historia de militarización y xenofobia. (Praxis, Revista de Filosofía, N 71. Junio-Diciembre 2013)
El ministro de Salud, Daniel Salas llama a que no se den manifestaciones de odio a propósito de la pandemia por COVID-19. Puede escucharlo en el siguiente video de un minuto:
La crisis que globalmente ha provocado el COVID-19 nos presenta una encrucijada a los pueblos de Abya Yala – América Latina. Las organizaciones populares somos la primera línea de resistencia frente a las peores expresiones del sistema en descomposición:
Estamos atravesando una crisis integral que amenaza la vida en todas sus formas. El COVID-19 se transformó en pandemia en un momento de agudización de la crisis capitalista y de reiterados intentos desde el poder económico de que la clase trabajadora cargue a sus espaldas con la recomposición de la tasa decreciente de ganancia empresarial; que confluye con el debilitamiento de los sistemas de salud, el deterioro de las condiciones de vida y el despojo de lo público como resultado del giro neoliberal. La asfixia a la que nos someten la deuda externa, los organismos internacionales y el agobio permanente del imperialismo contra nuestra soberanía le dan forma a un escenario que anticipa las graves consecuencias.
En una América donde nos negamos a aceptar los ajustes estructurales y el desembarco de nuevas políticas imperialistas, y donde nuestros pueblos han encarnado importantes levantamientos populares en los últimos meses, la pandemia se ha convertido en una excusa para legitimar la presencia de las fuerzas armadas en nuestros territorios e implementar medidas de ajuste y el deterioro de las condiciones de existencia de la clase trabajadora. Asimismo, esta crisis puso de manifiesto nuevamente la brutalidad de la violencia patriarcal sobre las mujeres y disidencias sexuales, así como la exclusión histórica de los pueblos indígenas y afrodescendientes expuestos a enfrentar la pandemia en condiciones de vulnerabilidad extremas.
Como es la mejor tradición de nuestra gente, somos las organizaciones del pueblo, obreras, campesinas, de pueblos originarios, feministas, afrodescendientes, piqueteras, de pobladoras/es, de los barrios, las que estamos poniendo el cuerpo, la cabeza y el corazón en desarrollar respuestas inmediatas, pero también para proyectar una salida a esta crisis que no sea una vuelta atrás a la salvaje normalidad capitalista, sino un camino hacia una sociedad distinta. Ello será posible si tomamos lo mejor de nosotros como pueblos, los lazos comunitarios y de unidad popular, territorial y regional, que alimentemos durante esta batalla, serán parte del tejido que construya los horizontes de transformación en Abya Yala.
Ante la falta de vivienda ocupamos territorios y construimos casas; ante la falta de trabajo organizamos cooperativas, recuperamos fábricas y enfrentamos cierres, despidos y suspensiones; ante el ataque patronal peleamos por mejores condiciones de trabajo a través de huelgas; ante la falta de educación generamos escuelas; ante la opresión hacia las mujeres y disidencias construimos feminismos populares; ante la explotación construimos organización sindical de base y luchamos contra la precarización y por salarios dignos hasta las últimas consecuencias; contra el hambre construimos comedores y merenderos populares; ante la crisis climática desarrollamos la agroecología; frente el monocultivo y el monopolio de los alimentos, construimos territorios campesinos agroalimentarios para garantizar la soberanía y autonomía alimentaria; ante la militarización, el paramilitarismo y el narcotráfico hacemos sustitución de cultivos y luchamos contra la violencia estatal. Nuestra alternativa es de vida contra los que nos proponen muerte.
Frente a la política de fronteras cerradas y de fragmentación, y frente a la xenofobia y el neofascismo que proponen desde arriba, retomamos el horizonte de la solidaridad continental y la unidad de los pueblos.
Frente a las políticas de los y las capitalistas, para usar la crisis como revestimiento del ajuste, profundicemos y replanteemos nuestras luchas históricas por la defensa de los territorios, la vida y la socialización de las riquezas, construyamos poder popular y comunitario.
