Tanto el Poder Ejecutivo como el Concejo Municipal del Cantón le han asignado la tarea imposible de “remover a todos los ocupantes en los 50 metros del área costera, sin excepción».
El primero, mediante la implementación de un Plan Regulador Costero a la medida del Plan nacional de desarrollo turístico Costero del ICT.
Obviamente, para “limpiar” el área de personas en situación de pobreza y de aquellos con recursos económicos limitados, con el evidente objetivo de facilitar un desarrollo turístico de alta gama en los 150 metros a concesionables, una vez que entre en vigor el Plan Regulador Costero (PRC).
Elogiados por el presidente por el inexistente “Proyecto de Plan Regulador Cantonal”, los regidores de la administración anterior aprobaron rápidamente un acuerdo que ordenaba al alcalde municipal “remover” a todos los ocupantes en un área de 50 metros de la ZMT. Este acuerdo fue adoptado en la Sesión Extraordinaria del 29 de febrero de 2024, a sólo 67 días del final de su mandato.
Cosa que puso al alcalde contra “la espada y la pared”. Si no cumple con el acuerdo del Concejo corre el riesgo de ser destituido de su cargo por falta grave. además, civilmente responsable por los daños causados.
Si lo cumple, condena al Municipio a la ruina financiera por las indemnizaciones correspondientes a los ocupantes del área pública (50 metros) legalmente poseídos por particulares, previo a la entrada en vigencia la Ley 6043 de 1977 sobre ZMT. Y de ellos hay muchos.
La situación del Concejo Municipal de turno es crítica, ya que el alcalde y el personal municipal enfrentan el riesgo de perder sus empleos debido a una eventual quiebra técnica del ayuntamiento por pago de indemnizaciones.
Como si eso no fuera suficiente, un abogado ha presentado un Recurso de Amparo por el incumplimiento de un acuerdo del Concejo, buscando que la Sala Constitucional ordene al alcalde cumplir con dicho acuerdo en un plazo determinado.
Ante un panorama tan sombrío para nuestra comunidad en su conjunto, ACUDHECA les ha lanzado este «salvavidas», por así decirlo, y esperamos que la humildad prevalezca sobre la petulancia que los ha caracterizado en el pasado.
El Caribe Sur de Costa Rica enfrenta una creciente vulneración ambiental, donde ecosistemas clave, como los bosques costeros y humedales protegidos, podrían estar sufriendo el impacto de actividades presuntamente ilegales que pondrían en riesgo su equilibrio natural. Un reciente incidente, ocurrido el 17 de marzo del 2025, sugiere la importancia de la vigilancia ciudadana y la denuncia ambiental para frenar estas posibles acciones.
En una zona marítimo-terrestre, patrimonio natural del Estado, se habría reportado la presencia de una persona aparentemente realizando actividades de corta prohibidas en un área protegida. Este terreno, además, cuenta con medidas cautelares, lo que agrava la situación y demuestra la vulnerabilidad de estos espacios sin la debida vigilancia. Ante la posible inmediatez del daño ambiental, el defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven alertó a las autoridades. Sin embargo, la respuesta inicial evidenció un problema recurrente: los obstáculos burocráticos y la falta de reacción oportuna ante potenciales delitos ambientales. Vangoidsenhoven tuvo que insistir y detener la patrulla en el camino para que la policía atendiera la situación.
Finalmente, las autoridades intervinieron en el sitio y, según reportes, lograron la detención de la persona implicada, evitando que el daño se extendiera aún más. Se decomisó el machete y el peón fue llevado a la Fiscalía. Sin embargo, las autoridades ahora buscan identificar a la persona que envió al trabajador, aunque este afirmó no conocer al responsable del encargo. Esta situación, que ocurre con frecuencia, dificulta la persecución de los verdaderos responsables y deja en evidencia los vacíos en la aplicación de la justicia ambiental.
Prácticas conocidas para cometer delitos
Esta forma de actuar es muy común. En el caso del terreno, el concesionario—una persona conocida en la zona—frecuentaba el lugar antes de que se establecieran las medidas cautelares, realizando labores como fumigar y chapear.
Sin embargo, tras la implementación de dichas medidas, ha cambiado su estrategia: en lugar de presentarse personalmente, ha ideado un truco para evadir responsabilidades, enviando peones a realizar estas acciones ilegales en la zona marítimo-terrestre. En ocasiones anteriores, se han decomisado machetes y arrestado a los trabajadores enviados.
