¡Digamos NO a la xenofobia!
Diferentes organizaciones sociales organizan para este sábado 25 de agosto a las 10 a.m. la Gran Marcha Nacional por la Paz y la Solidaridad en Costa Rica. Los puntos de salida serán el Pretil de la UCR en San Pedro y el Parque de la Merced para después llegar al mismo punto de encuentro en la Plaza de la Democracia.
Enviado por Diego Molina y Carlos Sandoval.
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Repudiamos enérgicamente los recientes actos de violencia xenofóbica protagonizados por un grupo de costarricenses.
Invitamos a todas las personas e instituciones a colaborar en el fortalecimiento de una cultura de paz, de hospitalidad y de justicia.
Nos comprometemos a defender el derecho humano a migrar.
Damos la bienvenida a las personas migrantes que han escogido a Costa Rica para iniciar esta nueva etapa de sus vidas.
Enviado por Alberto Rojas.
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No es xenofobia, es manipulación
Dany Villalobos V.
Otra versión para no ser móviles de la desinformación.
Ante el tema migratorio, los políticos nacionalistas pretenden:
1) Ocultar y proteger los grandes negocios de los extranjeros ricos en el país (lavado y tráfico de influencias), haciendo una campaña contra los extranjeros pobres por algunos delitos que han cometido ciertos nicaragüenses.
2) Empoderar a los grupos neonazis, que serían los abanderados para alentar una crisis social, apoyada por el descontento popular contra el oficialismo.
3) Esto provocaría una crisis política para dividir y golpear al Gobierno Central, separando a los progresistas y retornando a la derecha dura al negocio del poder.
No obviemos el crecimiento de la violencia civil de por medio que ello podría implicar, ya no solo en la redes sociales, por lo que el frágil argumento de la paz en Costa Rica podría terminar de gastarse.
No es secreto el desgaste y división que produjo la campaña política anterior. Hay sectores con fuerte resentimiento político que apuestan por continuar la línea de la violencia para golpear al oficialismo, cuya base tampoco ha sido cauta en retomar posturas de respeto, pepetuando esta riesgosa división. Es cómplice el oficialismo por su falta de visión política extra-electoral.
Sea crítico en ambas vías
Sea crítico con el Gobierno actual, pero no sea ingenuo con los grupos que utilizan esta plataforma cibernética para manipular y utilizar al pueblo para sus fines políticos. Sea crítico con sus fuentes de información, porque de entrada, darle cuerda a una página que basa su propaganda en mentiras, es dejarse engañar.
Si le interesa la política, apunte a temas que realmente van a afectar al país si el gobierno no atiende: la crisis por endeudamiento y evasión fiscal, los problemas ambientales eternamente irresueltos, la desigualdad creciente que produce múltiples problemas sociales y otros de su interés.
Practique una oposición informada y responsable. No se oriente por discursos violentos, rechácelos, denúncielos, la violencia nunca es inocente ni tema para bromear. Quienes la han sufrido no estarán felices de ver como crece la violencia, en este y aquel lado de la frontera.
Finalmente pregúntese: ¿Quiénes coordinan y lideran este movimiento? ¿Quiénes convocaron a las calles? ¿Quienes les piden compartir la información? ¿Cuáles son sus fines? Si no lo sabe busque respuestas, sería mejor por el bien del país que tanto dice querer.
Análisis enviado a SURCOS por el autor, publicado también en la página de Facebook ContraVersión.
El autor aporta dos imágenes para fundamentar su análisis. Puede acceder a ellas aquí:
Sobre el odio a los migrantes nicaragüenses y otras enfermedades sociales
Juan Carlos Cruz Barrientos
Lo ocurrido este sábado 18 con la manifestación xenofóbica es una escenificación de nacionalismo exacerbado, odio hacia la población nicaragüense y autoritarismo fascistoide largamente alimentado por sectores de la ultraderecha. Tres fenómenos que se alimentan de la irracionalidad por un lado, de la ignorancia por otro y que en común tienen un caldo de cultivo en las condiciones objetivas de vida de las víctimas del modelo económico neoliberal: desempleados, trabajadores informales y asalariados mal pagados…
Estas personas enfilan sus frustraciones hacia quienes ven como la amenaza externa a los migrantes pobres de un país con el que largamente se mantiene una relación conflictiva: la clase trabajadora nicaragüense. Sin embargo son fenómenos que deben abordarse por separado ya que la manipulación ideológica de chovinismo, el odio hacia el migrante pobre y las exhortaciones a la mano dura, son armas que tarde o temprano devienen en gobiernos autoritarios filo-fascistas que lejos de resolver los problemas estructurales, los agravan.
No podemos dar pie a ningún argumento que legitime el uso de la simbología de unidad patriótica, como es la selección nacional de fútbol, ni la supuesta relación entre migración y creciente criminalidad, para aniquilar nicaragüenses como lo pretendían los manifestantes del sábado. El supremacismo costarricense en cualquiera de sus manifestaciones, es un invento ideológico de la derecha para ocultar lo que en común tenemos todos los pueblos centroamericanos que es la creciente desigualdad social entre ricos y pobres.
Los migrantes nicaragüenses no son responsables del desempleo en Costa Rica. La causa del desempleo es el estancamiento de nuestra economía que dejó de crecer desde hace años y en eso nada tienen que ver los migrantes. Los migrantes nicaragüenses tampoco son responsables de la sobredemanda de servicios médicos en la Caja Costarricense de Seguro Social porque se trata de una migración joven que hace poco uso de los mismos. Los problemas en la calidad de atención que brinda la Caja hay que buscarlos en las malas decisiones y en la corrupción de la alta gerencia y algunos cuantos médicos inescrupulosos.
Tampoco es cierto que exista una relación estadística entre el aumento de la criminalidad y la migración nicaragüense. Dicho aumento es fruto de la actividad de las bandas de narcotraficantes y ahí tampoco tiene que ver el grueso de los migrantes nicaragüenses.
En todo caso los hechos del sábado 18 favorecen a Ortega para descalificar a los que huyen de la tiranía y de paso alimentar el desprecio hacia el pueblo costarricense. No es descartable esperar de Ortega otras sorpresas fronterizas, como autoagresiones, para desviar la atención y alimentar el sempiterno recurso del conflicto entre ambas naciones al estilo de Isla Calero.
Frente a los chistes y comentarios xenófobos, frente a la desinformación y las mentiras, frente a los llamados patrioteros, no podemos permanecer indiferentes. Una escalada del odio contra nuestros hermanos de la clase trabajadora nicaragüense tampoco resolverá los problemas estructurales que nosotros los ticos no hemos podido resolver, sólo fortalecerá a los políticos oportunistas que se valen del malestar y la frustración social para llevar agua al molino del fascismo.