Por eso, exigimos a los gobiernos y llamamos a los pueblos:
1. Priorizar la vida sobre la deuda. No al pago de la deuda externa, investigación exhaustiva y condonación de la misma. Es criminal que se escatimen fondos a la salud y los derechos, por pagar las obligaciones con el FMI y otros acreedores. Los sistemas de salud y de protección social para enfrentar la pandemia son la prioridad. Necesitamos recuperar nuestra riqueza estratégica y el manejo de bancos y comercio exterior, fuente permanente de la sangría económica de los países latinoamericanos. Solo una política de soberanía económica, desde el avance del poder popular, puede aliviar la crisis económica y la mundial que estamos empezando a vivir.
2. Combatir las desigualdades. Impuesto extraordinario a los ricos, a la ganancia de los bancos y las grandes empresas, a los que fugaron capitales. Que los gobiernos asuman el papel de eliminar las desigualdades promovidas por el mercado, que las inversiones necesarias en políticas de emergencia se financien enfrentando la concentración de la riqueza, no con rebajas salariales a los trabajadores. Reorientar las líneas de producción de las grandes empresas para la generación de insumos destinados a combatir el coronavirus, así como las enfermedades que soportamos sin atención del Estado como la desnutrición, el dengue, el chagas y la tuberculosis.
3. Fortalecimiento urgente de los sistemas de salud pública. Inversión urgente y prioritaria en el sistema público de salud, estatización de la salud privada y fortalecimiento de las medidas de contención pandémica por parte de los estados. La pandemia reafirma la necesidad de que todos y todas reciban asistencia de salud universal, fortaleciendo la promoción pública de estos servicios. Que los Estados tomen control de la producción y administración de todos los insumos necesarios para enfrentar la crisis con participación y control de los y las trabajadoras. Eliminación del sistema de patentes sobre los medicamentos para desarrollar con plenitud la investigación y aplicación científica para resolver los problemas humanos, y reconocimiento a la medicina originaria y ancestral.
4. Por trabajo con todos los derechos. Ingreso universal garantizado para todas y todos, prohibición de despidos y suspensiones. Es esencial reconocer los derechos de las y los trabajadores para vivir una cuarentena digna. Que esta emergencia no sea la excusa para seguir avanzando en la precarización del trabajo. No al cierre de empresas, apoyo estatal a su ocupación y recuperación por parte de los y las trabajadoras.
5. La vivienda y el hábitat digno como derecho social. La cuarentena solo puede realizarse bajo un techo, con servicios básicos garantizados y en un barrio saludable. Es necesario suspender desalojos, pagos de alquiler y de servicios; las políticas de hábitat deben direccionarse hacia una reforma urbana integral que garantice el acceso a la vivienda en barrios dignos para todas las familias trabajadoras. Acceso universal al agua, luz y gas y urbanización de los barrios populares: no hay lucha contra la pandemia sin que todas las personas puedan tener agua potable, gas y acceso a la electricidad en el hogar, barrio o comunidad. Ni casas sin personas, ni personas sin casas. Requisición de propiedades vacías para la población en situación de calle y albergues populares.
6. Enfrentar el hambre y garantizar la alimentación universal. Priorizar el financiamiento y el rol de la agricultura familiar cooperativa, comunitaria y agroecológica en el abastecimiento de alimentos para el pueblo, comedores, merenderos y cocinas comunitarias: es necesario avanzar en la promoción del acceso a los alimentos, como una forma de impulsar la economía y no causar una crisis de suministro. Garantizar una canasta básica con precios regulados y exentas de impuestos. Exigir sanciones a la especulación con los precios el acaparamiento de supermercados e intermediarios. Condonación de las deudas de los campesinos y campesinas, la redistribución de la tierra productiva e implementación de sistemas de protección y colonias agroecológicas con financiamiento del Estado.
7. Contra la mercantilización de la naturaleza. Necesitamos recuperar la soberanía sobre nuestros bienes comunes como el agua, el gas, el petróleo, la tierra, riqueza estratégica que es usurpada por pulpos económicos con la complicidad de gobiernos y la burguesía local. Pleno respeto a los territorios de los pueblos y replanteo del modelo económico y extractivo. La explotación de recursos naturales debe respetar a la madre tierra como así a los pueblos que la habitan.
