Por: Bernardo Archer Moore Cahuita, 22 de julio, 2025.
Las playas del Caribe costarricense, tan admiradas por su belleza natural, ocultan una verdad alarmante: carecen de una administración efectiva y de protocolos claros de gestión y seguridad pública. En muchos casos, estas franjas costeras funcionan en la práctica como tierra de nadie, donde el Estado aparece solo para cobrar permisos, pero no para proteger vidas.
Más allá de las banderas de colores que indican teóricamente el nivel de peligro —sin vigilancia real ni consecuencias por ignorarlas—, bañistas nacionales y turistas internacionales se sumergen en el mar sin guía, advertencia ni presencia institucional visible. La gestión de estas zonas críticas parece haber sido delegada, por omisión, a la voluntad de los propios visitantes.
La Zona Marítimo Terrestre, que legalmente pertenece al Estado, es en realidad administrada por la costumbre y la informalidad, salvo cuando se trata de cobrar un canon por ocupación o exigir un trámite de concesión. Para lo demás —como la seguridad, prevención y atención de emergencias— no hay autoridad responsable, ni protocolos activados, ni rendición de cuentas. No basta con “recoger los cuerpos y ya” – como años atrás dijera una viceministra de la Presidencia con respecto al conflicto por tierras indígenas en la zona sur.
Por eso, cuando ocurren tragedias como la reciente y dolorosa muerte del actor Malcom-Jamal Warner en la playa de Cocles, la pregunta inevitable es: ¿Quién responde? ¿Quién vela por la vida humana en estas costas?
Porque si el Estado costarricense asume el derecho de cobrar por el uso del suelo costero, también debe asumir su deber de establecer y aplicar protocolos de seguridad, prevención de riesgos y atención inmediata. No basta con poner letreros. Se requiere presencia, capacidad de respuesta y responsabilidad institucional.
Hoy las playas son trampas mortales, no solo por las corrientes ocultas del mar, sino por la corriente aún más peligrosa de la negligencia oficial.
Organizado por vecinos de Brasilito que se mantienen en la lucha por el ambiente y la cultura
Esta comunidad se ha organizada por la defensa de árboles, el uso tradicional y contra la privatización de la playa en Punta Pelencho.
La comunidad de Brasilito ha expresado su preocupación por la reciente identificación de árboles en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) y la próxima elaboración de un camino asfaltado hacia Punta Pelencho, temiendo que esto afecte el ecosistema y el acceso público al lugar.
El proyecto, impulsado por la empresa Cantomar en acuerdo con la Municipalidad de Santa Cruz, propone una vía pavimentada de doble sentido. Sin embargo, los habitantes advierten que esto pondría en riesgo la fauna local, especialmente la conectividad biológica de especies como los monos congo, especie en peligro de extinción, además de modificar el uso tradicional del lugar y el acceso público a la playa.
Existen indicios de que la municipalidad pudo haber cedido irregularmente la administración de una calle pública para convertirla en una entrada privada con control de acceso 24/7, lo que limitaría la libertad de tránsito y podría constituir una privatización de hecho, contraria al ordenamiento jurídico costarricense.
El proyecto cuenta con viabilidad ambiental que fue aprobado en el 2007. El proyecto de 38.864 metros cuadrados está bajo el expediente D1-1286-2006-Setena, y tiene aprobación de viabilidad ambiental N° 2758-2007-Setena, es decir de hace 18 años.
En respuesta, se conformó el Comité Punta Pelencho, que busca proteger el equilibrio ecológico, garantizar el acceso público y promover un desarrollo sostenible que respete el entorno natural y cultural.
El comité solicitó a la Municipalidad de Santa Cruz el convenio de donación para conocer su contenido. Sin embargo, a pesar de múltiples solicitudes, la municipalidad no ha brindado una respuesta dentro del plazo de 10 días hábiles, limitándose a acusar recibo sin compartir el documento ni atender la solicitud de anulación por aparentes irregularidades.
Para el comité esta falta de transparencia es especialmente preocupante, ya que el proceso se ha llevado a cabo sin consulta previa a la comunidad, excluyéndola de un asunto con alto impacto ambiental y social. La comunidad continúa organizándose para evitar cambios que alteren la esencia de este sitio tan importante para ellos y ha venido organizándose para fortalecer el uso de este espacio como patrimonio cultural. En ese propósito se fomenta la presencia activa de la comunidad a través de actividades que refuercen el sentido de pertenencia y convivencia.