El clima político y económico bajo el cual Canadá, México y Estados Unidos iniciaron el proceso de renegociación del TLCAN en 2017 se ha deteriorado aún más en 2018. Estados Unidos amenaza los aranceles para el 1 de junio y la Casa Blanca acosa a través de tweets, mientras se están armando guardias nacionales. enviados a la frontera de EE. UU. con México, etc. Estas fuertes tácticas empleadas por la administración Trump ahora han culminado en un intento de forzar un Acuerdo “en principio”, donde, según nos dicen, se llegó a algún tipo de acuerdo sobre una algunos de los elementos más difíciles y contenciosos del TLCAN, pero los textos permanecen en secreto.
Nosotros, las organizaciones sociales abajo firmantes de los tres países de América del Norte, hacemos un llamado a nuestros respectivos gobiernos para que publiquen inmediatamente los textos del puñado de Capítulos acordados y suspendan las renegociaciones del TLCAN hasta que se restablezca un clima de respeto mutuo y un ambiente para el debate abierto y público puede realizarse en los tres países.
Rechazamos por completo las ideas xenófobas y racistas que han acompañado a las renegociaciones actuales del TLCAN. Rechazamos la idea asombrosamente mala de un muro entre México y los Estados Unidos, así como la idea ridícula de que el gobierno mexicano podría ser forzado a pagar por ello. Rechazamos las constantes amenazas, insultos y chantajes utilizados por la Casa Blanca contra México y Canadá.
Tal ‘Acuerdo en Principio’ es una maniobra poco entendible y poco utilizada en los acuerdos comerciales. ¿Cuáles serían las ramificaciones legales de tal ‘Acuerdo en Principio’? Por ejemplo: ¿incluiría acuerdos generales sobre áreas importantes sin ninguna noción previa de cuáles podrían ser las consecuencias derivadas de cualquier acuerdo concreto ya alcanzado? ¿Las negociaciones continuarían, pero serían más reservadas que nunca?
Los tres gobiernos deberían dar un paso atrás respecto de la necesidad a menudo declarada de que las renegociaciones del TLCAN se completen antes de las elecciones mexicanas de julio y / o las elecciones intermedias de los Estados Unidos en noviembre. En cambio, nuestros tres gobiernos deberían tomarse el tiempo para armar un plan de acción sólido para construir un acuerdo comercial justo y equitativo que asegure que en cada país todos los sectores de la sociedad serán los beneficiarios.
Como lo vemos, la renegociación del TLCAN podría presentar una oportunidad para un debate público serio sobre muchas de las disposiciones perjudiciales en ese acuerdo comercial, como poner un plazo de término de la solución de controversias inversionista-estado que se encuentra en el Capítulo 11, que da a las corporaciones la capacidad de demandar a los gobiernos por leyes de interés público en tribunales privados que no rinden cuentas, al tiempo que establece que las ganancias corporativas podrían reducirse. Difícilmente podemos creer que tanto Canadá como México, los dos países más demandados bajo el Capítulo 11 del TLCAN (donde Estados Unidos aún no ha perdido un caso), sean los defensores más entusiastas de mantener tales disposiciones favorables a los inversores. Los sistemas judiciales nacionales en cada uno de los tres países deberían ser los jueces principales de las demandas de los inversores. Las empresas podrían incluso contratar pólizas de seguro para cubrir cualquier gasto imprevisto fuera del país.
Al mismo tiempo, continuamos oponiéndonos al proceso de negociación ultra secreto del TLCAN que podría resultar en algunos de los peores aspectos de la Alianza Transpacífica (TPP) y otros acuerdos comerciales que están codificados en un TLCAN 2.0. Muchos de nosotros hemos dado la voz de alarma y presentado serias demandas a través de numerosas declaraciones públicas como: la Declaración Trinacional de mayo de 2017 que ha sido actualizada en 2018, primero por una lista detallada de demandas de los sectores sociales mexicanos, y luego por una carta respaldada por más de 1,000 grupos de la sociedad civil de una amplia gama de sectores en los Estados Unidos.
Los canadienses también han pedido transparencia a los negociadores de su gobierno con poco éxito. El gobierno canadiense también se ha mostrado reacio a publicar los resultados de una consulta pública sobre el TLCAN que habían encargado en 2017. El 11 de abril de 2018, la organización OpenMedia informó que el gobierno canadiense había recibido 46,400 presentaciones públicas. Ottawa le pidió a Open Media que si querían ver los resultados de esas presentaciones de consulta presentara una solicitud de acceso a la información (ATI). En respuesta a una ATI presentada por Bloomberg News el 17 de abril de 2018 el gobierno canadiense le entrego una muestra de solo 200 cartas de consulta y correos electrónicos, o sea menos del 0,50% de todas las presentaciones recibidas por Ottawa. El gobierno canadiense necesita publicar todos los hallazgos de la consulta y explicar cómo eso se ha reflejado en sus posiciones de negociación.
El presidente de los Estados Unidos, Trump, ha estado “tuiteando” recientemente para obtener un acuerdo político acelerado sobre NAFTA 2: 0 que se finalizará en cuestión de semanas. Los informes noticiosos indican que después de nueve meses de renegociaciones solo un puñado de ‘capítulos’ de un futuro NAFTA 2: 0 han sido ‘cerrados’ (lo que significa que las negociaciones se han completado), mientras que una multitud de otros capítulos avanza lentamente, si es que lo hace. Si de hecho se han completado algunos capítulos, pedimos a los gobiernos canadiense, mexicano y estadounidense que publiquen estos capítulos ‘cerrados’ para que la gente en los tres países pueda juzgar qué se está logrando con estas conversaciones (qué se gana-qué se pierde).
El gobierno de Peña Nieto tiene las calificaciones de aprobación pública más bajas de la historia reciente y, debido a eso, desde una perspectiva mexicana, no se puede confiar en que actúe en el mejor interés de México. El Ministro de Relaciones Exteriores de México y su Secretario de Comercio parecen estar continuamente en Washington para apaciguar al presidente Trump después de cada uno de sus tweets, pero con un juego final de tratar de complacerlo para salvar un tratado que ha beneficiado principalmente a un pequeño grupo de magnates corporativos.
Paradójicamente, la única área en la que el gobierno de México ha mantenido una posición firme es en negarse a siquiera discutir el asunto necesario y urgente de un aumento salarial en México como parte de un TLCAN 2: 0. Esta justa demanda proveniente de la mayoría de los actores sociales mexicanos también es apoyada en Canadá y los EE. UU. Recientemente, el gobierno de México parece haber suavizado su posición sobre esta cuestión frente a la fuerte presión sindical trinacional y debido a una carta firmada por 94 legisladores estadounidenses piden al principal negociador de su país que garantice que los derechos laborales se fortalezcan y se protejan en cualquier nuevo acuerdo del TLCAN.