8. Fortalecimiento del cerco sanitario y asistencia humanitaria con garantía de soberanía de los territorios a pueblos originarios, nacionalidades indígenas y afros. Especialmente a todo aquellos cuyo hábitat se encuentra en ecosistemas vitales como la Amazonía, para quienes la amenaza epidemiológica puede significar un etnocidio. Fortalecimiento del gobierno propio y sus sistemas para la pervivencia territorial y cultural de la vida de los pueblos indígenas y afros. Prohibición de desalojos y acciones que violen la soberanía de los pueblos indígenas.
9. Políticas reales para enfrentar la violencia machista. Con las medidas de aislamiento social, existe la posibilidad de aumentar la violencia doméstica y otras formas de violencia contra las mujeres. Que para las mujeres, cis y trans, la expansión de las plataformas tecnológicas para garantizar su uso cuando la violencia contra las mujeres es un hecho no es suficiente para prevenirla y erradicarla. Presupuesto para prevenir femicidios y transfemicidas. Refugios para personas en situación de violencia, entrega de subsidio económico especial a sobrevivientes. Planes de empleo y educación orientados hacia mujeres y disidencias.
10. Más prevención, no a la represión. Muchos gobiernos han utilizado el contexto del coronavirus para intensificar la lógica represiva y de vigilancia, y para aumentar el encarcelamiento de los más pobres, de líderes comunitarios, defensores y defensoras de derechos humanos. Es hora de reducir la población carcelaria como un problema de salud pública. También es necesario revalorizar las autoridades propias y las guardias comunitarias, indígenas y populares que cuidan los territorios ancestrales y están siendo un efectivo organismo comunitario para cuidar la vida en el campo y en la ciudad.
11. No a la intervención política, económica y militar imperialista. Rechazamos de manera categórica el uso de la crisis como excusa para una intromisión militar en Venezuela por parte del imperialismo yankee y sus socios, el asesinato permanente de líderes indígenas, afrodescendientes y populares en Colombia, la feroz represión de los regímenes golpistas en Bolivia y Honduras, del gobierno antipopular de Piñera en Chile, así como la expansión de proyectos extractivos en territorios indígenas, afrodescendientes y campesinos. Exigimos que se levanten los bloqueos hacia Cuba y Venezuela.
12. Ayuda Humanitaria Internacionalista. Exigimos a los gobiernos que soliciten ayuda humanitaria a Cuba y a otros países que han desarrollado experiencia técnica para enfrentar la pandemia y que pueden ayudar a contener el brote de Covid-19 en las ciudades donde la pandemia se ha expandido con más crudeza, cómo Guayaquil y San Pablo.
Contra la riqueza de pocos, por la lucha de los pueblos ¡Por la vida, no el FMI! Como luchan los pueblos latinoamericanos: Diciendo-haciendo, diciendo-haciendo, diciendo-haciendo, ¡carajo! ¡Solidaridad internacionalista, YA!
Adhesiones:
fru@resistencia-urbana.org comunicacion@conaie.org CONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-Ecuador Congreso de los Pueblos-Colombia MTST Movimiento de Trabajadores Sin Techo-Brasil CONFENIAE Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana Ecuador FPDS Frente Popular Darío Santillán-Argentina ONIC Organización Nacional Indígena de Colombia-Colombia FOL Frente de Organizaciones en Lucha- Argentina Ukamau-Chile CRBZ Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora-Venezuela CNTE-SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación-México AUTE Sindicato Electricista-Uruguay Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’Kej- Guatemala CNA Coordinador Nacional Agrario-Colombia Movimiento de los Pueblos/por un socialismo feminista desde abajo.(Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional-Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social – Izquierda Latinoamericana Socialista-Movimiento 8 de Abril)-Argentina CLOC (ANAMURI, Ranquil, Conaproch, Red Apícola Nacional, ANMI)-Chile FENASIBANCOL Federación Nacional de Sindicatos Bancarios Colombianos-Colombia MPA Movimiento de Pequeños Agricultores -Brasil CRIC Consejo Regional Indígena del Cauca-Colombia UTT Unión de Trabajadores de la Tierra-Argentina PCN Proceso de Comunidades Negras-Colombia CONAMURI Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas – Paraguay União Nacional de Trabaladoras(es) Camelôs, Feirantes e Ambulantes do Brasil-Brasil MICC Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi – Ecuador PAPDA Plate-forme haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif-Haiti Comisión Intereclesial de Justicia y Paz-Colombia Feminismo Comunitario Antipatriarcal – Bolivia Movimiento Insurgente – Bolivia. MNCI Movimiento Nacional Campesino Indígena “Somos Tierra”- Argentina CENPAZ Coordinación Nacional de Paz-Colombia MBL Movimiento de Barrios en Lucha-Ecuador Brigadas Populares-Brasil Zona humanitaria de San pedro del Ingara Chocó Territorio de paz-Colombia UNORCAC – Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi – Ecuador MTD Aníbal Verón-Argentina FOB Autónoma-Argentina FOB La Libertaria-Argentina MTR por la democracia directa-Argentina FAR Frente Arde Rojo/COPA-Argentina Frente Popular – Ecuador Coordinadora Simón Bolívar-Venezuela Radio al Son del 23-Venezuela Plataforma de Lucha Campesina- Venezuela Colectivo Caminos Verdes-Venezuela FNL Frente Nacional de Lutas -Brasil Movimiento de Mujeres por la Vida de Cajibio y Popayán-Colombia Comité por la Abolición de las deuda ilegítimas CADTM Abya Yala Nuestra América (Colombia, Haití, Uruguay, Argentina, Venezuela, Brasil y Puerto Rico) Red Emancipa de Educación Popular-Brasil Feministas del Abya Yala MPLT Movimiento Pueblo Lucha y Trabajo-Argentina Pañuelos en Rebeldía-Argentina Red de la Diversidad-Bolivia Escuela Popular Permanente-Chile Juntos! – Juventud en Lucha-Brasil FECAOL Movimiento Nacional Campesino – Ecuador Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Transporte (ASOTRASET) – Ecuador Corriente Sindical Carlos Chile-Argentina Colectivo Whipala-Bolivia Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda de Colombia OLP Resistir y Luchar-Argentina Colectivo Alexis Vive-Venezuela Colectivo Editorial Marcha Venceremos Partido de Trabajadores-Argentina Corriente Social y Política Marabunta-Argentina Convergencia 2 de Abril-Chile Democracia Socialista-Argentina ASL Acción Socialista Libertaria-Argentina La Junta-Perú. Venceremos Abriendo Caminos-Argentina ORG Organización Revolucionaria Guevaristas-Argentina Organización Política Presentes por el Socialismo «PPS» – Colombia CPI Corriente Política de Izquierda -Argentina Secretaria Migrantes y Refugiados UTEP-Argentina Asamblea Pachamama-Uruguay Comunidad Mapuche Los Toldos-Argentina Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador-Ecuador Movimiento Mujeres Por la Vida-Venezuela Unión Comunera-Venezuela Voces Urgentes-Venezuela Espacio Pedagógico Cultural Fénix-Argentina Movimiento de Jóvenes por la Patria (JPP-PPT)-Venezuela Amigos da Terra-Brasil Centro de Derechos Económicos y Sociales CDES-Ecuador Red Feminista Ecosocialista de Ecuador-Ecuador Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura (CPOOEM)-México Red de Medios Digitales de comunicación comunitaria y alternativa del Ecuador Infórmate Pueblo-Ecuador FURIA TRAVA colectiva de travestis feministas abolicionistas-Argentina Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)-México Nueva Central de Trabajadores (NCT)-México ANUEE (Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica)-México Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores-México Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)-México Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT)-México Frente Socialista-México Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador CUCOMITAE-Ecuador Fórum da Amazônia Oriental FAOR-Brasil ICA Iglesia Cristiana Ágape-Honduras Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza-Argentina Asamblea Vecinal ( vecinos en lucha)-Argentina Fuera la subestación Rigolleau ( contra la contaminación de los campos CEM)-Argentina Red de barrios irradiados de la R. A.