Bajo este marco, el Comité Punta Pelencho organiza el “Festival Tierra Viva Celebrado a nuestras mujeres” que tendrá lugar el próximo sábado 8 de marzo. Este día durante la mañana habrá un taller de movimiento creativo, zumba, mandalas en arena, búsqueda del tesoro en familia y presentaciones artísticas. Mientras que, durante la tarde, se tendrá una charla sobre prácticas de cuidados de la mujer, así como un círculo de cantos y música en vivo a cargo de Elypan y Yo Soy Canto Sagrado. Además, durante las actividades, habrá estaciones para el disfrute de niñas y niños.
Este es un gran espacio para informarse de la situación de Punta Pelencho, disfrutar de las actividades y apoyar a los emprendimientos locales. Las actividades son gratuitas y abiertas y la ubicación es https://maps.app.goo.gl/bygfXCT26wvHgnxY9
Cahuita es el único pueblo costero de Costa Rica que aún no ha sido tomado y transformado en un enclave turístico para ricos y famosos, fuera del alcance de los ticos con limitados recursos económicos.
Tengo la visión y la esperanza de que Cahuita puede y será salvada. Sin embargo, para hacer realidad ese sueño, es necesario que todas las personas que aprecian la cultura y estilo de vida de Cahuita se unan y colaboren hacia ese propósito.
Al igual que los ricos y famosos, el ciudadano medio y el trabajador común tienen derecho a tener un “patio de recreo frente al mar”: esta es la base fundamental de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre 6043 de 1977, que debe ser respetada.
Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin importar nuestra herencia étnica, el color de piel o la situación económica; todos llegamos a este mundo sin nada y nos iremos de él de la misma manera.
En los últimos años, he estado reflexionando sobre por qué el Todopoderoso me ha salvado de dos intentos de asesinato. Si mi colaboración con la resistencia popular de Cahuita es para defenderse del proceso final de gentrificación, así será.
Les aseguro, amigos y enemigos, que estaré aquí con ACUDHECA hasta que suenen las últimas campanadas.
*Asociación Promoción de la Cultura y Derechos Humanos de los habitantes de CAHUITA y Afines.
El 4 de noviembre de 2024 se realizó una audiencia crucial en el Tribunal Contencioso Administrativo sobre el caso que podría definir el futuro de las playas Cabuyal, Balsal y Carbonal, en Guanacaste. En este proceso legal, la Asociación para el Rescate de la Zona Marítimo Terrestre se enfrenta a la batalla más importante de su lucha por la restitución de la propiedad pública que ha sido ilegalmente privatizada.
En 2004 y 2005, una familia influyente vinculada al Partido Liberación Nacional (PLN) logró, con el apoyo del Consejo Municipal de Nicoya, aprobar planes para privatizar estas emblemáticas playas, que históricamente han sido consideradas parte del patrimonio público del Estado costarricense. A través de maniobras legales cuestionables, se logró que 69 hectáreas de las playas Cabuyal, Balsal y Carbonal pasaran a manos privadas, lo que representa una grave violación a la Ley de Zona Marítimo Terrestre.
Lo que parecía ser un atropello a la legalidad se concretó al registrar estas playas como propiedad privada, excluyendo a los ciudadanos y limitando el acceso público a estos ecosistemas esenciales, que son patrimonio no solo de Costa Rica, sino del mundo entero.
A lo largo de los años, la Asociación para el Rescate de la Zona Marítimo Terrestre ha luchado incansablemente por revertir este proceso. Tras una demanda interpuesta en 2015, la asociación ha trabajado en la defensa del acceso público a las playas y la preservación de su estatus como parte del dominio público. Ahora, en este crucial momento, el 4 de noviembre, se realizó la audiencia que podría ser determinante para recuperar lo que históricamente pertenece a todos los costarricenses.
¡Tu presencia es fundamental!
Es crucial que el pueblo costarricense se una a esta causa. La audiencia del 4 de noviembre no solo es un evento legal, sino también una muestra de la defensa del derecho al acceso público a las playas y al respeto por el medio ambiente. El futuro de nuestras playas está en juego, y la decisión que se tome podría sentar un precedente para la protección de las zonas marítimo-terrestres en todo el país.
Se hace un llamado a toda la ciudadanía, organizaciones sociales, ambientalistas, y a todos aquellos que valoran la justicia y el patrimonio natural de Costa Rica a estar pendientes del proceso en ell Tribunal Contencioso Administrativo para respaldar esta lucha histórica por la restitución de nuestras playas al pueblo costarricense.
¡No dejemos que la privatización de nuestras playas sea el futuro de Costa Rica! La lucha por la playa Cabuyal es la lucha por el acceso a la naturaleza para todos.