Frente a esta presión considerable, México ha propuesto que los aumentos salariales se limiten al sector automotriz globalizado. Esto sería un avance positivo, aunque extremadamente limitado dado que esos empleos representan solo el 0,77% del empleo total en México, y de hecho mantendría el dogma obsoleto de que una posición competitiva se basa necesariamente en mantener los salarios bajos y empobrecer a los trabajadores.
Los sectores agrícolas en los tres países han sufrido durante casi 25 años el TLCAN. Rechazamos las demandas de mano dura y las amenazas de represalia al programa de administración de suministros de Canadá que ahora están saliendo de Washington, y pedimos al Gobierno de Canadá que se mantenga firme en negar cualquier concesión en esta área. Los agricultores estadounidenses y las comunidades rurales están sufriendo por precios históricamente bajos de muchos productos básicos, incluidos productos lácteos, pero la respuesta no está en destruir el exitoso programa de Canadá que garantiza que los agricultores obtengan precios justos por su producción y al mismo tiempo suministren alimentos sanos sin hormonas de crecimiento y la aplicación excesiva de antibióticos en rebaños lecheros. Hacemos un llamado a la implementación de medidas para proteger los derechos de los consumidores a saber dónde y cómo se producen sus alimentos. También hacemos un llamado a los negociadores mexicanos para que adopten una posición firme y reviertan la práctica seguida desde el inicio del TLCAN de inundación de productos agrícolas subsidiados de los Estados Unidos en el mercado mexicano, que ha tenido consecuencias tan devastadoras en el México rural.
A pesar de las declaraciones propagandísticas provenientes de los tres gobiernos, todos los indicios apuntan a importantes concesiones hechas a las empresas transnacionales que serán muy negativas para nuestros países. Por ejemplo, la prolongación de la protección de patentes para medicamentos y la profundización de otros aspectos de la propiedad intelectual serán un ataque contra nuestra salud y nuestra privacidad y nuestros derechos digitales, todo en nombre del aumento de las ganancias corporativas.
La biodiversidad corre el riesgo de verse comprometida y se hacen concesiones sobre las reglas de origen, en respuesta a las demandas de Trump. Por el contrario, los continuos esfuerzos por “desregular” tendrán un impacto negativo en los derechos humanos fundamentales así como en el medio ambiente, aunque se han realizado pocos esfuerzos para revisar la fallida estrategia militarista sobre el narcotráfico, ni se ha impulsado un control efectivo del cruce de armas las fronteras de los Estados Unidos a México, así como a Canadá, y que han causado tantas muertes en ambos países.
El futuro de la existencia humana depende de que se preste atención inmediata a revertir el cambio climático. Recomendamos encarecidamente leer el reciente estudio trinacional titulado NAFTA 2.0: ¿Para las personas o para los contaminadores? * Los autores de este documento explican cómo el acuerdo actual del TLCAN vincula a los tres países con un futuro de combustibles fósiles y cómo las renegociaciones actuales podrían empeorar los problemas ya evidentes. También dejan en claro que el TLCAN fue escrito para apoyar a los contaminadores corporativos y no a las comunidades afectadas por el cambio climático.
Por años, el movimiento trinacional para el comercio justo y la inversión ha planteado numerosas críticas basadas en la evidencia sobre las formas en que el TLCAN ha contribuido a la desigualdad económica y social, la degradación ambiental y el empeoramiento de los sistemas agrícolas y de alimentos. Estas observaciones siempre han estado acompañadas de propuestas alternativas para lograr relaciones económicas justas y sostenibles entre nuestros países. Reconocemos plenamente que los ganadores y perdedores del TLCAN nunca han sido países en su conjunto, sino más bien sectores dentro de cada país. Los trabajadores, agricultores y consumidores en los tres países han perdido bajo las reglas del TLCAN diseñadas para facilitar el libre flujo de bienes y capitales a través de las fronteras, mientras que las grandes corporaciones transnacionales han ganado un control cada vez mayor sobre nuestras economías.
Pedimos a los gobiernos que expliquen el alcance de este llamado acuerdo “en principio”. El proceso de intensificación de estas conversaciones del TLC representa una presión adicional que conduce a un nivel aún mayor de secretismo, y no es un buen augurio para las personas de cada país. Representa el temor de que el público votante exprese sus deseos a través de las urnas, una voz en gran medida silenciada por el secreto que rige estas conversaciones comerciales.
Rechazamos el acuerdo ‘en principio’ como no más que un ejercicio cínico de relaciones públicas que enmascara la intención real detrás de estas negociaciones secretas. Hacemos un llamado a los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México para que suspendan las negociaciones hasta que haya un ambiente más hospitalario y, mientras tanto, publiquen los textos acordados y comiencen un proceso consultivo auténtico con los legisladores y la sociedad civil de todos tres países. Cada país debería hacer un balance y volver a enfocarse en lograr un acuerdo de comercio justo e inversión basado en un modelo de cooperación de tres países que asegure el desarrollo sostenible y aborde las desigualdades dentro de cada uno de nuestros países y entre los tres países de América del Norte.
Organizaciones firmantes
De la Categoría: Declaraciones
Imagen tomada de https://movimientos.org
Enviado por Nicolas Boeglin.
Fuente original http://www.rmalc.org/declaracion-trinacional/
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Así título el diario mexicano La Jornada la nota en la cual da cuenta del pronunciamiento de las rectoras y los rectores de América Latina y del Caribe, en relación con las políticas del presidente de Estados Unidos de América. Otros medios que dieron resonancia a la voz de quienes lideran las casas de enseñanza superior son Pulso, diario de San Luis; y Primera Hora, de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Así informó La Jornada: Los rectores y rectoras de las universidades latinoamericanas y del Caribe se pronunciaron este viernes en contra de la xenofobia y la segregación que impulsa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la construcción de un muro en la frontera con México.
Reunidos en la VII Asamblea General de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), los representantes de las universidades más importantes de la región rechazaron en un manifiesto «la política de segregación del gobierno norteamericano» y se solidarizaron con el pueblo de México.
Demandaron una acción enérgica de los gobiernos y sociedades latinoamericanas y del Caribe a defender la libertad de tránsito en un mundo sin barreras y sin discriminación.
«Los muros como la militarización de las fronteras van en contra de la convivencia civilizada de los pueblos americanos«, sostuvieron en un mensaje difundido al concluir los trabajos de la UDUAL que se celebraron desde el jueves en la Antigua Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
«Nuestra región forma parte de la comunidad y la cultura de toda América incluidos los Estados Unidos: los flujos de migración han creado históricamente la diversidad cultural de aquella sociedad, fortaleciendo su crecimiento económico y generando una ciudadanía multicultural. Negar esta historia, con muros y militares, no la suprime«, dice el texto firmado por el presidente de la UDUAL y rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen Pennington, y el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers.