Es frecuente que las personas detenidas en el sitio desconozcan con exactitud quién los contrató. Según Philippe, este es su modus operandi. Explica que “así trabaja esta gente: envían al peón, quien sabe exactamente qué trabajo realizar y dónde. Y cuando son detenidos, se hacen los extrañados, diciendo que no saben quién los contrató”.
Al concesionario nunca se le ve en el terreno, aunque todas estas labores benefician directamente sus intereses de modificar la propiedad. Philippe advierte: “Es un truco que puede seguir repitiendo porque esto aún no ha terminado. No creo que esa persona, que realmente se considera dueña del terreno por tener papeles, vaya a detenerse. Él cree que puede hacer lo que le da la gana, y eso lo hace aún más peligroso”.
La importancia de denunciar
Las denuncias ambientales son una herramienta clave para frenar la posible destrucción de espacios protegidos. La legislación costarricense, a través de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, establece la protección de estos ecosistemas, pero su cumplimiento depende de la fiscalización y la presión ciudadana.
Cada acción cuenta. Si presencias una actividad que podría amenazar el equilibrio ambiental, es crucial reportarla de inmediato al 9-1-1 y a las autoridades competentes, como el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) o la Fiscalía Ambiental. La persistencia en la denuncia puede marcar la diferencia entre la degradación de un ecosistema y su conservación para las futuras generaciones.
El Caribe Sur es una joya natural cuya biodiversidad y riqueza cultural dependen de nuestra acción colectiva. Protegerlo es un compromiso de todos.
Ecosistemas con medidas cautelares: vulnerabilidad y acción comunitaria
A pesar de contar con medidas cautelares, muchos ecosistemas protegidos siguen siendo altamente vulnerables debido a la falta de una presencia policial suficiente que garantice su resguardo. La escasez de recursos y personal impide una vigilancia constante, lo que deja estos espacios expuestos a actividades ilegales que pueden degradar el entorno de manera irreversible. La falta de una respuesta oportuna por parte de las autoridades solo agrava la situación, generando un ambiente de impunidad.
Ante este panorama, la participación comunitaria se convierte en un pilar fundamental para la protección efectiva del territorio. La vigilancia ambiental desde las propias comunidades permite una detección más rápida de actividades sospechosas y fortalece la denuncia como un mecanismo de presión social para que las instituciones actúen. Sin esta red de alerta temprana, los ecosistemas protegidos quedan aún más expuestos a daños que pueden ser irreparables.
Es urgente reforzar los mecanismos de control y garantizar que las medidas cautelares sean más que simples disposiciones en papel. La articulación entre comunidades, organizaciones ambientales y autoridades debe consolidarse para hacer valer estas protecciones y asegurar la conservación real de los ecosistemas en riesgo. La acción colectiva es clave para que la protección ambiental no dependa únicamente de la voluntad de las instituciones, sino que sea un compromiso activo de toda la sociedad.
Lo que debes saber sobre la Zona Marítimo Terrestre en Costa Rica
Aspecto Clave
Descripción
Definición
La Zona Marítimo Terrestre (ZMT) es la franja de 200 metros contados desde la pleamar ordinaria. Los primeros 50 metros son de uso público absoluto.
Propiedad
La ZMT es patrimonio del Estado, por lo que no puede ser adquirida como propiedad privada.
Uso y concesiones
Los 150 metros posteriores a la zona pública pueden ser otorgados en concesión por las municipalidades, bajo regulación del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
Prohibiciones
Se prohíben construcciones sin permisos, deforestación, actividades industriales contaminantes y la destrucción de ecosistemas sensibles.
Protección especial
Si la ZMT incluye humedales, manglares o áreas protegidas, su conservación es aún más estricta, conforme a leyes ambientales y acuerdos internacionales.
Denuncias
Cualquier persona puede denunciar infracciones en la ZMT ante el MINAE, la municipalidad o la Fiscalía Ambiental.
Comunicado de la Asociación de Desarrollo Integral de Brasilito, Comité Punta Pelencho, Bandera Azul Ecológica Brasilito Brasilito, Santa Cruz. 11 de marzo del 2025
En relación con la tala de árboles en Punta Pelencho, la cual responde a un acuerdo entre el desarrollador Cantomar y la Municipalidad de Santa Cruz, y en respuesta a un recurso de amparo, la Sala Constitucional ha emitido el día de hoy, martes 11 de marzo, una respuesta inicial mientras se analiza el fondo del asunto.
La Sala Constitucional ha ordenado, como medida cautelar, que no se realice ninguna tala y que se aclare si los árboles en cuestión se encuentran dentro de la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT) o un corredor biológico, así como confirmar si se trata de especies nativas o autóctonas del lugar.