-Argentina FUNDACIÓN AUDIOVISUAL INDÍGENA WAYAAKUA-Venezuela MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE INDÍGENA DE VENEZUELA MICIV-Venezuela FUNDACIÓN PUEBLO INDIO DEL ECUADOR-Ecuador Amigos da Terra America Latina e Caribe-ATALC Conselho indigenista Milionário-CIMI-Brasil UNIDAD POPULAR DE ECUADOR-Ecuador Grupo Carta de Belém-Brasil Jubileo Sur/Américas Jubileu Sul Brasil Asociación Colombiana de Educación al Consumidor-Colombia Tatagua Colectiva Feminista Conurbano sur Bs.As- Argentina Comité Oscar Romero de Cádiz-España Espacio cultural, político y social La Casita en Marabunta-Argentina Comité Oscar Romero-SICSAL-Chile. Fundación Helmut Frenz de Educación en Derechos Humanos-Chile. Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas-Chile. Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador-Ecuador TALLER DE «J»ORMACIÓN ESTUDIANTIL RAÍCES – TJER-Colombia Coordinadora indígena Popular Autónoma (CINPA) Oaxaca -México Colectivo de mujeres en Resistencia «Sinchi Warmi» – Ecuador SOA Watch – Observatorio de la Escuela de las Américas Propuesta TATU VÓRTICE ESTUDIANTIL ALTERNATIVO Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social Solidaria para Latinoamérica (RIPESS LAC) Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC)-Republica Dominicana La Red Nacional de Organizaciones de Economía Solidaria (REDESOL)-Republica Dominicana. Movimiento Rebelión o Extinción-Argentina Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador OMASNE-Ecuador Fuerza de Bases-Chile MPL (Movimiento Popular Liberación)-Argentina CCRS (Corriente Clasista René Salamanca)-Argentina
Enviado a SURCOS por Carlos Alberto Hernández Porras.
La cuarentena como medida para evitar el contagio nos obliga a reflexionar sobre muchas otras situaciones, además del elemento salud, nos hace repensar sobre la realidad de las familias para contener en casa el total de sus integrantes, sin mencionar las dificultades económicas que desde ya se están enfrentando.
Si bien el COVID-19 es una crisis sanitaria inesperada, esta situación nos viene a visibilizar y recrudecer las desigualdades más profundas que teníamos como sociedad. La violencia estructural, las condiciones de pobreza, el desempleo, el patriarcado, el racismo, el nacionalismo y la xenofobia. Aunado a la acentuación de la crisis, pareciera que también se viene a naturalizar y normalizar estas estructuras de poder hegemónico, ejerciendo así formas de control mediáticas y de control Estatal que en muchas ocasiones colocan como única prioridad la crisis sanitaria, sin necesariamente dimensionar las implicaciones que estas medidas representan en nuestras vidas.
En las últimas semanas se han hecho esfuerzos por denunciar situaciones de violencia que están afectando particularmente a las mujeres, con este texto nos interesa hacer visible de qué manera se agudizan las desigualdades existentes en las relaciones de poder.
Judith Butler nos señala que:
El virus por sí solo no discrimina, pero los humanos seguramente lo hacemos, modelados como estamos por los poderes entrelazados del nacionalismo, el racismo, la xenofobia y el capitalismo y la llegada de empresarios ansiosos por capitalizar el sufrimiento global, todos testimonio de la rigidez con la que la desigualdad radical, que incluye la supremacía blanca, la violencia contra las mujeres, las personas queer y trans, y la explotación capitalista encuentran formas de reproducir y fortalecer su poderes dentro de las zonas pandémicas.(2020) (https://www.lavaca.org/notas/el-capitalismo-tiene-sus-limites-la-mirada-de-judith-butler-sobre-el-coronavirus)
Lo anterior nos invita a reflexionar sobre la interseccionalidad, rescatando que no solo es distinta la forma en que afecta la cuarentena a hombres y a mujeres, sobre lo que volveremos más adelante, sino que también es distinta la forma en que la estamos viviendo las mismas mujeres. No es lo mismo ser una mujer de un barrio, que una mujer de un residencial, no es lo mismo tener un trabajo como empleada doméstica o vendedora informal, que ser empleada pública o trabajar para una empresa privada. No es lo mismo vivir el aislamiento en la ruralidad, que en las zonas urbanas.
Sin embargo hay cosas que sí se asemejan en medio de este contexto y es justo el hecho de que las manifestaciones de violencia estructural, racial, patriarcal que cada quien enfrentaba y enfrenta desde el lugar que habita, se han incrementado y corren el riesgo de quedar aún más invisibilizadas.