La UDUAL agrupa a 200 universidades en 22 países de América Latina, entre las que están instituciones como la Universidad de Buenos Aires, Argentina, Universidad de La Habana, Cuba, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de los Andes, Venezuela.
«Nuestras universidades, como casas de cultura y conocimiento, se hacen solidarias con el pueblo de México que ha hecho de la vecindad un valor de integración cultural«.
Foto de La Jornada http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/04/06/universidades-se-pronuncian-contra-xenofobia-de-trump-9875.html
Información compartida con SURCOS por Henning Jensen Pennington, rector de la UCR y presidente de la UDUAL.
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NicolasBoeglin (*)
Las recientes observaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a Costa Rica en materia de derechos humanos constituyen una nueva advertencia sobre la imperiosa necesidad de remediar álgidos temas de derechos humanos que se han venido postergando desde varios años. Tratándose de un Estado que durante más de dos años se mantuvo en una situación incómoda al desacatar un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estas y otras advertencias anteriores hechas desde Naciones Unidas ameritan ser objeto de especial atención por parte de las autoridades. Adicionalmente, merecen ser conocidas y divulgadas en su integralidad por las organizaciones sociales que denuncian, desde muchos años, la peligrosa deriva que exhibe el aparato estatal costarricense en la materia.
En días recientes, algunos medios de prensa (en particular digitales) en Costa Rica han informado sobre las observaciones hechas al informe presentado por Costa Rica en materia de derechos humanos por parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Nota 1). Como bien se sabe, este órgano es uno de los diez denominados “órganos de tratados de Naciones Unidas” encargados de velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados Partes en diez distintos instrumentos internacionales (ver listado oficial ).
Al Comité de Derechos Humanos le corresponde monitorear únicamente el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de 1966, el cual ha sido ratificado por Costa Rica en 1968.Notemos que, en el caso de Costa Rica, al resistirse a ratificar (e incluso a firmar…) la Convención Internacional de 1990 sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (ver estado de ratificación oficial de este instrumento) son nueve órganos de tratados los llamados a evaluar regularmente a Costa Rica y no diez. De manera a ser completo, habría que añadir a estos mecanismos convencionales, los mecanismos no convencionales de Naciones Unidas: los cuales en la actualidad cuentan con 39 mandatos temáticos en materia de derechos humanos (ver listado oficial que distingue a los “expertos independientes” de los “relatores especiales” y “grupos de trabajo”, según la terminología oficial), así como por 14 mandatos por país (ver listado oficial). En los últimos cinco años, Costa Rica recibió la visita de tres de ellos, como lo veremos a continuación.
Si bien varios de los órganos de tratados pueden examinar y recibir comunicaciones individuales, y emitir una resolución al respecto, su labor principal se centra en analizar y comentar los informes periódicos sobre cumplimiento de cada tratado que envía cada cierto tiempo el Estado Parte.
Las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos al sexto informe presentado por Costa Rica fueron precedidas por una comparecencia de una delegación oficial de Costa Rica en la sede ginebrina de Naciones Unidas, realizada a mediados del mes de marzo del 2016. La delegación que se presentó ante los integrantes del Comité de Derechos Humanos fue encabezada por el Vice Canciller de Costa Rica.
En el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores del 17 de marzo del 2016, Costa Rica había indicado su satisfacción con relación a este debate y se leyó además en su comunicado que: “El Comité agradeció a Costa Rica por el espíritu constructivo con el que abordó el diálogo y por el envío de una delegación de alto nivel, representativa de diferentes poderes del Estado y por la paridad de género. En sus palabras finales, el Presidente del Comité, el argentino Fabián Salvioli recordó que los juristas latinoamericanos de su generación se formaron estudiando la jurisprudencia histórica de la sala constitucional de Costa Rica y otras de sus instituciones” (Nota 2).
Cabe señalar que la delegación oficial de Costa Rica incluyó a una congresista (ver nota de prensa). Llama la atención que un órgano del mismo Estado costarricense presentara un informe independiente (ver texto completo) al Comité, como complemento al informe oficial presentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica: se lee en esta nota del 16/03/2016 de Elpais.cr titulada «Costa Rica asegura cumplir obligaciones internacionales en DDHH» la siguiente frase: «La Defensoría presentó un informe independiente al Comité y fue recibida en audiencia privada ante el Comité». Al revisar la titulación del informe de la Defensoría, se lee que se trata de un “informe alternativo independiente”. Si bien los informes de entidades nacionales de derechos humanos pueden en algunos casos completar la información oficial brindada al Comité, tradicionalmente, los términos “informes independientes”, o “informes alternativos” son reservados a informes elaborados por comunidades afectadas, organizaciones de víctimas y más generalmente, por organizaciones de la sociedad civil.
Desde la semana pasada están disponibles en este enlace oficial del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos. Este informe de Costa Rica se relaciona con las obligaciones jurídicas que derivan del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Salvo error de nuestra parte, estas recomendaciones han sido reproducidas de manera integral en Costa Rica únicamente en el sitio jurídico especializado de Derechoaldia.com (ver enlace).
De manera que nuestros estimados lectores tengan una perspectiva más integral, nos permitimos remitirlos a las observaciones finales realizadas en el 2007 por este mismo Comité al quinto informe presentado por Costa Rica (ver enlace). La comparación entre ambos documentos se impone, tanto en cuanto a su extensión como a su contenido (y al hecho que en el 2007, dichas observaciones finales del Comité de Derechos Humanos no dejaron rastro alguno en los medios de prensa de Costa Rica, como tampoco en la red).
Observaciones del 2007
En el 2007, la sección sobre “Principales motivos de preocupación y recomendaciones” del Comité de Derechos Humanos se reducía a 7 puntos (puntos 7 a 13 de sus observaciones finales). Antes de detallarlas, dicho Comité lamentó “… no obstante, que ningún experto en los temas cubiertos por el Pacto, con responsabilidades relevantes en el país, haya asistido a la presentación del informe, lo que dificultó el diálogo entre el Comité y el Estado parte” (punto 2).
Entre algunos de los señalamientos hechos en el 2007, podemos citar el relacionado con la actuación de las autoridades de Costa Rica con los solicitantes de asilo provenientes de Colombia. En el punto 7, el Comité señaló que: “7. El Comité observa con preocupación que la información sobre los nombres de cerca de 9000 refugiados colombianos fue indebidamente compartida por las autoridades de Costa Rica con las autoridades Colombianas. (Artículos 2 y 13). El Estado parte debería tomar medidas para respetar plenamente el principio de confidencialidad de los expedientes personales de los solicitantes de asilo y refugiados”.
Indica además, en el punto 13, con relación a los migrantes colombianos,otro hecho que le llamó la atención: “13. El Comité observa con preocupación las declaraciones efectuadas a través de la prensa por autoridades del Estado parte, estigmatizando a los colombianos en general, y a los refugiados colombianos en particular, al relacionarlos con el aumento de delincuencia en Costa Rica (Artículos 2, 20 y 26). El Estado parte debería velar por que los funcionarios públicos se abstengan de formular declaraciones públicas de índole xenofóbico, que estigmaticen o estereotipen a los extranjeros”.