La Sala ha notificado a la Municipalidad de Santa Cruz, SETENA, SINAC y el Área de Conservación Tempisque (ACT), otorgándoles un plazo de tres días para responder a los requerimientos y presentar la información solicitada.
La imposición de esta medida cautelar representa un avance significativo en la protección de estos árboles, los monos congo (especie en peligro de extinción que depende de ellos), así como de la biodiversidad de Punta Pelencho y el patrimonio cultural que representa este lugar para el disfrute de las generaciones presentes y futuras de acuerdo con el principio de igualdad y no discriminación y en defensa y disfrute de los bienes públicos.
Ahora corresponde a las instituciones públicas entregar la información solicitada por la Sala Constitucional, la cual procederá con el análisis de la situación para emitir una resolución. Esperamos que el proceso avance con transparencia y que se brinde claridad sobre los términos del convenio en cuestión.
Seguiremos atentos a los próximos pronunciamientos oficiales y reiteramos nuestro compromiso con la protección del medio ambiente, la participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales y el acceso a información pública.
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
Invitan: Alianza por una Vida Digna, SURCOS Digital, Programa Interdisciplinario Costero (PIC) del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (IDESPO-UNA), Proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía UCR, y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social UCR.
El manifiesto se dirige al diputado Carlos Andrés Robles, de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que estudia este proyecto. La misiva está firmada por organizaciones comunitarias, juveniles, barriales, voluntarias, cívicas, feministas, de conservación, ambientalistas, culturales, turísticas, de desarrollo, microempresas, centros de rescate animal, brigadas ambientales, Covirenas, en defensa del mar, universitarias, de gestión cultural, comunales, de mujeres, y otras.
La sociedad civil firmante asegura que la modificación legal contraviene el principio fundamental establecido en la Ley 6043, que determina la naturaleza demanial y el carácter público e inalienable de dicha franja costera. Para el grupo, «la implementación de un sistema de permisos precarios constituye, de facto, una privatización material del espacio público».
Según el manifiesto, se «establece un mecanismo que favorece la apropiación del espacio público por parte de actores económicamente privilegiados, generando una barrera de acceso para la población general». Esto intensifica el proceso de gentrificación costera, lo cual resulta incompatible con los principios constitucionales de igualdad y acceso universal a los bienes de dominio público (demaniales).
Si bien el proyecto establece prohibiciones específicas sobre infraestructura permanente, aseguran que «la ocupación extensiva mediante mobiliario comercial representa una alteración sustancial del ecosistema costero y del paisaje natural, elementos que constituyen patrimonio nacional según nuestra legislación ambiental».
Les preocupa que este cambio pueda sentar un precedente para futuras modificaciones que debiliten aún más la protección de la zona pública, contraviniendo décadas de jurisprudencia constitucional sobre la materia. Además, aunque el proyecto contempla inspecciones mensuales, «la experiencia histórica en la gestión de la zona marítimo-terrestre demuestra las limitaciones institucionales para ejercer un control efectivo sobre las actividades comerciales en estas áreas».
Ante estos hechos, solicitan la reconsideración integral del proyecto de ley, específicamente en lo referente a la autorización de permisos de uso en la zona pública. Piden la apertura de un espacio de diálogo que incluya la participación de comunidades costeras, organizaciones ambientalistas y expertos en derecho ambiental y urbanístico. Además, solicitan el desarrollo de alternativas legislativas que promuevan un desarrollo costero verdaderamente sostenible y equitativo, sin comprometer el carácter público de la zona marítimo-terrestre.
“La protección de nuestras costas no debe subordinarse a intereses comerciales particulares” finalizaron el manifiesto.