El recurso de amparo se interpuso contra el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), alegando que no se han ejercido las competencias de protección de los humedales ubicados en el litoral de Talamanca. El recurrente sostiene que la certificación SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017 omitió considerar dichos humedales.
La Sala Constitucional mediante sentencia declaró con lugar el recurso y ordenó al ACLAC complementar la certificación de Patrimonio Natural del Estado con el estudio denominado «Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca». La acción fue presentada por Marco Levy Virgo.
El ACLAC informó que dicho estudio no ha sido aprobado ni oficializado, sino que es una guía técnica interna. Sin embargo, no explicó por qué los estudios de 2017 son técnicamente superiores.
La Sala aplicó el principio precautorio y ordenó al ACLAC actualizar la certificación. Este principio establece que, ante la falta de certeza científica absoluta pero un riesgo de daño grave o irreversible al ambiente, se deben adoptar medidas eficaces para prevenir la degradación ambiental.
La Sala también ordenó a SETENA revisar la viabilidad ambiental otorgada, una vez que el ACLAC actualice la certificación de Patrimonio Natural del Estado.
El recurrente presentó un recurso de amparo contra el Área de Conservación La Amistad Caribe del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Alega que no se han ejercido las competencias de protección de los humedales ubicados en el litoral del cantón de Talamanca, según un informe técnico de junio de 2021 que delimita y caracteriza dichos humedales. Sin embargo, en la certificación de Patrimonio Natural del Estado de 2017 se omitieron algunos de estos humedales.
Pese a que desde 2021 el director del Área de Conservación gestionó la revisión y modificación de la certificación de 2017, al 12 de marzo de 2024 esta seguía siendo el único documento oficial. Esto evidencia que el Área de Conservación no ha actuado con diligencia para proteger adecuadamente el ambiente, los humedales y los bienes demaniales, vulnerando el artículo 50 constitucional y el principio precautorio.
Por ello, la Sala declaró parcialmente con lugar el recurso y ordenó que, en el plazo de 3 meses después de cumplir la orden de complementar la certificación de 2017 con el informe de 2021, se revise la delimitación del Patrimonio Natural del Estado contemplado en 2017 y se emita una certificación actualizada, que abarque y delimite la totalidad de las franjas de Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del cantón.
La carta expresa la preocupación sobre la resolución No 2024010951 emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual ordena revisar y actualizar la certificación SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017 que delimita el Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del cantón de Talamanca.
El autor, Marco Levy Virgo, solicita al ministro de Ambiente que informe sobre la situación jurídica de dicha certificación, con fundamento en los artículos 11, 27, 50 y 89 de la Constitución.
En 1994 se publicó en la Gaceta # 22 el primer plan regulador costero de Dominical de Osa, como parte del mismo y en línea con la ley que rige estos planes, se debía destinar un área para usos comunales, en este caso, se definió un lote registrado como Zona de Servicios Comunales (ZSC), con una medida aproximada de seis mil metros.
A finales de los años noventa, la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Dominical solicitó el uso de esa propiedad bajo la figura de concesión para construir un salón multiusos, sin embargo, no ha sido posible por dos razones, primero, debido a que se encuentra dentro de la Zona Marítimo Terrestre lo que imposibilita la realización del catastrado y segundo, porque en el 2007 el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) identificó un humedal en la propiedad.
Hechos recientes
El pasado 9 de abril, habitantes de la comunidad se percataron que funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se encontraban midiendo el lote, frente a ello, se apersonaron para consultar por dichas acciones y relatan que se les indicó que se debe a que la propiedad pertenece al ICE y a la Policía Turística.
Lo mismo sucedió el 18 de abril, cuando por segunda vez funcionarios de ICE, Ministerio de Seguridad Pública y representantes del departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Osa, estuvieron realizando obras de medición. Llama la atención de la comunidad que estas instancias tengan interés en el lote cuando, por ejemplo, el ICE y la Policía Turística tienen instalaciones, en el caso del primero, está solicitando 1000 metros y en el caso del segundo, sus actuales instalaciones se encuentran en área comercial.
El lunes 22 de abril, la ADI convocó a representantes de Instituciones y a la comunidad en general para escuchar los argumentos de las partes, sin embargo, funcionarios municipales y del ICE no se presentaron.
Según mencionan personas de la comunidad, hubo gran descontento por parte del pueblo no solo por la ausencia de las instituciones sino porque, señalan que un funcionario que prefieren mantener en anonimato les indicó que hay gran urgencia para que las áreas solicitadas por ambas instituciones sean traspasadas antes del 1ero de mayo, fecha en la iniciará el nuevo gobierno local.