Otros señalamientos como los relacionados al recurso abusivo a la prisión preventiva (punto 8), las deplorables condiciones de detención (punto 9), la debilidad de las políticas para luchar contra la trata de mujeres y niños (punto 12), evidencian que, a casi 10 años de haberse dadas a conocer, estas recomendaciones internacionales no han dado lugar a mayor esfuerzo por parte de aparato estatal costarricense para remediar de manera efectiva los problemas detectados.
Observaciones del 2016
En las observaciones finales del 2016 presentadas al sexto informe de Costa Rica, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas se muestra mucho más amplio. Su valoración crítica sobre la realidad de Costa Rica en materia de derechos humanos tiende a expandirse: la sección “Principales motivos de preocupación o recomendaciones” ya no se limita a 7 puntos como en el 2007, sino que se extiende del punto 5 al punto 43, cubriendo muy diversos y variados ámbitos en los que Costa Rica, pese a algunos esfuerzos, incumple de manera notoria sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En algunos casos (prisión preventiva, condiciones de detención),los integrantes del Comité reiteran algunas de sus observaciones anteriores ante la poca efectividad de la acción estatal. La misma preocupación en estas materias (prisión preventiva, condiciones de detención, abusos de autoridad, malos tratos) habían sido objeto de señalamientos en el 2008 por parte de otro órgano de tratados de Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura (CAT) con relación a Costa Rica (ver observaciones finales, en particular puntos 5 y 11-18): una reciente visita de la Relatoría de Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre derecho de las personas privadas de libertad (ver nota con acceso a informe dado a conocer el 11 de marzo del 2016 sobre la situación encontrada en Costa Rica) evidencia que lejos de solucionarse, los problemas detectados en el 2008 por el CAT, han tendido a agravarse significativamente.
La lectura de la extensa sección “Principales motivos de preocupación o recomendaciones” contenida en las observaciones finales hechas por el Comité a Costa Rica en el 2016 confirma que, en varios campos, Costa Rica mantiene una deuda cada vez más pesada con varios sectores de su población en cuanto al ejercicio de los derechos consagrados jurídicamente en el PIDCP: mujeres, niños trabajadores, poblaciones afro descendientes, parejas del mismo sexo, familias deseosas de procrear artificialmente, portadores del VIH Sida, trabajadores migrantes, poblaciones indígenas, privados de libertad, entre muchos otros sectores. De manera que el lector se haga él mismo una idea del alcance de cada una de las observaciones realizadas, lo remitimos al enlace oficial antes indicado de Naciones Unidas que las contiene en su integralidad, y que, tal y como se puede observar, incluye muchos ámbitos, además del tema del aborto (que parece haber sido el único en acaparar la atención en estos primeros días del mes de abril del 2016 en Costa Rica) (Nota 3).
Entre algunos de los puntos álgidos, que no parecieran ameritar interés alguno por parte de los decisores políticos, podemos citar los puntos 41 y 42 sobre los derechos de los pueblos indígenas: “41. Preocupa al Comité que el proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas aún no ha sido aprobado y que aún no se haya adoptado un mecanismo legal que garantice la consulta previa de los pueblos indígenas en relación a la toma de decisiones que pudieran afectar al ejercicio de sus derechos. A pesar del reconocimiento legal del derecho que tienen los pueblos indígenas a las tierras y territorios que tradicionalmente han poseído u ocupado, preocupa al Comité la limitada protección al ejercicio de estos derechos en la práctica y que algunos pueblos indígenas hayan sido víctimas de ataques por conflictos de tierra (arts. 27)”.
Esta mención cobra mayor relevancia si recordamos que James Anaya, Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, emitió un informe en el 2011 luego de su visita a Costa Rica (ver texto completo de su informe presentado en mayo del 2011, en particular la sección “Cuestiones de fondo más allá del proyecto hidroeléctrico”, puntos 41-48). De igual forma, posteriormente a su visita en julio-agosto del 2013, John Knox, Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre la Cuestión de las Obligaciones de Derechos Humanos relacionadas con el Disfrute de un Medio Ambiente, publicó un informe (documento A/HRC/25/53/Add.1 del 8/04/2014y poco divulgado en medios de prensa así como por parte de las autoridades salientes de Costa Rica del 2014), en el que el experto recordaba a Costa Rica algunas de las obligaciones internacionales con respecto a las poblaciones indígenas, objeto de varios desarrollos (puntos 47 a 51 de su informe) y de una recomendación (punto 65) que se lee de la siguiente manera: «en lo que se refiere al proyecto hidroeléctrico El Diquís, el experto independiente recomienda al Estado que siga celebrando consultas con los pueblos indígenas que puedan resultar afectados, aprovechando la labor de facilitación del equipo de las Naciones Unidas en el país y teniendo en cuenta que las consultas deben tener por objeto conseguir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados».
De una manera similar, podemos citar las recomendaciones – algunas de carácter urgente – contenidas al final del informe presentado en junio del 2009 luego de visitar Costa Rica por Catarina Albuquerque, Experta Independiente de las Naciones Unidas sobre Agua, Saneamiento y Derechos Humanos (ver informe A/HRC/12/24/Add.1, en particular el punto 70 con relación a las poblaciones indígenas, disponible en este enlace que reúne varios documentos: buscar en esta página o la siguiente “Informe de la Experta independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento, Catarina de Alburquerque – Adición – Misión a Costa Rica –“ disponible en los seis idiomas oficiales de Naciones Unidas). Los puntos 74-88de este informe del 2009 constituyen recomendaciones de carácter urgente, a la fecha pocamente atendidas por el Estado (lo cual puede explicar – al menos en parte – la crítica situación del recurso hídrico que enfrentan varias comunidades en distintas partes de Costa Rica).
En materia de derechos de las comunidades indígenas, cabe mencionar que en sus observaciones finales del año 2007 al informe presentado por Costa Rica (ver texto de dichas observaciones), otro órgano de tratados de Naciones Unidas, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) hizo referencia a su solicitud hecha desde el 2002 a Costa Rica y “exhorta /ba/ una vez más al Estado Parte a que elimine cuanto antes los obstáculos legislativos que impiden la aprobación del proyecto de Ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas” (punto 9). Pese a la exhortación hecha a Costa Rica del 2002, reiterada en el 2007 por parte de los miembros del CERD, el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas (Expediente no. 14352) se mantiene como proyecto en los archivos de la Asamblea Legislativa, y muchas de las poblaciones indígenas costarricenses, en situación de indefensión.