En este texto sugerimos el ejercicio de imaginarnos situaciones que podrían estar viviendo las mujeres durante la cuarentena, reflexionar sobre la división sexual del trabajo, el trabajo remunerado y no remunerado, a partir de preguntas como: ¿Por qué las medidas de cuarentena nos afectan de manera tan distinta a hombres y a mujeres? ¿Por qué el espacio privado no representa lo mismo para las mujeres? ¿Qué significa para las mujeres estar en la casa con sus parejas, hijos, hijas, madre, padre etc.? ¿Qué implicaciones tiene estar ejerciendo el trabajo productivo y reproductivo en el espacio de lo privado? ¿Por qué “quedarse en casa” puede agravar “aún más” las múltiples jornadas de las mujeres?
Pensemos en una educadora, en este caso, una educadora del sector privado, con una jornada previa de por sí realmente abrumadora. Podemos imaginar que vive con sus hijos e hijas estudiantes o bien con su pareja y otras personas de su familia. Habitualmente sus fines de semana los dedicaba a preparar alimentos (para su consumo y el de las personas que comparten la vivienda) además de ordenar y realizar todas las labores de limpieza; la casa, la ropa, etc. y así poder dedicar los días entre semana a su trabajo remunerado, sin que esto signifique que se libere de las labores del hogar. Con la medida de cuarentena, no solo debe capacitarse en nuevas herramientas virtuales (lo que se suma a su ya múltiple jornada) sino que además debe duplicar su jornada, según las nuevas directrices de la institución (en la que labora como docente) ya que debe reforzar la atención a sus estudiantes.
En casa también su pareja, sus hijos o hijas estarán lidiando cada uno y cada una con sus nuevas labores virtuales, pero muy probablemente ella, es quien asuma las labores de la casa y además “en casa” debe organizarse todos los días con su trabajo remunerado. Muy probablemente él, su compañero “quizá piense en colaborar” (el entrecomillado es para destacar que para él se trata de una colaboración y no de una responsabilidad compartida) pero debe resolver su jornada laboral, que él considera como prioridad frente a la jornada remunerada y no remunerada que ella realiza.
Sus hijos e hijas conforme al mandato patriarcal creen que el trabajo no remunerado que ha realizado su madre (si es que lo han percibido) es obligación de ella. En muchos de los casos, cuando las mujeres se encuentran en su jornada laboral remunerada, quienes quedan en casa deben resolver situaciones, pero no porque consideren que es su función y su responsabilidad, sino porque ella no está en casa, si ella estuviera en casa, imaginemos: ¿Quién debe resolverlas?
Este es tan solo un ejemplo, podríamos sumar otra serie de factores como la atención y cuidado de chicos y chicas en edades escolares, que si bien es cierto algunos centros de cuido podrían estar funcionando, es comprensible que una familia prefiera evitar que su hijo o hija asista al centro educativo para evitar el contagio.
Podemos pensar también en todas las jefas de hogar que tienen trabajos en la informalidad, como, por ejemplo; en labores domésticas, ventas por catálogo, ventas ambulantes, costura o repostería entre otras. La medida de guardar cuarentena con acatamiento inmediato no puede ser fácilmente atendida por todas las personas, al respecto una vendedora ambulante señala: “Aunque no acate las recomendaciones de estar en aislamiento, la calle está durísima y no tanto por el coronavirus, sino porque no se hace ni un cinco y además la ven como una irresponsable por tratar de ganarse la vida. Desde cuando trabajar es un crimen”.
¿Qué está pasando en los territorios indígenas de Salitre y Térraba que actualmente están siendo invadidos y agredidos por finqueros? ¿Cómo están viviendo “la cuarentena o el aislamiento” las mujeres en estas comunidades? donde sus vidas han sido amenazadas por años y sus derechos violentados por un Estado que ahora más que nunca plasma su negligencia, promoviendo la impunidad de sus agresores.
Los retos económicos que enfrenta el país son muy distintos en la zonas urbanas, que en la zonas costeras y rurales. Existen muchas agrupaciones y asociaciones de mujeres que se dedican a las artesanías, a ofrecer servicios de comida, a vender productos agropecuarios y sus derivados, a brindar hospedajes y a realizar recorridos turísticos. ¿Cuáles serán las medidas para amortiguar el impacto de la ausencia absoluta de ingresos en estas zonas frente a la paralización del turismo en el país?