Preocupa a las personas pobladoras, que considerando el espacio que corresponde a humedal sumado a lo que cada institución está negociando, finalmente, se vea borrada la posibilidad de tener un salón comunal siendo este el uso principal que se debe dar al lote pues es la ADI la única instancia con concesión para uso del mismo, no existen actualmente, solicitudes de concesión por parte de las instituciones mencionadas.
El pueblo de Dominical no se opone a que se construyan otras instalaciones dentro del lote, pero insisten que por ley deben garantizarles 2000 metros para la construcción de infraestructura comunal, así mismo, es prioritaria la consulta informada a la comunidad sobre otros usos que se requieran.
Imagen de Dominical de Osa con fines ilustrativos, no corresponde a la propiedad a que se refiere la nota.
Durante todo el proceso de elaboración del Proyecto de Plan Regulador Costero, particularmente en el período preelectoral recién pasado, mostraron una actitud de amistad con la población costera más vulnerable.
Pero ahora que han sido reelegidos y creen que no los necesitan, cuando menos se lo esperaban, se quitaron la máscara de la empatía y la hermandad, para mostrarnos la realidad de su verdadera intención oculta. Algo que algunos sospechábamos desde el principio.
Recordemos primero que los políticos de turno, salvo contadas excepciones, son EMPRENDEDORES de la POLÍTICA electoral partidista.
Luego, desde esa perspectiva se deben analizar y anticipar sus decisiones; como el que han hecho sobre una supuesta recuperación de los 50 metros de área pública a lo largo de la Zona Marítimo Terrestre del Distrito de Cahuita, «sin excepción», como dicen.
Nótese, que no indicaron si sería comenzando del límite norte al límite sur o viceversa, sino que dejaron a criterio de la alcaldía, para remover con ligereza a quienes no son de su agrado o que “estén estorbando” la visibilidad al mar de algún empresario amigo en particular. Aun cuando futuras administraciones municipales o el Estado, tendrá que indemnizarlos después, por la forma atropellada en que se hace.
Un anuncio de esta naturaleza, donde el gobierno local anuncia que, a los ocupantes de los 50 metros de la zona marítima terrestre “se les dará 48 horas para desalojar y demoler su infraestructura; en caso contrario, lo hará el propio municipio”.
Esta no es sólo una AMENAZA DE DESALOJO MASIVO, sino la más cruel e inhumana que hemos vivido en esta zona costera, cosa que ni siquiera hicieron los dictadores del siglo pasado.
Tal amenaza hará temblar las rodillas de los incrédulos que siempre dicen «no va a pasar nada», «aflojándole el codo» al más austero entre ellos. Los hará vulnerables al arreglo «debajo de la mesa» si se les ofreciera la oportunidad.
Allí está el negocio del emprendimiento político electoral, uno diría que es supuestamente para cancelar las deudas de la costosa contienda electoral que acaba de pasar.
Adjunto el documento con el acuerdo de la Municipalidad de Talamanca:
El Proyecto Plan Regulador Costero de Cahuita, Talamanca, Provincia de Limón; es sin duda un camino de Esperanza y bonanza económica para algunos nuevos inmigrantes, especialmente para los inversores de la Industria Inmobiliaria Costera.
Pero, para los habitantes ancestrales -definidos como descendientes de los fundadores de Cahuita y demás poblados del Caribe Sur; es también sin duda una pesadilla, preludio de una CESACIÓN de bienes inmuebles con imprevisibles consecuencias económicas, incluso llevarlos a la ruina.
Todavía habría que estar «DEFECANDO VERDE” o ser extremadamente descarado, para no poder vislumbrar el futuro sombrío que les espera a los pequeños comercios y a los residentes de bajos ingresos, con un “Plan Regulador Turístico»; hoy disfrazado bajo un nuevo nombre de “PLAN REGULADOR COSTERO” desde 2014 con la promulgación de la Ley N° 9242.
Desde entonces las municipalidades costeras silenciosamente renunciaron a su potestad de realizar una planificación urbana en las áreas de ZMT, sometiéndose por completo a la voluntad del ICT en materia de ordenamiento costero.
Plan en coma por distintas acciones legales de las comunidades
Alertan del incumplimiento de la Municipalidad
(Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de Këkoldi, Bloqueverde, Covirenas Caribe Sur, Movimiento Cahuita Unida, Talamanca, 20 de febrero del 2024. El pasado 16 de febrero, la Sala Cuarta declaró con lugar un importante recurso sobre los humedales amenazados por el Plan Regulador Costero (PRC) en el distrito de Cahuita. La Municipalidad de Talamanca, el INVU, el ICT y el MINAE pretendían desconocer la existencia de estos importantes ecosistemas marino costeros, con el fin de convertirlos en estacionamiento, zonas de residencia, y hoteles mediante este polémico y hoy paralizado plan.