A ese respecto, recordemos que en el 2015, Costa Rica recibió una solicitud de medidas cautelares ante la dramática situación vivida por las poblaciones indígenas en Salitre (Nota 4).
Otro punto de las observaciones hechas en el 2016 por el Comité de Derechos Humanos que, en nuestro modesto parecer, amerita una mención es el punto 10 en el que leemos que: “10. El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos por erradicar los estereotipos y la discriminación contra los miembros de pueblos indígenas, personas afrodescendientes, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, y las personas con discapacidad, entre otras cosas poniendo en marcha campañas de concientización a fin de promover la tolerancia y el respeto de la diversidad. El Estado parte debe acelerar la adopción de una Ley para Prevenir y Sancionar todas las Formas de Discriminación, asegurándose que incluya una prohibición general de la discriminación por todos los motivos que figuran en el Pacto e incorpore disposiciones que permitan obtener reparación en casos de discriminación, racismo o xenofobia, mediante recursos judiciales eficaces y adecuados”. En esta materia, pese a innumerables casos de humillaciones y vejámenes sufridos por los integrantes de las poblaciones señaladas por el Comité, el Estado costarricense no ha desarrollado mayormente su legislación, incluyendo la penal, con lo cual actos que podrían calificar en otros Estados como crimen de odio, instigación al odio, a la discriminación o a la xenofobia no encuentran eco alguno en materia represiva. En el caso específico de la población nicaragüense, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su decisión (ver texto completo) sobre el caso de Natividad Canda Mairena (nicaragüense, destrozado por dos perros Rottweiler, en noviembre del 2005, en la Lima de Cartago, ante la mirada de bomberos, transeúntes, camarógrafos y personeros de fuerzas policiales) había advertido en el 2007 que: “Los Estados que, como Costa Rica, tienen bajo su jurisdicción a una elevada cantidad de inmigrantes no pueden dejar de tomar en consideración que éstos se encuentran en una situación de vulnerabilidad como sujetos de derechos humanos. Esta vulnerabilidad es aún mayor cuando un Estado acoge en su territorio a un alto número de ciudadanos de otro Estado, pues a menudo se genera en la población del Estado receptor una predisposición negativa hacia la población inmigrante. Esa predisposición negativa frecuentemente está acompañada de estigmatización social y, aunque manifestaciones de xenofobia o discriminación pueden estar latentes en toda sociedad, la población migrante es especialmente vulnerable a estas manifestaciones” (párrafo 293). En esta decisión del 2007, la Comisión rechazó la solicitud de Nicaragua al no haberse agotado los recursos internos en Costa Rica. Luego de varios años de procedimientos, en octubre del 2012, fueron absueltos todos los integrantes de las fuerzas de seguridad por los tribunales costarricenses (ver nota de La Nación).
Finalmente, entre muchos de los señalamientos realizados, quisiéramos incluir en estas muy breves referencias lo que se lee en el punto 25 por parte del Comité de Derechos Humanos, y que ameritaría una explicación detallada por parte de las autoridades: “25. Preocupa al Comité que el Estado parte no haya proporcionado información sobre investigaciones y sanciones por violaciones de derechos humanos cometidos por agentes del orden en centros de detención y por miembros de la Policía, especialmente relacionadas con tortura y malos tratos (art. 7 y 10)”.
Dejamos a cada uno de nuestros estimables lectores apreciar el tono de las advertencias y de los señalamientos que, desde varios años, vienen indicándole a Costa Rica la situación en la que se encuentran sus habitantes con relación al ejercicio efectivo de sus derechos. En nuestra modesta opinión, las recomendaciones hechas en el 2007 por el Comité de Derechos Humanos, por los expertos independientes precitados que procedieron a una visita in situ a Costa Rica en el 2009, 2011 y 2013, así como las recomendaciones del 2016 del Comité de Derechos Humanos, constituyen una útil herramienta que debiera ser objeto de especial atención por parte de las autoridades. Notemos que con posterioridad a la publicación del informe de Catarina Albuquerque en el 2009, Costa Rica circuló una airada nota (ver texto integral de la nota verbal circulada por la Misión de Costa Rica en Ginebra, A/HRC/12/G/3 del 07/09/2009) en la que detallaba las presuntas carencias del informe. Por ejemplo, con relación al tema de la piña y de la contaminación de los cuerpos de agua, el punto 4 precisaba que “sería importante conocer cuáles son las opciones que se les podrían brindar a los productores de piña en lugar de bromacil y diurón”: una crítica frontal a la experta de Naciones Unidas, entendible si proviniese del sector productivo, sorprendente al provenir del mismo Estado (Nota 5).
A los pocos días de la publicación de estas observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 2016, el Ministerio de Relaciones Exteriores optó por titular su comunicado oficial de la siguiente forma: “País cumple con sus obligaciones ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”. Más allá de este esfuerzo en materia de comunicación tendiente a ser un tanto reductor, dicho comunicado finaliza indicando que el Estado costarricense “apoya fuertemente el trabajo de los órganos de tratados de las Naciones Unidas, considera que el diálogo constructivo con los expertos de los Comités es una fuente fundamental para identificar las falencias en la implementación de nuestras obligaciones y alimentar la elaboración de políticas públicas inclusivas y respetuosas de los Derechos Humanos”(Nota 6).
No cabe duda que estas observaciones del 2016, así como las advertencias anteriores del 2007 y las demás brevemente mencionadas, constituyen en sí un desafío, en aras de rectificar paulatinamente la peligrosa deriva a la que se asiste en materia de derechos humanos en Costa Rica desde varios años.
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Nota 1: Ver al respecto las notas de Elpais.cr, de Elmundo.cr y de CRHoy publicadas en los últimos días de marzo. El 1ero de abril se publicó una nota en otro medio digital, Informa-tico. En la prensa escrita, se encontró esta modesta nota en DiarioExtra. Otro medio de prensa escrita como La Nación optó por informar a sus lectores de un solo señalamiento hecho a Costa Rica: el relacionado al aborto (ver nota de prensa del 31/3/2016). En el ámbito radial, en este enlace se puede escuchar una nota de Monumental, que se centra sobre el tema del aborto, pese a titularse “ONU señala deudas de Costa Rica en derechos humanos”.
Nota 2: En un comunicado oficial con fecha del 17 de marzo del 2016, día en que finalizaron las audiencias en Ginebra, se pudo leer por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica el siguiente texto, que a continuación nos permitimos reproducir en su integralidad:
“Concluye diálogo de Costa Rica con el Comité de Derechos Humanos – 17/03/2016 03:38 PM – 17/03/2016 03:47 PM. El diálogo de Costa Rica con el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas continuó este jueves 17 de marzo en Ginebra, en el Palacio Wilson, sede de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. El diálogo de Costa Rica con el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas continuó este jueves 17 de marzo en Ginebra, en el Palacio Wilson, sede de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Al inicio de la sesión, la delegación de Costa Rica continuó con las respuestas a las preguntas de los expertos que, por razones de tiempo, no pudieron ser atendidas la tarde anterior. Estas versaban sobre la protección del derecho a la vida, la libertad de expresión, la independencia de la Defensoría de los Habitantes, datos sobre administración de la justicia y sistema penal, la lucha contra la discriminación, y la representación política equitativa, entre otras. De seguido, los expertos hicieron sus valoraciones iniciales y plantearon nuevas preguntas sobre las condiciones del sistema carcelario, conflictos de posesión de tierras en territorios indígenas, y la dilación excesiva de los procesos judiciales en Costa Rica.