Muchas mujeres se enfrentan a una durísima realidad que se agudiza en estos momentos, cuando tienen sí o sí que compartir con el agresor y sus redes de apoyo se ven reducidas. Aunado a esto muchas familias están viviendo la cuarentena en condiciones de hacinamiento y desempleo, lo cual hace de la convivencia y de las estrategias habituales de sobrevivencia una verdadera amenaza.
Karina Batthyány sostiene que esta situación la hemos visto ya en casos de emergencias por desastres naturales. ¿Cómo abordará el Estado las consecuencias de la pérdida del empleo por la sobrecarga de cuidados? ¿Qué medidas de promoción de corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidado se pueden gestionar entre el Estado, las empresas, trabajadores y trabajadoras en una situación de confinamiento? (2020)
Pensemos en todas las labores de cuido que asumimos las mujeres ¿Qué implicaciones tiene que sus chicos y chicas estén en casa? ¿Quienes asumen el cuidado de personas adultas mayores, la gestión de medicamentos, la compra de alimentos? La limpieza y la desinfección del hogar, vestimenta y ropa de cama, que ahora se triplica por la necesidad de evitar infecciones. ¿En quienes recaen estas funciones?
Pensemos en compañeros que también deben acatar la medida de “quedarse en casa” para continuar teletrabajando según su jornada laboral, muy probablemente (sin generalizar) tendrán a su disposición los alimentos listos y ropa limpia ya que, como de costumbre ellas se encargaran de las “labores del hogar”, además del cuido de los y las chicas.
Karina Batthyány destaca que en América Latina las mujeres realizan cerca del 80% del trabajo del cuidado no remunerado y son amplísima mayoría entres quienes se ocupan del trabajo de cuidados remunerados, por tanto, gran parte de los cuidados totales los ejercen las mujeres. (2020)
Para algunas culturas la palabra “crisis” significa oportunidad para el cambio, es indispensable comenzar a debatir y cuestionarnos ahora y no después, los aspectos de la organización social del cuido. Que el hecho de volver “puertas adentro” no represente para nosotras las mujeres, volver a las prácticas patriarcales más arcaicas, que esta “crisis” sea una oportunidad para comenzar colectivamente, a proponernos formas de relacionarnos más horizontales y solidarias.
Si bien las condiciones de aislamiento o cuarentena limitan de alguna manera las acciones de solidaridad externas y nos hace repensar las formas en que hemos establecido nuestros vínculos y afectos, esta “crisis” también nos invita a reflexionar sobre la célebre frase de Simone de Beauvoir «lo personal es político». Es indispensable reflexionar desde lo personal, plantearnos ¿Cómo querernos?, ¿Cómo cuidarnos?, ¿Cómo convivimos?, ¿Cómo solidarizarnos y ser congruentes en los espacios más próximos? Sumado a lo anterior, es urgente colocar este debate en las esferas públicas, donde se crean las directrices, se toman las decisiones y se generan discursos.
Karina Batthyány expresa que la emergencia por el COVID-19 vuelve a poner en el centro la cuestión de la organización social del cuidado y es necesario apoyar todas aquellas medidas y acciones que pongan a la humanidad y no el mercado en el centro para paliar la pandemia, superando este último como eje organizador de la vida en común. (2020)
Al igual que las labores de reproducción de la vida y de los cuidados no deberían ser exclusivamente nuestra responsabilidad, el reto de aprender de esta nueva circunstancia, resignificar la vida cotidiana y reconfigurar la forma de relacionarnos desde otros lugares, debería ser una inquietud y una denuncia compartida.
Que esta circunstancia nos permita repensarnos como sociedad, evitar que el temor a la crisis sanitaria nos coloque en una condición de mayor vulnerabilidad y que todos los esfuerzos, las luchas y los aprendizajes de cada una, desde nuestra trinchera y nuestras posibilidades aporte en la construcción de un mundo más igualitario y que esto se convierta en insignia para atravesar este momento de la humanidad.
-Karina Batthyány (2020) La pandemia evidencia y potencia la crisis de los cuidados. Secretaria Ejecutiva de CLACSO.https://www.clacso.org/la-pandemia-evidencia-y-potencia-la-crisis-de-los-cuidados/