Firmantes
Asociación Barrio Escalante Unido
Asociación Cívica de Hermosa
Asociación Cóbano pro derechos de las Mujeres ACOPROM
Asociación Conservación del Planeta
Asociación Cultural Yaji Yazra Majimi, La Cruz
Asociación de Mujeres Unidas para el Desarrollo de África, Guácimo (AMUDA)
Asociación de Turismo Rural de Santa Elena de Pital
Asociación Ojo de Agua Legado Ancestral
Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS)
Asociación Pro Guanacaste Integrado
Asociación Proyecto Camino Verde
Asociación Ramonense para la Conservación del Ambiente (ARCA)
Asociación Rescate de la Zona Marítima Terrestre (ARREZOMATE)
Asociación Somos Congos
Asociación Sostenibilidad en Grande, Guanacaste
ACODEC
Ade-Platanares Moravia
Agathos Natura
Alianza Defensa del Agua
Biofertilizantes m&m
Blanconejo
Bloqueazul
Bloqueverde
Brigada Ambiental Moravia
Centro de Rescate de Especies Marinas Amenazadas
Colectivo Antigentrificación CR
Colectivo Ecologista Liberiano
Colectivo Revista La Agroecologa
Comité No al Basurero en Mora
Costa Rica por el Océano
COVIRENA Cabo Blanco Ario
COVIRENA Paso de la Danta
Defensores de la Casa Común
Domingo Pilarte
Eco Vida
EcoturAdvisor
Finca Amalur
Finca la Agroecológica la Waira
Finca Samanea
Frente Amplio
Frente Ecológico de Cipreses Cartago
Frente Ecologista Universitario (FECOÜ)
FECON
Fundación Promar
GreenWolf
Guanadefensoras
Grupo Organizado de Cabuya, Montezuma
Guías y Scout Grupo 50 Liberia
Kids Saving The Rainforest Manuel Antonio, Costa Rica
Montaña Verde, Perez Zeledón.
Monteverde Wildlife Experiences-Costa Rica
Movimiento Cahuita Unida
Movimiento Manglar
Movimiento Ríos Vivos
Mujeres emprendedoras
Observatorio Ciudadano
Observatorio de Bienes Comunes, turistificación y gentrificación Monteverde, Puntarenas.
Observatorio del agua Quebrada Barreal, San Vicente de Moravia.
Operation Rich Coast
Orgánica Abastecimiento
Paren de Fumigar
Partido Izquierda Costarricense
Programa Interdisciplinario Costero UNA
Proyecto Geografía y Diálogo de Saberes del Programa Kioscos Socioambientales UCR
Red de Coordinación en Biodiversidad
Riochante, Centro Cultural de Monteverde
Santa Teresa Lifeguards
Soul Bliss Journey
Talamanca Siempre Verde
The Wild Sense/ CR WEBS
Personas firmantes:
Adriana Jiménez Obregón
Alfredo Picado Sánchez 302310318
Ana Lorena Dávila Cubero 501600478
Andrés Calvo Fallas, Entrenador
Antonia Caro
Anyela Mahlich Chiclote 4 0269 0326
Carmen Picado Sánchez 107010340
Catalina Carrillo Vargas 117390351
Catalina Obregón López
Christian Díaz Chuquisengo 11388050
Criss Rojas Villegas,
Daniela Merino
David Ricardo Morera Arias
Diana Picado Abarca 115380550
Diana Vargas Álvarez 504150849
Doris Kandler
Eber Alberto Rodríguez López
Elisabetta Zanettin
Emilia Barreto
Evelyn Arias Gavarrete 503120060
Fanny Calvo Aguilar 3 0342 0756
Gabriela Mora Mora, 114990168
Girlany Bonilla Pizarro.
Griselda Calderón Argüello
Javier Rodríguez Fonseca.
Jesse Robert Artavia MacIntyre 116330940
Jessica Chacón Rojas
Jorge Corrales Alpízar
Jorge Solano Vargas
José Alonso Herrera Gutiérrez 206920571
Kennia Umaña Ureña
Krisly Arguedas Vásquez
Laura Picado Abarca 114410691
Lourdes Aguilar calderon
M. Fernanda Quesada Corrales 116510032
María Ángela González Arguedas
María Belén Larocca
Maria del Mar Zeledón
Maria mercedes Talevi
Maria Paz Sandoval Brown 504400616
María Raquel Picado Abarca 1 1666 0280
Mariana Sandoval Brown 504300953
Mariel Vega Rojas
Mario Novaro Hueyo
Maureen lndergren Sánchez
Melanie Alexandre Humbert
Melissa Gutiérrez Rodrígue 504300706
Minor Alberto Cortés Reyes
Noelia Picado Sánchez 117200129
Ocksan Aju Calvo
Raquel Andrea Salazar González
Ricardo Arévalo Rojas 1 1458 0493
Sheyla Santana Mora 503690584
Silvia Elena Matamoros Pacheco 1 1445 0197
Silvia Gallegos Moreno
Socorro Picado Sánchez 303250807
Sofia Cordero
Sofia Villalonga
Soul Bliss Journey
Susan Ariela Barrantes Acevedo 503830485
Tatiana Pochet Reyes 1 11080240
Virginia Vargas Acosta
Ximena Obregón (Movimiento Manglar)
María Carolina Villarreal Carmona
Sandro Varela Acuña
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