Una vez finalizada la segunda ronda de respuestas, el Vicecanciller Alejandro Solano, en su calidad de Jefe de la Delegación, señaló que Costa Rica siempre se toma estos ejercicios con mucha seriedad y además son una excelente oportunidad para reflexionar y adoptar medidas sobre el cumplimiento de los convenios de derechos humanos. Manifestó la receptividad del país para recibir recomendaciones que fueran razonables y pertinentes y renovó los votos de Costa Rica para con los órganos de tratados. El Comité agradeció a Costa Rica por el espíritu constructivo con el que abordó el diálogo y por el envío de una delegación de alto nivel, representativa de diferentes poderes del Estado y por la paridad de género. En sus palabras finales, el Presidente del Comité, el argentino Fabián Salvioli recordó que los juristas latinoamericanos de su generación se formaron estudiando la jurisprudencia histórica de la sala constitucional de Costa Rica y otras de sus instituciones.
La Delegación de Costa Rica tiene ahora 48 horas para presentar por escrito la respuesta a las preguntas que no pudieron responderse durante el diálogo. El Vicecanciller Solano se mostró satisfecho por la calidad del intercambio con el Comité y agradeció a todas las instituciones que colaboraron en dar respuesta a las preguntas, las cuales fueron coordinadas por la Dirección de Política Exterior de la Cancillería.
El Comité emitirá y hará públicas sus recomendaciones en el plazo de dos semanas«.
Nota 3: La discusión, un tanto enardecida, sobre el tema del aborto con el que ha iniciado el mes de abril del 2016 se origina en el artículo precitado publicado en La Nación el 31/03/2016 sobre las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos, titulado “ONU insta a Costa Rica a legalizar aborto en caso de violación”.
Nota 4: Remitimos al lector a nuestra modesta nota: BOEGLIN N., “Pueblos indígenas en Salitre: las medidas cautelares solicitadas a Costa Rica por la CIDH”, ObservatoirePolitique de l’Amérique latine et des Caraïbes (OPALC), Sciences-Po, Paris, 24/04/2015. Texto disponible aquí.
Nota 5: Sobre estas y muchas otras extrañezas del Estado costarricense con relación a los cuestionamientos ante los efectos negativos de la producción de piña de exportación (“Sweet Gold” o MD2), remitimos a nuestro breve estudio con ocasión de una audiencia celebrada ante los órganos regionales de derechos humanos en el 2015: BOEGLIN N., “La piña de Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, Global Research, 31/03/2015, disponible aquí.
Nota 6: En su comunicado oficial con fecha del 1ero de abril del 2016, se lee lo siguiente por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica: ”País cumple con sus obligaciones ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas – 01/04/2016 09:57 AM – Costa Rica celebra que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acogiera con satisfacción la presentación del sexto informe del país, conforme las obligaciones establecidas en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Después de haber presentado el informe escrito, el país participó en el examen oral con una delegación de alto nivel, presidida por el Vicecanciller Alejandro Solano, los días 16 y 17 de marzo pasado, en Ginebra.
El día de ayer, fue publicado un avance de las observaciones finales del Comité. El Estado costarricense y la Comisión Interinstitucional para el Seguimiento e Implementación de las Obligaciones Internacionales de Derechos Humanos, reunida esta mañana en la sede de la Defensoría de los Habitantes, dieron la bienvenida a las recomendaciones del Comité que serán una importante guía para continuar con los esfuerzos nacionales para promover, proteger y respetar los Derechos Humanos.
El Comité celebró varios aspectos positivos del desempeño nacional, entre ellos, la modificación del artículo primero de la Constitución Política que reconoce el carácter multiétnico y pluricultural del Estado, la ley contra la Trata de Personas y la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia y su Plan de acción. Además, acogió favorablemente la reciente ratificación de importantes instrumentos internacionales.
El procedimiento de presentación de informes previsto en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos es de naturaleza informativa, no contenciosa. No obstante, como es la práctica en ese tipo de mecanismos de Derechos Humanos, el Comité también expresó sus preocupaciones y brindó una serie de recomendaciones al país.
Algunas de las preocupaciones se refirieron a la persistencia de la discriminación estructural contra miembros de pueblos indígenas y personas afrodescendientes, a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado que fueron reconocidos por el Comité; así como la falta de una política integral sobre la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, a pesar de las diversas medidas adoptadas por el país en la materia. Igualmente, el Comité indicó que, a pesar de las medidas adoptadas, le preocupaba la significativa brecha salarial existente entre hombres y mujeres y la ausencia de protocolos sobre el aborto en los casos permitidos por la ley (aborto terapéutico). Además, los expertos manifestaron preocupación por la persistencia de hacinamiento en los lugares de detención, a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado.
Entre las principales recomendaciones, se solicitó al Estado Parte garantizar que la Comisión Interinstitucional cuente con los medios adecuados para el eficaz desempeño de sus funciones, acelerar la adopción de una Ley para Prevenir y Sancionar todas las Formas de Discriminación que incluya una prohibición general de la discriminación, asegurar que todos los servicios de salud sexual y reproductiva sean accesibles para todas las mujeres y adolescentes y adoptar medidas eficaces para mejorar las condiciones de los centros penitenciarios y reducir el hacinamiento, incluyendo el uso de medidas alternativas a la privación de libertad.
El estado costarricense apoya fuertemente el trabajo de los órganos de tratados de las Naciones Unidas, considera que el diálogo constructivo con los expertos de los Comités es una fuente fundamental para identificar las falencias en la implementación de nuestras obligaciones y alimentar la elaboración de políticas públicas inclusivas y respetuosas de los Derechos Humanos”.
(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
*Imagen con fines ilustrativos tomada de la página principal de la Universidad de Costa Rica.
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Andrea Marín Castro,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
Las Cátedras Internacionales de la Universidad de Costa Rica realizaron el Foro Internacional Derechos Humanos minorías y universalismo con el objetivo de analizar y discutir distintos temas.
En la actualidad, el conflicto armado en Siria y la crisis humanitaria de refugiados es un tema de relevancia y preocupación mundial. El Mag. Sergio Moya Mena, profesor de la UCR y de la Universidad Nacional (UNA) se refirió al papel de Europa ante esta situación.