La resolución que declara con lugar el recurso ordena al SINAC “concluir, en el plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, el trámite para complementar la certificación de Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca con la “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca de junio de 2021” (Res. Nº 2024003959 Exp: 23-014549-0007-CO).
El Jerarca del MINAE ha intentado esconder y no usar este estudio incluso promulgando la directriz 09-2023 firmada el 17 de agosto del 2023 mediante la cual obliga a la Dirección del Área de Conservación La Amistad Caribe a ignorar esta caracterización y considerar como valida únicamente una certificación de Patrimonio Natural del Estado emitida en el 2017 por el Sr. Edwin Cyrus Cyrus, la cual finalmente es declarada como insuficiente por la Sala Constitucional.
Basándose en esta malintencionada certificación del PNE, el Plan Regulador Costero desconoce buena parte de los 13 humedales que son inventariados por el estudio “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo-terrestre del litoral del cantón de Talamanca”. Como consecuencia, la Municipalidad está promoviendo actividades como: estacionamientos, área mixta para el turismo y la comunidad y desarrollo turístico de baja intensidad, etc., en una zona donde estas actividades no deberían permitirse. Es decir, en vez de regular, se está “desregulando” para la desecación y destrucción de los humedales, tal y como lo han venido denunciando constantemente las comunidades por diversos medios de comunicación y ante un MINAE que no hace nada.
Según este informe validado por la Sala, el área total de los 13 humedales suma 165,12 hectáreas, lo que representa un 34% de la superficie total de la Zona Marítimo-Terrestre estudiada. Estamos hablando de un área importante que según la zonificación propuesta terminaría destruido. Esa destrucción constituye un delito que estaría siendo concretado mediante el Plan, avalado por el MINAE, el ICT y el INVU.
La Sala también ordena en su citada resolución al INVUy la Municipalidad de Talamanca a “disponer lo necesario para incorporar la actualización arriba mencionada en el Plan Regulador Costero del Cantón de Talamanca”, advirtiéndolos además de las consecuencias de prisión por incumplimiento de la sentencia y “condena al Estado, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y a la Municipalidad de Talamanca al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria”(Res. Nº 2024003959 Exp: 23-014549-0007-CO).
En diciembre 2023, la Sala emitió 4 resoluciones de relevancia que terminan por anular el PRC impulsado por la Municipalidad de Talamanca a tan sólo dos meses de su publicación. A inicios de diciembre se resuelve el recurso de amparo presentado por la ADITIK denunciando la no participación del territorio indígena Këkoldi en el proceso de elaboración y consulta del instrumento de ordenamiento territorial. La resolución 2023-031756 ordena la anulación de la audiencia pública celebrada el 04 de agosto del 2023 y le da a la Municipalidad un plazo de 3 meses para convocar a nueva audiencia.
Con esta resolución los grupos opositores creen que el plan está en coma y tendría en buena teoría que comenzar de nuevo pues tienen que rehacer la zonificación e incluir estos humedales que implican cambios de fondo en todo el ordenamiento territorial previo a realizar la socialización y la Audiencia Pública exigida por Ley (y recientemente anulada).
Un ejemplo de lo que pretendía el Plan Regulador, INVU y MINAE con estos humedales salvados por la Sala
Mediante una herramienta de la plataforma Google Maps realizada por el geógrafo Pablo Zagt Hernández dejó en evidencia el traslape de la zonificación propuesta por el Plan Regulador Costero Cahuita sobre humedales inventariados por el SINAC en 2021. La herramienta permite ver con facilidad la forma en la que uno de estos humedales por ejemplo el sector conocido como Playa Grande, Almendros y Corales (Ejemplo ). Esta es la parte de humedal más grande que aún queda en la costa, con una cobertura de 44 hectáreas. Aquí es donde pareciera haber mayor interés por la aprobación del Plan Regulador, pues ya es posible ver en internet:
Como puede apreciarse en la imagen comparativa unas pequeñas partes en amarillo son declaradas como área de protección, mientras en anaranjado viene el destino de esos humedales según el PRC: Turístico Baja Intensidad y Área Mixta para el Turismo y la Comunidad. Es decir que la Municipalidad -apadrinada por el MINAE y el INVU- está promoviendo la destrucción del humedal más grande de la zona fuera del Parques Nacional Cahuita y el Refugio de Gandoca.
Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de Këkoldi