Según su criterio, los países europeos deberían tomar las medidas necesarias para apoyar los mecanismos de registro y acogida efectivos de los refugiados, así como cumplir con los compromisos de reubicación adquiridos. De igual manera, distinguir claramente entre la problemática de los refugiados y las amenazas a la seguridad relacionadas al terrorismo.
“El problema de los refugiados es un problema global hay una responsabilidad planetaria, pero hay quienes tienen una responsabilidad más grande que otros”, recalcó Moya.
El especialista hizo una fuerte crítica al actuar de la Unión Europea, especialmente al acuerdo que se hizo con Turquía, el papel de la OTAN en el conflicto y la legislación reciente que se ha aprobado en algunos países, a la que catalogó como anti migrante y xenófoba.
Por su parte, el Dr. Günther Maihold, conversó acerca de la justicia transicional y derechos humanos en las negociaciones de paz en Colombia.
Maihold señaló los elementos que caracterizan un sistema de justicia transicional integral que son las acciones penales, las reparaciones a favor de las víctimas, las reformas a instituciones públicas implicadas en abusos y las comisiones de la verdad.
En el caso colombiano no se ha logrado un acuerdo de paz que involucre a todas las partes.
“Esto es un reto que no se ha conocido en otros casos, que hay que definir posiciones de paz y justicia transicional mientras sigue el conflicto. Esto es una situación específica que complica de manera especial la solución de la paz y la consecución de un acuerdo entre las partes”, expresó.
Además agregó que el reto principal de este proceso es poner a funcionar la justicia especial ya que hasta el momento en las investigaciones de la Fiscalía hay 3580 personas de las FARC que se van a inculpar y más de 8000 imputados de las Fuerzas Armadas.
“Ahí está el tema para América Latina y la comunidad internacional, que va a tener que apoyar este proceso porque es esencial para la reconciliación nacional, es esencial para que el pueblo, los ciudadanos sean capaces de ser parte de una paz real y no solamente haber visto la firma de un papel”, concluyó.
Otro de los conferencistas, el Sr. Kyung-Sik Suh de la Universidad de Tokio Kiezai, habló sobre la búsqueda de un nuevo universalismo en el contexto del este asiático. En su charla se refirió al papel de Japón en relación con los refugiados y a su posición con respecto a la política internacional de Estados Unidos.
Subrayó que el gobierno japonés ha cerrado las puertas a los refugiados, que los movimientos xenófobos son más comunes entre la ciudadanía y que hay una tendencia creciente a irrespetar los derechos humanos.
“Un ejemplo adicional de esto es que Japón, bajo el gobierno de Abe, se limita a solidificar su posición subordinada dentro del orden mundial hegemónico de los Estados Unidos. Japón está saliendo de la región del Pacífico, y esto es una seria amenaza para la paz mundial”, criticó Suh.
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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Comunicado de Prensa
Diputado Juan Luis Jiménez Succar debe disculparse por su comentario racista en contra de los pueblos indígenas costarricenses
¡Le exigimos que lo haga!
En una entrevista para un medio de comunicación colectiva radiofónico que escuchamos esta mañana de jueves 26 de marzo de 2015, el diputado Juan Luis Jiménez Succar, jefe de la fracción parlamentaria del Partido Liberación Nacional (PLN), expresó la infeliz, discriminatoria, xenofóbica y racista frase de que “es como poner a un indio a repartir chicha”, para calificar las recientes destituciones de embajadores que el actual Gobierno ha realizado por comentarios públicos de éstos en temas controversiales, todo lo cual es de amplio conocimiento público.
Entendemos que el citado legislador quiso dar a entender que en su propio y personal criterio, las designaciones diplomáticas efectuadas por la presente administración gubernativa del país han sido “desacertadas”; criterio éste que en esta organización no compartimos, valga la aclaración.
En todo caso, el interés central de nuestro reclamo público es para exigirle al diputado Jiménez Succar que, de manera pública, le pida disculpas a los pueblos indígenas costarricenses por su racista y xenofóbico comentario; lleno de carga negativa y de alta intencionalidad despectiva y denigrante para los y las compatriotas costarricenses quienes, a mucha honra, pueden exhibir su condición sociocultural y étnica de ser pueblos indígenas de nuestro país, poseedores de una inteligencia individual y colectiva extraordinaria; pero víctimas de una historia de siglos de exclusión social, de desigualdad, de relegamiento y objeto de burlas sistemáticas, de denigraciones repugnantes y de descalificaciones étnicas que merecen la más enérgica condena, como en este caso debe ser condenada la expresión del citado legislador, de hondo contenido racista.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Enviado a SURCOS Digital por ANEP.
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Acto de xenofobia y ataque contra la libertad de expresión
Con un comunicado oficial a través de su página oficial en una red social y por tanto usando recursos públicos, la Municipalidad de Talamanca atacó, intimidó y censuró a ciudadanos del cantón que han presentado denuncias ambientales.
Los activistas viven en el Caribe Sur y han realizado denuncias por daños ambientales ocasionados a los bosques, humedales y vida silvestre de la zona costera del cantón de Talamanca, incluyendo el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
Ante el atropello el abogado ecologista José María Villalta interpuso un recurso de amparo que busca condene al Alcalde de la Municipalidad de Talamanca a reparar e indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados, una retractación pública y abstener se incurrir en el futuro en violaciones similares en el fututo. Además de se investigue la posible comisión del delito de abuso de autoridad por parte del Alcalde de la Municipalidad de Talamanca.
Para los ecologistas no se puede tolerar la censura del ejercicio de derechos fundamentales para denunciar daños causados al ambiente y principio de igualdad. Resulta doblemente reprochable que por razón de su nacionalidad o su trabajo de denuncia se encubra el odio y la xenofobia llegando al extremo de «invitarlos» a abandonar el cantón, “y preferiblemente el país” su hogar desde ya hace varios años.
En síntesis, el comunicado oficial de la Municipalidad de Talamanca constituye una amenaza velada y promueve la intolerancia contra quienes presentan denuncias ambientales, abonando a que se comentan actos tan extremos como el asesinato del ambientalista Jairo Mora Sandoval.
Muchos casos y antecedentes
La rica y diversa zona del Caribe Sur ha sido escenario de varios casos de amenazas de muerte en el caso de la escritora Ana Cristina Rossi por su trabajo literario y de denuncia de destrucción del refugio Gandoca Manzanillo o el sufrido por activistas locales en la lucha anti-petrolera.
Tampoco es nueva la práctica de amenazar o demandar por parte de extranjeros, como en la lucha contra la contaminación de la empresa productora de tilapias que había saturado las cañerías de aguas negras y contaminaba con malos olores el centro de Cañas como represaría la empresa denunció penalmente a los extranjeros que acompañaron la lucha (2000).
Enviado a SURCOS Digital por Fecon.
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